Lourdes Chávez
Chilpancingo
Las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que reflejan el incremento de los delitos contra la libertad y la seguridad sexual en Guerrero, son un referente de un problema que difícilmente se denuncia, y cuando las víctimas recurren a las instituciones tampoco les creen, coincidieron las activistas feministas, María Luisa Garfias Marín y Marina Reyna Aguilar.
En consulta telefónica por separado, las acompañantes de víctimas confirmaron que la entidad, con dos alertas de violencia de género, la estructura gubernamental falla en su obligación de garantizar la seguridad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Como ejemplo, Reyna Aguilar mencionó el caso de una niña de 13 años en Atoyac de Álvarez, embarazada por violación de su padrastro, al que le dio seguimiento a mediados de este año, donde sin investigación de por medio, las autoridades del sector dieron por buena la versión de los trabajadores acusados de obstrucción.
Denunció que el encubrimiento tiene de fondo político, la defensa de una política pública que no está dando resultados.
En tanto, Garfias Marín añadió que desde 2018 y 2019 se ha venido registrando el incremento de la violencia sexual a mujeres, adolecentes, niñas y niños, los principales afectados por este delito, no sólo en Guerrero sino a nivel país.
De acuerdo con lo publicado por El Sur, de 2018 a 2022 los delitos aumentaron más de 114 por ciento, de acuerdo con la estadística de denuncias penales que reporta el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Es decir, en 2018 hubo 165 denuncias por abuso sexual, y 196 de violación simple, y en 2022, el número de delitos ascendió a 452 en abuso sexual, y a 249 en violación simple.
“En vez de que disminuyan con las políticas que implementan los gobiernos federal y de los estados, no han tenido impacto, como lo podemos ver también en Guerrero”, indicó Garfias.
Advirtió que algo está pasando en las formas de promover la protección de los derechos humanos, para involucrar a los diferentes actores sociales y políticos, con acceso a la justicia.
En su experiencia, señaló que cuando se detiene a un presunto violador y se abre una carpeta de investigación, el agente del Ministerio Público integra mal el expediente que no llega a los juzgados, o el acusado se amparó o huyó.
Ratificó que la cifra oficial, indica que no funcionan las políticas publicas de los diferentes niveles de gobierno, “tenemos dos alertas, por violencia feminicida, y otra por agravio comparado -por la falta de acceso a la salud integral en casos de violación-, pero los municipios alertados, y los no alertados tampoco hacen algo para la reducción de las violencias”.
Señaló que las estimaciones del INEGI son que 93 por ciento de los crímenes no son denunciados, así que la información del Secretariado es oficial, pero no se acerca a la realidad. La mayoría de los casos que llegan a las instituciones, quedan impunes, afirmó.
“Sí, hay esfuerzos en el gobierno del estado y de las organizaciones de la sociedad civil, pero no es suficientes porque estamos trabajando en contra de un siglo de una educación sexista, generadora de violencia contra las mujeres que nos está costando cambiar. Hemos avanzado pero aún es insuficiente”.
Marina Reyna Aguilar confirmó que la cifra negra de abusos y violaciones no denunciadas por vergüenza, falta de una cultura de la denuncia o por temor de las víctimas a que no les crean, es incalculable.
En los casos concretos que llegan a las instancias de acceso a la justicia, tampoco les creen, lamentó.
Señaló que en el primer círculo de las víctimas, que suelen ser mujeres, adolescentes y niños, es más fácil creerle a un adulto que niega los abusos.
Después, con las autoridades, se enfrentan a la negación de servicios efectivos, “los instigan, los convencen a no denunciar, les hacen comentarios degradantes”.
Cuando se denuncian estas conductas, las autoridades de salud y de justicia, en lugar de creerle a la víctima, dan crédito a sus trabajadores de confianza, sin indagar si la atención fue buena o mala.
“Se puede decir que el fondo es político porque responden acorde a una política pública que se ha anunciado, y entonces dicen, ‘¿cómo vamos a quedar mal?’. Es mejor defender el presunto resultado de la acción de gobierno que a las víctimas ante el mal funcionamiento de sus operadores”, denunció.
En el caso de la niña embarazada en Atoyac, que se dio a conocer en junio pasado, y que las autoridades sanitarias conocieron desde enero, recriminó que en la respuesta formal que recibió de la SSA Guerrero, confirmaron la versión de los trabajadores que retrasaron la interrupción del embarazo.
Es decir, que la usuaria se negó al procedimiento. Básicamente acusaron a otra trabajadora de insistir en el aborto.
Reyna Aguilar, peticionaria de la Alerta de Violencia feminicida que se declaró en 2017, afirmó que las instituciones encubren las fallas de sus trabajadores para no dar malas cuentas, “para ellos es mejor simular, cubrir, disfrazar las cifras 1ue atender realmente de fondo los problemas”.
Insistió en que se revisen particularmente los asuntos más delicados de fondo, y que se implementen acciones para la no repetición.
