Expulsan vecinos de Coacoyulillo a soldados; se refugian en El Ocotito y también los sacan

Lenin Ocampo Torres / Lourdes Chávez

Chilpancingo

Pobladores de Coacoyulillo, municipio de Chilpancingo, expulsaron a soldados del Ejército que intentaron entrar la noche del sábado a esa comunidad serrana.
Los soldados se trasladaron a Parque Industrial de El Ocotito, donde otro grupo de ciudadanos, con palos, los sacaron del lugar, y denunciaron que los militares respondieron con disparos para disuadirlos.
Según la información de uno de los pobladores de Coacoyulillo, el sábado a las 7 de la noche los militares llegaron a la comunidad, donde intentaron ingresar y la gente no lo permitió.
Vía telefónica denunció que el jueves en la noche un grupo armado que identificaron como Los Jaleacos (de la Federación Guerrerense encabezada por el grupo criminal Los Tlacos), entró a la localidad que se encuentra a una hora de Chilpancingo, donde quemó cinco vehículos y golpeó a seis vecinos.
Ese mismo día los soldados llegaron a instalarse cerca de Coacoyulillo, donde la comisaria de Tlahuizapa acudió a pedirles ayuda y no se la dieron.
El viernes los militares intentaron llegar a la comunidad, y los pobladores con palos lo impidieron, luego de que les reclamaron que no acudieron al llamado de auxilio cuando se los pidieron.
El sábado, otro grupo de militares regresó a Coacoyulillo, donde de nueva cuenta los pobladores les impidieron la entrada y los militares se retiraron al poblado de El Ocotito, donde se internaron en el Parque Industrial.
En ese punto a las 8 de la noche, a alos militares ya los esperaban pobladores de El Ocotito que les pidieron retirarse y se confrontaron con ellos. Los soldados dispararon sus armas para disuadir a los manifestantes.
El denunciante dijo que no van a dejar “entrar a los militares porque protegen al grupo de Los Tlacos, que pretende tomar sus comunidades y cuando les han pedido la seguridad nunca se las dan”.
Finalmente, los elementos del Ejército se retiraron de la zona rumbo al puerto de Acapulco.

Si no los van a defender, no los quieren en su territorio

Autoridades del Frente de Comisarios de la Sierra y del Valle del Ocotito denunciaron que el Ejército y la Guardia Nacional no responden a los llamados de auxilio de la población ni cuando ocurren crímenes en flagrancia alrededor de sus instalaciones, y si no los van a proteger, tampoco los quieren en sus territorios.
En conferencia de prensa en El Ocotito, para aclarar los hechos del sábado, cuando pobladores de Coacoyulillo sacaron a militares de una base en El Ocotito, también denunciaron que los últimos meses han ocurrido asesinatos y extorsiones, sin que las autoridades intervengan, y desde el jueves está desaparecido el comisario de Los Cimientos.
El comisario de Ocotito, José David Reyna Leyva, aclaró que las imágenes de video que trascendieron el sábado en redes sociales sobre vecinos sacando a palos a militares de sus tierras, no es gente de Coacoyulillo, sino de Ocotito en el parque industrial de la misma localidad.
Para explicar lo anterior, dijo que el jueves 25 de enero en la mañana, fuerzas federales trataron de instalarse en el poblado de Coacoyulillo, y los vecinos no los dejaron entrar. “Sus razones tendrán”, dijo a modo de explicación.
Sin poder pasar se instalaron a un kilómetro y medio de la localidad, donde en la noche ocurrió un enfrentamiento, y la comisaria fue a solicitar el auxilio de los militares, que no la atendieron.
Para el viernes, dijo que cuando los soldados fueron al pueblo a sacar unos vehículos, los vecinos tampoco les permitieron el paso, y colocaron su campamento militar a unos 40 metros de distancia.
Añadió que el sábado, los comisarios de Tlahuizapa, Ocotito y Mojoneras visitaron a la comisaria de Coacoyulillo, que estaba muy alterada por lo sucedido, y, con el respaldo del Frente de Comisarios, los vecinos fueron al campamento a pedir a los soldados “amablemente” que se fueran.
Así los militares se instalaron en el parque industrial de El Ocotito, donde los vecinos de esta comunidad tampoco los querían y fueron a sacarlos, “unos 4 militares comenzaron a exaltar a todos: ‘que si se iban a dejar’, empezaron a bajarse los demás. Sí, llevábamos palos, pero a la gente no la puedes controlar. Ellos (los militares) empezaron a amedrentar a la gente, a empujarla, a decirle váyanse de aquí, la gente empezó con los palos”. Eso ocurrió en la base de la Guardia Nacional ubicada en el parque industrial.
Aseguró que los agentes golpearon a las mujeres con los palos que ellas llevaban, e hicieron disparos para amedrentarlas, pero finalmente, quien estaba a cargo tomó la decisión de retirarse.
Añadió que en 40 minutos de revuelta, de tres patrullas de la Guardia Nacional que inicialmente estaban en el lugar, aumentaron a 11. Asimismo, dijo que el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, lo llamó para reclamarle que haya incitado a la gente.
“Yo no incito, la gente nos obliga a ir porque confiaron en nosotros, ellos nos eligieron, ellos esperan lo mejor de la comunidad”.
Confirmó que en El Ocotito han pedido ayuda a las fuerzas federales para asuntos más pequeños que el enfrentamiento en Coacoyulillo el jueves, y éstas no responden.
“La Guardia Nacional parece estar de adorno. Algo se tiene que hacer en el Congreso para que esto funcione. El pueblo está reaccionando por meses y meses de crímenes”.
El comisario de Julián Blanco confirmó que no tiene respuesta de los soldados en caso de robos ni en problemas internos, como el caso de un hombre que amenazó a su esposa con un machete, y el sargento de un puesto de control le dijo que no podían intervenir sin una orden superior.
Trató de gestionar a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo, Martha Icela Velázquez, la autorización, pero leyó su mensaje y no le respondió.
El comisario de Cajelitos, José Roberto, añadió que hay enojo social porque todos los días están muriendo personas, pese a la Guardia Nacional que está en la zona, “cuando le llamamos llegan media hora después, y pasan los que nos atacan en sus narices”, mientras las comisarías no disponen de policía del pueblo ni de cárceles.
El comisario de Petaquillas, Antonio Álvarez Flores dijo que los pueblos se unieron “porque la seguridad se le está complicando al gobierno, no lleva el rumbo que debería”.
Añadió que la Policía Comunitaria, desmantelada por el gobierno federal, sí respondía de manera inmediata, “ahora llamamos al 911 y no resuelven”.
Denunció que cuando matan personas a escasos metros de la base de la Guardia Nacional, no pasa nada, y ante un delito en flagrancia, dicen que tienen que esperar a que haya una orden para actuar.
También señalaron que el jueves el comisario de Los Cimientos fue a Coacoyulillo, y desde esa noche se desconoce su paradero.
Aseguraron que han hablado con la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, de esta situación, sin resultados. Coincidieron en que los pueblos tendrán que reorganizarse por la seguridad, por la ola de violencia en sus comunidades, con amenazas y extorsiones “de uno y otro grupo de la delincuencia”.
El comisario de El Ocotito adelantó que la asamblea del pueblo ya pidió integrar una policía de la comisaría pero el miedo sigue latente.

Ninguna empresa se instaló en El Ocotito pero hay 29 terrenos vendidos en el Parque Industrial

El director del Fideicomiso Guerrero Industrial (Figuein), Erik Humberto Armenta Adame dijo que la Contraloría Estatal detectó “faltantes” en las finanzas del Organismo Público Descentralizado que tiene bajo su responsabilidad en el Parque Industrial del valle de El Ocotito.
En sus oficinas del edificio Nafinsa en Acapulco el funcionario estatal expuso que de las nueve empresas para las que el gobierno estatal pasado anunció como sede del Parque, incluidas la ensambladora Hyundai y Jumex, sólo se mantienen dos de ellas: Blancos Sampedro y Harigro.
El gobierno anterior estuvo encabezado por Ángel Aguirre Rivero, quien fue postulado por el PRD pero tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014 fue defenestrado y en su lugar fue nombrado el académico de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Rogelio Ortega Martínez, quien entró en funciones el 26 de octubre de ese año.
Ayer el funcionario señaló que el anterior director del organismo, Julián López Galeana no consultó al máximo organismo administrativo del Figuein para rentar o vender las naves industriales del inmueble, por lo que no existe un aval para las empresas que supuestamente se habían instalado, pero que tampoco se encuentran en funcionamiento, porque nunca hubo infraestructura para alojarlas.
“Hay 29 terrenos vendidos por la administración pasada pero ninguna empresa se ha instalado”, dijo el funcionario, quien tomó el cargo el 15 de noviembre pasado.
Se le preguntó qué había pasado con la ensambladora de autos Hyundai, empresa que sería proveedora de los autobuses para el Acabús y respondió: “se fueron molestos porque no se les atendía en la seguridad”.
Detalló que la ensambladora dejó de trabajar durante el gobierno pasado “por la inseguridad”, sin embargo añadió que ahora buscan que vuelva porque “es totalmente seguro, está muy vigilado y hay tranquilidad en su interior”.
Armenta Adame dijo que la Contraloría Estatal continúa la revisión a las cuentas del OPD para conocer las cantidades “que hicieron falta”.
Añadió que “encontramos en números rojos (…) no sabemos la cantidad exacta pero ya la Contraloría se está haciendo cargo”.
Mencionó que la Contraloría detectó faltantes de recursos federales porque el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem) hizo aportaciones y durante el año pasado no hubo comprobaciones del gobierno estatal.
Acotó que López Galeana no consideró el aval de “la junta” encabezada por el gobernador y los secretarios de Desarrollo Económico, Obras Públicas, Desarrollo Social y Contraloría, para “pedir autorización” pues su visto bueno se requiere de manera obligada “para cualquier adquisición, venta, renta de predios”.
“Hubo irregularidades de la administración anterior del Parque porque no pidió autorización en el 2015 y el año pasado la Junta no sesionó. Esa es una de las observaciones que hace la Contraloría (…) Mediante el Inadem, son comprobaciones que no se hicieron durante 2014 y el año pasado”, detalló.
Explicó que desde su toma de protesta al frente del Figuein se ha reunido “poco a poco” con los empresarios que adquirieron lotes en el Parque para que se asienten en Guerrero, pues no lo han hecho.
Dijo que el Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) contribuye en la seguridad del valle de El Ocotito porque “les conviene la instalación de empresas para que haya fuentes de empleo”.