Lourdes Chávez

Chilpancingo

La agente del ministerio público de Atención Integral del distrito Judicial de Altamirano en San Luis Acatlán, Karina Pano, reaccionó con carcajadas ante la fotografía tomada a distancia que le mostró una adolescente me’phaa en la presentación de una denuncia de acoso, por un hombre que la jaló y la persiguió en la calle.
Tomada desde adentro del hospital comunitario de la cabecera municipal de San Luis Acatlán, donde la agraviada entró a resguardarse, la imagen de una persona con gorra y playera negra de una persona apenas se distingue por su vestimenta. Al parecer se dio cuenta de que le tomaron una foto porque agachó la vista.
“No sirve de nada”, dijo frente a la niña de 15 años intimidada por la actitud de la funcionaria.
Esto ocurrió luego que su superior jerárquico obligó a la agente a que atendiera a la menor de edad y a su familia, ante su negativa de recibir el caso debido a que no lo consideró grave, porque no hubo violación ni lesiones, denunciaron fuentes cercanas a la víctima.
Agregaron que fue hasta entonces que se puso a investigar cómo clasificar el hecho que estableció como “violencia de género (doloso)”.
Dijeron que ante la arrogancia de la funcionaria, que seguía tratando con desprecio a las ciudadanas, intervino también una enviada de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Gretell Dávila.
Contaron que finalmente se emitieron medidas cautelares para que la Policía Municipal realice rondines durante 30 días en el área donde ocurrió el acoso.
También se emitió el oficio de investigación, porque la familia tiene la presunción de que intentaron llevársela, y no saben si había sido vigilada o seguida al azar.
El hecho ocurrió el martes 22 alrededor de las 3 de la tarde en la cabecera municipal de San Luis Acatlán, un hombre joven se acercó a la adolescente en la calle mientras caminaba para decirle que quería que fueran amigos, asustada no se detuvo y el acosador la tomó del brazo con fuerza, pudo zafarse con un codazo.
A poca distancia se refugió en casa de una amiga y el acosador se sentó frente a esa vivienda. Luego de un rato la mamá de su amiga la encaminó hacia el hospital comunitario de San Luis Acatlán, por recomendación de su familia, porque en la oficina del DIF junto al hospital suele haber policías.
Ahí también apareció el acosador, llevaba una franela en la mano que le acercaba a la nariz, y después se fue hacia el rumbo del panteón.

Las autoridades deben de tomar con seriedad estos casos para prevenir violencias de mayor magnitud: Marina Reyna

Consultada el respecto, la feminista María Luisa Garfias Marín explicó que el acoso es una forma de violencia sexual que busca, a partir de la presión, que una persona acceda a la pretensión de otra, “genera temor en la víctima porque el acosador cuando no encuentra una respuesta puede entonces llegar a otro tipo de acciones”, agregó.
Consultada vía telefónica advirtió que estas denuncias son un foco rojo y las autoridades deben tomarlas con seriedad para prevenir violencias de mayor magnitud.
Lamentó que, pese a los recursos invertidos en capacitación y sensibilización de funcionarias para atender a las mujeres, “no son empáticas, hasta desconocen las formas cómo ellas pudieran actuar para prevenir un delito que pueda atentar contra la vida de las mujeres, de las niñas o adolescentes, no hay compromiso, no se asume esta responsabilidad”.
A la fecha se han capacitado a 333 funcionarias de Guerrero en derechos humanos y para prevenir la violencia de género, como parte de las acciones de la iniciativa Spotlight como dio a conocer ayer la representante de ONU Mujeres en México, Belén Sanz Luque.
Garfias Marín dijo que “estos datos tienen que ponernos a reflexionar, ¿qué está pasando con todas estas servidoras públicas?, que tienen como obligación atender con perspectiva de derechos humanos las denuncias por cualquier tipo de violencias”.
Consideró que la sentencia por feminicidio de Karla Pontigo de 2019, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los servidores públicos que comentan acciones u omisiones que obstaculicen la justicia, tienen que ser investigadas y separadas de su trabajo, debe ser retomada para reformar el Código Penal.
La también activista feminista, Yolotzin Jaimes opinó que la Comisión de la Juventud y de Equidad de Género del Congreso local deben revisar de manera urgente el acoso callejero.
“En los últimos días hemos conocido varios hechos de acoso en espacios públicos en el Zócalo de la ciudad, recientemente de una mujer reportera por parte de un hombre de una institución educativa, jóvenes acosadas en el CREA, en el Instituto de Estudios Políticos Avanzados Ignacio Manuel Altamirano, es un problema serio que no cabe explícitamente en la tipificación de la violencia de género, sino que necesita su propio marco jurídico por la naturaleza de los hechos”, expuso.