Ofrecerá asistencia legal a damnificados por el huracán Otis, anuncia la UAG

Karina Contreras

El director general de Posgrado e Investigación de la Univesidad Autónoma de Guerrero (UAG), Gabino Solano Ramírez, anunció una jornada de asistencia legal a personas que fueron damnificadas por el huracán Otis en octubre pasado; se ofrecerá asesoriamiento en diversos temas, entre ellos por personas desaparecidas.
Al investigador se le preguntó cuál sería la ayuda en casos de personas que tenga a un familiar desaparecido por el fenómeno natural y dijo que esos son procesos más largos, son procesos de acompañamiento por medio de lo que se llaman análisis de contexto o peritaje, por lo que habrá abogados para ese tema. Adelantó que esta jornada es la primera, pero que en la UAG que encabeza el rector Javier Saldaña Almazán, se va a instalar una clínica disciplinaria en derechos humanos en alianza con los convocantes a esa jornada para tener la posibilidad de dar acompañamiento más constante.
Indicó que el convenio de colaboración será firmado en los próximos días y la clínica será instalada en la facultad de Derecho Acapulco, por lo que espera que a partir de septiembre comience, donde explicó que el objetivo es que “el método clínico en derecho, que ha sido poco socorrido en México, es más gringo, ahora que está este proceso de analizar los problemas sociales de manea multidisciplinaria, ha venido siendo adoptado por nosotros para que los problemas legales, como el de personas desaparecidas, no sólo sea un tema legal sino se que sea atendido desde disciplinas diversas como sicología, sociología y antropología”.
Indicó que ese es el proceso y cuando se hace peritaje social no sólo son médicos sino antropólogos y “esta clínica la estamos constituyendo con el acompañamiento y asesorías de esas agencias y esperamos en septiembre ya tenerla”.
Agregó el funcionario universitario que a partir del huracán Otis hubo muchos problemas que la ciudadanía enfrentó por pérdida de papeles, debido a la inundación, también cuestiones de incumpliento de contrato, por cobros de servicios que no estaban siendo ejercidos, entre otros.
En declaraciones a El Sur, el funcionario e investigador explicó que debido a esas situaciones la universidad colaborará con despachos externos para este sábado 20 de abril hacer una jornada de asistencia legal para los damnificados en unas oficias que están en avenida Universidad a partir de las 10 de la mañana.
Explicó que pueden acudir las personas que tengan documentos o personas desaparecidas donde se pueda dar una orientación legal; quienes quieran reclamar un servicio básico de salud que no le esten cumpliendo o algunos contratos inmobiliarios que no les haya sido atendido. Dijo que apoyarán despachos externos como Sembrando Semilla de la Justicia en México, Centro Mexicano Probono; la Fundación Barra Méxicana, Guerrero es Primero, así como abogados de la UAG de la clínica multidiciplinaria de derechos humanos que está en la Facultad de Derecho de Acapulco.

Llama el Centro Morelos a la federación y al estado a detener “la espiral de violencia”

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), exigió ayer a los gobiernos federal y estatal que ya detengan la espiral de violencia “que sigue enlutando decenas de hogares” en la entidad.
Pidió una investigación “pronta y expedita” para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales del asesinato del profesor Marcelino Ruiz Esteban y su esposa, la profesora Guadalupe Guzmán Cano, hecho ocurrido la noche del miércoles en la carretera Chilpancingo-Tlapa.
“La violencia es como una noche en la cual no se ve la luz del amanecer, mientras que la muerte cabalga a lo largo y ancho del estado de Guerrero, las autoridades siguen sin la voluntad de hacer algo contundente para detener o cuando menos inhibir la violencia”, manifestó el organismo en un comunicado.

En Chilapam la violencia “a la orden del día”

Se refirió a la situación que se vive en Chilapa, “donde la violencia ha estado siempre presente; las ejecuciones y desapariciones siguen a la orden del día, algunas se denuncian, otras se callan por miedo”.
El organismo recordó el homicidio de tres mujeres ocurrido el 6 de enero en el barrio de El Calvario de Chilapa, “sin que hasta el momento se sepa quiénes cometieron este crimen.
“Como Centro Morelos repudiamos todos los hechos sangrientos que siguen ocurriendo en las diferentes regiones del estado”.
Habló del caso más reciente ocurrido en la zona: el asesinato del expresidente municipal de Atlixtac Marcelino Ruiz Esteban y su esposa, la maestra Guadalupe Guzmán Cano cerca de la comunidad de Atempa, en la carretera Chilpancingo-Tlapa.
“Centro Morelos conocimos al maestro Marcelino y siempre se mostró accesible, sensible y muy solidario con las personas a quienes acompañábamos y que eran víctimas de la violencia, familiares de desaparecidos, asesinados, fueran o no de su municipio”.
El Centro Morelos lo recordó como un hombre que siempre apoyaba las causas nobles y honestas, “y pudimos darnos cuenta de que contaba con la simpatía de la mayoría de las comunidades de Atlixtac”.
Marcelino, quien era originario de Huitzapula, según el comunicado del Centro Morelos, fue desde niño muy trabajador “y sufrió mucho trabajando como ayudante de albañil”, debido a que sus padres eran maestros pero no les alcanzaba el dinero porque tuvo muchos hermanos y él fue el mayor”.
Agregó que con su propio esfuerzo estudio para maestro y decidió incursionar en la política partidista (fue en dos ocasiones presidente municipal de Atlixtac por el PRD), “al ver que la gente necesitaba mucha ayuda”.
El Centro Morelos exigió a los gobiernos federal y estatal “que ya detengan esta espiral de violencia que sigue enlutando decenas de hogares”.
Asimismo, que se realice una investigación pronta y expedita para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de su asesinato y el de su esposa.
Ademan, pidió el cumplimiento de la Recomendación 171/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a favor de 171 familias desplazadas que acompaña y representa el Centro Morelos dándoles la reubicación y la reparación integral del daño.
Se pronunció, además, porque “se deje de deslegitimar el trabajo de los organismos civiles de derechos humanos que acompañan y representan a la mayoría de madres y padres de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

 

Asesinan en la entrada de la Secretaría de Salud al fundador de la UPOEG Bruno Plácido

 

 

Asesinan en la entrada de la Secretaría de Salud al fundador de la UPOEG Bruno Plácido

 

El ataque ocurrió a las 5 de la tarde, cuando el dirigente indígena también fundador de la CRAC había acudido a solicitar audiencia con la titular Aidé Ibarez. Dos hombres que llegaron en motocicleta le dispararon 15 balazos. También murió acribillado su chofer. Estaba amenazado por grupos diversos de la delincuencia organizada, comenta un familiar. A?medianoche, cuando salía de una reunión de la Normal de Ayotzinapa fue atacado a balazos el párroco y defensor de derechos humanos Filiberto Velázquez, quien resulta ileso

 

 

 

Chilpancingo y Acapulco, Guerrero, 18 de octubre de 2023. El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo, afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud estatal.

El ataque se dio cerca de las 5 de la tarde, cuando Bruno Plácido salió del lugar y dos hombres que llegaron en una motocicleta le dispararon en la cabeza. También, mataron a su chofer Abad Ruiz García, que lo acompañaba.

Plácido Valerio quedó tirado boca abajo en la rampa para minusválidos que se encuentra a 2 metros de la salida principal de la Secretaría de Salud. Vestía camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y zapatos negros.

Su acompañante quedó tirado boca arriba a 5 metros de distancia del dirigente indígena, entre la rampa y la banqueta que da a la avenida Ruffo Figueroa.

La ambulancia llegó 10 minutos más tarde, pero los dos cuerpos ya se encontraban sin vida.

Una fuente de la Fiscalía del Estado informó que en el lugar quedaron al menos 15 casquillos percutidos de calibre 380.

En las oficinas se encontraban pocos trabajadores, que abandonaron el lugar luego de escuchar los balazos. La zona fue acordonada por policías estatales, que pusieron una cinta amarilla desde el estacionamiento hasta la avenida que fue cerrada.

Al hecho llegaron más tarde los peritos de la Fiscalía que realizaron las diligencias, mientras que la Policía Ministerial tapó con sus patrullas el lugar para evitar que reporteros tomaran graficas.

El cuerpo de Bruno Plácido Valerio fue levantado a las 6:15 y subido a la camioneta del Servicio Médico Forense. El de su compañero fue levantado 20 minutos antes y depositado en el mismo vehículo.

Abad Ruiz era chofer del dirigente de la UPOEG desde hace 5 años y también eran originarios de la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán en la Costa Chica del estado.

Una fuente de Salud reveló que Bruno Plácido llegó una hora antes a las oficinas, para solicitar una audiencia con la secretaria, Aidé Ibarez Castro, que se encontraba en reunión y el dirigente optó por esperar.

La versión es que Plácido Valerio salió del lugar y en ese momento fue atacado.

Dos horas antes salió en una fotografía en la página Web de El Sur, donde se encontraba en el centro comercial en el que fue asesinado el trabajador activo de la Secretaría de Salud y químico, Hugo Miguel Morales Sánchez, quien también vestía camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y zapatos negros.

Bruno Plácido Valerio fue fundador y promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) hasta el año 2010 que se dividió y fundó la UPOEG, una organización que luchó contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los cobros justos de luz en las comunidades de Costa Chica y Montaña.

En 2013 fundó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), que en enero del 2013 levantó en armas a 5 mil pobladores para expulsar de la Costa Chica hasta Petaquillas al grupo delincuencial de Los Rojos.

Un familiar cercano comentó a El Sur que Bruno Plácido “estaba amenazado prácticamente por todos los grupos de la delincuencia”, en especial por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos que son los que pelean las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla donde sigue habiendo presencia de policías de la UPOEG a los que les pretenden quitar su territorio.

El cuerpo de Bruno Plácido Valerio será llevado a su pueblo natal Buenavista, donde será sepultado.

 

 

 

 

Bruno Plácido fue fundador de la CRAC y de la autodefensa que ocupó Ayutla en 2013

 

El controvertido, temerario y a veces atrabancado dirigente indígena Bruno Plácido Valerio fue fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en 1995, de la que por diferencias con el entonces coordinador Pablo Guzmán Hernández, salió en el 2010 para crear el 24 de enero del 2011 la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social.

La organización surgió exclusivamente para la gestoría social y la defensa de los usuarios de la Comisión federal de Electricidad (CFE) en la región de la Montaña, que se quejaban de las altas tarifas de la paraestatal.

Sin embargo, el 6 enero del 2013, Plácido Valerio se convirtió en el líder del primer grupo de autodefensa en Guerrero, cuando irrumpió en la cabecera municipal de Ayutla con aproximadamente 500 indígenas y mestizos armados, para enfrentar al crimen organizado que, según dijo Bruno entonces, cometía secuestros, levantaba y cobraba cuotas a los comerciantes y transportistas de la región.

El dirigente indígena denominó al grupo de civiles armados Policía Ciudadana de la UPOEG y la uniformó con playeras verdes similares a las de la Policía Comunitaria de la CRAC, la diferencia eran las siglas SSyJC (Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana) que regía a la autodefensa de la UPOEG.

Plácido Valerio, indígena na’ savi de 54 años nació el 4 de marzo de 1969 en Azoyú, donde estudió hasta la secundaria. Después, a los 24 años, tras contraer matrimonio, se fue a vivir a algún lugar de la región de la Montaña.

En 1993 llegó a radicar a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán. En una entrevista para El Sur contó que era diciembre y traía una camioneta “y algo de dinero” para instalar una tienda de abarrotes, lo que le sirvió para darse cuenta, dijo, de que la gente de la región no sólo era pobre, sino explotada y robada por los delincuentes.

Fue así que se involucró con otras autoridades agrarias y municipales de la región de la Montaña y la Costa Chica, entre ellos el Padre Mario Campos, para fundar la Policía Comunitaria de la CRAC.

Por su activismo, Plácido Valerio fue detenido y torturado durante dos días en el gobierno del priista René Juárez Cisneros junto con el padre Mario Campos y otras autoridades de la CRAC.

El dirigente indígena se convirtió en uno de los más polémicos y controvertidos dirigentes del movimiento social en Guerrero a partir de que formó la Policía de la UPOEG y su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana en enero del 2013, primero en Ayutla y después se amplió a 12 municipios de la región de la Costa Chica e incluso llegó en el 2014 y 2015 al Valle del Ocotito y hasta Petaquillas, municipio de Chilpancingo.

Sin embargo, en el 2016 surgió una división y un grupo de dirigentes encabezados por Salvador Alanís, ahora líder de la Policía Comunitaria de Tlacotepec, a la que se señala de tener vínculos con el grupo delictivo de los Tlacos, constituyeron el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), y desplazó a la UPOEG que después sólo recuperó el control en El Ocotito.

Plácido Valerio fue señalado en su momento de que fortaleció a la UPOEG a partir del 2012 con el respaldo del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.

 

La retención de militares en El Pericón

 

Encabezada por Plácido Valerio, desde su fundación la Policía Ciudadana se vio involucrada en acciones temerarias.

En agosto de 2013 miembros de la UPOEG y policías ciudadanos armados retuvieron durante dos días en El Pericón, municipio de Ayutla, a 100 militares en respuesta a la detención y el desarme por los soldados de cinco miembros de la autodefensa.

También retuvieron durante tres horas a funcionarios de primer nivel del gobierno del estado y federal que habían ido a negociar la liberación de los soldados. Ellos fueron el entonces secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo; el procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera y el operador político del gobernador Ángel Aguirre Rivero, Ernesto Aguirre.

Además, al delegado de la entonces PGR Salvador Anaya del Carmen y al delegado de Gobernación federal Juan Salgado Brito. La liberación de los militares y de los funcionarios ocurrió hasta que se convino una reunión de la dirigencia de la UPOEG con el gobernador Aguirre Rivero.

El 18 de mayo 2014, policías ciudadanos de la UPOEG atacaron al convoy de la entonces alcaldesa panista de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz, en uno de los retenes de la autodefensa en esa cabecera municipal, lo que derivó en un enfrentamiento y dos de los escoltas de la presidenta resultaron heridos.

El 7 de mayo del 2022, elementos de la Marina fueron retenidos y amenazados por integrantes de la autodefensa. “La verdad pensábamos manearlo y colgarte del puente carnal, pero por el presidente municipal (Lincer Casiano Clemente) que es nuestro amigo y de nuestra banda, vamos a dejar esto así·, le dijo al mando de los militares el comandante de la UPOEG Jesús Calleja, Chucho Calleja.

El jefe de la Policía Ciudadana fue detenido el 28 de junio con seis de sus elementos, después de un enfrentamiento con militares y efectivos de la Guardia Nacional que participaron en la detención.

La detención del jefe de la autodefensa, generó bloqueos en diferentes puntos de Acapulco y la carretera hacia la Costa Chica.

 

El declive de la Policía Ciudadana

 

El 3 de agosto del 2022, integrantes de la policía de la UPOEG atacaron a balazos a la caravana del ahora ex vicefiscal Ramón Celaya Gamboa, cuando se desplazaba en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca, cerca de Tres Palos en Acapulco, dejando como saldo dos presuntos agresores heridos, uno de ellos que murió dos días después y otros tres detenidos.

A partir de entonces la Policía Ciudadana de Plácido Valerio marcó su declive, semanas después fue replegada del corredor desde Acapulco hasta Marquelia donde mantenía el control.

El 9 de agosto, Plácido Valerio fue detenido en Chilpancingo por agentes ministeriales por robo específico y daños, hechos que habían ocurrido desde el 2016 en Tlapa por un conflicto agrario entre comuneros de Zitlaltepec, municipio de Malinaltepec, y Buenavista, de San Luis Acatlán, donde Plácido Valerio había fungido como comisariado de Bienes Comunales. El dirigente social fue liberado bajo fianza dos días después.

El 17 de noviembre del año pasado, cuatro coordinadores de la organización, Octavio Maganda Gallardo, Angélica Cruz López, Antonio Mejía Villa y Diego González Lorenzo desaparecieron al salir de una asamblea en Acapulco en la que habían asumido el cargo y hasta la fecha sigue sin saberse de su paradero.

Plácido Valerio había declarado que en el último año al menos 40 coordinadores, comandantes regionales y de ruta de la Policía Ciudadana habían sido asesinados o desaparecidos para descabezar, replegar y desaparecer a la organización desde el Gobierno estatal y desde la Fiscalía General del Estado, ahora encabezada por militares.

En reiteradas ocasiones denunció en los últimos meses que las autoridades estatales y federales habían iniciado una persecución en contra de la organización social en vez de actuar en contra del crimen organizado.

El 13 de julio pasado, el activista encabezó una asamblea en la comunidad de La Unión, municipio de Ayutla, a donde asistieron 80 autoridades de la Costa Chica que acordaron reactivar a la Policía Ciudadana de la UPOEG, “ante el avance de los grupos delictivos en las comunidades indígenas”.

El acuerdo se tomó tras un enfrentamiento una semana antes en Buenavista de Allende, municipio de Tecoanapa, que dejó un saldo de ocho muertos; cuatro miembros de la Policía Ciudadana y cuatro presuntos integrantes del crimen organizado.

Apenas el domingo pasado otro de los fundadores de la UPOEG, Carlos González Olivar, originario de San Marcos, fue asesinado frente a su familia cerca del mercado de esa cabecera municipal.

El dirigente victimado ya se había retirado de la agrupación y recientemente había salido de la cárcel acusado por el delito de homicidio, que según sus compañeros, no cometió.

Con el asesinato de Plácido Valerio, ocurrido la tarde de ayer, quedó descabezada y desarticulada totalmente la organización y su grupo de autodefensa.

Plácido Valerio contaba con medidas de seguridad; una camioneta blindada y el resguardo de una patrulla de policías estatales a partir del atentado que sufrió el empresario de Chilpancingo Pioquinto Damián Huato el 28 de enero del 2014, en el que murió la nuera del empresario, Laura Rosas Brito, en tanto que Damián Huato y su hijo resultaron heridos cerca de El Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo.

El atentado ocurrió después de que regresaban de una reunión en El Ocotito en la que Damián Huato y Plácido Valerio señalaron al entonces alcalde Mario Moreno Arcos de tener vínculos con los grupos delictivos que operaban en Chilpancingo y en el Valle del Ocotito.

Sin embargo, las medidas de seguridad con las que contaba el ahora finado se las retiró la Secretaría de Seguridad Pública estatal al inicio del actual Gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, informaron ayer fuentes de la agrupación.

 

 

 

 

No se descarta que la disputa entre grupos delictivos esté detrás del crimen: Ludwig

 

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, no descartó que el asesinato del dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, tenga relación con la disputa de grupos delictivos, como Los Tlacos y Los Ardillos, con ese grupo de autodefensa comunitaria.

En tanto, el líder de Morena, Jacinto González Varona, expresó que “todos estamos en riesgo en el estado”, y dijo que si el dirigente de la UPOEG se sentía amenazado, debió de pedir protección.

La presidenta de Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, ofreció acompañamiento a la familia del dirigente, para que puedan tener acceso a la justicia.

En declaraciones al finalizar el segundo informe de actividades de la diputada Yoloczin Domínguez Serna, realizado en Acapulco, Ludwig Reynoso calificó como un hecho “muy lamentable” el asesinato del fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones.

“Es un hecho muy lamentable, nosotros con Bruno teníamos muy buena comunicación y con él estábamos en el proceso de trabajar para que la UPOEG tuviera más orden, avanzamos en muchas cosas con él, lamento yo en lo personal, muy profundamente el asesinato de Bruno. La Fiscalía tendrá que hacerse cargo de las investigaciones y vamos a seguir muy puntualmente los hechos”, abundó el funcionario.

También a pregunta de reportero, aceptó que el crimen “podría” estar relacionado con la disputa que hay entre los grupos delictivos de Los Tlacos y  Los Ardillos con la UPOEG, “hay una probabilidad de que sea eso pero no tengo mas elementos en este momento para poder señalar a alguien en particular”.

También a pregunta de que ya son cuatro los líderes de la UPOEG asesinados en el último mes, recordó que hay divisiones y diversos grupos en esa organización, “vamos a revisar muy bien lo que está sucediendo ahí”.

Rechazó que el asesinato de un líder tan reconocido sea una muestra de la ingobernabilidad del estado.

 

“Debió pedir medidas cautelares”: Jacinto

 

El presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, expresó que “todos estamos en riesgo en el estado”, luego del asesinato de Bruno Plácido Valerio.

“Creo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, pero también nosotros los que nos dedicamos en la lucha social debemos de tomar precauciones. Creo que el compañero Bruno Plácido si tenía amenazas o temía por su vida debió de pedir medidas cautelares antes de que sucediera esto”, dijo el diputado morenista tras el informe de Yoloc-zin Dominguez, .

Y solicitó a la Fiscalía y a las instancias de gobierno encargadas de la seguridad a reforzarla y que las víctimas y sus familias accedan a la justicia. González Varona, dijo que a pesar de que este crimen ocurrió en las inmediaciones de oficinas de gobierno del estado, el Congreso y la Fiscalía General de la República, no es por la impunidad.

“Creo que no podemos tener un soldado en cada esquina, eso es evidente, eso no se puede, que estemos cuidando a cada guerrerense”.

–¿Está fallando la estrategia de seguridad entonces?

–Habría que estar revisando la coordinación que hay entre los niveles de gobierno, y pues ponderar la protección a los guerrerenses.

–¿Crees que este crimen pone en riesgo a más dirigentes sociales?

–Pues todo estamos en riesgo en el estado.

Respecto a lo sucedido en San Jerónimo, dijo que no fue una agresión a la  casa de  la alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente,  sino contra la casa  del director de Re-glamentos y Espectáculos.

Indicó que en el video se aprecia la camioneta que usa la alcaldesa y no es atacada, y que la confusión pudo venir porque ambas viviendas colindan, pero que será la Fiscalía la que informe al respecto.

 

Apreza: es “preocupante lo que sucede” en el estado

 

El coordinador de la bancada del PRI, Héctor Apreza Patrón quien también asistió al informe de Yoloczin manifestó que “es preocupante lo que está sucediendo en el estado, el asesinato de cualquier persona es lamentable, yo hago votos por que pueda reestablecerse la seguridad en nuestro estado”.

Pero dijo que la situación de seguridad no está fuera de control “evidentemente se requiere una mayor coordinación” entre “el gobierno y la ciudadania”.

 

Reconoce presidenta de la Codehum labor de Bruno

 

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, lamentó y reprobó el asesinato.

Al término de la misma actividad, reprobó la ejecución del fundador de autodefensas.

Indicó que la Codehum dará acompañamiento a la familia del dirigente para que pueda tener acceso a la justicia, “era un defensor de los derechos de la policía comunitaria de nuestro estado”, pero también era un ser humano.

La defensora de los derechos humanos expresó su solidaridad y envió su pésame a los familiares de Bruno Plácido.

 

 

 

 

Atacan a balazos en Tixtla al director del Centro Minerva Bello cuando salía de Ayotzinapa

 

El sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), José Filiberto Velázquez Florencio fue atacado a balazos en la carretera Tixtla-Chilpancingo.

El ataque se dio a la 1 de la mañana cuando el padre salió de una reunión de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, rumbo a Chilpancingo.

La versión del defensor de derechos humanos es que a 500 metros del arco de Ayotzinapa, hombres armados le dispararon.

Filiberto Velázquez viajaba en una camioneta y logró bajar y escapar corriendo a una de las entradas de la normal Rural Raúl, donde fue auxiliado por los estudiantes.

Hasta el cierre de la edición no había llegado ninguna autoridad.

El padre Filiberto Velásquez se ha destacado principalmente por visitar las zonas de ataques con drones en la comunidad de El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, y dar refugio a los familiares de enfermos del hospital general Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo.

 

 

 

 

 

 

 

Texto: Lenin Ocampo Torres, Zacarías Cervantes, Daniel Velázquez y Jacob Morales Antonio/Foto: El Sur

Los discriminan en la Codehum, dice un padre de la escuela donde se denunció abuso sexual

Un padre de la escuela bilingüe Francisco Villa de San Juan Totolcintla, donde se denunció que niñas sufrieron abuso sexual por un profesor, municipio de Mártir de Cuilapan (Apango), denunció racismo y discriminación por parte de personal de la Comisión Estatal de Defensa de Derechos Humanos (Codehum).
Guillermo Álvarez Nicanor denunció que este viernes acompañó al comisario municipal de ese pueblo a la Codehum, debido a que fue citado por el organismo para que se presentaran en Apango, la cabecera municipal, “porque los familiares del maestro están pidiendo la intervención de derechos humanos”, dijo que les explicaron.
Infirmó que decidieron, antes de ir a Apango, la cabecera municipal, pasar a la Codehum de Chilpancingo para pedir información acerca de qué se trataba. Álvarez Nicanor, agregó que, sin embargo, cuando llegaron a las oficinas de la Codehum les dijeron que era un día inhábil y pidieron hablar con el personal de guardia.
Dijo que cuando pidió que se buscara un mecanismo para que las niñas que fueron víctimas y sus madres acudieran a declarar, para que presentaran su versión de los hechos, una abogada de manera arbitraria le respondió: “Mire, con usted no voy a hablar, porque no es usted el que está firmando el documento”.
Álvarez Nicanor declaró que su respuesta fue que también es padre de familia de la escuela donde sucedieron los hechos y que el maestro que está involucrado fue profesor de su hija. Pero dijo que la funcionaria le insistió: “Con usted no voy a hablar”.
Agregó que eso demuestra que no hay voluntad del organismo para atender a las víctimas y que es una institución que, lejos de ayudar a la gente, está obstaculizando los trámites para que no se defiendan las víctimas de derechos humanos. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).

Garantizar derechos humanos, obligación constitucional y moral de gobernantes: Evelyn

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda se toma la fotografía con presidentes y representantes de organizaciones de derechos humanos en la inauguración del Congreso Internacional de Derechos Humanos en Aca-pulco Foto: Jesús Trigo

Daniel Velázquez

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda convocó a los integrantes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), a trabajar para construir un México más justo y más igualitario; dijo que su gobierno busca que Guerrero sea un santuario de libertades y de justicia.
Salgado Pineda inauguró este jueves el Congreso Internacional por el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: Dignidad, Libertad y Justicia para todas las personas, realizado en el salón C del centro de convenciones Mundo Imperial.
La gobernadora dijo que en cada decisión y acción de su administración se aplica el principio de “máxima protección. Entendemos que esa debe ser una acción irrenunciable de todas las autoridades, que tenemos una obligación más que constitucional, una obligación moral que tenemos que aplicar todos los gobernantes de garantizar los derechos humanos en todos los espacios y desde todas las trincheras”.
Agregó que en el proceso de transformación que se vive el país no se debe olvidar la lucha por la libertad, por la apertura política, por la participación de la mujer y por la apertura de los derechos humanos, “recordarlo nos obliga a no darlo por sentado, a entender que es un trabajo diario, constante y por supuesto de todas las instituciones para construir ese México más justo, más igualitario”.
En su discurso, Salgado Pineda dijo que se debe acompañar el reconocimiento de los derechos con acciones efectivas para ejercerlos, “de poco nos sirve reconocer el derecho a la vivienda digna si hay familias que no tienen servicios básicos en sus hogares, reconocer el derecho a la educación si hay escuelas sin maestros o salones sin las condiciones dignas para que los estudiantes estén ahí”.
Añadió que su gobierno entrega viviendas dignas a ciudadanos de las comunidades más alejadas, también becas a niños que nos son beneficiados de algún programa, apoyos a personas con discapacidad y acciones para acabar con los matrimonios forzados que lastiman a las niñas de la región de la Montaña.

Advierten sobre gobiernos populistas y autoritarios

En un mensaje virtual el alto comisionado de las Naciones Unidas Volker Türk, reflexionó que en los últimos 74 años la importancia de los derechos universales del hombre ha aumentado, pero la brecha en comparación con la realidad también ha crecido pues siguen presentes “el odio, la misoginia, el racismo, la individualidad siguen amenazando nuestro mundo”, y también van en aumento políticas populistas y autoritarias.
Llamó a reflexionar sobre cómo revitalizar y reforzar la arquitectura de derechos humanos que se ha construido en los últimos 75 años.
El presidente de la FMOPDH Israel Hernández Cruz destacó que la Declaracion Universal de los Derechos Humanos se ha traducido a 500 idiomas y se han elaborado 70 tratados de Derechos Humanos que se aplican en todo el mundo.
“Si queremos honrar esos 30 artículos y estos 30 años de vida de la Federación no podemos conformarnos con nobles declaraciones de principios, sino que debemos esforzarnos por hacer que los derechos humanos sean una realidad en nuestro país y que estén al alcance de todas las personas”.
A propósito del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, “quiero felicitar a los doce estados de la República, incluyendo Guerrero por aprobar la despenalización del aborto y con ello no criminalizar a las mujeres que decidan interrumpir un embarazo sin importar las cusas, despenalización y legalización del aborto en todo México ya”.

“La gobernadora, una aliada”: Cecilia Narciso

En su mensaje la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán dijo que la gobernadora es su aliada en la defensa de los derechos humanos en la entidad, pues han trabajado de manera coordinada para atender a grupos prioritarios como niños, niñas, adolescentes, mujeres, indígenas, afrodescendientes, periodistas y discapacitados, “siempre privilegiando el diálogo y los derechos humanos”.
Narciso Gaytán explicó que el Congreso es para celebrar el 30 aniversario de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) en la cual confluyen los 33 organismos públicos de derechos humanos del país.
Indicó que los días 26 y 27 de este mes, en Guerrero se conmemoró el 33 aniversario de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Guerrero, “la primera en el país, la primera con rango constitucional”.
En el Congreso participaron ponentes de España, Colombia y México. Acudieron los presidentes de las comisiones de Derechos Humanos de los estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Ciudad de México, Colima, Durango, Hidalgo, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Chiapas y Guerrero.
Hoy se llevará a cabo la asamblea general de los integrantes de la FMOPDH la cual será privada. En ella los integrantes de la Federación hablará de los problemas de derechos humanos que enfrentan.
A la ceremonia de inauguración asistieron el representante adjunto de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas, Jesús Peña Palacios; el diputado Osvaldo Ríos Manrique; la magistrada Delfina Ramírez López, el secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso Núñez; la presidenta del DIF Liz Salgado Pineda, y el comandante de la Novena Región Militar, Ricardo Salinas González.

 

Sancionar a quienes impidan el acceso a la información del caso, pide la ONU-DH

Víctor Osorio / Agencia Reforma

Ciudad de México

La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) consideró necesario sancionar a quienes hayan impedido el acceso a la información en las indagatorias para esclarecer el caso Ayotzinapa.
En un pronunciamiento con motivo del noveno aniversario de la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, la instancia refrendó su solidaridad con los familiares.
Destacó el trabajo de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) y de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), al tiempo urgió a consolidar los avances en las investigaciones.
“Para la ONU-DH es fundamental que los avances se consoliden y expandan, hasta lograr esclarecer plenamente el paradero de los estudiantes y fortificar las investigaciones y procesos judiciales en curso”, sostuvo.
“Lo sucedido en el caso Ayotzinapa precisa no sólo sanciones penales, sino también políticas y administrativas, a quienes hayan obstaculizado, desde sus diversos puestos de responsabilidad, el acceso a información, alterado evidencias o sostenido vínculos con el crimen organizado”.
La ONU-DH recordó que el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentado en julio de este año, advierte sobre la negativa de algunas corporaciones civiles y militares a entregar toda la información disponible sobre el caso.
Sin embargo, remarcó, sólo se alcanzarán la verdad y la justicia que las víctimas merecen si las distintas corporaciones de seguridad e inteligencia, civiles y militares, colaboran efectivamente y entregan toda la información que está a su alcance de forma diligente y completa.
“Los progresos alcanzados y el compromiso de algunas autoridades no deben eclipsarse con demoras y obstrucciones por actores públicos, mismas que lastiman la confianza. Por el contrario, es preciso encontrar vías que sostengan y fortalezcan el valioso proceso de diálogo que se ha impulsado entre diversos actores, incluidos los padres y madres de los estudiantes”, afirmó.

 

La legalización de algunas drogas puede disminuir la violencia, cree Beatriz Mojica

La diputada local Beatriz Mojica entrevistada durante las mesas de trabajo presencial de la Consulta a las Personas con Dis-capacidad para el Proceso Legis-lativo en Materia de Educación Inclusiva que organiza el Congreso del Estado, en la cancha de la playa Manzanillo en Acapulco Foto: Jesús Trigo

Aurora Harrison

La diputada local por Morena, Beatriz Mójica Morga, opinó que legalización de algunas drogas puede disminuir la violencia en un futuro, que es una de las causas que la genera, en respuesta a la sugerencia de la ONU.
Este domingo, en declaraciones en Acapulco, a donde acudió a la mesa de consulta sobre personas con discapacidad, de los hechos violentos suscitados en Guerrero en los últimos días, dijo que pueden ser reacciones a las detenciones de criminales de los gobiernos federal y estatal.
La ONU, por medio de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, señaló que militarizar el combate contra las drogas facilita el uso innecesario de la fuerza y llamó a los gobiernos considerar la despenalización del consumo, para enfrentar el problema con un enfoque de derechos humanos y salud pública.
Al respecto, la diputada opinó: “La izquierda, desde hace muchos años, ha planteado que es importante avanzar en la legalización de algunas drogas. Incluso se ha avanzado en el Congreso federal, pero falta, tenemos que hacer conciencia”.
Abundó que el gobierno federal está haciendo una gran campaña para que no haya consumo y se genere rehabilitación, pero “tenemos que avanzar, no ser una sociedad tan conservadora en este tema, porque, no perdamos de vista que Estados Unidos ya legalizó estas drogas y abrió el mercado. Eso ocasionó que en la Sierra de Guerrero, que era un productor de mariguana, los precios estén muy abajo y no se puede competir”.
“Tenemos que ver la perspectiva desde otra circunstancia y, desde luego, comparto que la legalización de algunas drogas disminuirá en un futuro la violencia, que es una de las causas del problema, pero tenemos que tener una visión mucho más abierta al respecto, no sólo los gobiernos, sino también la sociedad”, sostuvo.
Sobre los hechos violentos en la entidad, mencionó que de acuerdo con indicadores la entidad, “nos hemos mantenido igual, en el mismo lugar; sin embargo, hay que poner mucha atención en resolver este tema y creo que responde a que hay acciones específicas del gobierno federal, estatal, y eso ocasionó reacciones muy fuertes y lamentables”.
Enfatizó que se debe poner mucha atención en las nuevas generaciones, en generar una política de seguridad de mediano y largo plazo, no en la inmediatez, “que tenemos que seguir manteniendo al Ejército en las calles, porque no se puede de otra manera, esa es la inmediatez. El tema es lo que estamos haciendo en el mediano y largo plazo”.
La diputada, dijo que el gobierno del estado y municipal deben de ir más allá, para atender como política pública a niñas, niños y adolescentes, porque “cada vez son reclutados más jóvenes, eso tiene que ser una prioridad y en el Congreso, hemos venido empujando una mayor atención a ese sector”.
“Me parece que la política de seguridad del país está haciendo lo propio, la secretaria Rosa Icela está cambiando la perspectiva, en los cambios de modelo, porque traemos un modelo de un tema muy frontal, más bien mediático, si nosotros revisamos con calma la cifra vamos a encontrar que este gobierno ha tenido mayores detenciones”, indicó.
En otro tema, llamó a las escuelas particulares para que la discusión de los libros de texto no sea un tema ideológico, “sea un tema de visión progresista, porque las críticas que hay de los libros de texto son realmente absurdas”.

 

La despenalización de las drogas, tema “que poco se escarba” en la sociedad: López Sollano

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El delegado de la región Sierra del gobierno estatal, Saúl López Sollano, señaló que la militarización en México tiene candados constitucionales a los que deben atenerse las fuerzas castrenses, y la despenalización de las drogas es un asunto polémico “que poco se escarba” en la sociedad.
Lo anterior, en consulta telefónica sobre la sugerencia de la ONU en el informe Desafíos en materia de derechos humanos a la hora de abordar y contrarrestar todos los aspectos del problema mundial de las drogas, donde señala que la militarización facilita el uso innecesario de la fuerza y recomienda el análisis de la despenalización del consumo, para enfrentar el problema con un enfoque de derechos humanos y de salud pública.
El también senador suplente indicó que la militarización tiene candados en el marco jurídico. En cuanto a la despenalización, dijo que tiene muchas aristas, “hay sectores de la población que están de acuerdo, y hay otros que están en contra, entonces, yo pienso que se tiene que usar algunas figuras, como las consultas a la población, para determinar si están de acuerdo o no”.
Recordó que el Senado aprobó una ley general para regular el uso de la cannabis, “una posición que no satisface a todos, pero que se adaptaba a las condiciones de aquel tiempo. Los consumidores están de acuerdo y los que no son consumidores están en contra o permanecen en una posición media, neutral”.
Añadió que en países como Estados Unidos, la regulación es distinta por cada estado, en unos se prohíbe y en otros se acepta, aunque en México sólo está legalizado el consumo mínimo de la mariguana.
“(Todavía) hay una discusión porque si se aprobó el consumo mínimo, con eso los consumidores dicen ya está aprobado. No ven los mínimos ni los máximos”.
Señaló que este debate nacional permite hacer muchas interpretaciones, pero la discusión aún no está abierta en Guerrero. “Como son temas polémicos, podemos decir que tampoco la sociedad le escarba, los tiene como latente cada quien”.
En el caso de la Sierra, donde hace décadas se introdujo el cultivo de estupefacientes, confirmó que es subyacente; sin embargo, por la caída de la siembra de amapola ante el consumo de fentanilo, la personas están más preocupadas por los de árboles frutales de aguacate, pera o durazno como sustitutos.
Destacó el impulso del programa Sembrando Vida en la región, aunque reconoció que todavía no ha llegado a algunos lugares, porque aún hay comunidades solicitando su incorporación.
Aseguró que los campesinos están “muy metidos” en el programa, porque les permite un ingreso económico mínimo y la expectativa de la venta cosecha que van a obtener.
Reconoció que preocupa cómo van a sacar la cosecha cuando sea abundante, porque ahora el trabajo es artesanal, los productores cuando salen a hacer sus compras también ofrecen la fruta.
Adelantó que se esperan que en grupos reúnan de ocho a diez toneladas de fruta, por ello, desde ahora trabajan en la mejora de los caminos, que ya se plantea en el plan regional. “Al haber fuentes de trabajo, combates, erradicas, en cierto modo los brotes de violencia”.
Para cambiar la dinámica que ha tenido la Sierra, indicó que se requiere la creación de fuentes de trabajo, abatir la desocupación, una estrategia que trae sus frutos a corto y también a largo plazo. “Al generar riqueza, impulsas la educación”, añadió.
Explicó que están recibiendo peticiones de escuelas en todos los niveles, y con la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) están en diálogo sobre la posibilidad de crear el campus en la Sierra.
De esta comunicación, mencionó a la unidad académica en Tecpan, sin buena cobertura, pero se no se descarta que haya unidades de educación superior con la UAG en Linda Vista, Toro Muerto o en Filo de Caballos.
“La gente está interesada, sobre todo, porque muchos de los hijos de los habitantes de la Sierra, están estudiando en Chilpancingo y en Acapulco, fundamentalmente”.

Algunas comunidades piden al Ejército

Al insistirle sobre la posición de la ONU acerca de la militarización para el combate de las drogas en México y en Guerrero, ratificó que es un tema polémico. Enfatizó que es partidario de la paz, no de la represión, pero algunas comunidades, como Linda Vista, piden la presencia del Ejército.
“Soy partidario del diálogo con la población -precisó- en todos los niveles. Fui militante en los años de 1970, nuestra principal demanda era ‘fuera el Ejército de las poblaciones’, ‘fuera la militarización’ pero hoy me doy cuenta que la población de Linda Vista, con problemas e inseguridad, piden la presencia del Ejército para garantizar la paz”.
Consideró que si la población pide la presencia de los soldados, no es una militarización. Recordó que la Constitución indica, que en tiempo de paz, las fuerzas militares tienen que estar en sus cuarteles, encerrados.
Para transitar a la paz, dijo que también tienen esta forma de combatir el problema, “el presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha dicho muy claro, no habrá represión ni sojuzgamiento con las fuerzas del orden, hacia la población, donde se tenga que usar la fuerza del Ejército va a ser para garantizar la seguridad de los habitantes ante algún problema de agresión”.

 

Se vive una crisis de derechos humanos en el país, dice MC y culpa a gobiernos de Morena

La regidora, Luly Peláez; la secretaria nacional de Derechos Humanos e Inclusión Social de Movimiento Ciudadano, Laura Hernández; el coordinado estatal, Julián López; la nueva secretaria estatal de Derechos Humanos, Donnet Cheyenne Hernández y la delegada estatal de Jóvenes en Movimiento, Silvia Caballero Foto: Jesús Trigo

Daniel Velázquez

A dos días de haber iniciado el proceso electoral de 2024, la secretaria nacional de Derechos Humanos de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Hernández García, y el coordinador estatal de ese partido en Guerrero, Julián López Galeana, criticaron a los gobierno federal y estatal y municipal por la “crisis de derechos humanos” y las desapariciones de personas.
Este lunes, Julián López presentó a Hernández García, una activista por los derechos de las mujeres, como secretaria de Derechos Humanos del partido en la entidad.
En su intervención, Hernández García dijo “los derechos humanos son una prioridad para Movimiento Ciudadano, estamos en crisis a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel municipal, ustedes lo están viviendo diario con la inseguridad, con la desaparición pero también con el día a día, las mujeres no podemos salir seguras a la calle sin temor a que nos asalten, sin temor a que nos maten, esto tiene que cambiar, también la contaminación en Acapulco está terrible, como está la basura en las calles, hay muchos pendientes en derechos humanos a nivel político, a nivel civil a nivel derechos sociales, económicos, culturales y ambientales”.
Señaló que la desaparición del grupo de siete jóvenes el pasado 1 de septiembre en Acapulco “es un ejemplo de la zozobra en la que vivimos todos los mexicanos y mexicanas, tenemos mas de ciento once mil desaparecidos y tenemos que hacer algo al respecto”.
López Galeana habló sobre la desaparición de siete personas el pasado 1 de septiembre, entre ellas el coordinador de la comunidad LGBTIQ+ del PRD en el estado, Moisés Tomás Juárez Abarca. Pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda convocar a una mesa de trabajo al gabinete de seguridad para que se de certeza a los familiares de los desaparecidos que viven en zozobra.
Luego señaló que en la entidad familias enteras dejan sus casas por el problema de la inseguridad. “Ya no importa la hora, el día ni el lugar, hoy se lamenta y se vive un estado de zozobra ya que jóvenes activistas o ciudadanos comunes o corrientes reunidos en algún punto son secuestrados y desaparecidos forzosamente y hoy sus familiares viven estado de zozobra, de pena de una lamentable situación por eso hoy Movimiento Ciudadano lo dice con voz alta y firme, Guerrero vive una crisis de derechos humanos”.
La regidora July Peláez Victoriano adelantó sin dar mas detalles que se presentará una propuesta en el Cabildo para crear la Dirección de Derechos Humanos en conjunto con los ediles morenistas.
A pregunta sobre si su postura tiene que ver con el inicio del proceso electoral y su estrategia de ganar votos, Hernández García respondió que no, que la agenda de MC en defensa de los derechos humanos empezó en 2015 “no es de la noche a la mañana ni por una agenda política esto se hace diario en Movimiento Ciudadano”.

 

Organiza la comunidad LGBT de Iguala su 12 marcha por el orgullo

Cientos de igualtecos se congregaron para observar una edición más de la marcha del orgullo LGBTTTI el sábado Foto: El Sur

Con el objetivo de que en Iguala haya una sociedad más incluyente y se respeten sus derechos humanos, integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual (LGBTTTI), participaron en su décimo segunda marcha, por las principales calles de la ciudad.
Este sábado en la ciudad se llevó a cabo el desfile del orgullo LGTB, con el lema: “Por la dignificación de la diversidad”, que partió desde el Parque de la Alameda, ubicado en la calle de Madero, hacia la plaza comercial.
En la décimo segunda marcha, la actriz y cantante Lorena Herrera, junto con los integrantes de la comunidad, convirtieron las calles de Iguala en una fiesta multicolor, con carros alegóricos, música, banderines y la bandera de la comunidad lésbico-gay.
Durante la marcha-caravana, algunos participantes portaban en sus manos cartulinas de colores, en las cuales se leía la -siguiente leyenda: “Ser homofóbico es tan ridículo como odiar a los zurdos, porque escriben con la izquierda. Igual de idiota es pretender enderezarlos”.
En el recorrido, los participantes manifestaron que han dado pequeños pasos, pero grandes logros, que aún les falta avanzar, por lo que continuarán luchando por la dignificación de la diversidad y sus derechos humanos.
También mencionaron que el sábado anterior ya se formalizó el primer matrimonio igualitario en Iguala.
Decenas de personas vieron el recorrido, quienes disfrutaron entre aplausos, tomando fotos y videos con sus celulares de la marcha, que transcurrió sin incidentes.
El contingente llegó hasta la parte del estacionamiento del centro comercial de esta ciudad, en el que estaba colocado un templete, donde hubo participaciones musicales de los integrantes del colectivo LGTB y la cantante Lorena Herrera, quien fue coronada como embajadora de este evento. (Redacción / Iguala).