Policías ministeriales con sus armas de cargo mataron a Chavarría, señala Martha Obezo

Guardia y ofrenda floral en honor del presidente de la Comisión de Gobierno en la 59 Legislatura del Congreso del Estado, Armando Chavarría Barrera. En la imagen, la viuda Martha Idalia Obezo Cázarez, de lFNL Jesús Camargo; del colectivo de familiares de personas desaparecidas “Lupita Rodriguez”, Bladina Diéguez; la dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) Norma Mesino; la viuda de la masacre de El Charco Eustilia Ramírez, y el hijo del diputado asesinado, Oswaldo Chavarría Obezo Foto: Jessica Torres Barrera

Rosalba Ramírez García

Chilpancingo

Martha Obezo Cázares, viuda del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado asesinado, Armando Chavarría Barrera, sostuvo que el asesinato de su esposo fue cometido por policías ministeriales que utilizaron “armas de cargo” y que los autores intelectuales ahora son “cadáveres políticos”, a quienes calificó como “unos infelices amargados”.
Este domingo, la familia, amigos y compañeros de partido de Chavarría Barrera realizaron una jornada de actividades, para conmemorar el 14 aniversario luctuoso del asesinato de quien fue la cabeza del Congreso local en la 59 legislatura.
En el busto de Armando Chavarría, colocado en una de las entradas principales al edificio del Congreso local, demandaron justicia y que termine la impunidad en este caso, con lonas con la imagen de quien fuera el presidente de la entonces Comisión de Gobierno.
La viuda en su mensaje reconoció “la lucha tenaz del colectivo de víctimas de Chilpancingo, Lupita Rodríguez Narciso, que nos acompaña ahora”, también agradeció a perredistas y trabajadores del Congreso que asistieron.

Fueron ministeriales

Recordó que cuando su marido “fue ejecutado extrajudicialmente” era cabeza del Poder Legislativo, y que los “perpetradores” del asesinato “quisieran vernos en un interminable vía crucis, en llanto siempre. Pero la vida de Armando no merece ser conmemorada así, su muerte menos, quienes se atrevieron a cancelar un proyecto de vida y de lucha, sabían lo que hacían, calcularon bien, midieron el costo, y el beneficio, lo que arriesgaban y lo que ganaban”.
Explicó que Guerrero “tristemente es representante nacional de las grandes atrocidades, de ese flagelo que nos carcome como sociedad, que es la impunidad. Lo hicieron, calcularon, midieron los autores intelectuales, y lo hicieron, utilizaron esbirros, que no fueron esbirros, ni matones improvisados, pues eran policías ministeriales con armas de cargo. Eso logramos saber”.
Entonces soltó que “los perpetradores” todavía “quisieran estar en cargos públicos. Que no crean que vamos a perdonar, que vamos a olvidar, que vamos a perdonar. Jamás. No nos conocían, no sabían quienes éramos”.
Martha Obezo dijo que no importan los años que tengan que pasar o “si se nos va la vida en eso”, que continuará exigiendo justicia por este asesinato.
A los asesinos intelectuales y materiales, les dijo que “no estén tan campantes, creyendo que se van a ir de esta vida sin ser juzgados. La historia, por supuesto, ya los tiene en el basurero y son cadáveres políticos. No hay más que voltear a verlos, para ver que el dinero no les basta, son unos infelices amargados”.
Dijo que “desde el poder se haya querido minimizar, incluso hasta lastimar, pulverizar, desprestigiar la memoria de Armando”.
En ese sentido Martha Obezo dijo que para que un crimen de Estado ocurra “confluyen muchos intereses de altísimo nivel y no creo que debiera dejarse nada más en el contexto local, en que fue nada más el círculo cercano. Puede ser que sí, pero difícilmente pudo ser ignorado un atentado de ese tamaño, de esa prominencia, sin que se enteraran, sin que participaran personajes de muy alto nivel, y lo hacen sabiendo que garantizan al menos dos cosas: inmunidad e impunidad, que nadie los toque y que nunca se conozca la verdad histórica”.
Recordó también que tras el asesinato de su esposo, pidieron al Congreso del Estado que decretaran el 20 de agosto como día de duelo en el estado y se izara la bandera a media asta, “en señal de duelo por el magnicidio”, y fue hasta julio de 2017, cuando la 61 legislatura aprobó un acuerdo para que se incluyera en el calendario cívico del gobierno estatal la fecha del asesinato de Armando Chavarría.
Dijo que a pesar de que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, “el gobernador de turno”, dijo en referencia al priista Héctor Astudillo Flores, “sencillamente lo ignoró, hizo caso omiso. Eso dice mucho de lo que ocurre, de lo que pasa con los poderes en el estado”.
En el acto, la integrante de Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino, dijo que en Guerrero “vivimos un estado en el que hay impunidad, no hay justicia, no hay seguridad para los ciudadanos y menos para los que defendemos los derechos humanos”. Recordó los asesinatos de sus hermanos Rocío y Miguel Ángel.
Una representante del colectivo Lupita Rodríguez Narciso, demandó a los diputados presentes y al Congreso local la aprobación de la ley de desaparición forzada en el estado y un centro de identificación humana.
También demandaron justicia Esustolia Castro Ramírez y otras representantes de las viudas de la masacre cometida en El Charco, en Ayutla de los Libres, al representante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Jesús Camargo Ornelas.
Antes de la ofrenda en el Congreso, se realizó una misa en el panteón, después de la cual Obezo Cázares dijo que “esto no es una lucha unipersonal, no es el deseo de convertir a Armando en santo o mártir después de muerto. Tampoco borrar los errores, que los tuvo, es en todo caso, reconocer su trayectoria de lucha y convertirla y darle sentido”.
Contó que cuando sepultó a su esposo, en ese lugar prometió que iniciaría “una lucha por justicia, por verdad, para construir la memoria histórica y que no quedara en el olvido este crimen atroz que descabezó al poder Legislativo, el poder que representa la voluntad popular”.
Por la tarde se realizó un conversatorio, llamado A 14 años de impunidad, en el que se proyectó un video sobre momentos de la vida de Chavarría Barrera, entre ellos, los últimos discursos y declaraciones del entonces presidente del poder Legislativo.
Se presentó un fragmento de una intervención de Chavarría, el 30 de enero de 2009, en Iguala, en el que mencionó: “¿Cómo va a creer el estado de Guerrero en la alternancia, cuando el Estado no tiene capacidad para cumplir con su obligación primaria, resguardar la integridad patrimonial y personal de sus gobernados? Nunca, como ahora, la sociedad había estado tan inerte frente a la delincuencia. Nunca, como ahora, el Estado de Derecho había estado tan cuestionado. La creciente ola de inseguridad puede provocar que una parte de la sociedad clame por un estado autoritario y la única manera de cerrarle el paso a esta tentación, es fortalecer la democracia, reconocer a la ley y a las instituciones públicas, como garantes de la gobernabilidad”.
En el conversatorio se habló de como algunos de los asistentes conocieron a Armando Chavarría y lo que representó en sus vidas. Participaron el ex guerrillero Nicomedes Fuentes García, Jesús Camargo Ornelas y Abel López Rosas.
La integrante de la OCSS, Norma Mesino, dijo que Armando Chavarría fue víctima de “la política de mentes perversas, que creen que ganan asesinando a su oponente político, esa es la política de la mayoría de los gobiernos”.
Aprovechó para criticar a la “revuelta de la ultraderecha recalcitrante sobre los libros, les molesta que en los libros se escriba la historia”, dijo que está de acuerdo con que en los libros de texto se informe de estos hechos y masacres, pero “también se debe de escribir quienes fueron los perpetradores. El Ejército (…) ha sido los responsable de la desaparición de mucha gente de izquierda”.
La integrante de OCSS dijo que en Guerrero “vivimos un estado en el que hay impunidad, no hay justicia, no hay seguridad para los ciudadanos y menos para los que defendemos los derechos humanos”.
Al acto en el Congreso acudieron los diputados Raymundo García Gutiérrez, Patricia Doroteo Calderón y Jennyfer García Lucena, también representantes de las dirigencias estatal y municipal del PRD, así como representantes de organizaciones sociales.

 

Ministeriales mataron a Chavarría con sus armas de cargo: Martha Obezo

Ministeriales mataron a Chavarría con sus armas de cargo: Martha Obezo

 

Familiares, amigos y compañeros recuerdan al presidente del Congreso a 14 años del homicidio y exigen justicia y fin a la impunidad. Los autores intelectuales ahora son “cadáveres políticos”, son “unos infelices amargados”, dice la viuda del político asesinado. “Los perpetradores” todavía “quisieran estar en cargos públicos”, pero “no vamos a perdonar ni a olvidar”, advierte

 

 

 

Chilpancingo, Guerrero, 21 de agosto de 2023. Martha Obezo Cázares, viuda del  presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del Estado asesinado, Armando Chavarría Barrera, sostuvo que el asesinato de su esposo fue cometido por policías ministeriales que utilizaron “armas de cargo” y que los autores intelectuales ahora son “cadáveres políticos”, a quienes calificó como “unos infelices amargados”.

Este domingo, la familia, amigos y compañeros de partido de Chavarría Barrera realizaron una jornada de actividades, para conmemorar el 14 aniversario luctuoso del asesinato de quien fue la cabeza del Congreso local en la 59 legislatura.

En el busto de Armando Chavarría, colocado en una de las entradas principales al edificio del Congreso local, demandaron justicia y que termine la impunidad en este caso, con lonas con la imagen de quien fuera el presidente de la entonces Comisión de Gobierno.

La viuda en su mensaje reconoció “la lucha tenaz del colectivo de víctimas de Chilpancingo, Lupita Rodríguez Narciso, que nos acompaña ahora”, también agradeció a perredistas y trabajadores del Congreso que asistieron.

 

Fueron ministeriales

 

Recordó que cuando su marido “fue ejecutado extrajudicialmente” era cabeza del Poder Legislativo, y que los “perpetradores” del asesinato “quisieran vernos en un interminable vía crucis, en llanto siempre. Pero la vida de Armando no merece ser conmemorada así, su muerte menos, quienes se atrevieron a cancelar un proyecto de vida y de lucha, sabían lo que hacían, calcularon bien, midieron el costo, y el beneficio, lo que arriesgaban y lo que ganaban”.

Explicó que Guerrero “tristemente es representante nacional de las grandes atrocidades, de ese flagelo que nos carcome como sociedad, que es la impunidad. Lo hicieron, calcularon, midieron los autores intelectuales, y lo hicieron, utilizaron esbirros, que no fueron esbirros, ni matones improvisados, pues eran policías ministeriales con armas de cargo. Eso logramos saber”.

Entonces soltó que “los perpetradores” todavía “quisieran estar en cargos públicos. Que no crean que vamos a perdonar, que vamos a olvidar, que vamos a perdonar. Jamás. No nos conocían, no sabían quienes éramos”.

Martha Obezo dijo que no importan los años que tengan que pasar o “si se nos va la vida en eso”, que continuará exigiendo justicia por este asesinato.

A los asesinos intelectuales y materiales, les dijo que “no estén tan campantes, creyendo que se van a ir de esta vida sin ser juzgados. La historia, por supuesto, ya los tiene en el basurero y son cadáveres políticos. No hay más que voltear a verlos, para ver que el dinero no les basta, son unos infelices amargados”.

Dijo que “desde el poder se haya querido minimizar, incluso hasta lastimar, pulverizar, desprestigiar la memoria de Armando”.

En ese sentido Martha Obezo dijo que para que un crimen de Estado ocurra “confluyen muchos intereses de altísimo nivel y no creo que debiera dejarse nada más en el contexto local, en que fue nada más el círculo cercano. Puede ser que sí, pero difícilmente pudo ser ignorado un atentado de ese tamaño, de esa prominencia, sin que se enteraran, sin que participaran personajes de muy alto nivel, y lo hacen sabiendo que garantizan al menos dos cosas: inmunidad e impunidad, que nadie los toque y que nunca se conozca la verdad histórica”.

Recordó también que tras el asesinato de su esposo, pidieron al Congreso del Estado que decretaran el 20 de agosto como día de duelo en el estado y se izara la bandera a media asta, “en señal de duelo por el magnicidio”, y fue hasta julio de 2017, cuando la 61 legislatura aprobó un acuerdo para que se incluyera en el calendario cívico del gobierno estatal la fecha del asesinato de Armando Chavarría.

Dijo que a pesar de que se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, “el gobernador de turno”, dijo en referencia al priista Héctor Astudillo Flores, “sencillamente lo ignoró, hizo caso omiso. Eso dice mucho de lo que ocurre, de lo que pasa con los poderes en el estado”.

En el acto, la integrante de Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Norma Mesino Mesino, dijo que en Guerrero “vivimos un estado en el que hay impunidad, no hay justicia, no hay seguridad para los ciudadanos y menos para los que defendemos los derechos humanos”. Recordó los asesinatos de sus hermanos Rocío y Miguel Ángel.

Una representante del colectivo Lupita Rodríguez Narciso, demandó a los diputados presentes y al Congreso local la aprobación de la ley de desaparición forzada en el estado y un centro de identificación humana.

También demandaron justicia Esustolia Castro Ramírez y otras representantes de las viudas de la masacre cometida en El Charco, en Ayutla de los Libres, al representante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, Jesús Camargo Ornelas.

Antes de la ofrenda en el Congreso, se realizó una misa en el panteón, después de la cual Obezo Cázares dijo que “esto no es una lucha unipersonal, no es el deseo de convertir a Armando en santo o mártir después de muerto. Tampoco borrar los errores, que los tuvo, es en todo caso, reconocer su trayectoria de lucha y convertirla y darle sentido”.

Contó que cuando sepultó a su esposo, en ese lugar prometió que iniciaría “una lucha por justicia, por verdad, para construir la memoria histórica y que no quedara en el olvido este crimen atroz que descabezó al poder Legislativo, el poder que representa la voluntad popular”.

Por la tarde se realizó un conversatorio, llamado A 14 años de impunidad, en el que se proyectó un video sobre momentos de la vida de Chavarría Barrera, entre ellos, los últimos discursos y declaraciones del entonces presidente del poder Legislativo.

Se presentó un fragmento de una intervención de Chavarría, el 30 de enero de 2009, en Iguala, en el que mencionó: “¿Cómo va a creer el estado de Guerrero en la alternancia, cuando el Estado no tiene capacidad para cumplir con su obligación primaria, resguardar la integridad patrimonial y personal de sus gobernados? Nunca, como ahora, la sociedad había estado tan inerte frente a la delincuencia. Nunca, como ahora, el Estado de Derecho había estado tan cuestionado. La creciente ola de inseguridad puede provocar que una parte de la sociedad clame por un estado autoritario y la única manera de cerrarle el paso a esta tentación, es fortalecer la democracia, reconocer a la ley y a las instituciones públicas, como garantes de la gobernabilidad”.

En el conversatorio se habló de como algunos de los asistentes conocieron a Armando Chavarría y lo que representó en sus vidas. Participaron el ex guerrillero Nicomedes Fuentes García, Jesús Camargo Ornelas y Abel López Rosas.

La integrante de la OCSS, Norma Mesino, dijo que Armando Chavarría fue víctima de “la política de mentes perversas, que creen que ganan asesinando a su oponente político, esa es la política de la mayoría de los gobiernos”.

Aprovechó para criticar a la “revuelta de la ultraderecha recalcitrante sobre los libros, les molesta que en los libros se escriba la historia”, dijo que está de acuerdo con que en los libros de texto se informe de estos hechos y masacres, pero “también se debe de escribir quienes fueron los perpetradores. El Ejército (…) ha sido los responsable de la desaparición de mucha gente de izquierda”.

La integrante de OCSS dijo que en Guerrero “vivimos un estado en el que hay impunidad, no hay justicia, no hay seguridad para los ciudadanos y menos para los que defendemos los derechos humanos”.

Al acto en el Congreso acudieron los diputados Raymundo García Gutiérrez, Patricia Doroteo Calderón y Jennyfer García Lucena, también representantes de las dirigencias estatal y municipal del PRD, así como representantes de organizaciones sociales.

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto: Rosalba Ramírez García/ Foto: Jessica Torres Barrera

 

Negó un juez al fiscal detener a miembros del ERPI por el caso Chavarría, revelan

El diputado de Movimiento Ciudadano, Silvano Blanco reveló que el fiscal Javier Olea Peláez solicitó a un juez la detención de presuntos miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), como los responsables del asesinato del presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera, pero que la autoridad judicial rechazó la petición.
En tribuna en la sesión de ayer, dijo que “nuevamente tenemos información corroborada el día 14 de este mes de que el juez primero de lo penal de este distrito negó la orden de aprehensión de estas personas que fueron consignadas por el fiscal”.
Enseguida, recordando lo que ocurrió al término del gobierno de Zeferino Torreblanca, quien también intentó atribuir al ERPI el asesinato de quien fue su secretario de Gobierno, Silvano Blanco dijo que la decisión del juez penal se basó en un “argumento idéntico al del juzgado federal, es decir, no había elementos de prueba suficiente para acreditar que ellos eran los probables responsables, que efectivamente hubiesen intervenido en el crimen de Armando Chavarría y eso se lo dijimos al fiscal en su momento, que no se atreviera a hacer eso porque ya se había desechado esa línea de investigación”.
Después de cuestionar que el fiscal insiste en la versión de que Chavarría fue asesinado por integrantes del ERPI, a pesar de que un juzgado federal determinó en 2010 que no había elementos para sostener esta hipótesis, consideró que es “prudente” que el Congreso se pronuncie por la renuncia del fiscal, de lo contrario incurriría en una negligencia.
“El ánimo del fiscal fue quizás el hecho de pretender ya liberarse de esa enorme responsabilidad que tiene con esa investigación, quizás de una forma para ya cerrar totalmente el asunto y decir que se hizo un esfuerzo pero al final fue el juez el que negó la orden de aprehensión en contra de los responsables”, expuso. (Rosalba Ramírez / Chilpancingo).

Ya trabaja el TSJ en el caso Chavarría, dice su presidente Alberto López Celis

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), Alberto López Celis declaró que ya se trabaja en el caso Chavarría, en la reunión del Colegio de Abogados Mariano Otero, donde manifestó que no podía informar, por secrecía, si ya se libraron órdenes de aprehensión de los responsables.
Apenas el miércoles, el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Javier Olea Peláez entregó de forma confidencial un escrito al Congreso del estado para informar que solicitó a un juez que liberara órdenes de aprehensión contra varios presuntos participantes en el homicidio de quien fuera presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local, Armando Chavarría Barrera.
Ayer, López Celis respondió que ya está en los juzgados, pero no abundó al respecto, “es un asunto del cual no podemos hacer declaraciones por la secrecía que merece, no sólo ese sino cualquier tipo de asuntos, porque podemos decir que el Tribunal está trabajando y tomará las determinaciones que tenga que tomar”, y añadió que los jueces están trabajando cada día, y que tomarán las determinaciones que tengan que tomar.
A la pregunta de cuándo se le entregó la investigación, insistió en la secrecía del proceso, “pero estamos trabajando sobre ese y muchos otros temas”.
López Celis participó en la toma de protesta de 33 nuevos socios del Colegio de Abogados Mariano Otero, que preside Rigoberto Gallegos Contreras, donde expuso que el TSJ continúa capacitando a sus trabajadores en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, y a un año de haber iniciado todavía lo están “perfeccionando”.
Con relación a la alerta de género ante los feminicidios en el estado, manifestó que, en lo que va del año, hay 30 expedientes relacionados con la violencia contra mujeres, entre ellos feminicidios.

Se analiza la posibilidad de que guardias escolten a los diputados, dice Chavarría

 

El secretario de Gobierno Armando Chavarría Barrera informó que se analiza la posibilidad
de proporcionar guardias personales a los 46 diputados locales, tras la ejecución del
panista José Jorge Bajos Valverde.
Entrevistado a su llegada a la funeraria donde fue velado el cuerpo de Bajos, Chavarría
explicó que “después de los acontecimientos se registraron algunas llamadas telefónicas
de diputados, (y) algunos manifestaron su preocupación en términos de seguridad”.
Sin embargo precisó que este tema lo analizarán en conjunto el gobierno del estado y la
Comisión de Gobierno del Congreso del Estado, “y veremos que haya algún tipo de
seguridad” para los diputados.
Consultado sobre la posibilidad de que el asesinato del diputado Bajos obligue al resto de
sus colegas y a sus hermanos que también se desempeñan como funcionarios a solicitar
a agentes de la PIM como escoltas, el subprocurador Jesús Alemán del Carmen dijo en
Chilpancingo que las leyes locales lo permiten, pero que existe un déficit de elementos que
impide a la Procuraduría cumplir sus funciones sustantivas de investigar y perseguir los
delitos.
Recordó en este sentido que un grupo importante de policías ministeriales participan en
acciones de prevención del delito y que adicionalmente hacen falta por lo menos 100
agentes del Ministerio Público del fuero común y 100 agentes investigadores para cubrir las
necesidades de trabajo de la dependencia.
En otro punto, el secretario Chavarría aseguró que en las próximas semanas comenzará
en el estado una operación militar y policiaca contra el crimen organizado, similar a las de
Michoacán y Tijuana. No obstante, aclaró que “eso dependerá de los resultados” en
aquellos lugares.
El perredista secretario de Gobierno calificó como positivas las acciones en materia de
seguridad que emprende el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa. Celebró las
decisiones que el presidente ha tomado al respecto y lo distinguió de la actuación en la
materia del ex presidente Vicente Fox.
Destacó que “en materia de lucha contra la delincuencia organizada hay una diferencia
notable en la política del presidente Felipe Calderón y la del ex presidente Vicente Fox; el
actual mandatario tomó la decisión de afrontarla”.
Finalmente, Chavarría pidió a la sociedad confiar en las investigaciones de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, en el caso de la ejecución del diputado José Jorge Bajos.
Por su parte, el procurador de Justicia del estado, Eduardo Murueta Urrutia admitió por
primera vez públicamente la necesidad de la incursión del Ejército en las calles del puerto
en acciones de vigilancia y seguridad, aunque dijo que eso dependía de la decisión del
presidente Calderón Hinojosa.
“Las condiciones ya las hay, (pero) el mando de los militares lo tiene el presidente de la
República y si nos echan una ayudada, qué bueno”, respondió a pregunta expresa.

Distribuyen transportistas con Chavarría y Sevilla 130 permisos en 24 rutas de Chilpancingo




En una reunión privada con el secretario general de Gobierno Armando Chavarría Barrera y el director de Transportes en la entidad Ignacio Sevilla Díaz, organizaciones de choferes y nuevos concesionarios distribuyeron 130 permisos en 24 rutas de la capital y acordaron ordenar los vehículos que circulan con números dobles, así como fijar métodos para vigilar que se cumpla con itinerarios, recorridos y frecuencias de paso.
En la junta que se realizó en la oficina de Chavarría, éste pidió a los transportistas voluntad de su parte para resolver ese problema y que privilegiarán el diálogo.
Consultado a las 3 de la tarde, en un receso de la reunión que se prolongó hasta ya entrada la noche, el dirigente de la organización Enlace Interestatal de Transporte Establecido en Guerrero (EITEG), Mario Torres Cerecero, informó que a esa hora tenían un avance del 60 por ciento en la definición de rutas del transporte urbano y que aún faltaban por asignar a unos 40 nuevos permisionarios.
Sin embargo, dijo que por el plazo de 24 horas que dio el gobierno del estado para resolver ese problema, la distribución tendría que concluir este día “vamos a estar aquí hasta que se obtengan los acuerdos, si es posible permaneceremos toda la noche”.
Destacó que lo fundamental de esa sesión es que notó “voluntad” en cada uno de los dirigentes que acudieron e incluso señaló que suscribieron “un pacto de caballeros y tenemos que abonarle todos a resolver esto”.
Torres Cerecero afirmó que este viernes “ya se estaría en condiciones de dar servicio a la sociedad; la idea es resolver durante estas horas, la mesa continúa hasta que se resuelva y sobre todo el secretario dejó claro que se tenía que respetar el estudio técnico que se hizo”.
Indicó que había dificultades para coincidir en la asignación de algunas rutas, sobre todo porque los permisionarios ya establecidos argumentaban que les afectaba que una nueva camioneta llegara.
Ejemplificó que la ruta de Los Cedros, ubicada por el rumbo de la carretera que lleva a Amojileca “necesariamente tiene que pasar a tocar la colonia PRD, la Obrera, la Omiltemi y pues los establecidos dicen que van a saturar su ruta, pero no hay otra vialidad, entonces se tiene que buscar un acuerdo”.
Torres dijo que en la reunión, Sevilla planteó ordenar los números dobles y a propuesta de los permisionarios se manejó “la idea de regular la frecuencias de paso y recorridos de las unidades, con reloj chocadores o libretas para evitar que haya desorden o las famosas carreritas que echamos para ganar el pasaje”.
Por la noche, los transportistas de organizaciones Transportes Urbanos y Suburbanos, UPECH, CHUSUC, COSTEG, UTD, Alianza de Permisionarios, entre otros continuaban con la definición de unas 10 rutas.

Insta Chavarría al ecologista Felipe Arriaga a formalizar su denuncia por los abusos de militares



El secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, propuso ayer al campesino ecologista Felipe Arriaga Sánchez, que formalice la denuncia pública que hizo sobre abusos de militares en un retén de La Botella en la sierra de Petatlán, pues aseguró que de no ser así para el gobierno del estado eso “sólo queda en declaraciones políticas”.
Sobre la petición de justicia que hace el también ecologista Albertano Peñaloza Domínguez, a un año de la emboscada en que murieron sus hijos, Chavarría aceptó que desconoce cómo va el proceso, pues es la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) la que está “encargada” de investigar ese caso.
En declaraciones a El Sur el lunes, Felipe Arriaga denunció que fue víctima de abusos por parte de militares que están en un retén en la localidad de La Botella en la sierra de Petatlán. Por separado y a un año de la emboscada que sufrió Albertano Peñaloza, pidió justicia para su familia y demandó al procurador de Justicia, Eduardo Murueta Urrutia, que se investigue hasta dar con los responsables.
Al respecto, consultado por reporteros luego de inaugurar las oficinas del Consejo Interreligioso de Guerrero (CIG), Chavarría dijo que en este momento “realmente no sé cuál sea la situación jurídica” de ese caso.
Señaló: “voy a solicitar la información actualizada a la Procuraduría General de Justicia en el Estado; leí hoy (ayer) en la nota una expresión de Albertano Peñaloza y voy requerir la información para poder informar; no sé actualmente cómo va el desahogo jurídico de esta circunstancia”.
Chavarría sostuvo insistentemente que no sabe qué avances ha habido en la investigación “porque hay una dependencia encargada de eso, que es la Procuraduría que es la que seguramente sabe en detalle cómo va el proceso, voy a solicitar información”, dijo.
Respecto a los abusos de militares que sufrió Felipe Arriaga, Chavarría atajó: “que presente la denuncia, yo se los he comentado, si hay abusos, si hay intimidaciones, si hay amenazas, yo ya les he planteado infinidad de veces que acudan a las instancias legales que presenten su denuncia que con mucho gusto los vamos a atender”.
“Les he planteado de manera personal, como secretario de Gobierno que si consideran necesario algún apoyo de seguridad, yo con mucho gusto se los brindo; hasta este momento no lo han requerido, ya tiene meses que les hice el ofrecimiento, hoy se los reitero, si creen que es necesario, con mucho gusto contribuimos, a brindarle seguridad”, apuntó.
A pregunta expresa sobre si esas actitudes de los militares en contra de Arriaga no son de peso como para que el gobierno del estado proponga la desmilitarización en algunas zonas, el funcionario respondió: “son circunstancias que no nos constan, mientras no tengamos una denuncia, donde se nos señale que efectivamente militares, fulano de tal, zutano están incurriendo en esto, pues para nosotros sólo quedan en declaraciones políticas”.

La marcha religiosa es una contribución y no evidencia incapacidad oficial: Chavarría




El secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, consideró ayer que la convocatoria a la Marcha Silenciosa de Oración por la Paz –que hizo el Consejo Interreligioso de Guerrero (CIG) para el 17 de junio–, se debe apreciar como una “contribución” de las iglesias para frenar la violencia y no como una supuesta evidencia de la incapacidad del gobierno en cuanto el combate a la delincuencia organizada, como aseguró el dirigente del PRI estatal, Celestino Baylón, el pasado lunes.
En entrevista con reporteros después de que inauguró las oficinas del CIG en esta capital, a pregunta expresa sobre si la marcha indica que el gobierno ha sido rebasado por la sociedad civil, Chavarría respondió que “hay que tomarla de manera positiva, (pues) no es un asunto de competencias”.
Acerca de la postura del dirigente estatal del PRI, Chavarría respondió que “la función del gobierno no es organizar marchas ¿eh?, el gobierno tiene que atacar a la delincuencia con las instituciones con las que cuenta, en este caso con la Procuraduría de Justicia, con la Secretaría de Seguridad Pública y haciendo un esfuerzo común con las corporaciones policiacas de los Ayuntamientos, y del orden federal. Esa es la labor, la encomienda que tiene el gobierno”.
Luego respondió a otro reporteros que no será a partir de esta marcha que el gobierno emprenderá, pues “(ya) estamos haciendo, y estamos haciendo mucho para garantizar la seguridad de la gente”.
Los valores, “la mejor muralla” contra
la delincuencia
Antes, durante el breve acto de inauguración de las oficinas del Consejo que se ubican atrás del centro comercial Plaza Guerrero de esta capital, Chavarría señaló que el gobierno está sabido de que la violencia entre bandas de narcotraficantes es un tema “muy complicado y difícil” y por eso festeja “el espíritu humanitario” del CIG, porque además de que evidencia que hay mayor equidad en las religiones, “se preocupa por el rescate de los valores”.
Recordó que en los últimos meses “hemos vivido un clima de inseguridad en el estado, por la presencia de las organizaciones delictivas que se dedican a la siembra de enervantes y si bien es cierto que el gobierno cuenta con policías, la mejor muralla que podemos tener para parar esa violencia es (impulsando) los valores, desde la casa hasta las aulas”.
En entrevista aclaró que la operación de las oficinas del CIG, no corre por cuenta del gobierno, sino que es un esfuerzo de las iglesias (pero) si nosotros podemos contribuir a un funcionamiento más adecuado, lo haremos con mucho gusto”.

No se puede confirmar si detrás de los cuatro levantados esté el narco o la AFI: Chavarría




El secretario general de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, dijo ayer que aún “no tiene elementos que le permitan hacer una afirmación categórica de qué fue lo que pasó” con los cuatro levantados en Acapulco y Zihuatanejo, pues se trata de un hecho reciente.
En entrevista con reporteros, Chavarría indicó que “hay versiones, hay testigos que aseguran que algunos ciudadanos fueron llevados con lujo de violencia de una casa habitación; y se está haciendo la investigación correspondiente”.
Destacó que “también hay que recordar que es común que los integrantes de la delincuencia organizada utilizan este tipo de uniformes, suplantando lo que no son”.
Respecto a si eso podría dar pie a pensar que sí está el crimen organizado detrás de los levantados, Chavarría contestó: “No sabría decir eso, yo ya hablé con el procurador, di instrucciones para que se aboque a la investigación y nos informe al respecto”.
No obstante acotó que “la Procuraduría General de la República (PGR), es la encargada de enfrentar este asunto de la delincuencia organizada, son los que están facultados para ello a través de la SIEDO”.
Destacó que esta dependencia federal “en muchas ocasiones realiza acciones en Guerrero no solamente no consultándonos, sino ni siquiera informándonos; porque ellos consideran que las acciones que llevan son acciones compartimentadas de alta seguridad y consideran que si se informa más allá de lo que consideran conveniente, pues puede echar abajo el objetivo de alguna detención”.
“Vamos a solicitar alguna información a ellos (a la SIEDO) a ver si nos la pueden proporcionar, pero una cosa debe quedar muy clara: el asunto de la confrontación a la delincuencia organizada, no es una facultad del gobierno (estatal), no es una facultad de los Ayuntamientos, es una facultad de la SIEDO”, resaltó el funcionario.
Más tarde el funcionario sostuvo que Guerrero está “viviendo un fenómeno relativamente nuevo, que es el asentamiento, la presencia de organizaciones delictivas que se dedican a la venta de droga, ustedes eso ya lo saben, ya ha habido una declaración oficial de la PGR y no es tan fácil erradicar este problema”.
“Estamos haciendo lo que humanamente es posible, incluso muchos elementos de las corporaciones policiacas hasta están arriesgando su vida, enfrentando a la delincuencia organizada; sin embargo, no es un asunto que se pueda resolver de la noche a la mañana o solamente con un deseo”, señaló.
“Hay estados de la República, sobre todo del norte del país, donde aun contando con la participación activa y permanente del Ejército mexicano no han logrado extirpar este fenómeno nocivo de las organizaciones delictivas que se dedican al narcotráfico”, afirmó.

Cumple ocho días en plantón ex trabajadora de la Ssa; insiste en ser reinstalada




La ex trabajadora de la Secretaría de Salud (Ssa), Alma Lilia Alarcón Vélez cumplió ayer ocho días en plantón afuera de las oficinas centrales de esa dependencia en demanda de su reinstalación y con la insistencia de que su despido fue injustificado; pero hasta ahora no ha sido atendida por las autoridades de la dependencia.
La trabajadora ha estado denunciando que fue despedida por el secretario de esa dependencia, Luis Barrera Ríos como consecuencia de que colocó una caricatura de él en el reloj checador.
Informó que durante el paro laboral en enero y febrero pasados el secretario General de Gobierno, Armando Chavarría Barrera, el de salud, Barrera Ríos y el secretario general de la sección 36 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) se comprometieron en la minuta de acuerdos a reinstalar a los despedidos injustificadamente.
De hecho, en el punto uno de la minuta de acuerdos firmada el 16 de enero, se señala textualmente: el doctor Luis Barrera Ríos, secretario de Salud en el estado está de acuerdo que previo análisis de las causas que originaron los ceses de los trabajadores que en relación anexa se detallan, serán reinstalados de inmediato aquellos que no requieran de análisis minuciosos en cuanto a las presuntas faltas cometidas”.
Alarcón Vélez señaló que el suyo es uno de esos casos, pero que sin embargo el titular de la Secretaría de Salud está ejerciendo venganza en su contra por colocar la caricatura de él.
Señaló que también está incumpliendo el punto 2 de la misma minuta que señala: “ambas partes están de acuerdo en que se respete la integridad laboral del personal de la Secretaría de Salud Guerrero y en el supuesto de haber casos de hostigamiento laboral estas se analizarán de acuerdo con la normatividad para reintegrar en sus derechos a los trabajadores que su caso hubiesen sido afectados, e igualmente acuerda el titular de la dependencia girar instrucciones para desistirse de las denuncias penales, administrativas, civiles y laborales que se hubiesen presentado desde el día que se inició la suspensión de labores en algunas de las unidades médicas de las jurisdicciones sanitarias del estado”.
La trabajadora también ha estado denunciando que su despido no sólo se trata de una medida de represión del secretario de Salud en su contra, sino también en contra de la libertad de expresión.
Alarcón insistió que Barrera ordenó su destitución después de que argumentó que ella colocó una caricatura de él en el reloj chocador de la dependencia en donde se criticaba su actitud autoritaria y prepotente.