Redacción

Chilpancingo

Familiares de víctimas y sobrevivientes de la represión durante la guerra sucia en Guerrero acordaron instalarse en huelga de hambre este miércoles afuera de Palacio Nacional en la Ciudad de México, para entregar un documento al presidente Andrés Manuel López Obrador en el que explican que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no hace la reparación del daño con base en estándares internacionales.
Los organismos de defensa de derechos humanos recomiendan, entro otras cosas, que se indemnice a las víctimas, y se les den servicios de salud, educación y vivienda de calidad ante casos de graves violaciones a los derechos humanos, como ocurrió durante la irrupción militar de las décadas de 1960 y 1970 en Guerrero.
Encabezados por la Comisión de Agraviados de El Quemado, municipio de Atoyac, Francisco Vargas Vinalay, Victoriano Flores de la Cruz, Saúl Martínez Palacios, Justino Fierro Hernández y Benito Martínez Jiménez, entregarán el documento dirigido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez.
En el documento reprochan que las medidas adoptadas por la CEAV para la reparación del daño, “no corresponden con los más altos estándares en la materia” mismos que se establecieron en la resolución CEAV/CIE/0448/2018, del 11 de febrero del 2019, mediante la cual se resolvió sobre las reparaciones del daño procedentes para el caso de los agraviados por la guerra sucia, en el caso de El Quemado.
Recuerdan que el 11 de febrero de 2019 la CEAV emitió la Resolución CEAV/CIE/0448/2018, mediante la cual se resolvió sobre las reparaciones del daño procedentes para el caso de los agraviados por la guerra sucia, en el caso de El Quemado, entre las que están “victimas totales”, las que tiene el Registro Nacional de Victimas (RENAVI) y los 24 sentenciados a 30 años.
En la resolución, se determinaron las medidas de reparación de lo que debe contener el Plan de Colectivo de Reparación Integral donde considera a detalle y apegado a la jurisprudencia internacional las normativas que regirán las medidas de satisfacción, compensación, restitución, no repetición y rehabilitación.
Refieren que el anuncio se hizo en un evento público realizado ese 11 de febrero en Atoyac de Álvarez en presencia del gobernador del estado y dos visitadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y en el cual se hizo énfasis que se iniciaría por la comunidad de El Quemado.
Sin embargo, reprochan que a pesar de las medidas adoptadas, las personas suscritas “estimamos que las antedichas medidas no se corresponden con los más altos estándares en la materia, sobre todo los disponibles en reparaciones del daño aplicables al caso que nos ocupa, a saber, el del patrón sistemático y generalizado de violaciones de derechos humanos ocurridos en el marco de la llamada Guerra Sucia de entre los años 60 y 70 del siglo pasado, que incluyeron hechos constitutivos de tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas de personas, cometidas por agentes del Estado mexicano, como consta en nutridas fuentes públicas y académicas”.
Consideran que para cumplir con la resolución se requiere de las instituciones encargadas del procesamiento y atención de las reparaciones para el caso, adopten en todo momento un criterio basado en los más altos estándares constitucionales e interamericanos disponibles.
Además que la reparación para los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos durante la llamada guerra sucia “debe ser digna, justa, proporcional al daño e integral, así como atender a la gravedad de los hechos y de la profundización del daño por motivo de las décadas de impunidad, re victimización y abandono que vivimos de manos del Estado Mexicano”.
Asimismo, que los planes de reparación integral que en su caso se adopten a favor de las víctimas en lo individual y familiar considerarán las circunstancias del caso para determinar la procedencia y viabilidad de las medidas restitutivas que correspondan, en términos de lo previsto en el artículo 61 de la Ley General de Víctimas.
También, que las medidas de rehabilitación a que se refiere el artículo 62 de la Ley General de Víctimas deberán ser garantizadas por las instituciones públicas competentes hasta en tanto la víctima se encuentre plenamente rehabilitada o en las máximas condiciones de funcionalidad posibles, dando prioridad en todo momento a niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores, considerando su mayor exposición.
Proponen que en los casos en los cuales las medidas de rehabilitación médica, psicológica y psiquiátrica a favor de víctimas directas a las que se refiere el artículo 62 fracción I de la Ley General de Víctimas no puedan ser brindados por instituciones públicas gratuitas, la CEAV cubrirá la totalidad de los costos resultantes de su realización hasta que la víctima recupere la funcionalidad del órgano, miembro, función o facultad que hubiera sido impactada por el daño.
Demandan que la CEAV y demás instituciones, garanticen el derecho de víctimas directas e indirectas a recibir rehabilitación.
Piden que de la CEAV la adopción de planes de reparación integral que, a la luz de los principios de proporcionalidad y dignidad, así como en apego a los más altos estándares vinculantes en la materia y contexto “que nos ocupan”, incorporen medidas de compensación conformes a los estándares de referencia y, en su caso, complementarias para garantizar su ajuste a dichos estándares, en los términos de los artículos 64 y 65 de la Ley General de Víctimas, así como de acuerdo a las criterios de cuantificación”.
En el documento que entregarán al presidente López Obrador y al subsecretario Encinas detallan por aparte los conceptos de reparación y los criterios de cuantificación.
Y a la CEAV que los montos a cubrir por concepto de compensación sean efectuados en el equivalente en moneda nacional, utilizando para el cálculo respectivo el tipo de cambio que se encuentre vigente en la bolsa de Nueva York, Estados Unidos de América, el día anterior al pago.
“Se solicita a CEAV que cubra la compensación de manera íntegra, en una sola exhibición, preferentemente mediante depósito a cuenta bancaria a nombre de la persona beneficiaria, de conformidad con las Reglas Operativas del FAARI y de acuerdo a las modalidades que dichas Reglas establezcan”, se establece en el documento.
En su documento se quejan que han visto “cerrazón y la falta de interlocución” y que, incluso, el 6 de julio se realizó un bloqueo de carretera en la región.
“Con ello se logró que la CEAV se comprometiera a asistir a la comunidad cada día 20 del mes a dar seguimiento a los acuerdos; llegaron en septiembre y agosto pero no dieron soluciones y a partir de aquí se volvió a perder el contacto”.
Recuerdan que después realizaron una marcha el 4 de septiembre y un homenaje el 5 de septiembre en El Quemado para los fallecidos.
“Por todo ello, ante la falta de interlocución y el incumplimiento de compromisos, hemos optado por iniciar una huelga de hambre en el Palacio Nacional como última posibilidad de que nos escuchen; esta forma de lucha fue un aprendizaje que tuvimos en la cárcel injusta. Esperamos que el compañero presidente retome el tema de la guerra sucia, que la SHCP tenga sensibilidad y no solo amase el presupuesto, que la SEGOB asuma los compromisos e instruya a la CEAV, que la CNDH retome su recomendación histórica sobre el punto y, que se le den todas las facilidades a la Comisión de la Verdad para que asuma su papel tal como fue mandatada”, reclaman en el texto.
En el documento también anexan un recuento de las acciones de represión que comenzaron con la masacre del 18 de mayo de 1967 en Atoyac.