Denuncian negligencia para localizar con vida a mujeres víctimas de desaparición

La feminista Olimpia Jaimes López en su participación en la presentación del informe Y ese Lucero eres tú… Desapariciones de mujeres en el estado de Guerrero y sus anexos, en el auditorio Francisco Gómez Jara en las instalaciones del CIPES en Chilpancingo. La acompañan Rosa Icela Ojeda, Claudia Rangel, Diana Bustos y Elisa Niño Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

Investigadoras de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) e integrantes del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), coincidieron en que falta que se apliquen perspectiva de género y protocolos de búsqueda inmediata en casos de desapariciones de mujeres en la entidad, así como capacitaciones para el personal a cargo realizar las denuncias correspondientes.
Durante la presentación del informe Y ese lucero eres tú… Desaparición de mujeres en el estado de Guerrero y sus nexos con otros crímenes sistémicos, que se realizó este jueves en el auditorio del Centro de Investigación y Posgrado en Estudios Socioterritoriales (CIPES) en la capital, las integrantes del EMAF, Elisa Niño Vázquez, Marte Myhre Tunheim y Diana Bustos Ríos, expusieron la negligencia de las autoridades para localizar a las mujeres con vida.
Mientras que las investigadoras Claudia Esperanza Gabriela Rangel Lozano, Rosa Icela Ojeda Rivera, quien es coordinadora del Observatorio de Violencia contra Mujeres Hannah Arendt (Obvicom), y la feminista Olimpia Jaimes López, manifestaron que el informe debe inspirar más reflexiones y servir para que las autoridades protejan los derechos de las mujeres.
Elisa Niño explicó que el EMAF documentó 14 casos de desapariciones de mujeres en Iguala, Taxco, Chilpancingo, Acapulco y Estado de México durante el periodo de 2012 al 2022, en el cual “ha habido una transformación del crimen organizado en el territorio”.
Puntualizó que en el 2018 el fentanilo reemplazó a la amapola y este cambio en la dinámica criminal del territorio se reflejó también en las expresiones de violencia contra las mujeres.
Señaló que en Guerrero hay entre 12 y 18 grupos del crimen organizado, por lo que se implementó el Plan de Apoyo que implicó la militarización de la entidad.

Perfil de las víctimas

De las víctimas detalló que eran mujeres cisgénero, con relaciones heterosexuales, precarizadas y estudios truncos; sólo una de ellas era docente, el resto eran comerciantes y se dedicaban a distintas actividades como pintar uñas, cortar cabello.
Una de las víctimas tenía vínculos con el crimen organizado, de una segunda había indicios de que podría estar vinculada a la delincuencia y una tercera consideró ser parte de algún grupo criminal y alquilar su vientre debido a la falta de recursos que le impedía sostener a sus hijos.
Diez de las víctimas eran madres solteras que no recibían apoyo económico de los padres de sus hijos y en nueve de los casos, las familias señalaron como responsables de la desaparición a las ex parejas, quienes amenazaron a las mujeres incluso con asesinarlas si insistían en exigir el pago de la manutención; “la desaparición funciona como un castigo a las mujeres”.
Resaltó que se identificó que hay “búsqueda ascendida” de las víctimas, es decir, hasta cinco años después de su desaparición; “en algunos casos había indicios de que estaban vivas y podían estar siendo explotadas sexual o laboralmente”, pero cuando las familias intentan seguir esas líneas de investigación, reciben respuestas revictimizantes de las autoridades.
“No hay investigación para determinar qué pasó, cómo pasó, sólo se da la restitución de los cuerpos, se está usando la desaparición como un mecanismo para ocultar temas de feminicidio, de homicidio y si no hay investigación, es una cadena de desaparición continua”, subrayó.

El informe produce “vergüenza” por la inacción de autoridades: Ojeda

Para Rosa Icela Ojeda el informe “destila dolor, el dolor de las víctimas, el dolor de las familias… hay un duelo abierto, hay un duelo que no cierra y tenemos que hablar de él”.
Consideró que la información detallada “produce mucha vergüenza, vergüenza de vivir en un estado, el Estado mexicano, y el estado de Guerrero, donde la palabra, el concepto de desaparecido ha tenido una larga significación” a través de los años.
Manifestó que “hay crisis en todas las instituciones”, aunque mesuró sus comentarios debido al contexto social en la entidad, donde corren riesgo las voces críticas; “somos cuidadosas, hay, por decir lo menos, poca empatía de quienes tienen que investigar los delitos”.
Dijo que “no se preservan las escenas del crimen, nunca en ningún caso, pero en el caso de las mujeres peor todavía: se manipulan, se tocan, se mueven”, con lo cual se pierden evidencias y se impide la tipificación adecuada de los delitos.
Señaló que, después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, “bajó la estigmatización contra la desaparición contra la gente desaparecida, hombres y mujeres”.
En contraste, desde el 2012, el Obvicom documentó un aumento de mujeres no identificadas en la morgue, “en esos casos es muy importante la preservación de la escena del crimen” y debería cruzarse la información con los casos de mujeres desaparecidas.
A pesar de los hallazgos del EMAF, “me da gusto que estemos aquí, este informe debe motivar muchas más reflexiones”.
Claudia Rangel criticó la cosificación de las mujeres y los nexos entre las autoridades y el crimen organizado, ya que estos “no son estimados en las carpetas de investigación”; para la investigadora el informe es “un documento de denuncia, lo que implica la urgencia por demostrar las ignominiosas prácticas institucionales para afrontar esta catástrofe humanitaria, cuya inconmensurabilidad rebasa las más siniestras narrativas de la crueldad humana”.
Olimpia Jaimes dijo que el informe “es un aporte invaluable para las autoridades que tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos”; reiteró la necesidad que se realicen las investigaciones con perspectiva de género, que se capacite en criminología feminista, transparencia y tribunales para casos emblemáticos.

 

Concluye la búsqueda de Jhonatan Guadalupe en cerros de la Ampliación Simón Bolívar

Personal de la Comisión Nacional de Búsqueda utiliza un georadar en Acapulco en busca del joven Jhonatan Guadalupe Romero Gil t Foto: Ramón Gracida Gómez

Ramón Gracida Gómez

Ayer concluyó la jornada de búsqueda en campo de Jhonatan Guadalupe Romero Gil, la segunda del mes hecha a raíz de la Acción Urgente emitida por el Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado mexicano.
Fueron cinco días de búsqueda intensa, de varias horas bajo el intenso calor subiendo los cerros de la periférica colonia Ampliación Simón Bolívar, y las barrancas de los altos asentamientos urbanos del Anfiteatro Palma y María de la O, donde participaron familiares, activistas y autoridades de los gobiernos federal y estatal.
Este viernes fue el segundo día en el área cercana a la zona arqueológica de Palma Sola, donde el convoy conformado por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y la Policía Estatal, estacionó sus grandes camionetas que impresionaron a algunos vecinos.
El contingente de más de 20 personas avanzó al punto en el mapa que la mamá del joven desaparecido el 5 de diciembre de 2018 por policías municipales, Socorro Gil Guzmán, recibió anónimamente y entregó a la representante de la CNB para utilizarlo como referencia de búsqueda.
Caminaron por un callejón, descendieron a un arroyo con construcciones de viviendas muy cercanas a éste y comenzaron a subir por los caminos artesanales que son utilizados por los vecinos de esta zona alta de Acapulco para conectar sus mangueras de agua, pero que se sospecha que también son utilizados por perpetradores de desapariciones para enterrar cuerpos clandestinamente.
Fue un recorrido complicado para cualquiera de los participantes por laderas en las que fácilmente pudieran resbalarse, como le sucedió a uno de los activistas y a un integrante de la CEBP; y también hubo piquetes de avispas.
Al frente del contingente iban integrantes de la Semar abriendo camino y revisando el perímetro, detrás iban representantes de distintas instituciones e integrantes de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia, y de la organización Ponte Nuestras Botas, y de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta como se publicó el jueves, en la nota del tercer día de búsqueda en la Ampliación Simón Bolívar.
Hugo Ozuna y Darío Velasco, estudiantes de maestría de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), descendieron por una barranca empinada en busca del punto exacto en el mapa que tenían como indicio; y Bolívar Darío Rojas Rivas, quien busca justicia por el asesinato de su madre Adela Rivas Obé, subió metros más arriba para descartar otros lugares con el activista Julio Mata, pasando por un altar de ritual de santería con plumas de gallina y cigarros.
Nadia, hermana de Jhonatan Guadalupe, estuvo cerca de su madre, quien no paraba de caminar a pesar de lo agreste del territorio y encontró una playera roja rota y rápidamente introdujo su varilla intuyendo la presencia de restos humanos.
La gran bahía de Acapulco fue escenografía de una búsqueda que no tuvo resultados positivos, sin que ello significara detenerla pues apenas iban dos horas de las seis que duró la jornada de ayer.
A las 2 de la tarde, integrantes de la CNB y la CEBP comenzaron un rastreo con el georradar, criticado por familiares porque no ha dado resultados, en un terreno plano ubicado a un costado de una torre de luz, aunque a diferencia de otros días de búsqueda esta vez una delimitación de los metros de introspección con rastros rojos de aerosol.
A las casi 3 de la tarde la búsqueda continuó detrás de una casa colindante con El Veladero, a un kilómetro de distancia de donde la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) celebró el 17 de julio pasado el 45 aniversario de la declaración como parque nacional; parecía un lugar abandonado, ningún vecino se asomó para preguntar qué buscaban tantas personas con machete, pico y pala en la tierra.

 

Buscan a Jhonatan Guadalupe Romero Gil en cerros de la Ampliación Simón Bolívar

Socorro Gil madre del joven desaparecido Jonathan Guadalupe Romero Gil, durante la búsqueda en los cerros que colindan con la colonia Ampliación Simón Bolívar Foto: Carlos Carbajal

Ramón Gracida Gómez

Jhonatan Guadalupe Romero Gil fue desaparecido el 5 de diciembre de 2018 por policías municipales y ayer familiares, activistas y autoridades realizaron acciones de prospección en los cerros de la marginada colonia Ampliación Simón Bolívar, de la zona suburbana de Acapulco, sin la presencia de la Fiscalía General del Estado (FGE), “omisa” a la solicitud de participación.
Por tercer día consecutivo, su madre Socorro Gil Guzmán lo buscó entre los matorrales de esta recóndita parte del municipio “porque nos dan puntos, nos mandan ubicaciones y mientras yo no encuentre a mi hijo, punto que me den, punto que tengo que descartar”, dijo a El Sur.
La colonia Ampliación Simón Bolívar se encuentra más arriba de la Emiliano Zapata, en el punto más lejano de la entrada a este segundo asentamiento por la calle 14, vía recta después convertida en un laberinto de curvas y subidas que dan muestra de la irregularidad de las viviendas precarias que pueblan esta parte de Acapulco.
El convoy de camionetas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP), la Guardia Nacional, la Policía Estatal y el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR), se introdujo por la calle en la que termina la ruta de camionetas pasajeras Zapata-Simón Bolívar y paró en un camino de terracería.
Salvo la presencia de unas cuantas personas que caminaban hacia el área pavimentada, las últimas casas de la colonia Ampliación Simón Bolívar, la mayoría de techos de lámina y con patios alambrados, parecían estar vacías, pero el área tiene antecedentes de hallazgos de restos humanos.
“Lo encontremos o no, nosotras tenemos que subir a descartar esos lugares, siempre pensando positivo, pensando que pues vamos a encontrar, a lo mejor no a mi hijo, pero alguien más”, explicó Gil Guzmán, quien ha estado acompañada durante la jornada por su hija Nadia, sus compañeras de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia que encabeza, familiares de desaparecidos de otros estados e integrantes de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta.
Esta es la segunda jornada de búsqueda en julio de Jhonatan Guadalupe a raíz de la presión de la Acción Urgente declarada por el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al Estado mexicano, al que le requiere “continuar la indagatoria sobre el alegado involucramiento de los 9 policías miembros de la patrulla 388”.
La última vez que a la colectiva le fue autorizada una búsqueda fue en septiembre de 2023, cuando encontraron 17 cuerpos en el poblado de Carabalí, “no siempre corremos con la misma suerte de que los puntos sean certeros y que sean reales, no sabemos por qué la gente nos da puntos, por darlos o porque ya tiene mucho tiempo”.
Ayer, la primera crítica de Gil Guzmán a las autoridades presentes fue la “poca” seguridad provista por escasos integrantes de las instituciones del Estado mexicano enviados a resguardar el perímetro y la ausencia de la Secretaría de Marina (Semar).
Tampoco apareció la Unidad Canina de la FGE que fue solicitada y que fue tan necesitada para aquellos pozos de sondeo que fueron excavados con pico y pala por familiares, autoridades y activistas, entre ellos Bolívar Darío Rojas Rivas, quien busca justicia por el asesinato de su madre, la médica Adela Rivas Obé.
Específicamente en dos puntos se excavó más de un metro de profundidad porque la varilla que introducen para luego oler posibles rastros fétidos de restos humanos se hundía con facilidad, lo que daba a entender que la tierra fue removida por personas; al final se concluyó que pudieran ser inacabados pozos de agua.
“Yo sé que no soy la única que está buscando, que está en campo, tal vez hay más colectivos buscando, pero no se vale que se lleven los caninos a un solo lugar y que a nosotros no nos puedan prestar canino”.
El esfuerzo de sacar tierra, removerla y volver a meterla cuando se descarta el punto sospechoso de fosa clandestina, es mayúsculo y más en esta temporada de altas temperaturas, con un calor que no tuvo piedad para los participantes de la búsqueda de ayer.
Los 15 buscadores se dividieron en pequeños grupos para abarcar lo más posible el extenso terreno de matorrales que se avizoraba en el panorama; “la idea es limpiar este cerro”, dijo una integrante de la CNB a su compañero sin especificar los innumerables metros cuadrados de arduo trabajo en el porvenir.
La actividad de este miércoles empezó a las 10 de la mañana y terminó a la 1 de la tarde, fue el día más tranquilo de los tres, el lunes y el martes fueron “demasiados intensos, caminamos mucho, subimos hasta allá arriba al cerro y anduvimos descartando”, dijo Gil Guzmán antes de arengar a sus compañeras con la consigna: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”.

 

Proponen activistas a Diana Hernández para presidir la Codehum; “se necesita un cambio”

Representantes de organizaciones y activistas que apoyan la candidatura de Diana Hernández (al centro con las manos juntas), hija del asesinado luchador social Ranferi Hernández, para presidir la Codehum, ayer en conferencia de prensa Foto: Luis Daniel Nava

Representantes de organizaciones y activistas que apoyan la candidatura de Diana Itzel Hernández Hernández para presidir la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum), pidieron a los diputados locales analizar los perfiles y ser imparciales
Este jueves en conferencia de prensa, Nicomedes Fuentes García, ex integrante de la Comisión de la Verdad; Ángel Mundo Francisco, sobreviviente de la noche de Iguala; Martha Obeso Cázares, viuda del ex presidente del Congreso local, Armando Chavarría, y el ex diputado federal Carlos de Jesús Alejandro, manifestaron su apoyo a Diana Hernández, quien es hija del ex diputado local Ranferi Hernández Acevedo, asesinado en 2017 junto con su esposa, su suegra y un ahijado.
Afirmaron que su perfil de lucha es el mejor para darle “un golpe de timón” a la Codehum.
Martha Obeso, viuda del entonces presidente del Congreso local Armando Chavarría, expresó que la Comisión requiere un golpe de timón, liderazgo y un impulso de una activista en la lucha social.
“La veo en recorridos en las comunidades de la Montaña baja conformando la organización campesina Vicente Guerrero, de Ranferi Hernández”.
Recordó que su familia fue exiliada en Europa, donde Diana Hernández fue vista por la también activista Judith Galarza Campos en una reunión en Ginebra, sede de la ONU.
“Tiene conciencia de dónde viene. Lo sucedido no se debe olvidar y ahora la acompañamos en esta aspiración”.
Nicomedes Fuentes, ex integrante de la desaparecida Comisión de la Verdad, dijo que se debe crear una cultura de la paz y que Diana Hernández se ha entregado a la lucha social.
El fundador del Consejo de Pueblos Nahuas del Alto Balsas y ex diputado federal Carlos de Jesús Alejandro pidió a los diputados locales hacer valer la soberanía y revisar los perfiles de los candidatos.
Dijo que las organizaciones para la defensa de los derechos humanos van más allá de las simples recomendaciones y que deben velar por derechos básicos como la salud y la educación.
Pidió: “Que no reciban ninguna línea los diputados y que se renueve la Comisión”.
Afirmó que se necesita que la Codehum se reorganice como un organismo autónomo en una entidad donde la violación sistemática de los derechos humanos es permanente.
Diana Hernández insistió en que se debe garantizar un piso parejo entre todos los aspirantes.
“Quiero exhortar a que haya piso parejo, no todos estamos en las mismas condiciones. Quisiera pensar que el ingeniero (el senador Félix Salgado Macedonio) y la gobernadora (Evelyn Salgado) a la que ayudamos para que esté en ese cargo, observen una conducta imparcial”.
Calificó de limitada la gestión de la actual presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytán.
Ángel Mundo leyó la carta que organizaciones sociales enviaron al Congreso de Guerrero: “Consideramos que la trayectoria, integridad, solidaridad y compromiso de Diana Itzel Hernández Hernández con los derechos humanos y las causas sociales, la hacen una candidata idónea para encabezar este organismo autónomo.
“En un contexto donde la vigencia de los derechos humanos requiere instituciones sólidas, autónomas y sensibles, conocemos que el perfil de Diana Itzel Hernández Hernández garantiza una conducción ética, transparente, humana y comprometida con los principios de equidad, legalidad y justicia social.
“Por lo cual solicitamos que bajo los principios democráticos y el interés superior del pueblo de Guerrero sea designada la Lic. Diana Itzel Hernández Hernández, como Ombudsman del Estado de Guerrero”.

 

Deja AMLO muchos pendientes, coinciden activistas en el aniversario de Radio UAG

Jacobo Silva Nogales, conocido como comandante Antonio cuando militaba en el grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan) Abel Barrera, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Gonzalo Brito, el director de Radio UAG Víctor Wences, la secretaria general, María Xochitl Astudillo y el ex rector de la UAG José Enrique González Ruiz en la celebración del 42 aniversario de Radio UAG) en la Rectoría de la institución educativa Foto: Jessica Torres Barrera

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

Activistas sociales y de derechos humanos coincidieron en el 42 aniversario de XEUAG, la radio de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), en que el actual gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, deja muchos pendientes en materia de justicia, derechos humanos, con los pueblos originarios y con víctimas de violencia.
Citaron que uno de los pendientes sobre justicia es el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Además, hubo llamados a la paz.
La celebración por el aniversario de la emisora se realizó en el vestíbulo del edificio de Rectoría de la UAG, el mediodía de este viernes.
Asistieron como comentaristas el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández; el ex rector de la UAG, José Enrique González Ruiz; el fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Jacobo Silva Nogales, al que se le conocía como Comandante Antonio; Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, y en representación del rector Javier Saldaña Almazán, asistió la secretaria general, María Xóchitl Astudillo Miller.
Barrera Hernández dijo, de entrada, que en Guerrero no hay una política para fortalecer los medios de comunicación plurales, libres y autónomos, como tampoco hay una política en materia de derechos humanos.
“Todo se ha supeditado a intereses facciosos, ya sea de partidos, de grupos, y todavía de caciques, que impiden que los ciudadanos sean los verdaderos actores del cambio”, agregó.
Relató que en la Montaña, a pesar de que fue la región más alta en votación hace seis años a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, ello no se tradujo en mejor educación, salud, trabajo ni producción de bienes básicos.
“Todavía no llega esa transformación que se ha anunciado, y esto se ha expresado a través de estos micrófonos. Por eso celebramos estos 42 años con compañeros que son combativos y abren los micrófonos a los pueblos indígenas”, dijo en referencia a XEUAG.
El defensor de derechos humanos habló de casos emblemáticos, como el de Valentina Rosendo Cantú, que tuvo que ir hasta la Corte Interamericana de Derechos humanos (Coidh), en donde señaló directamente a los perpetradores que la violaron, “porque en México les tembló la mano de enfrentar al Ejército, y todas las autoridades cerraron filas en favor del Ejército” y hasta la fecha lo siguen haciendo”.
Reprochó: “Ese es el grave problema, los pueblos indígenas todavía tienen que enfrentar el aparato burocrático de justicia por falta de acceso a sus derechos fundamentales y pelear como lo hi-cieron Valentina e Inés Fernández Ortega”, la otra indígena guerrerense violada por militares.
Recordó que solo en la Coidh le dijeron a Inés que su palabra tiene verdad y la palabra del Estado tiene mentira, “como está pasando con los 43”.
Criticó que todo ese “mundo de injusticia” y de malas vibras de este sistema político, hace que las víctimas y los pueblos sigan siendo pisoteados.
Reprochó que el Estado ignora a los padres de los 43 y que, incluso, en Guerrero no ha habido una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y los padres, “cuando son precisamente un bastión de la dignidad y del respeto a los derechos humanos”.
Dijo que lo mismo pasa con los pueblos indígenas, para los que no hay efemérides, “¿quién se acuerda de la masacre de El Charco, el 7 de junio de 1998? No hay actos oficiales para los pueblos indígenas, ¿cuánto nos falta luchar y pelear por ello?”.
Recordó también el caso del niño indígena de tres años, Javier Modesto Moreno, cuyos padres migrantes se fueron a trabajar a Guanajuato “porque aquí no hay trabajo y cuando su hijo se quedó jugando debajo de un árbol se extravió, y ahora la versión de la Fiscalía es que lo atropellaron”.
Barrera Hernández reprochó que esto ocurre porque en este gobierno se sigue padeciendo la exclusión social, “y hasta los niños están pagando con su vida”.
El ex rector de la UAG, y ahora abogado independiente, José Enrique González Ruiz, reconoció que el actual gobierno ha participado en un esfuerzo “histórico e importante, que se llama la Cuarta Transformación, y dicen que ya terminó un primer piso y que vamos a empezar un segundo, y yo digo: ‘pues vámonos poniendo de acuerdo’ para ver cómo está este segundo piso, porque yo le veo pendientes al primero”.
Explicó: “Yo le veo pendientes de justicia con las madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Como abogado veo un expediente jurídico manoseado, hecho trizas, que no da certeza de nada, no se sabe a quién están juzgando, ni por qué los están juzgando.

No hay justicia en el caso Ayotzinapa”

Opinó que no hay justicia en el caso Ayotzinapa porque no hubo justicia en el caso de las violaciones a los derechos humanos en la guerra sucia, “se fueron vivos los de la guerra sucia, se están muriendo tranquilos, en su cama los desgraciados, y el que queda impune reincide, porque sabe que no le va a pasar nada”.
González Ruiz añadió que en el actual gobierno no hay ni un acercamiento mínimo con  la justicia, “¿ya terminó la tarea? Yo digo que no, que nos quedan estos pendientes”.
Indicó que como en el caso Ayotzinapa si se analizan todos los aspectos de la vida social y se hace un balance, se llega a la conclusión de que siguen pendientes, “y fue mucho lo que nos costó (el cambio de régimen), a algunos les costó más, les costó la vida. El resultado de las elecciones de 2018 no es producto de la sabiduría de un solo hombre, es producto de una larga lucha”.
El ex combatiente del EPR, Jacobo Silva Nogales, agradeció el apoyo de la radio de la Universidad cuando estuvo en la clandestinidad y en la cárcel.
Recordó que en ambas etapas, todos sus compañeros debían tener alguna comunicación con alguien de la radio XEUAG, “porque de ellos podía depender nuestra vida, por su solidaridad con los movimientos sociales y populares”.
Agregó que esa radio siempre estuvo a la mano, para sus denuncias, y llamó al movimiento social a que la tenga como referente, porque “la radio puede atarle las manos a los represores, puede atarle las manos a los asesinos”.
Cristina Bautista, integrante del movimiento de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, dijo que al presidente López Obrador ya sólo le faltan tres meses para irse, “como madres, todavía tenemos la esperanza que en esos tres meses nos dé resultados de nuestros hijos”.
“Queremos saber qué pasó realmente esa noche del 14 de septiembre de 2014, en Iguala, porque todavía no sabemos dónde están los 43. Mucha gente nos dice que ya pasó mucho tiempo y que ya no viven, porque los mataron, pero como madres y padres tenemos la esperanza de que nos los regresen con vida, como se los llevaron”.
Recordó que se avanzó en el caso, de 2019 a 2021, “hasta que nos topamos con el Ejército. El Ejército no quiere entregar toda la información para que sepamos qué pasó con nuestros hijos”.
Al terminar su participación, los cerca de 100 asistentes corearon la consigna: “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, y realizaron el conteo de los 43.
La secretaria general de la Administración Central de la UAG, y representante del rector Saldaña Almazán, Xóchitl Astudillo, remató diciendo que, en efecto, “sabemos que hay muchas justicias pendientes, y hoy que hacemos el conteo de los 43, yo sentía el latir del dolor del corazón de las 43 madres, padres y familiares de estos jóvenes guerrerenses que fueron desaparecidos”.
Agregó que hay muchas justicias pendientes, también, con los pueblos originarios y con los afrodescendientes.
“Muchas justicias pendientes, también, con nuestro planeta, al que hemos violentado de manera terrible y hoy lo estamos sufriendo”, agregó.
Indicó: “Los que padecimos los efectos de Otis en Acapulco nos damos cuenta de esa otra gran violencia. Hablamos de violencia física, pero hoy quiero hablar de la paz, tenemos que seguir trabajando por la paz, por la construcción de la paz social, la paz con los pueblos originarios, la paz con las mujeres, que muchas veces hemos sido víctimas de violencia, la paz por el ambiente, la paz social”.
Dijo que los mexicanos quieren una sociedad más justa, igualitaria, inclusiva, “cuando hablamos de Guerrero, sabemos que estamos hablando de un México desigual, porque, efectivamente, en la Montaña todavía tenemos lugares que ocupan los índices de desarrollo humano más bajos”.

 

Critican cese de funcionaria que atiende la violencia hacia mujeres

Las feministas María Luisa Garfias Marín y Marina Reyna Aguilar, denunciaron que persiste el autoritarismo en el gobierno estatal.
Opinaron respecto al cambio de funcionarias encargadas de la atención de la Alerta de Violencia de Género, y tras la denuncia de la directora Estatal para Prevenir la Violencia contra la Mujer de la Secretaría General de Gobierno, Yenedith Barrientos Santiago, de que fue obligada a renunciar a su cargo esta semana, después de que cambiaron la chapa de la puerta de su oficina, y la dejaron de convocar a reuniones de trabajo.
En consulta telefónica, Garfías Marín denunció que en la actual administración se reproducen formas de los gobiernos pasados.
“Cambiarle la chapa de su oficina, cuando ella merecía un trato digno como funcionaria, como mujer, como responsable de la Alerta de violencia en Guerrero, creo que es una acción violenta”.
Estimó que evidencia “una vez más que hay un abuso de poder hacia las mujeres, independiente de que sean funcionarias o no”.
Consideró que el gobierno estatal debería ser consecuente con la política que pregona la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, de convertir a Guerrero en un refugio para las mujeres, y que haya una disculpa para Barrientos Santiago.
Reyna Aguilar señaló que desde la administración anterior, las defensoras de derechos de las mujeres han criticando que haya cambios del persona coordinadora de la atención de las alertas, y enlace con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Recordó que en la administración hubo cuatro personas en esa posición por los cambios en el gabinete,  que significan retrocesos.
“Eso no abona en el avance que quisiéramos observar en el tema de cumplimiento de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género, porque al interior, quien se coordina con todas las instancias que deben estar atendiendo la alerta”.
Señaló que los cambios que se observan en la Secretaría General de gobierno, desde la renuncia del extitular, Marcial Ludwig Reynoso Núñez, el nombramiento de una encargada, Anacleta López vega, que trae a su propia visión o desconocimiento de la Alerta, “porque no había estado ahí, o lo veían de lejos, pero no lo habían atendido como tal”.
Como peticionaria de la Alerta de violencia feminicida, expresó preocupación del seguimiento que va a atener el mecanismo.
“Desconozco a quién vayan a designar, pero no observo que haya personal con compromiso con el tema, solamente es una prioridad para el gobierno del estado, pero no para quienes están en la Secretaría general de gobierno”.
Adelantó que va a recurrir a otros instrumentos jurídicos para obligar al estado y a quien directamente tiene la responsabilidad a dar cumplimiento a la declaratoria.
Añadió que supo que el jueves hubo una reunión para revisar la segunda alerta de violencia de género por agravio comparado, y no sabe que van a hacer en la atención de la primera alerta. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).

 

Consterna a acapulqueños la muerte de Jacob Flickinger, dice Susana Palazuelos

El cooperante de la organización no lucrativa World Central Kitchen Jacob Flickinger (de lentes oscuros) posa con algunos de los acapulqueños con los que colaboró tras el huracán Otis Foto: Jesús Espinoza /?Especial

Jacob Morales Antonio

La empresaria Susana Palazuelos indicó que hay mucha consternación por el ataque de Israel contra un convoy en Gaza donde murieron siete voluntarios de la organización World Central Kitchen, entre ellos Jacob Flickinger, quien estuvo entregando comida en colonias de Acapulco como Emiliano Zapata, Sector 6 y Vacacional, luego del devastador impacto del huracán Otis.
La también presidenta de la Cruz Roja en Guerrero expresó: “estamos todos muy consternados, no sé qué le está pasando a este mundo. Basta ya de asesinar a gente que se dedica a trabajar todo el tiempo, sin ningún interés más que el de ayudar a los demás y les hacen esto”.
Agregó: “estamos tristísimos de que le haya pasado esto a una persona como él, que estuvo en Acapulco. Lo que les hicieron a ellos no tiene nombre”.
La también organizadora de fiestas dijo que hace unas semanas pensó en irse como voluntaria a apoyar a cocinar a la organización en Gaza ante la necesidad que hay, sin embargo su hijo Eduardo Wichtendahl Palazuelos le dijo que la situación era muy delicada al tratarse de una guerra, y desistió.
Recordó que World Central Kitchen entregó en Acapulco más de 5 millones de raciones de comida, unas 51 mil raciones al día desde la avenida Costera hasta las comunidades más apartadas, al igual que en Coyuca de Benítez, en el tiempo en el que operó; además de entregar harina de maíz a las tortillerías para evitar el aumento del precio de las tortillas.
Por su parte el fotoperiodista Jesús Espinoza indicó que Jacob Flickinger era una persona muy reservada, hablaba poco, pero muy activa a la hora de ayudar a cargar y repartir la ayuda. Dijo que el hombre de 33 años había llegado unos días después del impacto del huracán y estuvo hasta principios de diciembre en la ciudad.
Comentó que en algunos recorridos donde documentó el trabajo de la organización en Acapulco como en las colonias Emiliano Zapata, Sector 6 y la Vacacional, Jacob Flickinger era un hombre que al bajar de las camionetas analizaba su entorno, que “observaba mucho a su alrededor”, además de estar muy atento a la entrega de las raciones.

 

Aspiran más de 200 a la planilla de Morena en Acapulco; menos del 5% tendría cargos

Daniel Velázquez

En Acapulco, ediles en funciones, funcionarios en activo, ex diputados, ex ediles, trabajadores del municipio y líderes vecinales, transportistas y activistas buscan ser considerados para integrar la planilla de síndicos y regidores de Morena que se elegirán el próximo 2 de junio.
Al proceso interno de Morena se inscribieron 218 personas, entre militantes y externos: 197 para regidores; de éstos son 113 hombres y 77 mujeres y una mujer transexual. Y 21 para síndicos, de los cuales nueve son hombres y 12 mujeres.
El Cabildo de Acapulco se integra por 23 ediles, un presidente, dos síndicos y 20 regidores. En la elección pasada de 2021, por la votación que obtuvo Morena logró diez regidurías. En el supuesto de que Morena consiga la misma cantidad de votos en los comicios del próximo 2 de junio (138 mil 697 sufragios), de los casi 200 aspirantes a regidores, apenas el 5 por ciento logrará un espacio en el Cabildo.

Para la sindicatura

Entre los 21 aspirantes a la sindicatura están la ex diputada local Mariana García Guillén; la ex regidora y actual funcionaria de la Dirección de Salud Municipal, Lourdes Mendoza Urióstegui; la ex secretaria de Desarrollo Social, Milly Ramírez Olmedo; la directora de Educación de la actual administración, Lucina Guadalupe Daza Rodríguez -hermana del zeferinista Porfirio Daza- y la líder vecinal Lluvia Irán Brito Morán.
También está apuntado el actual síndico Miguel Jaimes Ramos, el regidor Jonathan Márquez Aguilar, y el ex director de Salud Agustín Flores Jiménez.
Entre los 197 aspirantes a regidores de los ediles en funciones que buscan seguir como miembros del Cabildo están Sofía Corona Mijangos, quien empezó en el PRD, después se pasó al PRI y ahora está en Morena; la regidora Damaris Ruano Lucena, Juan Solís Calderón yPedro Vigueras Espino; la síndica María Inés Mendoza Sandoval y José Antonio Carbajal Moreno.
De los funcionarios en activo que buscan ser ediles están el subsecretario de Hacienda Antonio Rojas Marcial, el coordinador de Movilidad y Transporte Leonardo Daniel Moya Fossado, los directores de Panteones María de Lourdes Cristino Jaimes; de Fortalecimiento Municipal, Lucero García Rodríguez; de Desarrollo Económico, Elizabeth Parras Gutiérrez; de Imagen Urbana, Rufino Carrillo Pérez; de Planeación, Alejandro Díaz López; de Conservación y Mantenimiento, Pascual Díaz Lópe; de Maquinaria Pesada Silvestre Gómez Martínez, y a delegada administrativa de la Secretaría General del Ayuntamiento Alma Edith Pérez Sánchez.
También el asesor jurídico de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) Uriel Leal Ramírez.
De los nombres que se conocieron, se identificó a la activista por los derechos de la mujer María de Jesús Martínez Hernández. También se inscribió a la contienda Alejandro Gasca Luna, una chica transexual conocida como La Barbie de Acapulco, quien ha buscado un espacio de representación en el Cabildo desde los tiempos en que el PRD ganaba elecciones.

Los Ex

En la búsqueda por un espacio en el Cabildo de Acapulco, está el ex diputado federal Roberto Guzmán Jacobo. Fue el primer diputado federal por Acapulco por Morena electo en tómbola en la lista de plurinominales.
En la lista de aspirantes están algunos de la administración pasada 2018-202: la ex regidora Mayra Reyna, el ex regidor Javier Morlett Macho; el ex secretario general del Ayuntamiento Ernesto Manzano Rodríguez; los ex funcionarios municipales Malena Godoy Román, Martha Patricia Quintana Ponce, Rosa María Aguilar Miranda, y el ex director de Desarrollo Económico Rodrigo Ramírez Justo
De los ex funcionarios de la actual administración municipal que buscan ser ediles están el ex director de Obras Publicas Alfredo García Vázquez -quien salió de la administración municipal luego de un audio, donde presuntamente evidenciaba la corrupción en esa área pues pedía a las constructoras el pago de reintegros-, y la ex directora del DIF municipal Mara Iris Saligán Bibiano.
Otros ex que también se registraron al proceso interno de Morena son el ex director del parque Papagayo en el gobierno de Héctor Astudillo Flores, Mario Hernández Zamora, el ex dirigente municipal del PAN Andrés Orozco Pintos, el ex perredista Ramón Gracida González y el ex regidor por el PRI en el periodo 2005-2008 Efraín Dorantes Vélez.

Los hijos de… los sobrinos de…

En Morena, a una década de haberse fundado como partido y en Guerrero a cinco años de haberse convertido en la primera fuerza política del estado, ya empezó a emular los vicios que decía combatir de los partidos como el PRI y PRD, en la lista de aspirantes a ediles hay nombres de los hijos y sobrinos de personajes morenistas.
Un ejemplo es Arisdelssy Silva Cruz, la secretaria particular de la alcaldesa Abelina López Rodríguez, quien fue traída desde Puebla para empezar su carrera política en Acapulco al amparo de su tía, que tiene gran influencia en el gobierno municipal y ahora está anotada en la lista de aspirantes a ediles.
También como aspirantes a ediles están los hijos de la regidora Laura Caballero Rodríguez, Víctor Andrés y María del Pilar Galeana Caballero. También está el hijo de César Varela Blanco, César Román Varela Blanco y Garzón, y un reconocido personaje vinculado al PRI durante toda su vida, César Felipe Leyva.

Entre trabajadores y líderes

En la contienda interna de Morena para el Cabildo se anotaron trabajadores del ayuntamiento del área de regidurías como Leobardo Esteban Cárdenas Saldaña, Manuel Lozano y Medardo Roque Brito. En la lista de aspirantes también está Alejandro Gasca Luna, quien se identifica como transexual y es conocida como La Barbie de Acapulco, es trabajador de base del ayuntamiento.
De los lideres vecinales que se identificaron están la maestra Leticia Morales Abarca, Elefgo Gallegos,de Tres Palos, Jesús López Tapia de La Jardín, Arquímides Torres Linares de Renacimiento y el líder transportista Arturo Vergara.

En dos y tres pistas

El ex director del Instituto Municipal de Planeación Yair García Delgado también busca ser incluido en la planilla de ediles o candidato a diputado local por el distrito 04; la síndica María Inés Mendoza Sandoval ahora busca ser regidora o diputada local por el distrito 04 local; el regidor José Antonio Carbajal Moreno corre en dos pistas, la regiduría y la diputación local por el distrito 08,
Asimismo, está el ex delegado de la Semarnat, Christian Uriel Garnica San Román, que busca una regiduría, una candidatura a diputado plurinominal o uninominal por el distrito 07; el ex regidor y ex diputado local y actual subsecretario de Turismo municipal Arturo López Sugía busca ser parte de la planilla de ediles o candidato a diputado por la vía plurinominal.
Carlos Federico Payán Cortinas también busca ser candidato a regidor, candidato a diputado local por el distrito 07 o diputado plurinominal.
El ex secretario general de la sección 19 del SUSPEG Humberto Piza Pérez quien busca un espacio en el Cabildo, la candidatura por el distrito local 05 y por la vía plurinominal.
El titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Contraloría del gobierno del estado Julio César Ramírez Coronel, quien además de buscar ser regidor, busca la candidatura a diputado local por el distrito 05 y también por la vía plurinominal
El ex diputado local por Movimiento Ciudadano Jorge Armando Muñoz Leal, se registró como aspirante a regidor y a síndico en el proceso interno de Morena.

 

Aunque cifras del SESNSP revelan aumento en delitos sexuales, no son reales: activistas

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que reflejan el incremento de los delitos contra la libertad y la seguridad sexual en Guerrero, son un referente de un problema que difícilmente se denuncia, y cuando las víctimas recurren a las instituciones tampoco les creen, coincidieron las activistas feministas, María Luisa Garfias Marín y Marina Reyna Aguilar.
En consulta telefónica por separado, las acompañantes de víctimas confirmaron que la entidad, con dos alertas de violencia de género, la estructura gubernamental falla en su obligación de garantizar la seguridad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Como ejemplo, Reyna Aguilar mencionó el caso de una niña de 13 años en Atoyac de Álvarez, embarazada por violación de su padrastro, al que le dio seguimiento a mediados de este año, donde sin investigación de por medio, las autoridades del sector dieron por buena la versión de los trabajadores acusados de obstrucción.
Denunció que el encubrimiento tiene de fondo político, la defensa de una política pública que no está dando resultados.
En tanto, Garfias Marín añadió que desde 2018 y 2019 se ha venido registrando el incremento de la violencia sexual a mujeres, adolecentes, niñas y niños, los principales afectados por este delito, no sólo en Guerrero sino a nivel país.
De acuerdo con lo publicado por El Sur, de 2018 a 2022 los delitos aumentaron más de 114 por ciento, de acuerdo con la estadística de denuncias penales que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es decir, en 2018 hubo 165 denuncias por abuso sexual, y 196 de violación simple, y en 2022, el número de delitos ascendió a 452 en abuso sexual, y a 249 en violación simple.
“En vez de que disminuyan con las políticas que implementan los gobiernos federal y de los estados, no han tenido impacto, como lo podemos ver también en Guerrero”, indicó Garfias.
Advirtió que algo está pasando en las formas de promover la protección de los derechos humanos, para involucrar a los diferentes actores sociales y políticos, con acceso a la justicia.
En su experiencia, señaló que cuando se detiene a un presunto violador y se abre una carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público integra mal el expediente que no llega a los juzgados, o el acusado se amparó o huyó.
Ratificó que la cifra oficial, indica que no funcionan las políticas publicas de los diferentes niveles de gobierno, “tenemos dos alertas, por violencia feminicida, y otra por agravio comparado -por la falta de acceso a la salud integral en casos de violación-, pero los municipios alertados, y los no alertados tampoco hacen algo para la reducción de las violencias”.
Señaló que las estimaciones del INEGI son que 93 por ciento de los crímenes no son denunciados, así que la información del Secretariado es oficial, pero no se acerca a la realidad. La mayoría de los casos que llegan a las instituciones, quedan impunes, afirmó.
“Sí, hay esfuerzos en el gobierno del estado y de las organizaciones de la sociedad civil, pero no es suficientes porque estamos trabajando en contra de un siglo de una educación sexista, generadora de violencia contra las mujeres que nos está costando cambiar. Hemos avanzado pero aún es insuficiente”.
Marina Reyna Aguilar confirmó que la cifra negra de abusos y violaciones no denunciadas por vergüenza, falta de una cultura de la denuncia o por temor de las víctimas a que no les crean, es incalculable.
En los casos concretos que llegan a las instancias de acceso a la justicia, tampoco les creen, lamentó.
Señaló que en el primer círculo de las víctimas, que suelen ser mujeres, adolescentes y niños, es más fácil creerle a un adulto que niega los abusos.
Después, con las autoridades, se enfrentan a la negación de servicios efectivos, “los instigan, los convencen a no denunciar, les hacen comentarios degradantes”.
Cuando se denuncian estas conductas, las autoridades de salud y de justicia, en lugar de creerle a la víctima, dan  crédito a sus trabajadores de confianza, sin indagar si la atención fue buena o mala.
“Se puede decir que el fondo es político porque responden acorde a una política pública que se ha anunciado, y entonces dicen, ‘¿cómo vamos a quedar mal?’. Es mejor defender el presunto resultado de la acción de gobierno que a las víctimas ante el mal funcionamiento de sus operadores”, denunció.
En el caso de la niña embarazada en Atoyac, que se dio a conocer en junio pasado, y que las autoridades sanitarias conocieron desde enero, recriminó que  en la respuesta formal que recibió de la SSA Guerrero, confirmaron la versión de los trabajadores que retrasaron la interrupción del embarazo.
Es decir, que la usuaria se negó al procedimiento. Básicamente acusaron a otra trabajadora de insistir en el aborto.
Reyna Aguilar, peticionaria de la Alerta de Violencia feminicida que se declaró en 2017, afirmó que las instituciones encubren las fallas de sus trabajadores para no dar malas cuentas, “para ellos es mejor simular, cubrir, disfrazar las cifras 1ue atender realmente de fondo los problemas”.
Insistió en que se revisen particularmente los asuntos más delicados de fondo, y que se implementen acciones para la no repetición.

 

Firman universitarios, activistas y políticos guerrerenses desplegado por Sheinbaum

Lourdes Chávez

Chilpancingo

Universitarios, activistas y políticos guerrerenses firmaron un desplegado nacional de apoyo a la aspirante a candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo, en el que llaman a la izquierda histórica a hacer lo necesario para que la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México gane la encuesta para ser la coordinadora nacional de los comités de la transformación.
Argumentaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador deja pendientes, entre otras asignaturas, consolidar un sistema de salud y educativo universal, gratuito y de calidad; verdad y justicia en el caso Ayotzinapa y de la denominada guerra sucia, entre otras.
El ex integrante de la Comisión de la Verdad, Nicomedes Fuentes García; el ex gobernador y docente de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Rogelio Ortega Martínez; el ex delegado de Tlalpan en Ciudad de México y ex secretario de Finanzas del gobierno de Ortega, Eliseo Moyao Morales; el fundador de la nueva ACNR, ex senador y ex secretario general del CEN del PRD, Mario Saucedo Pérez, y el ex secretario de Obras y docente de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en la UAG, Jesús Hernández Torres, aparecen entre los firmantes.
Bajo el título El futuro por el que soñamos se construye hoy, llaman a la izquierda histórica “a sumar esfuerzos y coordinar las acciones necesarias, que contribuyan a su triunfo en la encuesta, para seguir impulsando y construyendo el sueño de la justicia social, el desarrollo sostenible, la democracia y la grandeza del México justo, por el que miles de luchadoras y luchadores sociales ofrendaron su libertad y su vida”.
En el texto destacan que los contrastes en el país representan un reto doble para hacer frente a problemas ancestrales, “así como al proceso de integración subordinada y desigual a la economía global y a una transición democrática tardía y limitada”.
Advierten que la “vieja clase política”, desplazada del poder en la elección de 2018, se reagrupa “sin ideologías” en un frente opositor, “cohesionada por los poderes fácticos, económicos y mediáticos que vienen para reconquistar sus privilegios del pasado”.
Recordaron que ese régimen autoritario restringió las libertades individuales y los derechos sociales, tuvo resistencias de muy diversos sectores de la sociedad para exigir el cumplimiento cabal de sus derechos económicos, sociales y laborales, y grupos que optaron por la vía armada fueron reprimidos, lo que dio origen a las luchas contra la represión, por las libertades políticas, la presentación de los presos y desaparecidos políticos y el respeto a los derechos humanos.
Añaden que “ya más recientemente”, surgieron otras luchas por las libertades ciudadanas y la democratización, el respeto al voto y el derecho de la ciudadanía, que potenció los enormes fraudes de 1988 y 2006.
Señalaron que “hasta que la insurgencia popular mayoritaria de 2018 expresó la voluntad de alternancia y cambio social con 30 millones de votos en favor de López Obrador, colocando a las élites dominantes en la disyuntiva de evaluar que el costo de su cerrazón sería más alto que el precio de permitir el cambio de régimen”.
Hoy, señalaron que la izquierda social y política del país tienen la responsabilidad de preservar la memoria para los retos que en el país se plantean, como la inseguridad, la violencia, la corrupción sistémica y la pobreza, enraizadas durante mucho, “por lo que es muy difícil erradicarlos”.
Enfatizaron que, ante las actividades ilícitas y el crimen organizado que se extendió en el territorio nacional, se debe “profundizar y ampliar los esfuerzos para enfrentar esta problemática, con justicia social, educación y empleo para los jóvenes y con una coordinación adecuada de todos los órdenes del gobierno”.
Confirmaron que hay asignaturas pendientes para consolidar un sistema de salud y educativo universal, gratuito y de calidad; verdad y justicia en el caso Ayotzinapa y de la denominada guerra sucia.
Así como la recuperación de los derechos campesinos, de la cultura y territorio de los pueblos originarios, respuesta efectiva a las demandas del movimiento de mujeres, construcción de la soberanía alimentaria.
Consideraron que el liderazgo del movimiento por la transformación requiere de personas con trayectorias sólidas, no de fachada mediática, “para encarar los grandes problemas que aún enfrentamos”.
Señalaron que Sheinbaum Pardo, con experiencia probada en el ejercicio público, reúne las cualidades “para encabezar las tareas de coordinación de las acciones para la transformación del país con su propio sello”, porque ha sido parte del movimiento social, con los más pobres y excluidos.