Las feministas María Luisa Garfias Marín y Marina Reyna Aguilar, denunciaron que persiste el autoritarismo en el gobierno estatal.
Opinaron respecto al cambio de funcionarias encargadas de la atención de la Alerta de Violencia de Género, y tras la denuncia de la directora Estatal para Prevenir la Violencia contra la Mujer de la Secretaría General de Gobierno, Yenedith Barrientos Santiago, de que fue obligada a renunciar a su cargo esta semana, después de que cambiaron la chapa de la puerta de su oficina, y la dejaron de convocar a reuniones de trabajo.
En consulta telefónica, Garfías Marín denunció que en la actual administración se reproducen formas de los gobiernos pasados.
“Cambiarle la chapa de su oficina, cuando ella merecía un trato digno como funcionaria, como mujer, como responsable de la Alerta de violencia en Guerrero, creo que es una acción violenta”.
Estimó que evidencia “una vez más que hay un abuso de poder hacia las mujeres, independiente de que sean funcionarias o no”.
Consideró que el gobierno estatal debería ser consecuente con la política que pregona la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, de convertir a Guerrero en un refugio para las mujeres, y que haya una disculpa para Barrientos Santiago.
Reyna Aguilar señaló que desde la administración anterior, las defensoras de derechos de las mujeres han criticando que haya cambios del persona coordinadora de la atención de las alertas, y enlace con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Recordó que en la administración hubo cuatro personas en esa posición por los cambios en el gabinete, que significan retrocesos.
“Eso no abona en el avance que quisiéramos observar en el tema de cumplimiento de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género, porque al interior, quien se coordina con todas las instancias que deben estar atendiendo la alerta”.
Señaló que los cambios que se observan en la Secretaría General de gobierno, desde la renuncia del extitular, Marcial Ludwig Reynoso Núñez, el nombramiento de una encargada, Anacleta López vega, que trae a su propia visión o desconocimiento de la Alerta, “porque no había estado ahí, o lo veían de lejos, pero no lo habían atendido como tal”.
Como peticionaria de la Alerta de violencia feminicida, expresó preocupación del seguimiento que va a atener el mecanismo.
“Desconozco a quién vayan a designar, pero no observo que haya personal con compromiso con el tema, solamente es una prioridad para el gobierno del estado, pero no para quienes están en la Secretaría general de gobierno”.
Adelantó que va a recurrir a otros instrumentos jurídicos para obligar al estado y a quien directamente tiene la responsabilidad a dar cumplimiento a la declaratoria.
Añadió que supo que el jueves hubo una reunión para revisar la segunda alerta de violencia de género por agravio comparado, y no sabe que van a hacer en la atención de la primera alerta. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
El cooperante de la organización no lucrativa World Central Kitchen Jacob Flickinger (de lentes oscuros) posa con algunos de los acapulqueños con los que colaboró tras el huracán Otis Foto: Jesús Espinoza /?Especial
Jacob Morales Antonio
La empresaria Susana Palazuelos indicó que hay mucha consternación por el ataque de Israel contra un convoy en Gaza donde murieron siete voluntarios de la organización World Central Kitchen, entre ellos Jacob Flickinger, quien estuvo entregando comida en colonias de Acapulco como Emiliano Zapata, Sector 6 y Vacacional, luego del devastador impacto del huracán Otis.
La también presidenta de la Cruz Roja en Guerrero expresó: “estamos todos muy consternados, no sé qué le está pasando a este mundo. Basta ya de asesinar a gente que se dedica a trabajar todo el tiempo, sin ningún interés más que el de ayudar a los demás y les hacen esto”.
Agregó: “estamos tristísimos de que le haya pasado esto a una persona como él, que estuvo en Acapulco. Lo que les hicieron a ellos no tiene nombre”.
La también organizadora de fiestas dijo que hace unas semanas pensó en irse como voluntaria a apoyar a cocinar a la organización en Gaza ante la necesidad que hay, sin embargo su hijo Eduardo Wichtendahl Palazuelos le dijo que la situación era muy delicada al tratarse de una guerra, y desistió.
Recordó que World Central Kitchen entregó en Acapulco más de 5 millones de raciones de comida, unas 51 mil raciones al día desde la avenida Costera hasta las comunidades más apartadas, al igual que en Coyuca de Benítez, en el tiempo en el que operó; además de entregar harina de maíz a las tortillerías para evitar el aumento del precio de las tortillas.
Por su parte el fotoperiodista Jesús Espinoza indicó que Jacob Flickinger era una persona muy reservada, hablaba poco, pero muy activa a la hora de ayudar a cargar y repartir la ayuda. Dijo que el hombre de 33 años había llegado unos días después del impacto del huracán y estuvo hasta principios de diciembre en la ciudad.
Comentó que en algunos recorridos donde documentó el trabajo de la organización en Acapulco como en las colonias Emiliano Zapata, Sector 6 y la Vacacional, Jacob Flickinger era un hombre que al bajar de las camionetas analizaba su entorno, que “observaba mucho a su alrededor”, además de estar muy atento a la entrega de las raciones.
En Acapulco, ediles en funciones, funcionarios en activo, ex diputados, ex ediles, trabajadores del municipio y líderes vecinales, transportistas y activistas buscan ser considerados para integrar la planilla de síndicos y regidores de Morena que se elegirán el próximo 2 de junio.
Al proceso interno de Morena se inscribieron 218 personas, entre militantes y externos: 197 para regidores; de éstos son 113 hombres y 77 mujeres y una mujer transexual. Y 21 para síndicos, de los cuales nueve son hombres y 12 mujeres.
El Cabildo de Acapulco se integra por 23 ediles, un presidente, dos síndicos y 20 regidores. En la elección pasada de 2021, por la votación que obtuvo Morena logró diez regidurías. En el supuesto de que Morena consiga la misma cantidad de votos en los comicios del próximo 2 de junio (138 mil 697 sufragios), de los casi 200 aspirantes a regidores, apenas el 5 por ciento logrará un espacio en el Cabildo.
Para la sindicatura
Entre los 21 aspirantes a la sindicatura están la ex diputada local Mariana García Guillén; la ex regidora y actual funcionaria de la Dirección de Salud Municipal, Lourdes Mendoza Urióstegui; la ex secretaria de Desarrollo Social, Milly Ramírez Olmedo; la directora de Educación de la actual administración, Lucina Guadalupe Daza Rodríguez -hermana del zeferinista Porfirio Daza- y la líder vecinal Lluvia Irán Brito Morán.
También está apuntado el actual síndico Miguel Jaimes Ramos, el regidor Jonathan Márquez Aguilar, y el ex director de Salud Agustín Flores Jiménez.
Entre los 197 aspirantes a regidores de los ediles en funciones que buscan seguir como miembros del Cabildo están Sofía Corona Mijangos, quien empezó en el PRD, después se pasó al PRI y ahora está en Morena; la regidora Damaris Ruano Lucena, Juan Solís Calderón yPedro Vigueras Espino; la síndica María Inés Mendoza Sandoval y José Antonio Carbajal Moreno.
De los funcionarios en activo que buscan ser ediles están el subsecretario de Hacienda Antonio Rojas Marcial, el coordinador de Movilidad y Transporte Leonardo Daniel Moya Fossado, los directores de Panteones María de Lourdes Cristino Jaimes; de Fortalecimiento Municipal, Lucero García Rodríguez; de Desarrollo Económico, Elizabeth Parras Gutiérrez; de Imagen Urbana, Rufino Carrillo Pérez; de Planeación, Alejandro Díaz López; de Conservación y Mantenimiento, Pascual Díaz Lópe; de Maquinaria Pesada Silvestre Gómez Martínez, y a delegada administrativa de la Secretaría General del Ayuntamiento Alma Edith Pérez Sánchez.
También el asesor jurídico de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) Uriel Leal Ramírez.
De los nombres que se conocieron, se identificó a la activista por los derechos de la mujer María de Jesús Martínez Hernández. También se inscribió a la contienda Alejandro Gasca Luna, una chica transexual conocida como La Barbie de Acapulco, quien ha buscado un espacio de representación en el Cabildo desde los tiempos en que el PRD ganaba elecciones.
Los Ex
En la búsqueda por un espacio en el Cabildo de Acapulco, está el ex diputado federal Roberto Guzmán Jacobo. Fue el primer diputado federal por Acapulco por Morena electo en tómbola en la lista de plurinominales.
En la lista de aspirantes están algunos de la administración pasada 2018-202: la ex regidora Mayra Reyna, el ex regidor Javier Morlett Macho; el ex secretario general del Ayuntamiento Ernesto Manzano Rodríguez; los ex funcionarios municipales Malena Godoy Román, Martha Patricia Quintana Ponce, Rosa María Aguilar Miranda, y el ex director de Desarrollo Económico Rodrigo Ramírez Justo
De los ex funcionarios de la actual administración municipal que buscan ser ediles están el ex director de Obras Publicas Alfredo García Vázquez -quien salió de la administración municipal luego de un audio, donde presuntamente evidenciaba la corrupción en esa área pues pedía a las constructoras el pago de reintegros-, y la ex directora del DIF municipal Mara Iris Saligán Bibiano.
Otros ex que también se registraron al proceso interno de Morena son el ex director del parque Papagayo en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, Mario Hernández Zamora, el ex dirigente municipal del PAN Andrés Orozco Pintos, el ex perredista Ramón Gracida González y el ex regidor por el PRI en el periodo 2005-2008 Efraín Dorantes Vélez.
Los hijos de… los sobrinos de…
En Morena, a una década de haberse fundado como partido y en Guerrero a cinco años de haberse convertido en la primera fuerza política del estado, ya empezó a emular los vicios que decía combatir de los partidos como el PRI y PRD, en la lista de aspirantes a ediles hay nombres de los hijos y sobrinos de personajes morenistas.
Un ejemplo es Arisdelssy Silva Cruz, la secretaria particular de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, quien fue traída desde Puebla para empezar su carrera política en Acapulco al amparo de su tía, que tiene gran influencia en el gobierno municipal y ahora está anotada en la lista de aspirantes a ediles.
También como aspirantes a ediles están los hijos de la regidora Laura Caballero Rodríguez, Víctor Andrés y María del Pilar Galeana Caballero. También está el hijo de César Varela Blanco, César Román Varela Blanco y Garzón, y un reconocido personaje vinculado al PRI durante toda su vida, César Felipe Leyva.
Entre trabajadores y líderes
En la contienda interna de Morena para el Cabildo se anotaron trabajadores del ayuntamiento del área de regidurías como Leobardo Esteban Cárdenas Saldaña, Manuel Lozano y Medardo Roque Brito. En la lista de aspirantes también está Alejandro Gasca Luna, quien se identifica como transexual y es conocida como La Barbie de Acapulco, es trabajador de base del ayuntamiento.
De los lideres vecinales que se identificaron están la maestra Leticia Morales Abarca, Elefgo Gallegos,de Tres Palos, Jesús López Tapia de La Jardín, Arquímides Torres Linares de Renacimiento y el líder transportista Arturo Vergara.
En dos y tres pistas
El ex director del Instituto Municipal de Planeación Yair García Delgado también busca ser incluido en la planilla de ediles o candidato a diputado local por el distrito 04; la síndica María Inés Mendoza Sandoval ahora busca ser regidora o diputada local por el distrito 04 local; el regidor José Antonio Carbajal Moreno corre en dos pistas, la regiduría y la diputación local por el distrito 08,
Asimismo, está el ex delegado de la Semarnat, Christian Uriel Garnica San Román, que busca una regiduría, una candidatura a diputado plurinominal o uninominal por el distrito 07; el ex regidor y ex diputado local y actual subsecretario de Turismo municipal Arturo López Sugía busca ser parte de la planilla de ediles o candidato a diputado por la vía plurinominal.
Carlos Federico Payán Cortinas también busca ser candidato a regidor, candidato a diputado local por el distrito 07 o diputado plurinominal.
El ex secretario general de la sección 19 del SUSPEG Humberto Piza Pérez quien busca un espacio en el Cabildo, la candidatura por el distrito local 05 y por la vía plurinominal.
El titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Contraloría del gobierno del estado Julio César Ramírez Coronel, quien además de buscar ser regidor, busca la candidatura a diputado local por el distrito 05 y también por la vía plurinominal
El ex diputado local por Movimiento Ciudadano Jorge Armando Muñoz Leal, se registró como aspirante a regidor y a síndico en el proceso interno de Morena.
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que reflejan el incremento de los delitos contra la libertad y la seguridad sexual en Guerrero, son un referente de un problema que difícilmente se denuncia, y cuando las víctimas recurren a las instituciones tampoco les creen, coincidieron las activistas feministas, María Luisa Garfias Marín y Marina Reyna Aguilar.
En consulta telefónica por separado, las acompañantes de víctimas confirmaron que la entidad, con dos alertas de violencia de género, la estructura gubernamental falla en su obligación de garantizar la seguridad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Como ejemplo, Reyna Aguilar mencionó el caso de una niña de 13 años en Atoyac de Álvarez, embarazada por violación de su padrastro, al que le dio seguimiento a mediados de este año, donde sin investigación de por medio, las autoridades del sector dieron por buena la versión de los trabajadores acusados de obstrucción.
Denunció que el encubrimiento tiene de fondo político, la defensa de una política pública que no está dando resultados.
En tanto, Garfias Marín añadió que desde 2018 y 2019 se ha venido registrando el incremento de la violencia sexual a mujeres, adolecentes, niñas y niños, los principales afectados por este delito, no sólo en Guerrero sino a nivel país.
De acuerdo con lo publicado por El Sur, de 2018 a 2022 los delitos aumentaron más de 114 por ciento, de acuerdo con la estadística de denuncias penales que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es decir, en 2018 hubo 165 denuncias por abuso sexual, y 196 de violación simple, y en 2022, el número de delitos ascendió a 452 en abuso sexual, y a 249 en violación simple.
“En vez de que disminuyan con las políticas que implementan los gobiernos federal y de los estados, no han tenido impacto, como lo podemos ver también en Guerrero”, indicó Garfias.
Advirtió que algo está pasando en las formas de promover la protección de los derechos humanos, para involucrar a los diferentes actores sociales y políticos, con acceso a la justicia.
En su experiencia, señaló que cuando se detiene a un presunto violador y se abre una carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público integra mal el expediente que no llega a los juzgados, o el acusado se amparó o huyó.
Ratificó que la cifra oficial, indica que no funcionan las políticas publicas de los diferentes niveles de gobierno, “tenemos dos alertas, por violencia feminicida, y otra por agravio comparado -por la falta de acceso a la salud integral en casos de violación-, pero los municipios alertados, y los no alertados tampoco hacen algo para la reducción de las violencias”.
Señaló que las estimaciones del INEGI son que 93 por ciento de los crímenes no son denunciados, así que la información del Secretariado es oficial, pero no se acerca a la realidad. La mayoría de los casos que llegan a las instituciones, quedan impunes, afirmó.
“Sí, hay esfuerzos en el gobierno del estado y de las organizaciones de la sociedad civil, pero no es suficientes porque estamos trabajando en contra de un siglo de una educación sexista, generadora de violencia contra las mujeres que nos está costando cambiar. Hemos avanzado pero aún es insuficiente”.
Marina Reyna Aguilar confirmó que la cifra negra de abusos y violaciones no denunciadas por vergüenza, falta de una cultura de la denuncia o por temor de las víctimas a que no les crean, es incalculable.
En los casos concretos que llegan a las instancias de acceso a la justicia, tampoco les creen, lamentó.
Señaló que en el primer círculo de las víctimas, que suelen ser mujeres, adolescentes y niños, es más fácil creerle a un adulto que niega los abusos.
Después, con las autoridades, se enfrentan a la negación de servicios efectivos, “los instigan, los convencen a no denunciar, les hacen comentarios degradantes”.
Cuando se denuncian estas conductas, las autoridades de salud y de justicia, en lugar de creerle a la víctima, dan crédito a sus trabajadores de confianza, sin indagar si la atención fue buena o mala.
“Se puede decir que el fondo es político porque responden acorde a una política pública que se ha anunciado, y entonces dicen, ‘¿cómo vamos a quedar mal?’. Es mejor defender el presunto resultado de la acción de gobierno que a las víctimas ante el mal funcionamiento de sus operadores”, denunció.
En el caso de la niña embarazada en Atoyac, que se dio a conocer en junio pasado, y que las autoridades sanitarias conocieron desde enero, recriminó que en la respuesta formal que recibió de la SSA Guerrero, confirmaron la versión de los trabajadores que retrasaron la interrupción del embarazo.
Es decir, que la usuaria se negó al procedimiento. Básicamente acusaron a otra trabajadora de insistir en el aborto.
Reyna Aguilar, peticionaria de la Alerta de Violencia feminicida que se declaró en 2017, afirmó que las instituciones encubren las fallas de sus trabajadores para no dar malas cuentas, “para ellos es mejor simular, cubrir, disfrazar las cifras 1ue atender realmente de fondo los problemas”.
Insistió en que se revisen particularmente los asuntos más delicados de fondo, y que se implementen acciones para la no repetición.
Universitarios, activistas y políticos guerrerenses firmaron un desplegado nacional de apoyo a la aspirante a candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, en el que llaman a la izquierda histórica a hacer lo necesario para que la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México gane la encuesta para ser la coordinadora nacional de los comités de la transformación.
Argumentaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador deja pendientes, entre otras asignaturas, consolidar un sistema de salud y educativo universal, gratuito y de calidad; verdad y justicia en el caso Ayotzinapa y de la denominada guerra sucia, entre otras.
El ex integrante de la Comisión de la Verdad, Nicomedes Fuentes García; el ex gobernador y docente de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Rogelio Ortega Martínez; el ex delegado de Tlalpan en Ciudad de México y ex secretario de Finanzas del gobierno de Ortega, Eliseo Moyao Morales; el fundador de la nueva ACNR, ex senador y ex secretario general del CEN del PRD, Mario Saucedo Pérez, y el ex secretario de Obras y docente de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la UAG, Jesús Hernández Torres, aparecen entre los firmantes.
Bajo el título El futuro por el que soñamos se construye hoy, llaman a la izquierda histórica “a sumar esfuerzos y coordinar las acciones necesarias, que contribuyan a su triunfo en la encuesta, para seguir impulsando y construyendo el sueño de la justicia social, el desarrollo sostenible, la democracia y la grandeza del México justo, por el que miles de luchadoras y luchadores sociales ofrendaron su libertad y su vida”.
En el texto destacan que los contrastes en el país representan un reto doble para hacer frente a problemas ancestrales, “así como al proceso de integración subordinada y desigual a la economía global y a una transición democrática tardía y limitada”.
Advierten que la “vieja clase política”, desplazada del poder en la elección de 2018, se reagrupa “sin ideologías” en un frente opositor, “cohesionada por los poderes fácticos, económicos y mediáticos que vienen para reconquistar sus privilegios del pasado”.
Recordaron que ese régimen autoritario restringió las libertades individuales y los derechos sociales, tuvo resistencias de muy diversos sectores de la sociedad para exigir el cumplimiento cabal de sus derechos económicos, sociales y laborales, y grupos que optaron por la vía armada fueron reprimidos, lo que dio origen a las luchas contra la represión, por las libertades políticas, la presentación de los presos y desaparecidos políticos y el respeto a los derechos humanos.
Añaden que “ya más recientemente”, surgieron otras luchas por las libertades ciudadanas y la democratización, el respeto al voto y el derecho de la ciudadanía, que potenció los enormes fraudes de 1988 y 2006.
Señalaron que “hasta que la insurgencia popular mayoritaria de 2018 expresó la voluntad de alternancia y cambio social con 30 millones de votos en favor de López Obrador, colocando a las élites dominantes en la disyuntiva de evaluar que el costo de su cerrazón sería más alto que el precio de permitir el cambio de régimen”.
Hoy, señalaron que la izquierda social y política del país tienen la responsabilidad de preservar la memoria para los retos que en el país se plantean, como la inseguridad, la violencia, la corrupción sistémica y la pobreza, enraizadas durante mucho, “por lo que es muy difícil erradicarlos”.
Enfatizaron que, ante las actividades ilícitas y el crimen organizado que se extendió en el territorio nacional, se debe “profundizar y ampliar los esfuerzos para enfrentar esta problemática, con justicia social, educación y empleo para los jóvenes y con una coordinación adecuada de todos los órdenes del gobierno”.
Confirmaron que hay asignaturas pendientes para consolidar un sistema de salud y educativo universal, gratuito y de calidad; verdad y justicia en el caso Ayotzinapa y de la denominada guerra sucia.
Así como la recuperación de los derechos campesinos, de la cultura y territorio de los pueblos originarios, respuesta efectiva a las demandas del movimiento de mujeres, construcción de la soberanía alimentaria.
Consideraron que el liderazgo del movimiento por la transformación requiere de personas con trayectorias sólidas, no de fachada mediática, “para encarar los grandes problemas que aún enfrentamos”.
Señalaron que Sheinbaum Pardo, con experiencia probada en el ejercicio público, reúne las cualidades “para encabezar las tareas de coordinación de las acciones para la transformación del país con su propio sello”, porque ha sido parte del movimiento social, con los más pobres y excluidos.
Activistas y promotores de las aspiraciones presidenciales de Claudia Sheinbaum Pardo, Adán Augusto López Hernández y Marcelo Ebrard Casaubón, realizaron actividades en Acapulco este sábado y domingo para beneficio de los morenistas.
Los tres grupos realizaron actividades el sábado por la mañana.
Simpatizantes y promotores de la ex jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, realizaron una asamblea en la cancha techada de La Poza, donde se congregaron comisarios de los pueblos de la zona Diamante del puerto y prestadores de servicios turísticos de esas playas, para manifestar su respaldo.
El vocero de la Red Es Claudia, Juan Carlos Manrique García, indicó que acudieron comisarios de La Poza, Bonfil, Puerto Marques, San Andrés Playa Encantada y Barra Vieja, tambien acudió un grupo de profesopres aglutinados en la asociación Maestros por la Democracia, y prestadores de servicios turisticos, como masajistas, meseros, trensadoras, salvavidas, viveristas, ganaderos y transportistas, de acuerdo con Manrique García los diferentes grupos “se sumaron en apoyo a Claudia”.
La asamblea fue encabezada por el coordinador de la cuarta circunscripción, Héctor Ulises García Nieto, y el responsable estatal, Jesús Urióstegui. Estimaciones de los organizadores es que acudieron más de 500 personas.
Por separado, mujeres de la Comisión Organizadora de Adelitas Guerrerenses también manifestaron su respaldo a Sheinbaum Pardo.
El sábado en las oficinas del Sindicato de Telefonistas, ubicadas en Cerrada de Caminos de la colonia Progreso, en Acapulco, estuvieron la regidora Damaris Ruano Lucena, la ex presidenta del DIF, Adriana Román Ocampo; Silvia Alemán Mundo, Bernarda Leovigilda Chávez Hernández y coincidieron en que Claudia Sheinbaum va a continuar erradicando la corrupción.
Adriana Román dijo que Claudia Sheinbaum “está marcando la diferencia entre los actores políticos de la oposición, una oposición desgastada y sin autoridad moral, ni política, y dentro de Morena es un activo valioso por su altura de miras” y “porque es tiempo de las mujeres”.
Silvia Alemán dijo: “Sabemos que continuará erradicando la corrupción, fortalecerá la transparencia, sobre todo en el manejo del presupuesto público. Sabemos que donde hay transparencia, justicia, hay paz y sabemos que Claudia va a contribuir con este objetivo de justicia y paz”.
Adán Augusto López
Los morenistas que apoyan a Adán Augusto López realizaron una brigada casa por casa, desde la avenida Ruiz Cortines hasta la Cuauhtémoc, durante el que recorrieron las colonias Barranca de la Laja y Marroquín.
De acuerdo con Silvestre Arizmendi Torres, el objetivo fue repartir un periódico sobre López Hernández, pegar calcamonías e invitar a los ciudadanos para que acudan el proximo 25 de agosto a la unidad deportiva Jorge Campos, donde estará el ex secretario de Gobernación.
Este domingo, las brigadas de promoción a favor de López Hernández se hicieron en La Venta. Los activistas recorrieron desde el acceso al poblado hasta el zócalo, tambien fue con la intención de promover las aspiraciones presidenciales del morenista.
Arizmendi Torres dijo que encontró buena recepción de la gente, pues los comentarios fueron que Adán Augusto López “es el bueno”.
Marcelo Ebrard
También el sábado por la mañana, un grupo de transportistas identificados con el PRI, como Miguel Ángel Piña Garibay, quien fue director de Transportes en la administracion de Héctor Astudillo Flores; el líder transportista Rogelio Hernández Cruz, cercano a Ángel Aguirre Rivero; Genaro Bernal y Jesús Zamora se manifestaron en el Asta Bandera, para dar su apoyo al ex secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
En un boletín de prensa se informó que “los transeuntes, y sobre todo automovilistas, se mostraron a favor del proyecto de Marcelo Ebrard, de quien aseguran ha dado a conocer las mejores propuestas en las últimas semanas, en temas prioritarios para el país como seguridad, salud y apoyo a las mujeres”.
Dirigentes sociales y defensores de derechos humanos consideraron como espionaje el seguimiento que hace el Ejército a las organizaciones del movimiento social. Condenaron que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tolere y justifique como “inteligencia” el hostigamiento, criminalización y persecución al movimiento social.
También, consideraron que con ese espionaje se atenta contra la vida de los activistas, al colocarlos en un estado de vulnerabilidad y en riesgo de ser agredidos en un régimen militarizado, donde para el Ejército “su mayor enemigo” es el movimiento social.
Como informó El Sur, de acuerdo con documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que son parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, en los que se revela el seguimiento del Ejército a grupos de movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los personajes que destaca en los documentos filtrados son la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), así como los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos; el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
Las políticas de constrainsurgencia, el origen del espionaje militar: Abel Barrera
Consultado al respecto vía telefónica, el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, lamentó que el papel desempeñado por el Ejército durante décadas sea de espionaje, dentro de políticas de contrainsurgencia que se instalaron en Guerrero y en el país, para proteger intereses políticos y económicos de la clase en el poder, y sobre todo para desmovilizar, desarticular y criminalizar al movimiento social, a los luchadores sociales, a defensores de derechos humanos, a periodistas críticos, lo que atenta contra el mismo Estado de derecho.
Sostuvo que con este espionaje se cataloga a sectores de la población trabajadora que lucha desde abajo y defiende sus derechos como enemigos del régimen, como personas incómodas o disruptoras que atentan contra la legalidad y la verdad. Afirmó que con esos documentos se observa a un Ejército que viola derechos humanos en un contexto donde aún no han rendido cuentas por los crímenes de la guerra sucia de los años 70 en Guerrero, cuando se instaló “la contrainsurgencia”, época en que se torturó, desapareció y ejecutó a líderes y activistas sociales con total impunidad.
Expuso que ahora esa actuación continúa y sigue reeditándose esa guerra sucia en trabajos de espionaje y de contrainsurgencia, para poner en el blanco o en la mirilla a activista sociales y defensores de derechos humanos, a quienes el Estado busca desactivar, contener, reprimir y “en ciertas circunstancias atentar contra la vida misma, como ha pasado con las ejecuciones de activistas, como ha pasado con las represiones”.
Consideró que las consecuencias de que el gobierno espíe a los defensores de derechos humanos mediante el Ejército, pone en riesgo su vida porque los coloca no sólo simbólicamente sino en términos reales como personas no gratas para el grupo en el poder, y una amenaza al status quo. Aseguró que vivimos en un régimen donde el Ejército está por encima del Estado de derecho y de las autoridades civiles, es decir, “es un régimen militarizado” que atenta contras los parámetros jurídicos que nos rigen como país.
Dijo que el espionaje “habla mal de un sistema democrático, porque en lugar de fortalecer las instituciones civiles y las instancias de seguridad civil, se está robusteciendo el poder militar”, y sostuvo que el seguimiento que hace el Ejército no es legítimo porque hay instituciones e instancias que se encargan de autorizar esas investigaciones, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, quienes darían las órdenes para interceptar llamadas, por ello, señaló que el
Ejército no está por encima de las instancias civiles, y es lo que agrava la situación porque actúan como si fueran autónomos, como “un Estado dentro del Estado”.
Expuso que es grave que se catalogue como delincuentes a las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, al ser espiados se les compara como si fueran delincuentes, cuando su lucha es digna, pero se les coloca contra el paredón, “en verdad es muy grave en las circunstancias políticas que estamos viviendo cuando se le está dando todo el poder al Ejército”.
Exigió al presidente López Obrador que regrese a sus cuarteles a los militares, porque no pueden estar por encima de la Constitución y se deben apegar a las normas, “no puede seguir siendo el Ejército de los años 70, haciendo espionaje para reprimir, no puede catalogar a personas que están en la lucha social como si fueran delincuentes”.
Afirmó que el presidente de la República debe tomar en cuenta el reclamo de las víctimas, de las organizaciones sociales y civiles, de los organismos de derechos humanos; y aseveró que se debe replantear la política de seguridad, porque el Ejército en Tamaulipas ya ejecutó a cinco personas, y con el espionaje que se está haciendo desde 2019 “preocupa a la sociedad en general y a quienes nos sentimos agraviados por este espionaje”.
Una labor ideologizada: Vidulfo Rosales
El abogado también del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, comentó que el espionaje que hace el Ejército es un acto de criminalización, de persecución contra los dirigentes sociales y defensores de derechos humanos, que demuestra que tenemos un Ejército “con una mirada contrainsurgente, ideologizado, que toma posición política e ideológica que coloca como su mayor enemigo al movimiento social”.
Sostuvo que los informes dados a conocer por el grupo Guacamaya, ilustran que los militares están preocupados por la movilización social y no por la actividad delictiva, al no tener una radiografía de los grupos criminales que operan en el estado y de la violencia que despliegan. Mencionó que el 90 por ciento del espionaje que se realiza es contra los movimientos sociales.
Destacó que a pesar de que el presidente López Obrador es contrario a ese tipo de acciones, y de no reprimir y hostigar a los movimientos sociales, el Ejército hace lo contrario, lo que es tolerado por el mandatario, y resulta preocupante. Además, cuestionó que los datos que tiene la Sedena son torpes, imprecisos, subjetivos y genéricos, que además, se presentan como una verdad incuestionable.
De acuerdo con Rosales Sierra, las consecuencias de esta criminalización colocan en vulnerabilidad y en riesgo de ser agredidos a los que ejercen la defensa de los derechos humanos, “los enemigos históricos que tiene el movimiento social en Guerrero aprovechan estas circunstancias para agredirnos, golpearnos”.
Mencionó que este tipo de espionaje es lo mismo que ocurría en gobiernos pasados y lamentó que el actual gobierno lo tolere y lo justifique como “inteligencia”, cuestionó si “los defensores de derechos humanos y los movimientos sociales somos un riesgo o una amenaza”.
Aseguró que es injustificable lo que a todas luces es hostigamiento, criminalización y persecución por parte del Ejército, y exigió al presidente de la República que cese esa persecución al movimiento social y que los militares se dediquen a las tareas de seguridad nacional a las que los facultaron.
Infiltran movilizaciones: Héctor Torres
El secretario general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), Héctor Torres Solano, opinó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene muy buenas ideas e intenciones, pero la gente que está trabajando o colaborando en su administración formó parte de otros partidos y hoy el espionaje es parte de sus prácticas para poder tener estabilidad como ellos quieren.
Sostuvo que la CETEG ha experimentado en diferentes momentos ese espionaje, especialmente en Chilpancingo, cuando en sus movilizaciones se filtran personas que venden cócteles, chicharrones o palomitas, pero que son parte de Gobernación y es gente que va a vigilar, aunado a las “intervención en nuestros teléfonos”, por ello se dijo poco sorprendido de que esta administración esté haciendo lo mismo mediante el Ejército.
Según Torres Solano, las consecuencias de esta persecución a los movimientos sociales que realiza el Ejército terminan con “abrir las carpetas de investigación y posteriormente liberar órdenes de aprensión (contra los líderes sociales o defensores de derechos humanos), para tener más evidencia, para saber y tener controlado al pueblo, lo están haciendo pues de esta forma (espiando)”.
Reprobó la acción de los militares y resaltó que el pueblo es obligado a movilizarse, a bloquear carreteras porque no lo estás atendiendo, “gobierne quien gobierne se tiene que defender la protesta, nosotros reprochamos y reprobamos rotundamente el actuar del Ejecutivo federal hacia todas las organizaciones que ha estado espiando”.
Exigió al mandatario federal que deje de perseguir a las organizaciones sociales, y ejemplificó que en su caso tiene una carpeta de investigación en su contra que lo obligó a ampararse, de lo contrario dijo, las organizaciones no permitirán “que sean atropellados más compañeros o estén hostigando a más compañeros” que podría provocar grandes movilizaciones.
En lugar de esclarecer el caso de los 43, se persigue a padres: Melitón Ortega
Otro de los perseguidos en los documentos de la Sedena, el vocero de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega, aseveró que hoy se mantiene al Ejército sobre los movimientos sociales en Guerrero y el país, y se busca desaparecer, encarcelar y terminar con ellos, consideró que es grave porque además no se han esclarecido muchas actuaciones del Ejército.
Lamentó la criminalización para con las madres y los padres de los 43, pues en el lugar de esclarecer los ataques y la desaparición de sus hijos se les persigue, y el propio Ejército no ha entregado evidencia y niega toda la información que han solicitado.
Opinó que las consecuencias de este espionaje, tarde o temprano terminará con una acción penal en contra de su movimiento o de los representantes, o incluso de los propios padres de familia, lo que consideró grave, para quienes dijo, solamente han luchado para exigir el esclarecimiento del caso Ayotzinapa.
Melitón Ortega manifestó que la “inteligencia militar” que argumenta el presidente de la República parece que busca acabar con la inconformidad, las protestas y todas las denuncias de los movimientos sociales, y recomendó que el gobierno federal debería enfocarse en los orígenes de los problemas o atacar las raíces de tanta violencia que hay en el país.
La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.
Los reportes de la vigilancia
Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.
Ayotzinapa, padres de los 43, la CETEG, CRAC y Tlachinollan, bajo espionaje del Ejército
De acuerdo con documentos confidenciales obtenidos por el grupo Guacamaya, la Sedena mantiene desplegados “pelotones de información”, que vigilan movimientos sociales y políticos, y a defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos. Militares reportaron actividades de Abel Barrera, Vidulfo Rosales, Melitón Ortega… El propósito es trasmitir al alto mando “información relevante” para darla al “mando supremo” en las “reuniones diarias de Palacio Nacional”
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La ficha de la Sedena filtrada por el grupo Guacamaya Foto: Documento de la Sedena
Documentos confidenciales de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo, que forman parte de las filtraciones del grupo Guacamaya, revelan el seguimiento del Ejército mexicano a los movimientos sociales, políticos y delictivos, así como el espionaje a los defensores de derechos humanos, líderes sociales, magisteriales y políticos.
Entre los movimientos a los que más les ha dado seguimiento la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de acuerdo con el contenido de los documentos, está el de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos y a la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG).
En tanto que entre los personajes vigilados están los voceros de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández y el abogado y asesor de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, de quienes se incluyen sus “referencias personales”.
El viernes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que haya espionaje en su gobierno por parte del Ejército, aseguró que lo que se hace es “trabajo de inteligencia” con fines de investigación, y conocer los movimientos de la delincuencia.
Pero de acuerdo al documento: Flujo de información de las S-2. Presentación para los comandantes de Pelotón de Información de las unidades operativas adscritas a la 35/a. Zona Militar, desde el 2019, un año después de que López Obrador tomó posesión del gobierno de la República, existe la instrucción a los “pelotones de información” de que se constituyan “de manera permanente en un agente de información, que, con sentido analítico y perfil institucional detecten, recopilen y proporcionen a su escalón superior aquella información que consideren de interés para la superioridad”.
El documento de fecha 10 de febrero del 2019, según se explica, es un “tutorial sobre el flujo de información de inteligencia de los pelotones de información S-2 pertenecientes a unidades operativas de la 35 Zona Militar, cuyo cuartel se localiza en Chilpancingo.
Se argumenta que el bienestar institucional (de los militares) “debe ser la premisa fundamental del trabajo del personal del SIM (Sistema de Inteligencia Militar)”, y advierte que “hay ataques sistemáticos contra la institución” y que “todos somos parte de ella, incluso cuando estamos vestidos de civil”.
Sostiene que la obtención de información “coyuntural” es de “vital importancia para mantener informado al alto mando sobre la situación que prevalece en el territorio nacional”.
Añade que, en tanto, el alto mando, con la información actualizada de que dispone, “está en capacidad de informar en cualquier momento, al mando supremo, de la situación general que prevalece en el país; incrementándose esta necesidad de información relevante debido a las reuniones diarias en palacio nacional”.
Se instruye a los “pelotones de información” que su prioridad es informar cualquier tipo de evento coyuntural, primeramente vía telefónica mediante las extensiones satelitales; “sin detrimento de informarlo posteriormente por escrito, asimismo, en aquellos casos urgentes y cuando los medios oficiales no sean posibles o suficientes, se deben explotar los beneficios de recursos alternos seguros”, y para ello sugiere el uso de la “red de telefónica militar, la red de alto mando, el sistema SAR, el correo SIM, teléfono celular y red whatsapp”.
La instrucción a los pelotones de información es que los eventos de seguimiento prioritarios sean los bloqueos carreteros; toma de casetas de peaje; accidentes carreteros de gran relevancia, (derrame de combustible, número elevado de fallecidos, involucrados varios vehículos); accidentes de vehículos militares; accidentes o incidentes de aeronaves civiles; marchas; mítines; toma de instalaciones oficiales; enfrentamientos entre poblaciones; jornadas electorales y su problemática; muertes de políticos, periodistas y otras personalidades con influencia en la población; problemática de los migrantes; desabasto de combustible y sus afectaciones, así como las manifestaciones que esa problemática genere de diversa índole; tomas clandestinas, e información de carácter religioso.
En tanto que la información que deben entregar “a la mayor brevedad” son: Enfrentamientos con personal militar; mantas de la delincuencia organizada; explosión de polvorines lícitos e ilícitos; información de la delincuencia organizada; aseguramiento de armamento; canje de armas; bloqueos carreteros involucrados con la delincuencia organizada, y la destrucción de plantíos ilícitos. Así como amenazas de bomba; localización de artefactos explosivos, y grupos terroristas extranjeros.
En el documento se identifica a la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, y a los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, como “ejemplo de grupos de movilización social para monitorear”.
En los documentos hay información sistematizada mediante recuadros y gráficas del seguimiento que se le dio a los movimientos sociales, políticos y delictivos del 2 al 9 de febrero del 2019 en los municipios de Chilpancingo, Huitzuco, Iguala, Chilapa, Tixtla, Eduardo Neri y Zitlala, que pertenecen a la jurisdicción de la 35 Zona Militar.
Los reportes de la vigilancia
Con el subtítulo: Listado de eventos descriptivos de movilizaciones, la información ya procesada se presenta en un recuadro con datos precisos de cada actividad: En la primera columna se anota el nombre del estado, en este caso, Guerrero; sigue la hora y la fecha del evento; la agrupación que participó; el tipo de evento, y las observaciones.
Por ejemplo, en el seguimiento de las protestas del 2 de febrero del 2019, se registraron tres actividades; una de las 10:05 a las 16:30, otra de las 10:50 a las 13:15, y la tercera también de las 10:50 a las 13:15, en la primera participaron 10 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en la segunda 30 y en la tercera otros 30 alumnos de esa Normal.
En el tipo de evento se anotó: “toma de caseta” y en las observaciones del primer evento se registró: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros del nuevo libramiento a Tixtla”; en el segundo se anotó: “Se posesionaron de los cubículos de la caseta de cobros de Palo Blanco, ubicada sobre la autopista del sol, municipio de Chilpancingo y realizaron el cobro ilegal del peaje”; en la tercera actividad se escribió: “Realizaron el cobro ilegal de peaje en la caseta de cobros de Paso Morelos, ubicada sobre la autopista del sol, a inmediaciones del poblado de Paso Morelos, municipio de Huitzuco”.
Con el mismo esquema se registró “el cobro ilegal del peaje en la caseta de cobro de Palo Blanco por miembros del Movimiento por la Liberación de los Presos Políticos del Estado de Guerrero (Molpeg) de las 17:45 a 19:05 del 3 de febrero.
En otro informe se registró que a las 14:00 horas del 3 de febrero del 2019 “200 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) retuvieron en Xicotlán (municipio de Chilapa) a Juan Carlos Jiménez Chino, encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y a seis agentes más, así como a Tranquilino Palatzin Tranquero y a Vicente Tapia Crucillo, integrantes de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, vinculados al grupo delictivo Los Ardillos”.
Además de las personas, se informó que retuvieron dos patrullas, siete fusiles, tres pistolas, 19 cargadores, y 480 cartuchos de diferentes calibres.
Otro informe refiere que a las 11:50 del 3 de febrero “en las inmediaciones de la colonia Plan de Ayala, anexo de la comunidad de Barranca Piña, municipio de Acatepec, fueron localizados los cuerpos sin vida de ocho personas y dos lesionadas por proyectil de arma de fuego”.
En los informes se incluyen hasta las actividades de poco impacto, como una concentración de las 08:40 horas a las 17:10 del 5 de febrero por padres de familia y profesores del Centro de Desarrollo Infantil frente a esas instalaciones ubicada sobre la calle álamos, colonia Los Arcos., municipio de Eduardo Neri.
También hay informes de actividades de carácter político; uno de ellos es el que se registró de las 18:30 a las 18:45 del 8 de febrero por “30 simpatizantes del partido Morena, encabezados por Jeremías Nájera Pineda que se concentraron en la Alameda Francisco Granados Maldonado, ubicada sobre la avenida Benito Juárez, colonia centro de Chilpancingo, en donde tomaron acuerdos para organizarse y dirigir un documento al licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores (gobernador del estado) para revertir el incremento del pasaje local y foráneo”.
En los informes hay, también, reportes de protestas que realizaron desplazados de la sierra de Chichihualco; de maestros de la CETEG, grupos de colonos que demandan agua potable, o trabajadores de dependencias que protestan por sus condiciones laborales.
Además se incluye un mapa con el número de protestas que se realizaron en cada municipio del 2 al 9 de febrero; en Iguala hubo 2; en Eduardo Neri (Zumpango) dos; Chilpancingo 14, entre estas ocho tomas de casetas, cuatro manifestaciones, un bloqueo vehicular y una toma de oficina.
En Huitzuco hubo cuatro tomas de caseta; en Zitlala un paro de labores; en Tixtla una toma de caseta; en Chilapa una retención de personas; en Acatepec, una agresión a pobladores, resultando ocho muertos y dos lesionados.
Se incluyen, además, las “referenciar personales” de defensores de derechos humanos y dirigentes sociales, con la fotografía de cada uno de ellos y sus datos personales, como lugar de origen, datos familiares, profesión y sus “vínculos” con otros dirigentes.
Entre ellos está Felipe de la Cruz Sandoval, en ese tiempo vocero de los padres de familia de los alumnos desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa, y el también vocero de los padres de los 43 desaparecidos Melitón Ortega Carlos.
Asimismo, al abogado de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, y el director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, de quien además de sus datos personales se escribió que sus vínculos son con Ofelia Medina, a quien ubican como presidenta del Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, así como con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Brigadas Internacionales de Paz y con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Otro de los defensores que se incluyó es José Manuel Olivares Hernández, en ese tiempo director del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón. De él se señala que ha sido el encargado de organizar en la región de la Montaña la propaganda subversiva donde convoca a los actos conmemorativos del Día Nacional del Héroe Guerrillero en México, cada 20 de noviembre. “Actividad que se suspendió a raíz de la presentación del EPR en Guerrero en 1996”, refiere el informe.
También se incluyó al finado dirigente del Movimiento Popular Guerrerense, Arnulfo Cerón Soriano, a quien vinculan con el “autodenominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI)”.
Se incluyó, también, a Tranquilino Palatzin Tranquero, líder de la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, a quien en el informe se vinculó “con el grupo delictivo Los Ardillos, con referencia en Quechultenango y Chilapa de Álvarez”.
En Guerrero no se van a permitir más ni persecución política ni represión, promete Evelyn
Va la gobernadora a la Codehum y entrega vehículos y computadoras
Lourdes Chávez
Chilpancingo
Acompañada por representantes de los poderes Legislativo y Judicial, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó vehículos y equipo de cómputo a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum).
En su mensaje, la gobernadora sostuvo que en Guerrero se respetan los derechos humanos y nunca más se va a permitir la persecución política, social y de ningún tipo, así como la represión ni la violación de los derechos de las personas.
Añadió que los vehículos y equipos de cómputo permitirán expandir y fortalecer las acciones de la Comisión, para brindar “puntual y esmerada atención”.
Afirmó que “la Cuarta transformación no tiene colores y más allá de los partidos políticos, se trata de romper con los estereotipos y paradigmas para avanzar en sociedad”.
En redes sociales se dio cuenta de la visita de la gobernadora, con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Raymundo Velázquez, y la presidenta de la mesa Directiva del Congreso del estado, Yanelly Hernández Martínez, entre otros funcionarios.
En un boletín la Codehum informa que la presidenta del organismo, Cecilia Narciso Gaytán, recibió a la gobernadora en las instalaciones. Los vehículos y equipos de cómputo tienen un costo de 1.6 millones de pesos. Dijo que la gobernadora también participó en la entrega de reconocimientos por años de servicio al personal.
La presidenta de la Codehum destacó el apoyo y compromiso de la mandataria con el respeto a los derechos humanos. “La gobernadora es, sin duda alguna, una gran aliada en la labor que el constituyente permanente, al reformar el artículo primero de la carta Constitucional, encargó a todas y todos los servidores públicos de la Nación, que es velar por los valores elementales de las personas… estamos convencidas de que la vigencia de los derechos humanos solo es posible con personas comprometidas, como la maestra Evelyn Salgado Pineda”.
Estuvieron también en esta entrega la diputada Yoloczin Domínguez Serna, el secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso, el secretario Administración y Finanzas, Raymundo Segura Estrada, e integrantes del Consejo Consultivo y personal del organismo.
En un pronunciamiento por el Día Internacional de la Mujer, representantes de redes feministas denunciaron que hay programas ineficaces y violencia institucional hacia las mujeres, en un mensaje virtual.
Entre ellas la guerrerense Olimpia Jaimes, del Frente Feminista Abolicionista, señaló la campaña en medios recurrente de denostación, la constante criminalización a los derechos de las mujeres, de las comunicadoras, de organizaciones de la sociedad civil y del movimiento feminista en general.
Reprochó el aumento de desplazamientos y feminicidios contra mujeres buscadoras, que forma parte de las acciones que frenan el avance de las mujeres.
Enfatizó que el Estado necesita de una sociedad civil organizada y segura para avanzar en la garantía de los derechos humanos, y que reconozca que las mujeres organizadas aportan trabajo, recursos, saberes y tiempo para construir un mejor mundo posible.
Asimismo, las Constituyentes Ciudad de México, exigieron que todos los congresos locales aprueben la 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, y se eleve para que sea ley en todo el territorio nacional
El Frente Nacional de Lesbianas Feministas y el Movimiento Lébico Abolicionista, denunciaron las nuevas reformas excluyeron la categoría de sexo género e identidad de género, que se conocer como el borrado jurídico de las mujeres en la constitución, “al sustituirnos por persona, persona cis, persona gestante, vulvoportante, menstruante o lactante”.
La Red Nacional de Alertistas, planteó que se emita una alerta nacional por feminicidios en México, entre otras demandas, de mayor presupuesto a programas de mujeres, para el combate y prevención de la violencia que también se expresa en la incapacidad institucional de poder juzgar con perspectiva feminista, castigar a feminicidas y reparar al daño a las familias.
