Expulsan vecinos de Coacoyulillo a soldados; se refugian en El Ocotito y también los sacan

Lenin Ocampo Torres / Lourdes Chávez

Chilpancingo

Pobladores de Coacoyulillo, municipio de Chilpancingo, expulsaron a soldados del Ejército que intentaron entrar la noche del sábado a esa comunidad serrana.
Los soldados se trasladaron a Parque Industrial de El Ocotito, donde otro grupo de ciudadanos, con palos, los sacaron del lugar, y denunciaron que los militares respondieron con disparos para disuadirlos.
Según la información de uno de los pobladores de Coacoyulillo, el sábado a las 7 de la noche los militares llegaron a la comunidad, donde intentaron ingresar y la gente no lo permitió.
Vía telefónica denunció que el jueves en la noche un grupo armado que identificaron como Los Jaleacos (de la Federación Guerrerense encabezada por el grupo criminal Los Tlacos), entró a la localidad que se encuentra a una hora de Chilpancingo, donde quemó cinco vehículos y golpeó a seis vecinos.
Ese mismo día los soldados llegaron a instalarse cerca de Coacoyulillo, donde la comisaria de Tlahuizapa acudió a pedirles ayuda y no se la dieron.
El viernes los militares intentaron llegar a la comunidad, y los pobladores con palos lo impidieron, luego de que les reclamaron que no acudieron al llamado de auxilio cuando se los pidieron.
El sábado, otro grupo de militares regresó a Coacoyulillo, donde de nueva cuenta los pobladores les impidieron la entrada y los militares se retiraron al poblado de El Ocotito, donde se internaron en el Parque Industrial.
En ese punto a las 8 de la noche, a alos militares ya los esperaban pobladores de El Ocotito que les pidieron retirarse y se confrontaron con ellos. Los soldados dispararon sus armas para disuadir a los manifestantes.
El denunciante dijo que no van a dejar “entrar a los militares porque protegen al grupo de Los Tlacos, que pretende tomar sus comunidades y cuando les han pedido la seguridad nunca se las dan”.
Finalmente, los elementos del Ejército se retiraron de la zona rumbo al puerto de Acapulco.

Si no los van a defender, no los quieren en su territorio

Autoridades del Frente de Comisarios de la Sierra y del Valle del Ocotito denunciaron que el Ejército y la Guardia Nacional no responden a los llamados de auxilio de la población ni cuando ocurren crímenes en flagrancia alrededor de sus instalaciones, y si no los van a proteger, tampoco los quieren en sus territorios.
En conferencia de prensa en El Ocotito, para aclarar los hechos del sábado, cuando pobladores de Coacoyulillo sacaron a militares de una base en El Ocotito, también denunciaron que los últimos meses han ocurrido asesinatos y extorsiones, sin que las autoridades intervengan, y desde el jueves está desaparecido el comisario de Los Cimientos.
El comisario de Ocotito, José David Reyna Leyva, aclaró que las imágenes de video que trascendieron el sábado en redes sociales sobre vecinos sacando a palos a militares de sus tierras, no es gente de Coacoyulillo, sino de Ocotito en el parque industrial de la misma localidad.
Para explicar lo anterior, dijo que el jueves 25 de enero en la mañana, fuerzas federales trataron de instalarse en el poblado de Coacoyulillo, y los vecinos no los dejaron entrar. “Sus razones tendrán”, dijo a modo de explicación.
Sin poder pasar se instalaron a un kilómetro y medio de la localidad, donde en la noche ocurrió un enfrentamiento, y la comisaria fue a solicitar el auxilio de los militares, que no la atendieron.
Para el viernes, dijo que cuando los soldados fueron al pueblo a sacar unos vehículos, los vecinos tampoco les permitieron el paso, y colocaron su campamento militar a unos 40 metros de distancia.
Añadió que el sábado, los comisarios de Tlahuizapa, Ocotito y Mojoneras visitaron a la comisaria de Coacoyulillo, que estaba muy alterada por lo sucedido, y, con el respaldo del Frente de Comisarios, los vecinos fueron al campamento a pedir a los soldados “amablemente” que se fueran.
Así los militares se instalaron en el parque industrial de El Ocotito, donde los vecinos de esta comunidad tampoco los querían y fueron a sacarlos, “unos 4 militares comenzaron a exaltar a todos: ‘que si se iban a dejar’, empezaron a bajarse los demás. Sí, llevábamos palos, pero a la gente no la puedes controlar. Ellos (los militares) empezaron a amedrentar a la gente, a empujarla, a decirle váyanse de aquí, la gente empezó con los palos”. Eso ocurrió en la base de la Guardia Nacional ubicada en el parque industrial.
Aseguró que los agentes golpearon a las mujeres con los palos que ellas llevaban, e hicieron disparos para amedrentarlas, pero finalmente, quien estaba a cargo tomó la decisión de retirarse.
Añadió que en 40 minutos de revuelta, de tres patrullas de la Guardia Nacional que inicialmente estaban en el lugar, aumentaron a 11. Asimismo, dijo que el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, lo llamó para reclamarle que haya incitado a la gente.
“Yo no incito, la gente nos obliga a ir porque confiaron en nosotros, ellos nos eligieron, ellos esperan lo mejor de la comunidad”.
Confirmó que en El Ocotito han pedido ayuda a las fuerzas federales para asuntos más pequeños que el enfrentamiento en Coacoyulillo el jueves, y éstas no responden.
“La Guardia Nacional parece estar de adorno. Algo se tiene que hacer en el Congreso para que esto funcione. El pueblo está reaccionando por meses y meses de crímenes”.
El comisario de Julián Blanco confirmó que no tiene respuesta de los soldados en caso de robos ni en problemas internos, como el caso de un hombre que amenazó a su esposa con un machete, y el sargento de un puesto de control le dijo que no podían intervenir sin una orden superior.
Trató de gestionar a través de la Secretaría de Seguridad Pública de Chilpancingo, Martha Icela Velázquez, la autorización, pero leyó su mensaje y no le respondió.
El comisario de Cajelitos, José Roberto, añadió que hay enojo social porque todos los días están muriendo personas, pese a la Guardia Nacional que está en la zona, “cuando le llamamos llegan media hora después, y pasan los que nos atacan en sus narices”, mientras las comisarías no disponen de policía del pueblo ni de cárceles.
El comisario de Petaquillas, Antonio Álvarez Flores dijo que los pueblos se unieron “porque la seguridad se le está complicando al gobierno, no lleva el rumbo que debería”.
Añadió que la Policía Comunitaria, desmantelada por el gobierno federal, sí respondía de manera inmediata, “ahora llamamos al 911 y no resuelven”.
Denunció que cuando matan personas a escasos metros de la base de la Guardia Nacional, no pasa nada, y ante un delito en flagrancia, dicen que tienen que esperar a que haya una orden para actuar.
También señalaron que el jueves el comisario de Los Cimientos fue a Coacoyulillo, y desde esa noche se desconoce su paradero.
Aseguraron que han hablado con la alcaldesa Norma Otilia Hernández Martínez, de esta situación, sin resultados. Coincidieron en que los pueblos tendrán que reorganizarse por la seguridad, por la ola de violencia en sus comunidades, con amenazas y extorsiones “de uno y otro grupo de la delincuencia”.
El comisario de El Ocotito adelantó que la asamblea del pueblo ya pidió integrar una policía de la comisaría pero el miedo sigue latente.

Toman pueblos de la sierra en Chilpancingo Los Jaleacos y la FM sigue atacando El Caracol

 

Lenin Ocampo Torres

Chilpancingo

Los Jaleacos tomaron pueblos de la sierra de Chilpancingo y la Familia Michoacana continúa tirando granadas con drones en El Caracol, municipio de Apaxtla.
Ayer pobladores de Coacoyulillo, en la sierra de Chilpancingo, denunciaron que un grupo armado al que identificaron como Los Jaleacos, llegó la noche del lunes y tomó la comunidad cateando y buscando gente en las casas.
Un poblador que pidió el anonimato informó que entraron a las viviendas de tres repartidores de refrescos que están desaparecidos desde el 3 de agosto, cuando viajaban en la carretera a Jaleaca y desde ahí no saben de ellos.
La versión es que al menos cien hombres fuertemente armados llegaron de noche a la comunidad que está a dos horas de Chilpancingo, intimidando y destruyendo las vías de comunicación que dan señal de Internet para evitar que la gente denunciara a los medios.
El denunciante dijo que desde ayer pidieron la presencia de las autoridades pero sólo llegaron a Tlahuizapa y se regresaron.
Por la tarde la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó en un comunicado que acudieron al lugar y no se encontró indicio de algún hecho delictivo.
El 4 de agosto El Sur publicó la desaparición Fernando, de 30 años, Jorge de 45 y Bonifacio de 30, que salieron el 3 de agosto a medio día hacia Jaleaca de Catalán, para repartir refrescos en tiendas de los pueblos.
Los tres hombres viajaban en una camioneta Toyota blanca y ya no regresaron a sus casas.
Los Jaleacos pertenecen a la llamada Federación Guerrerense (FG) que está conformada por Los Tlacos, Los Granados y Los Arreola.
Mientras tanto pobladores de El Caracol, municipio de Apaxtla, denunciaron que continúan los ataques de granadas con drones de parte de la Familia Michoacana.
Revelaron que desde hace varias semanas no pueden salir a pescar por el miedo de ser atacados y se están quedando sin víveres.
“No podemos ni agarrar mojarras para comer, la gente esta escondida con el miedo de que les caiga una bomba a sus casas, no hay dinero y tampoco hay forma de salirnos” comentó una pobladora.
Dijo que desde el sábado les han arrojado más de 30 granadas y en la entrada del pueblo y los cerros se enfrentan Los Tlacos y la FM.
La pobladora exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que garantice la seguridad de la comunidad donde se encuentra la presa El Caracol de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Desde enero la franja del río Balsas ha sido el escenario de la pelea por el territorio entre la Federación Guerrerense y la FM.

Carta de Apetlanca a Evelyn

Pobladores de Apetlanca municipio de Cuetzala del Progreso en la zona Norte, pidieron a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, que brinde seguridad porque no pueden realizar sus labores en el campo debido a los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada en ese lugar, y además han sido asesinados habitantes indiscriminadamente.
Advirtieron que están en “alerta máxima” y en disposición de defender sus familias y las pocas cosas que tienen de los grupos criminales.
En un documento dirigido a la gobernadora Evelyn Salgado y a la presidenta municipal de Cuetzala, Elizabeth Mendoza Damasio evidenciaron que desde hace varios meses denunciaron la presencia de gente armada en los alrededores de su comunidad y que han ocurrido asesinatos como el del comisario municipal, Giovanni Guadarrama Mora y de un trabajador de limpia.
“Somos un pueblo humilde que por años hemos estado marginados y sin opciones de desarrollo, pero ahora ni de vivir en paz y seguros podemos gozar no podemos realizar nuestras actividades del campo, porque asesinan a nuestra gente indiscriminadamente”, subrayaron.
En el escrito firmado por la Comisaría Municipal de Apetlantla, piden a las autoridades les brinden seguridad debido a los enfrentamientos entre grupos armados y por el asesinato del comisario en marzo de este año.
Denunciaron que les quitaron la seguridad que les brindaba el Ejercito y Guardia Nacional hace algunos meses. Dijeron que la presencia de las fuerzas federales les permitía vivir en paz, luego de que tenían años enfrentando amenazas de grupos armados en su pueblo.
Señalaron que ahora ni vivir en paz y ni seguros pueden estar porque no pueden realizar sus actividades del campo, al asesinarles a la gente del pueblo. “Estamos en alerta máxima, pero en disposición de defender nuestras familias y las pocas cosas que tenemos”, dijeron.
Responsabilizan al gobierno federal y estatal ante la omisión para atender las amenazas y de cualquier acontecimiento violento que pueda suceder en su pueblo contra las familias, como ha sucedido con todas las comunidades que han sido desplazadas en el municipio de Cuetzala ante la mirada inerte de las autoridades, que parecieran cómplices de esos grupos armados que pretenden adueñarse de la región.
En la localidad de Apetlanca operan grupos de la delincuencia organizada que tuvieron presunta responsabilidad en los ataques y la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014 y en julio pasado la Unidad Especial de la FGR realizó una búsqueda de los estudiantes.