Etiqueta: Contraloría

Se reúnen sindicalizados del Instituto de Oftalmología con la secretaria de Salud

Karina Contreras

Los trabajadores del Instituto Estatal de Oftamología de la sección 57 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG) se reunieron con la secretaria de Salud, Alondra García Carbajal, para avanzar en el conflicto que se tiene desde enero pasado en ese hospital, pero trabajaron bajo protesta.
Los trabajadores este lunes no quisieron reanudar el paro para no afectar las 150 operaciones que se tienen programada para esta semana, dijeron, porque muchos de los pacientes vienen de comunidades y son de bajos recursos.
Destacaron que aún siguen en la postura de la destitución del director Roberto Estrada y lo de esta semana nada más es una tregua por sensibilidad ante las operaciones de los pacientes.
De acuerdo con un comunicado de la delegación sindical que encabeza Lilia Barrera Martínez, se acordó la remoción inmediata de Adriana Amarilis Flores, asistente personal del director Roberto Estrada Amaya, así como del jefe de Recursos Financieros, Joaquín Lauro, pero este lunes el director los mantenía en sus cargos cuando han sido de los motivos principales del conflicto al haber “incurrido en conductas indebidas como abuso de funciones, pérdida de confianza, entre otras faltas graves, mismas que fueron denunciadas al director Roberto Estrada, de las cuales hizo caso omiso”.
De acuerdo con la información dada, la reunión con la secretaria de Salud, Alondra García Carbajal, fue el viernes pasado en el instituto donde también se hizo el compromiso para que la Contraloría del Estado inicie una auditoría interna y “quedando como uno de los pendientes la remoción de la comisaria pública, Natividad Bibiano, señalada por omisiones y complicidad de la parte directiva”.
En el comunicado se pide a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que el problema se resuelva de fondo, es decir, con la destitución del director Roberto Estrada porque de lo contrario el conflicto va a seguir.
Solicitan también que “se revise el perfil de la gestora de calidad, Sandra Moyao Espino, quien solamente ha simulado y maquillado las cifras para seguir ocupando una silla y lejos certificar al instituto y avocarse a los procesos de calidad en el servicio, se ha dedicado a denostar a los trabajadores que están a favor de este movimiento y ha sido la principal promotora del divisionismo y violencia”.
Insisten en la salida del director Roberto Estrada “quien ha promovido la división entre el personal e intentó poner una mesa directiva sindical a modo, además de haber descalificado el movimiento de los trabajadores atacando a la mesa directiva”.
Agrega el boletín que estas dos semanas de tregua la estarán trabajando bajo protesta para no afectar las 300 cirugías que se tienen programas dentro de la campaña de cataratas, pero “advertimos a nuestras autoridades de no observarse avances reales y compromisos serios, volveremos a reanudar el paro de labores de forma indefinida” e hicieron un llamado a las autoridades para que intervengan con imparcialidad y firmeza, “garantizando que nuestras denuncias e inconformidades sean atendidas de forma seria y responsable”.
Los trabajadores mantienen las cartulinas pegadas en las paredes y lonas de su protesta, pero ellos están trabajando bajo peotesta mientras dura la tregua con García Carbajal, pues fue ella la que pidió dos o tres semanas para buscar solución.

No dejar inconclusas obras de los caminos artesanales, ofrece Evelyn en la Montaña

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda atiende a pobladores de la comunidad nahua de Tlaquiltzingo, municipio de Tlapa, al término de la inauguración del camino artesanal Foto: Carmen González Benicio

Carmen González Benicio

Tlaquiltzingo

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda, en su gira por la Montaña, aseguró que el programa federal de caminos artesanales continuará y se terminarán los inconclusos.
Salgado Pineda inauguró el tramo del camino artesanal de las comunidades nahuas de Tlaquil-zinapa-Tlaquiltzingo, municipio de Tlapa, que se hizo en dos etapas con 4.67 kilómetros lineales y una inversión de 20 millones de pesos.
Mencionó que seguirán los programas federales con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que espera que venga a la Montaña.
Dijo que hay coordinación de los tres niveles en los caminos artesanales en los que nadie creía, sobre todo en la mano de obra local.
Salgado Pineda resaltó que los caminos artesanales resistieron al huracán John porque se hicieron con calidad, con buen material y corazón trabajando de sol a sol y que eran producto de la política social para seguir transformando la región, donde los recorridos de horas ahora se hacían en minutos acercando los servicios y beneficios a las comunidades.
Mencionó que recorrió la carretera Chilpancingo-Tlapa para verificar las condiciones en que está para atenderlas porque la infraestructura vial es importante para la economía y los productos que hay como la miel, el café y las artesanías que deben difundirse y venderse.
Y que en estos tres años le meterá velocidad para atender las obras que desafortunadamente tuvieron que frenar por los huracanes, pero que en el 2025 va retomar el año de las obras para que haya justicia social.
Al retirarse de la actividad, se les cuestionó que así como había casos de éxito de caminos artesanales había inconclusos y qué haría al respecto: “No, continuamos ahorita, yo lo mencioné en mi discurso que esto no termina aquí; al contrario, vamos a continuar mejorando los caminos que se dañaron con el paso del huracán John y los que faltan por concluir, los terminaremos, ese es el compromiso”.
Sobre la responsabilidad de los ex presidentes municipales como Copanatoyac y Xalpatláhuac que se documentó, dejaron caminos inconclusos, “ahí la Contraloría lleva un expediente sobre la realización de los caminos, pero nuestro compromiso como gobierno del estado es que se terminen”.
Se le preguntó cuál sería la inversión del gobierno del estado en los camino artesanales: “La cifra la tiene la arquitecta Irene (Jiménez Montiel), secretaria de Obras Pública, estamos aún trabajando, pero va ser una inversión importante, porque tendremos una reunión con el gobierno federal y ahí veremos de cuánto va ser”.
Se le preguntó si Claudia Sheinbaum Pardo vendría a la Montaña a la inauguración del Hospital de Especialidades que se construye. Respondió que hará la invitación para que acuda a la Montaña y que esperara se ajuste a la agenda de la presidenta.
El alcalde de Tlapa, Gilberto Solano Arreaga, reconoció el trabajo de Salgado Pineda.
Dijo que el apoyo de pavimentación de caminos artesanales durante los tres años fue de más de 30 kilómetros, avanzando en los más de 95 pendientes.
Destacó la importancia del tramo pavimentado porque era un camino real que se usaba para comunicar pueblos de diferentes municipios como Xalpatláhuac, Copanatoyac, Malinaltepec, Atlamajalcingo del Monte y conectará con la carretera Tlapa- Marquelia.
Dijo que con eso se acercó la justicia a los pueblos y los servicios, así como el hospital de Especialidades que se construye.
Remarcó que Salgado Pineda no trajo dádivas o despensas que se acaban sino obras que duran y se necesitan como el hospital que se construye a un costado del Batallón de Infantería.
Dijo que trabajó con ella los tres años y lo hará otros tres.
Le planteó el reencauzamiento del río Jale, cuyo proyecto ya presentó y esperaba que estuvieran poniendo la primera piedra y recordarla con obras no dádivas.
La secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento, Irene Jiménez Montiel, dijo que la inversión en el municipio cambió el mapa de la infraestructura y que se avanzó unos 50 años en la movilidad.
Lo realizado en los tres años representa el 35 por ciento del total de caminos del municipio.
Y que los caminos fueron una inversión grande que gestionó la gobernadora y que continuarán para agilizar la movilidad.
A la gira se sumaron el diputado federal por el Distrito 05, Gerardo Olivares Mejía, y el diputado local Pánfilo Sánchez Almazán.
Anuncia Evelyn inversión en obras por 300 millones

Antes de su visita en Tlaquiltzingo, la gobernadora inauguró una obra de sistema de agua potable en el Nuevo Paraíso, municipio de Cualac y concluyó su gira con una reunión a puerta cerrada con alcaldes en el seminario Tonanzin en la comunidad de Tlaquilzinapa.
En un boletín se informó que Salgado anunció una inversión histórica superior a los 300 millones de pesos para nuevas obras y mejoras en infraestructura.
Y que el monto será destinado a proyectos prioritarios como la cons-trucción y rehabilitación de ca-minos, puentes y carreteras, obras de agua potable, sistemas de drenaje, pavimentaciones, alumbrado público y nuevos espacios comunitarios, incluyendo escuelas, mercados y parques.
“Estos casi 300 millones de pesos sí incluyen nuevas obras ca-rreteras. Vamos a invertir en ca-minos y seguir gestionando con el gobierno de México la recons-trucción de las vías afectadas”.
En la reunión llamó a las autoridades municipales a trabajar en conjunto con la mezcla de recursos para que pueda duplicarse y optimizar los fondos para obras complementarias que beneficien aún más a las comunidades.
“Podemos hacer que estos 300 millones de pesos se multipliquen si trabajamos de la mano. Con los recursos de una obra podemos hacer dos, y lo destinado para una acción puede mejorarse con obras adicionales”, indicó la mandataria.
En el evento estuvieron la secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial, Irene Jiménez Montiel, el titular de CAPASEG, Facundo Gastélum Félix, el titular de CICAEG, Martín Vega González, y el subsecretario de Desarrollo Político, Francisco Cisneros.

Son 29 millones y medio de pesos los que paga la SEG al año en renta de oficinas

La casa donde están las oficinas de la Secretaría Particular del titular de la SEG, Marcial Rodríguez, está ubicada en la colonia Villa Lucerna en la capital y tiene alberca Foto-Archivo: María Avilez Rodríguez

María Avilez Rodríguez

Chilpancingo

La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) gasta al año más de 29 millones y medio de pesos en el pago de la renta de 83 casas y departamentos para sus oficinas alternas; tan sólo la vivienda que utiliza el titular de la dependencia, Marcial Rodríguez Saldaña, se arrenda por 115 mil 500 pesos al mes.
En una solicitud que hizo el periódico El Sur a la SEG, por medio del Instituto de Acceso a la Información Pública, la dependencia educativa informó que, en total, son 83 las oficinas alternas que renta en la capital.
En documentos enviados por la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental de la SEG, se detallan dónde están ubicados los inmuebles y el monto que pagan.
Por la casa donde están las oficinas de la Secretaría Particular, que tiene una alberca, en la que despacha el titular de la SEG, Marcial Rodríguez, que está ubicada en la calle Pino esquina Los Álamos, en la colonia Villa Lucerna, al mes se pagan 115 mil 500 pesos.
Por el almacén de complementarios y de libros de texto gratuitos, ubicado en el bulevar Vicente Guerrero, al sur de la ciudad, la SEG paga 192 mil 689 pesos.
La oficina que menos paga es la Supervisión Escolar 35 de Telesecundarias, ubicada en la calle 21 de Marzo, en la colonia Benito Juárez. Al mes dan mil 723 pesos.
El monto total que paga al año la SEG por las oficinas alternas es de 2 millones 489 mil 919 pesos, de acuerdo con información de la Secretaría de Contraloría.
El edificio del entonces Instituto de Educación Básica y Normal fue demolido para su reconstrucción en 2019, cuando era secretario Arturo Salgado Urióstegui. La obra sería financiada con dinero de la federación y fue gestionada por el ex gobernador Héctor Astudillo Flores.
En aquel año, las autoridades estatales aseguraron que el nuevo edificio costaría 80 millones de pesos y que quedaría listo en tres años, es decir, en 2022. Hasta la fecha, sólo se ven escombros en el terreno, ubicado en la avenida Ruffo Figueroa.
El secretario de Educación, Marcial Rodríguez, hace tres años realizó un recorrido por el terreno, que es propiedad de la SEG, con el objetivo de que se elaborara el proyecto de la construcción de los servicios educativos y se lo presentaría a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, pero no hay ningún avance al respecto.

Toma sindicato la sede del Congreso; señala hostigamiento de la presidenta de la Jucopo

El secretario general del sindicato de trabajadores del Congreso local Sentimientos de la Nación, Fernando Martínez Román en el acceso principal al recinto legislativo acompañado por compañeros que gritan “justicia laboral” Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El nuevo sindicato de trabajadores del Congreso local tomó la sede del Poder Legislativo por presuntos actos de hostigamiento por parte de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Yoloczin Domínguez Serna. Posteriormente funcionarios de la actual administración informaron que se trata de procedimientos e investigaciones en contra del secretario general Fernando Martínez Román por la presunta sustracción de recibos de nómina que se exhibieron en redes sociales.
Yoloczin Domínguez negó las acusaciones en su contra y manifestó su respeto a los agremiados a este sindicato, mientras que a su dirigente Fernando Martínez le pidió que “responda a la misma en las instancias correspondientes y con apego a las leyes que nos rigen” sobre la demanda que se presentó por la vía jurídica por la sustracción indebida de documentos oficiales.

La toma

Ayer desde las 8 de la mañana unos 50 trabajadores tomaron la sede del Poder Legislativo donde colocaron lonas en las que demandan a Yoloczin Domínguez respeto a sus derechos laborales y cese al hostigamiento.
En un mensaje en la entrada del estacionamiento del Congreso local, trabajadores denunciaron hostigamiento responsabilizaron de lo que suceda a cualquier integrante de esta agrupación a la presidenta de la Jucopo. Martínez Román denunció que en su contra se inició un procedimiento en la Contraloría del Congreso, y lo acusan de filtrar información sobre presuntos actos de nepotismo de la diputada morenista.
Fernando Martínez Román dijo que la Contraloría del Congreso le informó que dos trabajadores presentaron denuncias en su contra, además de que se le notificó que “se está procesando una denuncia en materia penal contra su servidor”.
Señalaron que desde la llegada de Yoloczin Domínguez “el hostigamiento laboral no ha parado, llegan los funcionarios con la venia y la autorización de la presidenta de la Jucopo, amedrentando, hostigando a las compañeras, tratando de dividir de manera permanente desde que inició esta administración”.
Llamaron a los diputados y principalmente a los integrantes de la Jucopo a establecer una mesa de diálogo con el sindicato, incluso a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda “para que hable” con Yoloczin Domínguez “para que se respeten los derechos humanos y laborales”.
Martínez Román dijo que uno de los primeros actos de hostigamiento fueron los cambios de adscripción laboral de él y de la secretaria de Organización del sindicato Leopoldina Rodríguez.
Dijo también que no se les autorizó la licencia sindical para que los integrantes del comité se dedicaran “de tiempo completo a la promoción y mejoramiento de las condiciones de trabajo” de los agremiados.
En este acto estuvieron algunos trabajadores cercanos a Alfredo Sánchez Esquivel quien en su periodo fue muy cercano al nuevo sindicato. Incluso la única diputada que se acercó a los trabajadores, fue la morenista Leticia Castro Ortiz, cercana y defensora del ex presidente de la Jucopo.

Dos trabajadores denunciaron al líder, dice Recursos Humanos

Después en conferencia de prensa en el restaurante El Señorial que está a unos pasos del Congreso local, el secretario de Servicios Financieros y Administrativos Andrés Rosendo Orozco Pintos, acompañado de la subdirectora de Recursos Humanos Juanita Avilez Rodríguez y del director de Comunicación Social Roberto Ramírez Bravo, negaron todos los señalamientos realizados por el líder sindical.
Andrés Rosendo Orozco lamentó que Fernando Martínez “esté utilizando y engañando” a los agremiados para defenderse ante la investigación que se realiza en su contra por su presunta responsabilidad en la sustracción de información del área de Recursos Humanos.
Al respecto, Juanita Avilez explicó que dos trabajadores del Congreso local denunciaron ante el órgano interno de control, que unos recibos de nómina que contenían sus datos personales fueron exhibidos en redes sociales el 3 de diciembre.
Tras la denuncia presentada, el 25 de enero la Contraloría le informó a Recursos Humanos que había iniciado un procedimiento contra el líder sindical por la presunción de su responsabilidad en la filtración de esta información, “es una investigación, no es un despido, no es algo personal, no vamos a cesar al compañero si la investigación está en curso”, dijo Juanita Avilez.
La subdirectora precisó que los procedimientos son contra Martínez Román y no contra el sindicato, “le pedimos que sea claro con sus agremiados”.
A pesar de la reiterada pregunta de reporteros sobre quiénes fueron los trabajadores que denunciaron al dirigente sindical, los funcionarios del Congreso no quisieron mencionarlos, pero se sabe que se trata de familiares de la presidenta de la Jucopo que trabajan o trabajaban en el Legislativo.
Juanita Avilez explicó que Fernando Martínez trabajaba en el área de Recursos Humanos y a pesar de que tenía acceso a la nómina no tenía autorización para imprimir recibos, e insistió en que será el órgano de control interno el que determine si tuvo o no responsabilidad en la sustracción de esta información.
Andrés Rosendo Orozco comentó que los integrantes del otro sindicato de trabajadores plantearon a la administración del Congreso que no era correcto que un líder sindical estuviera en un área con acceso a la nómina, por lo que plantearon a Fernando Martínez que eligiera si continuaba al frente del sindicato o estaba en Recursos Humanos, y la decisión del dirigente fue mantenerse como secretario general, por lo que fue asignado a otra área.
Ambos funcionarios negaron que haya una diferencia política con el líder sindical investigado por la Contraloría. Dijeron que desconocen si hay vínculos entre este sindicato y el ex presidente de la Jucopo Alfredo Sánchez Esquivel.
Afirmaron que la instrucción de Yoloczin Domínguez fue dar el mismo trato a ambos sindicatos, y que han tratado de atender de la misma manera a todos los trabajadores a partir de las posibilidades presupuestales.

“Engañaron” a los trabajadores con 63 plazas

En la conferencia los funcionarios también revelaron que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje echó abajo las 63 plazas que otorgó la anterior administración porque no se realizó el procedimiento de manera correcta. A pesar de que no lo mencionaron, se trata del periodo en el que estuvo al frente de la Jucopo Sánchez Esquivel.
Además de que quien firmó por parte de la administración del Congreso estatal “no pudo acreditar personalidad jurídica” debido a que no tenía un nombramiento oficial.
Juanita Avilez recordó que en julio pasado los trabajadores del sindicato Sentimientos de la Nación anunciaron que recibieron sus plazas de base, y en septiembre cuando llegó la actual administración de Yoloczin Domínguez se acercaron a entregar su minuta y pliego petitorio.
Por lo que la nueva administración consultó de manera interna y al Tribunal sobre el estatus y la legalidad del sindicato, y la presidenta del Tribunal Miriam Cortez Cisneros respondió que el nuevo sindicato solicitó toma de nota de la minuta de acuerdos el 15 de julio pasado entre la organización sindical y el Congreso local, “mismo que este tribunal laboral acordó no favorable su petición al no haberse acreditado la personalidad de quien representó al Congreso”.
También el sindicato pidió la toma de nota del expediente sindical por el que se le otorgaron las plazas, pero tampoco se realizó, “no se acordó favorable tomando en cuenta que no exhibieron los nombramientos, incumpliendo con lo establecido en los artículos 3 y 6 de la ley de trabajo de los servidores públicos”.
La subdirectora de Recursos Humanos insistió en que la diputada Yoloczin Domínguez no es responsable de que el Tribunal no haya reconocido estas plazas y que el problema fue el mal procedimiento que se realizó.
Andrés Rosendo Orozco dijo también que no existen las condiciones financieras en el Congreso local para otorgar las 63 plazas y en referencia a Sánchez Esquivel dijo que “quien las intentó otorgar –no juzgo a nadie ni pongo nombres en la mesa– sabían que no era financieramente viable y no era legal lo que estaban haciendo, que los oficios no los estaban firmando, es una irresponsabilidad dar esa cantidad de bases”, por lo que “engañaron” a los trabajadores de este nuevo sindicato.
La diputada Yoloczin Domínguez por su parte en un posicionamiento se refirió a la toma del Congreso local por integrantes del sindicato Sentimientos de la Nación y a los señalamientos de Fernando Martínez los cuales negó.
Comentó que se ha reunido con el líder sindical porque así lo ha solicitado Fernando Martínez, aunque ella ha planteado que sea con “la dirigencia integral del sindicato”.
“Por cuanto hace a los señalamientos de hostigamiento a que hace referencia, y en lo particular a una demanda que se presentó por la vía jurídica contra Martínez Román, por la sustracción indebida de documentos oficiales, le hacemos un llamado para que responda a la misma en las instancias correspondientes y con apego a las leyes que nos rigen” se lee en el texto que firmó Yoloczin Domínguez.
Finalmente manifestó su respeto al sindicato “y reitero mi disposición a establecer con todos los miembros de la dirigencia de esta organización, una mesa de revisión de sus demandas, tal y como se hace con otras expresiones sindicales en este Congreso”.
Posteriormente en un boletín del Congreso se señala que la presidenta de la Jucopo dijo que tras la notificación del Tribunal de Conciliación y Arbitraje por el que no se reconocieron las plazas de base, la Jucopo emitió un documento donde se desconocía que hubiera sustento para su otorgamiento, “y es que no se llevó a cabo ninguna convocatoria, además de que hay compañeros que forman parte de ese sindicato que tienen menos de un año laborando en el Poder Legislativo”.

 

Se manifiesta la CETEG de la Montaña en oficina de la SEG; exige pago de horas y nombramientos

Padres de familia y maestros de la zona escolar 16 de secundarias técnicas de la Montaña baja, agremiados a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), se manifestaron en la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para exigir nombramientos, pagos de horas de trabajo y mejores instalaciones.
La zona escolar 16 la forman secundarias técnicas ubicadas en comunidades de los municipios Atlixtac, Zapotitlán Tablas, Acatepec, Zitlala, José Joaquín Herrera, Chilapa y José Azueta.
Unos 150 padres y maestros, encabezados por el coordinador de la estructura sindical, Nicéforo García Navarrete, llegaron a la Contraloría Interna de la SEG, al norte de la capital a las 2 de la tarde, y exigieron una reunión con las autoridades.
Los manifestantes exigieron nombramientos para maestros, el pago de 190 horas de trabajo devengado, la construcción de edificios y la incorporación al Fondo de Aportaciones para el Gasto Educativo y el Gasto Operativo (Fone) del Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación (PAAE).
El contralor interno de la SEG, Ramón Apreza Patrón; el secretario técnico, Jorge Sotomayor, y el jefe del departamento de Selección y Contratación de Personal, Aurelio Luna Tepeyac, y un representante de la Subdirección de Pagos, atendieron a los inconformes.
García Navarrete presentó ante las autoridades un oficio con 12 puntos, en los que se especificaron las demandas de los manifestantes, que fueron discutidas y resueltas.
Las autoridades mostraron disposición para resolver cada una de las demandas, incluyendo los casos particulares; y en cuanto a la entrega de nombramientos, Luna Tepeyac informó que habría cambios debido a los corrimientos que se hicieron luego de las jubilaciones y cambios de adscripción, pero pidió a los padres y maestros que presenten sus propuestas para resolver la entrega de las horas vacantes en las escuelas.
En la reunión se acordó que hoy se entregarán los nombramientos correspondientes a 80 horas laborales, en una primera remesa; y los adeudos salariales y el resto de las demandas se resolverán en una mesa de trabajo el próximo 9 de febrero. (Alina Navarrete Fernández / Chilpancingo).

 

En contraloría, los casos de trabajadores con doble o triple plaza, asegura el rector de la UAG

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, dijo que unos 400 trabajadores de base cuentan con doble y hasta triple plaza en distintas instituciones educativas, por lo que los casos ya están ante la contraloría para que se resuelvan.

Consultado al término del acto de incorporación de 25 mujeres indígenas a Posgrados para el Fortalecimiento Regional del Estado de Guerrero 2017, que se llevó a cabo en la sala de usos múltiples de la Rectoría, al respecto de la presunta asignación de plazas de tiempo completo de manera unilateral con salarios altos al personal de confianza, que denunciaron integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG), Saldaña Almazán dijo que esto “es una mentira”.
Señaló que es una política de la UAG el no dar basificaciones en el área administrativa y que los funcionarios son los que menos ganan comparado al resto de las universidades del país, además de que se han dado más de mil bases a interinos que tienen base y carga frente a grupos, pero no plazas de tiempo completo.
Precisó que hay profesores de tiempo completo en la UAG que ganan más que los funcionarios, por ejemplo “los funcionarios ganan entre 6 y 18 mil pesos a la quincena, mientras que los académicos ganan hasta 22 mil pesos de base, por eso algunos no se quieren venir de funcionarios”, y si pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) “ganan más”.
Declaró que al mes, la UAG gasta 58 millones de pesos para pagar la nómina y que es en el personal de base donde hay más casos de trabajadores con dos o tres plazas, en particular se refirió al caso de un académico que trabaja en el Colegio de Bachilleres, quien “acá gana 16 mil pesos, allá también, entonces ¿cómo le hace?”, sin embargo, se negó a precisar el nombre.
Expresó que a los trabajadores de base en esta situación “se les está llamando para que se definan y justifiquen” su carga laboral en las distintas instituciones. Recordó que una recomendación de la Auditoría General del Estado (AGE) es que todos los trabajadores chequen su hora de entrada y salida.
Añadió que del presupuesto anual, que es de mil 700 millones de pesos, el 98 por ciento se va a los salarios de los trabajadores.
En cuanto al Comité de Ética, Integridad y Conducta de la UAG, que preside e integran funcionarios, dijo que “nosotros somos los que vamos a cuidar que se observen, no los sancionadores, no podemos ser juez y parte, somos los facilitadores”. Puntualizó que el Tribunal Universitario, la Contraloría, el Consejo Universitario y el área jurídica, serán quienes emitan las sanciones correspondientes.
Sobre la visita que hizo el lunes el presidente Enrique Peña Nieto, en Acapulco, dijo que tuvo la oportunidad de acercarse de manera breve al mandatario para solicitarle un aumento en el presupuesto por alumno y se le indicó que acuda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para abordar el tema.
En cuanto a las declaraciones del empresario restaurantero Eduardo Wichtendahl Palazuelos, quien pidió al presidente “meter a la cárcel” a los manifestantes que bloqueen carreteras en el estado, Saldaña Almazán consideró que “fue una buenísima participación la de este empresario, ellos se emocionan, no tienen digamos que la formación, pero nosotros no coincidimos en que tiene que haber cárcel. Coincidimos más bien en que se atiendan los problemas sociales y resolverlos con el diálogo”.
Por último, sobre la deserción escolar, dijo que ésta no se da por falta de atención por parte de la UAG, sino por la presión debido a la violencia e inseguridad, principalmente en Chilapa y la región Tierra Caliente. En cifras, dijo que la deserción es del 15 por ciento de una matrícula de 87 mil estudiantes.

60 mujeres indígenas beneficiadas en 3 años

Durante su intervención en el acto de incorporación, la directora general de Posgrado e Investigación, Berenice Illades Aguiar, informó que este programa se inició en 2015 y consiste en preparar a mujeres indígenas de las cuatro etnias que hay en el estado: náhuatl, mixteca, tlapaneca y amuzga, con distintos talleres de redacción, cultura general y otras áreas, para garantizar que sean aceptadas en posgrados, no sólo de la UAG sino de otras universidades autónomas en el país.
Precisó que en 2015, 20 mujeres indígenas participaron en el programa y 17 fueron aceptadas en posgrados de la UAG, la UAEM, el Instituto Nacional de Salud Pública y el CIMAT Guanajuato. En 2016 participaron 30 y 25 fueron aceptadas en la UAG, la UNAM y la UAEM, mientras que para este año participaron 25, de las cuales 18 fueron aceptadas en la UAG, UNAM y UANL.

La situación financiera y la deuda obligan a la austeridad, dice Evodio

El alcalde Evodio Velázquez Aguirre dijo que las medidas del recorte al gasto público y la recategorización que su gobierno aplica puede no gustar a muchos, pero que las condiciones de las finanzas y la deuda del municipio lo obligan a tomar acciones de austeridad, que incluye a los funcionarios y a él mismo pues a sus salarios se les descontó un 50 por ciento.
Insistió en los descuentos del 20 por ciento al salario de los trabajadores es parte de una recategorización, “a algunos se les descontó un 20 y a otros un 15 por ciento, fue de acuerdo con la recategorización”. pero eso permitirá ahorros al Ayun-tamiento.
Explicó que los8 mil trabajadores que tiene el municipio, según la Secretaría de Finanzas, son un “montón” pero es algo que heredó de otras administraciones, sin precisar cuáles, “es algo que heredó el Ayuntamiento”.
Luego de acompañar al gobernador Héctor Astudillo y al secretario de Salud federal, José Narro Robles, a la reinstalación del comité de municipios saludables, al preguntarle a Evodio Velázquez de los 300 aviadores que podría haber en su administración, según lo declarado por el secretario de Finanzas, Merced Baldovino, respondió que esperará los resultados de la auditoría que hace la Contraloría municipal.
Dijo que el recorte incluyó un descuento de 50 por ciento a su salario y también a funcionarios de primer nivel, a quienes les advirtió que nadie tiene seguro su trabajo si no laboran para fortalecer al municipio en todas sus instancias.
Insistió en que no hubo descuentos del 20 por ciento al salario de los trabajadores, sino que se trata de una recategorización y eso les permitirá ahorrar, “a algunos se les descontó un 20 y a otros un 15 por ciento, fue de acuerdo con la recategorización”.
Reiteró que “lo que se hace es una recategorización, que quede claro, lo que permitirá que quienes tienen salarios dispares, porque un director gana más que otro o un secretario más que otro, y los trabajadores de lista de raya, los que barren, los que están haciendo el trabajo operativo es injusto lo que ganan”.
El alcalde explicó que con la recategorización que hará este gobierno “podrá subir el salario de todos aquellos que hacen la operatividad todos los días en Acapulco”.
Advirtió que los que serán despedidos son aquellos que cobran sin tener ninguna función, “los que no estén haciendo su trabajo bien”.
“Ocho mil trabajadores son un montón, pero es un tema que así heredamos, que viene de tiempo atrás, entonces hoy estamos asumiendo responsablemente acciones y mecanismos que no pueden gustar, pero lo tenemos que hacer y este gobierno tampoco aceptará chantajes de ningún tipo y vamos a seguir trabajado siempre cuidando el tema de la legalidad”, aseguró.
Evodio Velázquez agregó que el secretario de Finanzas tiene la información: “soy respetuoso, ahí que vean con ellos los datos que deban de ver”, sin querer precisar a cuántos trabajadores se dará de baja.
Recordó que firmó el pliego de peticiones con los secretarios seccionales del SUSPEG, “que de forma responsable aceptaron apoyar al gobierno en cuanto a las finanzas, ante la situación de la deuda, y la situación que tiene hoy Acapulco”.
“Los que no trabajan, que no devengan su salario no deben de estar cobrando, la recomendación que ha hecho la instancia fiscalizadora es que determinemos. Tiene sus costos, por supuesto, los que cobran sin trabajar están a todo dar y muy cómodos y lo que hay que hacer es detectarlos como es responsabilidad de todo gobierno y plantear su despido”, dijo.
Agregó que el municipio tiene que cuidar todos los aspectos legales y revisar bien, y recordó que se hace una auditoría por parte de la Contraloría General del municipio y que va a esperar el resultado y con base en eso dará una respuesta.

Plantea a Narro equipar centros de salud

Del anuncio que hizo el presidente del bloque 1 de transportistas de la Costera, Jesús Catalán, de que preparan amparos para impedir que el Acabús circule por esa vía, el alcalde respondió que se reunirá con el gobernador para revisar ese tema. “Listos para el Acabús, es una inversión importante que no debe de perderse”.
Precisó que también se deben escuchar todas las inconformidades que puedan existir, que su gobierno lo hará y platicará con el gobernador para abrir mesas de diálogo para aquellos que puedan estar inconformes.
En temas de salud, Evodio Velázquez dijo que habló con el secretario Narro Robles de “algunos detalles del Seguro Popular”, y le planteó la necesidad del municipio de equipar las unidades médicas en Xaltianguis y Hogar Moderno.
Afirmó que la salud es fundamental para su gobierno y por ello lo que plantea a la federación “es una política integral, porque el problema de Acapulco se llama la condición de violencia que se ha generado desde hace años a la fecha, entonces necesitamos reconstruir el tejido social y la inversión no debe ser con la parte de los cuerpos policiacos, sino fortalecer el tejido social y la salud es una de ellas”.
Velázquez Aguirre aseguró que en la medida que el gobierno federal incorpore un programa fuerte a las colonias, comunidades y barrios donde hayan “acentuadamente los problemas de violencia e inseguridad, la salud es fundamental, tenemos salud, hay bienestar y podemos generar una mejor sociedad”.

Ninguna empresa se instaló en El Ocotito pero hay 29 terrenos vendidos en el Parque Industrial

El director del Fideicomiso Guerrero Industrial (Figuein), Erik Humberto Armenta Adame dijo que la Contraloría Estatal detectó “faltantes” en las finanzas del Organismo Público Descentralizado que tiene bajo su responsabilidad en el Parque Industrial del valle de El Ocotito.
En sus oficinas del edificio Nafinsa en Acapulco el funcionario estatal expuso que de las nueve empresas para las que el gobierno estatal pasado anunció como sede del Parque, incluidas la ensambladora Hyundai y Jumex, sólo se mantienen dos de ellas: Blancos Sampedro y Harigro.
El gobierno anterior estuvo encabezado por Ángel Aguirre Rivero, quien fue postulado por el PRD pero tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 fue defenestrado y en su lugar fue nombrado el académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Rogelio Ortega Martínez, quien entró en funciones el 26 de octubre de ese año.
Ayer el funcionario señaló que el anterior director del organismo, Julián López Galeana no consultó al máximo organismo administrativo del Figuein para rentar o vender las naves industriales del inmueble, por lo que no existe un aval para las empresas que supuestamente se habían instalado, pero que tampoco se encuentran en funcionamiento, porque nunca hubo infraestructura para alojarlas.
“Hay 29 terrenos vendidos por la administración pasada pero ninguna empresa se ha instalado”, dijo el funcionario, quien tomó el cargo el 15 de noviembre pasado.
Se le preguntó qué había pasado con la ensambladora de autos Hyundai, empresa que sería proveedora de los autobuses para el Acabús y respondió: “se fueron molestos porque no se les atendía en la seguridad”.
Detalló que la ensambladora dejó de trabajar durante el gobierno pasado “por la inseguridad”, sin embargo añadió que ahora buscan que vuelva porque “es totalmente seguro, está muy vigilado y hay tranquilidad en su interior”.
Armenta Adame dijo que la Contraloría Estatal continúa la revisión a las cuentas del OPD para conocer las cantidades “que hicieron falta”.
Añadió que “encontramos en números rojos (…) no sabemos la cantidad exacta pero ya la Contraloría se está haciendo cargo”.
Mencionó que la Contraloría detectó faltantes de recursos federales porque el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) hizo aportaciones y durante el año pasado no hubo comprobaciones del gobierno estatal.
Acotó que López Galeana no consideró el aval de “la junta” encabezada por el gobernador y los secretarios de Desarrollo Económico, Obras Públicas, Desarrollo Social y Contraloría, para “pedir autorización” pues su visto bueno se requiere de manera obligada “para cualquier adquisición, venta, renta de predios”.
“Hubo irregularidades de la administración anterior del Parque porque no pidió autorización en el 2015 y el año pasado la Junta no sesionó. Esa es una de las observaciones que hace la Contraloría (…) Mediante el Inadem, son comprobaciones que no se hicieron durante 2014 y el año pasado”, detalló.
Explicó que desde su toma de protesta al frente del Figuein se ha reunido “poco a poco” con los empresarios que adquirieron lotes en el Parque para que se asienten en Guerrero, pues no lo han hecho.
Dijo que el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) contribuye en la seguridad del valle de El Ocotito porque “les conviene la instalación de empresas para que haya fuentes de empleo”.

No me han notificado del dictamen de la Contraloría, dice Arquelao de la Cruz




El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Arquelao de la Cruz Piza, aseguró que no ha sido notificado de la resolución de la Contraloría municipal ni por la Comisión Regional de Defensa de los Derechos Humanos sobre los resultados que han emitido respecto a la acusación de hostigamiento sexual en su contra.
Dijo que ambas instancias actuaron “en forma dolosa” porque la recomendación de la Codehum se entregó en vacaciones y no le permitió defenderse.
“Yo también tengo derecho a defenderme, a que la comisión me escuche porque es la comisión para todos, pero se dio en forma dolosa y yo no estoy de acuerdo con eso vamos a apelar y no aquí sino a nivel nacional”, aclaró.
El 29 de diciembre, la Contraloría municipal dictaminó que De la Cruz Piza debe ser destituido del cargo y lo inhabilita por tres años “para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio publico”, por la queja de hostigamiento sexual, despido injustificado y abuso de autoridad que presentó el 15 de agosto la ex trabajadora Raquel Alonso.
En entrevista en su oficina, de la Cruz Piza dijo que se defenderá jurídicamente de la resolución y de la acusación de acoso sexual por parte de la ex trabajadora.
“La Contraloría emitió una recomendación sin fundamento, lo siento muy doloso, muy visceral porque hemos cumplido con responsabilidad y esa recomendación se hace en Contraloría cuando hay casos de corrupción pero no me señala por corrupto sino que hace señalamientos sin fundamento y que no ameritan nada, simplemente que se vayan solventando algunos expedientes”, lamentó.
Indicó que aún no hablado sobre el tema con el alcalde pero que “él tiene la última palabra y las facultades para determinar lo que considere pertinente, yo me siento orgulloso de haberle servido al presidente y estamos trabajando”.
“Estoy acusado por un juego de papeles que el señor contralor emite sin fundamentos”, reiteró.
De la Cruz Piza manifestó que la acusación de hostigamiento sexual “no es comprobable” y la información que emite en su recomendación la Codehum es “infundada y dolosa porque no hay argumentos para probar una situación de esa naturaleza”.
Dijo que Alonso Trani no tuvo una relación de trabajo con él, “ella pertenecía a otra área, hubo encuentros con ella pero con trabajadores dentro de la oficina, es como tratar con cualquiera, no depende de mí, de mí depende mi secretario particular y mi secretaria, ella pertenece a otra área de trabajo y por eso no hay concordancia en lo que dice, ella depende de otro departamento, de Desarrollo Urbano”.
“Todos lo saben menos yo que soy el afectado o el acusado como ellos presumen y desde ahí está mal, ya le llegó la recomendación a Raquel Alonso y al presidente municipal y a mí no me llega nada, no tengo argumentos para defender mi posición”, señaló.
A pregunta expresa del porqué no se presentó a la comparecencia a la que lo citó la Contraloría municipal el 23 de agosto de 2006, De la Cruz Piza indicó que no atendió el llamado porque la Contraloría “no tiene facultades para eso”.
Agregó que la acusación que se le imputa “es muy grave y eso se ventila en los juzgados, en el Ministerio Público porque son las que van a investigar si hubo tal situación”.
“Entonces yo no voy a ir a que me juzgue un contralor que no sabe de leyes y por eso no lo hice, porque no tiene la facultad para hacerlo y tampoco iba yo exponerme a que alguien que no sepa de leyes me interrogue”, explicó.
De la Cruz Piza opinó que el dictamen de la Contraloría “no amerita” la destitución ni la inhabilitación por tres años a ocupar cargos públicos porque no está acusado de actos de corrupción, “no soy corrupto y no se me está tachando de desvío de recursos”.
Comentó que al contralor José Guillermo Navarrete Magdaleno le faltó “responsabilidad y sensibilidad” porque antes de emitir una resolución debió hablar con el alcalde, “debe verlo primero con él y después emitir una resolución de ese tipo, entonces quiere decir que el señor está mal”.