Las feministas María Luisa Garfias Marín y Marina Reyna Aguilar, denunciaron que persiste el autoritarismo en el gobierno estatal.
Opinaron respecto al cambio de funcionarias encargadas de la atención de la Alerta de Violencia de Género, y tras la denuncia de la directora Estatal para Prevenir la Violencia contra la Mujer de la Secretaría General de Gobierno, Yenedith Barrientos Santiago, de que fue obligada a renunciar a su cargo esta semana, después de que cambiaron la chapa de la puerta de su oficina, y la dejaron de convocar a reuniones de trabajo.
En consulta telefónica, Garfías Marín denunció que en la actual administración se reproducen formas de los gobiernos pasados.
“Cambiarle la chapa de su oficina, cuando ella merecía un trato digno como funcionaria, como mujer, como responsable de la Alerta de violencia en Guerrero, creo que es una acción violenta”.
Estimó que evidencia “una vez más que hay un abuso de poder hacia las mujeres, independiente de que sean funcionarias o no”.
Consideró que el gobierno estatal debería ser consecuente con la política que pregona la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, de convertir a Guerrero en un refugio para las mujeres, y que haya una disculpa para Barrientos Santiago.
Reyna Aguilar señaló que desde la administración anterior, las defensoras de derechos de las mujeres han criticando que haya cambios del persona coordinadora de la atención de las alertas, y enlace con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
Recordó que en la administración hubo cuatro personas en esa posición por los cambios en el gabinete, que significan retrocesos.
“Eso no abona en el avance que quisiéramos observar en el tema de cumplimiento de la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género, porque al interior, quien se coordina con todas las instancias que deben estar atendiendo la alerta”.
Señaló que los cambios que se observan en la Secretaría General de gobierno, desde la renuncia del extitular, Marcial Ludwig Reynoso Núñez, el nombramiento de una encargada, Anacleta López vega, que trae a su propia visión o desconocimiento de la Alerta, “porque no había estado ahí, o lo veían de lejos, pero no lo habían atendido como tal”.
Como peticionaria de la Alerta de violencia feminicida, expresó preocupación del seguimiento que va a atener el mecanismo.
“Desconozco a quién vayan a designar, pero no observo que haya personal con compromiso con el tema, solamente es una prioridad para el gobierno del estado, pero no para quienes están en la Secretaría general de gobierno”.
Adelantó que va a recurrir a otros instrumentos jurídicos para obligar al estado y a quien directamente tiene la responsabilidad a dar cumplimiento a la declaratoria.
Añadió que supo que el jueves hubo una reunión para revisar la segunda alerta de violencia de género por agravio comparado, y no sabe que van a hacer en la atención de la primera alerta. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
La representante y la integrante de organizaciones peticionarias de las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) por violencia feminicida y de agravio comparado, Marina Reyna Aguilar y Lourdes Juárez Díaz, coincidieron en que estos mecanismos de emergencia deben representar avances en un plazo y no son permanentes.
Por lo tanto, reconocieron la intención del gobierno estatal de emprender acciones para ir levantando las medidas que atiendan la emergencia que se señala cada Alerta.
Sin embargo, señalaron que la calificación de cumplimiento depende de la valoración que realicen los Grupos Interinstitucionales Multidisciplinarios (GIM) de cada AVGM, coordinados por la Comisión Nacional para Atender y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
La integrante de Obvio Guerrero, Lourdes Juárez, adelantó que, con el primer informe de esta administración sobre el cumplimiento de las medidas de la Alerta por agravio comparado, que envío en enero de 2023, Guerrero todavía no cumple con los indicadores para resarcir el agravio comparado sobre el aborto.
Este jueves, la directora estatal para Prevenir la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría General de Gobierno, Yenedith Barrientos Santiago, informó que hay buenas expectativas para levantar medidas de las 13 de agravio comparado y 21 de la violencia feminicida, con el segundo informe que las instituciones responsables del cumplimiento, presentarán este mes a la Conavim. No precisó cuántas.
Reyna Aguilar, peticionaria de la Alerta por agravio comparado que se declaró en 2017, reconoció que la intención es buena “porque la alerta no es eterna”. Pero sí se levantan, será porque el GIM ha valorado un avance importante de cumplimiento, aclaró.
Señaló que la Alerta por violencia feminicida es más compleja y tiene más instituciones responsables de la atención. Además de que hay medidas que van relacionadas con otras.
Las dos activistas forman parte de cada GIM, como peticionarias de los mecanismo.
Reyna Aguilar y Juárez Díaz recordaron que la única medida que ha sido levantada a la fecha, de la AVGM por agravio comparado, es resultado del movimiento amplio de mujeres que empujó la reforma sobre la despenalización del aborto que se concretó en mayo de 2020.
Insistió en que la Secretaría de Salud evalúe y dé seguimiento al personal que tiene la obligación de dar seguimiento a la norma.
“Como parte del GIM nosotras no podemos hablar de las reuniones de evaluación. La información es institucional, pero se puede decir que habrá una revisión minuciosa, para determinar si las acciones del informe que envié el estado, ya responde a los indicadores que valorará el GIM, y ver si es viable el levantamiento de las medidas”.
La representante y directora de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (Agcvim) aclaró que su postura no es que la alerta se estanque, sino que haya avances.
Y añadió que “es una pena que en seis años no hubo cumplimiento de ninguna medida, pese a los recursos humanos y financieros que se destinaron a ellos, ¿cómo es posible que no haya resultados en los indicadores de cumplimiento?, al final no hubo resultado favorable, ni impacto de ese recurso”.
Obvio Guerrero
En consulta por separado, Juárez Díaz aclaró que la última reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de Violencia, que permitió la actualización de las alertas el año pasado, creo otros escenarios de cumplimiento para la actual administración. Ahora se pueden ir levantando medidas de manera individual.
De la reforma para la despenalización del aborto hasta las 12 semanas en Guerrero, que permitió el levantamiento de una medida de la Alerta por Agravio Comparado, subrayó que fue resultado del pronunciamiento de este derecho que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de la exigencia de activistas.
Indicó que todavía falta que sea una realidad en el estado, aunque en algunas unidades médicas han atendido estos casos, no todos los centros garantizan la atención.
Además de las resistencias del personal médico a realizar aborto voluntarios o legales, añadió que todavía no hay protocolos de actuación en el sector salud.
Confirmó que los trabajos de atención a la alerta continúan en la secretaría de Salud, porque el TSJ ya informó que no hay mujeres privadas de la libertad por el delito de aborto, aunque algunas organizaciones refieran casos clasificados como homicidio en razón de parentesco, por hechos de aborto.
Consideró que no debería hacer una postura triunfalista de las autoridades sobre su segundo informe de las alertas, después de que recibieron exhortos, observaciones para atender el mecanismo.
Asimismo, dijo que señalar que ya no existe agravio comparado en Guerrero por el levantamiento de la medida principal, “es aventurarse porque con eso es como decir, esto ya pasó a la historia, es parte de un sueño terrible. No es una postura real”.
Dijo que organizaciones nacionales como Mexfam e Ipas, siguen realizando capacitaciones en el estado, con argumentos jurídicos sobre la autonomía reproductiva o aborto que emanan de la SCJN.
Reconoció la postura del secretario general de gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, de trabajar con organizaciones civiles.
La directora estatal para Prevenir la Violencia contra la Mujer de la Secretaría General de Gobierno, Yenedith Barrientos Santiago, en entrevista con El Sur en su oficina Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
A un año de la actualización de las Alertas de Violencia de Género por violencia feminicida y agravio comparado en Guerrero, el gobierno estatal tiene la expectativa de levantar medidas tras la evaluación de sus informes de trabajo, informó la directora estatal para Prevenir la Violencia contra la Mujer de la Secretaría general de Gobierno, Yenedith Barrientos Santiago.
Consultada en sus oficinas, la funcionaria recordó que a raíz de la reforma a la Ley General de Acceso a las Mujeres para una Vida Libre de Violencia, la alerta por Agravio comparado decretada el 5 de junio de 2020, se actualizó el 1 de junio de 2022.
Asimismo, la de Violencia feminicida, decretada el 22 de junio 2017 , se actualizó el 10 de junio del año pasado.
De acuerdo con la ley, el siguiente paso fue que el gobierno del estado y los nueve municipios alertados por violencia feminicida, aprobaran sus programas de acciones estratégicas para el cumplimiento de las medidas de las alertas.
Indicó que Guerrero es el primero alertado que incluyó las alertas actualizadas en el Plan estatal de Desarrollo, y en construir los planes integrales de acciones estratégicas, que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda presentó oficial en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el pasado 25 de noviembre, ambas publicadas en el periódico oficial del estado de Guerrero.
Para el cumplimiento de las medidas de estos mecanismos de emergencia para las mujeres, recordó que los ayuntamientos y el estado tienen la obligación de presentar un informe cada seis meses de sus avances. Del informe del periodo junio-diciembre de 2022, entregado en enero, informó que recibieron un reporte con observaciones del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), coordinado por la Conavim. Pero aún no es un dictamen de evaluación por indicadores.
El Mecanismo para la Implementación y Seguimiento de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género, conformado el 10 de junio de 2022 por funcionarios de los tres poderes y de los nueve ayuntamientos responsables de darle cumplimiento a las medidas, están integrando el segundo informe de enero-junio de 2023.
Destacó que las reuniones son encabezadas por el secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, el secretario técnico de la gobernadora, Pablo Gordillo, con la participación de titulares de las secretarías.
“Las reuniones son para conocer los avances, los pendientes y hacer rutas de acción para el cumplimiento, de tal forma que en el informe que se entregue en julio (este mes), tenga un grado de cumplimiento establecido por el GIM”.
De entrada, señaló que en Guerrero ya no existe el agravio comparado desde el levantamiento de la medida principal de la segunda declaratoria de AVG, con la reforma al Código Penal que despenaliza el aborto en el estado hasta las 12 semanas. . Además que la Secretaría de Salud del estado, el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav) siguen atendiendo 13 medidas pendientes para garantizar el acceso a atención integral de la salud y la reparación del daño.
Estimó que sí existen condiciones para empezar a hacer levantamiento de medidas muy avanzadas con los próximos informes que evaluará el GIM, tanto de agravio comparado como de violencia feminicida.
Antes de noviembre, que se cumple el plazo de un año para la atención a la alerta de agravio comparado, dijo que enviarán el informe final, con el cual el GIM va a determinar el levantamiento parcial o total de la AVG.
De las denuncias que siguen presentado activistas que acompañan a usuarias cuando solicitan interrupción del embarazo voluntario o legal en el sector salud, aclaró que el secretario general de gobierno advirtió que esas responsabilidades serán asumidas por el titular, con el personal que estuviera en las áreas.
El último caso fue de una niña de 13 años en Atoyac, donde la feminista Marina Reyna Aguilar denunció dilación en la atención de la menor de edad para que la madre de la víctima desistiera del procedimiento por el riesgo de la vida de su hija. Luego la SSA negó la denuncia, al señalar que la niña-mamá, rechazó la interrupción.
La directora de las alertas, indicó que en las mesas de trabajo se habló de “tienen que hacer una relación de personal, tanto objetor de conciencia como quienes sí puedan garantizar los servicios, Pero hay algo superior que es darle cumplimiento a una ley, y que es en la etapa que debe estar (la secretaría de) Salud, en poder capacitar y fomentar el cumplimiento de la ley”.
Añadió que el planteamiento de Reynoso Núñez a las secretarías y dependencia estatales, es no ver a las declaratorias de las Alertas como agravio o amenazas, sino como una oportunidad de poder demostrar el compromiso de garantizar el acceso a la justicia, y a una vida libre de violencia de las mujeres, con acciones que perduren más allá de la actual administración.
Violencia feminicida
De la atención de las 21 medidas de la AVGM por violencia feminicida, mucho más amplia que la de Agravio comparado, aclaró que no hay un plazo de cumplimiento establecido por el GIM, coordinado por Conavim, pero sí tienen tiempos fijados por los responsables de las acciones de cumplimiento.
“La intención de esta declaratoria es que puedan ser acciones que se conviertan en ordinarias, que no sólo sean acatadas por una declaratoria, que queden establecidas de manera permanente, aún levantando la medida”.
Mencionó por ejemplo la creación de un módulo de atención multidisciplinaria a mujeres en situación de violencia en los nueve municipios alertados, no sólo por la atención de la alerta, que van están quedando fijo con un espacio físico, personal capacitado y presupuesto, mediante decretos o vía actas de cabildo.
Además del fortalecimiento de las policías municipales con unidades policiales de género, con el acompañamiento de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Reconoció que sólo está siendo complicado en Ayutla de los Libres, que se rige por sistema de usos y costumbres, y la seguridad pública está a cargo de la policía comunitaria.
Destacó la recuperación de espacios públicos como una de las estrategias para garantizar espacios seguros de zonas que pueden producir riesgos.
Transporte Violeta
De los programas estatales, señaló el Transporte Violeta monitoreado con videocámaras y geolocalización, y personal capacitado, para atender una medida de la Alerta, implementada en Chilpancingo, Acapulco y con avances en Zihuatanejo.
Aclaró que se siguen revisando las condiciones de aplicación del Transporte en Iguala, Coyuca de Catalán, Ayutla, Ometepec, Tlapa y Chilapa.
Asimismo, la Alerta Violeta como mecanismo de búsqueda inmediata para niñas, adolescentes y mujeres reportadas como desaparecidas, el territorio violeta, de recuperación de espacios públicos, y la aplicación de telefonía celular para solicitar ayuda.
Del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, indicó que están próximos de presentar en sesion el Programa Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres que marca la líena del trabajo de esta administración.
Aseguró que las ocho comisiones que integran el sistema, una de Alertas de Violencia de Género, han sesionado de manera ordinaria.
Por otro lado, está el mecanismo de seguimiento institucional de las alertas, que camina con su propio objetivo, que es dar cumplimiento a las medidas, y evaluar si se está realizando el trabajo adecuado.
La directora estatal para Prevenir la Violencia contra la Mujer de la Secretaría General de Gobierno, Yenedith Barrientos Santiago, indicó que 33 funcionarios estatales de Guerrero reciben un curso piloto de la Iniciativa Spotlight México de ONU-Mujeres, sobre la elaboración y evaluación de informes de Alertas de Violencia de Género para estados alertados.
Consultada en el Palacio de gobierno, recordó que la administración estatal entregó en enero el primer informe de seis meses de atención de la Alerta de Violencia Feminicida declarada en 2017, pero actualizada en junio de 2022.
Entre las acciones que impactarán en este proceso, señaló la conclusión del diagnóstico sobre tipos y modalidades de violencias en el estado, la creación de la estrategia de transporte público Violeta para evitar acoso o agresiones a mujeres, y la recuperación de espacios públicos a través del Territorio Violeta.
Adelantó que en los próximos días se informará de nuevas acciones, además que los ayuntamientos están haciendo lo propio. Ya tienen módulos de atención inmediata, unos con mayor porcentaje de avance.
También dijo que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), comenzará este año la construcción del Centro de Justicia para las Mujeres en Iguala.
Así como los avances en la integración de unidades policiales de género en los nueve municipios alertados, y esperan, con estrecha coordinación con los ayuntamientos, recuperar espacios públicos.
Explicó que Guerrero está obligado a rendir informes cada seis meses sobre la atención de las alertas por violencia feminicida, y de agravio comparado. En la primera, el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) que evalúe al mecanismo de alerta enviará su evaluación con observaciones sobre las medidas en las para poner mayor atención.
El segundo informe de la actual administración será enviado en junio de 2023, y en ese periodo también vence el plazo de un año para el cumplimiento de la Alerta por Agravio Comparado.
Informó que la segunda fase de la Iniciativa Spotlight México para eliminar la violencia contra mujeres y niñas, tiene un programa formativo para las personas que dan atención a las alertas en los estados. “En Guerrero tenemos constituido un mecanismo de seguimiento, con 33 funcionarios que participamos en la capacitación”.
No lo mencionó, pero en la administración anterior, a pesar de que se realizaron muchas acciones, los informes no daban cuenta de los seguimientos a las medidas.
Barrientos Santiago explicó que el temario del programa de la Iniciativa Spotlight incluye la construcción de estos programas de acciones estratégicas, los indicadores, comparten experiencias, y los GIM de cada alerta, explican cómo realizan las evaluaciones.
Aclaró que no sólo se trata de retirar medidas, que ahora permite la última reforma a la Ley general de Acceso a una Vida libre de Violencia, sino de garantizar una vida libre de violencia para niñas, mujeres y adolescentes.
El pleno del Tribunal Electoral del Estado (TEE) reencauzó al órgano de justicia del PRD el juicio promovido desde 2018 por la actual directora estatal para Prevenir la Violencia contra la Mujer de la Secretaría General de Gobierno, Yenedith Barrientos Santiago, contra el PRD por su destitución como secretaria de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos que ocurrió hace casi cinco años.
Tras su destitución, por el pleno del noveno Consejo Estatal del PRD realizado el 4 de marzo de 2018, Yenedith Barrientos se inconformó por esta decisión e inició un juicio por el hecho y porque dejó de percibir las prestaciones inherentes al cargo partidista, y finalmente hasta ayer el pleno del TEE determinó remitir el caso al órgano de justicia partidario.
La denunciante actualmente es funcionaria estatal en el gobierno morenista que encabeza Evelyn Salgado Pineda y dejó de militar en el PRD.
En la sesión realizada ayer se aprobó por unanimidad de votos el acuerdo plenario TEE/JEC/049/2022, propuesto por la magistrada Hilda Rosa Delgado Brito, en el que se declaró improcedente el juicio promovido por Yenedith Barrientos Santiago en contra de su destitución como secretaria de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos “del Comité Directivo Estatal” que ahora es Dirección Ejecutiva Estatal del PRD.
La determinación se da con el argumento de que es un asunto relacionado con la vida interna del Partido por lo que debe agotarse primeramente la instancia partidaria.
El caso fue reencauzado al órgano de justicia intrapartidaria para que en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de que surta efectos la notificación, acorde a su normativa interna, resuelva el caso e informe a TEE, “dentro del plazo de 3 días hábiles siguientes a la emisión del fallo, remitiendo las constancias que así lo acrediten”.
Con el año, termina el primer plazo de seis meses que recibió el gobierno estatal para elaborar sus primeros informes de las dos alertas de violencia feminicida en nueve municipios, y de agravio comparado contra las mujeres de Guerrero, declaradas en 2017 y 2020, que serán enviados el 15 de enero de 2023, informó la directora estatal para Prevenir la Violencia hacia las mujeres de la Secretaría General de Gobierno, Yenedith Barrientos Santiago.
Aunque la Comisión nacional para Prevenir y Erradicar las Violencias hacia las Mujeres (Conavim) actualizó las alertas a principios de junio de este año, y los seis meses terminan a principios de diciembre, explicó que el gobierno estatal recibió 45 días para enviar sus programas de trabajo.
A partir de la aprobación de los programas, debe presentar informes cada seis meses de la AVG por violencia feminicida y atender en un año las medidas de la Alerta por Agravio Comparado. Aunque precisó que el programa de la segunda alerta fue aprobado una vez que acordaron los indicadores de cumplimiento con el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de trabajo.
Consultada en la sede del poder Ejecutivo, aclaró que sólo después de su evaluación por los grupos Interinstitucional y Multidiscipli-nario de cada alerta, habrá información clara de los avances; sin embargo, el poder Ejecutivo espera levantar algunas medidas que deben atender los tres poderes de la entidad y la Fiscalía General del Estado.
Por ejemplo, señaló la elaboración de un diagnóstico de los tipos y modalidades de violencias en el estado, la primera de 21 medidas de la alerta de violencia feminicida, que la administración anterior encargó a la Universidad Nacional Autónoma de México y no obtuvieron, por incumplimiento de pago.
A través de la Secretaría de la Mujer, informó que se retomó ese acuerdo, se cubrió el saldo y la institución educativa actualizó el documento, que el Ejecutivo envió el mes pasado a la Conavim.
El documento no será público mientras no haya sido aprobado por el grupo de trabajo de la primer alerta, precisó.
En lo que toca a la Secretaría General de Gobierno, señaló que el Protocolo Violenta en el transporte público, para garantizar espacios seguros para mujeres con operadores capacitados y certificados, ya se lanzó en dos de los ocho municipios alertados por violencia feminicida: Acapulco y Chilpancingo.
En enero se ampliará a Zihuatanejo e Iguala, y en el transcurso del año, a los demás alertados: Ayutla, Ometepec, Tlapa, Chilpan-cingo, Chilapa, y Coyuca de Catalán, aseguró.
“Pero estamos dando un paso extra, en enero estaremos haciendo pública la coordinación interinstitucional con los municipios y con las dependencias que son las responsables, aquí son Seguridad Pública, la oficina de la gobernadora, la SSG y la Semujer, así como el Sistema Estatal de Seguridad Pública, para evaluar la estrategia”.
Por otro lado, indicó que la FGE debe atender las órdenes de protección para las víctimas de violencias. En este primer informe, confió en que la Fiscalía haya creado la nueva unidad de contexto que está en ejecución, con financiamiento de un proyecto federal.
Asimismo, indicó que de manera coordinada con la Iniciativa Spotlight, para prevenir y erradicar la violencia a mujeres y niñas, que apoya ONU Mujeres y la Unión Europea, la FGE emitió una convocatoria para contratar una consultoría, que elaboró un protocolo de órdenes de protección.
“De ahí se realizaron reuniones con los nueve municipios, de manera que cada uno pueda aportar datos sobre lo que hace falta, ¿qué más que los municipios que puede emitir órdenes de protección?”, enfatizó.
El diagnóstico de violencias y el protocolo de protección son dos medidas que podrían levantar, si la FGE concreta los recorridos en los ayuntamientos alertados, precisó.
Además, indicó que en esta medida la FGE debe hacer una revisión exhaustiva de las carpetas de investigación de homicidios dolosos de mujeres, de 8 años atrás, que esperan poder incluir en el informe que reportarán el 15 de enero.
Asimismo, el Congreso local debe conformar una área para revisar la legislación, a fin de armonizar leyes y elaborar iniciativas en favor de las mujeres. En este sentido, recordó que en septiembre pasado, en el contexto de la iniciativa Spotlight, los diputados firmaron un memorando con agencias de Naciones Unidas para fortalecer el marco legal para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.
Destacó tres medidas para los ayuntamientos: crear los módulos de atención a las víctimas de violencia, unidades de Policía de Género y recuperar espacios públicos, aunque no precisó los avances.
Añadió que la segunda medida que debe atender la FGE en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es la reparación del daño por muertes dolosas de mujeres.
En cuanto a la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, explicó que tiene un plazo de un año para la atención de 13 medidas a partir de la aprobación del programa de trabajo, que se presentó en el acto conmemorativo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. El 29 del mismo mes se publicaron los dos programas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Aclaró que el GIM elaboró los indicadores y el estado alineó sus acciones para atenderlos y recordó que la medida principal de esta alerta era la despenalización del aborto en el estado, que no estaban garantizando los servicios estatales de salud y se aprobó en el pasado.
Aunque activistas esperaban que esta medida permitiera el levantamiento de la segunda alerta, la funcionaria reconoció que es “un trabajo grande poder dar cumplimiento, porque ahora se trata de garantizar el derecho a decidir”. En esta labor, deben actuar la Secretaría de Salud del estado, FGE y Tribunal Superior de Justicia.
Reconoció que persisten las resistencias en hospitales por objetores de conciencia, “pero la parte institucional, que es la que nos corresponde, tenemos que acatar el mandato. La Secretaría de Salud tiene un trabajo inmenso”.
