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Figueroa y Acosta Chaparro, entre más de 300 participantes en las desapariciones: Comverdad

Los integrantes de la Comverdad Nicomedes Fuentes y Pilar Noriega, la coordinadora de Derecho a la Verdad y Rendición de Cuentas de Artículo 19, Jéssica Alcázar, la oficiala de Verdad y Memoria de Artículo 19, María de Vecchi Gerli, y el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, en la Facultad de Derecho de la UAG Foto: Carlos Carbajal

Ramón Gracida Gómez

Acapulco

Ex integrantes de la Comisión de la Verdad de Guerrero (Comverdad) presentaron el tercer anexo de su informe final, que esboza el perfil de más de 300 participantes en desapariciones forzadas de la guerra sucia, como el ex gobernador Rubén Figueroa Figueroa y el jefe de la Policía Judicial del estado en su gobierno, Arturo Acosta Chaparro.
Aún no se sabe dónde están los desaparecidos, pero sí sabemos quiénes fueron los perpetradores, destacó el ex comisionado Nicomedes Fuentes, y su colega Pilar Noriega planteó que la más completa verdad histórica posible pasa por conocer quiénes fueron las personas que participaron en las desapariciones forzadas.
Unos 30 familiares de desaparecidos, de distintas comunidades de Atoyac, asistieron este jueves a la Sala de Juicios Orales de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG). Nicomedes Fuentes recordó que los planes del Ejército, en la guerra sucia, fueron de “tierra arrasada, de llegar a los pueblos, de llevarse a las familias, a los hombres, a las mujeres, no necesariamente que estaban participando en la guerrilla, eran personas que estaban ubicadas ahí: eran trabajadores, ciudadanos de bien, pacíficos y muchos de ellos están desaparecidos todavía y todavía no sabemos dónde están, pero sí sabemos quiénes fueron” los perpetradores.
Pidió al gobierno federal “que no se tarde mucho y que de preferencia, de una vez por todas resuelva las demandas que tienen las víctimas de la llamada guerra sucia. Son: verdad, justicia, reparación integral del daño, medidas de no repetición y rescate de la memoria histórica”.
La ex comisionada Pilar Noriega informó que “de la Femospp (Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado) a la Comverdad ya había restricción, pero además, sobre todo, (documentos) que, o desaparecieron o no dieron acceso”.
Indicó que “la verdad exige la determinación de la más completa verdad histórica posible y la más completa verdad histórica posible pasa por conocer quiénes fueron las personas que participaron en las desapariciones forzadas, nuevamente, por eso la importancia de este archivo”.
Vía Zoom, el comisionado del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH), que forma parte de la Coveh, Abel Barrera, criticó que el lunes pasado se inscribieron en letras doradas en el Congreso local: “2023, año del Bicentenario del Heroico Colegio Militar. Qué triste que se hagan estos eventos fastuosos y se ignore a las víctimas”.
“¿Por qué no pensar en que se ponga en letras doradas los nombres de los caídos de la guerra sucia?”, preguntó y aseguró que las autoridades actuales “se vanaglorian con los perpetradores”, lo cual es una “mala señal en nuestro estado”.
Propuso que el Congreso local “invite a los compañeros y compañeras de la Comverdad para decir, ‘vengan y expongan este informe, de cómo se vivió esta situación y cómo diputadas y diputados asumimos este informe, lo abrazamos, es parte de nuestra agenda legislativa’”.
El comisionado del MEH reiteró la denuncia de que no les han entregado la información completa en la Comisión Nacional de Inteligencia (CNI) y aseguró que “se está encubriendo al Ejército y es algo que sí nos preocupa mucho, porque entonces no podemos avanzar con las fuentes que hay históricas sobre lo que sucedió en aquellos años”.
La coordinadora de Derecho a la Verdad y Rendición de Cuentas de Artículo 19, Jessica Alcázar, explicó que el anexo 3 es un compilado de más de 300 personas, desde presidentes, agentes de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) y funcionarios de bajo nivel.
La integrante de Artículo 19 dijo que “es muy triste que en Guerrero vas caminando y encuentras nombres de personas perpetradoras o personas presuntamente responsables de estas desapariciones. No deberíamos de tener ninguna calle que se llame Rubén Figueroa Figueroa, ninguna escuela, y algunos otros nombres que siguen estando en nuestra vida común”.
“O si los vamos a tener, los vamos a tener como lo que fueron, personas responsables de estas desapariciones forzadas”, propuso y agregó que las calles deberían llamarse de las “personas que fueron violentadas por construir un país distinto que todavía, desgraciadamente, no podemos acceder, pero que es antecedente de esa lucha de resistencia”.
De los asistentes, participó la profesora de la UAG, Anita Estrada, hermana de los desaparecidos Teresa Estrada y Domingo Estrada, quien reconoció el trabajo de la Comverdad, pero dijo que “mis expectativas se vieron frustradas, porque en este gobierno no hay nada, nada de información”.
Opinó que la reparación de daños “sería por lo menos la información, en qué estado, dónde están sus familiares desaparecidos. ¿Qué otra reparación del daño? Yo siempre he pensado, el daño está hecho y no hay nada material que pueda reparar”. Su hijo y fotoperiodista, Raúl Sendic García Estrada, también habló de la violencia de Estado que ha sufrido su familia y él mismo cuando fue niño.
Rodrigo Ramírez Wences, hijo del estudiante desaparecido de la Preparatoria 7, Rodrigo Ramírez García, dijo: “Tenemos claro, desde el primer día en que desapareció nuestro familiar, que no buscamos la compensación ni la reparación del daño, porque no hay ninguna cantidad de dinero que pueda reparar la pérdida de una vida”.
También participaron familiares de desaparecidos de Atoyac, como el pariente de Fermín Barrientos Reyes, quien planteó que esta víctima no está registrada como tal en instituciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al igual que otros desaparecidos. También asistieron el cronista Víctor Cardona y otros activistas.

Sólo se revisan “detalles técnicos” de la Ley sobre desapariciones forzadas: Astudillo

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

El vocal de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, Ricardo Astudillo Calvo, afirmó que solo se revisan detalles técnicos de la iniciativa de Ley en materia de desaparición forzada de personas, y esperan presentar el dictamen “lo antes posible”.
Consultado al concluir la última sesión de la Comisión Permanente, a Ricardo Astudillo se le preguntó el motivo por el cual la comisión no ha dictaminado la iniciativa presentada ante el pleno desde el 10 de noviembre pasado, hace casi diez meses. El priista comentó que “ya se está avanzando en la parte técnica para ya tener el dictamen lo antes posible”.
Mientras al interior del Congreso local se realizaba la sesión de la Comisión Permanente, afuera, familiares de desaparecidos y organizaciones sociales que marcharon –en el día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada– hicieron una parada para protestar frente al Poder Legislativo que no ha dictaminado dicha iniciativa de ley.
Astudillo Calvo comentó que el tema de la urgencia de dictaminar esta iniciativa se habló en esta comisión en el contexto de que la presidenta del colegiado Leticia Mosso Hernández, desde mañana primero de septiembre, será la presidenta de la Mesa Directiva.
Es decir que deberá dejar la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos porque así lo establece la ley orgánica del Poder Legislativo.
“Ella tocó el tema y dijo que se comprometía a sacar el dictamen, en el entendido de que ella ya deja de ser presidenta (de la comisión) por ley”, comentó Ricardo Astudillo.
A pregunta del porqué no se ha aprobado el dictamen, respondió que “se han escuchado varias voces, también la opinión del gobierno del estado, porque es una ley que va a incidir de manera presupuestaria de la Fiscalía y del gobierno del estado”.
Porque apuntó que no se puede legislar sin realizar previsiones presupuestarias que garanticen que la ley “opere con todo su marco normativo”.

 

Denuncian organizaciones que el gobernador abandonó molesto una reunión y piden garantías de seguridad

La Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicatos del Estado de Guerrero informó que el gobernador Héctor Astudillo Flores se levantó molesto de la mesa de diálogo de ayer, cuando le dijeron que su gabinete está infiltrado por la delincuencia organizada y le pidieron la destitución del secretario de Educación José Luis González de la Vega Otero.
Ante la actitud de Astudillo las organizaciones declararon roto el diálogo con el gobierno del estado y pidieron medidas de protección para el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, pues temen que el gobernador pueda atentar contra su integridad física.
El 28 de noviembre integrantes de la Dirección Colectiva, entre ellos vecinos de Nuevo Balsas afectados por la minera Media Luna, familiares de la fundadora de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) asesinada Rocío Mesino Mesino, los mineros de Taxco en huelga, damnificados del fraccionamiento Nuevo Mirador, la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) y el Frente de Defensa Popular (FDP) protestaron afuera de Casa Guerrero para exigir audiencia con Astudillo Flores.
Ayer en conferencia de prensa en la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Chilpancingo, Chávez Adame dijo que le expusieron su inconformidad sobre los altos índices de violencia e inseguridad las persecuciones políticas, ejecuciones y desapariciones forzadas.
Agregó que se le presentó un pliego petitorio de 10 puntos, como el esclarecimiento del asesinato de Rocío Mesino, la presentación con vida del integrante del FDP Manuel Alejandro Moreno, voluntad política para la ubicación de los restos de asesinados durante la guerra sucia, y apoyo a Josefina Margarito Rosendo la hija de Patricio Margarito Rivera quien fue encarcelado tras ser acusado por el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame, de invadir un predio a pesar de que existe un contrato de compra-venta.

El encuentro se tornó ríspido

Chávez Adame expuso que se tornó ríspida la reunión cuando le exigieron la destitución del secretario González de la Vega.
Cuando le plantearon el tema de inseguridad y le dijeron que la delincuencia organizada estaba inmiscuida en la política y en su gabinete de gobierno, le pidieron que les ayudara porque no querían ser otras víctimas de desapariciones, entonces el gobernador señaló directamente a Chávez Adame, y molesto le dijo “claro que te voy a contestar”.
“Ya lo agarró personal y dijo que en el caso de nosotros, de lo que nos había pasado con de la Vega Otero y el compañero Alfonso, que nos encontramos todavía en esa circunstancia donde nos desapareció de la base de datos de Educación dijo ‘ese es un problema personal entre tú y de la Vega que lo tienen que arreglar, ahí yo no me voy a meter, no soy monigote de nadie y si tú tienes pruebas que nuestro gabinete está inmiscuido en la delincuencia organizada preséntalas’”, relató el dirigente de la APPG.
El gobernador subrayó que no podía despedir al secretario de Educación porque no tenía evidencias contundentes de malos manejos, de inmediato se paró de la mesa y sin despedirse se retiró de la reunión, agregó.
“Si algo me llegara a pasar a mi, a mi familia o a mis compañeros que representan a esta Dirección Colectiva yo hago responsable directamente a Héctor Astudillo Flores como ejecutivo del estado y al secretario de gobierno, así como al secretario de Educación que lo conocemos, son personas vengativas y me parece que un gobernador no puede perder la cabeza, no puede ser intolerante ante una realidad que vivimos”, advirtió.
“Todo puede suceder porque un gobernador enojado, un gobernador molesto es capaz de todo, nosotros decimos que en lo particular el profesor Alfonso Simón Tavira y su servidor, si aquí se rompe la relación decimos que entre nosotros veremos los canales legales para iniciar una denuncia formal ante las instancias de gobierno en contra de José Luis González de la Vega Otero y en contra del propio gobernador”.
Aclaró que el secretario González de la Vega no es una persona física, y era el secretario de Educación cuando les quitaron sus derechos laborales, “no es un pleito personal que tenemos, pero si el gobernador quiere un pleito personal pues está rebajando su nivel, se supone que los gobernadores deben tener la capacidad política de aceptar la crítica, de revisarla y dar una solución, no hacer berrinches o caprichos”.
Dijo que la Dirección Colectiva definió no aceptar ninguna mesa de trabajo más con el gobernador, y que definirá sus próximas acciones.
En su intervención el integrante de la extinta Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicomedes Fuentes expuso que el tema de derechos humanos en los tiempos de la guerra sucia, cuando el Ejército sitió el estado y desapareció a cientos de civiles en busca de jefes guerrilleros en las décadas de 1960 y 1970, lo plantearon al gobernador.
“Se requiere de un oficio de colaboración de alguien del estado que puede ser la Fiscalía o el gobernador del estado, dirigido a la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal” para que entregue los restos a sus familiares.
De los restos informó que uno es Eliseo Flores Vázquez originario de Acuentla, Chilapa, y el otro es Martín Mario Organés, que vivió desde niño en la comunidad de Andrés de la Cruz, municipio de Atoyac de Álvarez.
Contó que “ellos eran Guerrilleros, cayeron allá en un cerco del Ejército. Fueron encontrados en el lugar donde cayeron a unos 300 metros de distancia en el cerro de las Clavellinas, lugar cercano a la comunidad del Posquelite (Coyuca de Benítez)”.

En Atoyac exigen seguridad

En Atoyac la Dirección Colectiva demandó al gobernador Héctor Astudillo garantías de seguridad ante el desplante que tuvo en la reunión en Chilpancingo.
En conferencia de prensa Norma Mesino y Clemencia Guevara Tejedor informaron que se rompió el diálogo de parte del gobernador al abandonar de manera ríspida una mesa de trabajo.
Dijeron que en la reunión plantearon, antes de que se supiera que estaban asesinados, la presentación del líder transportista Juan Mendoza Tapia, su esposa y los dos hombres que los acompañaban.
Norma Mesino adelantó que habrá una difusión en todos los organismos internacionales no gubernamentales porque al igual que están demandando la alerta de género piden una alerta humanitaria, “porque desde que inició el gobierno de Peña Nieto hay asesinatos de maestros, campesinos, periodistas”.

Paramilitares que hacen trabajo sucio del gobierno causan violencia en Tixtla, señalan la CRAC y ONG

 

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Tixtla, perteneciente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, organizaciones sociales y activistas de ese municipio solicitaron el envío de observadores de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, públicos y civiles, dada la violencia dirigida contra los sectores organizados.
Por escrito pidieron la intervención para evitar más muertes, reunir evidencias del hostigamiento, desapariciones forzadas, privación de la libertad y para formular las denuncias contra los posibles asesinatos de los luchadores sociales ante instancias internacionales.
Al gobernador priista Héctor Astudillo Flores y al alcalde perredista Hossein Nabor Guillén les pidieron medidas cautelares y precautorias para los ciudadanos de Tixtla, aunque “han demostrado la incapacidad para brindar la seguridad de todos los ciudadanos de Guerrero y específicamente de Tixtla”.
Recordaron que Tixtla ha sido bastión de la lucha social y existe una “cacería sangrienta” contra los activistas y los normalistas de Ayotzinapa.
Como referencia recordaron la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl I. Burgos de Ayotzinapa, que fue posible sólo por la colusión del crimen organizado con policías, fuerzas armadas y gobiernos el 26 de septiembre de 2014, y el desalojo a balazos de un bloqueo de normalistas el 12 de diciembre del 2011, donde asesinaron a dos.
Denunciaron que ocurren el hostigamiento, extorsiones, crímenes, desapariciones forzadas, presos políticos y demás lesiones de los derechos humanos, pese a que el Observatorio Ciudadano para la Seguridad Pública para la Justicia Penal, identificó vínculos de 24 presidentes municipales de Guerrero con la delincuencia organizada, no hay procedimientos ni investigaciones penales.
De Tixtla denunciaron que hace varios meses se intensificó la violencia, “día tras día hay desapariciones forzadas, levantones, desmembrados y ciudadanos asesinados. Es notable que la inseguridad ha ido en aumento en los últimos días y a pesar de la presencia de policías estatales y militares que ‘resguardan’ las entradas y salidas del municipio de Tixtla, las ejecuciones continúan y nos han sometido a un toque de queda, apoderándose de la población el miedo y el terror”.
Aunado a nuevos asesinatos de estudiantes de la Normal Rural y de luchadores sociales, como el 4 de octubre cuando un comando armado arremetió contra usuarios de una Urvan del transporte público, donde seis personas fueron asesinadas, entre ellas dos estudiantes de Ayotzinapa: Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, con balazos en la cabeza.
Este miércoles 23 de noviembre fue llevado de manera forzada el maestro Irineo Salmerón Dircio, coordinador de enlace de la CRAC en Tixtla, cuando se dirigía a su escuela primaria a impartir clases, y el viernes fue identificado entre dos cuerpos hallados sin vida en Amate Amarillo, municipio de Chilapa, junto a una cartulina que decía “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”.
El lunes 28 de noviembre fue sacado de su casa por la fuerza el ex regidor, promotor de una universidad popular en Atliaca, y activista contra las elecciones del 7 de junio de 2015 en apoyo a los padres de Ayotzinapa, Luis Tenero Encarnación.
Ayer su cuerpo sin vida fue localizado en la carretera de cuota Chilpancingo-Tixtla o el nuevo libramiento, cerca de la población de Matlalapa, de Tixtla. Tenero Encarnación también pertenecía a la Policía Comunitaria de Atliaca.
Frente a esto, denunciaron una violencia dirigida contra los sectores organizados, para aniquilar la disidencia contra el Estado. Señalaron el uso de “grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio, que no hace abiertamente el gobierno”.
Acusaron a la clase política partidista y de los tres niveles de gobierno de estos asesinatos, en particular al gobernador Héctor Astudillo Flores y al alcalde de Tixtla Hossein Nabor Guillén, de la inseguridad en el municipio.
Convocaron a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), a Peace Brigades International (OBI), Amnistía Internacional, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh), La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Federación de Asociaciones Juristas Progresistas (FAJP) y el Mecanismo de Defensa de los Derechos Humanos de Periodistas y Activistas de la Ciudad de México, a poner sus ojos en este municipio.

 

Piden a diputados dictaminar sobre la iniciativa de sancionar desapariciones

 Presentan las legisladoras federales por el PRD, Eliana García e Irma Figueroa, punto de acuerdo en San Lázaro

 Las diputadas federales del PRD, Eliana García e Irma Figueroa, presentaron ayer, en la sesión ordinaria un punto de acuerdo en el que exhortan al Congreso local que dictamine –en este periodo ordinario de sesiones– sobre la propuesta de ley sobre la desaparición forzada de personas, presentada el 14 de enero por organizaciones civiles y avalada por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos.

En un boletín de prensa se informa que el dictamen de la propuesta de ley se debe emitir con estricto apego a los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Dicha propuesta, además de establecer pautas claras de definición del delito retoma los criterios que, según el Decreto Internacional de los Derechos Humanos, debe contener una normatividad que pretenda erradicar esta práctica, la sitúa como un precedente importante y significa la posibilidad de que la normatividad de Guerrero se armonice con las principales Convenciones y Pactos Internacionales que se han desarrollado en materia de derechos humanos, y por lo que refiere a este tema establecen que es necesario tomar las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesarias para cumplir los compromisos asumidos.

Expone que la ausencia de una legislación adecuada para prevenir esta violación a los derechos humanos, si bien no es la única causa de que estos hechos sigan sí genera la impunidad de los agresores, en virtud de que no existe el tipo penal adecuado que permita sancionar, conforme a las reglas penales, a quienes cometan este acto.

Refiere el documento que en esta entidad federativa se han sufrido las peores situaciones de violación a los derechos humanos que pueden darse en un estado autoritario, y pone de ejemplo las masacres de Aguas Blancas y El Charco, las más de 600 denuncias que organizaciones civiles y familiares de detenidos desaparecidos han presentado, ya sea a través de los medios de información o en las instancias legales correspondientes, por desapariciones forzadas ocurridas durante la llamada guerra sucia.

Entre otras, la recomendación 19/2002 emitida por la Coddehum, por 9 casos de desaparición forzada en 2002, en los que de manera directa se señala a agentes de la Policía Judicial del Estado en la comisión de estos delitos, los cuales son considerados de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles.å

Demandan ONG legislar la iniciativa contra las desapariciones en el periodo que comienza

Guerrero, la entidad con más casos Human Rights Watch

 Visita representante de esa organización de derechos humanos el estado, a fin de promover que este hecho se tipifique como delito. En Atoyac recuerdan la guerra sucia, dice activista

 Integrantes de la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos consideraron como “impostergable” que se concluya el tema de la desaparición forzada de personas en la agenda legislativa del periodo ordinario de sesiones, que empieza el 1 de abril.

En conferencia de prensa, en la que estuvo el representante para América Latina de Human Rights Watch, Daniel Wilkinson, los representantes de organismos civiles de derechos humanos que integran la Red, a través de un documento que leyó el coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández, demandaron también que el Congreso del Estado reciba en pleno al representante de las Naciones Unidas, Anders Kompas, especialista en materia de desaparición forzada de personas.

Piden, asimismo, que se dé trámite legislativo a la iniciativa ciudadana que propone la creación de la Ley para Prevenir y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para Guerrero, que presentaron la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum).

El la rueda de prensa estuvieron también Casiana Nava Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón; Arturo Román Bahena, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez; Mario Ernesto Patrón, de Tlachinollan, y el visitador general de la Coddehum, Hipólito Lugo Cortés.

La petición de los organismos civiles al Congreso local es que se legisle y se tipifique como delito la desaparición forzada de personas, y se da a tres meses de que de manera conjunta comenzaron la campaña estatal para impulsar la aprobación de una ley de esa naturaleza, para lo cual el 14 de enero pasado presentaron una iniciativa.

A esta campaña se han sumado también organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola), El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y Lawyers Committee for Human Rights.

Según se informó ayer, estos organismos internacionales han revisado la propuesta de Ley para Prevenir y Erradicar la Desaparición Forzada de Personas para Guerrero, y verificaron que dicha iniciativa contara con las disposiciones que dan mayor protección a los ciudadanos.

Los organismos de derechos humanos que impulsan dicha iniciativa demandan también una reunión de trabajo con el gobernador Rene Juárez, “con la intención de dialogar en torno a la importancia que tiene crear una Ley Especial, debido a que la desaparición forzada es una grave violación a los derechos humanos                       y que no ha podido ser erradicada en el estado”, señala en el documento leído por Barrera Hernández.

Sin embargo, a pesar de que la petición al Ejecutivo estatal la plantean los representantes de los organismos civiles, desde hace mes y medio no han obtenido respuesta favorable.

El documento también señala que “vemos con preocupación que a unos días de empezar el siguiente periodo de sesiones, el tema de la desaparición forzada de personas no se encuentra dentro de la agenda legislativa”, incluso agrega que se desconoce si la propuesta de iniciativa de ley que presentaron ya se encuentra en trámite legislativo.

Mientras, tanto el visitador general de la Coddehum, Hipólito Lugo Cortés, dijo que ante esta petición de los organismos civiles de derechos humanos, la Coddehum no puede permanecer “apacible”. Sobre todo porque                       siguen las desapariciones.

El funcionario de la Coddehum recordó que ese organismo emitió una recomendación, la 019, por la desaparición de nueve personas, motivo por el que actualmente se encuentran procesadas ocho personas por los delitos de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, debido a que aún no está tipificado el delito de desaparición forzada de personas.