Por segunda ocasión, el Ayuntamiento de Olinalá intentó llevar a cabo la elección de comisario en la comunidad de Zontecomatlán, pese a que un grupo de vecinos ganó un juicio para anular las elecciones de junio, y pide que se reconozca al comisario que eligieron ese día en asamblea por usos y costumbres.
En esta ocasión no hubo confrontaciones físicas ni verbales, pero los vecinos supieron que intervendría el Ejército y llamaron a la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) a resguardar el lugar.
El 25 de junio pasado, un grupo de pobladores eligió a su comisario por usos y costumbres en la comisaría, como indica el proceso, pero hubo inconformidad del grupo del alcalde priista, Saul Apreza Patrón, porque no beneficiaba a su candidato, y llevó a cabo su propia elección en una casa particular, por lo que vecinos inconformes promovieron un juicio ante el Tribunal Electoral del Estado (TEE), que ordenó al Ayuntamiento cancelar los nombramientos y emitir una nueva fecha de elecciones.
Los pobladores que interpusieron el juicio rechazan nuevas elecciones, y piden que se reconozcan las elecciones que hicieron por usos y costumbres.
En consulta telefónica, el abogado de los vecinos que rechazan las nuevas elecciones, Pánfilo Sánchez Almazán denunció que el Ayuntamiento llamó a elecciones este viernes a las 10 de la mañana, y no en sábado o domingo, como es la costumbre; sin embargo, el grupo de vecinos opositores que representa acudió para fijar nuevamente su postura.
Al poblado acudieron, un representante del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) que no se identificó, comentó el abogado; el delegado regional de Gobernación, Jorge Rodríguez Ponce; el secretario general del Ayuntamiento, Primitivo Jiménez Rendón; la síndica, Rosa Guadalupe Patrón Escudero; y los regidores, Eulalio Menor Rodríguez y Santiago Rosales.
El abogado contó que sus representados “estaban al pendiente porque se decía que el Ayuntamiento iba a llevar a los militares, entonces ellos (los pobladores) se organizaron en coordinación con la Policía Ciudadana y Popular, que estuvo pendiente en la entrada del pueblo; por usos y costumbres, en la región, (para) cualquier cosa que pasa hay una coordinación con la zona, que es territorio indígena”.
Al lugar sólo acudieron policías estatales y no hubo necesidad de la intervención de la Policía Ciudadana.
Los pobladores recurrieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) a interponer un recurso para exigir que se reconozca la elección de junio en asamblea, cuando eligieron a Fidencio Cruz como comisario mediante usos y costumbres.
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Arrestaron comunitarios a cuatro policías ministeriales que cateaban casas en Malinaltepec
Policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ- PCP) de la comunidad de Alacatlatzala municipio de Malinaltepec, detuvieron y desarmaron a cuatro policías ministeriales el sábado cuando cateaban dos casas para detener a una persona, y los liberaron tras una reunión con Tlachinollan y funcionarios.
Según un reporte de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, los policías ministeriales llegaron el sábado a esa comunidad en la que catearon dos viviendas porque tenían la orden de detener a una persona, pero al no encontrarla amenazaron e intimidaron a los pobladores.
Los vecinos de la localidad pidieron el apoyo a la Policía Comunitaria, quienes encararon a los policías ministeriales que después desarmaron y los metieron a una cárcel del poblado.
Se informó que los ministeriales dijeron que llegaron a este comunidad a ejercer una orden de aprehensión, pero los pobladores los acusaron de irrumpir en dos casas sin una orden de cateo o de aprehensión.
A la 1 de la tarde de ese día llegó el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el abogado de la organización Vidulfo Rosales Sierra, el delegado de Gobernación Jorge Rodríguez Ponce y el auxiliar del Ministerio Público Gonzalo Solano Lorenzo y se reunieron con los pobladores.
Los acuerdos de la reunión fueron “no ejercer acción penal contra los comunitarios, a cambio de que liberaran a los cuatro policías ministeriales y éstos quedaron el libertad”.
Marcha en Huamuxtitlán la Policía Ciudadana y Popular; exige se reconozca su sistema
Integrantes de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) de la cabecera municipal de Huamuxtitlán marcharon para exigir el respeto a los derechos de los pueblos indígenas amparados en la Ley 701 y que se incorpore en ella el reconocimiento de su sistema de seguridad y se manifestaron en contra del gasolinazo.
La marcha comenzó como a las 10 de la mañana y fue desde la gasolinera al Ayuntamiento, en su recorrido los participantes gritaron consignas y desde un carro de sonido explicaban el motivo de su movilización.
Al llegar al Ayuntamiento se colocaron frente a la fachada con sus mantas y pancartas.
Ahí se leyó el manifiesto del sistema de seguridad surgido en la comunidad nahua de Temalacatzingo, Olinalá, que se ha instaurado en colonias del municipio de Tlapa y localidades del municipio de Malinaltepec y Cualac y dijeron que de manera conjunta estuvieron en Olinalá.
Los manifestantes exigieron la solución a las demandas fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas que tienen años sin atenderse y están plasmadas en los pliegos petitorios específicos, además de un alto a la violencia institucional y jurídica que se ejerce contra los militantes de la CRSJ-PCP.
También exigieron al juez décimo de distrito del estado que dé una resolución definitiva y que absuelva de los delitos falsos que la organización priista Antorcha Campesina en complicidad con el Ministerio Público (MP) de Olinalá y funcionarios del Ayuntamiento en el periodo del priista, Eusebio González Rodríguez, fabricaron a integrantes de la PCP, quienes fueron designados en asamblea como guardianes de la seguridad del pueblo.
Exigieron al Estado mexicano, el Tribunal de Justicia del Estado, el juez del Juzgado Décimo de Distrito, respeten la Ley 701 y el artículo 2 de la Constitución, así como un alto a la represión y presentación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, libertad a todos los presos políticos del país, esclarecimiento a los asesinatos de activistas, luchadores sociales, profesores y mujeres.
Y que el gobierno del estado dé cumplimiento a la demanda de los pueblos sobre la creación de la Subsecretaría de Educación de los Pueblos Originarios de Guerrero (SEPOG).
Pidieron que el Ayuntamiento se manifieste ante el gobernador, Héctor Astudillo Flores y el Congreso para que la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas del estado no sea reformada y se afecten los derechos elementales de los pueblos y se respete la autónoma y la libre determinación.
Y que si el Congreso hace modificaciones debería consultar el contenido con los pueblos y no sólo a pequeños grupos de acarreados y manipulados ya que “toda ley que se impone de facto es ilegítima y genera violencia”.
Pidieron a los integrantes del Cabildo, al presidente, síndicos y regidores que se pronuncien contra la reforma energética, laboral, educativa, hacendaria y de salud que en su conjunto generan discriminación, exclusión y pobreza, como ejemplo pusieron el alza a los costos de la gasolina, los impuestos y aumento de los precios de los productos de la canasta básica.
Los manifestantes se quejaron de la inseguridad y las cifras de marginación y pobreza en el estado que limitan el desarrollo de las comunidades. También de que la Ley 701 contempla varios derechos pero sólo en el papel y que en la realidad no se cumplen, por lo que exigieron que sean acciones reales no sólo de esta ley específica para indígenas sino de todas las que amparan a los ciudadanos.
Unos guardias entraron al Ayuntamiento a dejar un documento con las demandas específicas que tiene la PCP en este municipio y fueron recibidos por la secretaria del presidente, al tomar la fotografía del hecho policías municipales que cuidaban la puerta cerraron el paso a esta reportera diciendo que no se podía hacer eso y llamaron a mujeres policías para intimidar y sacar del edificio porque no “estaba permitido tomar fotos”.
Los guardias de la PCP cumplieron con el protocolo de dejar el documento porque el edil estaba en otra actividad, salieron a informar a sus compañeros y se retiraron del lugar para finalizar su actividad que dijeron fue simultánea en las comunidades donde tienen presencia.