El presupuesto destinado para 2025 a la búsqueda de personas desaparecidas cada vez es menor, y el destinado en este año que viene para los desplazados es una miseria, consideraron colectivos de familiares desaparecidos en la entidad.
“Es una pena que la presidenta (Claudia Sheinbaum) y la gobernadora (Evelyn Salgado) sigan sin reunirse con las familias de las víctimas”, consideraron.
El colectivo Memoria, Verdad y Justicia de Acapulco y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María y Pavón (Centro Morelos) que representan a víctimas de desaparición de municipios de la Montaña, dieron su postura respecto a que el Congreso local aprobó asignar para 2025 a la Secretaría General de Gobierno 5 millones 37 mil pesos para la búsqueda de personas y 4 millones 215 mil para “restablecer la vida de grupos desplazados”.
Socorro Gil Guzmán, dirigente de Memoria, Verdad y Justicia, consideró que cada sexenio en lo federal y cada año en el gobierno estatal se recorta el presupuesto para las búsquedas de personas desaparecidas.
Indicó que, además, las autoridades no han logrado frenar las desapariciones forzadas de personas que se cometen a diario.
El colectivo que representa tiene registrada una cantidad de 4 mil 500 personas desaparecidas en la entidad.
“Las comisiones de búsqueda siguen simulando que trabajan, vas a un Ministerio Público a solicitar copias de tu carpeta de investigación y te piden que pagues las copias, porque no hay recursos”.
“Sin embargo, con recursos o sin recursos nosotras seguimos buscando, le hemos demostrado al Estado que nosotras somos más inteligentes. Nos organizamos, boteamos en las calles, trabajamos para conseguir dinero y poder movernos y seguir buscando”.
“Sólo nosotras, las familias, sabemos cómo le hacemos para no parar de buscarles. Es un pena que la presidenta y la gobernadora, aún a estas alturas, sigan sin reunirse con las familias y lo único que hacen es hacernos a un lado”, expresó Socorro Gil, madre buscadora.
Por su parte, Teodomira Rosales Sierra opinó que el recurso destinado es una miseria, considerando que de 2018 a 2023 hay un estimado de 26 mil 700 víctimas de desplazamiento forzado interno en Guerrero.
“Son tan sólo los que supimos, pero con los que se fueron a otros estados y los que se fueron a Estados Unidos, el número es mayor”.
“Es una miseria. 4 millones es muy poco para reubicar a las víctimas de desplazamiento, se necesita más dinero. Las familias se están muriendo uno por uno y en total vulnerabilidad”.
Dijo que aunque siempre se ha destinado presupuesto para la búsqueda de personas y las víctimas de desplazamiento, lo que hace falta es voluntad de los servidores públicos.
Puso como ejemplo que en el gobierno estatal anterior, que encabezó el priista Héctor Astudillo Flores, no se conocieron los resultados del dinero destinado al sector.
“Si bien es cierto que en el gobierno de Astudillo hubo mucho dinero para buscar a personas”.
“No se supo a dónde se fue el dinero. En una presentación de peritos se explicó el trabajo, pero de ese dinero nunca se supo cuántos desaparecidos se encontraron, de esos que están amontonados en los Semefo y los panteones comunes”.
Insistió en que es poco para todos los problemas que enfrenta la entidad a diario.
“Día con día hay violencia, no es suficiente el recurso, hacen falta los recursos y la voluntad”.
En el caso de los desplazados consideró que el gobierno de Evelyn Salgado no tiene claro cómo manejar el tema.
“El año pasado se apoyó a las víctimas de la sierra de Petatlán, fueron 60 mil pesos. Es una burla, porque les quitan sus tierras, los desplazan y apenas les devuelven mangueras, láminas y enseres domésticos”.
La defensora aseguró que las víctimas necesitan que les recuperen una casa digna, un terreno para sembrar y acompañamiento psicológico.
“Por ejemplo, de 2018 a 2023 hay un estimado de 26 mil 700 víctimas de desplazamiento. Son los que supimos, pero con los que se fueron a otros estados y los que se fueron a EU el número es mayor”.
Enfatizó que para reubicar a las víctimas de desplazamiento se necesitan más de 4 millones de pesos al año.
“Las víctimas han perdido todo, hasta su identidad y sus costumbres, además tienen un daño psicológico muy fuerte”.
Además, dijo que “necesitan una casa y un terrero. Todos son campesinos, no estudiaron para irse a la ciudad a buscar un empleo, lo único que saben son labores del campo”, finalizó Rosales Sierra.
Pocos diputados locales en la segunda sesión del Congreso local en la que el presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para reanudarla hoy miércoles Foto: Jesús Eduardo Guerrero
José Miguel Sánchez
Chilpancingo
Durante la primera sesión del día martes, diputadas de Morena y del PRI participaron en tribuna con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, tema en el que mostraron opiniones distintas. La morenista, Araceli Ocampo Manzanares aseguró que las más grandes violaciones a los derechos humanos ocurrieron en gobiernos pasados, lo que fue refutado por la priista Beatriz Vélez Núñez.
Casos como la Guerra sucia, una herida abierta: Ocampo
El tema referente a los derechos humanos lo inició la morenista Ocampo Manzanares, quien subió a tribuna para hablar sobre el Día Internacional de Derechos Humanos, conmemorado el pasado 10 de diciembre, para recordar los derechos que nos son propios, para todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, religión o cualquier otra distinción”.
En su discurso, recordó hechos como la llamada Guerra sucia, la matanza de Aguas Blancas, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los que “demuestra que se ha fallado en el cumplimiento de este principio”. Sin mencionar nombres, culpó de los acontecimientos a “los gobiernos autoritarios del pasado”.
“Es lamentable que tengamos que recordar acontecimientos que han fallado en el cumplimiento de estos derechos, especialmente en lugares como Guerrero, donde las violaciones a los derechos humanos no sólo son una realidad, sino una herida abierta que persiste con el paso de los años; las cicatrices que nos dejó la llamada Guerra sucia siguen marcando a nuestra comunidades con desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, que lejos de ser sólo recuerdos trágicos, siguen vigentes en nuestra memoria, como para recriminar el resto de la historia al régimen político corrupto y autoritario que nos gobernaba en aquel entonces”.
“Tampoco podemos olvidar la matanza de Aguas Blancas en 1995, donde decenas de campesinos fueron asesinados a sangre fría por el Ejército y la policía, mientras ellos exigían justicia para sus comunidades. Este crimen de Estado cometido por autoridades que se suponen deberían proteger al pueblo y a pesar de que han pasado décadas aún enfrentamos la impunidad que acompaña estos actos, debido a la deficiencia del sistema judicial”, agregó Ocampo Manzanares.
Otro caso que mencionó fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, en 2014, durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Sin decir nombres, la diputada aseguró que muchos de los perpetradores y actores en la desaparición de los 43 “se acobardan, desde Israel, o en España, evadiendo la justicia”.
Al final de su participación, aseguró que como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso alzará la voz en nombre de las víctimas, y se pronunció porque el Día Internacional de los Derechos Humanos no sólo sea un día más en el calendario, “sino que signifique un compromiso renovado con la justicia, la verdad, la reparación y el derecho a vivir en paz”.
El PRI creó la CNDH
Al concluir su participación, la priista Beatriz Vélez Núñez solicitó hacer uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema, y al iniciar su discurso en la tribuna dijo: “cada mes en el estado de Guerrero mueren más que los muertos de Aguas Blancas”.
Se lanzó contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al asegurar que actualmente “hay muestras de insensibilidad” por parte de su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, para atender las denuncias que llegan a dicha institución.
La priista defendió a su partido de las acusaciones de la morenista, y aseguró que durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se creó la CNDH, junto con otros organismos locales para defender los derechos humanos.
“Resulta interesante hacer esta narrativa histórica en la evolución de los derechos humanos, porque el PRI, en los tiempo que gobernó, tuvo la visión de ponderar derechos de los ciudadanos, y que las instituciones estén al pendiente y al servicio de quienes necesitan defensa ante los abusos”.
La priista aprovechó para lanzarse contra la actual administración de la CNDH, al asegurar: “hoy vemos, y escuchamos los reclamos por el desinterés que existe en el actuar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quien se ha mostrado insensible ante las circunstancias evidentemente violatorias de los derechos humanos: secuestro de migrantes, sin pronunciamientos, sin pronunciarse en materia de desaparición forzada, entre otras. De ahí que sin duda, en las administraciones encabezadas por el PRI se trabaja en beneficio, en pro de los ciudadanos, buscando su bienestar e impulsando instituciones que de verdad los representen”.
A la participación de Vélez Núñez ya no hubo respuesta por parte de Ocampo Manzanares, sin embargo la diputada Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) y Leticia Mosso Hernández (PT), se sumaron a la discusión, aunque sus participaciones se centraron en mencionar que hay avances significativos en México en pro de la justicia y no discriminación; sin embargo, y que es obligación de las autoridades trabajar en la protección, promoción y garantía de los derechos de todas las personas.
Iniciativas
En la sesión, la diputada Guadalupe García Villalva, de Morena, presentó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para crear la Subsecretaría para la Atención y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Afromexicanas, misma que estará integrada en la estructura de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Sedepia), la cual fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.
El diputado Carlos Eduardo Bello Solano, también de Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para establecer un plazo de 15 días naturales para que los servidores públicos proporcionen la información requerida por las comisiones o comités del Congreso local, con un segundo requerimiento de cinco días en caso de incumplimiento, y si la omisión persistiera, se prevé la comparecencia del funcionario ante el Pleno del Poder Legislativo. La iniciativa se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
Otra iniciativa presentada fue una de la diputada Diana Bernabé Vega (Morena), quién remitió a la Mesa Directiva una adición al Código Penal del Estado para tipificar como delito el uso indebido de drones, “con sanciones de 3 a 20 años de prisión, cuando se utilicen para agredir a personas o bienes, para facilitar el transporte de drogas o armas, se atente contra las vías de comunicación o para violar la privacidad de las personas”. Fue turnada a la Comisión de Justicia.
El coordinador de la Licenciatura en Derechos Humanos, en modalidad mixta, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Alejandro Martínez Espinosa, destacó la importancia de tener la maestría y doctorado del tema, para que generen evidencia y los especialistas que puedan intervenir en este problema de violencia.
Martínez Espinosa aseguró que con estos estudios se puede actuar de la mejor manera y sugerir políticas públicas ante problemas tan “acuciantes” como las violaciones a derechos humanos, las desapariciones, la violencia y reforzar el tejido social, para que “miremos al futuro con cierto optimismo”.
Consultado vía telefónica sobre la situación que se vive en Guerrero, dijo que “siempre va a ser, digamos, hasta cierto punto, pesimista el escenario que se puede dar, justo porque son muchísimos los retos que tenemos. Si pensamos en la atención que tienen los derechos humanos, deriva directamente de algunas limitaciones en el actuar del gobierno, en el actuar del Estado. Entonces, pues el gran reto aquí es que la labor de los derechos humanos es muy importante, no sólo para hacer ruido y para hacer denuncia, sino directamente, para llamar la atención sobre temas bien específicos sobre los cuales actuar y que con eso se mejore la calidad de vida de toda la población”.
Explicó que hay profesores que trabajan con evidencia en la plataforma tecnológica para el estudio de las violencias, específicamente en desaparición forzada. “Es realmente grave, dentro de las diferentes temáticas que hemos analizado. Pues sí están, por ejemplo, las desapariciones que es un tema súper álgido”, señaló.
A pregunta de si en los programas académicos han encontrado que falte algo en las políticas y estrategias de gobierno para frenar la violencia o atender los derechos humanos, respondió que el gran reto es sistematizar las distintas opiniones de las personas, sobre las medidas que se toman, y presentarlas como sugerencias en términos de política pública.
Opinó que la política federal de acercamiento con la ciudadanía, que deberían tener los cuerpos policiacos, todavía requiere de “algunos matices”, reforzarse con campañas y tener una experiencia diferente.
Dijo que otro aspecto que debe reforzarse son derechos medioambientales, es el uso y el acceso a espacios públicos, que generalmente no está presente en las políticas públicas para fortalecer el tejido social; para que en la práctica cotidiana los ciudadanos tengan la posibilidad de convivir y tejer vínculos de confianza, que son el punto de partida para la participación social y la organización, que a su vez permite “resolver muchísimos más problemas a largo plazo”.
Contó que la licenciatura fue creada en 2022, para que los egresados tengan un perfil orientado a la Maestría en Estudios de Violencias y Gestión de Conflictos y al Doctorado de Estudios de Violencia y Derechos Humanos, para capacitar desde distintos niveles, porque “los problemas siempre van a estar ahí”, pero hay todo un equipo de académicos en la UAG y el país, enfilados a buscar soluciones.
A pregunta de si ya se tiene un diagnóstico sobre lo que se vive en Guerrero, dijo que los alumnos de la primera generación de la licenciatura están en quinto semestre, en la etapa de preparación para desarrollar sus tesis, sistematizar experiencias, alternativas y propuestas; mientras que en la maestría, donde está por salir la primera generación, ya se están generando algunos resultados y volcando la evidencia.
Al mencionarle que, de acuerdo con un recuento de El Sur, en octubre hubo 62 homicidios en Acapulco, 34 en Tecpan y 17 en Teloloapan, y el asesinato del alcalde capitalino Alejandro Arcos, comentó que son “el pan nuestro de cada día” y a partir de ello se pueden establecer las herramientas más adecuadas para orientar las clases en el aula.
El pasado 24 de agosto familiares del campesino desaparecido Rosendo Radilla Pacheco se manifestaron en la glorietas de las y los desaparecidos en la Ciudad de México, para exigir que se esclarezca el caso y se castigue a los responsables Foto:?Rosendo Betancourt Radilla / Archivo
Rosendo Betancourt Radilla
Chilpancingo
La sentencia del 16 de agosto, que señala a la Fiscalía General de la República (FGR) como responsable de que no se llegue a la justicia en el caso del campesino desaparecido Rosendo Radilla Pacheco y otros de violaciones de derechos humanos del Ejército de 1960 a 1980, y que califica de terrorismo de Estado la política del gobierno federal de entonces, recibió ocho impugnaciones del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.
Consultado al respecto, el abogado Humberto Guerrero, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, y quien acompaña legalmente a la luchadora social Tita Radilla, consideró que “es incongruente esta andanada de impugnaciones, luego de que la presidenta se presentó ofreciendo disculpas a las víctimas de 1968”.
Advirtió que la nueva estrategia legal del gobierno federal, de entrada, va a retrasar el acceso a la justicia de las víctimas, pero además, pone en riesgo que se llegue a saber qué pasó y castigar a los responsables, es decir, la intención es mantener esa época en la impunidad.
Llamó a la mandataria a intervenir directamente para que al menos la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Gobernación (Segob) paren las impugnaciones, así como que hable con el fiscal Alejandro Gertz Manero, para que la FGR haga lo mismo.
Si el Estado no para sus impugnaciones, informó, aún hay herramientas legales para seguir el proceso y lograr que la sentencia ahora impugnada, se mantenga sin modificaciones.
En cuanto a los motivos de esta andanada legal, consideró que “es lo mismo que pasa en el caso Ayotzinapa. Cuando las investigaciones llegan al Ejército, se paran”.
“Vemos una respuesta en bloque del Estado. Se presentaron ocho impugnaciones, tres de la Fiscalía General de la República, una del área de amparos, otra de la Fiscalía Especial del Caso Radilla (su nombre formal es Equipo Especial de Investigación y Litigación en Derechos Humanos), y llama poderosamente la atención la impugnación de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Explicó que la Sedena está impugnando a pesar de que no se le señala directamente, “hace una defensa de la Fiscalía General de la República. Empieza a cuestionar que la sentencia hiciera señalamientos a integrantes del Ejército, y alega, por ejemplo, que se viola su presunción de inocencia”.
Consideró que la Sedena en su impugnación defiende a la FGR, porque le ha asegurado impunidad más de 50 años, “es una actuación corporativa”.
Las instituciones que impugnaron, precisó, son Sedena, FGR, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, Consejería Jurídica de Presidencia, Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) e, incluso, la Secretaría de Cultura pero ésta última no fue admitida.
En general, impugnan que la jueza se excede en sus atribuciones, “que su sentencia no puede ordenar a la FGR”, por ejemplo.
Advirtió que este tipo de estrategia la ocupa el Estado cuando las investigaciones llegan al Ejército, “es común en casos altamente sensibles y que afectan a las fuerzas armadas. Algo similar ocurrió con el caso Ayotzinapa”.
Informó que aún puede presentar un llamado “Recurso de Revisión Adhesiva”, para apoyar lo que dice la sentencia, el cual tiene que ser conocido por un tribunal colegiado o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Un mensaje contradictorio
En cuanto a la lectura política de la andanada de impugnaciones a la sentencia, que ordenaba la búsqueda de Rosendo Radilla, entre otras cosas, el abogado Humberto Guerrero expuso que hay un mensaje contradictorio en el gobierno federal.
“Llama mucho la atención que, por un lado, ocurra esto en una sentencia que atiende uno de los periodos de represión política más duros en el país, y la presidenta (Claudia Sheinbaum) lo que hizo fue dar disculpas públicas por la masacre del 2 de octubre de 1968”, expuso.
Llamó a la presidenta a que se dé la oportunidad de ser congruente con su primer discurso y a que las instituciones se desistan de las impugnaciones.
“La FGR es autónoma pero la presidenta podría invitar al fiscal Gertz Manero a que se desista de las impugnaciones, para sentarnos a trabajar en el cumplimiento de la sentencia. Todavía tenemos que seguir litigando y en un contexto muy complejo, el poder Judicial está en paro. Está en marcha la reforma judicial, todo es un caos”.
“Además, una posibilidad es que al resolverse estos recursos de impugnación, se revoque la sentencia, entonces nos quedaríamos sin nada”, en cuanto acceso a justicia para las víctimas del terrorismo de Estado, advirtió.
Representantes de distintas asociaciones religiosas, que integran el Consejo Interreligioso de Guerrero (CIG), expresaron su preocupación por la violencia que se vive en Guerrero, particularmente en Chilpancingo, y se propusieron a trabajar juntos para lograr la paz de la entidad.
En su sesión de seste viernes, a la que se permitió el acceso a El Sur, se informó que derivado de la violencia, en medio de la cual fue asesinado y decapitado el presidente municipal de Chilpancingo, Alejandro Arcos Catalán, la organización Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa canceló el foro Derechos Humanos y Libertad Religiosa, que estaba organizando el CIG.
Uno de los integrantes del consejo recordó que en una reunión con el presidente municipal asesinado de Chilpancingo, Alejandro Arcos, se percataron de que su preocupación era precisamente lograr la paz, cuando les dijo: “Quiero que me apoyen, como líderes religiosos, para que podamos contribuir a la paz”.
Dijo que, incluso, los convocó a ir ante esas personas generadoras de violencia, “llevarles la paz”.
Este viernes se dio a conocer, en la sesión del CIG, la determinación de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa de cancelar el foro, y también se informó que ese foro, también convocado por el gobierno estatal, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, se realizaría el 8 de noviembre, en el auditorio del TSJ, dentro de su edificio en el zócalo de la capital.
El presidente del CIG, el sacerdote Baltasar Vega Ramos, informó que la representación de la agrupación nacional le notificó el jueves que no quiere arriesgar a sus ponentes.
“Nos notificaron que Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa no podía participar en el foro, por las condiciones de inseguridad y violencia en las que se encuentra el estado, que así se los han sugerido sus asesores”, dijo.
Vega Ramos informó que ya estaba todo organizado y listo para recibir a los ponentes.
En la sesión estuvieron 10 de los 22 representantes de las asociaciones religiosas que integran el consejo y todos se comprometieron a trabajar por la paz desde sus respectivas agrupaciones.
Coincidieron en que, dentro de la diversidad, debe prevalecer el diálogo para la solución de problemas como la violencia y propusieron tejer relaciones humanas, promover la armonía y la reconciliación social; combatir el acoso y promover el diálogo y las libertades.
El vicepresidente del CIG, Carlos Marx Barbosa Guzmán, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, propuso que desde las escuelas y las asociaciones religiosas se fomenten los valores, el amor, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y combatir el acoso, para contribuir a que regrese la paz “que es lo que necesitamos en Guerrero”.
Indicó que Guerrero ya no puede seguir siendo el primer estado en noticias de violencia.
El presidente del CIG, Vega Ramos, explicó que precisamente el foro, que se canceló por la violencia, se había convocado para promover la paz, los derechos humanos y la libertad religiosa.
Agregó que la libertad religiosa va ligada a promover la armonía, la paz, la comprensión, el respeto y restaurar el tejido social, “que el día de hoy está tan fracturado”.
Dijo que la violencia ha venido a acotar las libertades fundamentales, como la libertad de conciencia y la de expresión, “para poder expresar en dónde está lo que ha causado este deterioro de la sociedad, y nosotros lo decimos claramente: Está en la perdida de los valores como humanos”.
Javier Gómez, de la Alianza de Pastores de Costa Grande, propuso la elaboración de un manual de valores, para distribuirlo en las iglesias de cada una de las asociaciones que integran el CIG, “para que las propuestas (a favor de la paz) que se quieren transmitir a la sociedad, no sean pasajeras”.
El pastor Pedro Mena Rojas, representante de la asociación Fraternidad, Iglesias y Pastores, informó que en la región Costa Chica, donde él se desenvuelve, la violencia se traduce en los constantes desplazamientos por ejercer la libertad religiosa, otros han sido encarcelados o despojados de sus propiedades.
El pastor Amalio García, de la asociación Nueva Vida, de Tecpan, propuso “más definición” de las asociaciones religiosas para lograr los objetivos en favor de la paz, “de la que estamos tan necesitados en nuestro estado”, y reprochó: “Todos queremos lo mejor, pero muchos no hacen nada por lograrlo”.
Moisés Guadalupe Guillén, representante de la Alianza Evangélica de Guerrero, expresó que en estos tiempos es necesario hacer uso de la libertad religiosa para buscar la paz y el amor, emulando a Jesucristo, que dijo: “Mi paz os dejo, mi paz os doy”.
Indicó que esa es la paz que busca el CIG, “queremos esa paz que tanto anhela el estado de Guerrero”.
Agregó que es necesario restablecer el tejido social, entre todos los interesados por la paz en la entidad.
Jeremías Suárez, de la Convención Regional Bautista Guerrero, recordó que en una reunión de los integrantes del consejo con el alcalde asesinado, Alejandro Arcos Catalán, se percataron que su preocupación era lograr la paz, cuando les dijo: “Quiero que me apoyen como líderes religiosos, para que podamos contribuir a la paz”.
Incluso, indicó que los convocó a ir ante esas personas “a llevarles la paz”.
El representante religioso propuso a los demás integrantes del CIG organizaran otra reunión con el ahora alcalde sustituto, Gustavo Alarcón Herrera, para conocer cuál es su opinión con respecto a la paz en Chilpancingo.
Dany López Zapata, pastor del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios, convocó a que estos sean tiempos de clamor, “de intercesión por nuestra ciudad, manifestándonos a favor de la paz, porque queremos paz en Chilpancingo y en todas las regiones de Guerrero. Lo vamos a lograr trabajando de la mano con las instituciones, apoyando todas las obras que se realizan para que la sociedad esté mejor”.
Invitó a todos los integrantes de las asociaciones a no bajar la guardia, “en vista de todo lo que ha pasado. Tanto por la situación que han dejado los huracanes, como por toda la violencia que se vive, porque es algo que no habla bien de nuestro estado”.
Ante la negativa de diálogo por parte de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, los vecinos que defienden el área verde de la plazuela Los Cántaros, en Tlapa, que se encuentran en plantón afuera del Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo del Estado, presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La presidenta del Comité de Defensa del parque Los Cántaros, en la colonia San Diego,Verónica Ureiro Castañeda, informó que la queja la presentaron el martes pasado, cuando les habían ofrecido por oficio una audiencia con la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, pero se las cancelaron.
A partir de ese día, los plantonistas colocaron lonas con reclamos en contra de la gobernadora Salgado Pineda.
Una de las lonas que fueron colocadas al frente del edificio gubernamental, dice: “Gobernadora, ¿este es el amor con el que nos paga? No sea cómplice de un ecocidio. Solución inmediata a la plazuela de Los Cántaros, Tlapa”.
En otra se lee: “¿Cuántos días más gobernadora? Audiencia inmediata”.
El plantón de los vecinos de la colonia San Diego, que piden la clausura definitiva de 17 locales comerciales que invaden un área verde del parque Los Cantaros, cumplió este viernes 19 días.
Informó que la reunión a la que los había convocado, para el 8 de octubre, la encargada de despacho de la Secretaría de Gobierno, se las cancelaron un día antes, “por la inseguridad que había en Chilpancingo”.
Informó que hasta este viernes todavía no les habían programado una próxima reunión. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
El activista Nicolas Chávez Adame acompañado del dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero, Raúl Nájera y el representante de la Dirección Colectiva, José Daniel Nava Cabrera a su ingreso a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Luis Daniel Nava
Chilpancingo
El dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, denunció intimidación por parte de la Policía Ministerial, de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Los agentes le iban a notificar dos carpetas de investigación, por los presuntos daños a una bandera de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero (Codehum) y a la infraestructura de la alameda Francisco Granados Maldonado, por parte del Ayuntamiento de Chilpancingo.
Este jueves por la tarde, el ex asesor de la Secretaría General de Gobierno en la actual administración, se presentó a las instalaciones de la FGE en Chilpancingo para conocer su situación jurídica.
En la entrada informó, en conferencia de prensa, que dos agentes de la Policía Ministerial a bordo de la patrulla 334 se presentaron a su domicilio el miércoles, pero sin dar a conocer el motivo.
El dirigente llegó acompañado de Raúl Najera Najera, coordinador estatal, y José Daniel Nava Cabrera, integrante de la dirección colectiva de la APPG.
“Vengo a presentarme porque ayer se apersonó una patrulla ministerial, con dos agentes, y tocaron mi domicilio fuertemente, mientras otro agente de la ministerial tomaba fotos”.
Dijo que los policías preguntaron a su suegra si Nicolas Chávez se encontraba.
“Nosotros decimos que no debemos nada, estamos haciendo pleno uso de nuestros derechos constitucionales”.
Responsabilizó a los tres órdenes de gobierno de su integridad y la de luchadores sociales, en este momento que la entidad vive una crisis de seguridad complicada.
“Hacemos un llamado a la gobernadora Evelyn Salgado y al senador Félix Salgado, de que la integridad de todos los luchadores sociales se está poniendo en riesgo”.
Mencionó el caso de Soledad Hernández Mena, hija del extinto luchador social Arturo Hernández Cardona, a quien el gobierno federal le retiró las medidas cautelares.
“En Guerrero, el tema de seguridad es muy delicado, nosotros somos fácil de localizar, hacemos una vida social y política en Chilpancingo, Guerrero, y fuera del estado”.
“Regresamos y decimos que aquí estamos. Vamos a preguntar el requerimiento de qué se trata. Los agentes llevaban un documento y vamos a asumir la responsabilidad”.
Hizo también un llamado a las organizaciones sociales, para poner atención a la situación actual de los activistas.
“Responsabilizamos públicamente a los tres órdenes de gobierno. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo al inicio de su gobierno que no iba a perseguir a ningún luchador social. (Pero) hoy vemos que todavía hay esas secuelas”.
Nicolás Chávez salió de la Fiscalía alrededor de las 10 de la noche. Informó que que presenta dos situaciones, la primera relacionada a una protesta en 2021, contra la presidenta de la Codehum, Cecilia Narciso Gaytán, donde los manifestantes, entre ellos Nicolás Chávez, se llevaron una bandera de la comisión como un acto de protesta.
Otra denuncia que tiene Nicolás Chávez es por la violación a los monumentos históricos, por parte del gobierno de Norma Otilia Hernández.
Está relacionada con las manifestaciones que ha hecho la APPG en defensa del monumento de los luchadores sociales caídos de 1960, en la alameda central de Chilpancingo, y los supuestos daños a las fuentes danzarinas.
El activista tiene que presentarse a una audiencia de la que no le han dado fecha.
Dijo que estas denuncias son cosas raras, de intimidación, que se dan a 29 días de la entrega de la presea Sentimientos del Pueblo que entrega la APPG.
El diputado local del PRD; Bernardo Ortega Jime?nez durante su participacio?n en tribuna en el Congreso Foto:?Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El diputado del PRD, Bernardo Ortega Jiménez, solicitó que la secretaria de Salud, Aidé Ibárez Castro, y demás funcionarios del sector, expliquen a diputados de la 63 Legislatura sobre la incidencia de dengue en distintos municipios y sus acciones de atención.
Esta fue la única intervención de la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso local, que desahogó el trámite de regreso a sus cargos y funciones de cuatro regidores con licencia, y se notificó la correspondencia.
Entre estas, la vista al poder Legislativo de la falta de cumplimiento de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 039/2021, contra la alcaldesa y el síndico del Ayuntamiento de Acapulco, por incumplimiento de laudo laboral del 26 de 2021.
Así como la no aceptación de la recomendación 014/2023, por parte de la Secretaría de Educación Guerrero, también por una inejecución de laudo laboral del 15 de marzo de 2015, y de acceso a la justicia.
Después de un cierre intenso del periodo ordinario, la sesión de la Comisión Permanente se realizó con lo mínimo en el orden del día.
En tribuna, Ortega Jiménez infirmó que ya existe un acuerdo verbal con la secretaria de Salud, hecho en su última comparecencia, de “venir a una mesa de trabajo, con sus funcionarios, sus subsecretarios y jefes de departamento”, a disipar dudas sobre su labor.
En este sentido, señaló que hay un subregistro en la estadística de contagios de dengue, porque conoce de enfermos que no siempre llegan al sector público, pero se atienden en clínicas privadas, especialmente en municipios del distrito que representa en la región Centro, como Mochitlán y Tixtla.
Pidió saber si hay algún convenio con las instituciones privadas de salud, que reporten cuántos casos de dengue atienden, o si existe coordinación con los ayuntamientos y sus direcciones de salud.
Aseguró que las autoridades de salud estatal pretenden minimizar “la situación, señalando que sólo en algunos municipios es donde se están presentando los casos de dengue, algunos graves, por cierto, cuando la mayoría, 2 mil 49 casos de dengue, presentan signos de alarma, y 123 casos de dengue grave, de los 3 mil 417 casos que existen en Guerrero”.
Sobre todo, porque Guerrero ocupa ya el primer lugar nacional en casos de la enfermedad, y al desbordarse el problema “se violenta el derecho humano a la salud”.
Insistió en que las autoridades dejen de simular las cifras de contagios o no habrá atención adecuada para la población afectada.
También pidió a la gobernadora Evelyn Salado Pineda que implemente “las acciones necesarias para que se garantice el derecho humano a la salud de toda la población en Guerrero”.
La Comisión de Asuntos Políticos presentó proyectos para aprobación, que dejan sin efecto las licencias de las regidoras de Tlapa, Deyssi Guerrero Bolaños; de Acapulco, Laura Patricia Caballero Rodríguez; de Zihuatanejo, Verónica Arreaga Valdovinos, y de Mochitlán, María Sabina Herrera Ivarra, a partir del 24 de junio.
Sólo quedó notificado el oficio del alcalde de Malinaltepec, Acasio Flores Guerrero, para informar su reincorporación en el cargo y funciones.
Jacobo Silva Nogales, conocido como comandante Antonio cuando militaba en el grupo guerrillero Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan) Abel Barrera, Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio, uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, Gonzalo Brito, el director de Radio UAG Víctor Wences, la secretaria general, María Xochitl Astudillo y el ex rector de la UAG José Enrique González Ruiz en la celebración del 42 aniversario de Radio UAG) en la Rectoría de la institución educativa Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Activistas sociales y de derechos humanos coincidieron en el 42 aniversario de XEUAG, la radio de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), en que el actual gobierno de la Cuarta Transformación, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, deja muchos pendientes en materia de justicia, derechos humanos, con los pueblos originarios y con víctimas de violencia.
Citaron que uno de los pendientes sobre justicia es el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal de Ayotzinapa. Además, hubo llamados a la paz.
La celebración por el aniversario de la emisora se realizó en el vestíbulo del edificio de Rectoría de la UAG, el mediodía de este viernes.
Asistieron como comentaristas el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña (Tlachinollan), Abel Barrera Hernández; el ex rector de la UAG, José Enrique González Ruiz; el fundador del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Jacobo Silva Nogales, al que se le conocía como Comandante Antonio; Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, uno de los 43 estudiantes desaparecidos, y en representación del rector Javier Saldaña Almazán, asistió la secretaria general, María Xóchitl Astudillo Miller.
Barrera Hernández dijo, de entrada, que en Guerrero no hay una política para fortalecer los medios de comunicación plurales, libres y autónomos, como tampoco hay una política en materia de derechos humanos.
“Todo se ha supeditado a intereses facciosos, ya sea de partidos, de grupos, y todavía de caciques, que impiden que los ciudadanos sean los verdaderos actores del cambio”, agregó.
Relató que en la Montaña, a pesar de que fue la región más alta en votación hace seis años a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador, ello no se tradujo en mejor educación, salud, trabajo ni producción de bienes básicos.
“Todavía no llega esa transformación que se ha anunciado, y esto se ha expresado a través de estos micrófonos. Por eso celebramos estos 42 años con compañeros que son combativos y abren los micrófonos a los pueblos indígenas”, dijo en referencia a XEUAG.
El defensor de derechos humanos habló de casos emblemáticos, como el de Valentina Rosendo Cantú, que tuvo que ir hasta la Corte Interamericana de Derechos humanos (Coidh), en donde señaló directamente a los perpetradores que la violaron, “porque en México les tembló la mano de enfrentar al Ejército, y todas las autoridades cerraron filas en favor del Ejército” y hasta la fecha lo siguen haciendo”.
Reprochó: “Ese es el grave problema, los pueblos indígenas todavía tienen que enfrentar el aparato burocrático de justicia por falta de acceso a sus derechos fundamentales y pelear como lo hi-cieron Valentina e Inés Fernández Ortega”, la otra indígena guerrerense violada por militares.
Recordó que solo en la Coidh le dijeron a Inés que su palabra tiene verdad y la palabra del Estado tiene mentira, “como está pasando con los 43”.
Criticó que todo ese “mundo de injusticia” y de malas vibras de este sistema político, hace que las víctimas y los pueblos sigan siendo pisoteados.
Reprochó que el Estado ignora a los padres de los 43 y que, incluso, en Guerrero no ha habido una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y los padres, “cuando son precisamente un bastión de la dignidad y del respeto a los derechos humanos”.
Dijo que lo mismo pasa con los pueblos indígenas, para los que no hay efemérides, “¿quién se acuerda de la masacre de El Charco, el 7 de junio de 1998? No hay actos oficiales para los pueblos indígenas, ¿cuánto nos falta luchar y pelear por ello?”.
Recordó también el caso del niño indígena de tres años, Javier Modesto Moreno, cuyos padres migrantes se fueron a trabajar a Guanajuato “porque aquí no hay trabajo y cuando su hijo se quedó jugando debajo de un árbol se extravió, y ahora la versión de la Fiscalía es que lo atropellaron”.
Barrera Hernández reprochó que esto ocurre porque en este gobierno se sigue padeciendo la exclusión social, “y hasta los niños están pagando con su vida”.
El ex rector de la UAG, y ahora abogado independiente, José Enrique González Ruiz, reconoció que el actual gobierno ha participado en un esfuerzo “histórico e importante, que se llama la Cuarta Transformación, y dicen que ya terminó un primer piso y que vamos a empezar un segundo, y yo digo: ‘pues vámonos poniendo de acuerdo’ para ver cómo está este segundo piso, porque yo le veo pendientes al primero”.
Explicó: “Yo le veo pendientes de justicia con las madres y padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Como abogado veo un expediente jurídico manoseado, hecho trizas, que no da certeza de nada, no se sabe a quién están juzgando, ni por qué los están juzgando.
No hay justicia en el caso Ayotzinapa”
Opinó que no hay justicia en el caso Ayotzinapa porque no hubo justicia en el caso de las violaciones a los derechos humanos en la guerra sucia, “se fueron vivos los de la guerra sucia, se están muriendo tranquilos, en su cama los desgraciados, y el que queda impune reincide, porque sabe que no le va a pasar nada”.
González Ruiz añadió que en el actual gobierno no hay ni un acercamiento mínimo con la justicia, “¿ya terminó la tarea? Yo digo que no, que nos quedan estos pendientes”.
Indicó que como en el caso Ayotzinapa si se analizan todos los aspectos de la vida social y se hace un balance, se llega a la conclusión de que siguen pendientes, “y fue mucho lo que nos costó (el cambio de régimen), a algunos les costó más, les costó la vida. El resultado de las elecciones de 2018 no es producto de la sabiduría de un solo hombre, es producto de una larga lucha”.
El ex combatiente del EPR, Jacobo Silva Nogales, agradeció el apoyo de la radio de la Universidad cuando estuvo en la clandestinidad y en la cárcel.
Recordó que en ambas etapas, todos sus compañeros debían tener alguna comunicación con alguien de la radio XEUAG, “porque de ellos podía depender nuestra vida, por su solidaridad con los movimientos sociales y populares”.
Agregó que esa radio siempre estuvo a la mano, para sus denuncias, y llamó al movimiento social a que la tenga como referente, porque “la radio puede atarle las manos a los represores, puede atarle las manos a los asesinos”.
Cristina Bautista, integrante del movimiento de las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, dijo que al presidente López Obrador ya sólo le faltan tres meses para irse, “como madres, todavía tenemos la esperanza que en esos tres meses nos dé resultados de nuestros hijos”.
“Queremos saber qué pasó realmente esa noche del 14 de septiembre de 2014, en Iguala, porque todavía no sabemos dónde están los 43. Mucha gente nos dice que ya pasó mucho tiempo y que ya no viven, porque los mataron, pero como madres y padres tenemos la esperanza de que nos los regresen con vida, como se los llevaron”.
Recordó que se avanzó en el caso, de 2019 a 2021, “hasta que nos topamos con el Ejército. El Ejército no quiere entregar toda la información para que sepamos qué pasó con nuestros hijos”.
Al terminar su participación, los cerca de 100 asistentes corearon la consigna: “porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”, y realizaron el conteo de los 43.
La secretaria general de la Administración Central de la UAG, y representante del rector Saldaña Almazán, Xóchitl Astudillo, remató diciendo que, en efecto, “sabemos que hay muchas justicias pendientes, y hoy que hacemos el conteo de los 43, yo sentía el latir del dolor del corazón de las 43 madres, padres y familiares de estos jóvenes guerrerenses que fueron desaparecidos”.
Agregó que hay muchas justicias pendientes, también, con los pueblos originarios y con los afrodescendientes.
“Muchas justicias pendientes, también, con nuestro planeta, al que hemos violentado de manera terrible y hoy lo estamos sufriendo”, agregó.
Indicó: “Los que padecimos los efectos de Otis en Acapulco nos damos cuenta de esa otra gran violencia. Hablamos de violencia física, pero hoy quiero hablar de la paz, tenemos que seguir trabajando por la paz, por la construcción de la paz social, la paz con los pueblos originarios, la paz con las mujeres, que muchas veces hemos sido víctimas de violencia, la paz por el ambiente, la paz social”.
Dijo que los mexicanos quieren una sociedad más justa, igualitaria, inclusiva, “cuando hablamos de Guerrero, sabemos que estamos hablando de un México desigual, porque, efectivamente, en la Montaña todavía tenemos lugares que ocupan los índices de desarrollo humano más bajos”.
El rector de la UAG, Javier Saldaña, publicó esta foto en sus redes sociales, donde informó sobre su reunión con la ex secretaria general de la institución, Berenice Illades, con quien dijo que acordó dar prioridad al trabajo académico Foto: Tomada de Facebook
Karina Contreras / Redacción
Acapulco / Chilpancingo
Tras una reunión del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, con la ex secretaria general, Berenice Illades Aguiar; el titular del Tribunal Universitario, Isaías Sánchez Nájera, anunció que a instancias del presidente del Consejo Universitario, y luego de que los denunciantes se desistieron, quedó “sin efectos jurídicos” la expulsión de los 13 profesores y un alumno de la Facultad de Ciencias Químico Biológicas.
Este martes por la noche, Saldaña Almazán difundió en sus redes una fotografía en la que aparece con Berenice Illades, que acompañó con el siguiente texto: “El día de hoy, sostuve una reunión con la doctora Berenice Illades Aguiar, una distinguida universitaria, para tratar temas referentes a la Facultad de Ciencias Químico Biológicas, y coincidimos en que lo mejor es seguir la ruta de la conciliación interna y priorizar el trabajo académico, para garantizar el bienestar de la comunidad estudiantil, así como de los profesores e investigadores”.
Isela Parra Rojas originaria de la ciudad de Chilpancingo, es la primera Investigadora de Guerrero en obtener el reconocimiento por el Sistema Nacional de Investigadores SNI III. A la derecha, Roberto Dircio Maldonado originario de Atoyac de Álvarez SNI Nivel 1 Fotos: El Sur
Añadió: “Coincidimos en que es importante promover la armonía y compañerismo, bajo los principios de libertad de opinión, respetando los derechos humanos de la comunidad universitaria para favorecer la estabilidad de la institución”.
Minutos después, también en redes sociales, el presidente del Tribunal Univesitario, Isaías Sánchez, difundió un comunicado en el que se dice que a petición de Javier Saldaña, así como resultado del desistimiento de los denunciantes, “informamos que la sanción impuesta a los 13 profesores y a 1 alumno de la Facultad de Ciencias Químicas Biológicas, se declara que queda sin efectos jurídicos”.
En el comunicado, firmado por Sánchez Nájera, se señala que esta resolución será sometida para su “ratificación” al pleno en el próximo Consejo Universitario, el 6 de junio, día en que se tomará protesta a los consejeros alumnos y maestros, dejando a “salvo los derechos de las partes”.
El lunes, en una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, una amplísima mayoría de sus integrantes votaron a favor del dictamen del tribunal, que concluía que debían ser expulsados de la institución 13 docenes y un estudiante de posgrado de la facultad de Ciencias Químico Biológicas, a quienes se acusaba de incurrir en “actos de corrupción, omisiones, contrarios a la moral, a la ética profesional, así como incitar en actos violentos y hostigamiento por razones políticas ideológicas y personales, en la vertiente de retención ilegal de la libertad personal en agravio de estudiantes y miembros de la Comisión Electoral”.
El dictamen tomó como base la denuncia que presentaron los profesores de la Facultad, Jorge Bello Martínez y Blanca Esthela Álvarez Fernández, quienes declararon que durante el conteo de votos, los involucrados al ver que los resultados obtenidos no eran favorables a su grupo político, les impidieron la salida del lugar.
En la sesión del Consejo también se informó que la mamá de una alumna y los mismos maestros de la Comisión Electoral acudirían a presentar una denuncia ante el Ministerio Pùblico por privación ilegal de la libertad.
El STAUAG, con los docentes expulsados
Antes de que se conociera la nueva situación, al mediodía el secretario general del STAUAG, Ofelio Martínez Llanes, había dicho que intervendría para defender los derechos laborales de los expulsados.
Añadió que la comunicación es fundamental en todos los ámbitos de la sociedad y en la UAG con más razón, y que llamaríana que se analizara y reconsiderara la medida que propuso el Tribunal Universitario.
Al dirigente sindical se le preguntó si se podía revertir la decisión y respondió: “El Consejo es la máxima autoridad, pero no puede deliberar en situaciones laborales. Están las leyes y estamos en la comunicación. Entablar la comunicación, yo creo que va a haber reflexiones y yo espero que en esta comunicación podamos llegar a algunos acuerdos, para beneficio de la propia universidad y los compañeros”.
Se le comentó que a los expulsados se les acusó de haber retenido a alumnos y profesores integrantes de la Comisión Electoral, responsables de las elecciones en Ciencias Químico Biológicas, y que incluso se dijo que eso constituye el delito de privación ilegal de la libertad y respondió el dirigente que tiene que escuchar la otra parte, que ya escuchó lo que se dijo en el consejo, porque no estuvo presente el día de los hechos. “Pero en principio, el sindicato sí defiende a sus agremiados y en este caso a los compañeros que el día lunes el Consejo Universitario determinó expulsarlos”, agregó.
Sobre las protestas que han realizado los inconformes, bloqueando calles, con lo que se afecta a terceros, y cuál sería su llamado, Ofelio Martínez manifestó que son adultos, tienen formación y respetaba las decisiones que tomen, pero “lo que sí estamos platicando con ellos es la cuestión laboral, la cuestión que tiene que ver con la relación que hay. Ya lo otro, el ámbito como universitario, puedo tener una opinión, pero como secretario es eso el respeto. En esta universidad la historia ha sido siempre de lucha, de desencuentro, controversias, pero llamó a lo máximo, que entre la sociedad y entre los humanos, es la comunicación, el hablar y buscar acuerdos”.
Condenan egresados la expulsión de maestros
Mientras egresados de la escuela habían convocado a una marcha el viernes en protesta por la decisión del Consejo Universitario.
En un comunicado indicaron que el lunes se llevó a cabo la sesión del Consejo Universitario en Acapulco, para calificar y avalar el proceso electoral de la UAG, en donde expulsaron “de manera arbitraria e injusta a estos profesores investigadores. Todo esto, en acato sumiso al decreto del rector Javier Saldaña Almazán”.
Manifestaron que la Rectoría violaba los principios de libertad de expresión estipulados en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Los egresados destacaban que el único delito de los catedráticos fue protestar y hacer públicas las irregularidades ocurridas en el proceso para elegir al director, el pasado 21 de mayo, dentro de las instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas.
“Sin embargo, como castigo fueron directamente expulsados de su centro de trabajo, como una señal de represión por parte de Rectoría”, enfatizaron en el comunicado. Por lo anterior, dijeron que se ven en la necesidad de reunirse y organizarse para hacer una marcha “pacífica”, el viernes, en solidaridad con sus maestros, misma que seguramente será suspendida lue-go de que el rector dio marcha atrás en la draconiana medida.
Reconocidos investigadores, la mayoría de los señalados
Los expulados son reconocidos docentes e investigadores del Sis-tema Nacional de Investigadores, 8 en el nivel 1 y una en nivel 3; mientras que el alumno que había sido expulsado es estudiante del posgrado que se imparte en la facultad.
Una de ellas es Isela Parra Rojas quien tiene un doctorado en Biología Molecular en Medicina del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, de la Universidad de Guadalajara.
Parra Rojas es la primera investigadora de Guerrero en obtener el reconocimiento por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III.
Ana Elvira Zacapala Gómez es doctora en Ciencias Biomédicas y es nivel 1 en el SIN; Hilda Jiménez Wences tambien es nivel 1 y tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas, el cual estudió en la facultad de la UAG y ha sido autora y colaboradora de más de 20 artículos científicos en revistas.
Mientras que Roberto Dircio Maldonado es nivel 1 en el Sistena Nacional de Investigadores y tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas por la facultad de Medicina de la UNAM.
Dircio Maldonado es fundador del Laboratorio de Diagnóstico e Investigación en Salud (Labdis) de la facultad de Ciencias Químico-Biológicas, para la detección molecular del SARS-CoV-2 que se destacó por su labor durante la pandemia y es miembro de la Sociedad Internacional de Hematología Experimental.
Julio Ortiz Ortiz tiene un doctorado en Ciencias Biomédicas por la facultad de Ciencas Químico Biológicas de la UAG y es nivel 1 en el SNI y es fundador del Laboratorio de Investigación en Biomoléculas de la misma facultad.
Dinorah Nasley Martínez Carrillo también es nivel 1 en el SNI y tiene doctorado en Ciencias Biomédicas, por la misma facultad en la que labora y ha sido reconocida por el Premio Mérito Juvenil 2009, en la categoría de actividades académicas y fundadora del Laboratorio de Investigación en Biomoléculas, apoyado por el Conacyt en la facultad.
Adolfo Román Román, María Isabel Zúñiga Guerrero y Francisco Israel Torres Rojas también tienen nivel 1 en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y Eruviel Toledo Hernández es candidato.
Otros docentes que habían sido expulsados, Verónica Antonio Becker y Lorenzo Salgado Goytia, no están dentro del SNI, pero la primera tiene maestría y el segundo un doctorado. Del docente Marcos Torres Armenta no se tiene mayores datos, y el estudiante Luis Ángel Urieta Benítez es estudiante de la maestría en Ciencias Biomé-dicas en la Facultad.
