La secretaria general de la Sección Séptima del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado (SUSPEG), Jazmín Acosta González, declaró ayer que ya hay avances en las pláticas con el nuevo fiscal General del Estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, para resolver el pliego petitorio por el que tomaron las instalaciones el 20 y 21 de marzo pasado.
El 20 de marzo los agremiados a esa y otras secciones del SUSPEG que se solidarizaron con los trabajadores administrativos de la Fiscalía General del Estado (FGE), marcharon del centro de la ciudad a las instalaciones y en seguida bloquearon todos los accesos de la institución para exigir la salida de todos los mandos militares que llegaron con la ahora ex fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
En declaraciones por teléfono ayer, la líder sindical informó que de 15 a 18 mandos militares que llegaron con la ex fiscal ya sólo quedan ocho y que se siguen revisando sus casos.
Los trabajadores levantaron su protesta al día siguiente, después de una reunión con el entonces encargado de despacho de la FGE, Gustavo Romero quien les prometió revisar su pliego petitorio y quedaron de volver a reunirse el 8 de abril.
La dirigencia sindical, se reunió el lunes pasado ya con el nuevo fiscal designado por el Congreso local Zipacná Torres Jesús Torres Ojeda, con quien de acuerdo a la secretaria general de la Sección Séptima del SUSPEG, avanzaron en la solución de sus peticiones.
Dijo que derivado de ese encuentro los trabajadores ya están laborando de manera normal “porque el nuevo fiscal nos dejó un buen sabor de boca, es una fina persona, llegamos a algunos acuerdos y nos pidió tiempo para resolver otros asuntos”, declaró la dirigente sindical.
Indicó que les dijo que debe de haber una entrega-recepción y que quienes se van deben, antes, responsabilizarse de las acciones que realizaron “o de cualquier hecho que recaiga en responsabilidad”.
Acosta González informó que de la revisión de los funcionarios de la Fiscalía que llegaron con Sandra Luz Valdovinos eran entre 15 y 18, de los cuales ya se han ido algunos y sólo quedan ocho.
Los trabajadores piden que se vayan “por trato déspota, groseros y por abuso de autoridad”.
Dijo: “Nosotros como sindicato necesitamos que nos traten de manera digna, que no nos afecten nuestros derechos que se nos han otorgado”.
Acosta González indicó que como sindicato era muy complicado el trato con los ahora exfuncionarios que llegaron con Valdovinos Salmerón y que permanecieron durante casi dos años “en los que les toleramos abusos y a pesar de que nosotros queríamos privilegiar el diálogo, ellos nunca entendieron”.
La dirigente sindical, declaró que todavía no queda resuelto totalmente el pliego petitorio que presentaron durante su protesta el mes pasado.
“Quedaron en la mesa algunos temas y yo creo que a más tardar en mes y medio los estaremos revisando nuevamente, para que se den algunos cambios que él, de acuerdo a sus facultades, pueda realizar”, explicó Acosta González.
“Estamos muy al pendiente y le hicimos saber que ya no vamos a permitir ningún abuso de exfuncionarios que llegaron con la ahora ex fiscal Sandra Luz Valdonivos Salmerón. Le pedimos que se fueran y lo va a hacer pero paulatinamente, al parecer”, insistió.
Agregó que la obligación que tiene la dirigencia y los trabajadores es aportar elementos; “dicen que el que acusa tiene la obligación de probar, entonces estamos contribuyendo para entregarle pruebas de algunas conductas de estas personas”.
Informó que uno de los casos que ya se resolvió en la mesa de diálogo del lunes fue el caso del fiscal regional de Zihuatanejo, Arturo Pedro Fabián, quien en su momento inició varias carpetas de investigación en contra de trabajadores de esa ciudad “y esas carpetas ya fueron resueltas a la llegada del nuevo fiscal, la verdad de manera inmediata y eso se lo reconocemos”.
Informó que otros de los asuntos, se resolvieron en la misma reunión con el ex encargado de despacho, Gustavo Romero, entre ellos los asuntos administrativos como la emisión de las convocatorias para las bases y recategorizaciones, “y esas también ya fueron emitidas”.
Otros compromisos que asumieron ya con el nuevo fiscal, fue que no habrá cambios para el personal administrativo, como sí se estaba haciendo en el periodo de la ex fiscal Valdovinos Salmerón.
“Nosotros le damos el beneficio de la duda al nuevo fiscal porque no todos son iguales, y al menos en esa reunión que tuvimos el lunes con el doctor Zipacná, como sindicato nos quedamos con un buen sabor de boca y esperamos que siga una buena relación con él”.
Trabajadores del Sindicato Sentimientos de la Nación en conferencia de prensa en la puerta principal del Congreso del estado Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
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Fernando Martínez Román, secretario general del sindicato Sentimientos de la Nación, de trabajadores del Congreso local, denunció que ya son tres quincenas las que se les deben a los tres despedidos, y demandó a los diputados no ser cómplices con su silencio de “las represiones” a los agremiados y pronunciarse respecto al conflicto laboral que persiste con la administración del Poder Legislativo que encabeza la morenista Yoloczin Domínguez Serna, como presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Informó que no se han liberado los pagos de los tres trabajadores despedidos, incluido el suyo: “este Congreso lo encabeza una represora, hemos pedido estabilidad laboral y nos han suspendido los pagos, hemos pedido diálogo y hay denuncias en el Ministerio Público”.
El dirigente, acompañado de representantes de diferentes sindicatos, dijo que la presidenta de la Jucopo no cumple con los principios de Morena, porque no se está respetando los derechos de los trabajadores agremiados: “tenemos nuestra toma de nota, firme, sustentada”, porque cumplieron con los requisitos para conformarse como sindicato.
Fernando Martínez dijo que “con una facilidad, una soberbia y una represión, porque eso es lo que es la presidenta de la Junta, una represora, de manera natural y perversa destituye a los compañeros, les suspende el salario. Esa clase de políticos no genera confianza al pueblo de Guerrero, está bien marcada la represión”.
Demandó a los coordinadores de los grupos parlamentarios a que manifiesten una postura respecto a la “represión” de la presidenta de la Junta Política del Congreso local (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna, contra los trabajadores: “les hacemos un llamado respetuoso, que fijen una postura, porque con mantener silencio también abonan a la represión, que se definan si están a favor o en contra de la base trabajadora”.
Nuevamente llamó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda: “los trabajadores somos pueblo, ayúdanos, fue una mala decisión poner a esta señora represora que lo único que ha hecho es reprimir a los trabajadores”, aunque después señaló que no piden la destitución de nadie sino que se respeten los derechos de los sindicalizados.
Del respaldo de nueve de los 22 diputados de Morena, dijo que están a la espera de que el tema se hable al interior del grupo parlamentario y que ellos sean el puente de comunicación con la presidenta de la Junta.
También aseguró que la demanda principal del sindicato es la reinstalación de los tres despedidos, que son precisamente él como secretario general, Ramón Núñez Campos y Alondra Reza Arzola, y el pago de sus salarios.
En la conferencia en la entrada del estacionamiento del Congreso local estuvo Ramón Núñez, quien era chofer y que a pesar de que ahora está laborando en la oficina del diputado morenista Joaquín Badillo Escamilla no se le han pagado tres quincenas; ahí estuvo pidiendo cooperación voluntaria.
Fernando Martínez señaló que el tema de las 63 bases a las que el tribunal dio marcha atrás no las están demandando en este momento porque ese será un tema que decida precisamente el tribunal.
Los representantes de sindicatos que acudieron a la conferencia llamaron a Yoloczin Domínguez a detener la represión en contra los trabajadores y a reconsiderar su decisión de “dejar a tres familias sin su sustento”, lo cual consideraron que es un claro acto de represión.
Otra de las presentes en la conferencia llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador a que observe cómo se comportan los representantes de Morena en el estado y en particular en el Congreso “porque los preceptos de la Cuarta Transfor-mación sólo los representa él”.
En la conferencia otro de los asistentes señaló que el 3 de marzo cuando se reunieron con el senador Félix Salgado Macedonio, se comprometió a que ese mismo día quedaría resuelto el problema, pero no pasó.
Acompañaron la conferencia representantes de los sindicatos del Colegio de Bachilleres, de trabajadores académicos de la UAG, de Bomberos, el de trabajadores del Ayuntamiento de Chilpancingo (SITACH), del CECyTEG, y del DIF, quienes dijeron que ven a Yoloczin Domínguez “como una niña caprichosa que no quiere resolver esta situación”.
La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Yoloczin Domínguez Serna en entrevista al término de la reunión con integrantes del Sindicato de Traba-jadores Sentimientos de la Nación Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Rosalba Ramírez García
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La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Yoloczin Domínguez Serna, informó que los procesos iniciados contra el líder sindical Fernando Martínez Román por la presunta sustracción de recibos de nómina continuarán y tendrá que responder ante las instancias internas, y que en la mesa de negociación solo están las demandas “de la base trabajadora”.
Después de la primera reunión con integrantes del sindicato Sentimientos de la Nación del Congreso local, se le preguntó a Yoloczin Domínguez sobre la demanda del cese al hostigamiento laboral, pero señaló que se tratan de temas diferentes porque Fernando Martínez debe responder ante Contraloría interna y en las mesas de diálogo se tratarán las demandas generales.
Sobre la posibilidad de detener el procedimiento contra el líder sindical a quien investiga la contraloría interna por una presunta sustracción de recibos de nómina, respondió que está en curso y que Martínez tendrá que responder “ante las instancias”
También se le preguntó si familiares suyos trabajan en el Congreso, porque finalmente el procedimiento contra Martínez se deriva de la presunta filtración de recibos de nómina relacionados con actos de nepotismo y respondió que no tiene familiares contratados en el Poder Legislativo.
Yoloczin Domínguez reiteró que fue el Tribunal de Conciliación y Arbitraje el que determinó que las plazas se dieron de manera irregular “y determina la baja de esas 63 bases que lamentablemente se entregaron de una manera irresponsable, arbitraria, irregular, porque no se siguió el procedimiento como abrir convocatoria”.
Señaló que en caso de que se llegue a abrir una convocatoria, será un proceso general y no solamente para un sindicato.
Ademász precisó que no serían 63 bases las que se entregarían porque no existen las condiciones financieras, lo cual se tendría que revisar para determinar cuántas bases se pueden otorgar a trabajadores.
A pregunta de un reportero, señaló que no ha tenido ninguna notificación por parte de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) respecto al avance en el procedimiento iniciado por 353 mujeres en contra de Alfredo Sánchez Esquivel por violencia política de género.
Del grupo parlamentario de Morena señaló que están “bastante coordinados” y que existe “buen ambiente, armonioso y respetuoso”, aunque señaló que no tienen programada ninguna plenaria.
El secretario general del sindicato Sentimientos de la Nación de trabajadores del Congreso local, Fernando Martínez Román, informó que acudieron a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) a presentar una queja por hostigamiento labor y que estarán esta mañana en la conferencia de prensa del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para que el mandatario sepa lo que ocurre en el Poder Legislativo.
El dirigente sindical informó la tarde de ayer que la Jucopo no ha iniciado ningún acercamiento con los trabajadores paristas, por lo que no hay todavía mesa de diálogo, y que únicamente el coordinador del grupo parlamentario del PRD Raymundo García Gutierrez les envió por la noche tamales y atole; también hasta el plantón acudieron los diputados de Morena Marco Tulio Sánchez Alarcón, Leticia Castro Ortiz, María Flores Maldonado y Osbaldo Ríos Manrique.
El paro y la toma del Congreso local, que se dio este miércoles, continuarán en tanto no se instale una mesa de diálogo con la Jucopo y cese el hostigamiento en contra de los trabajadores, así lo informó el secretario general de este sindicato, el cual está integrado por trabajadores de diferentes áreas, entre ellos secretarias, asesores, seguridad, y edecanes.
Fernando Martínez destacó entre los acuerdos del sindicato, el acudir este viernes a la conferencia mañanera del presidente López Obrador “para seguir denunciando estos atropellos” e informar al presidente que “aquí en el Congreso no hay libertad sindical, no hay 4T”.
Consideró también que lo señalado la tarde del miércoles por el secretario de Servicios Financieros y Administrativos Andrés Rosendo Orozco Pintos, acompañado de la subdirectora de Recursos Humanos Juanita Avilez Rodríguez, fue una acusación “a la ligera, no saben en el problema que nos están metiendo… fue una conferencia cargada de irregularidad”.
Y respecto al proceso en su contra, dijo que sí acudió ante la Contraloría interna del Congreso, pero “no nos dieron acceso al expediente para iniciar una defensa adecuada, está el procedimiento cargado de anomalías: ¿si no conocemos el expediente, cómo nos vamos a defender?”.
Al dirigente sindical también se le preguntó sobre el revés que dio el Tribunal de Conciliación y Arbitraje a las 63 bases que les otorgó al sindicato la pasada administración de Alfredo Sánchez Esquivel, debido a que el procedimiento fue irregular, además de lo dicho por Orozco Pintos respecto a que no hay capacidad económica para estas plazas.
“Dinero para los trabajadores nunca va haber, pero ¿cómo hay dinero para las remodelaciones del Congreso?” dijo de las decenas de cambios que realizó Sánchez Esquivel.
Finalmente reconoció: “supongamos que sí nos tomaron el pelo, y que el entonces diputado o el entonces patrón sí haya jugado con nuestros anhelos, porque todos anhelamos una base, una estabilidad laboral”, pero dijo que será el tribunal el que determine si son legales las bases o quienes fueron los responsables de realizar mal el trámite.
El secretario general del sindicato de trabajadores del Congreso local Sentimientos de la Nación, Fernando Martínez Román en el acceso principal al recinto legislativo acompañado por compañeros que gritan “justicia laboral” Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
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El nuevo sindicato de trabajadores del Congreso local tomó la sede del Poder Legislativo por presuntos actos de hostigamiento por parte de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna. Posteriormente funcionarios de la actual administración informaron que se trata de procedimientos e investigaciones en contra del secretario general Fernando Martínez Román por la presunta sustracción de recibos de nómina que se exhibieron en redes sociales.
Yoloczin Domínguez negó las acusaciones en su contra y manifestó su respeto a los agremiados a este sindicato, mientras que a su dirigente Fernando Martínez le pidió que “responda a la misma en las instancias correspondientes y con apego a las leyes que nos rigen” sobre la demanda que se presentó por la vía jurídica por la sustracción indebida de documentos oficiales.
La toma
Ayer desde las 8 de la mañana unos 50 trabajadores tomaron la sede del Poder Legislativo donde colocaron lonas en las que demandan a Yoloczin Domínguez respeto a sus derechos laborales y cese al hostigamiento.
En un mensaje en la entrada del estacionamiento del Congreso local, trabajadores denunciaron hostigamiento responsabilizaron de lo que suceda a cualquier integrante de esta agrupación a la presidenta de la Jucopo. Martínez Román denunció que en su contra se inició un procedimiento en la Contraloría del Congreso, y lo acusan de filtrar información sobre presuntos actos de nepotismo de la diputada morenista.
Fernando Martínez Román dijo que la Contraloría del Congreso le informó que dos trabajadores presentaron denuncias en su contra, además de que se le notificó que “se está procesando una denuncia en materia penal contra su servidor”.
Señalaron que desde la llegada de Yoloczin Domínguez “el hostigamiento laboral no ha parado, llegan los funcionarios con la venia y la autorización de la presidenta de la Jucopo, amedrentando, hostigando a las compañeras, tratando de dividir de manera permanente desde que inició esta administración”.
Llamaron a los diputados y principalmente a los integrantes de la Jucopo a establecer una mesa de diálogo con el sindicato, incluso a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda “para que hable” con Yoloczin Domínguez “para que se respeten los derechos humanos y laborales”.
Martínez Román dijo que uno de los primeros actos de hostigamiento fueron los cambios de adscripción laboral de él y de la secretaria de Organización del sindicato Leopoldina Rodríguez.
Dijo también que no se les autorizó la licencia sindical para que los integrantes del comité se dedicaran “de tiempo completo a la promoción y mejoramiento de las condiciones de trabajo” de los agremiados.
En este acto estuvieron algunos trabajadores cercanos a Alfredo Sánchez Esquivel quien en su periodo fue muy cercano al nuevo sindicato. Incluso la única diputada que se acercó a los trabajadores, fue la morenista Leticia Castro Ortiz, cercana y defensora del ex presidente de la Jucopo.
Dos trabajadores denunciaron al líder, dice Recursos Humanos
Después en conferencia de prensa en el restaurante El Señorial que está a unos pasos del Congreso local, el secretario de Servicios Financieros y Administrativos Andrés Rosendo Orozco Pintos, acompañado de la subdirectora de Recursos Humanos Juanita Avilez Rodríguez y del director de Comunicación Social Roberto Ramírez Bravo, negaron todos los señalamientos realizados por el líder sindical.
Andrés Rosendo Orozco lamentó que Fernando Martínez “esté utilizando y engañando” a los agremiados para defenderse ante la investigación que se realiza en su contra por su presunta responsabilidad en la sustracción de información del área de Recursos Humanos.
Al respecto, Juanita Avilez explicó que dos trabajadores del Congreso local denunciaron ante el órgano interno de control, que unos recibos de nómina que contenían sus datos personales fueron exhibidos en redes sociales el 3 de diciembre.
Tras la denuncia presentada, el 25 de enero la Contraloría le informó a Recursos Humanos que había iniciado un procedimiento contra el líder sindical por la presunción de su responsabilidad en la filtración de esta información, “es una investigación, no es un despido, no es algo personal, no vamos a cesar al compañero si la investigación está en curso”, dijo Juanita Avilez.
La subdirectora precisó que los procedimientos son contra Martínez Román y no contra el sindicato, “le pedimos que sea claro con sus agremiados”.
A pesar de la reiterada pregunta de reporteros sobre quiénes fueron los trabajadores que denunciaron al dirigente sindical, los funcionarios del Congreso no quisieron mencionarlos, pero se sabe que se trata de familiares de la presidenta de la Jucopo que trabajan o trabajaban en el Legislativo.
Juanita Avilez explicó que Fernando Martínez trabajaba en el área de Recursos Humanos y a pesar de que tenía acceso a la nómina no tenía autorización para imprimir recibos, e insistió en que será el órgano de control interno el que determine si tuvo o no responsabilidad en la sustracción de esta información.
Andrés Rosendo Orozco comentó que los integrantes del otro sindicato de trabajadores plantearon a la administración del Congreso que no era correcto que un líder sindical estuviera en un área con acceso a la nómina, por lo que plantearon a Fernando Martínez que eligiera si continuaba al frente del sindicato o estaba en Recursos Humanos, y la decisión del dirigente fue mantenerse como secretario general, por lo que fue asignado a otra área.
Ambos funcionarios negaron que haya una diferencia política con el líder sindical investigado por la Contraloría. Dijeron que desconocen si hay vínculos entre este sindicato y el ex presidente de la Jucopo Alfredo Sánchez Esquivel.
Afirmaron que la instrucción de Yoloczin Domínguez fue dar el mismo trato a ambos sindicatos, y que han tratado de atender de la misma manera a todos los trabajadores a partir de las posibilidades presupuestales.
“Engañaron” a los trabajadores con 63 plazas
En la conferencia los funcionarios también revelaron que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje echó abajo las 63 plazas que otorgó la anterior administración porque no se realizó el procedimiento de manera correcta. A pesar de que no lo mencionaron, se trata del periodo en el que estuvo al frente de la Jucopo Sánchez Esquivel.
Además de que quien firmó por parte de la administración del Congreso estatal “no pudo acreditar personalidad jurídica” debido a que no tenía un nombramiento oficial.
Juanita Avilez recordó que en julio pasado los trabajadores del sindicato Sentimientos de la Nación anunciaron que recibieron sus plazas de base, y en septiembre cuando llegó la actual administración de Yoloczin Domínguez se acercaron a entregar su minuta y pliego petitorio.
Por lo que la nueva administración consultó de manera interna y al Tribunal sobre el estatus y la legalidad del sindicato, y la presidenta del Tribunal Miriam Cortez Cisneros respondió que el nuevo sindicato solicitó toma de nota de la minuta de acuerdos el 15 de julio pasado entre la organización sindical y el Congreso local, “mismo que este tribunal laboral acordó no favorable su petición al no haberse acreditado la personalidad de quien representó al Congreso”.
También el sindicato pidió la toma de nota del expediente sindical por el que se le otorgaron las plazas, pero tampoco se realizó, “no se acordó favorable tomando en cuenta que no exhibieron los nombramientos, incumpliendo con lo establecido en los artículos 3 y 6 de la ley de trabajo de los servidores públicos”.
La subdirectora de Recursos Humanos insistió en que la diputada Yoloczin Domínguez no es responsable de que el Tribunal no haya reconocido estas plazas y que el problema fue el mal procedimiento que se realizó.
Andrés Rosendo Orozco dijo también que no existen las condiciones financieras en el Congreso local para otorgar las 63 plazas y en referencia a Sánchez Esquivel dijo que “quien las intentó otorgar –no juzgo a nadie ni pongo nombres en la mesa– sabían que no era financieramente viable y no era legal lo que estaban haciendo, que los oficios no los estaban firmando, es una irresponsabilidad dar esa cantidad de bases”, por lo que “engañaron” a los trabajadores de este nuevo sindicato.
La diputada Yoloczin Domínguez por su parte en un posicionamiento se refirió a la toma del Congreso local por integrantes del sindicato Sentimientos de la Nación y a los señalamientos de Fernando Martínez los cuales negó.
Comentó que se ha reunido con el líder sindical porque así lo ha solicitado Fernando Martínez, aunque ella ha planteado que sea con “la dirigencia integral del sindicato”.
“Por cuanto hace a los señalamientos de hostigamiento a que hace referencia, y en lo particular a una demanda que se presentó por la vía jurídica contra Martínez Román, por la sustracción indebida de documentos oficiales, le hacemos un llamado para que responda a la misma en las instancias correspondientes y con apego a las leyes que nos rigen” se lee en el texto que firmó Yoloczin Domínguez.
Finalmente manifestó su respeto al sindicato “y reitero mi disposición a establecer con todos los miembros de la dirigencia de esta organización, una mesa de revisión de sus demandas, tal y como se hace con otras expresiones sindicales en este Congreso”.
Posteriormente en un boletín del Congreso se señala que la presidenta de la Jucopo dijo que tras la notificación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje por el que no se reconocieron las plazas de base, la Jucopo emitió un documento donde se desconocía que hubiera sustento para su otorgamiento, “y es que no se llevó a cabo ninguna convocatoria, además de que hay compañeros que forman parte de ese sindicato que tienen menos de un año laborando en el Poder Legislativo”.
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Industria Hotelera y Gastronómica, de la Confederación de Trabajadores de México, Raúl Ramírez Gallardo, opinó que el incremento al salario mínimo ayuda, pero se deben regular los precios de la canasta básica para que el sueldo alcance para comprar la despensa.
En declaraciones, el dirigente que tiene contratos colectivos de trabajo con hoteles y restaurantes como el Beto Condesa, que está en huelga, dijo que un empleado debe de ganar al menos 500 pesos diarios para poder solventar sus gastos.
“Necesitamos que haya un control de precios, el incremento al salario es bueno, pero hay una carrera de precios en los productos de primera necesidad y eso complica la situación al trabajador que requiere ganar por lo menos 500 pesos diarios para medio solventar un gasto familiar”.
Por ello exhortó al gobierno federal y a los empresarios a hacer un análisis en los productos de la canasta básica, “nuestro país, no soporta más aumentos. Un trabajador tiene que tener dos empleos para medio ir pasando”.
Agregó que antes un trabajador con el salario mínimo podía comprar para comer huevos, arroz, frijoles, “ahora los precios están por los cielos, creo que no nos beneficio el aumento que hubo en el salario, por eso creo que debe haber un control de precios, el llamado al gobierno para que controle los precio porque el aumento del salario servirá para cubrir el alza en los productos”.
Ramírez Gallardo dijo que como el aumento al salario es una cuestión nacional las empresas tendrán que acatar la disposición, pero “creo que vamos a tener problemas en los salarios tabulados con este incremento. En los contratos hay una cláusula que dice que son en automático los aumentos, pero vamos a platicar con las empresas porque algunas no van aguantar”.
Ayudará el aumento: trabajador
El señor Miguel Ángel Pineda, empleado de seguridad privada, dijo “me parece muy bien el aumento salarial que se anuncio para todos los empleados es importante, porque con ello alcanza un poco más y tienes un más de ingresos”.
“A nosotros si no los dan y bueno siempre los proveedores hacen eso, subir los precios, aunque no tengan la necesidad de hacerlo, ya que algunos productos como gasolina a veces no suben, pero ellos aprovechan la ocasión”.
Detalló que el aumento que se dará para el próximo año “de alguna manera le va alcanzar un poco más, pero indicó que en su caso él gana lo doble del salario mínimo actualmente”.
Trabajadores del Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos en Guerrero (IEEJAG), de la oficina regional de Costa Grande, con sede en Atoyac, a 32 días de paro de labores y cierre de las oficinas, para demandar que sea atendido el laudo laboral de ocho paristas, reanudaron labores.
El coordinador en la región, Felipe Téllez de Jesús, explicó que retornaron la mañana del lunes a trabajar en la oficina, después de que fue cerrada por los ocho trabajadores, de un total de 69, que ganaron un laudo laboral.
Dijo que están ya laborando mientras una comisión es atendida en la Ciudad de México, con su pliego petitorio.
Indicó que por instrucciones de sus superiores instalaron la oficina en la plaza comunitaria Juan Álvarez, de la Ciudad de los Servicios, para no afectar los programas de alfabetización.
Aclaró que no se contrató nuevo personal, como habían denunciado los ex paristas, “no se afectó el trabajo porque nos instalamos en la plaza comunitaria, donde se sacaron los trabajos que estaban pendientes, de 32 días de paro laboral. Los mismos compañeros sacaron incluso en fines de semana, fuimos respetuosos de nuestra parte, no hicimos nuevos contratos de trabajadores”.
La entrega de las oficinas, dijo, fue por parte de la líder sindical de los trabajadores, y se corroboró que no hubo ningún acto de saqueo. (Francisco Magaña / Atoyac).
El secretario general de la sección 6 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Andrés Catarino Cabello, informó que la presidenta municipal de Ayutla del PRI-PVEM, Hortensia Aldaco Quintana, aceptó que el aumento salarial de los trabajadores sea de 4.2 por ciento.
El dirigente sindical comentó que la tarde del miércoles, de forma apresurada la alcaldesa lo mandó a traer con el secretario del Sindicato de Empleados Basificados del Municipio de Ayutla (SEBMA), y le dijo que aceptaría el aumento de 4.2 por ciento al salario que exigen los trabajadores desde el 9 de mayo.
Sin embargo, el dirigente denunció que no hubo respuesta positiva a otras demandas como el pago de indemnización a tres familias de trabajadores que fallecieron y el alta de los hijos o parientes de éstos, así como el respeto a bonos y apoyos para los trabajadores, además de que hay empleados enfermos y que no pueden seguir laborando.
Catarino Cabello indicó que los trabajadores mantendrán la lucha para exigir el respeto de los derechos que han ganado y no dejarán que la presidenta municipal los pisotee.
El secretario general de la sección 15 del Sindicato Independiente de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Chilpancingo (Capach), Asunción Rodríguez Flores denunció que al menos 20 trabajadores de la dependencia municipal no tienen las herramientas ni las condiciones higiénicas básicas para dar mantenimiento a la red de drenaje y al sistema de agua potable de la capital.
Consultado vía telefónica, el dirigente sindical señaló que los trabajadores de mantenimiento en la red de drenajes y el sistema que suministra el agua potable a las viviendas de la capital no cuentan con el material necesario para ejercer sus labores ni tampoco con los medios necesarios para trabajar durante los tres turnos en que operan.
Detalló que son 10 fontaneros sindicalizados y 20 trabajadores generales los que carecen de un área técnica para dar mantenimiento a su equipo de trabajo, y por tal motivo éste se encuentra en malas condiciones.
Subrayó que además no tienen el equipo de trabajo básico cómo botas de plástico, tapabocas, guantes de plástico, ni herramientas como palas, carretillas y material para desazolvar las alcantarillas.
Rodríguez Flores recalcó que los trabajadores ponen en riesgo su salud en el contacto directo dentro con las tuberías, “los compañeros están propensos a contraer alguna infección, pues trabajan expuestos, en malas condiciones”, explicó.
Por ejemplo, dijo que hace un mes los fontaneros acudieron a reparar la tubería del drenaje en el panteón municipal de Chilpancingo, “se hicieron los trabajos cerca del sitio donde están ubicadas las tumbas, y trabajaron sin guantes ni cubrebocas y eso es grave, ya que pudieron contraer una infección, (además de soportar) los fuertes olores que emitía el drenaje”, expuso.
Asimismo, el dirigente indicó que los trabajadores han acudido en reiteradas ocasiones al sindicato para resolver su problema, y también para exigir un seguro médico, “es un problema que persiste, ya que muchos trabajadores sindicalizados no cuentan con un seguro”.
Destacó que desde la administración de Mario Moreno no tienen las condiciones adecuadas para sus labores, y que aún no han recibido una respuesta favorable a sus demandas tras haberse reunido con el actual presidente municipal, Marco Antonio Leyva Mena, y con el director de la Capach, José Alberto Lara Vargas.
