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Pide la CNDH reformar la Ley de Registro Civil que impide casarse a personas con VIH

Daniel Velázquez

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación para que el Congreso local reforme la Ley 495 del Registro Civil y el Código Civil del Estado que impiden que a personas con VIH contraer matrimonio, pues violentan “el derecho al libre desarrollo de la personalidad y de formar una familia”.
La recomendación va dirigida a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Yanelly Hernández Martínez, así como a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos.
La recomendación general 48/2023 fue emitida el pasado 5 de abril, señala que el artículo 417 del Código Civil del Estado Libre y Soberano de Guerrero Número 358 establece como impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio la existencia de enfermedades crónicas e incurables, que sean, además, contagiosas o hereditarias; y obliga a los contrayentes a presenta certificado médico prenupcial, lo que es contrarios a lo establecido en la Constitución Política del estado.
La normativa vigente en la entidad, sostiene la CNDH también trasgrede a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Ley General de Salud.
La legislación de Guerrero también vulnera los tratados internacionales suscritos por México como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Humanos y Humanidad sobre los principios fundamentales de derechos humanos, la ética y la humanidad aplicables en el contexto del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).
En su recomendación la CNDH también señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que, la decisión de unirse en matrimonio o concubinato con una persona que padece una enfermedad crónica o incurable que sea contagiosa o hereditaria, solo le corresponde a quien puede sufrir ese riesgo.

Discriminación estructural

En el documento se menciona que “La heterosexualidad como orientación sexual normativa, ha sido una de las principales causas para definir la homosexualidad como enfermedad, delito, o pecado, y demás connotaciones negativas relacionados con ella. Lo anterior se interpreta como una consecuencia en los inicios de la pandemia de VIH y Sida y que perdura hasta nuestros días; se ha asociado a la homosexualidad con el VIH, considerando al padecimiento como consecuencia/castigo de esta orientación sexual.
También señala “la criminalización del VIH es un fenómeno que se usa para promulgar leyes que castigan la conducta de las personas que se sospecha pueden transmitir el VIH y cuya aplicación se dirige específicamente a esta población”.
En su recomendación, la CNDH expone que “las personas que viven con VIH o Sida enfrentan una situación de discriminación estructural derivada de su estado de salud, situación caracterizada por la vulneración o negación sistemática de diversos derechos. Dicha negación responde a la presencia de estereotipos y prejuicios sobre el VIH o Sida. Debido a los estigmas, la discriminación, el rechazo y las violencias contra las personas con VIH durante los primeros 20 años de esta pandemia, se creó un imaginario social que orilló a la población a considerar que el virus es de fácil trasmisión y que su propagación es “culpa” de quienes viven con VIH, en lugar de asumir que el combate al VIH es un problema social y de salud pública que el Estado debe prevenir y atender.
Destaca además los avances científicos en el campo de la medicina han logrado alargar la expectativa de vida de las personas que viven con VIH, así como mejorar considerablemente la calidad de éstas a través del tratamiento antirretroviral

Las recomendaciones

La CNDH consideró que la Secretaría de Gobierno, junto con la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero y el Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) deben capacitar de manera periódica a los funcionarios de la Dirección de Registro Civil “para prevenir que se vulneren los derechos humanos de las personas que viven con VIH o Sida y/u otras enfermedades crónicas e incurables, contagiosas o hereditarias, cuando decidan contraer matrimonio”.
También se recomienda emitir circulares de “observancia obligatoria” en tanto no se reforman las leyes para que los oficiales del Registro Civil actúen “conforme al estándar nacional e internacional más alto, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia que proceda en favor de las personas solicitantes, guiando su actuación conforme al criterio establecido por la SCJN en el Amparo en revisión 670/2021, y en la normatividad nacional e internacional invocada en la presente Recomendación”.
A las autoridades estatales les recomienda que presenten una iniciativa para reformar las disposiciones legales que regulan la figura del matrimonio. A los diputados intervenir para legislar.

 

Emite la CNDH recomendación a la SSCP, Guardia Nacional y FGE por caso de tortura

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad de Protección Ciudadana (SSPC), a la Guardia Nacional y a la Fiscalía General del Estado (FGE), por violaciones de derechos humanos a una persona.
Mediante un comunicado de prensa, la CNDH publicó la Recomendación 91VG/2023 dirigida a la secretaria de Seguridad Rosa Icela Rodríguez, al comisionado general de la Guardia Nacional, David Córdova y la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos.
Se explica que la recomendación se emitió debido a violaciones graves a los derechos humanos a la integridad de la persona por actos de tortura contra una víctima, presuntamente atribuibles a integrantes de la Guardia Nacional y de la Fiscalía, en el municipio de Chilpancingo.
La Comisión relató que el 21 de febrero y 7 de marzo de 2022, recibieron escritos de la víctima quejándose de que el 18 de febrero de 2022, detallando la situación en la que se realizaron los agravios.
“Vio que corrían varias personas, las cuales eran perseguidas por efectivos de la Guardia Nacional, por lo que apresuró el paso y se refugió en los baños de la presidencia municipal, de donde lo sacaron y, en las puertas del Ayuntamiento, los guardias federales lo golpearon en diversas partes del cuerpo, lo tiraron al piso, lo patearon, lo colocaron boca arriba y le cubrieron la cara con una franela a la que le echaron agua para asfixiarlo mientras le preguntaban los nombres de los ‘halcones’, además de señalarlo como uno de ellos”, describe la Comisión.
Indicaron que posteriormente, el 19 de febrero, la víctima fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía del estado en el municipio de Acapulco, donde personal de la dependencia le torturó física y sicológicamente.
“La madrugada del 19 de febrero de 2022, la víctima fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía del estado en la ciudad de Taxco de Alarcón, Guerrero, donde personal de la institución metió su cabeza a una taza de baño y le volvieron a cuestionar si era ‘halcón’ y los nombres de sus cómplices, además de torturarlo psicológicamente al amenazarlo con hacerle daño a su familia si no confesaba”, explicaron.
Afirman que debido a que no tuvieron respuesta, a la persona en cuestión se le trasladó al municipio de Chilpancingo y fue puesto a disposición del Ministerio Público, quien lo consignó al Centro de Reinserción Social.
Añadieron que debido a un análisis, estudio y valoración de evidencias, la Comisión afirmó la violación de derechos humanos por actos de tortura en agravio de la víctimas, esto por parte de integrantes de la Guardia Nacional y la Fiscalía.
“Del análisis, estudio jurídico y valoración de las evidencias, la CNDH acreditó la violación grave de los derechos humanos a la integridad personal y a trato digno, por actos de tortura, en agravio de la víctima por parte de elementos de la Guardia Nacional y de la Fiscalía de la entidad, por lo que solicitó al comisario de la GN y a la fiscal del estado que procedan a la inmediata reparación integral del daño causado, otorgando la atención médica y psicológica que requiera la víctima”, externó la Comisión.
De igual forma, la CNDH exhortó tanto a la Guardia Nacional como a la Fiscalía a colaborar en la carpeta de investigación e identificación de los agentes que participaron en los actos de tortura.
“Asimismo, esta Comisión Nacional pide que ambas dependencias colaboren en la integración de la Carpeta de Investigación iniciada por lesiones a la víctima y se investigue y determinen la responsabilidad de cinco personas servidoras públicas adscritas a la Guardia Nacional y una más al Ministerio Público. Asimismo, deberán identificar a los agentes que participaron en los actos de tortura a la víctima mientras permaneció en la ciudad de Taxco y que no firmaron ningún documento”.
La CNDH recomendó un curso de capacitación dirigido a personas servidoras públicas de las dependencias que realicen actividades de seguridad pública en Guerrero sobre la prevención de la tortura.
 

Siguen pláticas en busca de planillas de unidad para elección de directores en la UAG: Efrén Arellano

A un día del registro para directores en las escuelas de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), el coordinador de la Zona Sur, Efrén Arellano Cisneros, informó que siguen las pláticas para sacar planillas de unidad y adelantó que en las preparatorias 7 y 27 ya hay el acuerdo de ir unidos para la dirección.
En declaraciones al concluir el informe del director de Economía, en el Campus Llano Largo, el coordinador informó que en las escuelas se avanza para alcanzar la unidad, pues el rector Javier Saldaña ha pedido hacer hasta lo imposible para tener candidaturas de unidad y evitar la división en las escuelas.
Dijo que está en pláticas de manera interna en cada una de las escuelas, para ir viendo la posibilidad de candidaturas de unidad porque “eso ayuda mucho al desarrollo y avance de las escuelas”. Aunque señaló que también hay varios que van a querer entrar a una competencia y es parte de la democracia, que eso es bienvenido donde no se puedan poner de acuerdo en la unidad.
Indicó que su recomendación es que en los días de campaña sólo se presenten propuestas e iniciativas que permitan que la escuela avance académicamente, “evitar por todos los medios hacer comentarios que denigren la integridad de los contendientes, a efecto de que no haya una división que después sea muy difícil cerrar, cuando pase el proceso, y se dificulten los trabajos internos académicamente hablando”.
Sobre las escuelas con planillas de unidad para la dirección, dijo que las prepas 7 y 27, y que se sigue trabajando en las facultades de Contaduría, Derecho y Medicina, y confió en que en las horas antes del registro se logren la mayoría de las candidaturas por unidad.

 

Atrae la CNDH la investigación sobre la masacre en Las Cruces y emite recomendación a Astudillo

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), atrajo las investigaciones de la masacre en el penal de Las Cruces en Acapulco y emitió la recomendación 2/2017 al gobernador Héctor Astudillo Flores “por la subsistencia de situaciones apremiantes a atender y prevenir condiciones que puedan derivar en tortura o maltrato a las personas privadas de la libertad” en los penales de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa, Iguala y Taxco.
La CNDH informó en un boletín este miércoles que atrajo las investigaciones del caso para investigar las violaciones a los derechos humanos.
Asimismo, el organismo informó que mediante diversas visitas realizadas a los cinco centros de reclusión del estado, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) constató que persisten situaciones de riesgo que en el caso del centro de Acapulco derivaron en los hechos violentos que dejaron 28 reclusos muertos y tres heridos.
El boletín establece que de inmediato personal de la CNDH se trasladó a las instalaciones de ese centro penitenciario, donde permanece realizando las investigaciones correspondientes.
Antes, los centros penitenciarios que habían sido visitados son los de Acapulco, Chilpancingo, Chilapa de Álvarez, Iguala y Taxco.+

Se informó de las irregularidades

La CNDH informó que entre las irregularidades encontradas en esas cárceles por el Mecanismo destacan la existencia de condiciones de autogobierno, la insuficiencia de personal y falta de capacitación, sobrepoblación y hacinamiento; asimismo, cobros indebidos y áreas de privilegio, falta de espacios exclusivos para mujeres, deficiencia en la atención médica, instalaciones en malas condiciones de mantenimiento, inadecuada higiene, insuficiente suministro de alimentos o de mala calidad, e irregularidades en la imposición de sanciones disciplinarias.
“Esto consta en los informes respectivos emitidos en agosto de 2016 y en mayo de 2017, con el propósito de impulsar las acciones necesarias para optimizar el trato y condiciones de internamiento de las personas privadas de la libertad en los centros de reclusión de la entidad, así como analizar y evaluar su correspondencia con los derechos fundamentales, la legalidad, la seguridad jurídica, la protección de la salud y la integridad personal”, estableció el comunicado.
Agregó que ante la situación imperante en esos centros de internamiento, el MNPT realizó recomendaciones puntuales al gobierno del Estado de Guerrero, consistentes en que es necesario contar con instalaciones apropiadas, dotar a los internos de alimentación adecuada, atender el problema de la sobrepoblación y hacinamiento, tener establecimientos específicos para mujeres y eliminar las condiciones de autogobierno.
En la recomendación firmada por el presidente de la CNDH y enviada al gobernador Héctor Astudillo Flores, con fecha del 10 de julio, se pide también llevar a cabo programas de prevención y atención de la violencia; y reglamentar adecuadamente la imposición de sanciones disciplinarias.
Asimismo, mejorar las condiciones que permitan el acceso al derecho a la protección de la salud óptimamente y armonizar su normatividad, de conformidad con las legislaciones nacional e internacional vigentes y con los estándares existentes.
En cuanto a instalaciones apropiadas, la recomendación pide realizar de inmediato una evaluación sobre el mantenimiento y equipamiento de los penales para planear y programar a corto, mediano y largo plazo, la asignación de recursos suficientes para que las instalaciones reúnan las condiciones de habitabilidad y de higiene que permitan a las personas privadas de la libertad una estancia digna, particularmente que cuenten con planchas y colchonetas suficientes para dormir; iluminación, ventilación e instalaciones sanitarias en adecuadas condiciones de funcionamiento que permitan privacidad y suministro de agua para satisfacer requerimientos individuales mínimos.
En el aspecto de alimentación adecuada, la CNDH recomienda realizar de inmediato las acciones pertinentes para garantizar que todas las personas privadas de la libertad en los Ceresos reciban tres veces al día y en horario establecido, alimentos cuyo valor nutritivo sea suficiente para el mantenimiento de su salud, poniendo atención en su calidad e higiene.
Para resolver el problema de sobrepoblación y hacinamiento, el organismo demanda girar instrucciones para que de inmediato se procure una adecuada distribución que atienda a la clasificación y separación de los internos que marca la Ley y se eviten áreas que sobrepasen su capacidad.
Otra de las recomendaciones se refiere a las instalaciones para mujeres y al respecto pide prever los recursos presupuestarios para la construcción de un centro femenil en el Estado, que reúna las condiciones previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como en las Reglas de Bangkok y la Convención sobre los Derechos del Niño.
Asimismo, para resolver el problema de autogobierno, la CNDH pide realizar de inmediato una evaluación de las necesidades en materia de personal de seguridad, vigilancia y custodia que se requieran para garantizar la tranquilidad, la disciplina el orden y la gobernabilidad de los centros de reclusión, para que la autoridad penitenciaria ejerza las funciones que legalmente le corresponden e imposibilite que los internos participen en ellas, y para evitar cualquier clase de abuso contra la población recluida, los cobros ilegales y forzados y la existencia de privilegios de cualquier naturaleza.
También exige la contratación del personal con el perfil adecuado, “con competencias profesionales de acuerdo a los fines del Sistema Penitenciario, de conformidad con las observaciones y recomendaciones contenidas en el pronunciamiento denominado Perfil del Personal Penitenciario en la República mexicana”, emitido por esta Comisión Nacional en 2016.
Con respecto a la imposición de sanciones disciplinarias, la CNDH recomienda girar instrucciones para que las sanciones disciplinarias en las cárceles sean impuestas conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal y con base en la Recomendación General 22 sobre las prácticas de aislamiento en los centros penitenciarios de la República mexicana, emitida por este Organismo Nacional el 13 de octubre de 2015.
Con respecto al servicio médico, pide realizar las gestiones correspondientes para que a la brevedad posible, cuenten con los servicios de personal médico y de enfermería suficiente, medicamentos, instalaciones y equipo necesarios para brindar a las personas privadas de la libertad una atención médica adecuada.
En cuanto a normatividad, el organismo nacional, establece que “es necesario actualizar o emitir uno o los reglamentos que se requieran para los centros de reinserción social del Estado de Guerrero, de conformidad con la normatividad vigente, en un plazo de seis meses, informando trimestralmente al respecto.
El documento de la CNDH emplaza al gobierno del estado para que vaya informando trimestralmente el cumplimiento de la recomendación.

Termina el ciclo escolar y la SEG no envió seis maestros que faltan para los niños de El Coyul

Está por culminar el ciclo del preescolar 30 de Abril y la primaria bilingüe Ignacio Manuel Altamirano, de El Coyul, municipio de Cochoapa el Grande y los niños no tuvieron los seis maestros que necesitan.
La Secretaría de Educación Guerrero (SEG) no ha cumplido con la recomendación 022/2017 que emitió la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum), para garantizar en estas escuelas el derecho a la educación con personal e infraestructura necesaria.
“Que el gobernador (Héctor Astudillo Flores) se entere de que el secretario (de Educación) José Luis González de la Vega Otero no está cumpliendo con esta recomendación, y que más bien ni siquiera la tiene dentro de su agenda prioritaria, para darle respuesta a una demanda legítima, que en justicia están planteando los papás, los maestros y los mismos niños”, señaló el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
En consulta telefónica, el director lamentó que no se haya cumplido la recomendación de la Codehum.
El 2 de mayo, el presidente de la Codehum, Ramón Navarrete Magdaleno, expuso que la SEG había pedido una prórroga por el periodo vacacional de Semana Santa para cumplir con la recomendación, y dijo que ya estaba por vencerse.
Abel Barrera abundó que no se ha recibido ninguna respuesta formal de la SEG, y dijo que entendía que todo quedó por parte de la dependencia estatal en un mero trámite burocrático, que para las autoridades no les representa ninguna prioridad, ningún interés, ni mucho menos les preocupa que los niños y niñas estén cerrando este ciclo escolar sin haber contado con los maestros y maestras que recomendó la Codehum.
“Tampoco sabemos formalmente cuál es la postura en términos de cómo dar cumplimiento a la recomendación, lo que sí hemos percibido de la autoridades es que no tienen pues el dato así muy claro, muy preciso de lo que significa esta recomendación, de lo que implica en términos de atender un planteamiento de una comisión pública de derechos humanos. Eso es clave porque está muy distante el sentir de la gente, el sentir de los niños y pues la manera en cómo está atendiendo y entendiendo la autoridad educativa del estado esta urgencia”, detalló el director.
Contó que el miércoles estará en El Coyul en las clausuras de las escuelas, porque el organismo será el padrino, y que aprovechará para decirles que tiene que redoblar esfuerzos, porque la autoridad educativa hasta el momento no ha dicho cuándo va a mandar a los docentes.
Resaltó que el llamado que hace a González de la Vega Otero es que la mejor forma de mostrar compromiso es asignar personal docente para este nuevo ciclo escolar, porque también le debe quedar claro que van a entrar nuevos niños y que esto implica que se requerirán más docentes, y lamentó que eso no se estaba previendo.
Recordó que el preescolar mínimo necesita dos maestros y en la primaria cuatro.
Barrera Hernández indicó que se ve una dilación y desinterés de las autoridades por atender hasta las mínimas recomendaciones públicas de derechos humanos, que serían precisamente unos planteamientos que hay que darle solución, que son para niños indígenas que ya llevan años sin tener maestros.
Dijo que se ve que no se está viendo cómo ir resolviendo estas necesidades urgentes en las regiones más olvidadas, que es algo grave, que habla del trato discriminatorio que se le da a estos niños.
“Vamos a seguir buscando los recursos jurídicos que están a nuestro alcance para hacer valer este derecho, porque no podemos continuar con esa indolencia de las autoridades, ser cómplices de este trato desigual y discriminatorio”, sostuvo.

Situación de otras escuelas en la Montaña

El director de Tlachinollan manifestó que hay problemas como en El Coyul en otras escuelas de la región, en términos de quejas no se han formalizado, que en la mayoría de las escuelas han apelado más a la movilización social, a la presión pública y a los plantones.
Dijo que así está sucediendo con las escuelas de Atlixtac, de Acatepec, que ya llevan tres años movilizándose para ir desahogando sus demandas, y que hasta la fecha todavía no han sido satisfactoriamente cumplidas.
Dijo que igual pasa en Tlapa, que son varias escuelas, que también ha sido por la manifestación por donde han encontrado solución.
“Hemos planteado la necesidad de documentar los casos, hay maestros que sí la han solicitado, pero el procedimiento que es lento, que es burocrático y que pues al final concluyen con una recomendación como pasó con las de El Coyul, que es en verdad reconocer que se está violentando el derechos a los niños a la educación, sin embargo para las autoridades esta recomendación es letra muerta”, indicó.
Agregó que eso pasa porque no son vinculantes, no se les obliga por ley a que cumplan las recomendaciones, sino que son recomendaciones de índole moral.
La autoridad no hace caso a estos planteamientos, por eso es lamentable que la gente deje de creer en los recursos jurídicos y en las mismas instituciones, porque las mismas autoridades se encargan de denostarlas, de ignorarlas, de no cumplir con el mandato que tienen y de hacer ver al ciudadano que de nada sirve que hagan el procedimiento, recalcó.

Emite la AGE seis recomendaciones a la UAG sobre transparencia y rendición de cuentas

La Auditoría General del Estado (AGE) emitió seis recomendaciones a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) sobre transparencia, rendición de cuentas y evaluación al desempeño, entre las cuales destaca que la institución debe contar con un manual de riesgos que incluya las acciones a implementar cuando no se cumplan metas y un sistema de captación de denuncias en contra de funcionarios que incurran en faltas.
Este lunes, antes de la toma de protesta del Comité de Ética, Integridad y Conducta de la UAG, en el auditorio de la Rectoría y a la que no fueron convocados medios de comunicación, la tesorera general, Leticia Jiménez Zamora, dio a conocer las recomendaciones de la AGE luego de la auditoría que aplicó del 30 de mayo al 6 de junio, en la que “se evaluó el control interno, eficacia, transparencia y resultados”.
De acuerdo con Jiménez Zamora, la base de la auditoría fue el sistema de gestión de calidad, lo que permitió que en las áreas en las que se hizo la revisión se pudiera cumplir con los lineamientos señalados, aunque no precisó en qué áreas de la administración central se hizo el análisis.
Dijo que la primera recomendación de la AGE es que la UAG mejore los Programas Operativos Anuales (POA), ya que sólo cuenta con ellos a nivel general pero todas áreas deben implementarlos, ante la situación, Jiménez Zamora pidió que haya coordinación con la dirección general de Planeación para así obtener mejores resultados.
En la segunda recomendación, la AGE señaló que la UAG no tiene un manual de riesgos definido para acciones a seguir cuando no se cumplan metas establecidas, por lo que éste será elaborado e implementado en la institución; la tercera, es que se difunda el del código de ética.
Al respecto, Jiménez Zamora dijo que en el segundo rectorado de Javier Saldaña Almazán, se incorporó al código la conducta e integridad de los funcionarios debido a “eventos” que permitieron la implementación de nuevas directrices para mejorar el desempeño de los funcionarios y evitar que incurran “en una irresponsabilidad”.
La cuarta es que la UAG implemente un instrumento de captación de denuncias en contra de los funcionarios que no cumplan con sus actividades o incurran en faltas; la quinta y sexta, es que se mejore el Sistema de Gestión de Calidad y todas las áreas de la institución, estén o no certificadas, se coordinen con la dirección general de Planeación para que se implementen flujogramas, lo cual generará condiciones óptimas para la certificación.
Saldaña dijo que todas las instituciones y “nosotros, aunque seamos autónomos, no nos podemos excluir de esta responsabilidad como universitarios de cuidar y salvaguardar el patrimonio de la universidad, somos responsables de lo que se pueda llevar a cabo en prejuicio de la institución”.
Dijo que los cambios al respecto de la ética en la universidad se hicieron para evitar que los funcionarios incurran en faltas, como se demostró en distintas auditorías que se aplicaron a la institución, según dio a conocer en días pasados en distintos actos.
Luego se llevó a cabo la toma de protesta del comité, que integran Jiménez Zamora, la directora de Planeación y Evaluación, Arely Almazán Adame; el contralor general, Javier Anaya Manzanárez; el director de Educación Media Superior y Superior, Javier Casiano Reachi; la directora de Posgrado e Investigación, Berenice Illades; el director de Extensión Universitaria, Confesor Díaz Terrones; de Recursos Humanos, Ángel Carrillo Chora; de Atención Estudiantil y Gestión Escolar, Armando Guzmán Zavala; el coordinador de Vinculación, Juan Carlos Rodríguez Escamilla y Saldaña Almazán, fungirá como presidente.

Sigue el incumplimiento de la SEG del derecho a la educación de niños de El Coyul, denuncian padres

Autoridades de la comunidad na savi de El Coyul, municipio de Cochoapa el Grande, denunciaron el incumplimiento de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) a una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos(Codehum), de garantizar a la brevedad el derecho a la educación de niños de las escuelas preescolares 30 de Abril y primaria federal bilingüe Ignacio Manuel Altamirano.
Exigieron al secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero, el envío de los maestros que exigieron o emprenderán acciones que sean necesarias para que el derecho a la educación de los niños indígenas sea garantizado.
En un comunicado firmado en conjunto con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlahinollan, madres, padres y autoridades comunitarias de El Coyul, informaron de la queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos que derivó en la recomendación 022/2017, el mes pasado.
Ahí denunciaron la sobrepoblación en las aulas, el déficit de personal docente y falta de infraestructura en los dos únicos centros educativos de la localidad El Coyul, y la desatención de la SEG, a donde acudieron en diferentes momentos madres, padres de familia y autoridades comunitarias, a exigir más personal y ampliación del edificio.
Ante la omisión de las autoridades, el 16 de noviembre de 2016, autoridades municipales y la asociación del comité de padres de familia del plantel 30 de Abril y representantes de la primaria Ignacio Manuel Altamirano interpusieron una queja formal ante la comisión.
La denuncia es “por actos violatorios a los derechos humanos, cometidos de manera directa por el secretario de Educación de Guerrero, el director de educación Guerrero y el delegado regional de los Servicios Educativos de la Montaña alta, en agravio de los pobladores de la comunidad de El Coyul, por conculcar el derecho a la educación”.
Cuatro meses después, el 29 de marzo de 2017, la Codehum notificó a la SEG la recomendación 022/2017, donde dice que por acciones y omisiones la SEG vulneró el derecho a la educación y de petición de la niñez indígena de El Coyul.
Pide al secretario González de la Vega Otero que a la brevedad “se tomen las medidas pertinentes con la finalidad de proveer de forma permanente los docentes que sean necesarios para el preescolar 30 de Abril y primaria federal bilingüe Ignacio Manuel Altamirano” a fin de “restituir a los niños y niñas, el goce de su derecho a la educación”.
Asimismo, que se inicie el procedimiento administrativo que establece la ley, de determinar las responsabilidades de los servidores públicos del estado y los municipios, y en particular, en contra del delegado regional de Servicios Educativos de la Montaña alta, con sede en Tlapa, por vulnerar los derechos de petición, de educación e igualdad de los quejosos.
Que se garantice a las escuelas de El Coyul la infraestructura educativa, que asegure a los niños una educación digna y de calidad, en los términos previstos en el artículo tercero constitucional.
Sin embargo, a un mes de la notificación, la SEG no ha respondido a la comisión, ni atendió las recomendaciones, pese a que desde la fundación del jardín de niños, en 1982, sólo la sido atendidos por un maestro, que está a cargo de impartir clases a 80 alumnos, más la dirección, la administración y la intendencia.
Precisaron que en 2012, cuando la matrícula aumentó a 90, la SEG envío un segundo maestro y para el ciclo 2014-2015 se incrementó a 138.
Ese año, de manera arbitraria la SEG emitió un circular para indicar que sino tenían suficientes maestros que prescindieran del primer año, es decir, excluir a 50 niñas y niños del goce pleno al derecho de la educación.
Los docentes mantuvieron el año pasado los tres grados de la escuela, y este año, con 93 alumnos del ciclo escolar 2016-2017, dejaron de brindar el servicio de primer grado.
En el caso de la primaria bilingüe, explicaron que tiene 12 grupos con 279 estudiantes y siete maestros, una docente está a cargo de la dirección y frente a grupo.
Con las asociaciones de padres de familias, urgieron a González de la Vega Otero a aceptar y atender la recomendación del organismo, a tomar las acciones necesarias para garantizar que los niños puedan desarrollarse plenamente, para contribuir a la erradicación del analfabetismo, la marginación, la discriminación, y la pobreza extrema que existe en la región de la Montaña.
Lamentaron el desinterés de la SEG en atender derechos fundamentales, sobre todo en este municipio, que ocupa el primer lugar en rezago social, marginación y pobreza extrema nacional y estatalmente, y 75.81 por ciento de la población es analfabeta.