Lourdes Chávez
Chilpancingo
Con el año, termina el primer plazo de seis meses que recibió el gobierno estatal para elaborar sus primeros informes de las dos alertas de violencia feminicida en nueve municipios, y de agravio comparado contra las mujeres de Guerrero, declaradas en 2017 y 2020, que serán enviados el 15 de enero de 2023, informó la directora estatal para Prevenir la Violencia hacia las mujeres de la Secretaría General de Gobierno, Yenedith Barrientos Santiago.
Aunque la Comisión nacional para Prevenir y Erradicar las Violencias hacia las Mujeres (Conavim) actualizó las alertas a principios de junio de este año, y los seis meses terminan a principios de diciembre, explicó que el gobierno estatal recibió 45 días para enviar sus programas de trabajo.
A partir de la aprobación de los programas, debe presentar informes cada seis meses de la AVG por violencia feminicida y atender en un año las medidas de la Alerta por Agravio Comparado. Aunque precisó que el programa de la segunda alerta fue aprobado una vez que acordaron los indicadores de cumplimiento con el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) de trabajo.
Consultada en la sede del poder Ejecutivo, aclaró que sólo después de su evaluación por los grupos Interinstitucional y Multidiscipli-nario de cada alerta, habrá información clara de los avances; sin embargo, el poder Ejecutivo espera levantar algunas medidas que deben atender los tres poderes de la entidad y la Fiscalía General del Estado.
Por ejemplo, señaló la elaboración de un diagnóstico de los tipos y modalidades de violencias en el estado, la primera de 21 medidas de la alerta de violencia feminicida, que la administración anterior encargó a la Universidad Nacional Autónoma de México y no obtuvieron, por incumplimiento de pago.
A través de la Secretaría de la Mujer, informó que se retomó ese acuerdo, se cubrió el saldo y la institución educativa actualizó el documento, que el Ejecutivo envió el mes pasado a la Conavim.
El documento no será público mientras no haya sido aprobado por el grupo de trabajo de la primer alerta, precisó.
En lo que toca a la Secretaría General de Gobierno, señaló que el Protocolo Violenta en el transporte público, para garantizar espacios seguros para mujeres con operadores capacitados y certificados, ya se lanzó en dos de los ocho municipios alertados por violencia feminicida: Acapulco y Chilpancingo.
En enero se ampliará a Zihuatanejo e Iguala, y en el transcurso del año, a los demás alertados: Ayutla, Ometepec, Tlapa, Chilpan-cingo, Chilapa, y Coyuca de Catalán, aseguró.
“Pero estamos dando un paso extra, en enero estaremos haciendo pública la coordinación interinstitucional con los municipios y con las dependencias que son las responsables, aquí son Seguridad Pública, la oficina de la gobernadora, la SSG y la Semujer, así como el Sistema Estatal de Seguridad Pública, para evaluar la estrategia”.
Por otro lado, indicó que la FGE debe atender las órdenes de protección para las víctimas de violencias. En este primer informe, confió en que la Fiscalía haya creado la nueva unidad de contexto que está en ejecución, con financiamiento de un proyecto federal.
Asimismo, indicó que de manera coordinada con la Iniciativa Spotlight, para prevenir y erradicar la violencia a mujeres y niñas, que apoya ONU Mujeres y la Unión Europea, la FGE emitió una convocatoria para contratar una consultoría, que elaboró un protocolo de órdenes de protección.
“De ahí se realizaron reuniones con los nueve municipios, de manera que cada uno pueda aportar datos sobre lo que hace falta, ¿qué más que los municipios que puede emitir órdenes de protección?”, enfatizó.
El diagnóstico de violencias y el protocolo de protección son dos medidas que podrían levantar, si la FGE concreta los recorridos en los ayuntamientos alertados, precisó.
Además, indicó que en esta medida la FGE debe hacer una revisión exhaustiva de las carpetas de investigación de homicidios dolosos de mujeres, de 8 años atrás, que esperan poder incluir en el informe que reportarán el 15 de enero.
Asimismo, el Congreso local debe conformar una área para revisar la legislación, a fin de armonizar leyes y elaborar iniciativas en favor de las mujeres. En este sentido, recordó que en septiembre pasado, en el contexto de la iniciativa Spotlight, los diputados firmaron un memorando con agencias de Naciones Unidas para fortalecer el marco legal para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas.
Destacó tres medidas para los ayuntamientos: crear los módulos de atención a las víctimas de violencia, unidades de Policía de Género y recuperar espacios públicos, aunque no precisó los avances.
Añadió que la segunda medida que debe atender la FGE en conjunto con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, es la reparación del daño por muertes dolosas de mujeres.
En cuanto a la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, explicó que tiene un plazo de un año para la atención de 13 medidas a partir de la aprobación del programa de trabajo, que se presentó en el acto conmemorativo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres. El 29 del mismo mes se publicaron los dos programas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
Aclaró que el GIM elaboró los indicadores y el estado alineó sus acciones para atenderlos y recordó que la medida principal de esta alerta era la despenalización del aborto en el estado, que no estaban garantizando los servicios estatales de salud y se aprobó en el pasado.
Aunque activistas esperaban que esta medida permitiera el levantamiento de la segunda alerta, la funcionaria reconoció que es “un trabajo grande poder dar cumplimiento, porque ahora se trata de garantizar el derecho a decidir”. En esta labor, deben actuar la Secretaría de Salud del estado, FGE y Tribunal Superior de Justicia.
Reconoció que persisten las resistencias en hospitales por objetores de conciencia, “pero la parte institucional, que es la que nos corresponde, tenemos que acatar el mandato. La Secretaría de Salud tiene un trabajo inmenso”.