Se confirmaron las versiones publicadas en estas páginas y ayer la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, tomó protesta como
La encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, posa con Francisco Rodríguez Cisneros mostrando el oficio de nombramiento como subsecretario de Desarrollo Político y Social Foto: Gobierno del estado
a Francisco Rodríguez Cisneros, quien se desempeñaba como director general de Gobernación de la dependencia.
Rodríguez, viejo colaborador de Félix Salgado Macedonio, con quien trabajó cuando éste fue alcalde de Acapulco en el trienio 2005–2008, sustituye a Oscar Chávez Rendón, quien de acuerdo con fuentes de esa dependencia fue presionado por el mismo senador y padre de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda para que dejara el cargo.
Aunque la Secretaría de Gobierno sólo dio a conocer el nombramiento de Rodríguez Cisneros mediante un boletín de dos párrafos y una fotografía, fuentes informaron que en la Dirección de Gobernación fue designado Juan Méndez Nogueda, quien era delegado de Gobierno en la Costa Grande.
En el boletín de prensa de la dependencia se informó que “con la representación de la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, tomó protesta a Francisco Rodríguez Cisneros como Subsecretario de Desarrollo Político y Social de esta dependencia”.
Agrega el comunicado que “durante el acto, López Vega conminó al funcionario a guardar y hacer guardar la Constitución Política del Estado y cumplir fiel y patrióticamente con los deberes de su nuevo encargo, así como conducirse bajo los principios de transformación y honorabilidad que la sociedad guerrerense demanda.”
Otro cambio que ya se había adelantado también en estas páginas, pero del que no se informó, fue el del delegado de Gobierno en la zona Centro, Raúl Suárez Martínez, quien fue sustituido por Rafael Julián Arcos, quien se desempeñaba como director de Negociaciones de la misma Secretaría.
El cambio de funcionario en ésta área se dio a las 3:30 de la tarde de ayer, según informaron las fuentes.
Otro de los funcionarios relevados es Juan Organista, quien se desempeñaba como director de Concertación Social y quien forma parte del grupo político de Oscar Chávez Rendón. En su lugar fue designado Mario Robles Domínguez, primo de la diputada local con licencia Yoloczin Domínguez Serna, actual candidata a diputada federal por Morena en el distrito 02 de la zona suburbana y rural de Acapulco.
De manera extraoficial se informó asimismo que López Vega será ratificada como secretaria general de Gobierno.
Rodríguez Cisneros y Rafael Julián Arcos forman parte del grupo del ex secretario Ludwig Marcial Reynoso Núñez, quien renunció el 14 de marzo, junto con el secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera, después del asesinato del estudiante de la Normal Rural de Ayotzinapa, Yanqui Kothan Gómez Peralta. Ese mismo día la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, también anunció la remoción de su cargo de la fiscal General del Estado Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Los ahora ex secretarios Reynoso Núñez y Solano Rivera, ofrecieron una conferencia de prensa junto con el director de Gobernación Rodríguez Cisneros horas después del asesinato del estudiante en la que aseguraron que los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa dispararon contra los policías estatales quienes al responder a la agresión hirieron a Yanqui Kothan, quien horas después murió en el hospital del Bienestar Raymundo Abarca Alarcón.
Dijeron que la “confrontación” se dio cuando los policías les marcaron el alto cuando descubrieron en un arco detector que la camioneta en la que viajaban era robada. También informaron que los estudiantes llevaban un arma y droga en la camioneta.
La versión fue desmentida al día siguiente por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y el 14 de marzo la gobernadora Salgado Pineda informó que había aceptado su renuncia de los dos funcionarios y anunció la remoción de la fiscal.
Normalistas de Ayotzinapa durante el bloqueo en la Autopista del Sol este domingo, para demandar a las autoridades educativas que se mejore la infraestructura de la normal rural Foto: Jessica Torres Barrera / Archivo
María Avilez Rodríguez
Chilpancingo
Alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa y autoridades del gobierno estatal tuvieron una reunión este lunes, luego de que bloquearon la Autopista del Sol el domingo, en la cual se planteó la renovación de la infraestructura educativa.
Por teléfono, el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que en la reunión también estuvo presente el titular de la Subsecretaría de Administración y Finanzas, de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), Alejandro Moreno Lira.
“Le estamos dando seguimiento a todo lo que solicitan los estudiantes de Ayotzinapa, en cuanto a las prácticas profesionales que realizan y de la infraestructura de la escuela”, destacó el funcionario estatal.
–¿Los alumnos fijaron algún monto en cuanto al problema de infraestructura?–se le preguntó.
–No, ninguno, se acordó que este marte se acudirá a la normal para revisar la infraestructura.
Sostuvo que las autoridades estatales continuarán dialogando con los normalistas, quienes además le solicitaron plazas, pero les dijeron que deben acatar el procedimiento que establece la Unidad Estatal del Sistema para la Carrera de los Maestros y las Maestras (Uesicamm) para acceder a una, “a ellos ya les quedó claro que se tienen que sujetar a los procesos”.
No hay avances en sus peticiones: FUNPEG
Por separado, en un video difundido en Facebook, miembros del Frente Unido de Normales Públicas del Estado de Guerrero (FUNPEG) denunciaron que este lunes se reunieron con autoridades de la SEG, pero que no tuvieron avances en su pliego petitorio.
Indicaron que en la reunión estuvo el titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña; la subsecretaria de Educación Superior, Lucila Rangel, y el subsecretario de Administración, Alejandro Moreno; sin embargo, los funcionarios los trataron de una forma grosera.
De acuerdo con las autoridades estatales, los alumnos de las ocho normales públicas agremiadas en el FUNPEG piden computadoras de alta gama, por encima de los 25 mil pesos, y uniformes de marca.
Los miembros del FUNPEG destacaron que están en la mejor disposición de dialogar, pero siempre y cuando las autoridades les den una mesa resolutiva.
Por su parte, la SEG en un comunicado informó que se había reanudado el diálogo con los representantes del FUNPEG, pero por un “desacuerdo sobre el precio del equipo de cómputo, que cuesta el doble del que propone la SEG. Se levantaron de la mesa”.
En el escueto comunicado, la SEG llamó a los normalistas a mantener el diálogo para llegar a acuerdos.
Los integrantes del FUNPEG desde hace dos semanas se han manifestado en la capital y suspendieron clases para exigir al gobierno estatal material didáctico.
El director de Gobernación del municipio Ramón Montiel Mejía y el del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, en el bloqueo que personas no censadas o que no habían recibido los apoyos para reconstrucción por afectaciones del huracán Otis, mantenían en la glorieta de La Diana Foto: Carlos Carbajal
Argenis Salmerón
Unos 300 vecinos de diferentes colonias, bloquearon la avenida Costera durante 35 horas de manera ininterrumpida para exigir el apoyo del gobierno federal tras el impacto del huracán Otis.
Se quejaron que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no le dan importancia al movimiento y prefieren el desgaste físico de los inconformes.
El bloqueo inició el lunes a las 9 de la mañana y cerraron los dos carriles de la avenida Costera, en la glorieta de La Diana, la Costera vieja y la avenida Farallón.
Los manifestantes informaron que durmieron la noche del lunes en la glorieta de La Diana, sin ser atendidos por el gobierno federal.
Advirtieron que no se iban a mover hasta ser atendidos por la secretaria del Bienestar federal, Ariadna Montiel Reyes, en la glorieta de La Diana.
Argumentaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció la ayuda para todos y que nadie se iba a quedar sin el apoyo.
Ante esta situación, las personas que iban a trabajar caminaron el tramo de la Condesa hasta adelante de Galerías Acapulco, que abarca 400 metros lineales.
Además, las personas pagaron doble pasaje para llegar a sus trabajos, lo que causó inconformidad y expresiones hacia los manifestantes como “pónganse al trabajar”.
Los vecinos mostraron los cintillos (que acreditan que fueron censados oficialmente), además de fotografías de los daños de las viviendas afectadas por el huracán Otis.
En declaraciones a reporteros, Miranda Ojeda Pérez se quejó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no le dan importancia al bloqueo de La Diana.
Añadió que las propuestas de las autoridades no son suficientes ni satisfactorias para las personas no censadas.
“Somos acapulqueños, no somos ni de Toluca ni de Puebla, puro Acapulco, entonces que nos den respuesta”, puntualizó.
La vecina Marcelina Peláez Ramos contó que ella tiene el cintillo del censo de su vivienda y los “Servidores de la Nación” no le quisieron dar el apoyo, porque justificaron que “otra persona había cobrado por mi”.
“Yo ubiqué a la persona, constanté sus documentos, los llevé a los módulos y presenté los dos documentos y no me han dado respuesta”, sostuvo.
Explicó que compró un terreno grande y le repartió un “pedazo de tierra” a cada uno de sus hijos, dando carta de posesión, “y ellos se censaron porque tiene casa y familia y a mi casa no le quieren dar el apoyo”.
Criticó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno no le están dando validez al movimiento, “sus propuestas no son satisfactorias ni suficientes”.
A las 10:30 de la mañana unos 100 agentes de la Guardia Nacional con equipo antimotínes llegaron a la gasolinería de La Diana.
Después de una hora, seis patrullas de la Policía del Estado llegaron al bloqueo con agentes con equipo antimotínes.
Hay una lista de 13 mil no censados, lo que es “sospechoso”: Gobernación estatal
El director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, afirmó que hay 13 mil personas no censadas de acuerdo con la lista entregada, siendo que en el movimiento hay una menor cantidad.
En declaraciones a reporteros en la glorieta de La Diana, el funcionario afirmó que la cantidad de 13 mil personas no censadas hace “sospechar”.
Indicó que hay 60 personas que cuentan con cintillos (acredita que ya fueron censadas) y que mañana podrán cobrar el beneficio del gobierno federal.
Añadió que las demás personas tendrán que cumplir los requisitos que establece la Secretaría del Bienestar federal.
Ejemplificó que durante la última visita del presidente Andrés Manuel López Obrador se atendieron 164 personas que tenía credenciales de la Ciudad de México y Estado de México y “hacen una vida plena allá” y no radican en Acapulco.
“Se han detectado una serie de abusos de un grupo de personas que no son de la ciudad, son personas de otras entidades que vienen a la ciudad y buscan sorprender”.
Rodríguez Cisneros acudió ayer a dialogar nuevamente con los manifestantes para disuadir el movimiento.
Informó que hoy los que tienen cintillos (que acredita que fueron censados), se les iba a pagar en el Instituto Tecnológico de Acapulco, dando un total de 60 casos.
Explicó que las personas que todavía no tienen sus datos tienen que cumplir con los requisitos como acreditar su personalidad (INE), comprobante de domicilio y sujetarse a una revisión de la casa.
Porque, aseguró que “3 mil y 10 mil personas en una lista, es irregular y se tiene que hacer una revisión” y aseveró que los manifestantes, “quieren hacer un proceso, de que se les atienda, de que se les otorgue el beneficio sin entregar alguna documentación y esto no puedo pasar”.
“El lunes en el bloqueo cambiaban de personas, llegaban unas y luego otras; tiene su parte sospechosa esta situación”, concluyó.
En el segundo censo se beneficiaron 30 mil viviendas, hubo casos de viviendas inexistentes, afirma Bienestar federal.
La Secretaría del Bienestar federal informó que después del proceso de verificación en la segunda etapa del censo se entregó el apoyo para la reconstrucción de 30 mil viviendas, adicionales al primer registro.
En un comunicado, la dependencia federal explicó que mediante el Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural aplicado en Acapulco y Coyuca de Benítez tras el paso del huracán Otis, se han atendido a 301 mil 076 viviendas afectadas, mismas que han recibido el apoyo para limpieza y reconstrucción, así como enseres y despensas.
Indicó que en una segunda etapa para continuar brindando atención a personas que manifestaban no haber sido atendidas, recibieron sus solicitudes en módulos.
Precisó que después de recibir la documentación, los “Servidores de la Nación” hicieron visitas domiciliarias de verificación.
Afirmó que encontraron personas . Levantan afectados por Otis el bloqueos que por alguna razón en los días más críticos derivados del fenómeno natural no habían hecho su registro.
Añadió que también ubicaron viviendas que ya habían recibido los apoyos correspondientes, casas inexistentes, viviendas donde no conocen a la persona que se registró, y quienes no pudieron acreditar que se habita en esa casa.
Apuntó que los manifestantes que bloquean la avenida Costera que exigen la inclusión en el programa, se han atendido a todos para revisar los casos específicos y derivado de esa revisión también se identificó a un grupo de personas que no habitan en Acapulco y que vienen de la Ciudad de México, Estado de México, Puebla entre otros.
La Guardia Nacional colocó mesas de orientación en la glorieta de la Diana, donde agentes colocaron tres mesas para atender a los manifestantes.
Sin embargo, los inconformes exigieron la presencia de los “Servidores de la Nación” para censarlos.
Los agentes solamente ofrecieron orientación para los inconformes, pero no lograron retirar a las personas no censadas.
En dos ocasiones, los mandos de la Guardia Nacional platicaron con los manifestantes para pedirles que se retiraran de la vialidad, cosa que no aceptaron.
Después de las 7 de la noche, los agentes retiraron las mesas y sillas ante la falta de éxito.
Sin embargo, más personas llegaron a la glorieta de La Diana, de unas 300 que había en la mañana, incrementó a unos mil vecinos de diferentes colonias.
También los agentes de la Guardia Nacional con equipo antimotínes se retiraron de la gasolinería de La Diana.
Firman minuta de acuerdos
Nuevamente el director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, llegó a dialogar con los manifestantes.
Ofreció que hoy a las 12 del día los iban a atender los trabajadores de la Secretaría del Bienestar en el Parque Papagayo.
El funcionario del estado firmó una minuta de acuerdos con los manifestantes para liberar la vialidad.
Uno de los acuerdos fue atender una lista entregada de las personas que se anotaron el lunes y martes durante el movimiento.
Los inconformes acordaron que llegarán mañana a las 9 de la mañana a las oficinas de la Secretaría del Bienestar y llevarán la documentación que pide la dependencia federal.
Ante esta situación, el bloqueo se quitó ayer a las 8 de la noche, cumpliendo 35 horas de bloqueo de manera ininterrumpida.
El director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que uno de los delitos por los cuales se presentará la denuncia en contra quienes armaron y presentaron a los 15 niños y cinco niñas de Ayahualtempa será por abuso de infantes.
En declaraciones en las oficinas de la Delegación de Comunicación Social, ubicadas en plaza Marbella, en Acapulco, dijo que era una acción de presión política que un grupo de adultos utiliza a los niños ante situaciones no justificadas.
Como se informó, autoridades comunitarias y pobladores de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, presentaron a 15 niños y cinco niñas y adolescentes que formarán parte de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), para la defensa de su territorio.
Sobre cuándo presentará la denuncia, el funcionario respondió que la próxima semana porque la Procuraduría de la Defensa del Menor hace “una revisión para hacer el encuadramiento jurídico y presentar la denuncia en la Fiscalía General del Estado a efecto de que se investigue y se deslinden responsabilidades y haya una persecución, en el caso de que existan personas responsables, por la comisión de esta actividad.
“Constituye un abuso para los niños por armarlos, porque ellos, debemos de recordar, que no tienen la edad para tomar una decisión en ese sentido, y eso constituye un abuso de menores”, dijo el funcionario, quien desestimó que se hayan armado para dar seguridad: “ellos están obligados, a diferencia de los adultos que ya tenemos conocimiento pleno de las cosas, podemos tomar una decisión, a ellos los obligaron adultos con una finalidad”.
Dijo que la presentación de los niños armados como parte de la CRAC-PF “es una acción de presión que un grupo de adultos utilizan para presionar al estado, ante situaciones que no se justifican. En primera porque hay una presencia permanente del estado en su más amplio contexto. Está la presencia de la Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, la propia policía del estado, e incluso la Fiscalía está haciendo una serie de actuaciones en la localidad y en materia de atención social”.
Recordó que el año pasado el Gobierno del estado destinó presupuesto para la construcción de calles, la construcción de dos aulas de telebachillerato en la comunidad de Ayahualtempa, y la Secretaría de Bienestar tiene presupuesto para huertos escolares, cuartos adicionales en las casas y pintura; también hay “una misión cultural del gobierno federal también trabajando en la localidad” en prevención y atención.
“Nosotros reconocemos que hay una serie de incidentes que son muy lamentables, también somos muy categóricos en afirmar que la acción del estado ha sido contundente desde que llegó esta administración. Hay una presión política por parte de los líderes que se autodenominan policías comunitarias, y nosotros estamos trabajando de forma institucional en ese corredor de Chilapa-Hueycantenango, hemos dialogado con todos”.
Detalló que hay inconformidad de maestros de la comunidad de que haya niños armados.
De la desaparición de familiares del comandante de la CRAC-PF Antonio Toribio Gaspar, dijo que desde el primer momento se atendió “y el día que ellos deciden hacer este acto de presión” el dirigente participaba en una de las acciones acordadas, se “subió al helicóptero de la Policía del Estado a efecto de hacer un reconocimiento en la zona”.
Agregó que un día antes de la presentación de los menores armados, estuvo en una reunión con los dirigentes, “hemos estado todas las autoridades”. Detalló que en la entrada a la comunidad hay un módulo de la policía estatal que está 24 horas.
Rodríguez Cisneros dijo que se desconoce el motivo por el cual los familiares de Antonio Toribio fueron privados de su libertad. Aseguró que la Fiscalía General del Estado está llevando a cabo la investigación sobre esos hechos, porque se sigue con la búsqueda con el apoyo de la federación y de los propios familiares que decidieron participar.
En tanto, la Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación por el delito de corrupción de personas menores de edad, ante el conocimiento de que en la comunidad de Ayahualtempa, un grupo identificado como “Policías Comunitarios” armaron a dos decenas de niños y niñas.
Por la anterior, “con el firme compromiso de velar por el interés superior de la niñez esta Fiscalía inició las investigaciones correspondientes en contra de quien o quienes resulten responsables, a fin de garantizar la integridad física, psicológica y emocional de los menores, como también lo establece la Declaración de los Derechos del Niño”.
Se añade, en un comunicado, que “en irrestricto apego a sus funciones de procuración de justicia además de investigar, la FGE coadyuvará con autoridades estatales y federales para la prevención del delito, así como en la concientización de los pobladores sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes”.
El director de Gobernación del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, aseguró que dialogó con la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Estado de Guerrero (Ceteg) el domingo en Tlapa, acordó entregar su pliego petitorio al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero después los maestros ya no aceptaron y realizaron “acciones violentas”.
Abordado por reporteros en el Congreso del estado, se le preguntó por qué no hubo detenciones en la movilización del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y sí en la del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSEG) el viernes pasado, como fue el caso del dirigente de la Sección 18, Andrés Pacheco Parra, liberado el domingo.
Contestó: “yo he hecho un llamado siempre a las diferentes organizaciones, a los diferentes sociales, gremiales, a que deben de cambiar el planteamiento de la demanda. Todo mundo marcha y presenta su planteamiento, el SNTE marchó para entregar un pliego petitorio, en el caso del SUSPEG bloquearon”.
Indicó que lo mismo ocurre con los estudiantes de Ayotzinapa, con los que ha habido confrontaciones e hizo un llamado a que la práctica de bloqueos ya no debe de seguir. “Estamos en una situación de emergencia, el gobierno federal tomó su determinación, nosotros actuamos en coincidencia y nosotros estamos en el ejercicio del diálogo todos los días”.
Rodríguez Cisneros dijo que el gobierno del estado está “en el diálogo constante, atendiendo las necesidades, tanto de los trabajadores que son del propio gobierno del estado, como de las organizaciones sociales que existen en la entidad”.
“Deriva de una cierta desatención, de ciertos vicios, de ciertas prácticas que se dieron en la administración anterior y que dio como resultado que encontráramos un recinto del Poder Ejecutivo por los propios trabajadores, con una gran inconformidad”, argumentó.
Señaló que en el primer año de ejercicio como gobierno estatal hubo una gran movilización “por falta de pagos, fue porque los trabajadores no recibían sus salarios, fue porque no se cumplieron compromisos, con jubilados, con pensionados, situación que en esta administración hemos estado con un ejercicio presupuestal muy importante atendiendo”.
El domingo en Tlapa, expuso, “dialogamos con la CETEG, intentamos nosotros intermediarios para que el señor presidente recibiera su pliego petitorio; más sin embargo, en un momento lo aceptaron y posteriormente ellos ya no aceptaron la propuesta que se les hizo, de que pudiéramos nosotros como gobierno del estado interceder para que los pudiera recibir el Ejecutivo federal”.
Rodríguez Cisneros acusó a los integrantes de la CETEG de realizar “acciones violentas que no debería de ser porque están en un centro infantil, donde retuvieron por muchas horas a niños especiales y a familias, gente de la tercera edad que estaba bastante desesperada ante la amenaza latente que ellos hacían a través de sus bocinas de entrar, de irrumpir en el recinto”.
“Dialogamos con ellos, habíamos acordado con ellos. Incluso la declaración que hace al final del evento, el dirigente de la CETEG, Héctor Torres, que dice él que nosotros intentamos evitar que llegaran. No, fue un acuerdo, dialogamos y acordamos de que él pidió la colaboración del gobierno del estado para que ellos pudieran hacer entrega de su pliego petitorio”, reiteró el director de Gobernación.
Dijo desconocer si se está realizando una investigación porque el CRIT no es del gobierno del estado, “nosotros lo único que hicimos en ese momento fue coadyuvar para que se generaran condiciones de estabilidad ahí en Tlapa, buscamos en todo momento que se realizara el evento, mas sin embargo no hubo condiciones y no se realizó el evento con la presencia del señor presidente”.
No eran familiares directos de Bruno quienes bloquearon
En cuanto al bloqueo de la carretera de la Costa Chica, dijo que se dio a 40 días del homicidio de Bruno Plácido Valerio para solicitar que la Fiscalía del Estado dé a conocer avances de la investigación.
Dijo que el lunes pladticó con Jesús Plácido y dijo que le pidió que “siguieran ese ejemplo de Bruno, de prudencia, de coordinación, de diálogo y de entendimiento”.
Dijo que el gobierno del estado no se va a involucrar en el proceso de reorganización de la UPOEG, “que ellos tienen que resolver y nosotros haremos de dialogar con quienes consideren o acuerden que deba de representarlos. Hemos sido muy respetuosos, tenemos puntos muy importantes con ellos”.
Indicó que el primero de estos puntos es la credencialización que se acordó con el secretario de Go-bierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, en una asamblea pública. “Había avances muy importantes, pero está en pausa. Y yo les he dicho a los que están al frente ahora de este colectivo y de los que pretenden reorientar la dirigencia de la UPOEG, que es importante retomar esa parte porque en su momento hubo un reconocimiento de integrantes que estaban vinculados a ciertas actividades”.
“Ustedes recordarán que algunos incluso ya fueron detenidos y que la propia organización no realizó ninguna actividad porque lo hicieron en un reconocimiento de que tenían, en su momento decía Bruno, dignificar la actuación de los grupos comunitarios”, dijo Ro-dríguez Cisneros a reporteros.
Indicó que el gobierno no tiene pactos “con ningún grupo criminal, no estamos vinculados con nadie, actuamos en todas las regiones de la entidad… en Tierra Caliente, en la región Norte, en la Costa Grande y en la Costa Chica, aquí en la región Centro, y vamos a seguir trabajando en esa misma línea”.
Señaló que no tiene información sobre la investigación del asesinato de Bruno Plácido “porque tiene su secrecía, aquí la propia ley prevé quiénes deban tener esa información y que son los familiares directos”.
Aseguró que el gobierno ha tenido “una atención inmediata” con éstos y prueba de ello es que los actores que están en esta movilización “no son los familiares directos del señor Bruno”.
El director de Gobernación del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, declaró que el gobierno no tiene antecedentes del documento que enviaron pobladores de tres municipios de la sierra al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en el que denuncian que grupos delictivos controlan la sierra con la complicidad u omisión del gobierno.
Entrevistado por teléfono, el funcionario aseguró, además, que “no existe” ningún grupo de autodefensa en la sierra, en referencia a Pueblos Unidos por la Paz, integrado por mil 500 vecinos de 66 pueblos de los municipios de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo.
El viernes, pobladores de al menos 16 comunidades de los municipios de Leonardo Bravo, Heliodoro Castillo y Chilpancingo, informaron que enviaron una carta el 3 de octubre al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en la que exigen a los gobiernos federal y estatal que “asuman el control” en la sierra “o de lo contrario asumirán las consecuencias”.
Entrevistado ayer por teléfono, Rodríguez Cisneros aseguró que “no tenemos conocimientos o antecedentes de este documento, más que la manifestación pública que se ha hecho. No hemos recibido nosotros ningún tipo de documento al respecto”.
Según el funcionario, en la región de la Sierra se ha estado trabajando de manera “muy oportuna. Tenemos presencia permanente de elementos de la Policía del Estado y el apoyo de soldados de Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), es una presencia permanente en esos municipios”, declaró.
La semana pasada, diversos medios de comunicación informaron, también, que alrededor de mil 500 vecinos de 66 pueblos de San Miguel Totolapan y Heliodoro Castillo se levantaron en armas y ocuparon la localidad de Plan Verde, para reinstalar a familias desplazadas por la violencia.
Según los pobladores, la acción se debió a la falta de seguridad de los tres niveles de gobierno, y porque el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador no cumplió con darles seguridad, lo que derivó en la formación del grupo de autodefensa Pueblos Unidos por la Paz.
Pero según el director de Gobernación Rodríguez Cisneros, “no hay ningún grupo de autodefensa”.
Informó que él, recientemente, estuvo en las colindancias de los municipios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan y platicó con los pobladores y reconocieron que ya hay presencia de efectivos del Ejército y de la Policía Estatal que se coordinan con los comisarios.
“No hay un grupo de autodefensa en la sierra, dialogué con los 66 comisarios y ellos manifestaron que no hay ningún grupo de autodefensa y que reconocen y aceptan que el único que tiene la responsabilidad de la seguridad es el Estado mexicano con la presencia de la Sedena y la Policía del Estado”.
Cuestionado por las evidencias mediante fotografías donde aparecen las columnas de hombres armados, el funcionario aseguró que los campesinos con escopetas y rifles de bajos calibres que aparecieron en fotografías “asistieron a una asamblea y que llegaron con armas que son las que usan para sus actividades diarias”.
Reconoció que en esa reunión hubo una manifestación para hacer un llamado a los tres órdenes de gobierno para tener seguridad.
Agregó sin embargo que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en su reciente visita a Puerto del Gallo, se comprometió con la presencia permanente de las autoridades en la sierra.
“A eso obedeció mi presencia en Puerto del Gallo para continuar el diálogo para la construcción de la gobernabilidad, cumpliendo el compromiso de la ciudadana gobernadora de atenderlos permanentemente”, dijo en referencia a sur reunión del viernes.
Agregó: “Ahí estuvimos con los 66 comisarios de Heliodoro Castillo y San Miguel Totolapan; hubo presencia de la Sedena, de la Policía del Estado, el delegado regional de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural (Sagadegro) y el coordinador estatal de los Servidores de la Nación; dialogamos y construimos acuerdos”, informó el funcionario.
Dijo que los comisarios se comprometieron “a trabajar de manera coordinada, generar un círculo de confianza y mantener la comunicación”.
Se sigue trabajando la propuesta de crear una Policía Rural
Explicó que: “Aquí lo que pasa generalmente es un problema de comunicación que genera incertidumbre”.
Dijo que el acuerdo principal fue “mantener una comunicación continua, constante y trabajar de manera coordinada allá en la región y aquí con los funcionarios del gobierno del estado”.
Informó que se sigue trabajando la propuesta de crear una Policía Rural en la zona, “pero esa es una propuesta que apenas se está trabajando, por ahora el cuerpo de seguridad lo encabeza la Policía del Estado con el apoyo de la Sedena y yo acudí a dialogar con los comisarios con el fin de que permitan que las fuerzas del orden hagan su trabajo, es la parte política que le corresponde a la Secretaría General de Gobierno, a través de la Dirección de Gobernación”.
Siguen los filtros y rondines que pidieron los transportistas en Chilpancingo
Con respecto al ataque nuevamente a una Urvan del servicio de transporte ocurrido el viernes en Chilpancingo, a pesar de que había el compromiso del gobierno del estado de garantizarles seguridad a los transportistas, el funcionario aseguró que siguen los filtros y rondines, “desafortunadamente pasan estos hechos, pero sigue la atención permanente y continua”.
Aseguró que los operativos siguen por efectivos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal.
Respecto a si podría resurgir una ola de ataques a las unidades del servicio público como ocurrió el mes de julio, el funcionario reconoció que no puede “asegurar ni desmentir, son hechos que desafortunadamente están ocurriendo”.
Integrantes del Sinaitsa Ofelia Moreno, Nereyda Brito, Freddy Chora y Nora Hilda Pino en conferencia de prensa en la Subsecretaria de Administración y Finanzas de Salud Foto:?Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Desde el plantón en la Subsecretaría de Administracion y Finanzas de la Secretaría de Salud (Ssa) estatal, la representantes del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (Sinaitsa), Nereida Brito Carmona, denunció que el director de control Administrativo, Marco Antonio Salgado Reynoso, le informó que integrantes de la Sección 36 irían a golpearlos para que se retiraran.
En conferencia de prensa, aclaró que, pese a la amenaza, no se iban a quitar de ahí hasta que el subsecretario de Administración y Finanazas, Humberto Soto López, los reciba y resuelva la minuta firmada el 14 de agosto, para la autorización de 30 licencias sindicales.
Otros agremiados de la organización, denunciaron que también en sus centros de trabajo son amedrentados por funcionarios de áreas de Recursos y de Servicios de Salud, agremiados de la Seccion 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Educación, por impulsar otro sindicato,
Brito Carmona recordó que en la mesa de trabajo del 14 de agosto acordaron con el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, y el subsecretario Soto, la entrega las licencias desde el 16 de agosto, que no se ha cumplido, y de cuotas sindicales a partir del 15 de septiembre.
Además, añadió que el área juridíca ya hizo una revisión minuciosa del registro nacional del Sinaitsa, para verificar la legalidad de la organización, y del trabajo que realizan en Guerrero.
“En este momento trabajando para la sección, estamos dentro del apartado B, nos regimos por Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud, no pertenecen a ningún sindicato. Ayer (miércoles) nos dijeron que ya estaban las licencias, nos tuvieron todo el día, sin nada”, agregó.
Señaló que el plantón que instalaron el miercoles por la noche continuó ayer sin obstruir el paso a las instalaciones.
La enfermera del hospital de Atoyac, Nora Hilpa Pino Pérez, denunció que la primera noche, “de manera muy grosera y prepotente” el director, Salgado Reynoso fue a hablar con ellos, cuando tramistió que integrantes de la 36, iban a ir a golpearlos.
Recordó que la libre sindicalización se consiguió por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, “ya no queremos ser parte de la seccion 36, poque nos cansamos de la corrupcion y las injusticias que se cometen. Quienes se quieran quedar, que se queden. Nosotros pedimos respeto a la representante estatal y a nuestra organización, y no nos vamos a ir hasta lograr lo que nos corresponde por derecho”.
Añadió que ellos votaron por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda porque esperaban un cambio, “aquí vino con una actitud muy grosera, muy prepootrente, molesto, (el director de Control Administratico) ¿esos son los funcionarios de la 4T?”.
Brito explicó que en el funcionario antes se negó a hablar con ella, alegando que el asunto no era de su competencia, pero el miércoles le llamó para decirle “que el sindicato tradicional se estaba organizando para irlos a golpear”. Enfatizó que no van a confrontarse con nadie, ni caerán en provocaciones.
La doctora de Urgencias del hospital general de Iguala, Ofelia Morales, se refirió a la dirigente de la seccion 36, Beatriz Vélez Núñez, como “la inombrable, dueña de la Secretaría de Salud”, porque a los funcionarios de áreas de Recursos Humanos los puso ella, aseguró.
Denunció que en una de las acciones del nuevo sindicato en Chilpancingo en la subsecretaría de Administración y Finanzas, la líder sindical la afrontó al sentirse aludida por las consignas sobre corrupción en la institución,
“La inombrabable se acercó a mi, para decir, ‘me puedes asegurar y demostrar que yo soy corrupta’. Claró que sí, le respondí. Que en los centros de trabajo están las evidencias”.
Asimismo, dijo que ha sido hostigada por funcionarios del sector, que están en la Seccion 36, que no aceptan a quienes piensan distinto a ellos, y exigió a la Secretaría que resuelvan las licencias del nuevo sindicato, lo antes posible.
De la Jurisdiccion Sanitaria 05, Fredy Chora Martínez, confirmó que hay muchos trabajadores en el estado, pero particularmente en Costa Grande, han sufrido mucho hostigamiento de sus propios compañeros agremiados a la sección 36, que son funcionarios de Recursos humanos, coordinadores de Salud, sin otro otro motivo más que por haberse separado de ese sindicato.
Despues de la conferencia a mediodía, los integrantes del Sinaitsa bloqueron la avenida Ruffo Figueroa por dos horas, hasta que el director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros ofreció otra mesa de trabajo por la noche.
Estudiantes de la Escuela Normal Urbana Federal Rafael Ramírez (ENUF), marcharon de su plantel al Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, en la capital, y cerraron una calle paralela al edificio, en el horario de salida de los burócratas, alrededor de las 3 de la tarde.
Luego de unos 20 minutos los estudiantes se retiraron, con la promesa de una reunión con autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG). Con un reporte del gobierno del estado, señala que el director general de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, dialogó con los normalistas en la manifestación, para establecer la vialidad en la calle Recursos Hidráulicos.
Señala que la reunión que se acordó entre los normalistas y las autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero será en los próximos días.
Desde marzo, los estudiantes denunciaron la reducción de la matrícula por la eliminación de una de las carreras que oferta la institución, de educación para telesecundarias. Tras varias acciones, el gobierno estatal aprobó una nueva carrera de matemáticas para recuperar la matrícula. Sin embargo, hace dos días, docentes de la normal señalaron que la mayoría de los maestros no tiene perfil para impartir esta currícula. Mientras los estudiantes, exigen el cumplimiento de su pliego petitorio que incluye plazas para 58 egresados de la carrera de Telesecundaria, ahora desaparecida. (Lourdes Chávez / Chilpancingo)
Una niña observa las butacas que el gobierno estatal mandó a Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, para los alumnos de la telesecundaria que el miércoles marcharon y tomaron clases sentados en piedras y apoyados en cajas de madera y a la intemperie Foto: Lenin Ocampo Torres
Zacarías Cervantes
Ayahualtempa
Funcionarios del gobierno estatal fueron este viernes a Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), y llevaron mobiliario escolar, material de oficina y equipo de cómputo para la telesecundaria Independencia de México.
Los funcionarios fueron encabezados por el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, y se comprometieron a iniciar la construcción de esa escuela en abril próximo.
Acompañaron al director de Gobernación el director del Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE), Benjamín Guinto Nava; el director de la Comisión de Infraestructura Carretera y Aeroportuaria del Estado de Guerrero (CICAEG), Martín Vega González, y también asistió el síndico procurador de José Joaquín de Herrera, Salvador Flores Castillo.
La visita de los funcionarios del gobierno estatal se dio dos días después de que alumnos de la telesecundaria Independencia de México marcharon acompañados de sus padres y maestros; mientras las autoridades comunitarias denunciaron que los gobiernos federal y estatal incumplieron con la construcción del plantel.
El miércoles, los maestros y padres de familia mostraron como reciben sus clases los niños, sentados en piedras y algunos sólo apoyados en cajas de madera, bajo la sombra de encinos, porque los gobiernos estatal y federal no han construido la escuela, como se comprometieron el año pasado, para evitar que los niños salgan a las poblaciones vecinas a estudiar ante el riesgo de la violencia.
Entrevistado después de una reunión con las autoridades comunitarias del pueblo en la cancha, el director de Gobernación, Rodríguez Cisneros, informó que entregaron 50 butacas, dos pintarrones, dos mesas y sillas para maestros, cuatro computadoras y dos impresoras.
El funcionario aclaró: “Esta entrega no obedece a la manifestación que (los pobladores) hicieron, ya lo habíamos acordado el lunes con el comisario municipal y con los líderes del movimiento comunitario, de que hoy estaríamos materializando el acuerdo que hicimos con ellos el año pasado”, aseguró.
Pero reconoció que los apoyos forman parte de la atención que tiene el gobierno estatal, “por lo que ustedes saben. Es una comunidad que se ha visto muy golpeada por la inseguridad y, en algún momento, en un acto de desesperación, tuvieron que recurrir a armar a los niños”.
El funcionario agregó que esta situación “no es correcta, porque nuestras niñas y niños deben estar en la escuela. Lo más preciado que tiene el ser humano es la niñez”.
Por ello, anunció que en este año el gobierno estatal va a construir dos aulas, un espacio para actividades cívicas y un módulo sanitario “para que la escuela sea una realidad y los niños y niñas ya no tengan que trasladarse a otra localidad a recibir su educación y, en todo caso, la reciban aquí, seguros”.
Rodríguez Cisneros informó que en cuanto a los otros compromisos que firmaron con los representantes de la población, y que no ha sido posible cumplir, como la construcción de una sucursal del Banco del Bienestar, es porque tiene que ver con el gobierno federal.
Además, explicó que la normatividad no permite que se construya un banco en Ayahualtempa, pero informó que hay pláticas con el delegado de los programas federales, Iván Hernández Díaz, para instalar un cajero en este pueblo.
Con respecto a la violencia, que de acuerdo con los representantes comunitarios se ha contenido en los últimos meses, no se han investigado los asesinatos y desapariciones ocurridas en años anteriores, el funcionario estatal aseguró que ha habido reuniones para atender el problema.
“Lo que tiene que ver con este tipo de indagatorias son situaciones complejas, porque además de cuidar el debido proceso, tienen complejidad por la región; sin embargo, a través de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas se están haciendo las acciones necesarias. Cada vez que las familias lo requieren y nos dan un indicio donde presumen que pudiera estar una persona desaparecida, la Comisión de Búsqueda en coordinación con la Sedena, Guardia Nacional y Policía Estatal y la misma Fiscalía, acuden y se realizan las acciones, a veces hemos tenido resultados positivos”, aseguró.
Por su parte, el integrante del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua, Luis Morales Rojas, organismo al que pertenece la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la policía comunitaria que opera en este pueblo, informó al término de la reunión que los funcionarios se comprometieron a que el 30 de abril comenzaría la construcción de dos aulas, un baño y una explanada.
Dijo que también a finales de este mes van a regresar funcionarios de la Secretaría de Salud, para la rehabilitación del centro de salud y atender las necesidades del mismo.
Con respecto a la construcción de la sucursal del banco, dijo que los funcionarios argumentaron que ya se construye en la cabecera municipal y que en Ayahualtempa solamente van a instalar un cajero automático.
Respecto a la pavimentación de 500 metros de la calle principal, por parte del gobierno estatal, los funcionarios les dijeron que el 21 de marzo iniciarán con la primera etapa.
Agregó que también los funcionarios se comprometieron a iniciar este año la construcción de un puente, que comunique a Ayahualtempa con la comunidad Amatitlán.
El representante comunitario admitió que no quedan satisfechos, “porque hay muchas más necesidades” y dijo que tienen un concentrado de peticiones desde 2019, cuando estaba el ahora ex gobernador Héctor Astudillo Flores, “quien no nos solucionó nada”.
El dirigente de la UPOEG Bruno Plácido en su intervención en la conferencia La Gobernabilidad del Estado y sus Desafíos, del director General de Gobernación del estado Francisco Rodríguez, en el lobby del Auditorio Sentimientos de la Nación Foto: Jessica Torres Barrera
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio denunció que la agenda para la pacificación al estado excluye a la sociedad y carece de acciones para contener la distribución de drogas desde la atención a los consumidores que hay en todos los rincones de estado.
En la conferencia La gobernabilidad del Estado y sus desafíos a cargo del director de Gobernación, Francisco Rodríguez Cisneros, en el Auditorio Sentimientos de la Nación, el luchador social denunció el centralismo de las instituciones, que llaman al diálogo sin atender los planteamientos de la sociedad que finalmente recurre a las protestas.
Aclaró que no aprueba que maestros sin perfil lleguen a dar clases, pero en su comunidad falta un maestro hace más de un año, “¿cómo no van a estar enojados los padres?”.
Por otro lado, señaló que la UPOEG puso en la mesa de diálogo con el gobierno estatal el problema de drogadicción en jóvenes, y no lo han atendido.
Rodríguez Cisneros advirtió que hay diferentes perspectivas, pero coincide en que todos los actores deben cambiar para mejorar.
En consulta posterior, Plácido Valerio pidió mayor coordinación institucional con la sociedad organizada, “porque en lugar de perseguir a los delincuentes, persiguen a los que protestamos, nos inventan delitos, tenemos compañeros presos por delitos de extorsión. Lejos de que la FGE investigue a los criminales, persigue a los que protestan”.
Dado que han tenido mesas de trabajo en diferentes administraciones estatales, Plácido Valerio aclaró que no sólo es hablar, sino definir qué les toca hacer, también como sociedad, a los padres de familia, al municipio, al estado y a la federación.
Sin embargo, consideró que el error del gobierno es la centralización, porque al iniciar el diálogo, “lo primero que hacen (las autoridades) es criminalizar para satanizarte ante la opinión pública, pero me pregunto, ¿el tema de las drogas es Costa Chica, es de la UPOEG?, ¿no está en la Montaña? Está en todos los rincones del estado, en el magisterio, hemos identificado maestros que se periquean, que venden droga, y no es un tema de mesa de paz”.
Aclaró que la detención de líderes del sistema de seguridad y justicia de policía ciudadana de la UPOEG no disminuyó la distribución de drogas en la Costa Chica.
“Al estado no le interesa que la ciudadanía se organice, siente que, si uno ayuda, le quitas el negocio. Hay un trasfondo que no lo dicen. El sistema de seguridad estatal, no lo ven como una responsabilidad, sino como algo que se tiene que agradecer, gracias a ellos tu vives, aunque eres víctima.
Reconoció que la policía ciudadana y comunitaria de los pueblos que se han levantado en diferentes regiones, fue infiltrada para generar una desviación, “hay contrainsurgencia, el Ejército lo maneja muy bien, para desvirtuar, para que te canses”.
Aunque el diálogo es instrumento universal, aclaró que no es infinito. “Una cosa es hacerte tonto, y no resolver, y puede llevarte 15 años dialogando, el diálogo tiene un límite, muchos de estos diálogos se convierten en someterte, sino estas conmigo estas fuera de la ley”.
