Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Con la consigna de “La tierra es de quien la trabaja” y “El respeto al derecho ajeno es la paz”, cientos de comuneros de Pascala del Oro, municipio de San Luis Acatlán, impidieron ayer que el Tribunal Unitario Agrario 41 (TUA-41) de Acapulco, ejecutara una sentencia a favor del núcleo agrario de Tlaxcalistlahuaca.
Los comuneros bloquearon las entradas a su núcleo agrario e impidieron que policías estatales llegaran hasta la zona de conflicto en apoyo del personal del TUA-41 que pretendía cumplir con la resolución mediante la cual entregarían 278 hectáreas a los ejidatarios de Tlaxcalistlahuaca, mismas que están en posesión de comuneros de Pascala del Oro y las tienen sembradas de café y plátano.
El miércoles, el comisariado de Bienes Comunales de Pascala del Oro, Hermelo García Calleja, informó en conferencia de prensa en Chilpancingo que el TUA 41 de Acapulco pretendía ejecutar la sentencia con el apoyo de soldados, efectivos de la Guardia Nacional y policías estatales, lo que inconformó a los comuneros y demandaron una mesa de diálogo.
El comisariado informó la mañana de ayer que los comuneros bloquearon las entradas a Pascala del Oro para impedir que entraran los militares, los efectivos de la Guardia Nacional y policías estatales.
En un video y en fotografías se mostró cuando policías estatales dialogan con los comuneros quienes les impidieron el paso.
Mediante mensajes por whatsapp los comuneros advirtieron que van a defender sus tierras que tienen en posesión desde “años ancestrales” porque: “La tierra es de quien la trabaja de acuerdo a nuestras costumbres” y “El respeto al derecho ajeno es la paz”.
Uno de los comuneros, dijo que Pascala del Oro se ha significado por ser un pueblo de paz y armonía, “pero también está cansado de las injusticias que continuamente ha sufrido, y cuando se trata de defender lo que tanto esfuerzo nos costó, sabemos salir a defendernos; el pueblo se levanta y se olvida de la paz”.
Los comuneros insistieron en pedir a los gobiernos federal y estatal que “pongan especial atención en este caso para no llegar a lamentarse, ya que es un conflicto latente entre pueblos cercanos y queremos la mejor solución”.
Hasta las nueve de la noche las autoridades federales y estatales no habían emitido ninguna postura respecto a este conflicto.
El subsecretario de Asuntos Agrarios del Gobierno del estado, Daniel Cahua López, informó que quien está atendiendo este conflicto es la mesa agraria que integran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Procuraduría Agraria (PA), el Registro Agrario Nacional (RAN) y una representación del gobierno del estado, pero dijo que hasta a las ocho y media de la noche no tenía información del avance en las pláticas.
funcionarios estatales y legisladores “se ponen más del lado de la mina que del pueblo, y así ha sido siempre”.
Recordó que a finales de 2020 además de la comisión de autoridades comunales de los pueblos asentados cerca de la minera que iniciaron las gestiones, también se conformó otro comité ciudadano, “pero no le hicieron caso ni a uno ni a otro”.
Armenta Rosales también recordó que ese comité ciudadano solicitó mediante un oficio la intervención del alcalde de Teloloapan, el perredista Homero Hurtado Flores, para ser intermediario ante la minera para retomar las mesas de negociación, pero tampoco hubo respuesta.
El comisario cuestionó la falta de interés de los diputados para que se dé cumplimiento a los acuerdos, pues en las mesas de trabajo y las minutas estuvieron participando los diputados Andrés Guevara Cárdenas, de Morena, y la perredista originaria de Teloloapan, Susana Paola Juárez Gómez, presidente y secretaria de la comisión de Minería en el Congreso del Estado, “ellos también nos tienen que echar la mano, pero igual no nos hacen caso”, se quejó.
Dijo a pregunta hecha, que van a convocar a una asamblea de habitantes de Tehuixtla y comunidades cercanas a la mina para informar de esta respuesta que desconocían, de que no se presupuestó el dinero para la obra, y en esta misma estarían tomando acuerdos de las acciones que realizarán, pues ya son nueve meses de que se firmó la minuta de acuerdos.
Los pobladores de Tehuixtla, además de la obra de pavimentación de 11 kilómetros de la carretera Teloloapan-Apaxtla, y un tramo del crucero Los Ciruelos a la comunidad, también exigen que se cumpla con el compromiso de la ejecución de un estudio que realicen expertos de la UNAM para determinar si las afectaciones en más de 300 casas son a causa de las vibraciones de las explosiones subterráneas que hace la mina para extraer los minerales, y que éstas se reparen.
