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Rechaza la CRAC que haya despojado de un terreno a una familia de Caxitepec, Acatepec

 

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) rechazó que la institución comunitaria de la casa de justicia de las Juntas de Caxitepec, municipio de Acatepec, haya despojado de un terreno a una familia, como se denunció a través de las redes sociales.
El vocero de la organización, Raúl de Jesús Cabrera, declaró por teléfono que esperan que la familia que se dice afectada presente la denuncia y los documentos que la acrediten como propietaria, ante las autoridades agrarias.
La familia Felipe Cano, de Las Juntas, anexo de Caxitepec, municipio de Acatepec, denunció en las redes sociales que el 25 de agosto, unas 250 personas encabezadas por policías comunitarios y sus coordinadores, así como comisarios municipales de varios lugares llegaron a su casa portando machetes, armas de fuego, motosierras y maquinaria pesada, donde con palabras “altisonantes” les pidieron que se salieran y en seguida entraron al predio, destruyeron su vivienda, corrales de chivos, criadero de peces, árboles frutales, plantas “y todo lo que encontraban a su paso”.
La familia culpó a la policía comunitaria, a sus coordinadores y comisarios municipales y al comisariado de Bienes Comunales, Martín Sánchez, y denunció que actuaron por órdenes del diputado local del PRD, Raymundo García Gutiérrez.
En declaraciones por teléfono, el coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán y vocero de la CRAC, de Jesús Cabrera, informó que el lunes pasado fue convocada una reunión con la familia, supuestamente afectada, para resolver la situación pero no se presentaron.
Explicó que de acuerdo con los coordinadores de la CRAC de Caxitepec, no es tal como lo ha estado denunciado la familia y que el terreno fue donado desde hace cuatro años por el comisariado de Bienes Comunales de Acatepec, para la construcción de la casa de justicia de Juntas de Caxitepec.
Aseguró que fueron alrededor de 14 mil ejidatarios los que aprobaron la donación del predio y que los coordinadores de la CRAC tienen en su poder el acta de asamblea y de donación.
Explicó que incluso por acuerdo de los comisarios municipales y del Comisariado de Bienes Comunales reubicaron a la familia que estaba dentro del predio, que incluso le construyeron su casa, con cocina y una galera para sus chivos, sin embargo, declaró que la jefa de familia ahora está desconociendo los acuerdos.
Añadió que el día que la señora dice que fueron a desalojarla los policías comunitarios, intervino porque uno de los integrantes de la familia sacó un machete e intentó agredir a las autoridades comunitarias.
De Jesús Cabrera informó que actualmente las autoridades comunitarias están en espera de que los integrantes de la familia se presenten ante las autoridades agrarias, para que acrediten con documentos la propiedad del predio, y ellos llevarán los que tienen, para evitar que se agrave el problema.
El vocero informó que los integrantes de la familia están mal asesorados para afectar a la CRAC, pero aseguró que van a proceder por la vía legal para acreditar la propiedad del terreno.

Acude la FGE a confirmar la irrupción de sicarios a Vuelta del Sur, Tlacotepec

Tres días después, el vocero en materia de seguridad del gobierno del estado, Roberto Álvarez Heredia confirmó la irrupción de un grupo armado en la comunidad de Vuelta del Sur, municipio de Heliodoro Castillo, en donde mataron a dos hombres y uno más resultó herido, según los vecinos.
Mediante un boletín, Álvarez Heredia informó que la Policía del Estado y la Fiscalía General del Estado (FGE) acudieron el martes a La Vuelta del Sur, “y confirmaron la muerte de dos personas que fueron atacadas por sujetos fuertemente armados durante la noche del lunes pasado”.
Habitantes de ese lugar denunciaron esa noche, vía telefónica, que un grupo armado con vestimenta tipo militar irrumpió a las 7 de la noche y se retiró a las 3 de la madrugada del día siguiente, tiempo en el que mató a dos vecinos y dejó a uno herido.
También denunciaron que a unos 15 minutos de recorrido, en la comunidad de Los Bajos, hay un campamento de militares, que a pesar de que escucharon los disparos no acudieron a brindarles auxilio.
Ayer, Álvarez Heredia explicó que, debido al difícil acceso a la zona, ambas instituciones llegaron al lugar donde ocurrieron los hechos hasta entrada la noche del martes, y de inmediato se entrevistaron con las familias de una de las víctimas.
El vocero informó que, de acuerdo con las versiones de los testigos, fueron alrededor de 20 hombres armados (los lugareños aseguraron que fueron unos 70 que llegaron en tres camionetas) que forman parte de un grupo criminal llegaron vestidos con ropas tipo militar hasta un puesto de control que establecen autodenominados policías comunitarios, en el crucero conocido como El Jilguero y los atacaron a balazos.
El funcionario informó que durante el ataque resultaron muertos Feliciano “N”, de 28 años, quien era comandante de la comunitaria de La Vuelta del Sur, cuyo cuerpo era velado en su casa, y Jaime “N”, de unos 35 años, quien fue trasladado por su madre a la comunidad de Jaleaca de Catalán.
Asimismo, añadió que otra persona de nombre Raymundo Bautista Juárez resultó con heridas de proyectil de arma de fuego y fue trasladado a Chilpancingo por sus compañeros de la comunitaria para su atención médica.
Álvarez Heredia añadió que en el sitio donde ocurrieron los hechos, los peritos de la Fiscalía encontraron alrededor de 90 casquillos percutidos de diferentes calibres.
Informó que por estos hechos, la FGE integró la carpeta de investigación por el delito de homicidio, mientras que el Ejército hace recorridos de prevención “y disuasión del delito en la zona de la Sierra de los municipios de Heliodoro Castillo y Leonardo Bravo”.

Arrestaron comunitarios a cuatro policías ministeriales que cateaban casas en Malinaltepec

Policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ- PCP) de la comunidad de Alacatlatzala municipio de Malinaltepec, detuvieron y desarmaron a cuatro policías ministeriales el sábado cuando cateaban dos casas para detener a una persona, y los liberaron tras una reunión con Tlachinollan y funcionarios.
Según un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los policías ministeriales llegaron el sábado a esa comunidad en la que catearon dos viviendas porque tenían la orden de detener a una persona, pero al no encontrarla amenazaron e intimidaron a los pobladores.
Los vecinos de la localidad pidieron el apoyo a la Policía Comunitaria, quienes encararon a los policías ministeriales que después desarmaron y los metieron a una cárcel del poblado.
Se informó que los ministeriales dijeron que llegaron a este comunidad a ejercer una orden de aprehensión, pero los pobladores los acusaron de irrumpir en dos casas sin una orden de cateo o de aprehensión.
A la 1 de la tarde de ese día llegó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el abogado de la organización Vidulfo Rosales Sierra, el delegado de Gobernación Jorge Rodríguez Ponce y el auxiliar del Ministerio Público Gonzalo Solano Lorenzo y se reunieron con los pobladores.
Los acuerdos de la reunión fueron “no ejercer acción penal contra los comunitarios, a cambio de que liberaran a los cuatro policías ministeriales y éstos quedaron el libertad”.

Marchan comunitarios en Xicotlán, Chilapa; exigen que se cancelen 60 órdenes de aprehensión en su contra

Policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de los pueblos fundadores marcharon este miércoles en esta comunidad. Al final las autoridades llamaron a la paz, a la justicia y al gobierno del estado a que retire todas las 67 averiguaciones previas y cancele las 60 órdenes de aprehensión en contra de sus miembros.
Al mediodía unos 500 vecinos de 15 comunidades de los municipios de Chilapa y de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) se concentraron en esta comunidad y después marcharon del crucero de Mexcaltepec a la cancha de Xochitlán. La marcha fue encabezada por civiles de las comunidades donde tiene presencia esta Policía Comunitaria. Atrás caminaron policías armados.
En la marcha los manifestantes gritaron consignas como: “Unidad de los pueblos por la paz”, “Ya no queremos más violencia”, “Unidad, unidad, unidad…” exigieron.
Los policías comunitarios de los pueblos que acudieron de estos dos municipios de la parte baja de la región Montaña, están adscritos a la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, al final de la manifestación desmintieron acusaciones en su contra, que dijeron, les ha hecho Constantino Calvario Merino “y su grupo delictivo de la comunidad de San Jerónimo Palantla de Chilapa”.
En las acusaciones, denunciaron, los responsabilizan de los enfrentamientos con la gente de San Jerónimo Palantla, pero se deslindaron de este caso ocurrido el año pasado.
En su pronunciamiento recordaron que este lunes se reunieron los coordinadores de la CRAC, consejeros, presidentes de comisariados de bienes comunales, delegados, comisarios municipales y que tomaron acuerdos con respecto a la emboscada que sufrieron en San Jerónimo Palantla, encabezada por Domingo Orgin Calvario, Constantino Calvario Merino, Antonio Bolaños Calvario, Apolinar Calvario Tlatempa y Alfonso Orgin Castro.
Manifestaron a los tres niveles de gobierno que no están de acuerdo en que “nos sigan fabricando delitos para discriminarnos ante la sociedad, porque somos una institución regida por nuestras costumbres y por comunidades”.
Denunciaron que ellos se han encargado de brindar la seguridad a los pueblos pero que el grupo de San Jerónimo Palantla les han fabricado muchos delitos como los del 8 de febrero del 2015, cuando les prepararon una emboscada cuando iban al diálogo para liberar a sus compañeros de la Policía Comunitaria, Isaías Xochitempa Chautla y Rufino Orgin Calvario.
El coordinador agregó que esa vez ellos encontraron cascajos de armas de diferentes calibres, pero que después les interpusieron demandas en las que el agente del Ministerio Público “se prestó al chantaje sabiendo que hay documentos firmados por los tres niveles de gobiernos y la CRAC en los que nos exculpan”.
“La CRAC-PC de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla siempre ha respetado los acuerdos que se firmaron el 1 y el 11 de febrero del 2015, se elaboró una acta de conciliación en donde se acordó que nadie, ni el comisario municipal ni el comisario suplente encauzaron a los ciudadanos de nuestras comunidades, ni tampoco a la CRAC”, recordó el consejero.
Dijo que los directivos informaron que en marzo del 2016 se pactó que la casa de Rincón de Chautla asumió un acuerdo en el que se comprometió a liberar a los detenidos que estaban en proceso de reeducación, Alfonso Orgin Castro, Apolinar Calvario Tlatempa, Heladio Díaz Calvario y Francisco Hernández Tepetate.
Mientras tanto los de San Jerónimo Palantla encabezados por el comisario municipal Francisco Chautla Cicinteco y Constantino Calvario Merino, Antonio Bolaños Calvario y más de 25 ciudadanos que participaron en la reunión se comprometieron a retirar las denuncias que interpusieron ante el Ministerio Público en contra de los policías comunitarios y autoridades de la CRAC de Rincón de Chautla, “pero ellos no espetaron los acuerdos, mucho menos retiraron las demandas”.
Demandaron a las autoridades federales, estatales y municipales que respeten la estructura de esta organización, y se declararon independientes de cualquier otro grupo que opera en el estado.

Retienen comunitarios de Cocula a un joven por robo de gasolina en una casa; lo hieren de dos balazos

Policías comunitarios de Nuevo Balsas, Cocula, detuvieron la madrugada de ayer a un joven de 19 años que intentó robar gasolina en una casa particular en la que se dedican a la reventa del combustible, y durante la detención fue lesionado de dos balazos.
Según informaron fuentes de la fiscalía regional, a la 1:30 de la madrugada policías comunitarios pidieron la presencia del agente del Ministerio Público (MP) y policías para entregarles a un joven que habían detenido intentando robar gasolina a un vecino de ese poblado.
El joven identificado como Fernando y vecino de esa comunidad fue lesionado durante su detención de un balazo en la pierna derecha y un rozón en el brazo izquierdo, esto con un arma de bajo calibre que usan los comunitarios.
Se informó que el joven había entrado a la vivienda a robar garrafas con gasolina, y que al momento de que huía los comunitarios le pidieron que se entregara, pero al intentar escapar le dispararon y fue lesionado.
Tras su detención, el joven fue trasladado al hospital general de esta ciudad de Iguala para su atención y donde fue reportado fuera de peligro, y durante el día fue puesto a disposición del MP.

Acuerda la sección 14 del SUSPEG unirse al paro contra la reforma educativa de la CNTE

El secretario general de la sección 14 del Sindicato Único de Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG), Robespierre Moreno Benicio informó que en una reunión los maestros estatales acordaron unirse al paro indefinido nacional que convoca la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para el 15 de mayo, como parte de las acciones de rechazo a la reforma educativa.
El dirigente informó que otro de los acuerdos en la asamblea general extraordinaria, que fue el viernes en la escuela Club de Leones, es que el 1 de mayo, Día del Trabajo, marcharán en Acapulco, saliendo en el Asta Bandera a las 10 de la mañana.
Moreno Benicio informó que los maestros estatales están de acuerdo con una evaluación formativa y de diagnóstico, pero la que marca la reforma educativa no lo es.
Señaló que los docentes estatales manifestaron su desacuerdo con el despido de maestros que anunció la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Guerrero, porque eso conlleva a que se pierda la plaza base, y por eso acordaron unirse al paro indefinido a nivel nacional, desde el 15 de mayo; dijo que el 13 de mayo se van a reunir para informar a las autoridades la decisión.
Moreno Benicio informó que entre los muchos problemas que enfrentan sus agremiados, está la quiebra del Instituto de Seguridad Social de los Servicios Públicos del Estado de Guerrero (ISSSPEG), que ha afectado a los jubilados y pensionados.
Añadió que las autoridades han incumplido la ley, pues desde 2011 se autorizó un aumento del 5 por ciento al bono de la permanencia, pero no se ha aplicado, los maestros exigen a la autoridad que se cumpla y les han dado de plazo hasta el 20 de mayo, cuando tomarán acciones en todo el estado, pues son a más de 200 maestros a los que les debe, incluyendo a los que ya se jubilaron y quieren que se les vaya abonando a través del ISSSPEG.
Otro problemas que se ha resuelto es el de infraestructura para las escuelas, donde hay muchas deficiencias; asimismo, sobre la inseguridad indicó que algunas escuelas están siendo vigiladas, las de la zona urbana por el Ejército y la Marina, mientras en la zona rural son policías comunitarios.

Confirman comunitarios de Apaxtla que cinco de los nueve levantados fueron liberados tras pagar un rescate

 


Policías comunitarios del Movimiento Apaxtlense Adrián Castejón (MAAC), confirmaron que las cinco personas de Amacahuite y Tetela del Río, municipio de Heliodoro Castillo (Tlacotepec), secuestradas el 8 de diciembre, fueron liberadas tras el pago de un rescate.
Asimismo, dieron a conocer que uno de los cuatro pobladores de Apaxtla que también había sido levantado fue asesinado por los delincuentes a los que identifican con la organización La Familia Michoacana.
Sobre el levantón de cinco habitantes de los poblados de Amacahuite y Tetela del Río, municipio de Heliodoro Castillo, identificados como Pablo Hernández Trujillo, Feliciano Hernández Aguilar, Maribel Castrejón Sánchez, Carmelo García Estrada y Gustavo Ríos Tinoco, este último el chofer de la Urvan de la ruta Apaxtla- El Caracol, ocurrido el 8 de diciembre en la carretera Apaxtla-El Caracol por hombres armados a los que identificó con La Familia Michoacana, un coordinador del MAAC confirmó que fueron liberados la semana pasada tras el pago de un rescate, del que extraoficialmente supo que fue de dos millones de pesos.
En declaraciones hechas la tarde de ayer en esta cabecera municipal tras la conformación de la Policía Comunitaria Tecampanera, el coordinador del MAAC, que pidió el anonimato, informó que en total fueron nueve las personas levantadas por el grupo armado el 8 de diciembre, de las cuales dos de Apaxtla lograron escapar en los primeros días y una más en los días siguientes.
Confirmó que uno de los habitantes de Apaxtla que había sido levantado, que identificó como el leñador Isidro Sarabia Sánchez fue ejecutado por los pistoleros, y su cuerpo fue “rescatado” por los comunitarios del MAAC en un paraje entre las comunidades de San Felipe del Ocote y Liberaltepec, hace unos ocho días.
Informó que tras lo ocurrido el 8 de diciembre, la comunitaria de Apaxtla se está reorganizando y reforzando para evitar más brotes de violencia como ese.
Reclamó que el si gobierno del estado y el federal hubieran actuado rápido, “se hubiera logrado detener a los delincuentes y liberado a la gente, porque nos llegaron cuatro días después con el helicóptero, en un momento en el que ya ellos (los delincuentes) estaban fuera de alcance”.
Pidió que tras este hecho, la actuación del gobierno estatal y federal debe ser más rápida y contundente en el combate a la delincuencia y estos crímenes.
Dijo, a pregunta realizada, que desconoce el porqué el alcalde de Apaxtla, Salvador Martínez Villalobos no informó del asesinato del habitante de Apaxtla.
Expresó, contrario a lo que dijo en días pasados el alcalde, que los pobladores de Apaxtla que lograron huir de los delincuentes siguen viviendo en la cabecera municipal.
El integrante del MAAC dio a conocer que luego de los hechos del 8 de diciembre, la seguridad fue reforzada en la cabecera municipal y sus comunidades con más de 100 policías federales y soldados del Ejército.
Indicó que en las comunidades de San Felipe del Ocote, Liberaltepec, Xochitepec y Tlanipatlán, los maestros aún no han regresado a clases por miedo a la inseguridad y dio a conocer que ayer por la tarde se reunirían en Apaxtla los integrantes del Movimiento Magisterial, que están integrados en el MAAC, para tomar acuerdos sobre esta situación, y del peligro latente y el temor que aún tienen los maestros de regresar a las aulas.
Apenas el jueves, al alcalde Martínez Villalobos había dado a conocer que los maestros ya habían regresado a dar clases, lo cual fue negado por los integrantes del MAAC.

 

Marchan maestros, organizaciones y vecinos con la UPOEG en la clausura de su Congreso en San Marcos

Integrantes de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) marcharon en las calles de San Marcos en el último día de actividades de su Congreso Estatal, en el tercer aniversario de su creación.
Una marcha y una misa fueron las últimas actividades del Congreso Estatal de la UPOEG, que inició el lunes, en las que los integrantes de la organización demandaron al gobierno respeto al derecho de los pueblos indígenas a organizar su propio sistema de seguridad y justicia.
En la misa, el sacerdote de Xalpatláhuac, Mario Campo Hernández llamó a la UPOEG a recordar que el centro del proyecto es la población y la familia, para no perder sus objetivos de brindar seguridad y lograr la paz en las comunidades donde operan. “Que no se pierdan las asambleas, si se dejan de hacer corren el riesgo de que el movimiento se tergiverse”, advirtió el padre.
Al cierre del Congreso asistieron el asesor del gobernador Héctor Astudillo Flores, César Flores Maldonado; el presidente municipal priista de San Marcos, Juan Carlos Molina; el ex diputado local perredista, Bertín Cabañas López; y el fundador de la CRAC, y hermano de Bruno, Cirino Plácido Valerio, quien no quiso adelantar ninguna declaración de su presencia en el Congreso de la UPOEG.
Minutos antes de las 12 del mediodía, unos 500 integrantes de la UPOEG, policías ciudadanos que portaron sus escopetas, vecinos del municipio y maestros de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur salieron en marcha de la colonia Campo de Aterrizaje.
En la vanguardia, cinco integrantes de la organización portaron la bandera nacional, seguidos del promotor de la UPOEG, Bruno Placido Valerio; los fundadores y promotores de la organización, Ernesto Gallardo Grande y Crisóforo García Rodríguez; además de delegados de los municipios de la Costa Chica.
Después, venían los policías ciudadanos portando mantas en las que se leía, “Los pueblos originarios, reconocidos, nos unimos a la UPOEG por el reconocimiento por el derecho del reconocimiento humano, defensa de nuestro territorio y de los recursos naturales. Un territorio con seguridad es un pueblo con justicia”.
Atrás, maestros de la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur, quienes exigieron el reconocimiento de la institución para que jóvenes indígenas y afro-mexicanos puedan seguir sus estudios. Los maestros portaron una manta donde demandaban la presentación de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, en septiembre de 2014 en Iguala.
La marcha fue casi a paso veloz y al ritmo de dos bandas de viento; caminó en las principales calles de la ciudad y la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional, llegó al Zócalo y regresó al punto de partida, 40 minutos después.
En el trayecto, los vecinos de San Marcos dieron una cooperación a los integrantes de la UPOEG, quienes les acercaban unos botes sellados, con una ranura para depositar su contribución.
Llama el cura de Xalpatlahuac a no olvidar que el centro del proyecto debe ser la familia y la comunidad

En la misa, el presbítero Campo Hernández pidió por los 15 integrantes de la UPOEG asesinados durante los tres años de trabajo de la organización para restablecer la seguridad y la paz en los pueblos de la Costa Chica, Centro, Acapulco, y ahora en la Sierra y en un municipio de la Tierra Caliente.
También pidió por los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y sus familias, y para que la sociedad guerrerense encuentre paz y justicia.
En la homilía, el padre llamó a los presentes a mantener un compromiso y asumir una actitud de responsabilidad con el pueblo, y que los integrantes de la organización no olviden que el centro del proyecto debe de ser la familia y la comunidad en las asambleas, un criterio que otras organizaciones sociales deben de retomar, dijo.
Asimismo, instó a la UPOEG a que no pierda sus objetivos y a que no se corrompa por intereses personales, y pidió que logre salir de las crisis internas. “2016 debe de ser un año de esfuerzo, de apertura, de construcción conjunta, y no de un año de trabajo solitario”, recalcó.

Fortalecer el diálogo con el gobierno para plantear el desarrollo en las comunidades, pide Bruno

En la clausura del Congreso, el dirigente Bruno Plácido Valerio dijo que en 2016 buscará el diálogo con el gobierno del estado para plantear el desarrollo en las comunidades e infraestructura y seguridad, además de mantener el diálogo con los presidentes municipales, que se tiene que fortalecer.
En breves declaraciones, el dirigente expresó que el gobierno está en su derecho de investigarlo por las narcomantas que en diciembre lo señalaron de estar relacionado con integrantes de la delincuencia, pero afirmó que, “la UPOEG, entre más avanza, afectamos a más intereses”.
Por su parte, Flores Maldonado dijo que se tiene que seguir trabajando en unidad para sacar adelante al estado. Mientras el presidente municipal, Juan Carlos Molina agradeció la presencia del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadano en el municipio.
En declaraciones, el alcalde dijo que serán los integrantes del cabildo quienes decidirán el reconocimiento de la UPOEG como un sistema de seguridad, e indicó que él promueve el respeto de la ley y que bajo sus principios habrá coordinación con la organización.
A nombre de los comisarios de los municipios de la Costa Chica donde opera la UPOEG, el comisario de la comunidad de Colotepec, Ayutla, Honorio Rodríguez reconoció el trabajo del fundador de la organización, Bruno Plácido.
En su mensaje, se dirigió al presidente Enrique Peña Nieto y al gobernador Héctor Astudillo Flores, a quienes dijo que la UPOEG está haciendo el trabajo que el gobierno dejó de hacer de dar seguridad a las comunidades, y solicitó respeto a la organización.

Instalan retenes vecinos armados en cruceros del sur de Chilapa

Debido a la violencia en Chilapa, pobladores armados instalaron retenes en la noche en cruceros que conducen a las comunidades del sur del municipio.
Según testimonios recabados, los retenes se ubican en la entrada y salida de la comunidad de Atzacoaloya, a unos 15 minutos de la cabecera municipal.
También se instalaron los retenes en los cruceros que conducen a las comunidades de El Jagüey y Tres Palos, y está uno más en la carretera que conecta los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango).
Los pobladores que se presentan como policías comunitarios se armaron con escopetas, rifles y pistolas de bajo calibre.
Se informó que los pobladores armados dicen que los retenes son para defenderse de la delincuencia organizada por los recientes hechos de violencia en el municipio.
Cerca del crucero que conduce a la comunidad de Atzacoaloya se han registrado múltiples asesinatos, entre ellos, el del que fue candidato priista a la alcaldía de Chilapa, Ulises Fabián Quiroz, en mayo, y el del consejero de Seguridad de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, Isaac Xochitempa Chautla y de otras tres mujeres nahuas, el 24 de noviembre. Además es parte de la franja en disputa entre grupos de la delincuencia organizada.
La carretera que conecta los municipos de Chilapa y José Joaquín de Herrera también conduce a las comunidades con la presencia de la Policía Comunitaria del Rincón de Chautla, Chilapa, que pertenece a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), así como a poblaciones con la presencia de la autodenominada Policía Comunitaria por la Paz y Justicia, de los pobladores armados que incursionaron en mayo a la ciudad de Chilapa.
En tanto que en la cabecera municipal aún se observa la presencia de la Policía Federal y del Ejército.

Sepultan entre música y dolor a los cuatro comunitarios asesinados por sicarios en Tixtla

Los cuatro policías comunitarios de 23, 25, 32 y 40 años de edad, pertenecientes a la Casa de Justicia La Patria Es Primero, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla, fueron llevados al camposanto con música de viento y guitarras.
La CRAC pidió a reporteros evitar fotografías del cortejo y de los policías comunitarios que han dado su servicio con el rostro cubierto el último año, para evitar más detenciones de sus integrantes, como ocurre desde las aprehensiones de los principales líderes en 2013.
Pronto se supo que entre los fallecidos estaban dos comandantes que dirigían la logística de la seguridad, y dos jóvenes recién incorporados.
Después de la emboscada a los policías comunitarios, este jueves volvieron a la ciudad dos retenes de la Fuerza Estatal, que se habían retirado luego de la persecución en contra de alumnos de la Normal Rural de Ayotzinapa, el 11 de noviembre, en la carretera de cuota Tixtla-Tierras Prietas.
Aquel retiro de la fuerza estatal de la cabecera municipal, según las versiones, se debió a que el retén que se encontraba cerca de la caseta de cobro les bloqueo el paso a los estudiantes, lo que provocó enojo en algunos vecinos.
La Policía del Estado sólo mantuvo permanente un retén con equipo antimotín en El Puente de El molino, en la carretera vieja a Chilpancingo, pero que desde la agresión a los comunitarios ya no está en ese lugar. Se advirtió que por esa vía entraron a Tixtla y huyeron a Chilpancingo los sicarios que emboscaron a los comunitarios.
A las 9 de la mañana, tres ataúdes fueron escoltados por unos 200 vecinos a una misa en la iglesia de la Natividad, en el barrio de El Santuario, luego de una hora, los cuerpos de dos policías comunitarios fueron llevados por la avenida principal al panteón viejo, y otro al cementerio de la Villita. Por la tarde se enterraría el último de los fallecidos. No hubo reporteros cerca para evitar la divulgación de los nombres de los policías asesinados por seguridad.
Algunas familias salieron a las calles a ver, como homenaje, el paso de los fallecidos, que al frente eran cubiertos con la fragancia de copal, seguidos por dos guitarristas y al fondo por una banda de música de viento.