Difunde Morena entre militantes un manual para el periodo intercampañas

Militantes de Morena de diversas comunidades de Huamuxtitlán en una asamblea informativa el sábado en el salón Aurora de la cabecera municipal Foto: Carmen González Benicio

Lourdes Chávez

Chilpancingo

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI, Alejandro Bravo Abraca, consideró preocupante que no se haya dotado al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) del presupuesto suficiente para el proceso electoral y que el gobierno estatal le siga debiendo el financiamiento aprobado para 2023.
En consulta telefónica, confirmó que el dinero no entregado el año pasado, sin duda afectó la operación del organismo local electoral, con un proceso de diputados y ayuntamientos en curso, así como a los partidos, que no han recibido a la fecha las ministraciones correspondientes a varios meses.
Confirmó que están en riesgo los comicios, si el gobierno no entrega las ampliaciones presupuestales que han acostumbrado todos los años, después de aprobar con ajustes a la baja el presupuesto solicitado por el organismo.
“Ponen en riesgo el proceso electoral de este año. Son alrededor de 300 millones que harían falta para la adecuada operación del IEPC y de poder ser árbitro justo para el proceso”.
Indicó que personalmente se ha reunido con la presidenta del organismo, Fabiola Matildes Gama, en varias ocasiones, pero principalmente con los representantes, con quienes está en contacto.
Sobre la demanda que presentó el PRI ante sala superior, vía salto de instancia, por la no entrega de las ministraciones de los últimos meses de 2023, informó que ya fue turnada a la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, esperan que en los próximos días haya más información.
“Nosotros establecimos una demanda ante el IEPC para el tribunal. Entiendo que el IEPC hizo lo propio, demandando al gobierno por incumplir con la parte que debe”.
De la experiencia de 2023, no descartó que este año también estén en riesgo las prerrogativas económicas de los partidos políticos. Sin embargo, explicó que no pueden actuar legalmente, hasta que exista el incumplimiento.
Acerca del presupuesto aprobado en el Congreso del Estado, sin oposición de las bancadas políticas en diciembre, con el recorte de 43 por ciento que aplicó el gobierno estatal al anteproyecto del IEPC, Bravo Abarca indicó que los diputados esperaban que hubiera ampliaciones, como se ha hecho en todos los años.

Rechazan en Huamuxtitlán imposición

En una asamblea informativa en la que participaron funcionarios del gobierno del estado, militantes de Morena de la cabecera municipal de Huamuxtitlán exigieron a la dirigencia estatal que para la designación de la candidatura a la presidencia, sean tomados en cuenta quienes tienen trabajo de base y advirtieron que no aceptarán “imposiciones”.
Unas 200 militantes se reunieron el sábado en el salón Aurora en la carretera Huamuxtitlán-Puebla para respaldar a la fundadora Petra Sánchez Ortega como aspirante a presidenta municipal, de quien dijeron es una persona que tiene trabajo en la militancia.
“No permitiremos que vengan a echar a perder el trabajo organizado con personas ajenas, que no conocemos, y eso lo haremos saber a la dirigencia”, dijo un participante.
Agregaron que no permitirán que se imponga a la “muchacha”, que no tienen nada en su contra pero que no ha vivido en Huamuxtitlán.
En las participaciones no mencionaron el nombre de la persona, pero se refieren a la periodista Rosalba Ramírez García, ex reportera del periódico El Sur, quien se registró para ser candidata a la presidencia municipal por Morena, el que es militante su padre.
En la asamblea, asistentes reiteraron que no es correcto que se hable de una candidata designada y que ella ande diciendo lo mismo, cuando por el momento todos son aspirantes, con el mismo derecho de contender como precandidatos, que piden que sea alguien con trabajo de base y viva en el municipio.
Agregaron que la dirigencia “debe ver que si vienen de fuera, van a echar a perder el trabajo con una imposición”. También que no tienen nada contra “la muchacha”, pero que no vive en Huamuxtitlán, que sí conocen a sus padres, y pidieron a la dirigencia estatal de Morena que tome en cuenta sus comentarios.
En el evento estuvieron el delegado de Gobierno, José Bazán González; el delegado de Transportes, Taurino Reyes Leyva; la funcionaria de Sagarpa, Rosa Carbajal Luna; un representante de Alpoyeca, Vicente Policarpo Hernández; de la comunidad Xilotepec, Ubaldo Sánchez, y Juan Carlos Méndez, representante de Morena en el distrito 5.
Huamuxtitlán es gobernado por el morenista Aurelio Méndez Rosales, y asistentes a la asamblea dijeron que la estructura del Ayuntamiento se mueve a favor de Rosalba Ramírez. (Carmen González Benicio / Tlapa).

Suman cinco muertes por dengue en Guerrero en lo que va del año; superan las cuatro del 2022

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

En lo que va de 2023 se tienen registradas cinco defunciones acumuladas debido a casos de dengue en Guerrero, según información de la Secretaría de Salud.
El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Dengue reportó que hasta la semana 36 de este año, en Guerrero se registraron cinco defunciones provocadas por dengue, superando todas las que acumuló el 2022, cuando hubo cuatro muertes.
“Las defunciones confirmadas son avaladas por el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica y son publicadas conforme se llevan a cabo las sesiones de este comité, por lo que no corresponden a la semana epidemiológica de ocurrencia” aclaran.
De igual forma, los datos indican que hasta la semana 36 se tiene un registro total de 974 casos confirmados de dengue. La cifra en cuestión rebasa el cierre de 2022 cuando el Sistema recopiló 914 casos de la enfermedad en todo el año.
La tasa de letalidad del dengue en el estado de Guerrero es 0.90 defunciones por cada 100 casos confirmados de dengue con signos graves de alarma más los casos confirmados de dengue grave.
La Secretaría de Salud divide la enfermedad en tres variantes; el dengue no grave, mismo que contempla signos de alarma, el dengue que presenta signos de alarma y el dengue grave. Por su parte, el corte de información de la semana epidemiológica 36 llega hasta el 11 de septiembre del presente año.
En la semana epidemiológica 36, la dependencia identificó un acumulado total de 348 casos de dengue sin signos de alarma. En la misma semana de 2022, se reportaron 95 casos de esta variante de la enfermedad.
Respecto al dengue que presenta signos de alarma, en la semana epidemiológica 36 el Sistema de Vigilancia dio a conocer que se tienen 571 casos acumulados. En el mismo periodo de 2022, la cifra fue de 192 casos.
Sobre los casos de dengue grave, la información presentada detalla que durante la semana epidemiológica 36, en el estado de Guerrero se acumularon 55 casos de esta variante. En la semana 36 de 2022 la cifra fue de 55 casos acumulados.
La dependencia clasifica a los municipios según el número de casos acumulados confirmados de dengue que presenten. En el punto más alto, considerado zona de epidemia, están Xochihuehuetlán y Huamuxtitlán.
En Xochihuehuetlán se identificaron 18 casos de dengue grave, además de tres casos de dengue con signos de alarma más dengue grave. Respecto a Huamuxtitlán, se tienen 25 casos de dengue no grave y 10 de dengue con signos de alarma más dengue grave.
En lo considerado como zona de alarma, se ubica a Tlacoachistlahuaca con un caso de dengue no grave y 27 casos dengue con signos de alarma más dengue grave. Además, Taxco se encuentra en la misma zona con 42 casos de dengue no grave y 83 casos de dengue con signos de alarma más dengue grave.
El restante de los municipios es catalogado como una zona de seguridad, con 262 casos acumulados de dengue no grave y 503 casos de dengue con signos de alarma más dengue grave.

Medicina y Psicología en Acapulco aumentan sus espacios este año, informa la UAG

Karina Contreras

La Facultad de Medicina y Psicología en Acapulco, así como la de Nutrición y Ciencias de los Alimentos, ubicada en Huamuxtitlán, de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), aumentaron sus espacios para este nuevo ciclo escolar.
La UAG, para el ciclo escolar 2023-2024 emitirá 5 mil 150 fichas para las escuelas del área de la salud, donde únicamente podrán ingresar mil 855.
En la convocatoria emitida este lunes, se observa que la Facultad de Medicina en su licenciatura de Médico Cirujano emitirá mil 250 fichas, igual que el ciclo 2022-2023, pero ahora serán 245 lugares, cuando el año pasado fueron 210, es decir, 35 más.
En Enfermería, en sus cinco escuelas, mantienen los mismos espacios que en el ciclo pasado.
La carrera de Cirujano Dentista, en la Facultad de Odontología, emitirá 300 fichas y sólo tiene 90 espacios de ingreso. Mientras para la licenciatura en Químico Biólogo Parasitólogo serán 450 fichas, de los cuales nada más ingresarán 175.
La escuela de Psicología aumentará de 300 a 360 y las fichas que emitirá serán 500.
Químico Farmacéutico Biólogo bajó sus fichas,de 450 para 70 espacios a 300 para 60.
Nutrición y Ciencias de los Alimentos, en Acapulco, emitirá 120 fichas y 40 espacios; la escuela de Taxco 140 fichas y 40 espacios, y la ubicada en Huamuchitos subirá de 45 a 50 espacios, pero seguirá entregando 100 fichas.
Mientras que la licenciatura en Fisioterapia, que se encuentra en Taxco, emitirá 140 fichas, pero sólo aceptará a 40 estudiantes.

Hallan a dos niños secuestrados en Tlapa en un hotel de Huamuxtitlán; no se pagó rescate

Los dos hermanos menores de edad que fueron reportados secuestrados en Tlapa el viernes fueron localizados en el municipio de Huamuxtitlán, regresaron a su casa sin pagar el dinero del rescate que se le pidió a su familia.
Los hermanos Josefina de 12 años y José Ángel de siete salieron de su casa en la colonia Santa Anita de esta ciudad el viernes, sin decir a dónde, siguiendo órdenes que les dieron por teléfono.
Sus familiares, amigos y policías municipales de Tlapa se movilizaron para buscarlos en hoteles y casas de huéspedes luego de que se sintieran amenazados por quien llamó por teléfono celular.
La búsqueda en hoteles, hospederías y casas de huéspedes de la ciudad fue porque supuestamente opera un grupo delictivo que secuestro contactando por teléfono celular a las personas, y las obligan a salir de sus hogares e irse a un hotel a hospedarse, en tanto contactan a sus familiares para pedir un rescate.
Los dos menores fueron localizados el domingo en un cuarto de hotel en la cabecera municipal de Huamuxtitlán, donde les ordenaron llegar sin ver a las personas que ahí estaban, y no consumieron alimentos en ese lapso.
A los familiares les exigían 750 mil pesos por su liberación pero no dieron el dinero porque los niños fueron encontrados.
El matrimonio de Faustino de 22 años y su esposa Rocío Pacheco Prado de 17, que fue reportado como desaparecido el lunes 13 de agosto luego de que salieran a alimentar a sus aves de corral en la colonia Contlalco, de esta ciudad fue localizado en Zacatipa del municipio de Xalpatláhuac, a donde acudieron a una fiesta de un familiar. (Carmen González Benicio / Tlapa).

 

Hallan ahorcado a un policía en la cárcel de Jilotepec, Huamuxtitlán

En la comunidad de Jilotepec, municipio de Huamuxtitlán, hallaron ahorcado a un policía en la cárcel donde fue encerrado por alterar el orden y andar alcoholizado.
Según fuentes oficiales el policía era integrante de la Comisión de Vigilancia del poblado y fue detenido por sus compañeros el sábado, como a las 9 de la noche, y horas más tarde acudieron a la celda por los ruidos que escucharon y encontraron a Eusebio de 35 años colgado del techo, amarrado con sus agujetas y un alambre.
Los policías trataron de reanimarlo pero ya estaba muerto por lo que informaron a la agencia del Ministerio Público de Huamuxtitlán.
El cuerpo fue reclamado por su padre y hermano, quienes se negaron a que el cuerpo fuera trasladado al Servicio Médico de Chilpancingo.
La familia informó que pedirá que se haga una investigación a las autoridades locales para determinar su responsabilidad. (Antonia Ramírez / Tlapa).

 

Matan a una pasajera y hieren al chofer de una camioneta en asalto en la carretera de Olinalá

Una comerciante murió y el chofer resultó herido en el intento de asalto a mano armada a una camioneta de pasajeros de la ruta Huamuxtitlán-Olinalá, en la carretera.
El pasado lunes por la mañana, por la carretera Olinalá-Chiaucingo, en el punto conocido como Aguaxotla un grupo de hombres armados con rifles de alto calibre le salió al paso a la camioneta Urvan que conducía Cirilo Nájera Pablo de 55 años.
El conductor, quien es padre del esposo de la presidenta priista de Cualac, no se detuvo y siguió su trayecto hacia la comunidad de El Paraíso, y los asaltantes le dispararon, le dieron más de cinco balazos, pero siguió manejando y se detuvo kilómetros adelante.
En el ataque a balazos pereció la comerciante que viajaba como pasajera Alba Salgado Ortega, gravemente herida de bala, y los otros pasajeros salieron ilesos.
Personas que pasaron por el lugar trasladaron al conductor al hospital de Huamuxtitlán.
Los pobladores acusaron de omisión a las autoridades municipales priistas de Olinalá y Cualac, a quienes les han reportado la necesidad de seguridad en este punto donde han ocurrido otras agresiones.

Mandó a reeducación a tres jóvenes por acuerdo, dice el comisario de Coyahualco, Huamuxtitlán

 
El comisario municipal de Coyahualco del municipio de Huamuxtitlán, René Fuentes Acevedo reiteró que se envió a “reeducación” con la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) a tres jóvenes vecinos, por un acuerdo del pueblo “porque ya no los aguantaban”.
Por teléfono mencionó que la Policía Comunitaria del poblado los envió a la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, luego de retenerlos por los señalamientos de los pobladores de que eran los responsables de varios robos.
Dijo que como parte del sistema de justicia comunitario, luego de que fueron retenidos por los auxiliares de la comisaría y se determinó en asamblea su responsabilidad, fueron trasladados el 15 de febrero y desde ese momento se están entregando las pruebas y los testimonios.
Mencionó que en la Casa de Justicia de San Luis no le dieron un plazo para la entrega de la pruebas, sino que sigue el procedimiento de investigación y que quienes acusan a las personas son los pobladores.
Agregó que una víctima dice que le robaron y que mostró pruebas ante las autoridades comunitarias, “pero parece que ahora no quiere decir nada porque es el padrastro de uno, por lo que se van a tomar otros acuerdos con la comunidad”.
Dijo que invitó a los afectados a que denunciaran y entregaran la información que tienen para el proceso de los señalados, “creo que no se ha hecho, pero siguen en la postura de que los reeduquen”.
Mencionó que los invitó a que lo hicieran por el sistema de justicia comunitario o en el Ministerio Público para que se aclararan las cosas, o se les castigara por las faltas.
De las acusaciones de familiares de que los detuvieron de manera arbitraria y sin sustento, mencionó que están en su derecho de defenderlos, pero hay señalamientos y que él no acudirá a ningún requerimiento de la agencia del Ministerio Público en Tlapa porque el distrito judicial al que corresponde Coyahualco está en Huamuxtitlán, “allá fueron a contar otras cosas y nos están citando, pero no iremos porque es un acuerdo de asamblea”.
Agregó que este jueves tendrán una asamblea en el pueblo para atender estos puntos ante la judicialización, a la que los familiares los quieren someter cuando los tres jóvenes están siendo “reeducados”.
La señora  Bertha Apreza Acevedo, abuela de José Manuel Romano Gonzaga de 17 años, denunció que su nieto fue detenido de manera arbitraria y sin pruebas por robo el 15 de febrero, y por eso presentó una denuncia en Tlapa.
Los otros detenidos son Alberto Morales Peral y José Luis Acevedo Orea de quienes su mamás han pedido su libertad porque aseguran que no son culpables, han denunciado que nadie les ha hecho caso y pidieron la intervención de la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos, y en los primeros días de marzo visitaron a sus hijos en la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.

Marcha en Huamuxtitlán la Policía Ciudadana y Popular; exige se reconozca su sistema

Integrantes de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia-Policía Ciudadana y Popular  (CRSJ-PCP)  de la cabecera municipal de Huamuxtitlán marcharon para exigir el respeto a los  derechos de los pueblos indígenas amparados en la Ley 701 y que se incorpore en ella  el reconocimiento de su  sistema de seguridad y se manifestaron en contra del gasolinazo.
La marcha comenzó  como a las 10 de la mañana y fue desde la gasolinera  al Ayuntamiento, en su recorrido los participantes gritaron consignas y desde un carro de sonido explicaban el motivo de su  movilización.
Al llegar al Ayuntamiento se colocaron frente a la fachada con sus mantas y pancartas.
Ahí se leyó el manifiesto del sistema de seguridad  surgido en la comunidad nahua de Temalacatzingo, Olinalá, que se ha instaurado en colonias del municipio de Tlapa y  localidades del municipio de Malinaltepec y  Cualac y dijeron que de manera conjunta estuvieron en Olinalá.
Los manifestantes exigieron la solución a las demandas fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas que tienen años sin atenderse y están plasmadas en los pliegos petitorios específicos, además de un alto a la violencia institucional y jurídica que se ejerce contra los militantes de la CRSJ-PCP.
También exigieron al juez décimo de distrito del estado que dé una resolución definitiva y que absuelva de los delitos falsos que la organización priista Antorcha Campesina en complicidad con el Ministerio Público (MP) de  Olinalá y funcionarios del Ayuntamiento en el periodo del priista, Eusebio González  Rodríguez, fabricaron  a integrantes de la PCP, quienes fueron designados en asamblea  como guardianes de la seguridad del pueblo.
Exigieron al Estado mexicano, el Tribunal de Justicia del Estado, el juez del Juzgado Décimo de Distrito, respeten la Ley 701 y el artículo 2  de la Constitución, así como un alto a la represión y presentación de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, libertad a todos los presos políticos del país, esclarecimiento a los asesinatos de activistas, luchadores sociales, profesores y mujeres.
Y que el  gobierno del estado dé cumplimiento a la demanda de los pueblos sobre la creación de la Subsecretaría de Educación de los Pueblos Originarios de Guerrero (SEPOG).
Pidieron que el Ayuntamiento se manifieste  ante el gobernador, Héctor Astudillo Flores y el Congreso para que la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos  y comunidades indígenas del estado no sea reformada y se afecten los derechos elementales de los pueblos y se respete la autónoma y la libre determinación.
Y que si el Congreso hace modificaciones  debería consultar el contenido con los pueblos y no sólo a pequeños grupos de acarreados y manipulados  ya que “toda ley que se impone de facto es ilegítima y genera violencia”.
Pidieron a los integrantes del Cabildo, al presidente, síndicos y regidores que se pronuncien contra la reforma energética, laboral, educativa, hacendaria y de salud que en su conjunto generan discriminación, exclusión y pobreza, como ejemplo pusieron el alza a los costos de la gasolina, los impuestos y aumento de los precios de los productos de la canasta básica.
Los manifestantes se quejaron de la inseguridad y las cifras de marginación y pobreza en el estado que limitan el desarrollo de las comunidades. También de que  la Ley 701 contempla varios derechos pero sólo en el papel y que en la realidad no se cumplen, por lo que exigieron que sean acciones reales  no sólo de esta ley específica para indígenas  sino de todas las que amparan a los ciudadanos.
Unos guardias entraron al Ayuntamiento a dejar un documento con las demandas específicas que tiene la PCP en este municipio y fueron recibidos por la secretaria del presidente, al tomar la fotografía del hecho policías municipales que cuidaban la puerta cerraron el paso a esta reportera diciendo que no se podía hacer eso y  llamaron a mujeres policías para intimidar y sacar del edificio porque no “estaba permitido tomar fotos”.
Los guardias de la PCP cumplieron con el protocolo de dejar el documento porque el edil estaba en otra actividad, salieron a informar a sus compañeros y se retiraron del lugar para finalizar su actividad que dijeron fue simultánea en las comunidades donde tienen presencia.

Aceptan acusadores de Arturo Campos en su careo que no lo conocen y que no les ha pedido dinero

En el careo del consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera con sus acusadores por el delito de secuestro, éstos aceptaron no conocerlo y negaron que les haya pedido dinero para que los liberara, por lo que hay elementos para que se le dicte libertad, dijo su abogado Rogelio Téliz.
El careo fue la mañana de ayer en el Juzgado de Primera Instancia, adonde comparecieron cinco acusadores para el careo de la causa penal 196-2013, y por lo cual trasladaron a Arturo Campos del penal de Ayutla, donde está preso, al de Atlamajac, municipio de Tlapa.
Entre los comparecientes estuvieron tres denunciantes y dos agraviados que ratificaron sus declaraciones, en las que no mencionan a Arturo Campos por el delito de secuestro.
La primera en declarar fue Petra Pérez Hernández, madre de la menor Dulce Rubí Burgos Pérez, quien fue detenida por la Policía Comunitaria a petición de sus padres, según la CRAC-PC de Olinalá, pero los familiares lo negaron, y acusaron a Nestora Salgado García de secuestro en la misma causa penal.
Petra Pérez le dijo a Arturo Campos que, “fue cómplice de esa mujer enferma… realmente a mí no me pidió nada de dinero… pero creo que es como el dicho, tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata”.
Arturo Campos respondió que la hija de Petra Pérez fue detenida por la Policía Comunitaria de su comunidad por alguna falta, que los vecinos aceptaron ese sistema comunitario y, por ello, no consideraba que se tratara de secuestro; dijo que él sólo era consejero y le pidió que le dijera si él le había pedido dinero, a lo que la mujer respondió que no.
A los agraviados y denunciantes se les preguntó qué entendían por secuestro, y todos dijeron que es cuando privan de la libertad a alguien contra su voluntad, sin agregarle que esto es a cambio de dinero, por lo que el concepto se quedó a medias.
Se contrastaron sus comentarios en visitas a familiares en la Casa de Justicia de El Paraíso, donde los detenidos estaban custodiados por policías comunitarios uniformados; Petra Pérez dijo que, “había un grupo de pistoleros apuntándote con sus armas”.
Siguió el padre de Dulce Rubí, quien declaró que le pidieron 5 mil pesos, y que la voz era de Nestora Salgado, pero no mencionó a Arturo Campos, “al señor no lo conocí, sólo vi a dos personas las dos veces que fui; no me acuerdo de él”. Arturo Campos también dijo que esa era la primera vez que veía al declarante.
Siguió la señora Antonia Salmerón, madre de Pedro Salmerón, quien dijo que llegó a ver algunas veces a Arturo Campos, “no tengo nada en contra de usted, ni me hizo nada, no lo conozco y a mí no me pidieron nada de dinero”, dijo.
En el mismo sentido declararon Alejandro Nájera Nájera y Javier Rodríguez Ortega, retenidos por la Policía Comunitaria de Huamuxtitlán, quienes dijeron que era la primera vez que veían a Campos Herrera y no tenían nada que decirle, ya que no estuvo cuando fueron detenidos ni liberados por el Ejército, que irrumpió en la Casa de Justicia de El Paraíso.
El abogado Rogelio Téliz dijo que los careos con los agraviados han demostrado que no hay delito de secuestro, porque todos han negado conocer a Campos Herrera y que les haya pedido dinero para liberarlos, a ellos o a sus familiares; además de que los detenidos en la Casa de Justicia de El Paraíso reconocen que fueron retenidos por policías comunitarios uniformados, tanto en Olinalá como en Huamuxtitlán, “eso no es secuestro, la CRAC está reconocida en la ley 701 e instrumentos internacionales”, precisó el abogado.
Dijo que los agraviados fueron retenidos por diversas faltas administrativas del reglamento de la CRAC-PC que funcionaba en sus comunidades, y no son secuestradores, como pretendió acusarlos el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, igual que a Nestora Salgado y a Gonzalo Molina, entre otros policías comunitarios.
El abogado consideró que hay elementos para que el juez dicte auto de libertad a Arturo Campos, ante todas las pruebas aportadas, y porque con las declaraciones de los agraviados y denunciantes, el delito de secuestro se desvanece al no reconocer al inculpado estando frente a frente, “es un asunto del gobierno por mantenerlo encerrado sólo por organizarse para dar seguridad a su pueblo”, dijo.
Al concluir el careo, Arturo Campos reiteró estar orgulloso de pertenecer a la CRAC-PC y de organizarse para combatir la inseguridad, que avanza sin que el gobierno haga nada para frenarla.
A quienes confían en él les dijo que se va a demostrar que es inocente y que están del lado del pueblo, y que los luchadores sociales o quien se organiza siempre van a la cárcel, mientras los delincuentes son diputados o gobernadores.
Agregó que al salir seguirá en su comunidad apoyando a la gente.

La delincuencia se está metiendo en pueblos de Huamuxtitlán, denuncian los comisarios

El Consejo de Autoridades Comunitarias del municipio de Huamuxtitlán  se reunió con el presidente perredista de ese municipio, Mario García Flores, y planteó el problema de la inseguridad, las obras prioritarias de las comunidades y el saneamiento de las aguas del río Tlapaneco.
El presidente del consejo y comisario de la comunidad de Coyahualco, René Fuentes Acevedo informó que el domingo se reunirían con todo el Cabildo porque así lo habían acordado con los regidores el pasado 22 de enero, pero no fue así y sólo platicaron con el presidente y la síndica procuradora, Martha García Silva, a quienes les dijeron de manera general los problemas a solucionar.
Se acordó una reunión con el Cabildo el próximo 5 de febrero a las 10 de la mañana para revisar a detalle el planteamiento de los nueve comisarios que integran el consejo y representan el total de las comunidades que integran el municipio que son Conhuaxo, San Miguel Totolapa, Jilotepec, San Pedro Aytec, Tlalquetzala, Santa Cruz, Tlaquiltepec, Tepetlapa y Coyahualco.
Fuentes Acevedo dijo que al alcalde le plantearon coordinarse para la gestión de obras de manera conjunta  y no sólo les diga que no hay dinero, “pues si no hay dinero, el consejo irá con él para gestionarlo, es el respaldo que queremos hacer para beneficiar a nuestras comunidades”.
Mencionó que uno de los problemas es la inseguridad porque la delincuencia se está metiendo en las comunidades,  “consideramos que debemos hacerle frente y eso sólo se logra organizándonos  y por eso pedimos que apoye a las policías de las comunidades con recursos económicos, se tengan permisos para portar armas de bajo calibre, equiparse con radios, transporte para poder cerrarle el paso a la delincuencia”.
El comisario de Tlaquiltepec, Javier Rosendo  dijo que el consejo es para que todos los comisarios se unan contra el rezago de sus comunidades y se frene la delincuencia y que este año sea diferente para el municipio en la gestión de obras que realmente los beneficien, “es la primera vez que nos unimos todos los comisarios para plantear temas específicos”, dijo.
Mencionó que en las comunidades hay robos y asaltos en plena luz del día pero ellos no pueden actuar si no hay denuncias en las comisarías, aunque se investigan los hechos, por lo que pidió la cooperación de todos y así ellos puedan presentar las quejas al Ayuntamiento y solicitar la ayuda.
Mencionó que el problema de la contaminación de las aguas del río Tlapaneco de manera general.
Los comisarios coincidieron en que hay una descomposición en los jóvenes ya que cada vez hay más que consumen drogas y los hacen cometer ilícitos por lo que tienen que tomar acciones preventivas, antes de que den paso a la delincuencia.
El comisario de Coyahualco acudió acompañado de un grupo de principales porque irían a la agencia del Ministerio Público (MP) a denunciar al encargado de recibir el pago del agua potable, Víctor Vizoso Clemente, por el robo de  9 mil 850 pesos que reunió para pagar la energía eléctrica, pero huyó con el recurso y ahora tienen la amenaza de que les cortarán la energía este lunes.
La reunión fue a puerta cerrada con el alcalde.
Luego de la reunión, el alcalde salió del Ayuntamiento y una camioneta se acercó y en seguida dos patrullas que decían Policía Federal (PF), el alcalde denunció hace días que fue amenazado por el crimen organizado y debía abandonar el cargo.
En esta cabecera municipal existe la Policía Ciudadana y Popular  adherida a la de Temalacatzingo del municipio de Olinalá y la Policía Comunitaria adherida a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.