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Desobedece el juzgado de San Luis Acatlán un amparo para reponer su juicio: Eliseo Villar

Desde la prisión de la capital, el ex coordinador de la casa de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Eliseo Villar Castillo, denunció que el juzgado de San Luis Acatlán se niega a atender una sentencia de amparo, que ordena reponer desde el inicio el procedimiento en su contra.
En una llamada a la Redacción de El Sur, aseguró que en tres de las causas penales que se consignaron a un juez de Ometepec, por secuestro y privación ilegal de la libertad, ya recibió los autos de libertad luego de la resolución a su favor de varios juicios amparo, como integrante del sistema de seguridad y justicia comunitaria.
Solicitó al gobernador Héctor Astudillo Flores que intervenga para que los procesos judiciales en San Luis Acatlán se agilicen y obtenga su libertad o se dicte de inmediato una sentencia.
Asimismo, para el caso de la coordinadora Adelaida Hernández Nava, acusada por los mismos delitos. Pues fueron detenidos juntos hace tres años y dos meses en Acapulco.
Indicó que aún tienen diez procesos abiertos por presunto secuestro agravado, privación de la libertad, robo y lesiones. En su defensa promovió varios amparos, el último se resolvió hace un mes y aseguró que el juez Heribeto Barenca, de San Luis Acatlán, se niega ha obedecer la orden legal.
Consideró que al reponerse el proceso, el juez tendrá que dictan autos de libertad porque las acciones que motivaron las denuncias fueron parte de sus funciones como integrante de la CRAC, reconocida por la ley estatal 701, de reconocimiento, derechos y cultura indígena.
Insistió en que los pobres son los que están en prisión, porque “los delincuentes pagan fuertes cantidades de dinero para conseguir su libertad, para seguir haciendo daño a la sociedad”.
Eliseo Villar encabezó la policía comunitaria de la CRAC, con el respaldo del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero, en un periodo de fuertes divisiones dentro de la organización. Fue detenido durante el gobierno interino de Rogelio Ortega Martínez, quien asumió el cargo con el retiro obligado de Aguirre Rivero, tras la desaparición forzada de los 43 normalista desaparecidos de la normal de Ayotzinapa.

 

Aplica Cobach represalias contra la vocera de los trabajadores que protestaron el lunes, denuncian

 

La trabajadora del Colegio de Bachilleres (Cobach), Mónica Leyva Mejía, quien fungió como vocera durante la protesta del lunes pasado, cuando exigieron el pago de un apoyo económico de 7.8 millones de pesos para trabajadores que no han sido recategorizados, denunció este miércoles represalias en su contra.
Vía telefónica, declaró que a través del departamento jurídico de la institución fue citada a comparecer para este 25 de mayo, acusada por la “privación de la libertad” de las trabajadoras Alma Delia Alvear Hernández y Mónica del Pilar Villalba.
El lunes pasado, trabajadores sindicalizados de oficinas centrales y de distintos planteles del Cobach se manifestaron afuera de la dirección general, y desde las 12 del día bloquearon la avenida Benito Juárez, en el centro de la capital.
En la protesta exigieron el pago de 7.8 millones de pesos, como apoyo económico para mil 100 trabajadores que no han sido recategorizados. Además, demandaron la entrega de sus pólizas de seguro de vida, el pago de bonos y prestaciones, como el del Día de las Madres, y la cancelación de más de cien plazas que consideran unilaterales.
En represalia, este miércoles la trabajadora Mónica Leyva Mejía recibió el oficio DAJ-232/2018, mediante el cual la citan para que comparezca ante la Dirección de Asuntos Jurídicos y responda por la privación ilegal de la libertad de Alma Delia Alvear y Mónica del Pilar Villalba.
“Se trata de un acto de intimidación y de represalia por exigir nuestros derechos”, denunció vía telefónica la trabajadora, quien el día de la protesta fungió como vocera del movimiento.
El oficio, con fecha 22 de mayo, pero que recibió ayer, dice que “por instrucciones de Omar Soto Díaz, director administrativo, le comunico que con base en el acta administrativa de hechos levantada el 21 de mayo del año en curso, en la que se le señala por la probable imputación de la privación ilegal de la libertad de Alma Delia Alvear Hernández y Mónica del Pilar Villalba, trabajadoras adscritas al área de servicios estudiantiles, y para no violentarle sus derechos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución política, se le cita para el 25 de mayo del año en curso, a las 10 horas, para que manifieste lo que a su derecho convenga con respecto a lo señalado”.
Leyva Mejía dijo que no se explica por qué fue citada sólo ella, cuando en la protesta participaron unos 300 trabajadores, e insistió en que se trata de un acto de represión y de intimidación, para que en lo sucesivo los trabajadores ya no se manifiesten en exigencia de sus derechos.
Informó que el viernes no acudirá sola a la cita y que la acompañarán la mayoría de sus compañeros trabajadores, quienes asistieron el lunes, porque insistió en que no se trató de una protesta individual, sino colectiva.

Se desiste diputada del PRD de acusaciones contra Gonzalo Molina; falsificaron su firma, dice

La coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso del Estado, la diputada Érika Alcaraz Sosa se desistió de la denuncia por terrorismo, lesiones, privación de la libertad y robo específico que presentó cuando era regidora de Tixtla en contra del promotor de la Policía Comunitaria, Gonzalo Molina González, quien por esas acusaciones enfrenta la causa penal 7/2017 y está preso en la cárcel de Chilpancingo.
La diputada acudió este miércoles ante el juzgado Segundo de Primera Instancia del ramo penal para sostener un careo con Molina González, quien salió a la rejilla de prácticas a las 11 de la mañana.
Sin mayores protocolos en la audiencia la ahora diputada local declaró que no reconoce como suya la firma de la denuncia, y se desistió de las acusaciones en contra de Molina González.
Para el desahogo del proceso judicial que se le sigue, específicamente en esta causa penal, falta que acuda al careo el ex síndico de Tixtla, David Martínez Valdez y dos policías que se dijeron agredidos por policías comunitarios el día en que tomaron el Palacio Municipal, el 26 de agosto de 2013, en demanda de la liberación de la promotora de la CRAC de Olinalá, Nestora Salgado García.
La diputada Alcaraz Sosa declaró que el secretario de acuerdos del juzgado le dijo que no han podido localizar ni al ex síndico ni a los dos policías, y que con el afán de contribuir va a tratar de localizarlos ella “para que ellos vengan a exponer de su propia voz los hechos que sucedieron, y si es el caso, puedan otorgarle el perdón a nuestro paisano Gonzalo Molina”.
Molina González dijo a los reporteros que con la declaración de la diputada se confirma que “alguien está interesado en mantenerlo preso”, porque ella no reconoce la firma de la denuncia, “y asegura que esa declaración no la hizo”.
Añadió que otras personas que han acudido a careos anteriores han denunciado que fueron obligados a presentar la denuncia por el entonces presidente municipal, el perredista Gustavo Alcaraz Abarca.
Informó que las declaraciones están asentadas en el expediente que se lleva en el juzgado y que con la declaración que hizo este miércoles la diputada, “queda demostrado que el caso es netamente político”.
Al respecto llamó a las autoridades de gobierno para que intervengan en su liberación, “ya es justo, llevo cuatro años en la cárcel, se tiene que destrabar esta situación. La libertad de Gonzalo implica ir a trabajar más por los pueblos, no estoy buscando el beneficio personal, de grupos ni de personas, es el beneficio de los pueblos y comunidades originarias de Tixtla”.
Informó que tiene otra causa penal en el juzgado Séptimo de Distrito, pero que también los que supuestamente lo acusan dicen que ellos no lo denunciaron o que fueron presionados y que se han ido desistiendo.
Insistió que con ello queda demostrado que no hubo el terrorismo del que lo acusan, porque incluso el día de los hechos, “la gente estuvo allí y hasta tomó fotografías y que a él lo vieron dando entrevistas, con eso prácticamente se echa abajo todo”.
Añadió que si la diputada le quiere ayudar que no negocie su libertad, sino que concrete una reunión entre su familia y los integrantes del Comité de Presos Políticos y las autoridades, que se explique la función de la Policía Comunitaria y se pida respeto a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, con lo que quedaría en libertad incondicionalmente.
“Sería bueno abrir esa puerta, mi libertad no está en negociación, sólo hay que abrir la puerta para que mi familia y el Comité de Presos Políticos tengan esa reunión”, declaró.
En cuanto a su salud dijo que “es difícil” y que se sigue agravando ante la falta de medicamentos.  Contó que además del antiguo padecimiento del riñón sufre de gastritis aguda que se le ha ido agravando por falta de medicamentos. Informó que desde la semana pasada le recetaron medicinas pero que no se las han dado, “yo no tengo dinero para comprarlas, además es el Estado el que me tiene aquí y me las tiene que dar”.

Paramilitares que hacen trabajo sucio del gobierno causan violencia en Tixtla, señalan la CRAC y ONG

 

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria de Tixtla, perteneciente a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, organizaciones sociales y activistas de ese municipio solicitaron el envío de observadores de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, públicos y civiles, dada la violencia dirigida contra los sectores organizados.
Por escrito pidieron la intervención para evitar más muertes, reunir evidencias del hostigamiento, desapariciones forzadas, privación de la libertad y para formular las denuncias contra los posibles asesinatos de los luchadores sociales ante instancias internacionales.
Al gobernador priista Héctor Astudillo Flores y al alcalde perredista Hossein Nabor Guillén les pidieron medidas cautelares y precautorias para los ciudadanos de Tixtla, aunque “han demostrado la incapacidad para brindar la seguridad de todos los ciudadanos de Guerrero y específicamente de Tixtla”.
Recordaron que Tixtla ha sido bastión de la lucha social y existe una “cacería sangrienta” contra los activistas y los normalistas de Ayotzinapa.
Como referencia recordaron la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl I. Burgos de Ayotzinapa, que fue posible sólo por la colusión del crimen organizado con policías, fuerzas armadas y gobiernos el 26 de septiembre de 2014, y el desalojo a balazos de un bloqueo de normalistas el 12 de diciembre del 2011, donde asesinaron a dos.
Denunciaron que ocurren el hostigamiento, extorsiones, crímenes, desapariciones forzadas, presos políticos y demás lesiones de los derechos humanos, pese a que el Observatorio Ciudadano para la Seguridad Pública para la Justicia Penal, identificó vínculos de 24 presidentes municipales de Guerrero con la delincuencia organizada, no hay procedimientos ni investigaciones penales.
De Tixtla denunciaron que hace varios meses se intensificó la violencia, “día tras día hay desapariciones forzadas, levantones, desmembrados y ciudadanos asesinados. Es notable que la inseguridad ha ido en aumento en los últimos días y a pesar de la presencia de policías estatales y militares que ‘resguardan’ las entradas y salidas del municipio de Tixtla, las ejecuciones continúan y nos han sometido a un toque de queda, apoderándose de la población el miedo y el terror”.
Aunado a nuevos asesinatos de estudiantes de la Normal Rural y de luchadores sociales, como el 4 de octubre cuando un comando armado arremetió contra usuarios de una Urvan del transporte público, donde seis personas fueron asesinadas, entre ellas dos estudiantes de Ayotzinapa: Jonathan Morales Hernández y Filimón Tacuba Castro, con balazos en la cabeza.
Este miércoles 23 de noviembre fue llevado de manera forzada el maestro Irineo Salmerón Dircio, coordinador de enlace de la CRAC en Tixtla, cuando se dirigía a su escuela primaria a impartir clases, y el viernes fue identificado entre dos cuerpos hallados sin vida en Amate Amarillo, municipio de Chilapa, junto a una cartulina que decía “Esto les paso x no alinearse con el jefe, y esto va pa todos los comunitarios chaqueteros, la mera riata es la mera riata. Atte: Los Jefes”.
El lunes 28 de noviembre fue sacado de su casa por la fuerza el ex regidor, promotor de una universidad popular en Atliaca, y activista contra las elecciones del 7 de junio de 2015 en apoyo a los padres de Ayotzinapa, Luis Tenero Encarnación.
Ayer su cuerpo sin vida fue localizado en la carretera de cuota Chilpancingo-Tixtla o el nuevo libramiento, cerca de la población de Matlalapa, de Tixtla. Tenero Encarnación también pertenecía a la Policía Comunitaria de Atliaca.
Frente a esto, denunciaron una violencia dirigida contra los sectores organizados, para aniquilar la disidencia contra el Estado. Señalaron el uso de “grupos paramilitares para hacer el trabajo sucio, que no hace abiertamente el gobierno”.
Acusaron a la clase política partidista y de los tres niveles de gobierno de estos asesinatos, en particular al gobernador Héctor Astudillo Flores y al alcalde de Tixtla Hossein Nabor Guillén, de la inseguridad en el municipio.
Convocaron a la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), a la Organización de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), a Peace Brigades International (OBI), Amnistía Internacional, a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Coidh), La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Federación de Asociaciones Juristas Progresistas (FAJP) y el Mecanismo de Defensa de los Derechos Humanos de Periodistas y Activistas de la Ciudad de México, a poner sus ojos en este municipio.