Después de un año de los acontecimientos en San Miguel Totolapan, en donde fueron asesinados el presidente municipal Conrado Mendoza, junto con su padre, el ex alcalde Juan Mendoza, y 20 colaboradores más del Ayuntamiento, no hay detenidos; el operativo para detener a los responsables se terminó en seis meses y la investigación no fue concluida.
Y es que desde la tarde del 5 de octubre del 2022, se informó de la llegada de un operativo especial que en coordinación entre la Policia Del Estado, la Guardia Nacional, el Ejército, y la policía ministerial buscarían a los responsables.
De acuerdo con la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, las ejecuciones serían responsabilidad de La Familia michoacana, ese día encabezadas por José Alfredo Hurtado, El Pez.
El operativo presentó varios detenidos relacionados con jóvenes que vendían drogas, algunos con vehículos robados, y otros dedicados a la vigilancia delictiva, conocida como el “halconeo”. Ninguno de los relacionado de manera directa con la masacre ocurrido en San Miguel Totolapan el 5 de octubre.
Más de 500 elementos se sumaron al operativo en San Miguel Totolapan. Pero conforme pasaron los meses disminuyó la presencia, a tal grado de qué en abril pasado después de Semana Santa, la seguridad de los cuerpos policiacos externos al municipio se retiró por completo.
El Ejército y la Guardia Nacional mantenían un puesto de control en la entrada del municipio en la zona de las bodegas.
La seguridad está a cargo de un grupo reducido de 15 policías municipales.
Pero la investigación no ha concluido. Datos oficiales de la Fiscalía General del Estado confirman que de los 22 cuerpos de los que se informó como personas que fallecieron en esa balacera, por lo menos el de ocho no pudieron ser inspeccionados y no hay datos forenses debido a que fueron trasladados de forma inmediata por los familiares hasta diversas comunidades y algunos de ellos a la sierra, sin que se hiciera la autopsia de ley.
Además versiones de vecinos de San Miguel Totolapan, cuentan hasta 24 fallecidos producto de la balacera, pero la Fiscalía no pudo terminar la investigación forense por las complicaciones de traslado y por no tener la seguridad de los lugares en donde estaban los cuerpos.
De las acciones que permanecen en San Miguel Totolapan después de los acontecimientos, la instalación de la agencia del Ministerio Público, del distrito de Cuauhtémoc que se trasladó completamente a San Miguel Totolapan. De forma permanente se quedó en esta localidad el personal que se encontraba en Arcelia.
En las afueras de las instalaciones del Ministerio Público en San Miguel Totolapan permanecen estacionadas las unidades móviles para los trabajos forenses que no han sido movidas.
Estas instalaciones el ministerio público se activaron en octubre del año pasado. Fue en junio pasado que el presidente municipal Fredy Vazquez Palacios tomó las instalaciones e hizo señalamientos por la detención de dos campesinos con vehículos con reporte de robo y acusó a policías ministeriales de afectar a la población por revisiones diversas que realizaban en la plaza principal.
Sin embargo después de esa protesta en donde vandalizaron las instalaciones del ministerio público, el propio municipio restauró el espacio y no se supo de otro conflicto incluso de operativo su acciones de la policía ministerial.
Integrantes del Frente Amplio Feminista del estado de Guerrero consideraron que las autoridades de impartición de justicia han perdido credibilidad y advirtieron que mientras prevalezca la impunidad, los feminicidios van a seguir a la alza.
Ayer lunes en conferencia de prensa en un restaurante del Zócalo de Acapulco, reprocharon la reducción del presupuesto del gobierno federal para atender programas dirigidos hacia las mujeres y que no se encuentra enfocado con perspectiva de género.
La perredista Azucena Salazar Pineda dijo que sin un presupuesto dirigido a programas de mujeres será difícil erradicar la violencia de género, pero además tampoco hay una política pública en acciones sobre la violencia política en razón de género.
Lamentó el caso de la mujer que fue hallada asesinada a balazos en Acapulco, y dijo que las instituciones “han perdido mucha credibilidad, la ciudadanía ha dejado de ir a levantar una demanda, una carpeta, porque las instituciones están rebasadas completamente, el gobierno ha fracasado en su política de seguridad y en el tema de las mujeres estamos muy mal evaluados”.
En tanto la integrante de Movimiento Ciudadano, Nereida de Jesús Silvar, dijo que cada día la violencia hacia las mujeres es más frecuente, aparecen mutiladas, violadas, despedazadas y las acciones que se trazan en documentos no se ven reflejadas en el territorio; citó el caso de las calles obscuras y recordó que Acapulco tiene dos alertas de género.
“Al gobierno federal le decimos que vamos a seguir alzando la voz y acompañando a las madres que siguen buscando a sus hijos”, dijo.
El activista Enrique Solano López dijo que en Guerrero hay tres municipios con su policía de género, pero indicó que en el país “no existe ningún protocolo de policía de género” y el 70 por ciento de las policías municipales no cuenta con el Certificado Único Policial.
Guerrero según el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim), tiene sólo 10 feminicidios, “mentira, en Acapulco ha habido más de 10 hace un par de meses, pero el Banavm dice que nada más 10 feminicidios en todo Guerrero y qué pasa se subregistran, no se registran o se registran mal”, señaló.
“Mientras sigamos simulando va a pasar lo que pasó el periodo pasado que se terminó con un 43 por ciento de resultados de la alerta, ahorita llevamos dos años y qué ha pasado, ha habido dos sesiones, se ha reelaborado el programa y vamos como entre un 8 o 15 por ciento en algunos temas”, dijo.
Advirtió que es preocupante el avance de la presencia militar en sitios como las fiscalías, las aduanas y dependencias civiles, porque lo que la población exige es resultados con una política preventiva y no reactiva.
Criticó que el presupuesto federal esté cargado a programas sociales y algunos “que no tienen razón de ser como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, por el contrario para el Centro de Nacional de Equidad de Género disminuye más de 170 por ciento”.
La presidenta de Mujeres por Guerrero, Guadalupe Medina, hizo un llamado a las dirigencias de los partidos, porque no hay paridad en ellas, y debe haber igualdad y no sólo coordinadoras de territorios.
El arzobispo Leopoldo González González pidió que la celebración por la Independencia de Mexico sea motivo de reflexión, “que viva México depende de todos”.
En su mensaje de este doningo, monseñor insistió en la impunidad como detonante de la violencia. “La gravísima impunidad en la que permanece la inmensa mayoría de los delitos cometidos, para nada ayuda a fortalecer en las personas la decisión de no hacer mal”.
“Proteger a la sociedad de quien la daña con crímenes y delitos, es deber irrenunciable de quien, por su cargo de autoridad, tiene la obligación de cuidar de ella. Quien ha cometido crimen o delito, conforme a derecho, ha de recibir la oportunidad de recapacitar, cambiar de conducta, resarcir en la medida de lo posible el mal causado y luego volver a la sociedad”.
A las instituciones les recordó que su tarea “es garantizar la seguridad y la paz: el estado de derecho es indispensable. Es necesario mejorar la estrategia en el cuidado de la sociedad. Nos lo hacen ver los hechos violentos que conocemos en las noticias. No basta la presencia de más soldados y más guardias: No pueden estar en todas partes y quien tiene la intención de dañar busca el momento en que no están”.
A propósito de la fiesta del 16 de septiembre, con motivo del grito de independencia, el arzobispo convocó a reflexionar para que “estas celebraciones nos hacen ver que una nación, cualquiera que ella sea, nunca es un proyecto completamente terminado, mucho menos una realización perfecta. Los ideales de libertad, justicia e igualdad, por los que lucharon nuestros antepasados, nos siguen interpelando. Una condición indispensable para aspirar a la madurez y al progreso, es saber valorar los logros, asumir los errores, discernirlos y transformarlos en sabiduría y oportunidades. Sólo así podemos avanzar en el desarrollo de nuestra patria. A esto nos ayude la celebración de nuestro mes patrio”.
Añadió que el proceso de construir una patria mejor es responsabilidad de cada persona y de su comportamiento diario, “liberemos nuestra mente y nuestro corazón de todo aquello que lleve al odio, a la venganza, a la ambición, a la violencia y al daño de nuestra propia dignidad humana. Liberarnos personalmente de esos males fortalecerá los valores de nuestras familias: el respeto, la comprensión, la unidad y la colaboración solidaria”, porque de esa forma se podrán transformar las estructuras sociales.
Monseñor también convocó a reconocer a los adultos mayores como “padres, abuelos y bisabuelos que con el cuidado de la familia, su trabajo honrado y su servicio en la sociedad han construido el bien común del que ahora participamos”.
Guardia y ofrenda floral en honor del presidente de la Comisión de Gobierno en la 59 Legislatura del Congreso del Estado, Armando Chavarría Barrera. En la imagen, la viuda Martha Idalia Obezo Cázarez, de lFNL Jesús Camargo; del colectivo de familiares de personas desaparecidas “Lupita Rodriguez”, Bladina Diéguez; la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Norma Mesino; la viuda de la masacre de El Charco Eustilia Ramírez, y el hijo del diputado asesinado, Oswaldo Chavarría Obezo Foto: Jessica Torres Barrera
Rosalba Ramírez García
Chilpancingo
Martha Obezo Cázares, viuda del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado asesinado, Armando Chavarría Barrera, sostuvo que el asesinato de su esposo fue cometido por policías ministeriales que utilizaron “armas de cargo” y que los autores intelectuales ahora son “cadáveres políticos”, a quienes calificó como “unos infelices amargados”.
Este domingo, la familia, amigos y compañeros de partido de Chavarría Barrera realizaron una jornada de actividades, para conmemorar el 14 aniversario luctuoso del asesinato de quien fue la cabeza del Congreso local en la 59 legislatura.
En el busto de Armando Chavarría, colocado en una de las entradas principales al edificio del Congreso local, demandaron justicia y que termine la impunidad en este caso, con lonas con la imagen de quien fuera el presidente de la entonces Comisión de Gobierno.
La viuda en su mensaje reconoció “la lucha tenaz del colectivo de víctimas de Chilpancingo, Lupita Rodríguez Narciso, que nos acompaña ahora”, también agradeció a perredistas y trabajadores del Congreso que asistieron.
Fueron ministeriales
Recordó que cuando su marido “fue ejecutado extrajudicialmente” era cabeza del Poder Legislativo, y que los “perpetradores” del asesinato “quisieran vernos en un interminable vía crucis, en llanto siempre. Pero la vida de Armando no merece ser conmemorada así, su muerte menos, quienes se atrevieron a cancelar un proyecto de vida y de lucha, sabían lo que hacían, calcularon bien, midieron el costo, y el beneficio, lo que arriesgaban y lo que ganaban”.
Explicó que Guerrero “tristemente es representante nacional de las grandes atrocidades, de ese flagelo que nos carcome como sociedad, que es la impunidad. Lo hicieron, calcularon, midieron los autores intelectuales, y lo hicieron, utilizaron esbirros, que no fueron esbirros, ni matones improvisados, pues eran policías ministeriales con armas de cargo. Eso logramos saber”.
Entonces soltó que “los perpetradores” todavía “quisieran estar en cargos públicos. Que no crean que vamos a perdonar, que vamos a olvidar, que vamos a perdonar. Jamás. No nos conocían, no sabían quienes éramos”.
Martha Obezo dijo que no importan los años que tengan que pasar o “si se nos va la vida en eso”, que continuará exigiendo justicia por este asesinato.
A los asesinos intelectuales y materiales, les dijo que “no estén tan campantes, creyendo que se van a ir de esta vida sin ser juzgados. La historia, por supuesto, ya los tiene en el basurero y son cadáveres políticos. No hay más que voltear a verlos, para ver que el dinero no les basta, son unos infelices amargados”.
Dijo que “desde el poder se haya querido minimizar, incluso hasta lastimar, pulverizar, desprestigiar la memoria de Armando”.
En ese sentido Martha Obezo dijo que para que un crimen de Estado ocurra “confluyen muchos intereses de altísimo nivel y no creo que debiera dejarse nada más en el contexto local, en que fue nada más el círculo cercano. Puede ser que sí, pero difícilmente pudo ser ignorado un atentado de ese tamaño, de esa prominencia, sin que se enteraran, sin que participaran personajes de muy alto nivel, y lo hacen sabiendo que garantizan al menos dos cosas: inmunidad e impunidad, que nadie los toque y que nunca se conozca la verdad histórica”.
Recordó también que tras el asesinato de su esposo, pidieron al Congreso del Estado que decretaran el 20 de agosto como día de duelo en el estado y se izara la bandera a media asta, “en señal de duelo por el magnicidio”, y fue hasta julio de 2017, cuando la 61 legislatura aprobó un acuerdo para que se incluyera en el calendario cívico del gobierno estatal la fecha del asesinato de Armando Chavarría.
Dijo que a pesar de que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, “el gobernador de turno”, dijo en referencia al priista Héctor Astudillo Flores, “sencillamente lo ignoró, hizo caso omiso. Eso dice mucho de lo que ocurre, de lo que pasa con los poderes en el estado”.
En el acto, la integrante de Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino, dijo que en Guerrero “vivimos un estado en el que hay impunidad, no hay justicia, no hay seguridad para los ciudadanos y menos para los que defendemos los derechos humanos”. Recordó los asesinatos de sus hermanos Rocío y Miguel Ángel.
Una representante del colectivo Lupita Rodríguez Narciso, demandó a los diputados presentes y al Congreso local la aprobación de la ley de desaparición forzada en el estado y un centro de identificación humana.
También demandaron justicia Esustolia Castro Ramírez y otras representantes de las viudas de la masacre cometida en El Charco, en Ayutla de los Libres, al representante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Jesús Camargo Ornelas.
Antes de la ofrenda en el Congreso, se realizó una misa en el panteón, después de la cual Obezo Cázares dijo que “esto no es una lucha unipersonal, no es el deseo de convertir a Armando en santo o mártir después de muerto. Tampoco borrar los errores, que los tuvo, es en todo caso, reconocer su trayectoria de lucha y convertirla y darle sentido”.
Contó que cuando sepultó a su esposo, en ese lugar prometió que iniciaría “una lucha por justicia, por verdad, para construir la memoria histórica y que no quedara en el olvido este crimen atroz que descabezó al poder Legislativo, el poder que representa la voluntad popular”.
Por la tarde se realizó un conversatorio, llamado A 14 años de impunidad, en el que se proyectó un video sobre momentos de la vida de Chavarría Barrera, entre ellos, los últimos discursos y declaraciones del entonces presidente del poder Legislativo.
Se presentó un fragmento de una intervención de Chavarría, el 30 de enero de 2009, en Iguala, en el que mencionó: “¿Cómo va a creer el estado de Guerrero en la alternancia, cuando el Estado no tiene capacidad para cumplir con su obligación primaria, resguardar la integridad patrimonial y personal de sus gobernados? Nunca, como ahora, la sociedad había estado tan inerte frente a la delincuencia. Nunca, como ahora, el Estado de Derecho había estado tan cuestionado. La creciente ola de inseguridad puede provocar que una parte de la sociedad clame por un estado autoritario y la única manera de cerrarle el paso a esta tentación, es fortalecer la democracia, reconocer a la ley y a las instituciones públicas, como garantes de la gobernabilidad”.
En el conversatorio se habló de como algunos de los asistentes conocieron a Armando Chavarría y lo que representó en sus vidas. Participaron el ex guerrillero Nicomedes Fuentes García, Jesús Camargo Ornelas y Abel López Rosas.
La integrante de la OCSS, Norma Mesino, dijo que Armando Chavarría fue víctima de “la política de mentes perversas, que creen que ganan asesinando a su oponente político, esa es la política de la mayoría de los gobiernos”.
Aprovechó para criticar a la “revuelta de la ultraderecha recalcitrante sobre los libros, les molesta que en los libros se escriba la historia”, dijo que está de acuerdo con que en los libros de texto se informe de estos hechos y masacres, pero “también se debe de escribir quienes fueron los perpetradores. El Ejército (…) ha sido los responsable de la desaparición de mucha gente de izquierda”.
La integrante de OCSS dijo que en Guerrero “vivimos un estado en el que hay impunidad, no hay justicia, no hay seguridad para los ciudadanos y menos para los que defendemos los derechos humanos”.
Al acto en el Congreso acudieron los diputados Raymundo García Gutiérrez, Patricia Doroteo Calderón y Jennyfer García Lucena, también representantes de las dirigencias estatal y municipal del PRD, así como representantes de organizaciones sociales.
El aspirante a la candidatura a la presidencia por Morena, Marcelo Ebrard, en entrevista con El Sur Foto: Carlos Carbajal
Jacob Morales Antonio
Un crecimiento más rápido de la economía en general que la de los criminales, y que sus acciones no queden en la impunidad, es “la combinación adecuada” para combatir la violencia en México y Guerrero, dijo el aspirante presidencial por Morena, Marcelo Ebrard Casaubón.
Consideró que los bloqueos y 11 vehículos incendiados en la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo ocurridos el miércoles fueron “una reacción por acciones de la policía y por acciones federales”.
En entrevista concedida a El Sur, al candidato a coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación se le preguntó si erradicando la pobreza se acaba la violencia, y puntualizó que son dos cosas distintas, que se debe actuar contra quien viole la ley y atente contra los ciudadanos.
“Pero, si hay un estancamiento de la economía y los salarios, en cambio, todas las actividades vinculadas a la delincuencia crecen, en utilidades, en dividendo, pues se va debilitando la convivencia y eso ha pasado en todo el mundo”, expresó.
“Lo que necesitamos hacer es que crezca más rápido la economía en general, que la de los delincuentes; y segundo, que no queden en la impunidad sus actividades. Es lo que me parece la combinación adecuada”. Además, planteó, hay que mantener la Guardia Nacional, que es “un buen elemento”, para emprender una estrategia con ayuda de la última tecnología.
“Porque de otra manera, quien esté en la titularidad del Ejecutivo federal pues te podrá dar su punto de vista, pero no tiene el mando ni sobre el Poder Judicial, que es autónomo; ni sobre las policías de los estados, que dependen de los gobernadores; ni de los policías municipales, que dependen de los alcaldes; ni de la Fiscalía General de la República que es autónoma, ¿cómo vas a implementar una estrategia de seguridad? Entonces, la Guardia Nacional cambia eso, por eso hoy podemos decir que la vamos a dotar de la tecnología necesaria”.
El ex canciller dijo que se debe fortalecer a las fiscalías, para que su capacidad de operación crezca cinco veces más en comparación con la que tiene actualmente, que de forma trimestral informe sobre cuántos homicidios y desapariciones resuelve, en comparación con las que ocurren, porque esas cifras no se tienen.
También propondría una reforma al Poder Judicial y revisar las normas que hacen posible que la impunidad impere, como el caso del delito de extorsión, que no está considerado en varios estados como delito grave, al igual que el tráfico de armas. Lo que permite que los delincuentes salgan en libertad.
Respecto a la inversión, dijo que la parte más importante ya está realizada y es la Guardia Nacional, con más de 200 cuarteles y 200 mil elementos. El segundo rubro de inversión es en los sistemas de cámaras, en todo el país, porque sólo en 25 estados hay sistemas de videovigilancia, pero no están conectados entre sí y están siendo utilizadas en un 15 por ciento de su capacidad.
Indicó que del 100 por ciento que se necesita ya se invirtió un 70 por ciento, pero no quiso dar cifras. Aunque dijo que no ve un problema de dinero para adquirir cámaras que puedan identificar rostros, así como la colocación de sensores y drones que hacen más fácil su operación.
Recordó que algo similar hizo cuando era jefe de Go-bierno en la Ciudad de México en 2008, con 13 mil cámaras instaladas, “eso permitió darle a la ciudad un piso de seguridad”, evitando la impunidad e imponer la hegemonía sobre cualquier grupo criminal.
Sobre la presencia protagónica del Ejército desde hace varias décadas en el estado y también en las tareas de seguridad, expresó que el gobierno se apoyó en las fuerzas castrenses ante la falla de las instituciones civiles, que se tienen que reformar. “El Ejército ha hecho bien su trabajo”, dijo.
La violencia en Acapulco y Guerrero
Ebrard Casaubón sostuvo que “tiene que haber una reacción de la autoridad, para evitar la impunidad”, ante los hechos suscitados este miércoles en la zona de Pie de la Cuesta, de Acapulco, donde fueron incendiados 11 vehículos, dijo que deriva “de una detención importante de la autoridad federal” y afirmó que se debe respaldar, en la medida de lo posible, a los gobiernos local y estatal.
Luego en conferencia de prensa afirmó que lo que se vivió en Acapulco el miércoles “obedece a una reacción por acciones de la policía y por acciones federales”.
Respecto al asesinato del empresario José Guadalupe Fuentes y su hijo, José Manuel Fuentes Calvo, quien participaba en su equipo promotor y a quien conoció por medio del extinto Luis Walton Aburto, como indicó en la breve conferencia de prensa que ofreció, dijo que está muy triste por el hecho, que hoy su equipo junto con la familia van a tener una reunión con la Fiscalía, para conocer los avances en las investigaciones.
Insistió en que no debe de haber impunidad en ningún delito, “la clave de todo esto es no permitir impunidad”, porque eso alimenta otros casos, y para eso se necesita personal y lo último de la tecnología.
Luego de que el senador Ricardo Monreal dijo que Guerrero está desolado por la violencia, el ex canciller reconoció: “Tenemos problemas con el crimen en varios estados de la República y varias ciudades. Por eso, para mí ese es el motivo principal, y lo que tengo en mente es el Plan Ángel”.
Sostuvo que “el principal tema a resolver, para la cuarta transformación en los próximos años, es lo que tiene que ver con la inseguridad o la confrontación con la delincuencia”.
El morenista no quiso abundar en la entrevista sobre los videos donde aparece la presidenta de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, con un líder criminal, pero subrayó: “Toda constancia de colusión con el crimen debe de ser investigada y sancionada. No importa del partido que sea”.
El apoyo de la gobernadora y los alcaldes
Ebrard Casaubón afirmó que en Guerrero “nos está yendo muy bien. En los datos, en las encuestas que conozco, tenemos muchas afiliaciones y hay mucho entusiasmo”.
Del apoyo que hay, por parte de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, hacia la aspiraciones de Claudia Sheinbaum Pardo y de la presidenta de Acapulco, Abelina López Rodríguez, a su proyecto, que los promueven abiertamente, dijo: “Cada persona que está ejerciendo un cargo, tiene todo el derecho de tener sus preferencias. Lo que no se vale es usar recursos públicos o violentar las normas legales”, por eso cuando se postuló impulsó que los aspirantes de Morena se separaran de sus cargos.
Agregó que también dijo, en su momento, que si el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, quería coordinar la campaña de Sheinbaum Pardo que pidiera licencia, “entonces, ya con las reglas que se establecieron en Morena, se pueden presentar todos los elementos al partido cuando esto se violenta, y la comisión encargada ve esto caso por caso”.
El aspirante expresó que el que un gobernador o alcaldesa tenga a su candidato no va a influir en las encuestas, a menos que sea usando recursos públicos, lo que se configuraría como un delito y se tiene que denunciar, “pero no creo el que una gobernadora o gobernador tenga inclinación por alguien, y se sepa, eso vaya a determinar la encuesta”.
En la conferencia que ofreció en un salón del Hotel Elcano, el aspirante presidencial señaló que las discusiones y la controversia que hay por el contenido de los libros gratuitos de la SEP, se están dando en un contexto “muy político”.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Tlapa
Este jueves 20 de abril, alrededor de las 9 de la noche, concluyó la mesa de diálogo con autoridades de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), en la que, después de intensas negociaciones, los estudiantes del Instituto Tecnológico Superior de la Montaña (ITSM) lograron la destitución provisional de ocho profesores acusados de hostigamiento sexual.
Por parte de las autoridades de la SEG participaron en el diálogo Marco Antonio Marbán Galván, subsecretario de Educación Media y Superior; Moisés Olivares Mendoza, jefe de la Contraloría y Transparencia Gubernamental de la SEP; Israel Robles Castro, representante de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la SEP; Jorge Rodríguez Ponce, delegado de Gobernación en la Montaña, y José Ángel Martínez García, director del ITSM.
La reunión se desarrolló en un marco de tensiones, por el conflicto que estalló hace un mes, por varias irregularidades que persisten en el instituto, así como el señalamiento de hostigamiento sexual sistemático que sufren las alumnas por parte de los profesores.
Durante el diálogo, estudiantes y padres de familia denunciaron la inacción e insensibilidad de las autoridades para atender sus demandas, en razón de que durante un mes nunca se estableció una mesa de diálogo seria. Recordaron que el 28 de marzo, el subsecretario de Educación Media y Superior no asistió a una reunión que ya estaba pactada, para dar continuidad al diálogo y atender el problema. También refirieron que la entonces directora, Fredislinda Vázquez Paz, nunca los atendió y prefirió desviar la atención, acusando que los estudiantes tenían otros intereses.
Este 19 abril, estaba programado iniciar la reunión a las 10 de la mañana, sin embargo, los funcionarios llegaron al plantel con dos horas de retraso. Después de varias propuestas y contrapropuestas de las partes, a las 3 de la mañana del día siguiente se lograron los primeros acuerdos: dar posesión al nuevo director de la escuela, José Ángel Martínez García, e iniciar los procesos de investigación contra los profesores señalados de agredir a las estudiantes, luego de lo cual se hizo un receso y se reinició la mesa a las 10 de la mañana, ese mismo día, concluyendo a las 9 de la noche con los acuerdos definitivos, mediante los cuales se destituye provisionalmente a ocho profesores y se inician los procesos de investigación para que, en un lapso de 15 días, se emitan los dictámenes de su destitución definitiva.
Se acordó también continuar el diálogo entre estudiantes y el director de la escuela, para dar respuestas a otros puntos secundarios del pliego petitorio. Mientras tanto, la dirección de la escuela se mantendrá abierta, para que el director pueda hacer todas sus gestiones y trámites administrativos. Estudiantes y funcionarios expresaron su satisfacción por los acuerdos logrados. Los primeros dijeron que es un triunfo obtenido por su movimiento y es ejemplo de que las alumnas no deben permitir estas agresiones. Expresaron que nunca más se dejarán ni permitirán estos atropellos.
Por su parte, el nuevo director refirió que tomará medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir y que iniciará un diálogo permanente, para crear un ambiente propicio para la educación.
El arzobispo Leopoldo González González señaló que la impunidad es lo que alienta las conductas delictivas, pues quienes cometen esos actos esperan que no haya fuerzas de seguridad en el entorno inmediato y saben que no serán sancionados.
En su mensaje de este domingo el arzobispo convocó a los católicos a que la Semana de Pascua y en particular el Viernes de Dolores, en el que se conmemora el día de nuestra señora de La Soledad, sea motivo de reflexión sobre el impacto de la violencia, el rostro con lágrimas de la imagen es el mismo que puede verse en el prójimo, y puso como ejemplo los homicidios, el desplazamiento forzado y la extorsión.
También insistió en que mientras haya impunidad seguirán ocurriendo hechos violentos. “La impunidad disminuye mucho la seguridad, que la presencia de militares y policías puedan dar. Es imposible que nos vigilen a cada uno de los ciudadanos y que estén en cada rincón de los pueblos, ciudades, campos, carreteras… Si quien comete estos crímenes y delitos mira que lo más probable es que su delito quede impune, basta que vigile que policías y militares no lo vean al realizarlo, aunque estén ahí cerca”.
“Es necesario que quien cometió tales crímenes y delitos sea puesto, conforme a derecho, en condiciones de no poder seguir cometiéndolos, de recapacitar y reorientar su conducta, y de alguna manera resarcir el daño hecho a las víctimas”.
A manera de reflexión, monseñor dijo que el rostro de la imagen de Nuestra Señora de la Soledad, con lágrimas en sus mejillas es el mismo que se aprecia en las familias que sufren la pérdida de un familiar que ha sido ejecutado. “Aunque por desgracia los asesinatos y ejecuciones estén siendo cosa casi diaria, no nos acostumbremos a ello. Nos duela e indigne el crimen que sufrieron estos hermanos nuestros. Al mirar la noticia, siempre pidamos por su eterno descanso y, si podemos, expresemos nuestra cercanía a su familia, en la escucha, en el dolor que compartimos con ellos, en una palabra de consuelo y esperanza”.
“El rostro de aquellas familias que han tenido que dejar sus comunidades o están a punto de hacerlo, por la desprotección en que se miran ante las amenazas de grupos criminales. Para regresar a sus hogares, para permanecer en ellos, necesitan condiciones fiables de seguridad. No es posible vivir con la zozobra de la cercanía de un peligro al ir a sembrar o a cosechar, al llevar las vacas a pastar, al ir a comprar… Junto con las condiciones fiables de seguridad es necesario que, primero, tengan las condiciones básicas para subsistir y luego, la posibilidad de conseguir con su trabajo lo necesario para vivir dignamente. No es posible volver o permanecer si desvalijaron la tienda del poblado, si se robaron hasta la despensa”.
“El rostro de tantas familias extorsionadas: el cobro de cuota o de piso, el ‘impuesto’ que exigen algunos grupos criminales por caja de mango o en la compra de algunos productos de abarrote o de subsistencia diaria o de materiales de construcción… son una grave sangría a la economía familiar, dejan un doloroso sentimiento de impotencia y de enojo en las personas que lo sufren y hacen muy frágil el sentimiento de seguridad en la sociedad”.
Los familiares del taxista Saúl Merodio de Jesús, primero enfrentaron su pérdida cuando hombres armados lo levantaron, luego negligencia y omisión de las autoridades para su localización, y después de que hallaron sus restos impunidad, ausencia de justicia y falta de castigo para los responsables, denunció su hermana Yanet Merodio.
A sus 22 años Saúl fue levantado por hombres armados la noche del 11 de junio del 2019 en la calle Heroico Colegio Militar de la colonia Guerrero en Chilpancingo, cuando después de su jornada laboral iba a entregar a su relevo el taxi que trabajaba.
Desde entonces desapareció hasta que sus restos fueron hallados junto a los de otras personas cerca de Chichihualco el 2 de diciembre de ese mismo año, sin embargo, sus restos se los entregaron a su familia hasta el 18 de febrero de este 2022, más de dos años después.
En entrevista el 8 de diciembre pasado, su hermana Yanet, contó que la noche que desapareció, su hermano había ido a comprar tacos para toda la familia y lo esperaban para cenar cerca de la media noche.
Les contó que después de que comprara la cena iría a entregar el taxi a su relevo y de ahí se iría a su casa. Yanet explicó que unos 20 minutos antes de que se lo llevaran le mandó un mensaje a su esposa, a quien le escribió: “ya voy para allá”, pero nunca llegó.
“Ese día subió a la casa, se veía bien, andaba tranquilo, contento. Nos dijo: ahorita regreso voy a traer unos platillos para que cenemos, y cuando se lo llevaron él ya llevaba la cena”, explicó Yanet.
Vecinos de la Calle Heroico Colegio Militar de la colonia Guerrero les dijeron que cinco hombres armados interceptaron el taxi y se lo llevaron junto con el vehículo que nunca hallaron. Los testigos les advirtieron que no querían problemas, que ya no podían informarles más.
Al día siguiente fueron a buscarlo a hospitales, a la delegación de Barandilla, al reclusorio pero no lo hallaron en ningún lado.
Ese mismo día quisieron presentar la denuncia en el Ministerio Público para que las autoridades investigaran y lo localizaran pero les dijeron que tenían que esperar más tiempo.
Dos días después presentaron finalmente la denuncia pero según Yanet Merodio, fue como de puro trámite porque en realidad las autoridades locales nunca investigaron.
Mediante el Colectivo de Padres y Familiares de Personas Desaparecidas, Secuestradas y Asesinadas de Guerrero y el País (Colectivo Chilpancingo), los familiares de Saúl presentaron después la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) donde por la presión del colectivo se realizaron búsquedas en Chichihualco.
El 2 de diciembre de ese mismo año, sus restos fueron hallados cerca de Chichihualco durante una jornada de tres días de búsqueda en la que participó la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y personal de la FGR.
En esa jornada, de acuerdo a reportes periodísticos, se localizaron cinco cuerpos completos en la misma zona; el de Saúl fue hallado al fondo de una barranca de unos 100 metros, rumbo al sitio conocido como Las Minas.
Junto a los demás cuerpos, el de Saúl fue trasladado a la FGR para la práctica de los estudios del ADN, donde permanecieron hasta el 18 de febrero de este 2022.
Yanet contó que les informaron el 1 de febrero que los resultados de las pruebas del ADN habían resultado positivos, pero dijo que se los entregaron hasta el 18 y el 19, finalmente, pudieron darle sepultura.
Se quejó de la negligencia y la falta de interés de las autoridades por resolver los casos de victimas de desapariciones; “no puede ser que haya tanta apatía y falta de solidaridad con el dolor de los familiares de las víctimas que sufren la ausencia de sus seres queridos”.
Explicó que la localización del cuerpo de su hermano fue posible por la intervención del Colectivo y la tenacidad de su madre, Eustolia de Jesús Rodríguez, quien desde el principio se propuso no descansar hasta hallarlo, “y lo logró, aunque sea en estas condiciones”.
Reprochó que después del hallazgo de su cuerpo, las autoridades, al parecer, ya suspendieron las investigaciones, “como si ya se hubiera resuelto el caso, cuando falta esclarecerlo, saber quiénes se lo llevaron y hacer justicia”.
Dijo que en los meses posteriores de que les entregaron el cuerpo ya no les han informado nada, a pesar de que la carpeta de investigación sigue abierta.
Aunque reconoció que de parte de los familiares ya no han presionado ni insistido tanto debido a que su madre, Eustolia, quien era la que encabezaba la presión, cayó enferma derivado de la tragedia que vivió.
“Pero nosotros no hemos suspendido nada, la carpeta sigue abierta. Seguimos en busca de justicia”, e hizo un llamado a las autoridades: Queremos justicia, queremos saber qué fue lo que paso, quienes fueron los que se lo llevaron y castigo para los responsables”.
Un día antes de cumplirse 20 años de la masacre de El Charco, municipio de Ayutla, integrantes de la Caravana por la Verdad, la Justicia y la Paz integrada por organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos protestaron afuera del edificio del Poder Judicial de la Federación en la zona Diamante de Acapulco, para exigir justicia al Estado mexicano.
La masacre del 7 de junio de 1998 dejó 10 campesinos y un estudiante universitario muertos, además de cinco heridos y 22 detenidos.
La manifestación comenzó a las 3:20 de la tarde, unas 20 personas exigieron justicia por esos hechos en los que el Ejército masacró a campesinos y prevalece la impunidad en el caso.
Los manifestantes advirtieron que no van a descansar hasta que se haga justicia para los asesinados y para los sobrevivientes Ericka Zamora Pardo y Efrén Cortés Chávez.
En el mitin en representación de Iglesias por la Paz, fray Julián Cruzalta dijo que es doloroso ver tanta violencia contra el pueblo y que estaban ahí para exigir al poder Judicial que ya dé respuesta y castigue a los culpables, para que corte la larga cadena de injusticia e impunidad.
Añadió que además de El Charco están otros casos como el de Aguas Blancas que son hechos violentos donde no ha habido justicia.
Dijo que estaban ahí después de 20 años de la masacre para exigir al Poder Judicial de la Federación que se ajuste a lo que es un verdadero Estado de Derecho, que imparta justicia porque “después de 20 años esa justicia no ha llegado y por lo tanto están violentando la Constitución, sus propias reglas y normas”.
Exigió que reconozcan que las masacres y represiones que el pueblo ha sufrido a lo largo de su historia “no deben quedar impunes, no puede quedar impune tanta sangre derramada y sufrimiento en la familia”.
El secretario ejecutivo de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Julio Mata Montiel dijo que uno de los enemigos del pueblo es el Ejército, que “sirve únicamente a la oligarquía capitalista y han pasado 20 años de impunidad como una más de las masacres”.
La hija de Arturo Hernández Cardona, María Soledad Hernández Mena dijo que cómo es posible que no se pueda juzgar el actuar de los militares si se sabe que han participado en estas masacres, incluida la de Iguala en donde desaparecieron los 43 normalistas, y que se tenga más presos políticos que políticos presos.
Indicó que cuando la corrupción deje de ser un negocio la impunidad dejará de existir, y preguntó dónde está la justicia cuando hay personas que reclaman a sus familiares.
“Hay impunidad en la masacre de Aguas Blancas y prevalece a tal grado que viene otro proceso electoral y no hay justicia”, señaló.
Dijo que exigen al gobierno federal un basta ya a la impunidad, “queremos justicia y a los responsables de El Charco, Aguas Blancas e Iguala”.
E dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame expuso que se busca una pizca de justicia en un país que se ahoga en la impunidad, y que El Charco es una “deuda que tiene el Estado mexicano al igual que Aguas Blancas y la desaparición de forzada de 43 normalistas”.
Agregó que han sido asesinados luchadores sociales y no hay justicia, y hay hostigamiento a los luchadores sociales que ya debe de parar. También demandó la libertad de los presos políticos.
Finalizó diciendo que van a seguir repudiando a las instituciones que no imparten justicia. La protesta pacífica concluyó una hora después.
En el Primer encuentro de articulación de los distintos sectores sociales para fortalecer el movimiento cívico popular, representante de organizaciones coincidieron en que las autoridades no tienen interés en resolver los crímenes de Estado y criminalizan a las víctimas de desaparición forzada.
El encuentro es la continuación del foro El proceso electoral y su impacto en la lucha social en el país, para formar un Frente Popular para el rescate del país integrado por organizaciones sociales, magisteriales y sindicatos de trabajadores en el estado; se trata de una iniciativa de la Dirección Colectiva de Organizaciones Sociales, Civiles, Estudiantiles y Sindicales del Estado de Guerrero, a la que se unieron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, el Comité Independiente de Solidaridad con los Caídos del 60, las Preparatorias Populares de la Costa Grande, la sección 69 del Sindicato de Telefonistas y otros colectivos y organizaciones.
La reunión se llevó a cabo en el auditorio de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la capital, y fue presidida por la dirigente del sindicato de Telefonistas, Erika Sevilla Lucas; la representante de las preparatorias populares de la Costa Grande, Juana Guzmán Reyna; el integrante del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (Sutcobach), Odón Rodríguez Mendoza; de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Arturo Campos Herrera; y de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, Melitón Ortega, así como la representante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino.
Si bien el objetivo del encuentro era acordar la fecha del Congreso Estatal de organizaciones sociales, magisteriales y sindicatos, primero se abrió una ronda de participaciones en las que intervinieron la activista Roberta Campos Adame y el integrante del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero (STAUAG), Jacob Nájera Hernández, así como Arturo Campos, Norma Mesino, Melitón Ortega, el dirigente de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, y otros representantes.
Las posturas fueron encontradas debido a que mientras unos se enfocaron en informar el contexto de represión, criminalización, violencia e impunidad en Guerrero, otros llegaron a proponer que la lucha social se uniera al proyecto de “bienestar social” que propone el candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que el tema político se agotó durante las sesiones del foro dedicadas a ello.
En su intervención, Melitón Ortega informó que la Asamblea Nacional Popular (ANP) acordó distintas actividades que comenzaron en abril pasado a 43 meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, se trata de jornadas que tienen el objetivo de que la investigación se mantenga y “por ningún motivo” se cierre el caso; señaló que es necesario que a nivel internacional se sepa que la lucha por la presentación con vida de los jóvenes sigue vigente y que próximamente los padres y madres se reunirán con el secretario de Gobernación, en ese encuentro en el que esperan que las autoridades informen de la relación de los ataques en Iguala con criminales de Guerrero Unidos radicados en Chicago, Estados Unidos.
Norma Mesino, a cinco años del asesinato de su hermana Rocío, también integrante de la OCSS, y a ocho del de su hermano Miguel Ángel, señaló que “no hay interés de las autoridades” en resolver los casos, además de que la impunidad se ha vuelto general y ya no sólo afecta a los sectores organizados. Recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se hizo cargo de ambos crímenes sin que fueran resueltos, y que en el caso de la matanza de Aguas Blancas, el Estado optó por dividir a los familiares de las víctimas entregándoles casas y otros apoyos económicos; “las viudas que se mantuvieron firmes ya fallecieron, y otras están enfermas” pero esto no significa que su lucha haya terminado, pues el 4 de junio próximo protestarán en la Ciudad de México.
Siguen apostando a la persecución y criminalización de los luchadores sociales, señalan
Arturo Campos dijo que las autoridades le siguen apostando a la persecución y criminalización de los luchadores sociales, como ocurrió con los integrantes y promotores de la CRAC-PC y del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (Cecop), siguen presos Gonzalo Molina González, Samuel Ramírez Gálvez y Marco Antonio Suástegui Muñoz, entre otros.
Contó que a pesar de que fue liberado, aún tiene una averiguación previa en su contra por lo que, si las autoridades así lo deciden podría volver a la cárcel, porque “fabrican delitos”, pero sólo con el movimiento social se logrará la libertad de los presos políticos.
En algún punto de la discusión hubo una polémica por la frase Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo, palabras del maestro y líder guerrillero Lucio Cabañas Barrientos, pues algunos de los asistentes consideraron que el también egresado de la Normal Rural de Ayotzinapa hizo las dos primeras cosas, pero el ex presidente Carlos Salinas de Gortari “también es pueblo”.
Fue entonces que algunos asistentes coincidieron en que es hora de la que la lucha social se una a Andrés Manuel López Obrador, debido a las coincidencias con su proyecto, pero la propuesta fue rechazada.
Denuncia Roberta Campos la irrupción de militares a su casa
Roberta Campos recordó que organizaciones como la CRAC-PC surgieron no de un interés personal o político, sino para acabar con la inseguridad y proteger a sus familias, por ello es grave el divisionismo de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG) y deben parar estas prácticas.
Denunció que militares ingresaron a su casa en la capital porque recibieron un supuesto reporte de un robo de vehículo, y encañonaron a su familia, incluso a niños, por eso “vivo con miedo de llegar y que falte alguien de mi familia”, y es necesario que la lucha social se mantenga firme con sus principios apartidistas.
Chávez Adame dijo que la CETEG planteó en el foro, el paro laboral de 72 horas al que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), durante el cual destrozaron la biblioteca y oficinas del Congreso del estado, “están en otra dinámica” y por ello hay órdenes de aprehensión contra sus integrantes, sin embargo, “tenemos que hacer un concentrado de las demandas populares y propuestas” de todas las organizaciones, siendo los ejes centrales la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de todas las víctimas de desaparición, solución a los asesinatos y la libertad de los presos políticos.
Reconoció que hace falta un proceso de concientización, porque las organizaciones abandonan la lucha cuando sus demandas particulares no se resuelven, mientras que los problemas internos deben solucionarse de acuerdo con los principios correspondientes y es necesario “defender” el proyecto original de la CRAC-PC, “que no pensó en las elecciones, pensó en la seguridad”.
Al final se acordó que el Congreso estatal se llevará a cabo el próximo 2 de junio en la Normal Rural de Ayotzinapa, una comisión acudirá a dialogar con el Comité Estudiantil Ricardo Flores Magón para iniciar los preparativos; además, el 18 de mayo acudirán a la sierra para conmemorar el natalicio de Lucio Cabañas y el 7 de junio a Ayutla para conmemorar la masacre de El Charco.
