Trabajadores del Laboratorio Estatal de Salud Pública, ubicado en la colonia Ciudad Renacimiento, denunciaron ante la secretaria general de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa), Beatriz Vélez Nuñez, la falta de insumos para llevar a cabo su trabajo y que desde hace un año no reciben ni un peso para mejorar sus instalaciones.
Los laboratorios estatales no fueron transferidos al IMSS Bienestar y siguen dependiendo de la Secretaría de Salud y es donde se hacen las pruebas del dengue, Covid, tosferina, VIH, sarampión y los análisis alimenticios, entre otros servicios.
Señalaron los trabajadores que hasta para comprar jabón la dirección tuvo que vender los mangos de los árboles que están dentro de las instalaciones.
El delegado sindical, Joel Valencia Villa, dijo a la líder sindical que tienen muchas carencias como la falta de insumos como reactivos para hacer las pruebas de las diversas enfermedades, no tienen agua para tomar, a veces tienen vigilancia, no tienen trabajadores de intendencia, es decir, no se atienden esas necesidades.
Dijo que espera que los regresen a ver porque los trabajadores están ya pensando en tomar otras medidas para exigir que los provean de los que les falta.
El laboratorio fue visitado por la secretaria general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud (Sntsa), Beatriz Vélez Nuñez, la tarde del martes, en donde denunció en una transmisión en Facebook, las malas condiciones del laboratorio en donde manifestó que “hoy lamentablemente no tiene reactivos, no tienen material, desde hace un año no se les ha depositado un fondo revolvente para que se maneje el laboratorio estatal”.
Indicó que hay mucho material que ya tiene que estar dado de bajo y mostró el almacén lleno de desechos de muebles y materiales. Hizo un llamado al área de Activos Fijos para que haga su trabajo porque es una fuente de infección y más cuando llueve porque se transmina el agua y mostró las pozas dentro. Además, dijo que la basura no se tira y en el lugar mostró muchas bolsas negras de basura que también son un foco de infección.
Dijo la líder sindical que hacía un llamado a las autoridades de Salud porque son preocupante las condiciones en las que estaban laborando los trabajadores en el laboratorio.
Indicó que ahora no hay para nada, por lo que los trabajadores tienen que cooperar para el agua, para el Internet y “se tienen que cooperar para todo prácticamente y es lamentable la situación. Nunca había visto así el laboratorio”.
En una visita al Laboratorio Estatal se supo que la directiva del hospital y el representante de los trabajadores fueron citados para una reunión en la Secretaría de Salud en Chilpancingo para ver la situación que fue denunciada.
Pocos diputados locales en la segunda sesión del Congreso local en la que el presidente de la Mesa Directiva decretó un receso para reanudarla hoy miércoles Foto: Jesús Eduardo Guerrero
José Miguel Sánchez
Chilpancingo
Durante la primera sesión del día martes, diputadas de Morena y del PRI participaron en tribuna con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, tema en el que mostraron opiniones distintas. La morenista, Araceli Ocampo Manzanares aseguró que las más grandes violaciones a los derechos humanos ocurrieron en gobiernos pasados, lo que fue refutado por la priista Beatriz Vélez Núñez.
Casos como la Guerra sucia, una herida abierta: Ocampo
El tema referente a los derechos humanos lo inició la morenista Ocampo Manzanares, quien subió a tribuna para hablar sobre el Día Internacional de Derechos Humanos, conmemorado el pasado 10 de diciembre, para recordar los derechos que nos son propios, para todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, religión o cualquier otra distinción”.
En su discurso, recordó hechos como la llamada Guerra sucia, la matanza de Aguas Blancas, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los que “demuestra que se ha fallado en el cumplimiento de este principio”. Sin mencionar nombres, culpó de los acontecimientos a “los gobiernos autoritarios del pasado”.
“Es lamentable que tengamos que recordar acontecimientos que han fallado en el cumplimiento de estos derechos, especialmente en lugares como Guerrero, donde las violaciones a los derechos humanos no sólo son una realidad, sino una herida abierta que persiste con el paso de los años; las cicatrices que nos dejó la llamada Guerra sucia siguen marcando a nuestra comunidades con desapariciones forzadas, torturas y asesinatos, que lejos de ser sólo recuerdos trágicos, siguen vigentes en nuestra memoria, como para recriminar el resto de la historia al régimen político corrupto y autoritario que nos gobernaba en aquel entonces”.
“Tampoco podemos olvidar la matanza de Aguas Blancas en 1995, donde decenas de campesinos fueron asesinados a sangre fría por el Ejército y la policía, mientras ellos exigían justicia para sus comunidades. Este crimen de Estado cometido por autoridades que se suponen deberían proteger al pueblo y a pesar de que han pasado décadas aún enfrentamos la impunidad que acompaña estos actos, debido a la deficiencia del sistema judicial”, agregó Ocampo Manzanares.
Otro caso que mencionó fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida en Iguala, en 2014, durante el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto.
Sin decir nombres, la diputada aseguró que muchos de los perpetradores y actores en la desaparición de los 43 “se acobardan, desde Israel, o en España, evadiendo la justicia”.
Al final de su participación, aseguró que como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso alzará la voz en nombre de las víctimas, y se pronunció porque el Día Internacional de los Derechos Humanos no sólo sea un día más en el calendario, “sino que signifique un compromiso renovado con la justicia, la verdad, la reparación y el derecho a vivir en paz”.
El PRI creó la CNDH
Al concluir su participación, la priista Beatriz Vélez Núñez solicitó hacer uso de la palabra para hablar sobre el mismo tema, y al iniciar su discurso en la tribuna dijo: “cada mes en el estado de Guerrero mueren más que los muertos de Aguas Blancas”.
Se lanzó contra la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al asegurar que actualmente “hay muestras de insensibilidad” por parte de su titular, María del Rosario Piedra Ibarra, para atender las denuncias que llegan a dicha institución.
La priista defendió a su partido de las acusaciones de la morenista, y aseguró que durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se creó la CNDH, junto con otros organismos locales para defender los derechos humanos.
“Resulta interesante hacer esta narrativa histórica en la evolución de los derechos humanos, porque el PRI, en los tiempo que gobernó, tuvo la visión de ponderar derechos de los ciudadanos, y que las instituciones estén al pendiente y al servicio de quienes necesitan defensa ante los abusos”.
La priista aprovechó para lanzarse contra la actual administración de la CNDH, al asegurar: “hoy vemos, y escuchamos los reclamos por el desinterés que existe en el actuar de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Quien se ha mostrado insensible ante las circunstancias evidentemente violatorias de los derechos humanos: secuestro de migrantes, sin pronunciamientos, sin pronunciarse en materia de desaparición forzada, entre otras. De ahí que sin duda, en las administraciones encabezadas por el PRI se trabaja en beneficio, en pro de los ciudadanos, buscando su bienestar e impulsando instituciones que de verdad los representen”.
A la participación de Vélez Núñez ya no hubo respuesta por parte de Ocampo Manzanares, sin embargo la diputada Obdulia Naranjo Cabrera (PVEM) y Leticia Mosso Hernández (PT), se sumaron a la discusión, aunque sus participaciones se centraron en mencionar que hay avances significativos en México en pro de la justicia y no discriminación; sin embargo, y que es obligación de las autoridades trabajar en la protección, promoción y garantía de los derechos de todas las personas.
Iniciativas
En la sesión, la diputada Guadalupe García Villalva, de Morena, presentó una iniciativa de adición a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado para crear la Subsecretaría para la Atención y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Afromexicanas, misma que estará integrada en la estructura de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Sedepia), la cual fue turnada a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos para su análisis y dictaminación.
El diputado Carlos Eduardo Bello Solano, también de Morena, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para establecer un plazo de 15 días naturales para que los servidores públicos proporcionen la información requerida por las comisiones o comités del Congreso local, con un segundo requerimiento de cinco días en caso de incumplimiento, y si la omisión persistiera, se prevé la comparecencia del funcionario ante el Pleno del Poder Legislativo. La iniciativa se turnó a la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos.
Otra iniciativa presentada fue una de la diputada Diana Bernabé Vega (Morena), quién remitió a la Mesa Directiva una adición al Código Penal del Estado para tipificar como delito el uso indebido de drones, “con sanciones de 3 a 20 años de prisión, cuando se utilicen para agredir a personas o bienes, para facilitar el transporte de drogas o armas, se atente contra las vías de comunicación o para violar la privacidad de las personas”. Fue turnada a la Comisión de Justicia.
Ha sido la antigua dirigente sindical del sector Salud en el estado, ahora diputada local, Beatriz Velez Núñez la que ha presentado una solicitud para que el Congreso inscriba en letras doradas el nombre del gobernador José Francisco Ruiz Massieu en el muro de honor del Salón de Sesiones por “su compromiso con el servicio público y su influencia en la construcción de la democracia en México”.
Y aunque los demás diputados priístas y representantes de los partidos políticos han permanecido callados, vale la pena levantar la voz antes de que la iniciativa prospere, dada la juventud y posiblemente corta memoria de los diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política que no vivieron ni sufrieron las consecuencias del desempeño de este personaje en su cargo de gobernador.
El propio hecho de que quien promueve la iniciativa sea una persona representativa del más viejo y antidemocrático modelo sindical, conocido en el lenguaje de los trabajadores como charrismo sindical, indica lo contradictorio de la propuesta, en el caso de que fuera cierta su afirmación de que quien gobernó del primero de abril de 1987 al 31 de marzo de 1993, “mostró su compromiso con el servicio público” no tuvo nada positivo para Guerrero, fuera de su partido y del gobierno.
Su “influencia en la construcción de la democracia en México”, como dice la diputada, fue que no le tembló la mano para ahogar a sangre y fuego las protestas de la oposición opuesta al fraude electoral que hasta entonces era el sello del régimen antidemocrático del imbatible PRI.
Para quienes no lo vivieron, el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu fue uno de los más represivos y antidemocráticos, incluso comparado con el sombrío desempeño del figueroísmo. El resultado de la gestión del acapulqueño no significó ningún avance para la sociedad guerrerense del que los priístas puedan presumir, y menos la oposición política de entonces que pagó su cuota de sangre y muertos para llegar al sistema democrático del que hoy disfrutamos.
Ruiz Massieu en su papel de gobernador y Rubén Figueroa Alcocer como dirigente estatal del PRI ahogaron en sangre las protestas de los pueblos que cívicamente se opusieron al fraude electoral del partido de Estado en 1989. El gobierno de Ruiz Massieu nunca reconoció que la izquierda partidista hubiera concretado la hazaña de atraer a la vía pacífica a los núcleos guerrilleros que habían tomado el monte en respuesta a la persecución. Al contrario, en un gesto del más puro cinismo fue capaz de calificar al PRD como el partido de “la sangre y la violencia” a sabiendas de que el partido ponía la sangre y su gobierno la violencia.
Aunque se definía como un gobierno de “ideas y hechos”, Ruiz Massieu nunca discutió con la izquierda, su odio era visceral y su ego tan desproporcionado que ni siquiera se ocupó de negociar una salida democrática para los 24 ayuntamientos en disputa. Ruiz Massieu no entendía de iguales, se sentía superior a todos. No era un demócrata, por eso dejó en manos de Figueroa y de Rubén Robles Catalán la solución del conflicto, al más viejo estilo cavernícola.
Su encumbramiento como gobernador sin haber pasado nunca antes por otro cargo de elección popular lo perjudicó porque en vez de reconocer que llegó al poder gracias a que emparentó con Carlos Salinas, creyó que todo le estaba permitido, hasta que la realidad se encargó de ponerlo en su lugar.
Quienes han estudiado su paso por el servicio público afirman que Ruiz Massieu no quería interlocutores sino subordinados. Su fama de intelectual brillante le servía para menospreciar a los demás, no importa que fueran de su propio partido. A los diputados que su asesinato le impidió coordinar les decía “fordcitos de los sesentas” porque comentaba que intelectualmente se habían quedado en el pasado.
Haber sido lector de muchos libros no le ayudó ni para entender la realidad del estado ni para evitar coludirse con el asesino clan de los Salinas. El político de altos vuelos bañó en sangre al estado y creo que en mal momento se le ocurrió a la diputada priísta proponer su reconocimiento por el “compromiso con el servicio público” porque en todo caso sería el compromiso consigo mismo y a lo sumo con su partido.
Pero como la propuesta de ser reconocido con su nombre en letras de oro en el Congreso del estado, conviene volver a lo más relevante que tuvo en su gestión como gobernador desdeñando las negociaciones con el doctor Rosalío Wences Reza para alcanzar una salida política al conflicto post electoral.
El método ideado por el “demócrata” para enfrentar el conflicto en Guerrero fue la aplicación de la llamada Operación Relámpago que se ejecutó el 6 de marzo de 1990 entre las 3 y 6 de la mañana por 800 policías antimotines y judiciales al mando de los directores de Seguridad Pública y del jefe de la Policía Judicial. La orden era recuperar los palacios municipales a como diera lugar, y en todos los casos la violencia campeó con su secuela de muertos, heridos y desaparecidos.
Uno de los casos notables de esa acción represiva fue la detención y tortura del líder costachiquense Eloy Cisneros Guillén quien ganó la Presidencia Municipal de Ometepec y formó el ayuntamiento popular. Detenido, encarcelado y torturado en el penal de Acapulco, acusado de usurpación de funciones se le fijó una fianza de 50 millones de pesos para continuar su juicio en libertad.
Ángel Aguirre Rivero que en aquel año se desempeñó como coordinador de la campaña priísta en la Costa Chica se ha de acordar muy bien de esos hechos sucedidos en su natal Ometepec, porque Eloy es su paisano.
El historiador Abel López Rosas cuenta en una entrevista para este periódico que fueron 21 los ciudadanos asesinados, cuatrodesaparecidos y cientos de golpeados durante el conflicto.
Pero en Zihuatanejo la violencia post electoral nos alcanzó antes de aquella operación relámpago. Fue el 27 de febrero de 1990 día en que en el PRD se impuso la idea de tomar los aeropuertos internacionales de Acapulco y Zihuatanejo. Los policías antimotines que impidieron la llegada de los contingentes perredistas hasta el aeropuerto, mantuvieron bloqueada la carretera en un lugar de imposible maniobra para que los autobuses pudieran moverse. Todo el día estuvieron los perredistas en espera de una solución y sin acceso a los alimentos que solo de manera clandestina se les hicieron llegar, hasta que ya en la tarde con la llegada del procurador Rubén Robles Catalán se corrió la versión de que se dejaría vía libre a los autobuses para que pudieran regresar, pero cuando ya todos habían subido empezó la acometida de los policías lanzando bombas lacrimógenas dentro de los camiones, obligando a todos a bajarse, indefensos y enceguecidos para volver a ser víctimas de la agresión salvaje de los policías antimotines que los golpeaban.
Esos son los “méritos” que Ruiz Massieu tuvo en el “servicio público” porque su “compromiso en la construcción de la democracia en México” no alcanzó a desarrollarlo porque fue víctima temprana del clan familiar al que sirvió y de los intereses criminales del partido en el que militó. Por eso en vez de letras doradas su nombre debe llevar el color de la sangre.
Trabajadores fue la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salu en la marcha del Primero de Mayo Foto: Jessica Torres Barrera
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
La secretaria general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA), Beatriz Vélez Núñez, informó que ninguna conquista laboral de sus agremiados será afectada por la centralización del sistema de salud al Organismo Público Descentralizado (OPD) de los Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar).
Afirmó que los directivos del servicio estatal de Salud intentaron aplicar el modelo a los trabajadores sindicalizados, especialmente al cambiar los horarios de las guardias, pero aclararon que el modelo sólo se aplicará a los nuevos trabajadores contratados que entrarán al OPD.
Aceptó no obstante que el sistema de salud en el país se integrará de manera híbrida; es decir, con trabajadores con diferentes condiciones generales de trabajo, “pero lo importante y que está garantizando el IMSS Bienestar es tener abasto de medicamentos de un 95 por ciento, que es lo que desean los guerrerenses”.
Las reformas
Además, ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para regular el Sistema de Salud para el Bienestar, que hoy entre en vigor con el que desaparece el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y tendrá el Poder Ejecutivo federal, 180 días hábiles para expedir las disposiciones reglamentarias y administrativas necesarias para la aplicación del IMSS Bienestar en el país.
Ayer, en entrevista con la líder sindical de Salud, Beatriz Vélez Núñez, comentó que el IMSS Bienestar es una OPD que fue construida para la atención médica de todos los ciudadanos que no tengan seguridad social.
Vía telefónica, dijo que en el caso de los trabajadores de la Secretaría de Salud, ahora dependerán directamente de la OPD federal, rumbo a una centralización de los servicios de salud, que contó entre 1996 y 1997, se descentralizaron operativamente, y tardó 14 años para que se concretaran todos los trabajos a los estados y estos controlaran los recursos.
“Hoy lo que está sucediendo es al revés, es regresar otra vez a la centralización de los recursos a nivel federal y van a estar manejados en lo que tiene que ver con la atención médica por el nuevo OPD IMSS Bienestar, que por cierto, hoy (ayer) fue publicado en el Diario Oficial de la Federación su nuevo esquema en el que le dice adiós al Insabi y ahora entra el IMSS Bienestar”, manifestó.
Y es que ayer el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, para regular el Sistema de Salud para el Bienestar.
En su artículo primero transitorio indica que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación, es decir, hoy; en el segundo, sostiene que el Poder Ejecutivo Federal contará con 180 días hábiles a partir de su publicación para expedir las disposiciones reglamentarias y administrativas necesarias para la aplicación del decreto.
Destaca, en el artículo cuarto transitorio, que la Secretaría de Salud, en un plazo no mayor a 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto, emitirá las disposiciones que establezcan los términos, plazos y condiciones para llevar a cabo la transferencia de los recursos humanos, presupuestarios, financieros y materiales, así como de los inmuebles, derechos y obligaciones del Insabi al IMSS-Bienestar o la Secretaría de Salud, según corresponda.
Añade que los derechos laborales del personal del Insabi que sea transferido a IMSS-Bienestar o a la Secretaría de Salud, se respetarán conforme a la ley, las condiciones generales de trabajo y la demás normatividad aplicable, y que “la Secretaría de Salud realizará las gestiones que resulten necesarias para llevar a cabo la extinción” del Insabi.
El cambio y los trabajadores de contrato y no sindicalizados
Vélez Núñez aseveró que el cambio no impactará los derechos y obligaciones de los sindicalizados, porque siguen perteneciendo a OPD Servicios Estatales de Salud todos los trabajadores de base, regularizados, formalizados u homologados, con las mismas condiciones Generales de Trabajo y su propio tabulador.
Precisó que la modificación es para los de nuevo ingreso, que actualmente son de contrato y que próximamente serán de base, y dependerán de sus propias condiciones generales que ya fueron aprobadas, pero distintas a las de los sindicalizados.
Ejemplificó que los nuevos tendrán un tabulador con 30 códigos para otorgarles en calidad de médicos, enfermeras, químicos, psicólogos, nutriólogos, etcétera, pero el tabulador de los sindicalizados tiene 221 códigos.
Expuso que tampoco el cambio modificará el escalafón, y la responsabilidad que tienen es que trabajarán de manera híbrida en los hospitales, es decir, habrá trabajadores con condiciones generales de trabajo que dependan del OPD IMSS Bienestar y otros con condiciones generales de trabajo que dependan de los Servicios Estatales de Salud.
Aseveró que en una segunda etapa tendrán que desaparecer los Servicios Estatales de Salud para centralizar completamente la salud en el país. Sin embargo, indicó que ante el fracaso del Insabi, se espera que se cumpla con los objetivos, que son surtir a más del 95 por ciento de las recetas que se dan en las unidades de salud y en los hospitales, y tener una plantilla completa de especialistas, médicos y enfermeras.
“Ha sido muy difícil encontrar especialistas, por eso hay cubanos, pero también hemos obtenido problemas con algunos cubanos en algunos estados, en donde han dejado negligencias médicas porque no son los especialistas que se hicieron pasar y que desgraciadamente eso está aconteciendo en algunos lugares”, sostuvo.
Vélez manifestó que con el arranque del IMSS Bienestar en 25 estados del país, entre ellos Guerrero, los gobiernos estatales firmarán los convenios para el traslado de los servicios de salud en centros de salud y hospitales, pero las oficinas y las siete jurisdicciones sanitarias, el Labora-torio Estatal, el Centro Estatal de Medicina Transfunsional, Vecto-res, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sani-tarios (Cofepris) y Unidades de Especialidades Médicas (UNEMES) se quedan en la Secretaría de Salud.
“Tengo entendido que el gobierno del estado inscribió al Hospital del Niño y la Madre de Chilpancingo y de Tlapa, sin embargo, parece ser que todavía no han sido afectados por el nuevo OPD, están en veremos, pero todo lo que son hospitales generales que manejaban la Secretaría de Salud se van a OPD de IMSS Bienestar, centros de salud también se van”, comentó.
Sostuvo que han dejado claro a la gobernadora, Evelyn Salgado, que necesitan que les garanticen los derechos laborales de los trabajadores sindicalizados, además, “durante muchos años hemos obtenido conquistas sindicales como son el bono de la gobernadora, los cinco días de aguinaldo extraordinarios, los días otorgados, lo de los vehículos, de tal manera, que eso ya se lo dejamos escrito para que cuando ella firme el convenio, vayan inscritos en dicho convenio, porque si no entonces, sí sería un problema de carácter social-laboral en donde saldríamos a la calle a exigir esos beneficios”.
Remarcó que los directivos siguen sin tener muy claro el modelo de IMSS Bienestar, porque querían aplicarles a los trabajadores sindicalizados el nuevo modelo, pero que son “para los nuevos contratos o las nuevas plazas que se van a otorgar”.
Argumentó que los directivos querían imponer las guardias con nuevos horarios, que traen el IMSS Bienestar, pero el sindicato tiene otros horarios, “ellos querían aplicarlos y ahí fue donde les dijimos que no confundieran el modelo de los horarios y condiciones generales nuevas, que solo es para los nuevos que van a entrar al OPD”.
Destacó que la salud en el país será de manera híbrida, es decir, con trabajadores con diferentes condiciones generales de trabajo, pero lo importante y que está garantizando el IMSS Bienestar es tener abasto de medicamentos de un 95 por ciento, que es lo que desean los guerrerenses.
“Toda la gente necesita buen material, equipo, medicamentos que sirva, los quirófanos, que haya comida en los hospitales, como es el caso del Hospital General de Acapulco donde tenemos un conflicto muy fuerte porque no están surtiendo la comida para los pacientes ni quienes están haciendo internados, los que trabajan en las jornadas acumuladas, o están en el turno nocturno y que está dentro de la ley”, aseveró.
Mencionó que espera que después de los 180 días que da el decreto al Insabi para entregar todo al IMSS Bienestar, se diga que hay medicamento, que hay una plantilla completas en los centros de salud y hospitales, que ya se otorgaron las plazas de base a los trabajadores de contrato, que hay condiciones en las unidades, los quirófanos y que todas las áreas están funcionando.
“Sigo pensando que hay que inyectarle más recursos a la Secretaría de Salud en el país, porque solo se destina el 6.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y mientras no se le entreguen más recursos a la Secretaría de Salud y al IMSS Bienestar quién sabe si se vaya a garantizar el servicio al 100 por ciento”, comentó.
Indicó que en Guerrero aproximadamente se habla de 14 mil trabajadores que entrarán al programa IMSS Bienestar de manera híbrida.
Enfermeras y trabajadores del hospital general Raymundo Abarca Alarcón en la protesta de ayer en el estacionamiento Foto: Jessica Torres Barrera
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Enfermeras del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón que rechazan el nombramiento de la jefa de enfermeras, Tania Serna Maciel, radicalizaron durante la mañana de ayer su protesta y cerraron el acceso principal y la entrada del estacionamiento, pero por la noche de informó que se acordó que habrá otra jefa de ese departamento.
Las acciones originaron la movilización de más de 50 policías antimotines que llegaron con personal de la Secretaría de Gobierno con intenciones de abrir los accesos a las instalaciones, lo que finalmente no ocurrió, luego de que se concertó una mesa de diálogo para las 12 del día.
En declaraciones a las 9 de la noche, la secretaria de la sección 36 del Sindicato de Salud, Beatriz Vélez Núñez, informó que el conflicto se resolvió luego de una reunión con el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso en el que se establece que Concepción Horcasitas, fungirá como jefa de enfermeras de lunes a viernes en los turnos vespertino y nocturno, en tanto que en el turno matutino y los sábados estará al frente Tania Serna.
Antes, las trabajadoras exigían un diálogo directo con la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, pues se quejaron que desde hace seis meses que se originó el conflicto han habido muchas reuniones con distintos funcionarios, pero no han llegado a acuerdos.
Las enfermeras cerraron los accesos desde las seis y media de la mañana, y a partir de esa hora sólo permitieron la entrada por el área de urgencias y sólo hubo atención y consultas de emergencia.
Las inconformes se concentraron en la entrada del estacionamiento, donde a las ocho de la mañana llegaron unos 50 policías antimotines a bordo de un autobús y cuatro camionetas Pick Up. Los uniformados acompañaban a funcionarios de la Secretaría de Gobierno que fueron a pedir que se liberaran los accesos para no poner en riesgo la salud de los pacientes.
“Solución, no agresión”; “Fuera Tania, Fuera Tania…”; “Fuera el director, por traidor”, coreó el grupo de inconformes y se inconformaron por la presencia de los policías.
Una de las trabajadoras, Olga Lidia Crespo, informó que el martes, el director del hospital, José Antonio Ramírez Ríos, se comprometió a instalar una mesa de diálogo para escucharlas, pero dijo que las engañó y fue la causa de que este miércoles cerraran los accesos al nosocomio.
El grupo de manifestantes rechaza el nombramiento de Tania Serna, quien fue ratificada el 25 de diciembre por la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro, sin embargo, las trabajadoras la impugnan desde su llegada, hace seis mese, según ellas porque carece del perfil para ocupar el cargo, además de que llegó a hostigar y a reprimir al personal; por ello, se instalaron en “asamblea permanente” y tomaron el área de gobierno del hospital.
“No es posible que por un acto de nepotismo se haya creado todo un conflicto”, reclamó por su parte la enfermera Rosa Lorena, quien aseguró que Tania Serna es hermana de la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Yoloczin Domínguez Serna, (aunque hay otras trabajadoras que dicen que es su media hermana y otras su sobrina).
Después de que se cerraron los accesos, hubo inconformidad de familiares de algunos de los pacientes; uno de ellos denunció que a su paciente lo intervendrían ayer por una enfermedad en la piel, pero las trabajadoras en paro explicaron que de nada servía que entrara porque no había especialistas en dermatología.
Alberto Pineda, otro familiar de un paciente denunció que su esposa estaba programada para que le realizaran un estudio por un fuerte dolor que llevaba en la espalda, pero que por el movimiento le retrasaron la atención y la mandaron a que se realizaran el estudio en un laboratorio privado.
Por la protesta laboral los familiares de los pacientes se agolparon en la entrada de urgencias, por donde era el único acceso a las instalaciones, puesto que las inconformes montaron guardias en la entrada principal y en la del estacionamiento.
Olga Lidia Crespo, informó que el movimiento es del personal de enfermería pero que cuenta con el apoyo de médicos, camilleros, personal de lavandería y de cocina.
El conflicto detonó ayer porque desde hace seis meses, aproximadamente, están pidiendo el retiro de Tania Serna, “porque el gremio de enfermería hemos sido objeto de atropellos, violencia verbal, cambios de adscripción y, en general, violaciones a nuestras condiciones generales de trabajo por ella y por la gente que le acompaña, como Isabel Ramos Herrera, Yesenia Torres Ramírez y Leticia Alarcón”, denunció Olga Lidia Crespo.
Dijo que desde hace seis meses que fueron nombradas las integrantes de ese grupo de directivas, no están trabajando y que sólo van “y se sientan en la cafetería” y recordó que a Tania la destituyeron en noviembre pasado, cuando se nombró a una nueva jefa de enfermeras mediante una convocatoria y que quien cumplió con el perfil y los requisitos fue Consuelo Horcasitas.
Agregó que posteriormente los directivos del hospital les prometieron que habría una reunión con todas las enfermeras para resolver el problema de división entre el personal, “pero seguimos esperando esa reunión”, reprochó.
Olga Lidia Crespo añadió que, por el contrario, en diciembre (el 25) Tania Serna, fue reinstalada en el cargo, “sin llevar acabo ningún acuerdo con el personal y sabiendo que han habido hechos que no permiten un ambiente laboral estable, que hay violencia, gritos y todo tipo de burlas de ella y el grupo que le acompañan”, denunció.
Dijo que derivado de ello, a partir de ayer decidieron que sea directamente la gobernadora la que atienda y resuelva la problemática; “estamos muy cansadas de no poder trabajar, sabemos que nuestro deber es con los pacientes, a los que queremos informarles que el mal servicio es porque no hay material, no servían ni los elevadores, no hay calentadores para bañar a los pacientes y no podemos trabajar de esa manera”.
Argumentó que el paciente cree que es el personal el que no les quiere atender, “pero lamentamos mucho la situación porque nuestro carácter profesional es darle calidez y la atención que se merece el paciente”.
Aseguró que el personal ha llegado a comprar el material para darle atención a los pacientes “por eso necesitamos que las autoridades nos vengan a dar una solución, pero no como la burla que nos están haciendo, que vienen, nos dan atole con el dedo y al rato la ratifican y esa esa gente la que no nos deja trabajar”.
A las nueve y media de la mañana llegó el director de Gobernación estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, quien les informó que habían llegado a un acuerdo con Vélez Núñez, para que reunirse a las 12 del día.
Les pidió que abrieran los accesos del hospital, pero las trabajadoras respondieron que lo harían hasta que iniciara el diálogo.
A las 10 de la mañana los policías se retiraron de las instalaciones, lo que relajó el ambiente, aunque los accesos del hospital continuaban cerrados por la tarde.
Se arregla el conflicto, difunde Vélez Núñez
A las 9 de la noche, Vélez Núñez informó que el conflicto se resolvió luego de una reunión con Marcial Reynoso en el que se establece que Concepción Horcasitas fungirá como jefa de enfermeras de lunes a viernes en los turnos vespertino y nocturno, mientras que el turno matutino y los sábados estará Tania Serna.
La dirigente sindical, advirtió que si las autoridades no cumplen con los acuerdos, las trabajadoras tomarán otras acciones.
Dijo que la base trabajadora en un principio no quería aceptar el pacto en estos términos, “pero les expliqué la voluntad que hay de las autoridades para continuar trabajando y dialogando”, dijo e informó que con ello se concluye mediáticamente el movimiento.
En tanto que en su cuenta de Facebook, la dirigente sindical escribió: “Se arregla el conflicto del Hospital General de Chilpancingo, esperamos que exista respeto a los acuerdos sostenidos”.
Reconoció “la fuerza, unidad y determinación del gremio” del Hospital General de Chilpancingo y agradeció a las autoridades “especialmente al Secretario de Gobierno y a la Gobernadora del Estado, Evelyn Salgado Pineda, por su intervención”.
Trabajadores del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, en su mayoría enfermeras, cumplieron ayer cuatro semanas con la toma de las oficinas de gobierno de ese nosocomio para impedir que asuma como coordinadora de la Jefa de Enfermería, Tania Serna Maciel, que, denuncian, “fue impuesta” por la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro.
La mayoría de las enfermeras apoyan para ese cargo a Concepción Horcasitas, quien también cuenta con el respaldo de la dirigencia de la sección 36 de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa).
Como consecuencia del movimiento de los trabajadores, derechohabientes del hospital denunciaron ayer que se ha afectado la prestación de los servicios y exigieron la solución del conflicto para que no se sigan vulnerando los derechos de los pacientes.
Aunque la dirigente de la sección 36 del Sntsa, Beatriz Vélez Núñez declaró el pasado martes que con el conflicto laboral no se ve afectado el servicio a los pacientes y aseguró que tienen paradas sólo las actividades de gobierno, algunos usuarios reprocharon ayer afuera de las instalaciones, la suspensión de servicios en la farmacia, el laboratorio así como en las consultas externas y las programadas con anticipación.
Domingo Nava González, familiar de uno de los enfermos denunció que ayer se encontró con la farmacia cerrada y que tuvo que salir a comprar “una larga lista” de medicamentos que le pidieron a su paciente.
Nava González dijo que cuando preguntó por qué no estaba abierta le dijeron que los trabajadores se “solidarizaron con las enfermeras”.
Reprochó que las autoridades no pongan interés para resolver el conflicto en instituciones prioritarias para los ciudadanos como son los hospitales en donde “se juega con la vida de la gente”.
El movimiento de los trabajadores comenzó el 26 de diciembre después de que la secretaria de Salud, Ibarez Castro reinstaló un día antes en la Jefatura de Enfermería a Serna Maciel y desconoció a Concepción Horcasitas, que es la que apoya la mayoría de las enfermeras.
Desde entonces las enfermeras y los trabajadores sindicalizados, que se solidarizaron con ellas, tomaron al área de gobierno para impedir que asuma sus funciones Serna Maciel.
Asimismo, trabajadores de otras áreas se han solidarizado escalonadamente con el movimiento suspendiendo el servicio en sus respectivas áreas como el de laboratorio, aunque la dirigente sindical Vélez Núñez, aseguró en entrevista el martes que en esta área se pararon las actividades pero no a causa del movimiento laboral, sino debido a la falta de reactivos.
Sin embargo ayer, familiares de los pacientes, denunciaron que la mayoría de los trabajadores de las distintas áreas suspendieron sus labores y se concentraron durante la jornada laboral en la explanada del hospital y que solamente hubo guardias retrasando el servicio sobre todo en las consultas.
Trabajadores del Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, suspendieron ayer el servicio de laboratorio y las consultas externas, como parte del movimiento que rechaza la reinstalación de la coordinadora de la Jefatura de Enfermería Tania Serna Maciel.
La Secretaría de Salud, informó por su parte en un boletín de prensa que “estos espacios de jefatura son determinaciones que la ley marca y corresponden a las autoridades sanitarias nombrarlas, no a ninguna representación sindical, ni están sujetos a negociación alguna” y pidió a quienes han denunciado la negativa del servicio en algunas áreas, que presenten sus denuncias por escrito.
La mañana de ayer algunos de los familiares de los pacientes, se inconformaron por la falta de estos servicios; “no es posible que por un conflicto laboral o por grilla barata se esté tentando contra la vida de los pacientes”, declaró Andrés Hidalgo Morales.
En declaraciones en la entrada del hospital la mañana de ayer Hidalgo Morales pidió a las autoridades que integren carpetas de investigación en materia penal, civil y administrativa, en contra de los responsables de atentar contra la vida de los enfermos.
Familiares de los usuarios del nosocomio denunciaron que durante la mañana los trabajadores suspendieron el servicio de laboratorio y las consultas externas.
La madre de una niña de dos años, expresó su preocupación porque minutos antes de la entrevista (10 de la mañana) le habían notificado que a partir de este martes también se suspenderá el servicio de pediatría; “¿y entonces qué hago?, ¿sacó a mi bebé?, preguntó.
El conflicto en el Raymundo Abarca reinició el 25 de diciembre cuando la secretaria de Salud, Aidé Ibarez Castro reinstaló como jefa de enfermeras a Tania Serna Maciel, quien es rechazada por una parte del personal de esa área y por la secretaria general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), Beatriz Vélez Núñez.
Los trabajadores que rechazan a Tania y la dirigencia sindical apoyan la designación de la enfermera Concepción Horcasitas, quien según Vélez Núñez resultó electa de una convocatoria que emitió la propia Secretaría de Salud y en la que participaron todas las enfermeras que cumplieron con los requisitos. Aseguró que la mejor evaluada fue Horcasitas.
El viernes pasado, tras encabezar una protesta en las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, Vélez Núñez se reunió con Ibarez Castro pero no hubo acuerdos, y por ello advirtió que van a seguir exigiendo la reinstalación de Concepción Horcasitas, y el movimiento se recrudeció ayer.
“A partir de hoy no hay servicio de laboratorio, los familiares de los pacientes (que acudieron a solicitar ese servicio) se tuvieron que regresar desde las seis o siete de la mañana, y hay gente que viene desde la Montaña, no es justo que les hagan esto, reprochó Hidalgo Morales, familiar de uno de los pacientes entrevistado en la entrada del hospital.
Los familiares de algunos enfermos denunciaron también que sólo había servicio de consultas en urgencias, pero no las que ya estaban programadas.
“Yo vi que estuvieron regresando a varios pacientes de las 6 a las 9 de la mañana, estaban preguntando que cómo le iban a hacer con las muestras que traían o con las personas que traían para donar sangre, pero no tuvieron respuesta”, dijo uno de los familiares.
Hidalgo Morales, dijo que está acuerdo en que los trabajadores reclamen un derecho, “pero para nosotros, los familiares de los pacientes, eso no nos interesa, ¿dónde está el derecho de nosotros como ciudadanos?, ¿dónde está el derecho a la salud de la que tanto dicen que se preocupan las autoridades’, ¿dónde está el derecho a la vida de nuestros pacientes?, cuestionó.
Pidió que si los trabajadores tienen problemas entre ellos o con las autoridades, que lo arreglen sin afectar a los pacientes, “con todo respeto, ellos exigen un derecho laboral y nosotros que pagamos nuestros impuestos que ellos cobran, ¿dónde quedamos?”.
“No sé si sea un conflicto laboral, o grilla barata, argumentan que quieren sacar a una persona, pero eso a nosotros no nos interesa, nos interesa la salud de nuestros pacientes, el servicio, creo que por encima de su derecho está el derecho fundamental a la vida”, reclamó Hidalgo Morales.
Aunado al conflicto denunció que hace falta equipo y medicamentos; “no hay batas, no hay cambio para las camillas, no hay sábanas, no hay higiene, imagínese, están manejando biológicos, tratando a enfermos con infecciones y entre ellos hay niños, no es posible que los estén poniendo en riesgo”, reprochó.
El viernes, la dirigente de la sección 36 del Sindicato de Salud Vélez Núñez, informó que el retiro de la jefa de enfermeras Tania Serna había sido un acuerdo con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda pero que el 25 de diciembre, en pleno periodo vacacional, la secretaria de Salud reactivó el conflicto al imponerla nuevamente “lastimando los derechos de todo el personal de enfermería del hospital”.
Agregó que derivado de ello desde ese día los trabajadores se mantienen en “asamblea permanente” en el hospital, “por esa situación y por varias mentiras que se manejaron por parte del responsable del hospital”, argumentó.
A la salida de la reunión del viernes con la secretaria de Salud Ibarez Castro, la dirigente sindical informó que le expusieron a la funcionaria “la postura de la organización sindical que es el apoyo a la compañera Concepción Horcasitas porque resultó ganadora en la convocatoria, pero que el 25 fue retirada de manera abrupta de parte de la dirección del hospital”.
Vélez Núñez, dijo que según la secretaria de Salud, el cargo a Tania Serna lo autorizó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y que ella (la secretaria de Salud) no puede retirar una indicación que viene de la gobernadora.
“Yo le hice la propuesta de que dado que no tuvimos el nombramiento de la gobernadora, ni ninguna de las partes, que en el hospital de Chilpancingo, en lo que está la transición a IMSS-Bienestar, no hubiese jefatura de enfermería y que como organización sindical garantizábamos que todo el personal iba a manejarse como se marcan las condiciones generales de trabajo para cumplir y atender a toda la ciudadanía que acude al hospital de Chilpancingo”, informó Vélez Núñez en una transmisión por Facebook la noche del mismo viernes.
Informó que el acuerdo fue que el miércoles de esta semana revisarían el asunto y que Ibarez Castro consultaría con la gobernadora para darle una respuesta.
Sin embargo a partir de ayer el movimiento se recrudeció, antes de la fecha convenida en esa reunión.
Nombramiento de jefa no corresponde al sindicato: Ssa
En su boletín de prensa, la Secretaría de Salud, informó por su parte que “estos espacios de jefatura son determinaciones que la ley marca y corresponden a las autoridades sanitaria nombrarlas, no a ninguna representación sindical, ni están sujetos a negociación alguna”.
La dependencia informó que el argumento en contra de Tania Serna Maciel es que no cuenta con el perfil, pero la dependencia respondió que es licenciada en enfermería y que cuenta con título y cédula “debidamente acreditada por las autoridades correspondientes”.
Agregó en su comunicado que la dirección del hospital ha dado las instrucciones al personal de no negar el servicio a los usuarios, y no dejar de atender el resto de las áreas, “se ha respetado el derecho a manifestarse siempre y cuando se cumpla con la ley, sin afectar a terceras personas, la prioridad es la salud y la vida de los guerrerenses” .
La secretaria general de la Sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Secretaría de Salud (Sntsa), Beatriz Vélez Núñez, informó que la propuesta inicial de centralización de los servicios estatales de Salud al IMSS Bienestar en Guerrero es incluir sólo personal médico de siete u ocho de los 14 hospitales generales en la entidad y de los 35 hospitales comunitarios, dejando fuera al primer nivel de atención en los centros de salud y a los trabajadores administrativos.
Consultada vía telefónica sobre los planes en su quinto periodo al frente de la sección 36, tras ser reelecta, indicó que la propuesta es que primero se integre a personal médico y de enfermería de contrato al nuevo esquema de Salud federal, para que comiencen a recibir un salario digno.
Si hay plazas federales, pide que se respete la cadena de escalafón del personal formalizado, homologado y regularizado con mayor antigüedad, y mientras siga la transición, que continúen las condiciones del Contrato Colectivo de los sindicalizados.
Sin embargo, aclaró que aún existen lagunas en la propuesta del gobierno federal, incluso, siguen las mesas de trabajo en las oficinas del Sntsa en la Ciudad de México sobre la centralización de los servicios de Salud en Colima, “que podría resultar un modelo bien asentado en los otros estados”.
Si se impone a los trabajadores un sistema que trastoque sus derechos, advirtió que habría un conflicto social, no sólo laboral.
Confió en este momento, en la relación cordial y de respeto con el gobierno estatal, a través de los interlocutores que designó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda. Criticó el papel de la secretaría de Salud, Aidé Ibarez, como cabeza de sector, con quien no tienen ninguna comunicación.
Del adeudo histórico de la SSA estatal al Fovissste, por no enterar las aportaciones de los trabajadores, señaló que promoverán un tercer paquete de juicios de amparo con unos 600 trabajadores para reclamar el pago.
Recordó que el sindicato tramitó 2 mil 200 amparos, resultado de que hace dos meses la Secretaría de Hacienda “cobra a lo chino partes proporcionales de la deuda que se tiene de las partidas federales. El mes pasado casi cien millones de pesos”.
Del plan de trabajo, señaló como primer tema, a los más de 7 mil 500 trabajadores que no tienen plazas según su perfil y exigen la recategorización según su función y estudios.
Radiografía laboral de salud
Después de 14 años en el puesto, la líder sindical y ex diputada federal del PRI fue reelecta este lunes 5 de septiembre.
De la nómina del sector, Vélez Núñez indicó que 7 mil 200 trabajadores tienen plazas federales. Su pago llega etiquetado del gobierno federal a la Secretaría de Salud Estatal.
Alrededor de 9 mil fueron clasificados en diferentes periodos como homologados, regularizados y formalizados, y el gobierno estatal debe aportar 50 por ciento de sus ingresos. Aclaró que a la administración central le toca informar cuántas plazas no tienen techo presupuestal. Además, de 4 trabajadores mil de contratos.
Adelantó que el sindicato con mayoría, la Sección 36, mantendrá el control de la relación patronal, de acuerdo a la reforma federal que hubo, cuando el IMSS Bienestar absorba a sus agremiados.
Nuevo esquema de Salud
“Sabemos que en Guerrero van a escoger sólo a hospitales básicos o comunitarios y generales, para que pasen a IMSS Bienestar. Van a dejar fuera a las jurisdicciones y primer nivel de atención de Centros de salud”, señaló la dirigente sindical.
Por ello, añadió que la organización planteó que inicien con los de contrato, y que respete al personal formalizado, homologado y regularizado con mayor antigüedad, para se les entreguen plazas federales, si las hay.
Subrayó que, si no hay reuniones previas a la centralización, las autoridades van a originar un conflicto social, no sólo laboral.
“Se imagina el tema con los compañeros que están contratados con la SSA y de la noche amanecen con el IMSS bienestar bajo otro régimen, es complicado. Pedimos mesas de trabajo para que de esa manera podamos tener acuerdos y se pueda no trastocar el derecho laboral”.
Señaló que la centralización del sistema estatal de Colima avanza muy lentamente, “se están topando con pared en muchos temas”.
Recordó que la OPD IMSS Bienestar tiene un periodo de implementación, y el Sntsa, espera conocer el proyecto de presupuesto que presente la SHCP al Congreso de la Unión, para entender cómo va a operar.
La priista cuestionó que, al parecer, sólo quieren absorber personal médico y de enfermería, “y qué va a pasar con el personal administrativo, hay muchas lagunas, hay que esperar”.
Destacó su relación con el gobierno estado “buena, cordial y de respeto, bueno; con la secretaria de Salud, es nula”.
Consideró que Ibarez Castro, “prácticamente no ha hecho nada, con los trabajadores lo que ha hecho es generar problemas, y en el tema de la salud he visto que va entregar bolsas de medicina a comisarios, ha quedado a deber su labor al frente de Secretaría”.
En respuesta a una declaración de la funcionaria de que no existe necesidad del sindicato cuando se atienden las condiciones de empleo y suministros médicos, dijo que, habiendo, “las autoridades hacen lo que quieren, no me quiero imaginar qué pasaría si no hubiera sindicato”.
Al centro, el candidato a secretario de la Sección 36 del SNTSA, Hilario Zúñiga Escamilla, en la conferencia de prensa en la capital del estado Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Lourdes Chávez
Chilpancingo
El candidato de la planilla roja a la secretaría general de la sección 36, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), Hilario Zúñiga Escamilla, anunció el comienzo de su campaña.
Esto, una semana después del plazo de registro oficial, porque antes le negaron la posibilidad de participar en la elección del 5 de septiembre.
En conferencia de prensa, informó que consiguió el registro hasta este miércoles 24 de agosto, en las oficinas centrales del sindicato en Ciudad de México, donde protestó con simpatizantes y organizaciones sociales, así como presentaron las pruebas de las irregularidades que se cometieron.
“Tuvimos dificultades por las prácticas caciquiles, por intereses de quien lleva cuatro periodos, 14 años en la dirigencia sindical. Porque la comisión electoral que vino a registrar a los candidatos (el 18 de agosto) está en contubernio con la ex líder sindical”, dijo de la candidata de la planilla oro, Beatriz Vélez Núnez.
Llamó de manera especial a las 5 mil enfermeras, contratadas con códigos de auxiliares hace ocho años, a apoyarlo y luchar para que se reconozca a su perfil, de licenciatura, especialidad, maestría o doctorado, “tenemos que avanzar, fue un abuso contratarlas como auxiliares”.
Reconoció el apoyo que la planilla roja recibió en Ciudad de México, de organizaciones sociales y demócratas, “no les quedó de otra más que registrarnos para poder competir, ahora ya tenemos todos los derechos”, indicó.
Explicó que cuando entraron a las oficinas centrales, durante cinco horas demostraron con pruebas, al encargado de las elecciones nacionales, Francisco Becerril Chimal, cómo se maniobró para descalificar a su planilla, “quedó convencido de que debe hacer competencia democrática”.
Señaló que “de la chistera, la Comisión Electoral sacó 10 casillas más y nos daban una hora para cubrir los nombres y documentos de los representantes. No podíamos ir a Tierra Caliente o a la Montaña a traer compañeros y registrarlos”.
Del sindicato nacional, indicó que aglutina a unos 400 mil trabajadores, con distintas expresiones, y la Comisión Electoral que vino a organizar el proceso a Guerrero es de la línea de Vélez Núñez.
Asimismo, recordó que la convocatoria de Guerrero, distinta a otros estados, se mantuvo oculta yse dio a conocer de un día para otro.
“Nos robaron una semana de campaña, pero desde ayer comenzamos la promoción de la planilla. Nos vamos desplazar por el estado, hay euforia por un cambio. Ya presentamos el plan de trabajo”.
La enfermera del hospital general Raymundo Abarca, Isabel Ramos Guerra, llamó a sus compañeros a no tener miedo y no prestarse a la práctica recurrente de los oponentes, que exigen fotografías del voto, “es ilegal y no se debe aplaudir, ni ejercer”.
Confió en que, con el triunfo de la planilla roja, habrá condiciones laborales que por ley les corresponden, justicia laboral y equidad.
El médico Marco Antonio Terán añadió que Vélez Núñez hizo mucho daño a la salud de los guerrerenses, sobre todo en las zonas más pobres del estado.
Recordó que cuando comenzó a trabajar, en 1997, en la Jurisdicción 4 de la Montaña, recibieron bases para estar mínimo 10 años en la plazas de trabajo, a fin de arraigarse en la región, muchos obtuvieron sus cambios después de 12 o 13 años.
Pero después de Beatriz Vélez asumió la dirección del sindicato, en complicidad con las autoridades estatales, hace unos diez años promueven los cambios de médicos especialistas, después de dos o tres años de servicio. Así desmanteló de especialistas a los hospitales en las regiones.
Añadió que hoy se habla de que tiene 400 trabajadores comisionados para las actividades políticas sindicales, que además, son operadores fuera del sector salud.
Aclaró que de ganar la elección sólo se mantendrá un periodo, para permitir la transición de las nuevas generaciones y evitar el charrismo sindical y cacicazgo sindical.
Unos 20 trabajadores del sector Salud estatal protestaron afuera del salón Teotihuacán del Centro de Convenciones en el Acapulco Dorado, durante el foro de consulta para trazar la ruta hacia el Pacto de Reconciliación Nacional, propuesto por Andrés Manuel López Obrador.
Los inconformes exigieron la salida de la secretaria general de la sección 36 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (Sntsa), Beatriz Vélez Núñez, y la acusaron de represiva por el cobijo y cercanía con el gobernador, Héctor Astudillo Flores.
Exigieron la renuncia de la dirigente sindical, a quien acusaron de reprimirlos porque no la apoyaron en la elección pasada, cuando contendió por la alcaldía de Chilpancingo, pero perdió ante Antonio Gaspar, candidato del PRD y el Frente por México.
Denunciaron también que el pago de un fondo de ahorro debió ser entregado los primeros días del mes, pues en otras secciones sindicales ya se depositó el dinero, no sólo a los sindicalizados, sino también a los homologados y de contrato.
“Las autoridades generan, desarrollan, operan una gran violencia administrativa contra los trabajadores del estado. Por otro lado, el comité nacional del sindicato nos informó que, hace aproximadamente dos meses depositaron el dinero de este concepto y que fue enviado a la entidad para su pago correspondiente”, acusaron los manifestantes.
