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Rechaza la CRAC que haya despojado de un terreno a una familia de Caxitepec, Acatepec

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) rechazó que la institución comunitaria de la casa de justicia de las Juntas de Caxitepec, municipio de Acatepec, haya despojado de un terreno a una familia, como se denunció a través de las redes sociales.
El vocero de la organización, Raúl de Jesús Cabrera, declaró por teléfono que esperan que la familia que se dice afectada presente la denuncia y los documentos que la acrediten como propietaria, ante las autoridades agrarias.
La familia Felipe Cano, de Las Juntas, anexo de Caxitepec, municipio de Acatepec, denunció en las redes sociales que el 25 de agosto, unas 250 personas encabezadas por policías comunitarios y sus coordinadores, así como comisarios municipales de varios lugares llegaron a su casa portando machetes, armas de fuego, motosierras y maquinaria pesada, donde con palabras “altisonantes” les pidieron que se salieran y en seguida entraron al predio, destruyeron su vivienda, corrales de chivos, criadero de peces, árboles frutales, plantas “y todo lo que encontraban a su paso”.
La familia culpó a la policía comunitaria, a sus coordinadores y comisarios municipales y al comisariado de Bienes Comunales, Martín Sánchez, y denunció que actuaron por órdenes del diputado local del PRD, Raymundo García Gutiérrez.
En declaraciones por teléfono, el coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán y vocero de la CRAC, de Jesús Cabrera, informó que el lunes pasado fue convocada una reunión con la familia, supuestamente afectada, para resolver la situación pero no se presentaron.
Explicó que de acuerdo con los coordinadores de la CRAC de Caxitepec, no es tal como lo ha estado denunciado la familia y que el terreno fue donado desde hace cuatro años por el comisariado de Bienes Comunales de Acatepec, para la construcción de la casa de justicia de Juntas de Caxitepec.
Aseguró que fueron alrededor de 14 mil ejidatarios los que aprobaron la donación del predio y que los coordinadores de la CRAC tienen en su poder el acta de asamblea y de donación.
Explicó que incluso por acuerdo de los comisarios municipales y del Comisariado de Bienes Comunales reubicaron a la familia que estaba dentro del predio, que incluso le construyeron su casa, con cocina y una galera para sus chivos, sin embargo, declaró que la jefa de familia ahora está desconociendo los acuerdos.
Añadió que el día que la señora dice que fueron a desalojarla los policías comunitarios, intervino porque uno de los integrantes de la familia sacó un machete e intentó agredir a las autoridades comunitarias.
De Jesús Cabrera informó que actualmente las autoridades comunitarias están en espera de que los integrantes de la familia se presenten ante las autoridades agrarias, para que acrediten con documentos la propiedad del predio, y ellos llevarán los que tienen, para evitar que se agrave el problema.
El vocero informó que los integrantes de la familia están mal asesorados para afectar a la CRAC, pero aseguró que van a proceder por la vía legal para acreditar la propiedad del terreno.

No reconoce la CRAC a ningún grupo de la Comunitaria en Olinalá, aclara su vocero

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) no reconoce a ningún grupo de la policía comunitaria en Olinalá, tampoco cuenta con comités de enlace ni con casa de justicia en ese municipio, aclaró vía telefónica el vocero de la organización, Raúl de Jesús Cabrera.
Reconoció que coordinadores de la casa de justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, acudieron a esa cabecera municipal el sábado, para revisar una solicitud que hizo un grupo de ciudadanos que quiere incorporarse a la CRAC, pero aclaró que para ello tienen que cumplir con el reglamento y los requisitos de la organización.
De Jesús Cabrera explicó que tampoco el otro grupo, del que informó que se formó en 2012, a expensas de la ahora senadora Nestora Salgado, está reconocido por la CRAC.
El Sur informó, en su edición de este lunes, que vecinos y el alcalde morenista de Olinalá, Miguel Reyes Patrón, rechazaron la toma de protesta clandestina de una nueva policía comunitaria, a la que calificaron de grupo armado con actividades ilícitas, que se haría el sábado y que, en cambio, ratificaron a la policía comunitaria que surgió con la ahora senadora Nestora Salgado.
El vocero de la CRAC informó que hay una comunidad de ese municipio que ha querido ingresar al Sistema de Seguridad y Justicia y que planteó la solicitud a la casa de justicia de Espino Blanco.
Explicó que derivado de ello, los coordinadores Zeferino Lorenzo de Jesús y Raciel Marín Sánchez fueron el sábado a verificar la información y a verificar los antecedentes de las personas que están haciendo la solicitud, para ver si cumplen con los requisitos para su integración al sistema.
Insistió en que deben cumplir con los requisitos, que van a revisar la lista y los antecedentes de los policías comunitarios que dicen que ya fueron nombrados, “porque sabemos que en esa zona hay muchas personas que tienen antecedentes (penales), incluso hay personajes que tienen órdenes de aprehensión”.
Adelantó que si este es el caso de quienes están haciendo la solicitud, “no se les va a permitir su ingreso”. Añadió que este es un proceso que debe cumplir todo grupo que solicita su ingreso y que los coordinadores de Espino Blanco fueron precisamente a verificar si cumplen con el reglamento y los requisitos, para darles respuesta, pero no a tomarles la protesta.
Aclaró que ni siquiera hay una casa de enlace, porque apenas plantearon la solicitud y que en dado caso de que llegaran a cumplir con los requisitos, pertenecerían a la casa de Espino Blanco, “pero hasta este momento no han sido aceptados y no se ha confirmado su integración, porque estamos esperando los resultados de los antecedentes de cada uno de ellos, para no caer en el error de estar protegiendo a personajes con antecedentes”.
De Jesús Cabrera precisó que la CRAC tampoco reconoce al otro grupo, que informó surgió en 2012 con el aval de la ahora senadora Nestora Salgado.
Recordó que antes tenían una casa de enlace en Huamuxtitlán, que agrupaba a la policía comunitaria de Olinalá, pero que después se desintegró esa casa de enlace y ya no le dieron seguimiento a la incorporación del grupo de Olinalá, “por lo tanto, no tienen el respaldo. A menos de que se activen y cuenten con sus actas de asamblea y sus nombramientos, pero mientras no exista esto, no pueden decir que son ellos los legítimos. Se tiene que decidir por asamblea”.
Con respecto a que ese grupo de 30 miembros, que vienen funcionando desde 2012 y que cuenta con el respaldo del alcalde Miguel Reyes Patrón, el vocero dijo que para la CRAC el presidente municipal no tiene nada que ver en el reconocimiento de las autoridades comunitarias ni de la CRAC, “eso (el reconocimiento) ya son cuestiones políticas. Él llegó a través de un partido político y representa a la Policía Municipal. A quien corresponde nombrar y reconocer a los policías comunitarios son los comisarios, en asamblea de cada comunidad”.
Insistió que la policía comunitaria y la CRAC no están bajo las órdenes de ningún presidente municipal ni de funcionarios de gobierno, “nos regula la asamblea y es la que decide qué es lo que se tiene que hacer, porque nuestro reglamento está aprobado por la asamblea, no por los ayuntamientos”.
Informó que hay en algunos municipios donde sí hay coordinación con los presidentes municipales, pero es una coordinación sólo para cuestiones de seguridad, “pero no con respecto al reconocimiento de nuestra legitimidad”.

 

Mantendrá la CRAC detenidos a priistas acusados de comprar votos en Mixtecapa, San Luis Acatlán

El presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRI en San Luis Acatlán, Marcos Pano Vargas, y sus operadores políticos, Alfredo López Sánchez y Manuel Justo Morales, permanecerán en la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), de la cabecera municipal, hasta el jueves de esta semana.
Pano Vargas, López Sánchez y Justo Morales fueron detenidos por la Policía Comunitaria en Mixtecapa, comunidad que se encuentra a una hora de recorrido de la cabecera municipal, y acusados de portación de armas y compra de votos.
Consultado en la Casa de Justicia, el coordinador regional de la Policía Comunitaria –quien no proporcionó su nombre–, precisó que los tres detenidos cometieron un “delito grave” por el que aún no emiten su declaración; explicó que luego de ser recluidos, debe haber un proceso de investigación de los hechos, se analizarán las evidencias y se tomará en cuenta la versión de los presuntos culpables.
Sin embargo, debido a que sábados y domingos la Casa de Justicia suspende sus actividades de investigación, aunque no de vigilancia, los tres detenidos deberán esperar a que los coordinadores regionales se reúnan para evaluar su situación, y después, se les tomará su declaración. Este proceso podría demorarse hasta el martes o jueves de esta semana.
Sobre la situación de Pano Vargas, López Sánchez y Justo Morales, dijo que no están incomunicados y que la hermana de uno de los tres acudió a visitarlos, lo único que se les prohíbe es salir de la Casa de Justicia y hablar acerca del motivo de su detención, pues esto deberán hacerlo cuando se les tome su declaración.
Detalló que “las evidencias los inculpan”, pues trascendió que los tres salieron de la cabecera municipal la mañana del sábado con 250 mil pesos en efectivo, “para repartir” a los habitantes de Mixtecapa y sus anexos; además, la Policía Comunitaria les confiscó 15 mil pesos en efectivo, en paquetes de 5 mil pesos en tres sobres amarillos, y dos armas, una calibre 45 y otra calibre 22, así como copias de credenciales de elector de personas a las que habrían pagado por su voto.
Contó que la noche del sábado, militantes del PRI bloquearon las calles cercanas a la Casa de Justicia para evitar que Pano Vargas, López Sánchez y Justo Morales fueran detenidos, “nos los querían quitar” pero no hubo confrontación y se recluyó a los tres hombres.

“Queremos que se difunda el hecho para que les dé vergüenza”, dice coordinador

“Lo que queremos es que se difunda (el hecho) para que les de vergüenza”, expresó y consideró que el comprar votos “es un trabajo descalificado”; recordó que “siempre que gobierna el PRI hay cosas terribles”, como la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, la matanza de Tlatelolco y otros casos similares, además de que los operadores de ese partido “engañan” a las personas de origen humilde con dinero, despensas y promesas de que su situación cambiará, para convencerlas de darles el voto, “yo no voy a votar, pero no quiero que se compre a la gente su libertad”.
Respecto de la situación de seguridad en San Luis Acatlán, el comandante regional aseguró que el municipio “es tranquilo” y que la violencia e inseguridad se viven en la sierra del estado, donde de manera constante hay enfrentamientos con grupos armados, porque en esa zona la producción de amapola es alta.
La Casa de Justicia de la CRAC está ubicada en el barrio de San Isidro, cerca del Centro de Salud y del Palacio Municipal, las calles de la cabecera municipal son vigiladas por policías comunitarios y policías municipales.

 

Pasó Campos Herrera 4 años en prisión por una interpretación desviada de la ley: abogados

El promotor de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera fue detenido por agentes ministeriales el 1 de diciembre de 2013 después de un mitin por la exigencia de libertad de la comandanta de la organización comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado, el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Bernardino García y  policías comunitarios de Ayutla.
Fue trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, acusado de dos secuestros.
Las acusaciones por los supuestos secuestros son en esencia señalamientos que hacen varias personas que estaban procesadas en el sistema de justicia de la CRAC-PC, por cometer delitos en sus comunidades, que van desde homicidio, violaciones, narcomenudeo y otros delitos contra la salud.
Estando en prisión se le instruyeron las siguientes causas penales:
Secuestro derivado en la causa penal 59-1/2015 (antes causa penal 191/2013-II que se encontraba radicada en el juzgado Cuarto Penal de Acapulco) radicada en el juzgado Mixto Penal del Distrito Judicial de Allende, en Ayutla de los Libres, Secuestro en la causa penal 196/2013-I radicada en el juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Morelos, en la ciudad de Tlapa.
Además obtuvo su libertad en los procesos penales por robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla, derivado de la causa penal 007-I/2014 radicada en el juzgado Mixto Penal del Distrito Judicial de Allende de Ayutla. Se dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar.
Asimismo delincuencia organizada derivado de la causa penal 76/2014 radicada en el juzgado Séptimo de Distrito, se interpuso apelación 47/2014 ante el Primer Tribunal Unitario de Chilpancingo, obteniendo su libertad.
Para los abogados de Tlachinollan Vidulfo Rosales Sierra y Rogelio Téliz, que llevaron el caso, la Procuraduría General de Justicia del Estado (hoy Fiscalía General del Estado) hizo una interpretación “desviada” de la ley, y forzó el encuadramiento de secuestro, “estableciendo que un grupo de personas que se dicen policías comunitarias detuvieron a los supuestos agraviados, les pidieron dinero a cambio de su libertad y los maltrataron en los centros de detención”.
Sin embargo consideran que la dependencia soslayó que Arturo pertenece a un pueblo indígena y al sistema de justicia de la CRAC-PC, y que los detenidos habían cometido delitos en sus comunidades y estaban enfrentando un proceso en el Sistema de Justicia indígena de la referencia.
Los abogados de Campos Herrera expusieron que en las causas penales que se le instruyeron por los delitos de delincuencia organizada y robo calificado, los jueces le otorgaron su libertad absoluta, pues quedó acreditado que no pertenece a un grupo delincuencial ni que haya robado, por el contrario es integrante de un pueblo indígena que en el marco de la pluriculturalidad de nuestro país, poseen su propia forma de organizarse para cuidar su seguridad y sancionar las conductas ilegales en su territorio, derecho reconocido a los pueblos indígenas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Entran soldados y policías a pueblos de Ayutla por la emboscada en Ahuacuotzingo, informa la CRAC

La Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) denunció que efectivos de la Marina y del Ejército en ocho patrullas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) incursionaron el viernes pasado en cuatro comunidades en busca de delincuentes.
Según las autoridades comunitarias, el viernes los marinos encabezados por policías del estado, llegaron a las comunidades na’ savi de Coxcatlán Candelaria, Coxcatlán San Pedro, Ocote Marillo y El Charco, buscando a quienes el 25 de julio en un asalto a trabajadores del Banco de Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) que iban a pagar dinero del programa federal Prospera, en Ahuacuotzingo, mataron a cinco policías municipales y a dos custodios de esa empresa bancaria.
En una llamada a esta redacción el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Juan Antonio García, informó que luego de una reunión el lunes con los comisarios de las cuatro comunidades, solicitaron al gobierno del estado y federal dejar de hostigar a las comunidades indígenas que se rigen por usos y costumbres.
“Quieren seguir intimidando a los pueblos, pero la CRAC está muy organizada y ha sido muy respetuosa, como representantes hemos respetado a los tres niveles de gobierno, no nos metemos con ellos, pero sí nos quejamos cuando ellos se meten con nosotros”, expuso.
Indicó que los comisarios dejaron claro que no quieren ver a los soldados en su territorio, y tampoco a los marinos en las comunidades donde opera la Policía Comunitaria de la CRAC.
Indicó que la presencia de los agentes causa miedo y temor entre las mujeres y los niños, “lo que llegue a pasar vamos a responsabilizar al gobierno del estado”.
El coordinador también llamó a las autoridades del estado a verificar la falta de obras en las comunidades de la zona mixteca de Ayutla, donde la actual alcaldesa del PRI-PVEM, Hortensia Aldaco Quintana no ha hecho obra social.

Citará la CRAC a diputados de PRD, Morena y MC para conocer qué proponen sobre la Ley 701

En asamblea general la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) acordó citar a los diputados de Movimiento Ciudadano (MC), Morena y PRD para que presenten sus propuestas de reforma de la Ley 701 y la contrarreforma al artículo 14 presentada por el gobernador Héctor Astudillo Flores a las comunidades en los próximos 15 días.
A la asamblea asistieron 400 integrantes de las Casas de Justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco y El Paraíso; de los Comités de Enlaces de Cacahuatepec, y los conformados ayer, de Chilixtlahuaca y Huamuxtitlán-Olinalá; así como representantes de los pueblos amuzgos y del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, quienes votaron a favor de no permitir retrocesos en los derechos de los pueblos indígenas.
Además de convocar a los diputados para que expliquen sus propuestas de reforma a la Ley 701, las autoridades comunitarias se movilizarán en Chilpancingo y los municipios donde tiene presencia la CRAC, también exigirán a los alcaldes y diputados locales de las regiones apoyar la lucha y la propuesta en la que se garantice sus derechos y no se limite a la Policía Comunitaria.
La reunión inició a las 11 de la mañana en la colonia Renacimiento de San Luis Acatlán, fue vigilada por policías comunitarios armados con escopetas, también asistió el alcalde del municipio, Javier Vázquez García, y la síndica municipal de Acatepec, Fabiola Rafael Dircio, quienes manifestaron su respaldo total a la organización ante los resultados de seguridad que han dado en las comunidades, donde coincidieron se transita con tranquilidad.
En su intervención el consejero Valentín Hernández recriminó que en tres ocasiones los diputados locales han pospuesto el análisis, la discusión y la reforma a la Ley 701, y reprochó que no se les ha consultado a los pueblos de esos cambios.
Comentó que la propia Constitución señala que a los pueblos originarios se les debe de consultar cualquier cambio que les afecte a sus derechos.
La integrante de la CRAC en Cochoapa, Kenia Hernández afirmó que la propuesta de reforma del gobernador al artículo 14 enviada al Congreso es una violación a la Constitución del país porque quita autonomía a los pueblos, señalada en los artículos 39 y 2.
“De por sí es poco el derecho de los pueblos indígenas, y los que hay nos los quieren quitar. No nos podemos quedar con las manos cruzadas. Si no nos defendemos nadie nos va a defender, por eso es necesario que debe de haber una movilización de las Casas de Justicia, para que no se dé la reforma al artículo 14”, argumentó.
Dijo que en el nuevo sistema penal acusatorio tiene más derecho el victimario que la víctima, y fomenta la impunidad, “es un insulto a la justicia mexicana y a la de Guerrero”, que a diferencia de la justicia de los pueblos si hay una reeducación de quien infringe las normas.
El consejero, Pablo Guzmán manifestó en la asamblea que cualquier cambio administrativo o legislativo que afecte a los pueblos se les debe de consultar, “tenemos derechos a que nuestras autoridades comunitarias decidan cómo vamos a autogobernarnos”.
Recriminó que los diputados locales y el gobernador “de nueva cuenta se están pasando por debajo, el derecho de la consulta”, porque piensan que los habitantes de las comunidades indígenas no razonan y no saben qué hacer, “es cierto que falta nivel educativo pero es responsabilidad de ellos”.
Propuso que los diputados de Movimiento Ciudadano, PRD y Morena que han presentado propuestas ante el Legislativo para modificar la Ley 701, y una contrarreforma a la iniciativa enviada por el gobernador al artículo 14, tienen que exponerla ante las comunidades en una reunión con las autoridades comunitarias, “¿o qué, tienen miedo?”, comentó.
“Si no consultan, no tenemos porque reconocer la reforma que hacen en el Congreso, porque en la ley dice que se debe de tener una consulta, y previa información de lo que se modificará”, afirmó, y aseguró que la CRAC tiene la capacidad para paralizar medio estado.
Pablo Guzmán llamó a los políticos a no confundir a la Policía Comunitaria con las autodefensas que operan en el estado, “la policía autentica de policías comunitarios no andan enfrentándose con otros policías comunitarios, aquellos son autodefensas. Que no confundan a las policías comunitarias, nosotros buscamos el diálogo, que se solucionen los problemas en las asambleas”.
En tanto, el consejero, Abad García García se unió a la propuesta de movilizaciones porque sólo así se conseguirá preservar los derechos ganados de las comunidades.
Expresó que el gobierno no dejará de perseguir a los policías comunitarios porque es un modelo diferente de justicia y de gobierno, que aterriza en las comunidades.
El representante de la CRAC en Tlacoachistlahuaca, Guillermo Rosendo Martínez afirmó que el gobierno no reconocerá a las autoridades comunitarias porque no se corrompen, “no pueden aceptar que existe este proyecto alternativo de justicia. Nosotros perjudicamos a los intereses del Estado”.
El representante del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, Saúl Morán dijo que luego de una asamblea municipal en la región de La Montaña, cinco comunidades de Malinaltepec acordaron apoyar cualquier resolución de la asamblea general y las acciones de la CRAC.
“Nosotros también presentamos nuestra propuesta, no vamos a permitir que la policía comunitaria que nació en los municipios de la Costa Chica y en la Montaña sea borrada de un plomazo. Vamos a defender nuestros derechos, nuestra autonomía, nuestro autogobierno”, manifestó.
El representante del Comité de Enlace de Cacahuatepec, Rodolfo Chávez pidió a la asamblea dar una propuesta de modificación a la Ley 701, en tanto, el coordinador de El Paraíso, Juan Antonio García solicitó romper el diálogo con el gobierno del estado.
El integrante de la CRAC, Fabián Carrasco propuso que ante los diputados se exponga un plan integral que no sólo sea de seguridad, sino de educación, salud y del campo para las comunidades indígenas.
“Tenemos que replantear una nueva relación con el Estado mexicano y los partidos políticos, que lo que se busque no sea sólo el reconocimiento sino que se respete”.
La consejera de Pascala del Oro, San Luis Acatlán, Rubí Martínez llamó a las 175 comunidades integradas a la CRAC a presionar a los alcaldes y a los diputados de los distritos indígenas para que apoyen la lucha y las propuesta de la organización.

Toman protesta dos nuevos comités de enlace de Chilixtlahuaca y Huamuxtitlán-Olinalá

También en la asamblea general se tomó protesta a las nuevas autoridades de los Comités de Enlace de Huamuxtitlán-Olinalá y de Chilixtlahuaca, Metlatónoc.
Además, se propuso la creación de un nuevo Comité de Enlace en el municipio de Acatepec que tiene 22 comunidades integradas a la CRAC, y otras cinco más se integrarán.
Sin embargo, los consejeros de la Casa de Justicia de Espino Blanco informaron que en una asamblea regional se autorizó la creación de una nueva Casa de Justicia, pero la asamblea general manifestó que no era el procedimiento, por lo que se citó a una reunión de coordinadores de las cuatro Casas de Justicia y de los Comités de Enlaces para que el 5 de agosto se vote la creación, porque en caso de aprobarse algunas comunidades cambiarían de Casa de Justicia.

Destruyen comunitarios de la CRAC una hectárea sembrada de amapola en Ayutla

La Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias informó que 25 policías comunitarios destruyeron media de hectárea de sembradío de amapola rayada. El plantío se localizó en una barranca a media hora de la comunidad de La Cortina . Foto: El Sur
La Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias informó que 25 policías comunitarios destruyeron media de hectárea de sembradío de amapola rayada. El plantío se localizó en una barranca a media hora de la comunidad de La Cortina . Foto: El Sur

La Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de El Paraíso en Ayutla informó que 25 policías comunitarios destruyeron media de hectárea de sembradío de amapola rayada.
El plantío se localizó el domingo en una barranca a media hora de la comunidad de La Cortina luego de que los policías comunitarios hicieron un recorrido y detectaron las plantas, informó la Casa de Justicia.
El comisario de la localidad integrada a la CRAC y que está también a media hora de la cabecera municipal no entregó el nombre o los nombres de los responsables de la siembra de los plantíos de amapola. Uno de los integrantes de la Casa de Justicia informó por teléfono que no hubo detenidos.
Por esta situación en la asamblea del 20 de mayo en la Casa de Justicia de El Paraíso las autoridades determinarán si expulsan a la comunidad de 60 habitantes del Sistema de Justicia Comunitario, debido a que la siembra de enervantes en el territorio donde opera la CRAC está prohibida.
Sin embargo el integrante de la CRAC indicó que si el comisario entrega los nombres de las personas implicadas en la siembra de la amapola la comunidad no será expulsada.
Ese mismo día serán presentados los dos hombres detenidos en la comunidad de El Mezoncillo, Ayutla, donde el pasado 28 y 29 de marzo también fue destruida 1 hectárea y media sembrada de amapola.
La Casa de Justicia de El Paraíso también condenó el asesinato del policía comunitario de la colonia Adulfo López Matilde Ramos de Ayutla, el comunitario Benito de 36 años fue asesinado a machetazos y encontrado la mañana de este lunes.
La Casa de Justicia señaló que no es el primer hecho contra un integrante comunitario y que está en comunicación con los familiares para dar con los responsables
Se dio a conocer que la delincuencia organizada está empezando a operar en la cabecera municipal y no sólo está  dando un golpe a la CRAC, sino que también han caído policías de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG). El caso más reciente es el del segundo comandante de la comunidad de El Refugio, Melquiades quien fue encontrado muerto en terrenos de la comunidad de Las Ánimas, casi cinco días después de su desaparición. (Jacob Morales Antonio).

Acuerda la CRAC de Ayutla detener al comandante de Chacalapa y libera a un detenido por la UPOEG

En una asamblea microregional los representantes de las comunidades de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) acordaron detener al comandante de la policía comunitaria de Chacalapa, por el asesinato de un policía en noviembre, caso por el que ya hay un detenido.
También, se liberó a un joven que fue detenido el mes pasado con 50 plantas de mariguana, y se reabrió la investigación de un detenido que lleva un año y cinco meses en reeducación (que es el castigo de prisión y servicio comunitario que se le da a los presuntos delincuentes en el sistema de justicia comunitario), debido a que cambió su declaración hace unos meses y confesó que fue torturado por policías ciudadanos de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), para admitir el homicidio del que se le acusó.
A la asamblea acudieron integrantes de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán quienes informaron de los temas que se hablaron en la reunión con el gobernador, Héctor Astudillo Flores, así como que se tiene que trabajar en la armonización de la Ley 701 de derechos y cultura indígena, que no está vigente en la Constitución del estado. Los invitaron a participar en la reunión programada para hoy en San Luis Acatlán en la que se tratará esa ley.
En la asamblea con unos 100 asistentes, en la que se habló en tu’ un savi (mixteco), los coordinadores presentaron el caso del homicidio del policía comunitario Leonardo Feliciano, quien fue herido en una pierna y murió ante la falta de atención médica en noviembre.
Se expuso en la asamblea que el disparo que recibió el policía comunitario fue por un jaloneo que se dio entre el comandante del grupo y quien fue detenido por el homicidio, quien se encuentra en proceso de reeducación. Debido a que no se había tenido dicho antecedente, ayer acordaron en la asamblea detener al comandante, que se ampliará la investigación y se someterá también a reeducación.
Otro de los casos que se expusieron en la asamblea es el de un detenido en la comunidad de Coapinola, Ayutla. Fue detenido el 12 de febrero Israel Basilio con 50 “matitas” de mariguana. En la asamblea acudió la madre del joven a abogar por él y después de escuchar diferentes posturas la asamblea votó a favor de liberarlo, porque había sido suficiente un mes en reeducación.
Después se expuso el caso de Juan Manuel Encarnación de Jesús, quien lleva un año cinco meses detenido. Se explicó que fue entregado por la UPOEG, con una supuesta declaración en la que aceptaba que había cometido un homicidio, sin embargo luego de un año de estar en reeducación Juan Manuel entregó a su familia una carta en la que se retractó de haber cometido el delito.
En la nueva declaración indica que fue torturado no sólo por los policías de la UPOEG sino también por los ministeriales, y al reabrir la investigación los policías comunitarios interrogaron a uno de los supuestos testigos, quien también dijo que fue torturado por los policías ciudadanos para señalar a Juan Manuel como responsable del homicidio.
Los coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso pidieron a la asamblea que se interrogara a dos personas más que el detenido menciona en su declaración, y el resultado de la investigación se expondrá en asamblea para que sean todos los integrantes los que decidan si es liberado o reeducado.
La familia del detenido acudió al lugar con la esperanza de que fuera liberado y después de exponer que llevan más de un año dando vueltas buscando una respuesta al caso, aceptaron la decisión del colectivo.
La asamblea fue presidida por los coordinadores Juan Antonio García Fidencio, Francisco Neri Victoriano y Néstor Chávez García.

Marcha la CRAC de los Pueblos Fundadores en la capital para que les cancelen 70 órdenes de aprehensión

Unos 400 integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata marcharon de la Autopista del Sol a Palacio de Gobierno, para exigir la cancelación de órdenes de aprehensión contra 55 indígenas, el desistimiento de otras 15 que están por girarse y la detención de los responsables del asesinato de cinco integrantes de esa organización en San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa.
A las 11:30 de la mañana comisarios, representantes de Papaxtla, Paraíso de Tepila, Rincón de Chautla, Acahuhuetlán, Terrero 1, Xicotlán, Zacapexco, Ayahualtempa, Amatitlán, Tierra Blanca, Buena Vista, Tepozonalco, Alcozacán, Xolotepec, Tula, además de coordinadores regionales de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los Pueblos Fundadores de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), que son parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), se reunieron en el parque Margarita Maza de Juárez.
Hombres y mujeres vestidas con sus trajes típicos, amplias faldas con listones de distintos colores vistosos y encajes marcharon y demandaron justicia para sus comunidades.
Los manifestantes portaron mantas y pancartas en las que se leía, “exigimos respeto a la Casa de Justicia de los pueblos fundadores (CRAC-PC) de Chilapa de Álvarez”, “Los asesinos de San Jerónimo Palantla son Constantino y su gente”, “El asesino de mi mamá es Constantino Calvario Merino. El gobierno no lo encarcela”.
El 8 de febrero de 2015 hubo un enfrentamiento entre la CRAC de Rincón de Chautla y el Frente de Defensa Popular (FDP) que encabezan Efraín Torres Fierro y Clemencia Guevara, donde hubo cinco muertos. El 24 de noviembre del 2015 cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque a una Urvan del servicio público cerca de Atzacoaloya, del que culpan al FDP.
Cerca de la una de la tarde luego de su llegada a Palacio de Gobierno, los comisarios y el integrante del CNI Cirino Plácido Valerio fueron recibidos por el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, y por un representante de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Al término de la reunión de poco más de 2 horas Plácido Valerio expuso que hablaron del ataque de febrero, e insistió en fue una emboscada que preparó el FDP en colusión con la banda delictiva Los Rojos.
“Efraín Torres no puede andar haciéndose la víctima, que su gente es inocente, porque han asesinado, se ha dedicado a difamar diciendo que yo Cirino Plácido defiendo a asesinos, yo no defiendo a nadie, ni la Casa de Justicia defiende a nadie; luchamos por la justicia, quien la debe que la pague”, manifestó.
Pidió que se investigue y dijo que no es justo que se hayan girado las órdenes de aprehensión contra la gente de la CRAC, “¿no será que el gobierno del Estado está jugando, está solapando o está jugando porque le conviene porque se desaparezca la Casa de Justicia?”.
Dijo que acordaron otra reunión, que la FGE va a revisar las órdenes de aprehensión y presentará evidencias para mostrar su inocencia.

Se reúnen la CRAC y la UPOEG con Martínez Veloz; les preocupa que se derogue la Ley 701

 

Representantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y promotores de la creación de municipios indígenas y afromexicanos, se reunieron con el comisionado para el Diálogo de los Pueblos Indígenas de México, Jaime Martínez Veloz para construir una agenda común.
El exdiputado federal perredista Carlos de Jesús Alejandro habló del encuentro que se celebró en la Ciudad de México y se hizo público debido a una fotografía publicada en redes sociales, donde aparece con el funcionario federal, el consejero de la CRAC Pablo Guzmán Hernández y el líder de la UPOEG Bruno Plácido Valerio, entre otros.
Vía telefónica dijo que fue un acercamiento breve a fin de construir una agenda común entre organizaciones del estado de Guerrero. El primer punto de coincidencia, dijo, es la preocupación de que la Ley 701 de Reconocimiento, Derecho y Cultura Indígena sea acotada o derogada en el proceso de armonización, que debe concluir en abril.
Agregó que es causa común de la CRAC y la UPOEG trazar una ruta de trabajo para que las modificaciones de la ley no afecten el espíritu original de la legislación, al contrario, exigen que sea más amplia en derechos, que incluya a los pueblos afroguerrerenses y acorde a la constitución mexicana.
Informó que quieren acompañar y defender el proceso que impulsó la UPOEG para que la elección por usos y costumbres en el municipio de Ayutla de los Libres sea una realidad, y se siente un precedente para replicarlo en otros municipios indígenas.
Añadió que seguramente van a surgir otros temas que se van a incorporar a la agenda, con un grupo más amplio de organizaciones, y buscar la interlocución con el congreso estatal y el gobernador, que tienen competencias y obligaciones con los pueblos originarios.
Del comisionado informo que ofreció su respaldo, más que como funcionario, como hombre comprometido con la lucha y con las causas del movimiento indígena.
De Jesús Alejandro recordó que Martínez Velóz en 1994 integró la primera comisión de concordia para impulsar la paz digna en Chiapas, y fue actor fundamental en las negociaciones del gobierno con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para que se firmaran acuerdos de paz y se redactara la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz.
Martínez Veloz también fue interlocutor de la federación en el primer intento de regularizar a las policías ciudadanas de los grupos de autodefensa en municipios de Costa Chica en 2013, que luego se adhirieron a la UPOEG. La iniciativa se frustró cuando los pueblos de Tecoanapa retuvieron a militares en la comunidad El Pericón.
De Jesús Alejandro informó que también estuvo una representante del Grupo Plural, de los cafetaleros de la Luz de la Montaña, promotores activos de nuevos municipios indígenas y afros, y el asesor de la Cámara de diputados, Marcos Matías Alonso.
Adelantó que van a convocar a otros actores del estado para hacer causa común por los pueblos indígenas, en otra reunión de acercamiento este viernes en Guerrero.