Padres de familia y alumnos de la secundaria Justo Sierra, en el municipio de San Luis Acatlán, en la región Costa Chica, tomaron la escuela y bloquearon los dos accesos principales a la cabecera, para exigir a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) tres docentes.
Los manifestantes mostraron pancartas en las que pidieron maestros para las asignaturas de inglés, matemáticas y ciencias, que no tienen desde hace tres años, y son afectados 340 alumnos.
Por teléfono, el presidente de comité de padres de familia, Felipe Valdez Cantú, indicó que desde hace cinco meses han solicitado a la SEG el envío de docentes, pero se los han negado, por lo que bloquearon la vialidad como medida de presión.
Detalló que desde hace casi dos años algunos docentes “han apoyado” a varios alumnos, dándoles clases sin recibir algún pago, pero este año dijeron que trabajan el doble sin recibir algún incentivo, “por lo que ahora ya no les dan clases”.
A nombre de los padres de familia, Valdez Cantú indicó que no se habían movilizado porque los docentes atendían a los estudiantes. Exigió al titular de la SEG, Marcial Rodríguez Saldaña, que intervenga y solucione el problema.
Más tarde, los manifestantes informaron por teléfono que un grupo de políticos, que “andan en campaña electoral”, se acercó al bloqueo y les informaron que este jueves les programaron una mesa de trabajo con autoridades de la SEG, para que hagan el planteamiento de sus peticiones.
Sin embargo, informaron que permanecerían en las vialidades hasta las 8 de la noche, porque a esa hora llegaría el presidente municipal de San Luis Acatlán, Adair Hernández Martínez, a quien le solicitarían el pago para algunos docentes, que dieron clases a los alumnos y que no han recibido algún incentivo. (María Avilez Rodríguez / Chilpancingo).
Cientos de comuneros de Pascala del Oro, municipio de San Luis Acatlán, impidieron ayer que el Tribunal Unitario Agrario 41 de Acapulco ejecutara una sentencia a favor del núcleo agrario de Tlaxcalistlahuaca Foto: El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Con la consigna de “La tierra es de quien la trabaja” y “El respeto al derecho ajeno es la paz”, cientos de comuneros de Pascala del Oro, municipio de San Luis Acatlán, impidieron ayer que el Tribunal Unitario Agrario 41 (TUA-41) de Acapulco, ejecutara una sentencia a favor del núcleo agrario de Tlaxcalistlahuaca.
Los comuneros bloquearon las entradas a su núcleo agrario e impidieron que policías estatales llegaran hasta la zona de conflicto en apoyo del personal del TUA-41 que pretendía cumplir con la resolución mediante la cual entregarían 278 hectáreas a los ejidatarios de Tlaxcalistlahuaca, mismas que están en posesión de comuneros de Pascala del Oro y las tienen sembradas de café y plátano.
El miércoles, el comisariado de Bienes Comunales de Pascala del Oro, Hermelo García Calleja, informó en conferencia de prensa en Chilpancingo que el TUA 41 de Acapulco pretendía ejecutar la sentencia con el apoyo de soldados, efectivos de la Guardia Nacional y policías estatales, lo que inconformó a los comuneros y demandaron una mesa de diálogo.
El comisariado informó la mañana de ayer que los comuneros bloquearon las entradas a Pascala del Oro para impedir que entraran los militares, los efectivos de la Guardia Nacional y policías estatales.
En un video y en fotografías se mostró cuando policías estatales dialogan con los comuneros quienes les impidieron el paso.
Mediante mensajes por whatsapp los comuneros advirtieron que van a defender sus tierras que tienen en posesión desde “años ancestrales” porque: “La tierra es de quien la trabaja de acuerdo a nuestras costumbres” y “El respeto al derecho ajeno es la paz”.
Uno de los comuneros, dijo que Pascala del Oro se ha significado por ser un pueblo de paz y armonía, “pero también está cansado de las injusticias que continuamente ha sufrido, y cuando se trata de defender lo que tanto esfuerzo nos costó, sabemos salir a defendernos; el pueblo se levanta y se olvida de la paz”.
Los comuneros insistieron en pedir a los gobiernos federal y estatal que “pongan especial atención en este caso para no llegar a lamentarse, ya que es un conflicto latente entre pueblos cercanos y queremos la mejor solución”.
Hasta las nueve de la noche las autoridades federales y estatales no habían emitido ninguna postura respecto a este conflicto.
El subsecretario de Asuntos Agrarios del Gobierno del estado, Daniel Cahua López, informó que quien está atendiendo este conflicto es la mesa agraria que integran la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Procuraduría Agraria (PA), el Registro Agrario Nacional (RAN) y una representación del gobierno del estado, pero dijo que hasta a las ocho y media de la noche no tenía información del avance en las pláticas.
funcionarios estatales y legisladores “se ponen más del lado de la mina que del pueblo, y así ha sido siempre”.
Recordó que a finales de 2020 además de la comisión de autoridades comunales de los pueblos asentados cerca de la minera que iniciaron las gestiones, también se conformó otro comité ciudadano, “pero no le hicieron caso ni a uno ni a otro”.
Armenta Rosales también recordó que ese comité ciudadano solicitó mediante un oficio la intervención del alcalde de Teloloapan, el perredista Homero Hurtado Flores, para ser intermediario ante la minera para retomar las mesas de negociación, pero tampoco hubo respuesta.
El comisario cuestionó la falta de interés de los diputados para que se dé cumplimiento a los acuerdos, pues en las mesas de trabajo y las minutas estuvieron participando los diputados Andrés Guevara Cárdenas, de Morena, y la perredista originaria de Teloloapan, Susana Paola Juárez Gómez, presidente y secretaria de la comisión de Minería en el Congreso del Estado, “ellos también nos tienen que echar la mano, pero igual no nos hacen caso”, se quejó.
Dijo a pregunta hecha, que van a convocar a una asamblea de habitantes de Tehuixtla y comunidades cercanas a la mina para informar de esta respuesta que desconocían, de que no se presupuestó el dinero para la obra, y en esta misma estarían tomando acuerdos de las acciones que realizarán, pues ya son nueve meses de que se firmó la minuta de acuerdos.
Los pobladores de Tehuixtla, además de la obra de pavimentación de 11 kilómetros de la carretera Teloloapan-Apaxtla, y un tramo del crucero Los Ciruelos a la comunidad, también exigen que se cumpla con el compromiso de la ejecución de un estudio que realicen expertos de la UNAM para determinar si las afectaciones en más de 300 casas son a causa de las vibraciones de las explosiones subterráneas que hace la mina para extraer los minerales, y que éstas se reparen.
El ataúd de Lía Mar llegando al Hospital Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo Foto: El Sur
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Lía Mar, una bebé mixteca de un año de edad, originaria de Río Iguapa, municipio de San Luis Acatlán, falleció el sábado en el Hospital General Raymundo Abarca Alarcón de Chilpancingo, donde ingresó el 30 de octubre en estado crítico debido a que por el conflicto laboral en el hospital basico comunitario de San Luis Acatlán no fue atendida adecuadamente durante ocho días que estuvo internada.
La bebé, era la primera y única hija de Marcelina Madero Natalio de 26 años de edad, quien denunció por teléfono que su hija murió como consecuencia de la negligencia médica por el movimiento de los trabajadores del hospital de San Luis Acatlán quienes no dejan entrar al director Genaro Lara Calixto, pero también por la discriminación y el racismo que prevalece en contra de los pacientes indígenas.
Pidió al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a las autoridades de la Secretaraía de Salud, revisar el caso de su hija para que se haga justicia y evitar que siga habiendo más muertes por esas causas.
La madre de Lía Mar, enfrentó sola la enfermedad y el problema que vivió con su hija, debido a que su esposo es jornalero agrícola y hace meses se fue a trabajar al corte de jitomate al norte del país.
Contó que hace dos semanas internó a Lía en el hospital comunitario de San Luis Acatlán con padecimiento de tos y gripa y que le diagnosticaron neumonía pulmonar.
Sin embargo, denunció que desde los primeros días vio que por el conflicto laboral “le hacían poco caso y no la atendían adecuadamente”.
Explicó: “Hay un conflicto sindical y del personal de confianza, por eso (los trabajadores) se enfocaron más a sus reuniones y a ese aspecto y no brindaron atención médica a mi hija”.
Informó que su primogénita estuvo ocho días en el hospital de San Luis Acatlán con atención médica deficiente e inadecuada; “no le brindaron buena atención por su conflicto”, denunció.
Aclaró que esto no sólo pasó con su hija, sino que “de por sí” es común que los indígenas sufran una atención médica deficiente “por discriminación y racismo” del personal.
“Yo vi que la muerte de mi hija se pudo haber evitado si la hubieran atendido oportunamente, pero durante ocho días no me le hicieron caso”, se quejó.
Marcelina Madero informó que cuando vio que su hija no presentaba mejoría y que, por el contrario, iba empeorando, pidió que la cambiaran a otro hospital y el domingo 30 de octubre la trasladaron al Hospital General Raymundo Abarca Alarcón, donde le dijeron que su estado de salud era crítico.
“Estoy segura que esto fue porque no tuvo atención eficiente y adecuada, no hicieron caso (los trabajadores) a nuestros llamados, nos ignoraron definitivamente, o si hubo atención no fue como se debía, no fue la adecuada, por eso mi niña se empeoró y murió”, reprochó la madre.
De acuerdo con Marcelina, su hija llegó al hospital de Chilpancingo grave “e hicieron todo lo posible para salvarla, pero por falta de atención en el hospital de San Luis Acatlán se complicó su salud y se me murió a las cinco de la tarde (del sábado), informó ayer la indígena mixteca.
Aclaró que no es el primer caso, “ya van varias personas de mi pueblo que no han tenido la atención adecuada, a veces por discriminación y racismo”.
Expresó: “como madre y como indígena me duele muchísimo que haya ese tipo de discriminación hacia nosotros y que no se cumpla nuestro derecho a la salud, que no haya atención médica a nuestros familiares”.
“Lo que pido al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y a la Secretaría de Salud es que revisen e investiguen el caso de mi hija y que se haga justicia para que ya no sigan ocurriendo estos casos, porque ahora fue mi pequeña, mañana pueden ser otros niños”, indicó.
También llamó a la Jurisdicción Sanitaria 06 de la Costa Chica, que investigue el caso y al personal que labora en el hospital básico comunitario de San Luis Acatlán “porque no cumplen con su obligación y no tienen la capacitación suficiente para brindar una buena atención”.
Igualmente pidió la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se realice una investigación por la discriminación y racismo que se comete en contra de los pacientes indígenas.
La madre de Lía Mar clamó: “Espero de todo corazón que nos escuchen para que se nos haga justicia. Lo único que buscamos es que haya buena atención para todos y que no se repita en otras personas”.
La semana pasada, el alcalde de San Luís Acatlán del PT, Adair Hernández Martínez, declaró que el caciquismo sindical es el responsable del conflicto que ha impedido trabajar con normalidad desde hace seis meses en el hospital básico comunitario de San Luis Acatlán en donde se presta el servicio además de ese municipio a algunas poblaciones de los municipios de Malinaltepec, Iliatenco y Marquelia.
El alcalde informó que el conflicto en ese hospital comenzó desde hace aproximadamente seis meses cuando fue nombrado como director Genaro Lara Calixto, “quien quiso poner orden y hubo gente con intereses creados de hace muchos años que se inconformó” y desde hace dos meses le impiden la entrada a las instalaciones.
