La impunidad hace mucho daño a la sociedad, advierte el arzobispo

El arzobispo de la arquidiócesis de Acapulco, Leopoldo González González, pidió a autoridades que tienen la responsabilidad del bien común, garantizar el derecho a la vida, porque indicó que la impunidad hace mucho daño a la sociedad.
Ayer en su mensaje que difundió en su cuenta oficial de Facebook, lo dedicó a la Semana por la vida, como parte de las acciones de promoción de la paz y agradeció a quienes desde la concepción de la niña o el niño lo cuidan en un ambiente favorable.
González González llamó a todos los que tienen responsabilidad en la formación de la conciencia desde la familia, escuela, Iglesia y medios de comunicación, poner especial empeño en que la palabra “no matarás”, siga siendo muy fuerte para todos, “Dios la ha puesto en sus mandamientos para protegernos, para cuidar a cada uno”.
“Quien tiene a su cargo el cuidado del bien común desde el servicio de autoridad, ha de garantizar el respeto de este derecho; el más fundamental de la persona humana, el derecho a la vida, la impunidad hace mucho daño”, precisó.
Agregó que desde la Iglesia se tiene claro que la paz verdadera sólo se alcanza cuando se reconoce la dignidad de cada person.
“La celebración de esta semana por la vida nos fortalezca a todos como artesanos de paz”, dijo y precisó que el lema de reflexión de estos días es la Iglesia custodia de la vida y de la dignidad humana promotora de paz.(Aurora Harrison).

 

En Guerrero hay impunidad e inacción de autoridades ante feminicidios, señalan

Familiares de víctimas de feminicidio y desaparición de la región Montaña, durante su participación en el Cuarto Tribunal por los Derechos de las Mujeres, que organizó Tlachinollan y se realizó en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, en el centro de la capital Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En el Cuarto Tribunal Mi Voz Honrara tu Memoria, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, se denunció la impunidad y la inacción de las autoridades en los casos de feminicidios y desaparición de personas, que siguen aumentando en la entidad.
Como parte de las actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Cuarto Tribunal Mi Voz Honrara tu Memoria, se realizó en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde se presentaron testimonios de personas desaparecidas y de feminicidios de indígenas de la región de la Montaña.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández, dijo que de parte de las autoridades no hay un acompañamiento adecuado a las familias de personas que han sido víctimas de la violencia.
“Es muy grave el problema de los feminicidios, en Guerrero es algo que se está incrementando y está al alza y vemos que las autoridades están realmente muy lejos de atender, proteger, acompañar y de estar al lado de las mujeres”.
En estas circunstancias, dijo que los familiares de las víctimas se sienten en un ambiente de indefensión, sobre todo por la falta de investigaciones para dar con resultados y los responsables materiales e intelectuales de los feminicidios y desapariciones.
Resaltó por ello la importancia “de venir aquí, a un recinto del Poder Judicial para poder darles voz a las víctimas o a sus familiares que están luchando en medio de tantas adversidades para alcanzar justicia”.
La abogada de Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, reprochó el desdén de las autoridades a eventos como éste que se realizan para que escuchen de manera directa los testimonios.
Informó que como en años anteriores se realizó la invitación a las diferentes autoridades, sin embargo, ayer otra vez quedaron sus asientos vacíos.
Este viernes solamente asistió la representante de la presidenta de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Cecilia Narciso Gaytán, Vianey Castorena. El resto de las autoridades del Gobierno del estado, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del propio TSJ no asistieron.
Arias Vitinio añadió que mientras las autoridades desdeñan estos eventos en los que las victimas podrían tener la oportunidad de presentar sus testimonios de manera directa a las autoridades, “desafortunadamente no hay responsables, no hay castigo, no hay detenidos y esto es un grave problema que está lacerando principalmente a las mujeres”.
El encuentro comenzó con un minuto de silencio para todas las victimas de feminicidios y de desapariciones “que desafortunadamente les ha tocado vivir este clima de mucha violencia”, indicó la abogada.
Escucharon los testimonios Omaira Ochoa Mercado, del Observatorio de Feminicidios, de la Ciudad de México; Ana Sandra Salinas, abogada de la agrupación feminista Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), Beatriz Adriana Rivera, integrante del Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez y Olga Mondragón González, del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera.
Uno de los testimonios fue el de Lucila Mendoza García, de 19 años, indígena Ñuu savi, originaria de la comunidad de Pueblo Viejo municipio de Metlátonoc, quien desapareció el 9 de mayo del 2022 cuando cursaba el tercer grado de sus estudios en el Centro de Bachillerato de Tlapa y desde cuando se desconoce su paradero.
Otro de los testimonios fue el de Aurelia Vásquez Velásquez quien está desaparecida desde abril del 2020 en Cochoapa el Grande, después de que los familiares de su esposo la acusaron de matarlo pero demostró su inocencia.
Otro testimonio fue el de feminicidio de Yesenia Romualdo Herrera, de 23 años de edad y originaria de
Oztocingo, municipio de Copanatoyac, su cuerpo fue encontrado flotando en el río cerca de ese pueblo el 21 de septiembre del año pasado con un 75 por ciento de quemaduras.

Sigue suspendido el transporte público de la ruta de Hospitales por tercer día consecutivo

Argenis Salmerón

Por tercer día consecutivo siguió suspendido el transporte público de camiones y camionetas Urvan de la ruta de Hospitales y las demás continúan laborando parcialmente, debido a los ataques violentos y agresiones a ese gremio.
Las personas tienen que utilizar taxis azul con blanco, y los choferes de esa modalidad aumentaron la tarifa mínima a 120 pesos, cuando antes cobraban 80 pesos.
Numerosas personas tuvieron que caminar para llegar a sus trabajos o pidieron aventón por la falta de transporte en las avenidas Constituyentes y Ruiz Cortines.
Las rutas de camiones que mantienen suspendido totalmente el transporte son los camiones de las rutas Hospital-Vacacional, Hospital-Renacimiento, Hospital-Zapata y Hospital-Sinaí.
Además de las rutas Hospital-Primero de Mayo y Hospital-Y griega-Caleta, pertenecientes al bloque 3.
Asimismo, las camionetas Urvan de las rutas Caleta-Fovissste y Infonavit-Alta Progreso-Caleta, tampoco las rutas de la colonia Morelos y María de la O prestaron el servicio.
Los camiones y camionetas Urvan circulan por el Mercado Central, las avenidas Constituyentes y Ruiz Cortines y pasan por la zona de hospitales como el IMSS y el ISSSTE.
Los taxis colectivos que circulan por la avenida Cuauhtémoc prestan el servicio parcial. Los choferes incrementaron de 40 a 70 pesos la tarifa, siendo la autorizada 22 pesos.
Los taxis colectivos deben llegar hasta donde estuvo el Cine Río, cerca del Mercado Central, pero se dan la vuelta en Las Anclas.
En la calzada Pie de la Cuesta solamente están trabajando las rutas de camionetas Urvan de las rutas Pie de la Cuesta-Centro, Jardin Azteca-Centro, Jardin-Palmas, pero hasta el panteón de San Francisco, donde se dan vuelta y ya no llegan al Zócalo, por lo que la gente tiene que caminar. También ofrecen el servicio algunos taxis colectivos.
Las rutas que están paradas totalmente son las camionetas Urvan Antorcha Revolucionaria-Caleta, Potrerillo-Caleta y calle 8 y 9-Centro, que circulan por la avenida Ejido.
En la avenida Costera, los camiones amarillos con aire acondicionado están funcionando de manera normal y los camiones urbanos de la ruta Base-Hornos-Caleta.
Hay escasos taxis colectivos y camiones urbanos de aire acondicionado de las rutas Costera-Coloso y Costera-Colosio.
El sistema Acabús sigue el servicio normal, pero sus camiones van saturados de usuarios que se aglomeran en las estaciones, principalmente las que se ubican en la avenida Cuauhtémoc.
Los choferes de las camionetas Urvan ruta Aeropuerto-Vacacional trabajaron de manera normal. Estas circulan de la zona suburbana a la zona Diamante.
En un recorrido a las 8 de la mañana y 3 de la tarde no había recorridos ni filtros de seguridad de los tres órdenes de gobierno en las principales avenidas.
Tampoco operaciones de los inspectores de Transporte para detener el abuso de los choferes de taxis azul con blanco y colectivos.
El domingo pasado, un camión urbano de la ruta Primero de Mayo-Caleta fue incendiado en la avenida Cuauhtémoc, frente al Autozone.
Ese mismo día, un chofer de taxi colectivo fue herido a balazos en ldavenida Cuauhtémoc, frente al Autozone, y el sábado un chofer de camión urbano fue atacado a balazos, en la carretera federal México-Acapulco.
En enero pasado, el servicio público en Acapulco se suspendió 11 días de manera total por amenazas y agresiones del crimen organizado.

Asesinan en la entrada de la Secretaría de Salud al fundador de la UPOEG Bruno Plácido

 

 

Asesinan en la entrada de la Secretaría de Salud al fundador de la UPOEG Bruno Plácido

 

El ataque ocurrió a las 5 de la tarde, cuando el dirigente indígena también fundador de la CRAC había acudido a solicitar audiencia con la titular Aidé Ibarez. Dos hombres que llegaron en motocicleta le dispararon 15 balazos. También murió acribillado su chofer. Estaba amenazado por grupos diversos de la delincuencia organizada, comenta un familiar. A?medianoche, cuando salía de una reunión de la Normal de Ayotzinapa fue atacado a balazos el párroco y defensor de derechos humanos Filiberto Velázquez, quien resulta ileso

 

 

 

Chilpancingo y Acapulco, Guerrero, 18 de octubre de 2023. El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo, afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud estatal.

El ataque se dio cerca de las 5 de la tarde, cuando Bruno Plácido salió del lugar y dos hombres que llegaron en una motocicleta le dispararon en la cabeza. También, mataron a su chofer Abad Ruiz García, que lo acompañaba.

Plácido Valerio quedó tirado boca abajo en la rampa para minusválidos que se encuentra a 2 metros de la salida principal de la Secretaría de Salud. Vestía camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y zapatos negros.

Su acompañante quedó tirado boca arriba a 5 metros de distancia del dirigente indígena, entre la rampa y la banqueta que da a la avenida Ruffo Figueroa.

La ambulancia llegó 10 minutos más tarde, pero los dos cuerpos ya se encontraban sin vida.

Una fuente de la Fiscalía del Estado informó que en el lugar quedaron al menos 15 casquillos percutidos de calibre 380.

En las oficinas se encontraban pocos trabajadores, que abandonaron el lugar luego de escuchar los balazos. La zona fue acordonada por policías estatales, que pusieron una cinta amarilla desde el estacionamiento hasta la avenida que fue cerrada.

Al hecho llegaron más tarde los peritos de la Fiscalía que realizaron las diligencias, mientras que la Policía Ministerial tapó con sus patrullas el lugar para evitar que reporteros tomaran graficas.

El cuerpo de Bruno Plácido Valerio fue levantado a las 6:15 y subido a la camioneta del Servicio Médico Forense. El de su compañero fue levantado 20 minutos antes y depositado en el mismo vehículo.

Abad Ruiz era chofer del dirigente de la UPOEG desde hace 5 años y también eran originarios de la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán en la Costa Chica del estado.

Una fuente de Salud reveló que Bruno Plácido llegó una hora antes a las oficinas, para solicitar una audiencia con la secretaria, Aidé Ibarez Castro, que se encontraba en reunión y el dirigente optó por esperar.

La versión es que Plácido Valerio salió del lugar y en ese momento fue atacado.

Dos horas antes salió en una fotografía en la página Web de El Sur, donde se encontraba en el centro comercial en el que fue asesinado el trabajador activo de la Secretaría de Salud y químico, Hugo Miguel Morales Sánchez, quien también vestía camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y zapatos negros.

Bruno Plácido Valerio fue fundador y promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) hasta el año 2010 que se dividió y fundó la UPOEG, una organización que luchó contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los cobros justos de luz en las comunidades de Costa Chica y Montaña.

En 2013 fundó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), que en enero del 2013 levantó en armas a 5 mil pobladores para expulsar de la Costa Chica hasta Petaquillas al grupo delincuencial de Los Rojos.

Un familiar cercano comentó a El Sur que Bruno Plácido “estaba amenazado prácticamente por todos los grupos de la delincuencia”, en especial por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos que son los que pelean las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla donde sigue habiendo presencia de policías de la UPOEG a los que les pretenden quitar su territorio.

El cuerpo de Bruno Plácido Valerio será llevado a su pueblo natal Buenavista, donde será sepultado.

 

 

 

 

Bruno Plácido fue fundador de la CRAC y de la autodefensa que ocupó Ayutla en 2013

 

El controvertido, temerario y a veces atrabancado dirigente indígena Bruno Plácido Valerio fue fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en 1995, de la que por diferencias con el entonces coordinador Pablo Guzmán Hernández, salió en el 2010 para crear el 24 de enero del 2011 la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social.

La organización surgió exclusivamente para la gestoría social y la defensa de los usuarios de la Comisión federal de Electricidad (CFE) en la región de la Montaña, que se quejaban de las altas tarifas de la paraestatal.

Sin embargo, el 6 enero del 2013, Plácido Valerio se convirtió en el líder del primer grupo de autodefensa en Guerrero, cuando irrumpió en la cabecera municipal de Ayutla con aproximadamente 500 indígenas y mestizos armados, para enfrentar al crimen organizado que, según dijo Bruno entonces, cometía secuestros, levantaba y cobraba cuotas a los comerciantes y transportistas de la región.

El dirigente indígena denominó al grupo de civiles armados Policía Ciudadana de la UPOEG y la uniformó con playeras verdes similares a las de la Policía Comunitaria de la CRAC, la diferencia eran las siglas SSyJC (Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana) que regía a la autodefensa de la UPOEG.

Plácido Valerio, indígena na’ savi de 54 años nació el 4 de marzo de 1969 en Azoyú, donde estudió hasta la secundaria. Después, a los 24 años, tras contraer matrimonio, se fue a vivir a algún lugar de la región de la Montaña.

En 1993 llegó a radicar a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán. En una entrevista para El Sur contó que era diciembre y traía una camioneta “y algo de dinero” para instalar una tienda de abarrotes, lo que le sirvió para darse cuenta, dijo, de que la gente de la región no sólo era pobre, sino explotada y robada por los delincuentes.

Fue así que se involucró con otras autoridades agrarias y municipales de la región de la Montaña y la Costa Chica, entre ellos el Padre Mario Campos, para fundar la Policía Comunitaria de la CRAC.

Por su activismo, Plácido Valerio fue detenido y torturado durante dos días en el gobierno del priista René Juárez Cisneros junto con el padre Mario Campos y otras autoridades de la CRAC.

El dirigente indígena se convirtió en uno de los más polémicos y controvertidos dirigentes del movimiento social en Guerrero a partir de que formó la Policía de la UPOEG y su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana en enero del 2013, primero en Ayutla y después se amplió a 12 municipios de la región de la Costa Chica e incluso llegó en el 2014 y 2015 al Valle del Ocotito y hasta Petaquillas, municipio de Chilpancingo.

Sin embargo, en el 2016 surgió una división y un grupo de dirigentes encabezados por Salvador Alanís, ahora líder de la Policía Comunitaria de Tlacotepec, a la que se señala de tener vínculos con el grupo delictivo de los Tlacos, constituyeron el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), y desplazó a la UPOEG que después sólo recuperó el control en El Ocotito.

Plácido Valerio fue señalado en su momento de que fortaleció a la UPOEG a partir del 2012 con el respaldo del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.

 

La retención de militares en El Pericón

 

Encabezada por Plácido Valerio, desde su fundación la Policía Ciudadana se vio involucrada en acciones temerarias.

En agosto de 2013 miembros de la UPOEG y policías ciudadanos armados retuvieron durante dos días en El Pericón, municipio de Ayutla, a 100 militares en respuesta a la detención y el desarme por los soldados de cinco miembros de la autodefensa.

También retuvieron durante tres horas a funcionarios de primer nivel del gobierno del estado y federal que habían ido a negociar la liberación de los soldados. Ellos fueron el entonces secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo; el procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera y el operador político del gobernador Ángel Aguirre Rivero, Ernesto Aguirre.

Además, al delegado de la entonces PGR Salvador Anaya del Carmen y al delegado de Gobernación federal Juan Salgado Brito. La liberación de los militares y de los funcionarios ocurrió hasta que se convino una reunión de la dirigencia de la UPOEG con el gobernador Aguirre Rivero.

El 18 de mayo 2014, policías ciudadanos de la UPOEG atacaron al convoy de la entonces alcaldesa panista de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz, en uno de los retenes de la autodefensa en esa cabecera municipal, lo que derivó en un enfrentamiento y dos de los escoltas de la presidenta resultaron heridos.

El 7 de mayo del 2022, elementos de la Marina fueron retenidos y amenazados por integrantes de la autodefensa. “La verdad pensábamos manearlo y colgarte del puente carnal, pero por el presidente municipal (Lincer Casiano Clemente) que es nuestro amigo y de nuestra banda, vamos a dejar esto así·, le dijo al mando de los militares el comandante de la UPOEG Jesús Calleja, Chucho Calleja.

El jefe de la Policía Ciudadana fue detenido el 28 de junio con seis de sus elementos, después de un enfrentamiento con militares y efectivos de la Guardia Nacional que participaron en la detención.

La detención del jefe de la autodefensa, generó bloqueos en diferentes puntos de Acapulco y la carretera hacia la Costa Chica.

 

El declive de la Policía Ciudadana

 

El 3 de agosto del 2022, integrantes de la policía de la UPOEG atacaron a balazos a la caravana del ahora ex vicefiscal Ramón Celaya Gamboa, cuando se desplazaba en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca, cerca de Tres Palos en Acapulco, dejando como saldo dos presuntos agresores heridos, uno de ellos que murió dos días después y otros tres detenidos.

A partir de entonces la Policía Ciudadana de Plácido Valerio marcó su declive, semanas después fue replegada del corredor desde Acapulco hasta Marquelia donde mantenía el control.

El 9 de agosto, Plácido Valerio fue detenido en Chilpancingo por agentes ministeriales por robo específico y daños, hechos que habían ocurrido desde el 2016 en Tlapa por un conflicto agrario entre comuneros de Zitlaltepec, municipio de Malinaltepec, y Buenavista, de San Luis Acatlán, donde Plácido Valerio había fungido como comisariado de Bienes Comunales. El dirigente social fue liberado bajo fianza dos días después.

El 17 de noviembre del año pasado, cuatro coordinadores de la organización, Octavio Maganda Gallardo, Angélica Cruz López, Antonio Mejía Villa y Diego González Lorenzo desaparecieron al salir de una asamblea en Acapulco en la que habían asumido el cargo y hasta la fecha sigue sin saberse de su paradero.

Plácido Valerio había declarado que en el último año al menos 40 coordinadores, comandantes regionales y de ruta de la Policía Ciudadana habían sido asesinados o desaparecidos para descabezar, replegar y desaparecer a la organización desde el Gobierno estatal y desde la Fiscalía General del Estado, ahora encabezada por militares.

En reiteradas ocasiones denunció en los últimos meses que las autoridades estatales y federales habían iniciado una persecución en contra de la organización social en vez de actuar en contra del crimen organizado.

El 13 de julio pasado, el activista encabezó una asamblea en la comunidad de La Unión, municipio de Ayutla, a donde asistieron 80 autoridades de la Costa Chica que acordaron reactivar a la Policía Ciudadana de la UPOEG, “ante el avance de los grupos delictivos en las comunidades indígenas”.

El acuerdo se tomó tras un enfrentamiento una semana antes en Buenavista de Allende, municipio de Tecoanapa, que dejó un saldo de ocho muertos; cuatro miembros de la Policía Ciudadana y cuatro presuntos integrantes del crimen organizado.

Apenas el domingo pasado otro de los fundadores de la UPOEG, Carlos González Olivar, originario de San Marcos, fue asesinado frente a su familia cerca del mercado de esa cabecera municipal.

El dirigente victimado ya se había retirado de la agrupación y recientemente había salido de la cárcel acusado por el delito de homicidio, que según sus compañeros, no cometió.

Con el asesinato de Plácido Valerio, ocurrido la tarde de ayer, quedó descabezada y desarticulada totalmente la organización y su grupo de autodefensa.

Plácido Valerio contaba con medidas de seguridad; una camioneta blindada y el resguardo de una patrulla de policías estatales a partir del atentado que sufrió el empresario de Chilpancingo Pioquinto Damián Huato el 28 de enero del 2014, en el que murió la nuera del empresario, Laura Rosas Brito, en tanto que Damián Huato y su hijo resultaron heridos cerca de El Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo.

El atentado ocurrió después de que regresaban de una reunión en El Ocotito en la que Damián Huato y Plácido Valerio señalaron al entonces alcalde Mario Moreno Arcos de tener vínculos con los grupos delictivos que operaban en Chilpancingo y en el Valle del Ocotito.

Sin embargo, las medidas de seguridad con las que contaba el ahora finado se las retiró la Secretaría de Seguridad Pública estatal al inicio del actual Gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, informaron ayer fuentes de la agrupación.

 

 

 

 

No se descarta que la disputa entre grupos delictivos esté detrás del crimen: Ludwig

 

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, no descartó que el asesinato del dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, tenga relación con la disputa de grupos delictivos, como Los Tlacos y Los Ardillos, con ese grupo de autodefensa comunitaria.

En tanto, el líder de Morena, Jacinto González Varona, expresó que “todos estamos en riesgo en el estado”, y dijo que si el dirigente de la UPOEG se sentía amenazado, debió de pedir protección.

La presidenta de Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, ofreció acompañamiento a la familia del dirigente, para que puedan tener acceso a la justicia.

En declaraciones al finalizar el segundo informe de actividades de la diputada Yoloczin Domínguez Serna, realizado en Acapulco, Ludwig Reynoso calificó como un hecho “muy lamentable” el asesinato del fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones.

“Es un hecho muy lamentable, nosotros con Bruno teníamos muy buena comunicación y con él estábamos en el proceso de trabajar para que la UPOEG tuviera más orden, avanzamos en muchas cosas con él, lamento yo en lo personal, muy profundamente el asesinato de Bruno. La Fiscalía tendrá que hacerse cargo de las investigaciones y vamos a seguir muy puntualmente los hechos”, abundó el funcionario.

También a pregunta de reportero, aceptó que el crimen “podría” estar relacionado con la disputa que hay entre los grupos delictivos de Los Tlacos y  Los Ardillos con la UPOEG, “hay una probabilidad de que sea eso pero no tengo mas elementos en este momento para poder señalar a alguien en particular”.

También a pregunta de que ya son cuatro los líderes de la UPOEG asesinados en el último mes, recordó que hay divisiones y diversos grupos en esa organización, “vamos a revisar muy bien lo que está sucediendo ahí”.

Rechazó que el asesinato de un líder tan reconocido sea una muestra de la ingobernabilidad del estado.

 

“Debió pedir medidas cautelares”: Jacinto

 

El presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, expresó que “todos estamos en riesgo en el estado”, luego del asesinato de Bruno Plácido Valerio.

“Creo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, pero también nosotros los que nos dedicamos en la lucha social debemos de tomar precauciones. Creo que el compañero Bruno Plácido si tenía amenazas o temía por su vida debió de pedir medidas cautelares antes de que sucediera esto”, dijo el diputado morenista tras el informe de Yoloc-zin Dominguez, .

Y solicitó a la Fiscalía y a las instancias de gobierno encargadas de la seguridad a reforzarla y que las víctimas y sus familias accedan a la justicia. González Varona, dijo que a pesar de que este crimen ocurrió en las inmediaciones de oficinas de gobierno del estado, el Congreso y la Fiscalía General de la República, no es por la impunidad.

“Creo que no podemos tener un soldado en cada esquina, eso es evidente, eso no se puede, que estemos cuidando a cada guerrerense”.

–¿Está fallando la estrategia de seguridad entonces?

–Habría que estar revisando la coordinación que hay entre los niveles de gobierno, y pues ponderar la protección a los guerrerenses.

–¿Crees que este crimen pone en riesgo a más dirigentes sociales?

–Pues todo estamos en riesgo en el estado.

Respecto a lo sucedido en San Jerónimo, dijo que no fue una agresión a la  casa de  la alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente,  sino contra la casa  del director de Re-glamentos y Espectáculos.

Indicó que en el video se aprecia la camioneta que usa la alcaldesa y no es atacada, y que la confusión pudo venir porque ambas viviendas colindan, pero que será la Fiscalía la que informe al respecto.

 

Apreza: es “preocupante lo que sucede” en el estado

 

El coordinador de la bancada del PRI, Héctor Apreza Patrón quien también asistió al informe de Yoloczin manifestó que “es preocupante lo que está sucediendo en el estado, el asesinato de cualquier persona es lamentable, yo hago votos por que pueda reestablecerse la seguridad en nuestro estado”.

Pero dijo que la situación de seguridad no está fuera de control “evidentemente se requiere una mayor coordinación” entre “el gobierno y la ciudadania”.

 

Reconoce presidenta de la Codehum labor de Bruno

 

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, lamentó y reprobó el asesinato.

Al término de la misma actividad, reprobó la ejecución del fundador de autodefensas.

Indicó que la Codehum dará acompañamiento a la familia del dirigente para que pueda tener acceso a la justicia, “era un defensor de los derechos de la policía comunitaria de nuestro estado”, pero también era un ser humano.

La defensora de los derechos humanos expresó su solidaridad y envió su pésame a los familiares de Bruno Plácido.

 

 

 

 

Atacan a balazos en Tixtla al director del Centro Minerva Bello cuando salía de Ayotzinapa

 

El sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), José Filiberto Velázquez Florencio fue atacado a balazos en la carretera Tixtla-Chilpancingo.

El ataque se dio a la 1 de la mañana cuando el padre salió de una reunión de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, rumbo a Chilpancingo.

La versión del defensor de derechos humanos es que a 500 metros del arco de Ayotzinapa, hombres armados le dispararon.

Filiberto Velázquez viajaba en una camioneta y logró bajar y escapar corriendo a una de las entradas de la normal Rural Raúl, donde fue auxiliado por los estudiantes.

Hasta el cierre de la edición no había llegado ninguna autoridad.

El padre Filiberto Velásquez se ha destacado principalmente por visitar las zonas de ataques con drones en la comunidad de El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, y dar refugio a los familiares de enfermos del hospital general Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo.

 

 

 

 

 

 

 

Texto: Lenin Ocampo Torres, Zacarías Cervantes, Daniel Velázquez y Jacob Morales Antonio/Foto: El Sur

San Miguel Totolapan: impunidad y abandono en seguridad, a un año de la masacre de 22 personas

Israel Flores

Ciudad Altamirano

Después de un año de los acontecimientos en San Miguel Totolapan, en donde fueron asesinados el presidente municipal Conrado Mendoza, junto con su padre, el ex alcalde Juan Mendoza, y 20 colaboradores más del Ayuntamiento, no hay detenidos; el operativo para detener a los responsables se terminó en seis meses y la investigación no fue concluida.
Y es que desde la tarde del 5 de octubre del 2022, se informó de la llegada de un operativo especial que en coordinación entre la Policia Del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército, y la policía ministerial buscarían a los responsables.
De acuerdo con la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, las ejecuciones serían responsabilidad de La Familia michoacana, ese día encabezadas por José Alfredo Hurtado, El Pez.
El operativo presentó varios detenidos relacionados con jóvenes que vendían drogas, algunos con vehículos robados, y otros dedicados a la vigilancia delictiva, conocida como el “halconeo”. Ninguno de los relacionado de manera directa con la masacre ocurrido en San Miguel Totolapan el 5 de octubre.
Más de 500 elementos se sumaron al operativo en San Miguel Totolapan. Pero conforme pasaron los meses disminuyó la presencia, a tal grado de qué en abril pasado después de Semana Santa, la seguridad de los cuerpos policiacos externos al municipio se retiró por completo.
El Ejército y la Guardia Nacional mantenían un puesto de control en la entrada del municipio en la zona de las bodegas.
La seguridad está a cargo de un grupo reducido de 15 policías municipales.
Pero la investigación no ha concluido. Datos oficiales de la Fiscalía General del Estado confirman que de los 22 cuerpos de los que se informó como personas que fallecieron en esa balacera, por lo menos el de ocho no pudieron ser inspeccionados y no hay datos forenses debido a que fueron trasladados de forma inmediata por los familiares hasta diversas comunidades y algunos de ellos a la sierra, sin que se hiciera la autopsia de ley.
Además versiones de vecinos de San Miguel Totolapan, cuentan hasta 24 fallecidos producto de la balacera, pero la Fiscalía no pudo terminar la investigación forense por las complicaciones de traslado y por no tener la seguridad de los lugares en donde estaban los cuerpos.
De las acciones que permanecen en San Miguel Totolapan después de los acontecimientos, la instalación de la agencia del Ministerio Público, del distrito de Cuauhtémoc que se trasladó completamente a San Miguel Totolapan. De forma permanente se quedó en esta localidad el personal que se encontraba en Arcelia.
En las afueras de las instalaciones del Ministerio Público en San Miguel Totolapan permanecen estacionadas las unidades móviles para los trabajos forenses que no han sido movidas.
Estas instalaciones el ministerio público se activaron en octubre del año pasado. Fue en junio pasado que el presidente municipal Fredy Vazquez Palacios tomó las instalaciones e hizo señalamientos por la detención de dos campesinos con vehículos con reporte de robo y acusó a policías ministeriales de afectar a la población por revisiones diversas que realizaban en la plaza principal.
Sin embargo después de esa protesta en donde vandalizaron las instalaciones del ministerio público, el propio municipio restauró el espacio y no se supo de otro conflicto incluso de operativo su acciones de la policía ministerial.

Mientras haya impunidad los feminicidios seguirán a la alza, señalan feministas

Aurora Harrison

Integrantes del Frente Amplio Feminista del estado de Guerrero consideraron que las autoridades de impartición de justicia han perdido credibilidad y advirtieron que mientras prevalezca la impunidad, los feminicidios van a seguir a la alza.
Ayer lunes en conferencia de prensa en un restaurante del Zócalo de Acapulco, reprocharon la reducción del presupuesto del gobierno federal para atender programas dirigidos hacia las mujeres y que no se encuentra enfocado con perspectiva de género.
La perredista Azucena Salazar Pineda dijo que sin un presupuesto dirigido a programas de mujeres será difícil erradicar la violencia de género, pero además tampoco hay una política pública en acciones sobre la violencia política en razón de género.
Lamentó el caso de la mujer que fue hallada asesinada a balazos en Acapulco, y dijo que las instituciones “han perdido mucha credibilidad, la ciudadanía ha dejado de ir a levantar una demanda, una carpeta, porque las instituciones están rebasadas completamente, el gobierno ha fracasado en su política de seguridad y en el tema de las mujeres estamos muy mal evaluados”.
En tanto la integrante de Movimiento Ciudadano, Nereida de Jesús Silvar, dijo que cada día la violencia hacia las mujeres es más frecuente, aparecen mutiladas, violadas, despedazadas y las acciones que se trazan en documentos no se ven reflejadas en el territorio; citó el caso de las calles obscuras y recordó que Acapulco tiene dos alertas de género.
“Al gobierno federal le decimos que vamos a seguir alzando la voz y acompañando a las madres que siguen buscando a sus hijos”, dijo.
El activista Enrique Solano López dijo que en Guerrero hay tres municipios con su policía de género, pero indicó que en el país “no existe ningún protocolo de policía de género” y el 70 por ciento de las policías municipales no cuenta con el Certificado Único Policial.
Guerrero según el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), tiene sólo 10 feminicidios, “mentira, en Acapulco ha habido más de 10 hace un par de meses, pero el Banavm dice que nada más 10 feminicidios en todo Guerrero y qué pasa se subregistran, no se registran o se registran mal”, señaló.
“Mientras sigamos simulando va a pasar lo que pasó el periodo pasado que se terminó con un 43 por ciento de resultados de la alerta, ahorita llevamos dos años y qué ha pasado, ha habido dos sesiones, se ha reelaborado el programa y vamos como entre un 8 o 15 por ciento en algunos temas”, dijo.
Advirtió que es preocupante el avance de la presencia militar en sitios como las fiscalías, las aduanas y dependencias civiles, porque lo que la población exige es resultados con una política preventiva y no reactiva.
Criticó que el presupuesto federal esté cargado a programas sociales y algunos “que no tienen razón de ser como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, por el contrario para el Centro de Nacional de Equidad de Género disminuye más de 170 por ciento”.
La presidenta de Mujeres por Guerrero, Guadalupe Medina, hizo un llamado a las dirigencias de los partidos, porque no hay paridad en ellas, y debe haber igualdad y no sólo coordinadoras de territorios.

 

La impunidad en los delitos detona la violencia, insiste el arzobispo de Acapulco

Daniel Velázquez

El arzobispo Leopoldo González González pidió que la celebración por la Independencia de Mexico sea motivo de reflexión, “que viva México depende de todos”.
En su mensaje de este doningo, monseñor insistió en la impunidad como detonante de la violencia. “La gravísima impunidad en la que permanece la inmensa mayoría de los delitos cometidos, para nada ayuda a fortalecer en las personas la decisión de no hacer mal”.
“Proteger a la sociedad de quien la daña con crímenes y delitos, es deber irrenunciable de quien, por su cargo de autoridad, tiene la obligación de cuidar de ella. Quien ha cometido crimen o delito, conforme a derecho, ha de recibir la oportunidad de recapacitar, cambiar de conducta, resarcir en la medida de lo posible el mal causado y luego volver a la sociedad”.
A las instituciones les recordó que su tarea “es garantizar la seguridad y la paz: el estado de derecho es indispensable. Es necesario mejorar la estrategia en el cuidado de la sociedad. Nos lo hacen ver los hechos violentos que conocemos en las noticias. No basta la presencia de más soldados y más guardias: No pueden estar en todas partes y quien tiene la intención de dañar busca el momento en que no están”.
A propósito de la fiesta del 16 de septiembre, con motivo del grito de independencia, el arzobispo convocó a reflexionar para que “estas celebraciones nos hacen ver que una nación, cualquiera que ella sea, nunca es un proyecto completamente terminado, mucho menos una realización perfecta. Los ideales de libertad, justicia e igualdad, por los que lucharon nuestros antepasados, nos siguen interpelando. Una condición indispensable para aspirar a la madurez y al progreso, es saber valorar los logros, asumir los errores, discernirlos y transformarlos en sabiduría y oportunidades. Sólo así podemos avanzar en el desarrollo de nuestra patria. A esto nos ayude la celebración de nuestro mes patrio”.
Añadió que el proceso de construir una patria mejor es responsabilidad de cada persona y de su comportamiento diario, “liberemos nuestra mente y nuestro corazón de todo aquello que lleve al odio, a la venganza, a la ambición, a la violencia y al daño de nuestra propia dignidad humana. Liberarnos personalmente de esos males fortalecerá los valores de nuestras familias: el respeto, la comprensión, la unidad y la colaboración solidaria”, porque de esa forma se podrán transformar las estructuras sociales.
Monseñor también convocó a reconocer a los adultos mayores como “padres, abuelos y bisabuelos que con el cuidado de la familia, su trabajo honrado y su servicio en la sociedad han construido el bien común del que ahora participamos”.

 

Policías ministeriales con sus armas de cargo mataron a Chavarría, señala Martha Obezo

Guardia y ofrenda floral en honor del presidente de la Comisión de Gobierno en la 59 Legislatura del Congreso del Estado, Armando Chavarría Barrera. En la imagen, la viuda Martha Idalia Obezo Cázarez, de lFNL Jesús Camargo; del colectivo de familiares de personas desaparecidas “Lupita Rodriguez”, Bladina Diéguez; la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Norma Mesino; la viuda de la masacre de El Charco Eustilia Ramírez, y el hijo del diputado asesinado, Oswaldo Chavarría Obezo Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Martha Obezo Cázares, viuda del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado asesinado, Armando Chavarría Barrera, sostuvo que el asesinato de su esposo fue cometido por policías ministeriales que utilizaron “armas de cargo” y que los autores intelectuales ahora son “cadáveres políticos”, a quienes calificó como “unos infelices amargados”.
Este domingo, la familia, amigos y compañeros de partido de Chavarría Barrera realizaron una jornada de actividades, para conmemorar el 14 aniversario luctuoso del asesinato de quien fue la cabeza del Congreso local en la 59 legislatura.
En el busto de Armando Chavarría, colocado en una de las entradas principales al edificio del Congreso local, demandaron justicia y que termine la impunidad en este caso, con lonas con la imagen de quien fuera el presidente de la entonces Comisión de Gobierno.
La viuda en su mensaje reconoció “la lucha tenaz del colectivo de víctimas de Chilpancingo, Lupita Rodríguez Narciso, que nos acompaña ahora”, también agradeció a perredistas y trabajadores del Congreso que asistieron.

Fueron ministeriales

Recordó que cuando su marido “fue ejecutado extrajudicialmente” era cabeza del Poder Legislativo, y que los “perpetradores” del asesinato “quisieran vernos en un interminable vía crucis, en llanto siempre. Pero la vida de Armando no merece ser conmemorada así, su muerte menos, quienes se atrevieron a cancelar un proyecto de vida y de lucha, sabían lo que hacían, calcularon bien, midieron el costo, y el beneficio, lo que arriesgaban y lo que ganaban”.
Explicó que Guerrero “tristemente es representante nacional de las grandes atrocidades, de ese flagelo que nos carcome como sociedad, que es la impunidad. Lo hicieron, calcularon, midieron los autores intelectuales, y lo hicieron, utilizaron esbirros, que no fueron esbirros, ni matones improvisados, pues eran policías ministeriales con armas de cargo. Eso logramos saber”.
Entonces soltó que “los perpetradores” todavía “quisieran estar en cargos públicos. Que no crean que vamos a perdonar, que vamos a olvidar, que vamos a perdonar. Jamás. No nos conocían, no sabían quienes éramos”.
Martha Obezo dijo que no importan los años que tengan que pasar o “si se nos va la vida en eso”, que continuará exigiendo justicia por este asesinato.
A los asesinos intelectuales y materiales, les dijo que “no estén tan campantes, creyendo que se van a ir de esta vida sin ser juzgados. La historia, por supuesto, ya los tiene en el basurero y son cadáveres políticos. No hay más que voltear a verlos, para ver que el dinero no les basta, son unos infelices amargados”.
Dijo que “desde el poder se haya querido minimizar, incluso hasta lastimar, pulverizar, desprestigiar la memoria de Armando”.
En ese sentido Martha Obezo dijo que para que un crimen de Estado ocurra “confluyen muchos intereses de altísimo nivel y no creo que debiera dejarse nada más en el contexto local, en que fue nada más el círculo cercano. Puede ser que sí, pero difícilmente pudo ser ignorado un atentado de ese tamaño, de esa prominencia, sin que se enteraran, sin que participaran personajes de muy alto nivel, y lo hacen sabiendo que garantizan al menos dos cosas: inmunidad e impunidad, que nadie los toque y que nunca se conozca la verdad histórica”.
Recordó también que tras el asesinato de su esposo, pidieron al Congreso del Estado que decretaran el 20 de agosto como día de duelo en el estado y se izara la bandera a media asta, “en señal de duelo por el magnicidio”, y fue hasta julio de 2017, cuando la 61 legislatura aprobó un acuerdo para que se incluyera en el calendario cívico del gobierno estatal la fecha del asesinato de Armando Chavarría.
Dijo que a pesar de que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, “el gobernador de turno”, dijo en referencia al priista Héctor Astudillo Flores, “sencillamente lo ignoró, hizo caso omiso. Eso dice mucho de lo que ocurre, de lo que pasa con los poderes en el estado”.
En el acto, la integrante de Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino, dijo que en Guerrero “vivimos un estado en el que hay impunidad, no hay justicia, no hay seguridad para los ciudadanos y menos para los que defendemos los derechos humanos”. Recordó los asesinatos de sus hermanos Rocío y Miguel Ángel.
Una representante del colectivo Lupita Rodríguez Narciso, demandó a los diputados presentes y al Congreso local la aprobación de la ley de desaparición forzada en el estado y un centro de identificación humana.
También demandaron justicia Esustolia Castro Ramírez y otras representantes de las viudas de la masacre cometida en El Charco, en Ayutla de los Libres, al representante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Jesús Camargo Ornelas.
Antes de la ofrenda en el Congreso, se realizó una misa en el panteón, después de la cual Obezo Cázares dijo que “esto no es una lucha unipersonal, no es el deseo de convertir a Armando en santo o mártir después de muerto. Tampoco borrar los errores, que los tuvo, es en todo caso, reconocer su trayectoria de lucha y convertirla y darle sentido”.
Contó que cuando sepultó a su esposo, en ese lugar prometió que iniciaría “una lucha por justicia, por verdad, para construir la memoria histórica y que no quedara en el olvido este crimen atroz que descabezó al poder Legislativo, el poder que representa la voluntad popular”.
Por la tarde se realizó un conversatorio, llamado A 14 años de impunidad, en el que se proyectó un video sobre momentos de la vida de Chavarría Barrera, entre ellos, los últimos discursos y declaraciones del entonces presidente del poder Legislativo.
Se presentó un fragmento de una intervención de Chavarría, el 30 de enero de 2009, en Iguala, en el que mencionó: “¿Cómo va a creer el estado de Guerrero en la alternancia, cuando el Estado no tiene capacidad para cumplir con su obligación primaria, resguardar la integridad patrimonial y personal de sus gobernados? Nunca, como ahora, la sociedad había estado tan inerte frente a la delincuencia. Nunca, como ahora, el Estado de Derecho había estado tan cuestionado. La creciente ola de inseguridad puede provocar que una parte de la sociedad clame por un estado autoritario y la única manera de cerrarle el paso a esta tentación, es fortalecer la democracia, reconocer a la ley y a las instituciones públicas, como garantes de la gobernabilidad”.
En el conversatorio se habló de como algunos de los asistentes conocieron a Armando Chavarría y lo que representó en sus vidas. Participaron el ex guerrillero Nicomedes Fuentes García, Jesús Camargo Ornelas y Abel López Rosas.
La integrante de la OCSS, Norma Mesino, dijo que Armando Chavarría fue víctima de “la política de mentes perversas, que creen que ganan asesinando a su oponente político, esa es la política de la mayoría de los gobiernos”.
Aprovechó para criticar a la “revuelta de la ultraderecha recalcitrante sobre los libros, les molesta que en los libros se escriba la historia”, dijo que está de acuerdo con que en los libros de texto se informe de estos hechos y masacres, pero “también se debe de escribir quienes fueron los perpetradores. El Ejército (…) ha sido los responsable de la desaparición de mucha gente de izquierda”.
La integrante de OCSS dijo que en Guerrero “vivimos un estado en el que hay impunidad, no hay justicia, no hay seguridad para los ciudadanos y menos para los que defendemos los derechos humanos”.
Al acto en el Congreso acudieron los diputados Raymundo García Gutiérrez, Patricia Doroteo Calderón y Jennyfer García Lucena, también representantes de las dirigencias estatal y municipal del PRD, así como representantes de organizaciones sociales.

 

Mejor economía y acabar con la impunidad, la mezcla “adecuada” contra el crimen: Ebrard

El aspirante a la candidatura a la presidencia por Morena, Marcelo Ebrard, en entrevista con El Sur Foto: Carlos Carbajal

Jacob Morales Antonio

Un crecimiento más rápido de la economía en general que la de los criminales, y que sus acciones no queden en la impunidad, es “la combinación adecuada” para combatir la violencia en México y Guerrero, dijo el aspirante presidencial por Morena, Marcelo Ebrard Casaubón.
Consideró que los bloqueos y 11 vehículos incendiados en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo ocurridos el miércoles fueron “una reacción por acciones de la policía y por acciones federales”.
En entrevista concedida a El Sur, al candidato a coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación se le preguntó si erradicando la pobreza se acaba la violencia, y puntualizó que son dos cosas distintas, que se debe actuar contra quien viole la ley y atente contra los ciudadanos.
“Pero, si hay un estancamiento de la economía y los salarios, en cambio, todas las actividades vinculadas a la delincuencia crecen, en utilidades, en dividendo, pues se va debilitando la convivencia y eso ha pasado en todo el mundo”, expresó.
“Lo que necesitamos hacer es que crezca más rápido la economía en general, que la de los delincuentes; y segundo, que no queden en la impunidad sus actividades. Es lo que me parece la combinación adecuada”. Además, planteó, hay que mantener la Guardia Nacional, que es “un buen elemento”, para emprender una estrategia con ayuda de la última tecnología.
“Porque de otra manera, quien esté en la titularidad del Ejecutivo federal pues te podrá dar su punto de vista, pero no tiene el mando ni sobre el Poder Judicial, que es autónomo; ni sobre las policías de los estados, que dependen de los gobernadores; ni de los policías municipales, que dependen de los alcaldes; ni de la Fiscalía General de la República que es autónoma, ¿cómo vas a implementar una estrategia de seguridad? Entonces, la Guardia Nacional cambia eso, por eso hoy podemos decir que la vamos a dotar de la tecnología necesaria”.
El ex canciller dijo que se debe fortalecer a las fiscalías, para que su capacidad de operación crezca cinco veces más en comparación con la que tiene actualmente, que de forma trimestral informe sobre cuántos homicidios y desapariciones resuelve, en comparación con las que ocurren, porque esas cifras no se tienen.
También propondría una reforma al Poder Judicial y revisar las normas que hacen posible que la impunidad impere, como el caso del delito de extorsión, que no está considerado en varios estados como delito grave, al igual que el tráfico de armas. Lo que permite que los delincuentes salgan en libertad.
Respecto a la inversión, dijo que la parte más importante ya está realizada y es la Guardia Nacional, con más de 200 cuarteles y 200 mil elementos. El segundo rubro de inversión es en los sistemas de cámaras, en todo el país, porque sólo en 25 estados hay sistemas de videovigilancia, pero no están conectados entre sí y están siendo utilizadas en un 15 por ciento de su capacidad.
Indicó que del 100 por ciento que se necesita ya se invirtió un 70 por ciento, pero no quiso dar cifras. Aunque dijo que no ve un problema de dinero para adquirir cámaras que puedan identificar rostros, así como la colocación de sensores y drones que hacen más fácil su operación.
Recordó que algo similar hizo cuando era jefe de Go-bierno en la Ciudad de México en 2008, con 13 mil cámaras instaladas, “eso permitió darle a la ciudad un piso de seguridad”, evitando la impunidad e imponer la hegemonía sobre cualquier grupo criminal.
Sobre la presencia protagónica del Ejército desde hace varias décadas en el estado y también en las tareas de seguridad, expresó que el gobierno se apoyó en las fuerzas castrenses ante la falla de las instituciones civiles, que se tienen que reformar. “El Ejército ha hecho bien su trabajo”, dijo.

La violencia en Acapulco y Guerrero

Ebrard Casaubón sostuvo que “tiene que haber una reacción de la autoridad, para evitar la impunidad”, ante los hechos suscitados este miércoles en la zona de Pie de la Cuesta, de Acapulco, donde fueron incendiados 11 vehículos, dijo que deriva “de una detención importante de la autoridad federal” y afirmó que se debe respaldar, en la medida de lo posible, a los gobiernos local y estatal.
Luego en conferencia de prensa afirmó que lo que se vivió en Acapulco el miércoles “obedece a una reacción por acciones de la policía y por acciones federales”.
Respecto al asesinato del empresario José Guadalupe Fuentes y su hijo, José Manuel Fuentes Calvo, quien participaba en su equipo promotor y a quien conoció por medio del extinto Luis Walton Aburto, como indicó en la breve conferencia de prensa que ofreció, dijo que está muy triste por el hecho, que hoy su equipo junto con la familia van a tener una reunión con la Fiscalía, para conocer los avances en las investigaciones.
Insistió en que no debe de haber impunidad en ningún delito, “la clave de todo esto es no permitir impunidad”, porque eso alimenta otros casos, y para eso se necesita personal y lo último de la tecnología.
Luego de que el senador Ricardo Monreal dijo que Guerrero está desolado por la violencia, el ex canciller reconoció: “Tenemos problemas con el crimen en varios estados de la República y varias ciudades. Por eso, para mí ese es el motivo principal, y lo que tengo en mente es el Plan Ángel”.
Sostuvo que “el principal tema a resolver, para la cuarta transformación en los próximos años, es lo que tiene que ver con la inseguridad o la confrontación con la delincuencia”.
El morenista no quiso abundar en la entrevista sobre los videos donde aparece la presidenta de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con un líder criminal, pero subrayó: “Toda constancia de colusión con el crimen debe de ser investigada y sancionada. No importa del partido que sea”.

El apoyo de la gobernadora y los alcaldes

Ebrard Casaubón afirmó que en Guerrero “nos está yendo muy bien. En los datos, en las encuestas que conozco, tenemos muchas afiliaciones y hay mucho entusiasmo”.
Del apoyo que hay, por parte de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, hacia la aspiraciones de Claudia Sheinbaum Pardo y de la presidenta de Acapulco, Abelina López Rodríguez, a su proyecto, que los promueven abiertamente, dijo: “Cada persona que está ejerciendo un cargo, tiene todo el derecho de tener sus preferencias. Lo que no se vale es usar recursos públicos o violentar las normas legales”, por eso cuando se postuló impulsó que los aspirantes de Morena se separaran de sus cargos.
Agregó que también dijo, en su momento, que si el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quería coordinar la campaña de Sheinbaum Pardo que pidiera licencia, “entonces, ya con las reglas que se establecieron en Morena, se pueden presentar todos los elementos al partido cuando esto se violenta, y la comisión encargada ve esto caso por caso”.
El aspirante expresó que el que un gobernador o alcaldesa tenga a su candidato no va a influir en las encuestas, a menos que sea usando recursos públicos, lo que se configuraría como un delito y se tiene que denunciar, “pero no creo el que una gobernadora o gobernador tenga inclinación por alguien, y se sepa, eso vaya a determinar la encuesta”.
En la conferencia que ofreció en un salón del Hotel Elcano, el aspirante presidencial señaló que las discusiones y la controversia que hay por el contenido de los libros gratuitos de la SEP, se están dando en un contexto “muy político”.

Estudiantes del Tec de la Montaña logran la destitución de maestros denunciados por acoso

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Tlapa

Este jueves 20 de abril, alrededor de las 9 de la noche, concluyó la mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), en la que, después de intensas negociaciones, los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM) lograron la destitución provisional de ocho profesores acusados de hostigamiento sexual.
Por parte de las autoridades de la SEG participaron en el diálogo Marco Antonio Marbán Galván, subsecretario de Educación Media y Superior; Moisés Olivares Mendoza, jefe de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de la SEP; Israel Robles Castro, representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP; Jorge Rodríguez Ponce, delegado de Gobernación en la Montaña, y José Ángel Martínez García, director del ITSM.
La reunión se desarrolló en un marco de tensiones, por el conflicto que estalló hace un mes, por varias irregularidades que persisten en el instituto, así como el señalamiento de hostigamiento sexual sistemático que sufren las alumnas por parte de los profesores.
Durante el diálogo, estudiantes y padres de familia denunciaron la inacción e insensibilidad de las autoridades para atender sus demandas, en razón de que durante un mes nunca se estableció una mesa de diálogo seria. Recordaron que el 28 de marzo, el subsecretario de Educación Media y Superior no asistió a una reunión que ya estaba pactada, para dar continuidad al diálogo y atender el problema. También refirieron que la entonces directora, Fredislinda Vázquez Paz, nunca los atendió y prefirió desviar la atención, acusando que los estudiantes tenían otros intereses.
Este 19 abril, estaba programado iniciar la reunión a las 10 de la mañana, sin embargo, los funcionarios llegaron al plantel con dos horas de retraso. Después de varias propuestas y contrapropuestas de las partes, a las 3 de la mañana del día siguiente se lograron los primeros acuerdos: dar posesión al nuevo director de la escuela, José Ángel Martínez García, e iniciar los procesos de investigación contra los profesores señalados de agredir a las estudiantes, luego de lo cual se hizo un receso y se reinició la mesa a las 10 de la mañana, ese mismo día, concluyendo a las 9 de la noche con los acuerdos definitivos, mediante los cuales se destituye provisionalmente a ocho profesores y se inician los procesos de investigación para que, en un lapso de 15 días, se emitan los dictámenes de su destitución definitiva.
Se acordó también continuar el diálogo entre estudiantes y el director de la escuela, para dar respuestas a otros puntos secundarios del pliego petitorio. Mientras tanto, la dirección de la escuela se mantendrá abierta, para que el director pueda hacer todas sus gestiones y trámites administrativos. Estudiantes y funcionarios expresaron su satisfacción por los acuerdos logrados. Los primeros dijeron que es un triunfo obtenido por su movimiento y es ejemplo de que las alumnas no deben permitir estas agresiones. Expresaron que nunca más se dejarán ni permitirán estos atropellos.
Por su parte, el nuevo director refirió que tomará medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir y que iniciará un diálogo permanente, para crear un ambiente propicio para la educación.