Zacarías Cervantes
Chilpancingo
La armonización de la ley en materia indígena es una asignatura pendiente, tanto en el país como en Guerrero, coincidieron tres ponentes en el encuentro Diálogo sobre la reforma constitucional de derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que se realizó con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebró el 9 de agosto pasado.
El encuentro se realizó en la sala del Tribunal Electoral del Estado (TEE) y estuvieron como ponentes el coordinador de Derechos Indígenas, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar Ortiz; el abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Vidulfo Rosales Sierra, y la dirigente indígena de Pascala del Oro, municipio de San Luis Acatlán, Rubí Martínez Villa.
Estuvieron en el presídium, también, el titular de la Secretaría para el Desarrollo de las Comunidades y Pueblos Indígenas y Afromexicanos, Pánfilo Sánchez Almazán, y el delegado del INPI, Manuel Vázquez Quintero.
Los dos primeros ponentes coincidieron en que no puede haber transformación si no se reconocen los derechos de las comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos.
En tanto, el abogado Rosales Sierra dijo que hay reticencias en la reforma, en temas como defensa del territorio, seguridad y justicia; autogobierno, autodeterminación y la consulta en los pueblos indígenas.
Aguilar Ortiz dijo que los estudiosos han planteado la necesidad de una reforma constitucional en la recta final del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y que, en su opinión, sí es necesaria.
También dijo que es necesaria porque debe haber un principio de igualdad con los pueblos indígenas y que esa igualdad implica que todos tenemos que ser iguales ante la ley, “y eso, hasta en las escuelas de primaria se nos indica. Pero en los hechos no es así, la igualdad se distingue entre igualdad formal e igualdad real”.
El funcionario federal reconoció que solamente mediante la reforma a la ley se podrá garantizar esa igualdad y se podrán superar las condiciones de los indígenas.
Sostuvo que si de verdad se quiere cambiar este país, la Constitución y las instituciones deben de establecer una relación distinta con los pueblos y comunidades indígenas.
Otra razón por la que se deben reformar las normas legales en materia indígena, es porque se debe apostar a la institucionalidad, por la paz y por la inclusión plena.
Sin embargo, dijo que en las reformas que ha habido, como la de 2001, sólo se reconoció la cultura de los pueblos, “es decir sus elementos de identidad, pero no se reconocieron los elementos territoriales, derechos económicos y políticos”.
Agregó que no se entiende una transformación en el país si no se termina por reconocer a las comunidades indígenas, “lo que implicaría que la autoridad de un pueblo o de una comunidad es tan autoridad como la gobernadora o como el presidente de la República”.
“No habrá transformación plena si no estamos reconocidos las comunidades y los pueblos”, insistió el funcionario del INPI.
En tanto que el abogado Rosales Sierra deploró el hecho de que no estuvieran los diputados locales, “para que escucharan la importancia del por qué tiene que haber una reforma en materia indígena”, y coincidió con Hugo Aguilar, respecto a que “no sería válida una transformación si no están plasmados en la Constitución los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos”.
Precisó que hay resistencia entre la clase política para reconocer el derecho de los pueblos indígenas a su territorio, a decidir con respecto a su seguridad y justicia, así como el derecho al autogobierno y la autodeterminación.
El abogado dijo que en seguridad, los pueblos indígenas han demostrado la eficacia de su forma de organización para enfrentar el problema de la violencia y la aplicación de la justicia comunitaria. Puso como ejemplo a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), pues dijo que donde opera hay tranquilidad, a diferencia del resto del territorio guerrerense.
Sin embargo, reprochó que no se le quiere reconocer ese derecho y su forma de organización.
“Ellos (la CRAC) iniciaron esta lucha desde 1995 y creo que son ejemplo que hoy en día tenemos en Guerrero de la jurisdicción indígena. Tienen sus jueces, sus coordinadores y cinco casas de justicia”.
Rosales Sierra añadió que tampoco se quiere reformar la jurisdicción indígena y que derivado de ello, la CRAC tiene “graves problemas, y no se diga las comunidades”.
Con respecto al autogobierno, la participación y representación política, puso como ejemplo al gobierno municipal de Ayutla,
También dijo que comúnmente se violenta el derecho a la consulta de los pueblos, por ejemplo, informó que en la región Montaña hay 32 concesiones mineras de empresas canadienses e inglesas, que hay unas 800 mil hectáreas ya concesionadas y todas se dieron sin que se hayan consultado los pueblos y comunidades.
El abogado expresó que los pueblos indígenas tienen el derecho a ser y ejercer el gobierno, “tenemos derecho a gobernarnos, a decidir la política y nuestro destino, y hacia donde q<zueremos caminar a través de las acciones de gobierno”, dijo.
Asistieron autoridades comunitarias e indígenas, y del pueblo afromexicano, queabarrotaron la sala del TEE. El diálogo fue coordinado por el titular del área de Asuntos Internacionales del INPI, Marcos Matías Alonso, y la presentación estuvo a cargo del abogado Hegel Mariano Ramírez.
