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Acuerdan la CRAC y diputados presentar una sola propuesta de reformas en materia indígena


Durante la asamblea general de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), las autoridades comunitarias acordaron con diputados del PRD, MC y Morena ir en un solo frente para presentar una propuesta conjunta a las reformas en materia indígena, y la Ley 701 de Reconocimiento, Derecho y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
A la reunión, que inició a las 11 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde, asistieron unas 400 autoridades comunitarias, así como los diputados del PRD el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Ociel García Trujillo; de Movimiento Ciudadano y vocal de la Comisión de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Mejía Berdeja, y la diputada de Morena, María de Jesús Cisneros. También diputados de los partidos que han presentado propuestas de reforma al artículo 14 y la Ley 701.
También fueron invitados pero no asistieron los diputados del PRI y PVEM, el presidente de la Comisión de Estudios Constitucionales y Jurídicos, Cuauhtémoc Salgado Romero, y el presidente de la Comisión de Justicia, Héctor Vicario Castrejón. Además del gobierno del estado, que de acuerdo con los integrantes de la CRAC será en otro momento cuando acudan.
En su intervención, el alcalde de San Luis Acatlán, Javier Vázquez, llamó a los diputados de izquierda a unificar las iniciativas en beneficio de los pueblos y la policía comunitaria, en un “gran frente de izquierda”. Sostuvo que él seguirá respaldando a la organización que ha garantizado la seguridad en el municipio e incluso llamó a que las adecuaciones se extiendan a otras partes del estado.
El consejero de la CRAC, Valentín Hernández, reconoció el valor de los diputados de acudir a comparecer a la asamblea general de la CRAC, que integra 180 comunidades indígenas de 22 municipios del estado, y dijo que habrá una relación de trabajo y coordinación, más no de subordinación.
Después dio lectura a seis propuestas que fueron respaldadas por la Policía Comunitaria, el Consejo de Damnificados de la Montaña, el Frente Popular de Tlapa y el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota, donde convocaron a construir “con nosotros” una reforma constitucional local, así como una ley reglamentaria en materia de derechos indígenas y afromexicanos.
Que sean integradas en una sola redacción y propuesta las iniciativas de reforma en materia indígena que ya fueron hechas por los diputados, que los legisladores “la promuevan en todo el proceso legislativo, hasta su publicación, sin distingo partidista”, y después construir una propuesta común para la Ley 701.
Que en 15 días la CRAC y las organizaciones interesadas presentarán una propuesta en 15 días, que será la base para que se integren todas las demás ya presentadas en materia indígena, y de ahí sacar un solo documento.
Las organizaciones llamaron a los diputados a que se “mantengan consecuentes con esta propuesta y no se vendan para aprobar una reforma constitucional, donde la ley secundaria en materia indígena sea contraria a los intereses legítimos de los pueblos indígenas y afromexicanos”.
Además sostienen que la propuesta es asegurar la vigencia de los derechos de los pueblos en la Constitución, “no queremos construir banderas electorales para los partidos”, donde plantean que el dictamen de la reforma constitucional y la ley secundaria en materia indígena sea en el menor término posible y en la actual legislatura.
Por último, las organizaciones señalaron que las propuestas estarán acompañadas por la movilización y la protesta social “necesarias”, para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos originarios. Una vez que la asamblea respaldó el documento, los diputados se manifestaron a favor y firmaron el acuerdo.

Una sola propuesta, piden autoridades comunitarias

Durante las intervenciones, las autoridades comunitarias y agrarias demandaron un solo frente y una sola propuesta a favor de la CRAC y la Policía Comunitaria, así también que antes de que se propongan se deben de consultar a las comunidades, que no se hagan sólo “desde el escritorio”, dijo Taurino Reyes, de Xalpatláhuac, y el comisario de Totepec, Tlapa, Honorio Morales.
Ambos manifestaron que se debe de presentar una iniciativa en defensa del territorio comunitario y no a favor del estado, porque la Policía Comunitaria sí estaba dando resultados en las comunidades, contrario a lo que ocurre en Chilpancingo y Acapulco, donde a diario hay muertos pese a la seguridad de las corporaciones del municipio, estado, federales y Ejército.
El secretario municipal de la comunidad de Colombia de Guadalupe, Marcelo Gómez, urgió también a regular a las autodefensas, quienes han entrado a zonas donde opera la CRAC, lo que fue retomado por el integrante de la Casa de Enlace de la CRAC de Cacahuatepec, Rodolfo Chávez quien recordó las palabras del gobernador, que tanto la UPOEG y el FUSDEG son grupos que están al margen de la ley y que son ilegales, “que no tienen reconocimiento, entonces que los saque de los bienes comunales”.
La representante de los pueblos amuzgos de Cochoapa, Kenia Hernández, llamó a no permitir que el gobierno corrupto someta a las comunidades indígenas, porque recordó que el poder reside en el pueblo y que el gobierno se le olvidó el artículo 39, donde se instituye.
Además, llamó al diputado del PRD, García Trujillo, a que sus compañeros “demuestren que son democráticos” y que no traicionaran a las comunidades en votar a favor de las iniciativas del gobernador y no las que se propongan por parte de la CRAC.
Mientras el integrante de la CRAC de Cochoapa, Guillermo Rosendo, denunció que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codehum) está a favor de los delincuentes, y señaló el caso de un joven detenido y en proceso de reeducación, que trató de asesinar a su mamá, y que ahora está siendo defendido por la institución.

Se debe de fortalecer a la CRAC: diputados

En sus intervenciones, los tres diputados asistentes presentaron sus iniciativas y se manifestaron a favor de fortalecer los derechos de los pueblos originarios y su Policía Comunitaria, a la que le reconocieron su labor en los bajos índices delictivos en la región donde opera, en comparación con el resto del estado.
Los diputados del PRD y MC coincidieron en que se deben de regularizar de forma independiente a los nuevos grupos armados que han surgido en Guerrero, ante la incapacidad del gobierno y falta de gobernabilidad.
El diputado de MC, Mejía Berdeja, expresó que gracias a la Policía Comunitaria “las cosas” no estaban como en otras partes del estado. “Así que se tiene que mantener, porque ha sido un sistema eficaz que está dando resultados” y que está mandatado por las comunidades.
Abundó que se debe fortalecer a las autenticas policías comunitarias, porque hay quienes se disfrazan de policías comunitarios, en referencia a las autodefensas, e incluso algunos tienen injerencia de grupos delincuenciales o defienden intereses de grupos, y utilizan armas no permitidas, “entiendo que detrás de los grupos hay causas legítimas” a las que se les tienen que crear un figura jurídica.
Dijo que dentro del Congreso local son necesarios 31 votos para que las reformas en materia indígena sean aprobadas en la Constitución, que entre los tres bloques del PRD, MC y Morena, juntan 20; mientras que el PRI, PVEM y PAN tienen 25.
La diputada de Morena, De Jesús Cisneros, afirmó que era una “aliada” de las comunidades indígenas y del sistema comunitario, que su partido ha impulsado reformas para mantener los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.
Informó que presentará un punto de acuerdo en la próxima sesión, para que sea elevada a rango constitucional a la CRAC, al considerar que “por los derechos declarativos que establece la Constitución en materia indígena no gozarán de autonomía, ni libre determinación, mientras no se reconozca a rango constitucional a la autoridad indígena que los haga valer, para garantizar que los derechos indígenas como la autonomía, la libre determinación, los usos y costumbres que consagra el artículo segundo de la Constitución sean una realidad”.
Pero que no se trataba de que la CRAC pasara a ser parte de los órganos autónomos del Estado, sino de conferirles reconocimiento y autoridad comunitaria, al ejercer no una autonomía declarativa sino una autonomía constitucional, que ya se reconoce en la Constitución.
El diputado del PRD, García Trujillo, dijo que la fracción presentó una contra reforma a la propuesta enviada por el gobernador Héctor Astudillo Flores, para una modificación al artículo 14, y así evitar que fuera aprobada.
“Tenemos que hacer un frente, porque no podemos dejar pasar lo que tiene contemplado el gobierno del estado en cuanto a la reforma constitucional al artículo 14”, y que es contrario a lo que el pueblo considera correcto y a sus derechos.
Después pasó el representante del Consejo de Damnificados de la Montaña, Abel Bruno, quien llamó a los diputados que no sea un show lo que prometieron y que realmente se tomará en cuenta al pueblo en el acuerdo, porque de las iniciativas presentadas fue la única que contó con más de 6 mil firmas y consultada a las comunidades.
Indicó que la iniciativa que proponen es integral y que va más allá de sólo el sistema de seguridad, sino que incluye educación, salud y el campo. Además de que proponen que las comunidades elijan a sus autoridades municipales y distritales en asambleas por usos y costumbres, que existan cuatro curules, una para cada lengua originaria del estado.
A la reunión también acudió el director general del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, quien no participó. Además estuvieron presentes las autoridades de las casas de justicia de San Luis Acatlán, El Paraíso, Espino Blanco y los comités de enlace de Chilixtlahuaca, Huamuxtitlán-Olinalá, Cacahuatepec, y representantes de la zona amuzga.

Citará la CRAC a diputados de PRD, Morena y MC para conocer qué proponen sobre la Ley 701

En asamblea general la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) acordó citar a los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Morena y PRD para que presenten sus propuestas de reforma de la Ley 701 y la contrarreforma al artículo 14 presentada por el gobernador Héctor Astudillo Flores a las comunidades en los próximos 15 días.
A la asamblea asistieron 400 integrantes de las Casas de Justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco y El Paraíso; de los Comités de Enlaces de Cacahuatepec, y los conformados ayer, de Chilixtlahuaca y Huamuxtitlán-Olinalá; así como representantes de los pueblos amuzgos y del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, quienes votaron a favor de no permitir retrocesos en los derechos de los pueblos indígenas.
Además de convocar a los diputados para que expliquen sus propuestas de reforma a la Ley 701, las autoridades comunitarias se movilizarán en Chilpancingo y los municipios donde tiene presencia la CRAC, también exigirán a los alcaldes y diputados locales de las regiones apoyar la lucha y la propuesta en la que se garantice sus derechos y no se limite a la Policía Comunitaria.
La reunión inició a las 11 de la mañana en la colonia Renacimiento de San Luis Acatlán, fue vigilada por policías comunitarios armados con escopetas, también asistió el alcalde del municipio, Javier Vázquez García, y la síndica municipal de Acatepec, Fabiola Rafael Dircio, quienes manifestaron su respaldo total a la organización ante los resultados de seguridad que han dado en las comunidades, donde coincidieron se transita con tranquilidad.
En su intervención el consejero Valentín Hernández recriminó que en tres ocasiones los diputados locales han pospuesto el análisis, la discusión y la reforma a la Ley 701, y reprochó que no se les ha consultado a los pueblos de esos cambios.
Comentó que la propia Constitución señala que a los pueblos originarios se les debe de consultar cualquier cambio que les afecte a sus derechos.
La integrante de la CRAC en Cochoapa, Kenia Hernández afirmó que la propuesta de reforma del gobernador al artículo 14 enviada al Congreso es una violación a la Constitución del país porque quita autonomía a los pueblos, señalada en los artículos 39 y 2.
“De por sí es poco el derecho de los pueblos indígenas, y los que hay nos los quieren quitar. No nos podemos quedar con las manos cruzadas. Si no nos defendemos nadie nos va a defender, por eso es necesario que debe de haber una movilización de las Casas de Justicia, para que no se dé la reforma al artículo 14”, argumentó.
Dijo que en el nuevo sistema penal acusatorio tiene más derecho el victimario que la víctima, y fomenta la impunidad, “es un insulto a la justicia mexicana y a la de Guerrero”, que a diferencia de la justicia de los pueblos si hay una reeducación de quien infringe las normas.
El consejero, Pablo Guzmán manifestó en la asamblea que cualquier cambio administrativo o legislativo que afecte a los pueblos se les debe de consultar, “tenemos derechos a que nuestras autoridades comunitarias decidan cómo vamos a autogobernarnos”.
Recriminó que los diputados locales y el gobernador “de nueva cuenta se están pasando por debajo, el derecho de la consulta”, porque piensan que los habitantes de las comunidades indígenas no razonan y no saben qué hacer, “es cierto que falta nivel educativo pero es responsabilidad de ellos”.
Propuso que los diputados de Movimiento Ciudadano, PRD y Morena que han presentado propuestas ante el Legislativo para modificar la Ley 701, y una contrarreforma a la iniciativa enviada por el gobernador al artículo 14, tienen que exponerla ante las comunidades en una reunión con las autoridades comunitarias, “¿o qué, tienen miedo?”, comentó.
“Si no consultan, no tenemos porque reconocer la reforma que hacen en el Congreso, porque en la ley dice que se debe de tener una consulta, y previa información de lo que se modificará”, afirmó, y aseguró que la CRAC tiene la capacidad para paralizar medio estado.
Pablo Guzmán llamó a los políticos a no confundir a la Policía Comunitaria con las autodefensas que operan en el estado, “la policía autentica de policías comunitarios no andan enfrentándose con otros policías comunitarios, aquellos son autodefensas. Que no confundan a las policías comunitarias, nosotros buscamos el diálogo, que se solucionen los problemas en las asambleas”.
En tanto, el consejero, Abad García García se unió a la propuesta de movilizaciones porque sólo así se conseguirá preservar los derechos ganados de las comunidades.
Expresó que el gobierno no dejará de perseguir a los policías comunitarios porque es un modelo diferente de justicia y de gobierno, que aterriza en las comunidades.
El representante de la CRAC en Tlacoachistlahuaca, Guillermo Rosendo Martínez afirmó que el gobierno no reconocerá a las autoridades comunitarias porque no se corrompen, “no pueden aceptar que existe este proyecto alternativo de justicia. Nosotros perjudicamos a los intereses del Estado”.
El representante del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, Saúl Morán dijo que luego de una asamblea municipal en la región de La Montaña, cinco comunidades de Malinaltepec acordaron apoyar cualquier resolución de la asamblea general y las acciones de la CRAC.
“Nosotros también presentamos nuestra propuesta, no vamos a permitir que la policía comunitaria que nació en los municipios de la Costa Chica y en la Montaña sea borrada de un plomazo. Vamos a defender nuestros derechos, nuestra autonomía, nuestro autogobierno”, manifestó.
El representante del Comité de Enlace de Cacahuatepec, Rodolfo Chávez pidió a la asamblea dar una propuesta de modificación a la Ley 701, en tanto, el coordinador de El Paraíso, Juan Antonio García solicitó romper el diálogo con el gobierno del estado.
El integrante de la CRAC, Fabián Carrasco propuso que ante los diputados se exponga un plan integral que no sólo sea de seguridad, sino de educación, salud y del campo para las comunidades indígenas.
“Tenemos que replantear una nueva relación con el Estado mexicano y los partidos políticos, que lo que se busque no sea sólo el reconocimiento sino que se respete”.
La consejera de Pascala del Oro, San Luis Acatlán, Rubí Martínez llamó a las 175 comunidades integradas a la CRAC a presionar a los alcaldes y a los diputados de los distritos indígenas para que apoyen la lucha y las propuesta de la organización.

Toman protesta dos nuevos comités de enlace de Chilixtlahuaca y Huamuxtitlán-Olinalá

También en la asamblea general se tomó protesta a las nuevas autoridades de los Comités de Enlace de Huamuxtitlán-Olinalá y de Chilixtlahuaca, Metlatónoc.
Además, se propuso la creación de un nuevo Comité de Enlace en el municipio de Acatepec que tiene 22 comunidades integradas a la CRAC, y otras cinco más se integrarán.
Sin embargo, los consejeros de la Casa de Justicia de Espino Blanco informaron que en una asamblea regional se autorizó la creación de una nueva Casa de Justicia, pero la asamblea general manifestó que no era el procedimiento, por lo que se citó a una reunión de coordinadores de las cuatro Casas de Justicia y de los Comités de Enlaces para que el 5 de agosto se vote la creación, porque en caso de aprobarse algunas comunidades cambiarían de Casa de Justicia.

Se debe ratificar la Ley 701, coinciden organizaciones sociales en el Foro de Inseguridad Ciudadana

En el Foro de Inseguridad Ciudadana que organizó el Movimiento Sentimientos del Sur en la Unidad Académica de Contabilidad y Administración de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), y al que asistieron unas 50 personas, los participantes coincidieron en que se debe reforzar a las policías ciudadanas, en tanto se regulariza a la Policía Estatal.
En la actividad participaron, el fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Pablo Guzmán; el ex presidente de la Comisión de la Verdad (Comverdad), Nicómedes Fuentes; el representante de la Organización Indígena Campesina Vicente Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo; la activista y ex integrante del comité Los Otros Desaparecidos de Iguala, Julia Alonso; el integrante de la CRAC, Valentín Hernández; y el representante del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio, entre otros.

El gobierno del estado fue irresponsable al no publicar el informe de la Comverdad, dice González Ruíz

Enrique González Ruiz leyó la conferencia magistral en la que habló de la irresponsabilidad legal del gobierno del estado, que no publicó el informe que emitió la Comisión de la Verdad.
Manifestó que es el Estado el que tiene que cumplir para que se castiguen los hechos de la guerra sucia, y que no se quede en el inconsciente colectivo que la impunidad es prevalente. Recordó que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, “no es más que la reiteración de hechos de la guerra sucia de Guerrero”.
González Ruiz señaló que los casos puedan parecer similares, pero tienen sus peculiaridades, aunque, “en esencia, el hecho es el mismo y es el mismo Estado, actuando ilegalmente por fuera de su marco jurídico”.
Indicó que el informe de la Comisión de la Verdad, que creó el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, no tuvo impacto social, “lo tengo que reconocer, que el informe no le hizo ni cosquillas al Estado mexicano”, dijo.
Expresó que no han tenido acercamiento con la recién creada Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas –uno de cuyos integrantes, Javier Morlet, estaba en el auditorio–.
También opinó que el Estado mexicano acomete “una campaña de desprestigio” contra integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que respalda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque la investigación del grupo, al “echar abajo” la “verdad histórica” del ex procurador de la República Jesús Murillo Karam, “sacudió” la versión oficial y trastocó al Ejército mexicano, lo que generó el descontento de las fuerzas castrenses.
Antes de iniciar el foro, Pablo Guzmán Hernández dijo que la CRAC de San Luis Acatlán “estará al pendiente para que en la armonización de la Ley 701 (de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas), se mantenga tal cual”, y que espera que no se acote.
Dijo que en su última reunión, la CRAC en San Luis Acatlán manifestó su “temor o zozobra” a que los legisladores actuales mutilen o modifiquen en “términos regresivos” la ley 701.
Expuso que están levantando actas en cada comunidad para, en caso de ser necesario, interponer un recurso jurídico como controversia constitucional o amparo para evitar una eventual modificación.
Dijo que la CRAC sostiene que la Ley 701 no debe seguir “en el aire”, sino que sea armonizada con la Constitución, así como en leyes y reglamentos como el del Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía, la Secretaría de Salud, Derechos Humanos y los ayuntamientos, para que contemplen lo estipulado en la Ley.
Indicó que desde su publicación, Ley 701 no se aplica ni se respeta, “es como si fuese letra muerta”, y defendió que su ratificación permitirá que la participación ciudadana en barrios, colonias, comunidades tenga una “mínima estructura organizativa”, a nivel preventivo, y que puedan formar grupos de vigilancia.
Por su parte, Ranferi Hernández Acevedo consideró que actualmente “no se garantiza la vida de ningún guerrerense” porque diariamente hay reportes de muertos o levantados.
Manifestó que la inseguridad que vive el estado, es una situación delicada porque la sociedad ha caído en la “guerra” que lleva el gobierno, “yo diría en contra del pueblo”.
Asimismo, la activista Julia Alonso, ex integrante del comité Los Otros desaparecidos de Iguala y madre de Julio Alberto López, desaparecido el 12 de enero de 2008 cuando fue de paseo a la presa de La Boca, en Santiago, Nuevo León, dijo que es necesaria la creación de redes de autoprotección para evitar que sucedan hechos como la desaparición de los 43 normalistas; “cuando se llevaron a mi hijo, nadie se arriesgó; cuando se los lleven a ustedes, nadie se va arriesgar”, advirtió.
También defendió el uso de armas como método de protección ante la situación de inseguridad en el estado “defendernos, sí es un derecho; yo sí creo en las armas, después de lo que he vivido sé que ayudan, las armas no son peligrosas. Peligrosos son quienes las traen y nos lastiman”.
De las instituciones del Estado, acusó que “no hacen su trabajo”, y recordó que en los últimos ocho años ha recurrido a la Subsecretaría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), a la Procuraduría General de la República (PGR), y que ha hecho huelga de hambre en la Secretaría de Gobernación, “y de todas maneras Julio Alberto (su hijo desaparecido) no está”.
La ex integrante del comité de Los Otros Desaparecidos en Iguala llamó a los asistentes a pasar de la opinión a la acción, e incluso asumir acciones sencillas como la limpieza frente a sus casas.