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Denuncia ONG que continúan los feminicidios y no disminuyen porque hay impunidad

Daniel Velázquez

La presidenta de la organización Bloque de Mujeres al Poder, Silvia Galeana Valente, opinó que los feminicidios continúan y no disminuyen porque hay impunidad y puso como ejemplo un caso de 2014 donde el feminicida fue liberado por un juez y aunque se confirmó que es culpable, sigue libre.
De acuerdo con un conteo hecho por El Sur, durante el 2025 hubo al menos mil 125 asesinatos en la entidad, en promedio tres personas fueron asesinadas cada día en Guerrero, del total de víctimas mortales 90 fueron mujeres.
El sábado, el tercer día del año fue encontrada asesinada la joven Janeth Villalva Cervantes, de 23 años, quien había sido reportada como desaparecida el jueves 1 de enero. La joven era hija del alcalde electo de Copala, Salvador Villalva Flores, asesinado en un autobús en junio del 2024.
Dos días después, el 5 de enero, fue encontrado el cuerpo de una mujer en la colonia Nueva Frontera, ubicada pasando el río de La Sabana. El cuerpo de la mujer, de quien primero se informó que era un hombre, tenía impactos de bala.
Consultada por teléfono, Galeana Valente opinó que la violencia feminicida no sólo afecta a los familiares directos de la víctima sino a toda la sociedad, “alteran la paz en nuestro estado”.
Consideró que debiera revisarse por qué no disminuye la violencia feminicida y cuáles son las causas históricas que permiten que ocurran estos delitos en la entidad, “pero sobre todo qué se ha hecho en cuanto a la procuración y la administración de justicia, por qué no hay sanciones para los agresores”.
Galeana Valente puso como ejemplo el caso del médico otorrinolaringólogo Israel Chimal Gallardo, acusado del asesinato de su esposa, quien está libre por orden de un juez y en junio de este año se le volvió a emitir una orden de aprehensión y no ha sido detenido, “va a los congresos de otorrinos como si nada hubiese pasado”.
Señaló que este hecho lo que muestra es un mensaje de “mucha tolerancia” por parte de las autoridades cuando lo que debieran hacer es no tolerar este tipo de conductas para que a las niñas y mujeres se les garantice una vida libre de violencia.
De las políticas públicas del gobierno del estado para combatir la violencia contra la mujer, Silvia Galeana dijo que deben estar en revisión constante para evaluarlas y ver si funcionan, cómo se pueden mejorar o cambiar y trabajar en la prevención desde niños para que no haya hombres generadores de violencia contra las mujeres.

Destaca Guerrero en robo y asalto en carreteras, homicidio de agentes e impunidad, informa Inegi

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

Tres de cada diez de los robos y asaltos en carreteras y puentes en el país se registraron en Guerrero, además de ser el estado con mayor número de tomas de casetas de peaje informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Federal y Estatal 2025, que reflejan los datos de 2024, muestran además que Guerrero es el segundo estado con mayor número de homicidio de agentes de seguridad en el país.
De igual forma, el estado fue el que tuvo menor número de puestas a disposición de personas realizadas por las instituciones de seguridad pública estatal ya que en el periodo se registraron 423.
En lo referente a los robos y asaltos en tramos carreteros, se contabilízaron dos mil 732  en todo el país y solamente en Guerrero se concentró 31% de los mismos, que equivale a 848 incidentes.
De los robos y asaltos en Guerrero, uno de ellos estuvo en la jurisdicción federal y los 847 restantes fueron del orden estatal. Además, Guerrero también concentró una tercera parte del total nacional de tomas de casetas.
En 2024 fueron 308 tomas de caseta en México, de las cuales 91 se registraron en Guerrero, de las cuales una era del corte federal, mientras que las otras 90 del estado. Además se dieron 228 obstrucciones, 133 en tramos federales y 95 en estatales.
Apenas el siete de agosto se reportó que la Autopista del Sol y la carretera federal México-Acapulco estuvieron cerradas por 11 horas a la altura de El Ocotito por pobladores de 11 pueblos con la exigencia de seguridad, además de señalar a autoridades federales y estatales de apoyar a grupos criminales.
El 22 de julio, el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, aseguró que en el primer semestre del año había reducción en el robo de vehículos de carga, pero que la presidenta le pidió el plan cero robos en autopistas del país, de las cuales la prioridad era México-Querétaro y México-Puebla, además de Mazatlán-Culiacán, sin enfatizar en Guerrero.

Segundo lugar con más homicidio de agentes

Guerrero es el sexto estado con mayor número de personal de seguridad pública que falleció durante 2024, con 30 defunciones registradas en el año, de las cuales 17 fueron por causas naturales.
De las restantes 13 defunciones de personal, tres fueron por accidentes, pero diez fueron por homicidio doloso, por lo que en el año fue el segundo estado con mayor número de agentes asesinados, sólo por debajo de Tamaulipas que registró 13 defunciones.
A nivel nacional, 513 integrantes de los cuerpos de seguridad fallecieron en 2024, de los cuales 99 fueron debido a homicidio doloso. Los datos reportan que 62 fallecimientos fueron por enfrentamientos con grupos de personas civiles armadas, incluidos de delincuencia organizada.
El estado fue el séptimo con mayor número de enfrentamientos y agresiones tanto a la Guardia Nacional como a las instituciones de seguridad pública estatal, al registrar 54 enfrentamientos y agresiones.
Del total, 18 fueron enfrentamientos y agresiones en los cuales tuvo participación la Guardia Nacional, en tanto que en 36 fueron las instituciones de seguridad pública del estado de Guerrero.
El 11 de julio se publicó que durante 2025, Guerrero era el cuarto estado con mayor número de policías asesinados en el país, reflejaban datos de la organización de la sociedad civil Causa en Común.

Guerrero, el más bajo en puestas a disposición

Guerrero se ubicó como el estado con menor número de puestas a disposición de personas realizadas las instituciones de seguridad pública estatales, con 423. Del total de las puestas a disposición, 95% se hicieron ante el Ministerio Público y 5% ante la autoridad de Justicia Cívica. Del total de puestas a disposición, 402 fueron registrados como presuntos delitos y 24 como presuntas faltas cívicas.
Los datos más recientes reflejan una disminución de 68.5% respecto a la información registrada el año anterior, cuando el estado tuvo mil 343 puestas a disposición, por lo que fue el sexto estado con menor número de detenciones en el país.
Guerrero tiene la quinta tasa más alta de corporaciones policiales por miles de habitantes, incluso superior a la media nacional. En el estado hay 1.5 elementos de seguridad por cada mil habitantes, mientras que en el país es un elemento por cada mil habitantes. La cifra más alta la tiene Tabasco con 2.1 elementos por cada mil habitantes.
En 2024, en Guerrero se aseguraron 320 armas de fuego por parte de los cuerpos de seguridad, por lo que fue el décimo estado con mayor cifra del país, en una estadística donde la Ciudad de México y el Estado de México acumulan 20.6% del total de armas aseguradas.
En Guerrero se aseguraron 190 mil 592 litros de hidrocarburos, en una tarea en la que las fuerzas públicas estatales no tuvieron mucha participación debido a que solamente aseguraron 170 litros, los restantes fueron por acciones de la Guardia Nacional en el estado. Además se aseguraron 424 tomas clandestinas de hidrocarburos, todas por medio de la Guardia.
El Censo muestra que durante el 2024, las personas de Guerrero llevaron a cabo 175 mil 544 llamadas a las instituciones de seguridad pública del estado. A nivel nacional las quejas más registradas fueron situaciones en carretera, delitos en Internet e infracciones.

Menor porcentaje en certificación policial

Guerrero es el estado con menor porcentaje de personal de corporación policial con Certificado Único Policial, solo con 7.2%, cuando hay dos entidades, Chihuahua y Querétaro con el total de sus elementos y la media nacional es 74.6%.
Del total de personal policial de Guerrero, 37.9% tiene evaluaciones aprobatorias no vigentes, 21.5% tiene evaluaciones aprobatorias no vigentes, 15.4% tiene evaluaciones vigentes no aprobatorias, 19.8% no tiene evaluación, 4.8% se encuentra bajo el concepto de otro estatus y 0.6% está programado a evaluación.
En 2024, ingresaron 151 personas a los programas de formación inicial para la policía preventiva estatal, una más que en 2023. Por su parte 147 egresaron durante el año, misma cifra que en 2023 y solamente hubieron cuatro deserciones.
El Censo detalla que Guerrero tiene cuatro unidades especializadas en la seguridad pública del estado, la de Inteligencia, de Proximidad Social, de Investigación y la Unidad de Policía Cibernética.
De 46 unidades de infraestructura de la Guardia Nacional en funcionamiento en Guerrero, 23 son compañías, 13 estaciones y subestaciones, siete campos militares, una coordinación estatal y una de batallón y una clasificada como otro tipo. De 42 unidades de Infraestructura de la policía estatal, 37 son comandancias, estaciones y subestaciones, tres módulos y casetas fijas y dos son cuarteles.
En 2024, se programaron tres mil 100 evaluaciones en el centro de evaluación y control de confianza de la policía estatal, de las que dos mil 726 se realizaron y no queda ninguna pendiente por concluir.
Guerrero fue el décimo sexto estado con mayor presupuesto ejercido por las instituciones de seguridad pública a nivel nacional, con dos mil 332.4 millones de pesos durante 2024.
El estado es la cuarta entidad con menor número de empresas privadas de seguridad, con 74, con un total de mil 869 empleados, de los que mil 623 eran hombres y 246 correspondieron a mujeres.

También falta la cultura de la denuncia, dice Morena del llamado del arzobispo

José Miguel Sánchez

Chilpancingo

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) de Morena, Jacinto González Varona, coincidió con el llamado el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González González, a no acostumbrarse ni normalizar la violencia, pero agregó que para garantizar la disminución de hechos delictivos estos se deben denunciar por parte de los ciudadanos para evitar que queden impunes.
El pasado martes el arzobispo de Acapulco en un video publicado en Facebook, llamó a no acostumbrarse a los crímenes, a orar por las víctimas y por las autoridades encargadas de la seguridad: “No nos acostumbremos a los crímenes y delitos, no disminuya nuestra indignación y condena de estos actos, acerquémonos a las víctimas y a sus familiares”, y llamó a orar por ellos y las autoridades que tienen a su cuidado la seguridad para que sigan en la búsqueda de estrategias que, conforme a derecho, puedan garantizarla
Al respecto, González Varona en entrevista telefónica mencionó que “el arzobispo en buena parte tiene razón porque que no debemos acostumbrarnos a no denunciar a la delincuencia y debemos perder esa costumbre de que las autoridades están coludidas en su mayoría, ya cambio la cosa y creo que lo que hace mucha falta en Guerrero es la cultura de la denuncia, y de la confianza en las autoridades, pero la confianza se las vamos a dar nosotros”.
González Varona justificó que si existen altos índices de impunidad es porque los ciudadanos no denuncian, por lo que reiteró que se debe denunciar los delitos para que haya garantías de seguridad.
“Yo si les pediría que no nos acostumbremos a no denunciar, por eso los niveles tan altos de impunidad, porque no se denuncian los hechos ni a sus diferentes ámbitos, ya sea delincuencia común, delincuencia organizada, extorsiones, faltas civiles, faltas administrativas, no se denuncia y por eso pareciera que nos estamos acostumbrado a esto”.

“No se puede probar una estrategia nueva cada día”

A pregunta sobre la estrategia de seguridad y las voces de la oposición de que debe existir un cambio ante los últimos hechos de violencia como el asesinato del magistrado Edmundo Román Pinzón y del presidente del Patronato de la Feria de Chilpancingo, González Varona, mencionó que como Morena hay un respaldo total a la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que hay avances.
“Nosotros aplaudimos la nueva estrategia de seguridad, con la llegada de la maestra Rocío Bárcena en coordinación con la gobernadora hubo casi un 50 por ciento de reducción donde se vio la actividad que es Acapulco y Chilpancingo, cayeron los homicidios y nosotros vemos con beneplácito esta nueva estrategia de seguridad y creo que debe seguir así”.
González Varona respondió a las voces de la oposición que semanas anteriores llamaron a replantear la estrategia de seguridad, luego del asesinato del magistrado Román Pinzón al salir de los juzgado de Caleta en el puerto de Acapulco.
“No es una cuestión de minutos, de probar tres días la estrategia de seguridad, decir que no funciona y cambiarla, eso nunca nos va a funcionar, creo que hay que darle su tiempo, su espacio, esto no es una cuestión que nació hoy, es algo que llevo años, incluso sexenios incubándose esta ola de violencia, no nació ayer, es de mucho tiempo y también se requiere una estrategia que vaya paso a paso, no podemos estar probado todos los días una estrategia nueva”.

Celebran cambios en la estrategia de seguridad

A través de un comunicado emitido la tarde del viernes, Morena Guerrero manifestó su respaldo a los recientes cambios en la estrategia de seguridad implementados en Guerrero por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La dirigencia estatal de Morena destacó que los cambios “representan un avance significativo en la construcción de un entorno más seguro para los habitantes del estado”.
En el comunicado, Morena Guerrero reconoció el “liderazgo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por su labor incansable en la coordinación de esfuerzos y recursos para proteger a la ciudadanía”.
También resaltó la labor de la subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rocío Bárcena Molina, “cuyo compromiso y dedicación han sido fundamentales para implementar políticas efectivas que priorizan la seguridad y el bienestar social”.

Recibe ocho impugnaciones del gobierno federal la sentencia contra la FGR por el caso Radilla

El pasado 24 de agosto familiares del campesino desaparecido Rosendo Radilla Pacheco se manifestaron en la glorietas de las y los desaparecidos en la Ciudad de México, para exigir que se esclarezca el caso y se castigue a los responsables Foto:?Rosendo Betancourt Radilla / Archivo

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

La sentencia del 16 de agosto, que señala a la Fiscalía General de la República (FGR) como responsable de que no se llegue a la justicia en el caso del campesino desaparecido Rosendo Radilla Pacheco y otros de violaciones de derechos humanos del Ejército de 1960 a 1980, y que califica de terrorismo de Estado la política del gobierno federal de entonces, recibió ocho impugnaciones del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo.
Consultado al respecto, el abogado Humberto Guerrero, de Fundar Centro de Análisis e Investigación, y quien acompaña legalmente a la luchadora social Tita Radilla, consideró que “es incongruente esta andanada de impugnaciones, luego de que la presidenta se presentó ofreciendo disculpas a las víctimas de 1968”.
Advirtió que la nueva estrategia legal del gobierno federal, de entrada, va a retrasar el acceso a la justicia de las víctimas, pero además, pone en riesgo que se llegue a saber qué pasó y castigar a los responsables, es decir, la intención es mantener esa época en la impunidad.
Llamó a la mandataria a intervenir directamente para que al menos la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Gobernación (Segob) paren las impugnaciones, así como que hable con el fiscal Alejandro Gertz Manero, para que la FGR haga lo mismo.
Si el Estado no para sus impugnaciones, informó, aún hay herramientas legales para seguir el proceso y lograr que la sentencia ahora impugnada, se mantenga sin modificaciones.
En cuanto a los motivos de esta andanada legal, consideró que “es lo mismo que pasa en el caso Ayotzinapa. Cuando las investigaciones llegan al Ejército, se paran”.
“Vemos una respuesta en bloque del Estado. Se presentaron ocho impugnaciones, tres de la Fiscalía General de la República, una del área de amparos, otra de la Fiscalía Especial del Caso Radilla (su nombre formal es Equipo Especial de Investigación y Litigación en Derechos Humanos), y llama poderosamente la atención la impugnación de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Explicó que la Sedena está impugnando a pesar de que no se le señala directamente, “hace una defensa de la Fiscalía General de la República. Empieza a cuestionar que la sentencia hiciera señalamientos a integrantes del Ejército, y alega, por ejemplo, que se viola su presunción de inocencia”.
Consideró que la Sedena en su impugnación defiende a la FGR, porque le ha asegurado impunidad más de 50 años, “es una actuación corporativa”.
Las instituciones que impugnaron, precisó, son Sedena, FGR, Secretaría de Gobernación, Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, Consejería Jurídica de Presidencia, Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) e, incluso, la Secretaría de Cultura pero ésta última no fue admitida.
En general, impugnan que la jueza se excede en sus atribuciones, “que su sentencia no puede ordenar a la FGR”, por ejemplo.
Advirtió que este tipo de estrategia la ocupa el Estado cuando las investigaciones llegan al Ejército, “es común en casos altamente sensibles y que afectan a las fuerzas armadas. Algo similar ocurrió con el caso Ayotzinapa”.
Informó que aún puede presentar un llamado “Recurso de Revisión Adhesiva”, para apoyar lo que dice la sentencia, el cual tiene que ser conocido por un tribunal colegiado o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Un mensaje contradictorio

En cuanto a la lectura política de la andanada de impugnaciones a la sentencia, que ordenaba la búsqueda de Rosendo Radilla, entre otras cosas, el abogado Humberto Guerrero expuso que hay un mensaje contradictorio en el gobierno federal.
“Llama mucho la atención que, por un lado, ocurra esto en una sentencia que atiende uno de los periodos de represión política más duros en el país, y la presidenta (Claudia Sheinbaum) lo que hizo fue dar disculpas públicas por la masacre del 2 de octubre de 1968”, expuso.
Llamó a la presidenta a que se dé la oportunidad de ser congruente con su primer discurso y a que las instituciones se desistan de las impugnaciones.
“La FGR es autónoma pero la presidenta podría invitar al fiscal Gertz Manero a que se desista de las impugnaciones, para sentarnos a trabajar en el cumplimiento de la sentencia. Todavía tenemos que seguir litigando y en un contexto muy complejo, el poder Judicial está en paro. Está en marcha la reforma judicial, todo es un caos”.
“Además, una posibilidad es que al resolverse estos recursos de impugnación, se revoque la sentencia, entonces nos quedaríamos sin nada”, en cuanto acceso a justicia para las víctimas del terrorismo de Estado, advirtió.

 

Combatir la corrupción e impunidad en el Poder Judicial, pide la Canaco-Acapulco

Jacob Morales Antonio

Integrantes de Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) consideraron que se debe de combatir la corrupción y la impunidad en el Poder Judicial, porque incluso hay desconfianza en el sector empresarial, pues por ejemplo, de que cada cien casos de extorsión sólo uno se denuncia.
La mañana de este viernes, la Canaco invitó a la senadora electa de Morena, Beatriz Mojica Morga, para hablar de la reforma constitucional al Poder Judicial, pero la invitada, que habló por hora y media, sólo dijo que la reforma es necesaria para evitar que gente responsable de algún delito salga libre, como el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Durante el resto de su intervención, la senadora electa se dedicó a hablar de los proyectos que planteó en campaña la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y luego dijo que el penal de Las Cruces, en Acapulco, debe de reubicarse debido a que donde está se ha poblado y la zona de debe de convertir en un área de recreación, además de que la población tenga mejores servicios.
Debido al tiempo que se llevó la invitada hablando, sólo hubo siete participaciones de los empresarios y cada uno tuvo un minuto para exponer su postura respecto a la reforma judicial.
El presidente de la Canaco-Servytur, Alejandro Martínez Sidney, pidió que se combata la corrupción y la impunidad “de lo contrario, vamos a continuar sin garantías”.
Ante la ola de inseguridad que se vive en la ciudad y el creciente delito de extorsión, pidió que éste se castigue con más dureza, que no haya fianza; incluso, pidió que se destine presupuesto para la creación de un centro anti extorsión.
Dijo que de cada cien casos de extorsión sólo uno se denuncia, debido a que los empresarios tienen miedo, porque quienes denuncian luego son asesinados.
El integrante Francisco Aguilar Ordóñez expresó que es vital considerar la experiencia y que no se puede poner al frente de los tribunales a personas que no hayan hecho una carrera judicial, que haya iniciado desde abajo, “la experiencia es determinante”.
“Si no se toma en cuenta todo lo que se aprendió en los juzgados, en las salas ¿qué va a pasar? Si llega un magistrado con estudios, pero sin experiencia, le va a costar trabajo impartir la justicia”, consideró.
El empresario Guido Rentería Rojas coincidió en que el filtro de cinco años de experiencia, que actualmente está considerado en los requisitos que se piden para poder participar en las postulaciones a ministros, es importante.
También pidió que el cambio de los magistrados sea gradual y que no sea de un solo golpe. Puso como ejemplo el caso de Bolivia, país al que “no le ha ido bien” luego de realizar las reformas, elegir a los magistrados con voto popular y cambiarlos a todo de una sola vez.
Además, pidió que la presidenta electa y el nuevo gobierno desarrollen un plan rector para la reconstrucción de Acapulco, “de lo contrario no habrá avances”.
En otros temas que los asistentes consideraron prioritarios, pidieron la reclasificación de la zona marítimo-terrestre, porque en Acapulco se paga más por los permisos y las concesiones que en la Riviera Maya, dijo el empresario Javier Saldívar Rodríguez.
También el cambio del rango tarifario de la energía eléctrica.

Familiares de desaparecidos hacen una caminata en el Zócalo y montan expo foto

Aurora Harrison

El representante de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Alan García Campos, exigió a las autoridades que cumplan con su responsabilidad de buscar a los desaparecidos y que combatan la impunidad.
En su pronunciamiento miembros del Colectivo Memoria Verdad y Justicia, dijeron que están por celebrar el 10 de mayo Día de las Madres, “lleno de lágrimas y agonía, donde saldremos a marchar en la Ciudad de México, en lo que llamamos marcha nacional de madres buscadoras, donde vamos a recordar que “no somos botín político, nuestra principal necesidad es encontrar a nuestros seres queridos”.
La tarde del sábado en el Zócalo de la ciudad los integrantes del colectivo Memoria, Verdad y Justicia hicieron una caminata en la explanada de la plaza Juan Álvarez, y luego montaron una exposición fotográfica en el kiosco.
Explicó el funcionario que la desaparición forzada es una mancha que ha estado presente en Guerrero por décadas y “en la oficina hemos visto con preocupación el afán de subestimar una problemática que existe y que se hacen visibles en plazas públicas”.
“Para nosotros es fundamental que la obligación de buscar a las personas, independiente de la causa, es una obligación que recae en las autoridades en su conjunto”, dijo y por ello el llamado a la población a sensibilizarse, que sea empática, “nadie está exento en un país con más de 116 mil personas reconocidas como desaparecidas de enfrentar una circunstancia”.
Abundó que la desaparición en México se identifica en 2006, que el país adoptó un modelo de seguridad de carácter militarizado que no solamente ha sido incapaz de contrarrestar la violencia, sino que ha disparado las graves violaciones a los derechos humanos.
“Ese paradigma militarizado de la seguridad se mantiene vigente hasta la fecha, e incluso una militarización que se ha expandido a otros ámbitos de la vida pública, alterando las relaciones cívico-militares, de tal forma 2006 que marca ese punto lastimoso se mantiene hasta hoy vigente, y a eso hay que agregar que la desaparición de personas es una conducta continua, permanente que no cesa, que se actualiza momento a momento”, indicó.
Detalló que ese 97 por ciento de las desapariciones registradas y reconocidas en México se generaron a partir del 2006 con ese modelo de seguridad que tendría alterarse y revertirse de manera gradual, ordenada para garantizar la seguridad de las personas.
García Campos dijo que con más trabajo al Ejército, trae otros desafíos en “término de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, para nosotros es fundamental que se materialice ese regreso gradual, obviamente nadie está planteando un regreso abrupto, desordenado, de las fuerzas armadas en tareas de seguridad”.
Precisó que México vivirá el proceso electoral más “complejo” más grande en la historia del país, y es momento que todas las fuerzas políticas trasciendan de la reyerta a la propuesta específica, tangible, transformadora, porque las familias han sido enfáticas de que ellas “no son botín político, por el contrario, son víctimas que merecen ser escuchadas”.
Consideró que un proceso electoral siempre abre nuevas oportunidades y se tiene que mantener la esperanza de que se estarán adoptando las políticas de Estado, “cuando refería la fecha de 2006 eso demuestra que lo mismo da una administración u otra, el problema perdura y lo que se necesita es un compromiso de Estado de todos los actores políticos, no sólo los federales, también los estatales y municipales”.
“Alentamos de una manera muy puntual a todos los candidatos o candidatas para que formulen compromisos serios, tangibles, respetuosos que partan de la escucha para que las víctimas encuentran la respuesta que se les ha negado”, declaró.
Los integrantes del colectivo Memoria, Verdad y Justicia conmemoran dos años haciendo memoria para que “no crezca el olvido” y en su pronunciamiento que leyeron recordaron que son 25 meses haciendo actividades en busca de sus seres queridos.
Dijeron que están inconformes porque las autoridades no hacen nada por buscar a sus seres queridos y que hacen las actividades en el Zócalo como una “forma de resistir ante la impunidad, ante la inacción, omisión y negligencia del Estado mexicano en la protección de nuestros derechos humanos”.
En el pronunciamiento que leyeron detallaron: “hace dos años decidimos ser actoras de nuestro destino, y hacer todo lo posible por visibilizar algunas de las problemáticas que pasamos las familias acapulqueñas para buscar a nuestros seres queridos”.
Sostuvieron que no quieren que nadie más sufra porque es “inhumano que nos hagan sufrir de esta forma, primero ante la zozobra de nuestra seguridad, luego por tener una hija o hijo desaparecido”.
La representante del colectivo, Socorro Gil, dijo que la principal necesidad es encontrar a sus seres queridos y “nadie tiene propuestas para buscarles, para prevenir este crimen atroz, no permitimos que nos usen en campañas, no somos de ningún partido, no hacemos campaña en pro ni en contra de ellos, sólo queremos encontrar a nuestros seres queridos”.
“El 10 de mayo para nosotras no es de fiesta, es de lucha y de protesta. Hoy más que nunca esperamos ese abrazo que quedó pendiente”, dijo.

La impunidad hace mucho daño a la sociedad, advierte el arzobispo

El arzobispo de la arquidiócesis de Acapulco, Leopoldo González González, pidió a autoridades que tienen la responsabilidad del bien común, garantizar el derecho a la vida, porque indicó que la impunidad hace mucho daño a la sociedad.
Ayer en su mensaje que difundió en su cuenta oficial de Facebook, lo dedicó a la Semana por la vida, como parte de las acciones de promoción de la paz y agradeció a quienes desde la concepción de la niña o el niño lo cuidan en un ambiente favorable.
González González llamó a todos los que tienen responsabilidad en la formación de la conciencia desde la familia, escuela, Iglesia y medios de comunicación, poner especial empeño en que la palabra “no matarás”, siga siendo muy fuerte para todos, “Dios la ha puesto en sus mandamientos para protegernos, para cuidar a cada uno”.
“Quien tiene a su cargo el cuidado del bien común desde el servicio de autoridad, ha de garantizar el respeto de este derecho; el más fundamental de la persona humana, el derecho a la vida, la impunidad hace mucho daño”, precisó.
Agregó que desde la Iglesia se tiene claro que la paz verdadera sólo se alcanza cuando se reconoce la dignidad de cada person.
“La celebración de esta semana por la vida nos fortalezca a todos como artesanos de paz”, dijo y precisó que el lema de reflexión de estos días es la Iglesia custodia de la vida y de la dignidad humana promotora de paz.(Aurora Harrison).

 

En Guerrero hay impunidad e inacción de autoridades ante feminicidios, señalan

Familiares de víctimas de feminicidio y desaparición de la región Montaña, durante su participación en el Cuarto Tribunal por los Derechos de las Mujeres, que organizó Tlachinollan y se realizó en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia, en el centro de la capital Foto: Jesús Eduardo Guerrero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

En el Cuarto Tribunal Mi Voz Honrara tu Memoria, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, se denunció la impunidad y la inacción de las autoridades en los casos de feminicidios y desaparición de personas, que siguen aumentando en la entidad.
Como parte de las actividades con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Cuarto Tribunal Mi Voz Honrara tu Memoria, se realizó en el auditorio del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), donde se presentaron testimonios de personas desaparecidas y de feminicidios de indígenas de la región de la Montaña.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández, dijo que de parte de las autoridades no hay un acompañamiento adecuado a las familias de personas que han sido víctimas de la violencia.
“Es muy grave el problema de los feminicidios, en Guerrero es algo que se está incrementando y está al alza y vemos que las autoridades están realmente muy lejos de atender, proteger, acompañar y de estar al lado de las mujeres”.
En estas circunstancias, dijo que los familiares de las víctimas se sienten en un ambiente de indefensión, sobre todo por la falta de investigaciones para dar con resultados y los responsables materiales e intelectuales de los feminicidios y desapariciones.
Resaltó por ello la importancia “de venir aquí, a un recinto del Poder Judicial para poder darles voz a las víctimas o a sus familiares que están luchando en medio de tantas adversidades para alcanzar justicia”.
La abogada de Tlachinollan, Neil Arias Vitinio, reprochó el desdén de las autoridades a eventos como éste que se realizan para que escuchen de manera directa los testimonios.
Informó que como en años anteriores se realizó la invitación a las diferentes autoridades, sin embargo, ayer otra vez quedaron sus asientos vacíos.
Este viernes solamente asistió la representante de la presidenta de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), Cecilia Narciso Gaytán, Vianey Castorena. El resto de las autoridades del Gobierno del estado, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y del propio TSJ no asistieron.
Arias Vitinio añadió que mientras las autoridades desdeñan estos eventos en los que las victimas podrían tener la oportunidad de presentar sus testimonios de manera directa a las autoridades, “desafortunadamente no hay responsables, no hay castigo, no hay detenidos y esto es un grave problema que está lacerando principalmente a las mujeres”.
El encuentro comenzó con un minuto de silencio para todas las victimas de feminicidios y de desapariciones “que desafortunadamente les ha tocado vivir este clima de mucha violencia”, indicó la abogada.
Escucharon los testimonios Omaira Ochoa Mercado, del Observatorio de Feminicidios, de la Ciudad de México; Ana Sandra Salinas, abogada de la agrupación feminista Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire), Beatriz Adriana Rivera, integrante del Colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez y Olga Mondragón González, del Colectivo de Familiares en Búsqueda María Herrera.
Uno de los testimonios fue el de Lucila Mendoza García, de 19 años, indígena Ñuu savi, originaria de la comunidad de Pueblo Viejo municipio de Metlátonoc, quien desapareció el 9 de mayo del 2022 cuando cursaba el tercer grado de sus estudios en el Centro de Bachillerato de Tlapa y desde cuando se desconoce su paradero.
Otro de los testimonios fue el de Aurelia Vásquez Velásquez quien está desaparecida desde abril del 2020 en Cochoapa el Grande, después de que los familiares de su esposo la acusaron de matarlo pero demostró su inocencia.
Otro testimonio fue el de feminicidio de Yesenia Romualdo Herrera, de 23 años de edad y originaria de
Oztocingo, municipio de Copanatoyac, su cuerpo fue encontrado flotando en el río cerca de ese pueblo el 21 de septiembre del año pasado con un 75 por ciento de quemaduras.

Sigue suspendido el transporte público de la ruta de Hospitales por tercer día consecutivo

Argenis Salmerón

Por tercer día consecutivo siguió suspendido el transporte público de camiones y camionetas Urvan de la ruta de Hospitales y las demás continúan laborando parcialmente, debido a los ataques violentos y agresiones a ese gremio.
Las personas tienen que utilizar taxis azul con blanco, y los choferes de esa modalidad aumentaron la tarifa mínima a 120 pesos, cuando antes cobraban 80 pesos.
Numerosas personas tuvieron que caminar para llegar a sus trabajos o pidieron aventón por la falta de transporte en las avenidas Constituyentes y Ruiz Cortines.
Las rutas de camiones que mantienen suspendido totalmente el transporte son los camiones de las rutas Hospital-Vacacional, Hospital-Renacimiento, Hospital-Zapata y Hospital-Sinaí.
Además de las rutas Hospital-Primero de Mayo y Hospital-Y griega-Caleta, pertenecientes al bloque 3.
Asimismo, las camionetas Urvan de las rutas Caleta-Fovissste y Infonavit-Alta Progreso-Caleta, tampoco las rutas de la colonia Morelos y María de la O prestaron el servicio.
Los camiones y camionetas Urvan circulan por el Mercado Central, las avenidas Constituyentes y Ruiz Cortines y pasan por la zona de hospitales como el IMSS y el ISSSTE.
Los taxis colectivos que circulan por la avenida Cuauhtémoc prestan el servicio parcial. Los choferes incrementaron de 40 a 70 pesos la tarifa, siendo la autorizada 22 pesos.
Los taxis colectivos deben llegar hasta donde estuvo el Cine Río, cerca del Mercado Central, pero se dan la vuelta en Las Anclas.
En la calzada Pie de la Cuesta solamente están trabajando las rutas de camionetas Urvan de las rutas Pie de la Cuesta-Centro, Jardin Azteca-Centro, Jardin-Palmas, pero hasta el panteón de San Francisco, donde se dan vuelta y ya no llegan al Zócalo, por lo que la gente tiene que caminar. También ofrecen el servicio algunos taxis colectivos.
Las rutas que están paradas totalmente son las camionetas Urvan Antorcha Revolucionaria-Caleta, Potrerillo-Caleta y calle 8 y 9-Centro, que circulan por la avenida Ejido.
En la avenida Costera, los camiones amarillos con aire acondicionado están funcionando de manera normal y los camiones urbanos de la ruta Base-Hornos-Caleta.
Hay escasos taxis colectivos y camiones urbanos de aire acondicionado de las rutas Costera-Coloso y Costera-Colosio.
El sistema Acabús sigue el servicio normal, pero sus camiones van saturados de usuarios que se aglomeran en las estaciones, principalmente las que se ubican en la avenida Cuauhtémoc.
Los choferes de las camionetas Urvan ruta Aeropuerto-Vacacional trabajaron de manera normal. Estas circulan de la zona suburbana a la zona Diamante.
En un recorrido a las 8 de la mañana y 3 de la tarde no había recorridos ni filtros de seguridad de los tres órdenes de gobierno en las principales avenidas.
Tampoco operaciones de los inspectores de Transporte para detener el abuso de los choferes de taxis azul con blanco y colectivos.
El domingo pasado, un camión urbano de la ruta Primero de Mayo-Caleta fue incendiado en la avenida Cuauhtémoc, frente al Autozone.
Ese mismo día, un chofer de taxi colectivo fue herido a balazos en ldavenida Cuauhtémoc, frente al Autozone, y el sábado un chofer de camión urbano fue atacado a balazos, en la carretera federal México-Acapulco.
En enero pasado, el servicio público en Acapulco se suspendió 11 días de manera total por amenazas y agresiones del crimen organizado.

Asesinan en la entrada de la Secretaría de Salud al fundador de la UPOEG Bruno Plácido

 

 

Asesinan en la entrada de la Secretaría de Salud al fundador de la UPOEG Bruno Plácido

 

El ataque ocurrió a las 5 de la tarde, cuando el dirigente indígena también fundador de la CRAC había acudido a solicitar audiencia con la titular Aidé Ibarez. Dos hombres que llegaron en motocicleta le dispararon 15 balazos. También murió acribillado su chofer. Estaba amenazado por grupos diversos de la delincuencia organizada, comenta un familiar. A?medianoche, cuando salía de una reunión de la Normal de Ayotzinapa fue atacado a balazos el párroco y defensor de derechos humanos Filiberto Velázquez, quien resulta ileso

 

 

 

Chilpancingo y Acapulco, Guerrero, 18 de octubre de 2023. El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo, afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud estatal.

El ataque se dio cerca de las 5 de la tarde, cuando Bruno Plácido salió del lugar y dos hombres que llegaron en una motocicleta le dispararon en la cabeza. También, mataron a su chofer Abad Ruiz García, que lo acompañaba.

Plácido Valerio quedó tirado boca abajo en la rampa para minusválidos que se encuentra a 2 metros de la salida principal de la Secretaría de Salud. Vestía camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y zapatos negros.

Su acompañante quedó tirado boca arriba a 5 metros de distancia del dirigente indígena, entre la rampa y la banqueta que da a la avenida Ruffo Figueroa.

La ambulancia llegó 10 minutos más tarde, pero los dos cuerpos ya se encontraban sin vida.

Una fuente de la Fiscalía del Estado informó que en el lugar quedaron al menos 15 casquillos percutidos de calibre 380.

En las oficinas se encontraban pocos trabajadores, que abandonaron el lugar luego de escuchar los balazos. La zona fue acordonada por policías estatales, que pusieron una cinta amarilla desde el estacionamiento hasta la avenida que fue cerrada.

Al hecho llegaron más tarde los peritos de la Fiscalía que realizaron las diligencias, mientras que la Policía Ministerial tapó con sus patrullas el lugar para evitar que reporteros tomaran graficas.

El cuerpo de Bruno Plácido Valerio fue levantado a las 6:15 y subido a la camioneta del Servicio Médico Forense. El de su compañero fue levantado 20 minutos antes y depositado en el mismo vehículo.

Abad Ruiz era chofer del dirigente de la UPOEG desde hace 5 años y también eran originarios de la comunidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán en la Costa Chica del estado.

Una fuente de Salud reveló que Bruno Plácido llegó una hora antes a las oficinas, para solicitar una audiencia con la secretaria, Aidé Ibarez Castro, que se encontraba en reunión y el dirigente optó por esperar.

La versión es que Plácido Valerio salió del lugar y en ese momento fue atacado.

Dos horas antes salió en una fotografía en la página Web de El Sur, donde se encontraba en el centro comercial en el que fue asesinado el trabajador activo de la Secretaría de Salud y químico, Hugo Miguel Morales Sánchez, quien también vestía camisa de cuadros, pantalón de mezclilla y zapatos negros.

Bruno Plácido Valerio fue fundador y promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) hasta el año 2010 que se dividió y fundó la UPOEG, una organización que luchó contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por los cobros justos de luz en las comunidades de Costa Chica y Montaña.

En 2013 fundó el Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), que en enero del 2013 levantó en armas a 5 mil pobladores para expulsar de la Costa Chica hasta Petaquillas al grupo delincuencial de Los Rojos.

Un familiar cercano comentó a El Sur que Bruno Plácido “estaba amenazado prácticamente por todos los grupos de la delincuencia”, en especial por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos que son los que pelean las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla donde sigue habiendo presencia de policías de la UPOEG a los que les pretenden quitar su territorio.

El cuerpo de Bruno Plácido Valerio será llevado a su pueblo natal Buenavista, donde será sepultado.

 

 

 

 

Bruno Plácido fue fundador de la CRAC y de la autodefensa que ocupó Ayutla en 2013

 

El controvertido, temerario y a veces atrabancado dirigente indígena Bruno Plácido Valerio fue fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en 1995, de la que por diferencias con el entonces coordinador Pablo Guzmán Hernández, salió en el 2010 para crear el 24 de enero del 2011 la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Movimiento por el Desarrollo y la Paz Social.

La organización surgió exclusivamente para la gestoría social y la defensa de los usuarios de la Comisión federal de Electricidad (CFE) en la región de la Montaña, que se quejaban de las altas tarifas de la paraestatal.

Sin embargo, el 6 enero del 2013, Plácido Valerio se convirtió en el líder del primer grupo de autodefensa en Guerrero, cuando irrumpió en la cabecera municipal de Ayutla con aproximadamente 500 indígenas y mestizos armados, para enfrentar al crimen organizado que, según dijo Bruno entonces, cometía secuestros, levantaba y cobraba cuotas a los comerciantes y transportistas de la región.

El dirigente indígena denominó al grupo de civiles armados Policía Ciudadana de la UPOEG y la uniformó con playeras verdes similares a las de la Policía Comunitaria de la CRAC, la diferencia eran las siglas SSyJC (Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana) que regía a la autodefensa de la UPOEG.

Plácido Valerio, indígena na’ savi de 54 años nació el 4 de marzo de 1969 en Azoyú, donde estudió hasta la secundaria. Después, a los 24 años, tras contraer matrimonio, se fue a vivir a algún lugar de la región de la Montaña.

En 1993 llegó a radicar a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán. En una entrevista para El Sur contó que era diciembre y traía una camioneta “y algo de dinero” para instalar una tienda de abarrotes, lo que le sirvió para darse cuenta, dijo, de que la gente de la región no sólo era pobre, sino explotada y robada por los delincuentes.

Fue así que se involucró con otras autoridades agrarias y municipales de la región de la Montaña y la Costa Chica, entre ellos el Padre Mario Campos, para fundar la Policía Comunitaria de la CRAC.

Por su activismo, Plácido Valerio fue detenido y torturado durante dos días en el gobierno del priista René Juárez Cisneros junto con el padre Mario Campos y otras autoridades de la CRAC.

El dirigente indígena se convirtió en uno de los más polémicos y controvertidos dirigentes del movimiento social en Guerrero a partir de que formó la Policía de la UPOEG y su Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana en enero del 2013, primero en Ayutla y después se amplió a 12 municipios de la región de la Costa Chica e incluso llegó en el 2014 y 2015 al Valle del Ocotito y hasta Petaquillas, municipio de Chilpancingo.

Sin embargo, en el 2016 surgió una división y un grupo de dirigentes encabezados por Salvador Alanís, ahora líder de la Policía Comunitaria de Tlacotepec, a la que se señala de tener vínculos con el grupo delictivo de los Tlacos, constituyeron el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG), y desplazó a la UPOEG que después sólo recuperó el control en El Ocotito.

Plácido Valerio fue señalado en su momento de que fortaleció a la UPOEG a partir del 2012 con el respaldo del entonces gobernador Ángel Aguirre Rivero.

 

La retención de militares en El Pericón

 

Encabezada por Plácido Valerio, desde su fundación la Policía Ciudadana se vio involucrada en acciones temerarias.

En agosto de 2013 miembros de la UPOEG y policías ciudadanos armados retuvieron durante dos días en El Pericón, municipio de Ayutla, a 100 militares en respuesta a la detención y el desarme por los soldados de cinco miembros de la autodefensa.

También retuvieron durante tres horas a funcionarios de primer nivel del gobierno del estado y federal que habían ido a negociar la liberación de los soldados. Ellos fueron el entonces secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo; el procurador de Justicia del estado, Iñaki Blanco Cabrera y el operador político del gobernador Ángel Aguirre Rivero, Ernesto Aguirre.

Además, al delegado de la entonces PGR Salvador Anaya del Carmen y al delegado de Gobernación federal Juan Salgado Brito. La liberación de los militares y de los funcionarios ocurrió hasta que se convino una reunión de la dirigencia de la UPOEG con el gobernador Aguirre Rivero.

El 18 de mayo 2014, policías ciudadanos de la UPOEG atacaron al convoy de la entonces alcaldesa panista de Tierra Colorada, Elizabeth Gutiérrez Paz, en uno de los retenes de la autodefensa en esa cabecera municipal, lo que derivó en un enfrentamiento y dos de los escoltas de la presidenta resultaron heridos.

El 7 de mayo del 2022, elementos de la Marina fueron retenidos y amenazados por integrantes de la autodefensa. “La verdad pensábamos manearlo y colgarte del puente carnal, pero por el presidente municipal (Lincer Casiano Clemente) que es nuestro amigo y de nuestra banda, vamos a dejar esto así·, le dijo al mando de los militares el comandante de la UPOEG Jesús Calleja, Chucho Calleja.

El jefe de la Policía Ciudadana fue detenido el 28 de junio con seis de sus elementos, después de un enfrentamiento con militares y efectivos de la Guardia Nacional que participaron en la detención.

La detención del jefe de la autodefensa, generó bloqueos en diferentes puntos de Acapulco y la carretera hacia la Costa Chica.

 

El declive de la Policía Ciudadana

 

El 3 de agosto del 2022, integrantes de la policía de la UPOEG atacaron a balazos a la caravana del ahora ex vicefiscal Ramón Celaya Gamboa, cuando se desplazaba en la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, Oaxaca, cerca de Tres Palos en Acapulco, dejando como saldo dos presuntos agresores heridos, uno de ellos que murió dos días después y otros tres detenidos.

A partir de entonces la Policía Ciudadana de Plácido Valerio marcó su declive, semanas después fue replegada del corredor desde Acapulco hasta Marquelia donde mantenía el control.

El 9 de agosto, Plácido Valerio fue detenido en Chilpancingo por agentes ministeriales por robo específico y daños, hechos que habían ocurrido desde el 2016 en Tlapa por un conflicto agrario entre comuneros de Zitlaltepec, municipio de Malinaltepec, y Buenavista, de San Luis Acatlán, donde Plácido Valerio había fungido como comisariado de Bienes Comunales. El dirigente social fue liberado bajo fianza dos días después.

El 17 de noviembre del año pasado, cuatro coordinadores de la organización, Octavio Maganda Gallardo, Angélica Cruz López, Antonio Mejía Villa y Diego González Lorenzo desaparecieron al salir de una asamblea en Acapulco en la que habían asumido el cargo y hasta la fecha sigue sin saberse de su paradero.

Plácido Valerio había declarado que en el último año al menos 40 coordinadores, comandantes regionales y de ruta de la Policía Ciudadana habían sido asesinados o desaparecidos para descabezar, replegar y desaparecer a la organización desde el Gobierno estatal y desde la Fiscalía General del Estado, ahora encabezada por militares.

En reiteradas ocasiones denunció en los últimos meses que las autoridades estatales y federales habían iniciado una persecución en contra de la organización social en vez de actuar en contra del crimen organizado.

El 13 de julio pasado, el activista encabezó una asamblea en la comunidad de La Unión, municipio de Ayutla, a donde asistieron 80 autoridades de la Costa Chica que acordaron reactivar a la Policía Ciudadana de la UPOEG, “ante el avance de los grupos delictivos en las comunidades indígenas”.

El acuerdo se tomó tras un enfrentamiento una semana antes en Buenavista de Allende, municipio de Tecoanapa, que dejó un saldo de ocho muertos; cuatro miembros de la Policía Ciudadana y cuatro presuntos integrantes del crimen organizado.

Apenas el domingo pasado otro de los fundadores de la UPOEG, Carlos González Olivar, originario de San Marcos, fue asesinado frente a su familia cerca del mercado de esa cabecera municipal.

El dirigente victimado ya se había retirado de la agrupación y recientemente había salido de la cárcel acusado por el delito de homicidio, que según sus compañeros, no cometió.

Con el asesinato de Plácido Valerio, ocurrido la tarde de ayer, quedó descabezada y desarticulada totalmente la organización y su grupo de autodefensa.

Plácido Valerio contaba con medidas de seguridad; una camioneta blindada y el resguardo de una patrulla de policías estatales a partir del atentado que sufrió el empresario de Chilpancingo Pioquinto Damián Huato el 28 de enero del 2014, en el que murió la nuera del empresario, Laura Rosas Brito, en tanto que Damián Huato y su hijo resultaron heridos cerca de El Parador del Marqués, al sur de Chilpancingo.

El atentado ocurrió después de que regresaban de una reunión en El Ocotito en la que Damián Huato y Plácido Valerio señalaron al entonces alcalde Mario Moreno Arcos de tener vínculos con los grupos delictivos que operaban en Chilpancingo y en el Valle del Ocotito.

Sin embargo, las medidas de seguridad con las que contaba el ahora finado se las retiró la Secretaría de Seguridad Pública estatal al inicio del actual Gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda, informaron ayer fuentes de la agrupación.

 

 

 

 

No se descarta que la disputa entre grupos delictivos esté detrás del crimen: Ludwig

 

El secretario general de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, no descartó que el asesinato del dirigente de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio, tenga relación con la disputa de grupos delictivos, como Los Tlacos y Los Ardillos, con ese grupo de autodefensa comunitaria.

En tanto, el líder de Morena, Jacinto González Varona, expresó que “todos estamos en riesgo en el estado”, y dijo que si el dirigente de la UPOEG se sentía amenazado, debió de pedir protección.

La presidenta de Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, ofreció acompañamiento a la familia del dirigente, para que puedan tener acceso a la justicia.

En declaraciones al finalizar el segundo informe de actividades de la diputada Yoloczin Domínguez Serna, realizado en Acapulco, Ludwig Reynoso calificó como un hecho “muy lamentable” el asesinato del fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones.

“Es un hecho muy lamentable, nosotros con Bruno teníamos muy buena comunicación y con él estábamos en el proceso de trabajar para que la UPOEG tuviera más orden, avanzamos en muchas cosas con él, lamento yo en lo personal, muy profundamente el asesinato de Bruno. La Fiscalía tendrá que hacerse cargo de las investigaciones y vamos a seguir muy puntualmente los hechos”, abundó el funcionario.

También a pregunta de reportero, aceptó que el crimen “podría” estar relacionado con la disputa que hay entre los grupos delictivos de Los Tlacos y  Los Ardillos con la UPOEG, “hay una probabilidad de que sea eso pero no tengo mas elementos en este momento para poder señalar a alguien en particular”.

También a pregunta de que ya son cuatro los líderes de la UPOEG asesinados en el último mes, recordó que hay divisiones y diversos grupos en esa organización, “vamos a revisar muy bien lo que está sucediendo ahí”.

Rechazó que el asesinato de un líder tan reconocido sea una muestra de la ingobernabilidad del estado.

 

“Debió pedir medidas cautelares”: Jacinto

 

El presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, Jacinto González Varona, expresó que “todos estamos en riesgo en el estado”, luego del asesinato de Bruno Plácido Valerio.

“Creo que nadie tiene derecho a quitarle la vida a otra persona, pero también nosotros los que nos dedicamos en la lucha social debemos de tomar precauciones. Creo que el compañero Bruno Plácido si tenía amenazas o temía por su vida debió de pedir medidas cautelares antes de que sucediera esto”, dijo el diputado morenista tras el informe de Yoloc-zin Dominguez, .

Y solicitó a la Fiscalía y a las instancias de gobierno encargadas de la seguridad a reforzarla y que las víctimas y sus familias accedan a la justicia. González Varona, dijo que a pesar de que este crimen ocurrió en las inmediaciones de oficinas de gobierno del estado, el Congreso y la Fiscalía General de la República, no es por la impunidad.

“Creo que no podemos tener un soldado en cada esquina, eso es evidente, eso no se puede, que estemos cuidando a cada guerrerense”.

–¿Está fallando la estrategia de seguridad entonces?

–Habría que estar revisando la coordinación que hay entre los niveles de gobierno, y pues ponderar la protección a los guerrerenses.

–¿Crees que este crimen pone en riesgo a más dirigentes sociales?

–Pues todo estamos en riesgo en el estado.

Respecto a lo sucedido en San Jerónimo, dijo que no fue una agresión a la  casa de  la alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente,  sino contra la casa  del director de Re-glamentos y Espectáculos.

Indicó que en el video se aprecia la camioneta que usa la alcaldesa y no es atacada, y que la confusión pudo venir porque ambas viviendas colindan, pero que será la Fiscalía la que informe al respecto.

 

Apreza: es “preocupante lo que sucede” en el estado

 

El coordinador de la bancada del PRI, Héctor Apreza Patrón quien también asistió al informe de Yoloczin manifestó que “es preocupante lo que está sucediendo en el estado, el asesinato de cualquier persona es lamentable, yo hago votos por que pueda reestablecerse la seguridad en nuestro estado”.

Pero dijo que la situación de seguridad no está fuera de control “evidentemente se requiere una mayor coordinación” entre “el gobierno y la ciudadania”.

 

Reconoce presidenta de la Codehum labor de Bruno

 

La presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Guerrero, Cecilia Narciso Gaytán, lamentó y reprobó el asesinato.

Al término de la misma actividad, reprobó la ejecución del fundador de autodefensas.

Indicó que la Codehum dará acompañamiento a la familia del dirigente para que pueda tener acceso a la justicia, “era un defensor de los derechos de la policía comunitaria de nuestro estado”, pero también era un ser humano.

La defensora de los derechos humanos expresó su solidaridad y envió su pésame a los familiares de Bruno Plácido.

 

 

 

 

Atacan a balazos en Tixtla al director del Centro Minerva Bello cuando salía de Ayotzinapa

 

El sacerdote y director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello (Centro Minerva Bello), José Filiberto Velázquez Florencio fue atacado a balazos en la carretera Tixtla-Chilpancingo.

El ataque se dio a la 1 de la mañana cuando el padre salió de una reunión de la escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, rumbo a Chilpancingo.

La versión del defensor de derechos humanos es que a 500 metros del arco de Ayotzinapa, hombres armados le dispararon.

Filiberto Velázquez viajaba en una camioneta y logró bajar y escapar corriendo a una de las entradas de la normal Rural Raúl, donde fue auxiliado por los estudiantes.

Hasta el cierre de la edición no había llegado ninguna autoridad.

El padre Filiberto Velásquez se ha destacado principalmente por visitar las zonas de ataques con drones en la comunidad de El Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, y dar refugio a los familiares de enfermos del hospital general Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo.

 

 

 

 

 

 

 

Texto: Lenin Ocampo Torres, Zacarías Cervantes, Daniel Velázquez y Jacob Morales Antonio/Foto: El Sur