El defensor de derechos humanos, promotor indígena y ex preso político, Gonzalo Molina con el uniforme de la Policía Comunitaria Mi Patria es Primero, la noche del martes en Ayutla Foto: Emiliano Lucena
El defensor de derechos humanos, promotor indígena y ex preso político, Gonzalo Molina González, dijo que el periódico Faro de la Costa Chica publicó información “falsa” que pone en riesgo su integridad física, a raíz de la retención que sufrió el martes por la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla.
El defensor comunitario, quien el martes fue retenido durante 24 horas junto con seis integrantes de su equipo por policías comunitarios de la Casa de Justicia de la CRAC de El Paraíso, municipio de Ayutla, advirtió que presentará una denuncia en contra de ese medio por el riesgo que implica la publicación de la información e imágenes.
En conferencia de prensa la tarde de ayer en Chilpancingo, Molina González dijo que la reseña que se difundió en El Faro de la Costa “no corresponde con lo que realmente ocurrió” y que por el contrario, al difundir información falsa lo pone en riesgo.
El dirigente social dijo que en ese medio se menciona que usurpó el nombre y el uniforme de la Policía Comunitaria de la CRAC, cuando aseguró que eso es falso.
Aseguró que en la asamblea que se realizó durante el tiempo que estuvo retenido, junto con su equipo se aclaró la situación.
“Unos estuvieron a favor y otros en contra de tal forma que al final decidieron nuestra libertad sin delito alguno”, dijo.
Aseguró que, incluso, él y su equipo dejaron material para los detenidos de la Casa de Justicia de El Paraíso y que le expresaron que si había algo que aportar para esa casa era bien recibido después.
Sin embargo se quejó que El Faro de la Costa Chica “tergiversó” la información “e hizo notar que Gonzalo Molina llevaba un arma” cuando aseguró que es falso aun cuando aclaró que hay veces que sí porta una AR-15 o una pistola debido a que se encuentra protegido por el Mecanismo de Protección para defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Añadió que por ello está prohibido que se difundan fotografías de él y su equipo. (Zacarías Cervantes / Chilpancingo).
El promotor de la Policía Comunitaria, Gonzalo Molina González, fue liberado luego de casi 24 horas detenido por la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) del El Paraíso, municipio de Ayutla, y a su salida informó que quedó en buenos términos con la organización comunitaria que tiene su casa matriz en San Luis Acatlán.
Dio a conocer que la operación para detenerlo junto a la defensora de derechos humanos Enriqueta Chávez, del equipo del padre Alejandro Solalinde y otros cinco activistas, fue de 500 policías comunitarios, lo que consideró que habla bien de la organización del sistema de seguridad y justicia comunitaria.
Además, dijo que es beneficiario del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y que va a revisar si en realidad funciona, porque durante su retención no hubo ninguna acción.
Contó que entre los acuerdos para su liberación, programada a las 11 de la mañana pero que ocurrió alrededor de las 10 de la noche, tendrá que pedir permiso para entrar a territorio comunitario.
Celebró que a pesar de las circunstancias pudo dirimir sus diferencias con los coordinadores, consejeros y policías comunitarios de las cinco casas de justicia de la CRAC, “ellos pensaban una cosa, pero revisaron nuestras mochilas y observaron que sólo llevábamos material para hacer huaraches, hilos para hamacas, despensas para los desplazados, y que no buscamos lucrar con nuestros trabajo”.
En la mañana, en entrevista con El Sur, el coordinador de la CRAC-PC de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla, Celestino Peláez Chávez, contó que este lunes a las 3 de la tarde recibió un reporte de integrantes de la CRAC de la comunidad San José la Hacienda acerca de que había un grupo de personas uniformadas identificándose como Policía Comunitaria y a quienes se les facilitó el tránsito.
Detalló que más tarde pidió que las personas se identificaran porque los uniformes eran parecidos pero no eran los que normalmente utiliza la CRAC.
Afirmó que más tarde los policías comunitarios de San José la Hacienda hicieron un operativo en la carretera para buscar quienes no cumplieran las reglas de la CRAC, motivados por la denuncia mencionada.
Dijo que el grupo de Molina González se detuvo a comer en San José la Hacienda, pero venían armados y en el territorio “no puede entrar ni una persona armada”.
Explicó que a Gonzalo Molina tampoco lo quisieron recibir en la comunidad de La Fátima, a donde llevaban víveres para entregar a la población, destacó que “hacer labor voluntaria o labor social no es delito, pero al revisar a los compañeros se les encontró un arma de fuego calibre 38 y un poquito de marihuana”, según lo que se observó era aproximadamente un gramo en una bolsa de plástico.
Celestino Peláez comentó que el arma fue decomisada al servicio de la comunidad, sostuvo que Gonzalo Molina no pudo mostrar pertenecer a una Casa de Justicia, y portar una playera que en la espalda tiene bordada la leyenda de Policía Comunitaria y en el hombro el logo de Mi Patria Es Primero.
Manifestó que ya había un acuerdo de las cinco casas de justicia para la liberación de Gonzalo Molina y seis activistas más, detalló que 25 comunidades de 31 resolvieron que ya no permitirán la entrada a personas desconocidas, y que se les prohibirá a Molina González y su grupo entrar en territorio comunitario de las casas de Caxitepec, municipio de Acatepec; Espino Blanco, municipio de Malinaltepec; Zitlaltepec, municipio de Cochoapa el Grande; San Luis Acatlán y El Paraíso, municipio de Ayutla.
Argumentó que la presencia de Gonzalo Molina “puede causar confusiones en el territorio y puede haber divisiones” y provocar daños colaterales.
Antes, el presidente del Frente Nacional por la Liberación de los Pueblos (FNLP), Hoguer Morales Miranda, informó a las 11 de la mañana que ya había un acuerdo para la liberación del promotor de la Policía Comunitaria, Gonzalo Molina.
En declaraciones la mañana de ayer, afuera de la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), en El Paraíso, Ayutla, indicó que el motivo de la detención es que portaban uniformes de la CRAC, cuando Molina González fue desconocido por esta organización de seguridad y justicia indígena.
Morales Miranda agregó que se reunió con la defensora de derechos humanos Enriqueta Chávez, que se encuentra en buen estado de salud, y le preocupaba porque es diabética, y necesita medicamentos y dietas especiales.
Dijo que la charla con las autoridades comunitarias se dio en buenos términos y se esperaba que en minutos después de las 12 fueran liberados.
Atoyac, Gro. 30agosto2018. / La Vicepresidenta de la Afadem Tita Radilla en la placa del Perdón del Zócalo de Atoyac donde montaron una exposición de fotografías de desaparecidos para conmemorar el Día Internacional del Detenido-Desaparecido de los cuales cuenta con 500 el Municipio de Atoyac. Chilpancingo,Gro/13enero02/ El dirigente de la OCSS, Hilario Mesino. Chilpancingo Gro, 13 de septiembre 2018. // La defensora de los derechos de las mujeres María Luisa Garfias Marín, muestra la presea Sentimientos de la Nación la cual le fuere otorgada por el Congreso del Estado. // La vicepresidenta de la Afadem Tita Radilla en el Zócalo de Atoyac; el dirigente de la OCSS, Hilario Mesino; la defensora de los derechos de las mujeres María Luisa Garfias Marí; la dirigente indígena na’savi de Tlacoachistlahuaca, Hermelinda Tiburcio y el promotor de la Policía Comunitaria de El Fortín en Tixtla Gonzalo Molina Fotos: Francisco Magaña, Archivo de El Sur y Jesús Eduardo Guerrero
Con Evelyn Salgado esperan un gobierno de justicia, coinciden luchadores sociales
Para Tita Radilla, debe comprometerse en la búsqueda de los desaparecidos. Que atienda las demandas de las organizaciones, pide Hilario Mesino. Llama María Luisa Garfias a trabajar contra la violencia de género. Pide Hermelinda Tiburcio desterrar prácticas machistas en el gobierno. Liberar presos políticos, demanda Gonzalo Molina. Se pronuncian Abel Barrera, Arturo García y Eloy Cisneros por un proyecto de gobierno de izquierda. Espera Marco Antonio Suástegui que defina una posición ante el proyecto de La Parota. Para Servando Bautista se debe atender el cuidado de los bosques. Sabás Aburto espera apoyo a los derechos indígenas
Emiliano Tizapa
A unas horas de que tome protesta como gobernadora de Guerrero la primera mujer y de un partido de izquierda, Evelyn Salgado Pineda, reconocidos dirigentes sociales, activistas y defensores de derechos humanos opinaron acerca de qué esperan del gobierno entrante de Morena y cuál será su quehacer durante esa administración.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera; el luchador social, Eloy Cisneros Guillén; el vocero del Cecop Marco Antonio Suástegui Muñoz; y el asesor de la Coordinadora-de Comisariados-Ejidales Arturo-García-t Fotos: Jessica Torres Barrera, Jesús Eduardo Guerrero, Lenin Ocampo Torres y Jessica Torres Barrera
Consultados vía telefónica los activistas esperan que el nuevo gobierno morenista apoye a las familias de desaparecidos, respete los derechos de las mujeres y destierre el burocratismo, el clientelismo y la corrupción.
Tita Radilla
La vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México (Afadem), Tita Radilla, dijo que espera que haya realmente respeto a los derechos humanos y apoyo a las familias de desaparecidos y torturados, que haya esclarecimiento de los hechos y que el gobierno estatal brinde todo el apoyo para que las personas puedan recuperar a sus seres queridos que siguen buscando.
Manifestó que las administraciones anteriores no han apoyado para hacer búsquedas adecuadamente, ni a las familias que se han quedado en total indefensión, sobre todo los niños.
Afirmó que seguirá en su lucha “hasta que no me pueda mover” porque las desapariciones se siguen dando, porque no se ha resuelto el pasado, “estamos familiares que somos muy grandes, estamos muy enfermos, las poquitas mamás que tenemos en el grupo ya no se paran, sin embargo, siguen con la esperanza de saber qué paso con sus desaparecidos”.
Aseguró que aún no se han reunido con la próxima gobernadora, “pero esperamos que tenga toda la disposición como lo ha manifestado de apoyar esta lucha, de que haya esclarecimiento de los hechos, que haya verdad y justicia y que nunca más haya un desaparecido”.
Hilario Mesino
El fundador de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Hilario Mesino Acosta, de 83 años, opinó que espera “que sea un gobierno de justicia, por tantos años luchando por que haya democracia, porque no haya desaparecidos y se respeten los derechos humanos, hemos sufrido mucho y ahora que entrará la gobernadora queremos que atienda las demandas de las organizaciones”.
Aseguró que “nos han matado a nuestros compañeros, en primer lugar a mis dos hijos Miguel Ángel (Mesino) y Rocío (Mesino), por el sólo hecho de pedir justicia, y esperamos que esta gobernadora cumpla, que haga justicia, que no estemos igual como con los gobiernos anteriores”.
Dijo que tiene una esperanza “porque se habla de la cuarta transformación”, y que ojalá la gobernadora no continúe con la persecución a los luchadores sociales, pues han perdido a compañeros como Ranferi Hernández, Arturo Hernández Cardona y el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Afirmó que seguirá su lucha para defender a los oprimidos, al pueblo, “no estoy luchando porque me den un cargo, queremos que se haga justicia con el pueblo, hay mucha gente desaparecida, tenemos muchas masacres como la de Aguas Blancas y vemos que no se nos hace justicia”.
María Luisa Garfias
La feminista María Luisa Garfias dijo que espera que las políticas públicas del gobierno entrante respeten los derechos humanos de las niñas y las mujeres, y que el gobierno implemente acciones para erradicar la violencia de género.
“Ella prometió que Guerrero sería una ínsula donde las mujeres no viviríamos violencia, entonces queremos que eso que dijo en campaña lo cumpla, respetando los derechos que las mujeres hemos logrado, que están establecidos en las leyes y que el gobierno no ha garantizado”.
Afirmó que “seguiremos haciendo lo propio en el gobierno de Evelyn desde la sociedad civil como organizaciones, estaremos señalando cuando ella violente los derechos humanos de las mujeres, y las organizaciones en alianza vigilaremos que cumpla con los derechos que están en normas internacionales, nacionales y estatales”.
Dijo que Evelyn Salgado debe respetar el derecho de las mujeres de vivir una vida libre de violencia, decidir sobre sus cuerpos, empleos dignos, salarios dignos y justos, el derecho de ir a la escuela y de participar en la política sin que sean violentadas, “y si no lo cumple nosotras seríamos las primeras en denunciar esas violaciones”.
Hermelinda Tiburcio
La activista na savi y presidenta de la Red Kinal Antzetik Guerrero, Hermelinda Tiburcio Cayetano, opinó que Evelyn Salgado debe gobernar “con el corazón de mujer y no el cuerpo de mujer”, porque aseguró que las mujeres que han llegado a esos espacios de poder repiten las mismas prácticas machistas.
Manifestó que tiene muy poca expectativa de la gobernadora entrante pues hay frustración en las defensoras y activistas de derechos humanos porque “el poder cambia muchos pensamientos”.
“Estoy esperando que tome posesión y que la mitad de su gobierno deben ser mujeres, y la gente que llegue ahí tiene que pensar políticas públicas para la población indígena”, agregó.
Aseguró que continuará su lucha contra la violación a los derechos humanos de la población indígena y seguirá denunciando la venta de niñas y los tratos forzados que se vive en la Montaña, “en Guerrero y México hay leyes, necesitamos acciones de quienes llegan al poder, (porque) la procuración de justicia es lenta”.
Gonzalo Molina
El ex preso político y ex promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, manifestó que ante el sistema capitalista que se vie, para que realmente haya un cambio se tiene que impulsar un proyecto alternativo y que a pesar de que llega “un gobierno de izquierda” a Guerrero no podrá cambiar mucho las condiciones sociales, porque se impulsan muchas concesiones a las grandes empresas y no ve que “vaya a cambiar las condiciones de vida de la población”.
Declaró que “por el contrario, creo que se está agudizando, porque el sistema utiliza a la delincuencia organizada” para causar terror y para explotar a la población en general.
Afirmó que las autoridades locales como los municipios ya fueron amenazados y ejemplificó la quema de camiones en Acapulco, que interpretó son las formas de decir que están ahí y son los que mandan, no los gobiernos, “por eso a mí, no me cabe en la cabeza que habrá un cambio, pero lo vamos a ver cuando empiecen a trabajar”.
Dijo que seguirá luchando por mejorar las condiciones de vida los pueblos y comunidades porque eso le dicta su conciencia, “es el amor al pueblo, un proyecto que va más allá de las armas, un proyecto de reeducación a la sociedad para que se rompa ese esquema donde sólo importa el individuo”.
Aseguró que buscará un acercamiento con el nuevo gobierno estatal para la liberación de sus compañeros presos políticos y ahí verá si hay un cambio, “sería un indicio de que hay buena voluntad”.
Abel Barrera
El director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, dijo que del gobierno de Evelyn Salgado espera que construya una agenda que atienda los casos graves de violaciones a los derechos humanos como las masacres la Aguas Blancas y El Charco, los asesinatos y las desapariciones de defensores y defensoras de derechos humanos como los casos de Ranferi Hernández, Rocío Mesino y Arturo Hernández Carmona, así como las desapariciones de Eva Alarcón y Marcial Bautista, el desplazamiento del matrimonio Santana Villa y de pobladores de la sierra de Chichihualco, Petatlán y de la región de Tierra Caliente.
Dijo espera que se atiendan y se dé justicia a quienes han padecido asesinatos y desapariciones de sus familiares, además de atender el problema de la desigualdad social que existe en nuestro estado.
Explicó que “no podemos seguir cargando con todas las corruptelas y todos los abusos de una clase política depredadora, a cambio del hambre, de la miseria, de la muerte de niños por desnutrición y de mujeres por dar a luz”.
Dijo que el gobierno entrante debe “acabar con la estigmatización de le región serrana de que son amapoleros y que en la Montaña son pueblos indígenas que por su identidad cargan con su propio atraso”.
Manifestó que continuará desde la trinchera de los derechos humanos desde la sociedad civil para proteger los derechos de las personas más vulnerables, denunciando las injusticias, las corruptelas, y exigiendo que las autoridades cumplan con su responsabilidades públicas”.
Aseguró que desde la autonomía, independencia y sin incorporarse a ningún partido político buscará un diálogo constructivo con el nuevo gobierno, y denunciará los casos donde “se tolere la colusión entre agentes del Estado y crimen organizado, esperemos que en este periodo se rompa con este pacto de impunidad y se depure las instituciones de justicia y seguridad, porque ahí es donde está el cáncer que daña el tejido social”.
Eloy Cisneros
El luchador social y presidente del Frente Progresista Guerrerense, Eloy Cisneros Guillén, manifestó que del gobierno de Evelyn Salgado espera un cambio verdadero y la transformación que Guerrero necesita.
Dijo que el cambio fundamental debe ser en cuestión de moralidad, que haya una transparencia del manejo de Guerrero y que rinda cuentas permanentemente para generar más confianza en los guerrerenses.
Afirmó que confía en que la gobernadora seleccione a su gabinete con paciencia y dedicación para que no le fallen, “creo que va a salir adelante, pero siempre y cuando esté rodeada de gente que sienta la cuarta transformación”.
Comentó que él seguirá su lucha con el Frente Progresista Guerrerense para defender el proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y el proyecto de Evelyn Salgado, “porque sentimos que será un gobierno de servicio al pueblo de Guerrero”.
Marco Antonio Suástegui
El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui, dijo que él conoce desde muy joven a Evelyn Salgado y espera que su gobierno se abra al diálogo.
Destacó que la juventud de la gobernadora al no estar “maleada ni viciada” podría atender algunas causas, pero que hay muchos intereses oscuros en el estado que le dificultarán su trabajo, “me preocupa que ella no pueda tomar decisiones que transformen el estado”.
Agregó que espera que pueda desmantelar los cacicazgos, pero si ella se acerca con los “verdaderos luchadores sociales pudiera lograr la gran campanada”, aunque criticó que a veces peca de inocente como cuando se tomó una foto y saludó al ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, de quien dijo es “conocido como un asesino y un represor y esas inocentadas pueden costarle el enojo y el repudio”.
Declaró que espera que el nuevo gobierno no reprima, encarcele ni sea cómplice de intereses oscuros, y que le pedirá a Salgado Pineda defina una postura en el tema de la presa La Parota, “La Parota no va porque los campesinos no han otorgado la licencia social y nunca la otorgarán”.
También espera que presente con vida a su hermano desaparecido Vicente Suástegui y actúe en contra de la UPOEG que está en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco.
Arturo García Jiménez
El asesor de la Coordinadora de Comisariados Ejidales y Comunales de Guerrero y dirigente de la Red de Agricultores Sustentables Autogestivos (RASA), Arturo García Jiménez, dijo que espera que el gobierno de Evelyn Salgado “dé un golpe de timón en el todo lo que es el quehacer de gobernar”, pues debe dialogar con los actores directos para desarrollar la obra social, el respeto a los derechos humanos y sobre todo construir territorios de paz y de desarrollo sustentable.
Afirmó que el gobierno y su gabinete deben entender que la población necesita un cambio verdadero, porque sería muy malo que esa esperanza se matara, “para que volvamos a tener otro gobierno de izquierda, cuando nos digan ¿y así es la izquierda?” Así que espera se destierre el burocratismo, el clientelismo y la corrupción.
Dijo que desea un co-gobierno con la ciudadanía y en caso de que resulte un gobierno igual que los anteriores, seguirá bajo su esquema que define como “gobernar desde abajo”.
Servando Bautista
El dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, Servando Bautista Fuerte, opinó que espera que el gobierno entrante se enfoque en el cuidado de los bosques en la sierra del estado, porque hay zonas muy destruidas y son fundamentales para vivir y para que siga habiendo agua.
Agregó que otro asunto que debe resolver el gobierno de Evelyn Salgado es la atención de los familiares de desaparecidos que buscan saber dónde están. De la Organización, siguen desaparecidos dos de sus principales dirigentes, desde diciembre de 2011, el presidente Marcial Bautista Valle y la coordinadora Eva Alarcón.
Pidió a la gobernadora que envíe proyectos productivos para la gente de la sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, “porque están muy pobres y hay mucha gente que desea trabajar pero no hay en qué”.
Manifestó que seguirá luchando por resguardar los bosques de los incendios y de tanta destrucción, a pesar de que su organización no se ha podido expandir en otros municipios, “es un hecho que nosotros vamos a seguir cuidando lo que tenemos”.
Sabás Aburto
Uno de los iniciadores y actual consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Sabás Aburto Espinobarros, espera que el gobierno entrante del estado tenga buena relación con el gobierno federal, “creemos que a Guerrero se le dará prioridad porque aquí el presidente (Andrés Manuel López Obrador) ha recibido mucho apoyo desde hace varios años”.
Dijo que espera el apoyo de Evelyn Salgado para para que gestione en el Congreso la iniciativa de reforma constitucional estatal de los artículos del 8 al 14, para ampliar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, que es muy importante para las comunidades que tienen policías comunitarias de la CRAC-PC.
Manifestó que ya han platicado con la gobernadora entrante en campaña y el pasado 2 de octubre en Chilpancingo, donde les ratificó su compromiso de trabajar en lo que le compete para que se restituyan los derechos a los pueblos indígenas.
Afirmó que su lucha seguirá siendo informar y concientizar a la ciudadanía desde las comunidades, independientemente si se aprueban las iniciativas a la Constitución del Estado o a la Ley 701 que piden, “lo más importante es la gente que ha sostenido a la CRAC-PC en sus 26 años”.
Recordó que el 15 de octubre, el día que toma protesta la gobernadora, el Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación de la Montaña y Costa Chica cumple 26 años, “a pesar de todos los problemas que hemos enfrentado en cada sexenio de gobernadores que han pasado”.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos del Estado de Guerrero manifestó que este año será “muy difícil” en lo político, social, económico y laboral pero se espera que sean liberados los presos políticos Gonzalo Molina González y Samuel Ramírez Gálvez porque se ha comprobado que sus casos son políticos y no jurídicos.
“Este año… como país se nos presenta un enorme reto para poder salir adelante ante una embestida salvaje por parte de la oligarquía en el poder. Pero a pesar de esos obstáculos tenemos la convicción que se obtendrá la libertad absoluta e incondicional de Gonzalo Molina y Samuel Ramírez, presos políticos indígenas de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias CRAC -PC “, decía un comunicado del comité.
Añadió que el Estado no tiene por qué seguir teniéndolos encarcelados porque nunca existió ningún delito qué perseguir, y que no se ha comprobado jurídicamente, “pues sus acusaciones han sido infundadas y absurdas”.
Indicó que sabe que el gobierno utiliza todos los recursos que tiene a su alcance para eliminar “piezas claves” y así poder destruir los movimientos y organizaciones de los pueblos.
“La única intención del gobierno es tenerlos detenidos porque trastocan grandes intereses de las mismas autoridades que incluso están coludidas con el crimen organizado”, manifestó.
Se señaló que el Estado viola impunemente las garantías colectivas de los pueblos que se rigen por usos y costumbres indígenas, y a sus luchadores sociales los criminalizan para impedir el derecho que tienen como comunidades a su libre determinación y autonomía. Y por lo tanto exigieron su libertad inmediata.
El coordinador de la CRAC de la base del Fortín en Tixtla, Gonzalo Molina fue detenido el 6 de noviembre del 2013 en un retén de la carretera federal Chilpancingo-Chilapa enfrente del internado Adolfo Cienfuegos y Camus, fue acusado de varios delitos como terrorismo, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, secuestro, delincuencia organizada, lesiones y despojo.
Mientras que el policía comunitario de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, Metlatónoc, Ramírez Gálvez fue detenido el 6 de octubre del 2013 junto con 13 policías comunitarios, de ellos siete obtuvieron su libertad absoluta y cinco fueron consignados, cuatro obtuvieron su libertad bajo fianza, y solo Ramírez Gálvez fue consignado y continúa preso.
El sacerdote y director del albergue Hermanos en el Camino, en Oaxaca, Alejandro Solalinde Guerra, en un video pidió al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que permita revisar los expedientes y liberar a los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina y Samuel Ramírez Gálvez, luego de que a Arturo Campos se le dio libertad absolutoria.
El video fue difundido mediante el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero, y en éste, el luchador social demandó la libertad de los tres presos políticos de la CRAC.
En un breve video el sacerdote envía un saludo a los tres integrantes de la CRAC-PC, de los que dos aún están presos, a quienes pidió resistir y no rendirse, porque se les tiene que hacer justicia tarde o temprano.
“Nosotros sabemos que los aparatos de justicia sirven como arma para doblegar a los disidentes, para someter a los pueblos, para lograr lo que el gobierno quiere, para bien de él y para bien de las empresas transnacionales, yo quiero hacer un llamado al gobernador, Héctor Astudillo, para que sea consciente de esto, para que permita que se revisen los expedientes de las personas que están injustamente encarceladas ahí y les de la liberación inmediata, así como también hago un llamado a su conciencia, como humano y como mexicano, por supuesto, no como priista”, pidió.
En la segunda parte del video, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos expone que, bajo la ley 701 y el artículo 2 constitucional, no existe ni existió delito alguno que perseguir, que el gobierno de Ángel Aguirre manipuló el sistema judicial del estado para fabricar las pruebas contra los policías comunitarios.
Recalca que la exigencia de libertades será para los tres compañeros luchadores sociales de la CRAC y para todos los presos políticos del país.
“Su sacrificio de lucha implica permanecer en cautiverio hasta demostrar su inocencia de los crímenes que se les inculpan, su salida será digna y no negociada, en sus declaraciones (los presos) afirman, ‘nuestra libertad no está en negociación, no se trata de salir, nuestro sacrificio se basa en la defensa de nuestros derechos indígenas y la de nuestra institución, esa es nuestra postura inamovible y consiente’, libertad no a uno sino a los tres”, abunda.
Finalmente, en un texto, el Comité indica que su función es hacer que se escuche el sentir de los presos políticos, y que de los compañeros luchadores sociales indígenas en poder del gobierno, “su palabra no la acallará el Estado”.
El promotor de la policía comunitaria en Tixtla, Gonzalo Molina González, rechazó los foros de consulta regional para la armonizar la Ley 701, pues dijo que lo que pretende el gobierno es derogarla.
Esto en un audio difundido por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, donde Molina González, preso en el penal de la capital, envió un comunicado.
Este martes se realizaron cinco de los seis foros regionales de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, en las que hubo poca participación, y que
fueron convocados por el gobierno del estado, el Congreso local y el Ayuntamiento de Olinalá para dar cumplimiento a la recomendación 9/2016, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Al respecto en el audio el preso político expuso: “Quiero hacer un llamado urgente a todos ustedes, para que apoyen y fijen postura ante la situación que estamos viviendo. Hoy el gobierno de Guerrero pretende a través de unos foros que está impulsando junto con algunos presidentes municipales, junto con algunas organizaciones que se están prestando a este juego, como es la UPOEG (Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero)”.
Agregó que la Ley 701 de reconocimiento de derecho y cultura de los pueblos indígenas no está a discusión, porque es ley secundaria del artículo 2 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, y que además hay convenios internacionales que avalan a los pueblos y comunidades indígenas para dar seguridad y justicia.
Abundó “Por lo tanto esta maniobra que está haciendo el gobierno seguramente para derogar la Ley 701, así como lo está haciendo hoy lo pretendieron hacer con la introducción de las mineras allá con la región de La Montaña, pretendían hacer consultas con los pueblos y eso no está a discusión”.
Molina González sostuvo que sí se deben hacer foros en las diferentes regiones del estado, con los pueblos originarios, con las comunidades indígenas para ponerse de acuerdo y buscar el camino para su desarrollo.
Indicó que le preocupa la UAG se esté prestando a “esta maniobra sucia”, y por lo tanto hizo un llamado a los profesores para no se presten a esa situación.
En el careo del consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera con sus acusadores por el delito de secuestro, éstos aceptaron no conocerlo y negaron que les haya pedido dinero para que los liberara, por lo que hay elementos para que se le dicte libertad, dijo su abogado Rogelio Téliz.
El careo fue la mañana de ayer en el Juzgado de Primera Instancia, adonde comparecieron cinco acusadores para el careo de la causa penal 196-2013, y por lo cual trasladaron a Arturo Campos del penal de Ayutla, donde está preso, al de Atlamajac, municipio de Tlapa.
Entre los comparecientes estuvieron tres denunciantes y dos agraviados que ratificaron sus declaraciones, en las que no mencionan a Arturo Campos por el delito de secuestro.
La primera en declarar fue Petra Pérez Hernández, madre de la menor Dulce Rubí Burgos Pérez, quien fue detenida por la Policía Comunitaria a petición de sus padres, según la CRAC-PC de Olinalá, pero los familiares lo negaron, y acusaron a Nestora Salgado García de secuestro en la misma causa penal.
Petra Pérez le dijo a Arturo Campos que, “fue cómplice de esa mujer enferma… realmente a mí no me pidió nada de dinero… pero creo que es como el dicho, tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata”.
Arturo Campos respondió que la hija de Petra Pérez fue detenida por la Policía Comunitaria de su comunidad por alguna falta, que los vecinos aceptaron ese sistema comunitario y, por ello, no consideraba que se tratara de secuestro; dijo que él sólo era consejero y le pidió que le dijera si él le había pedido dinero, a lo que la mujer respondió que no.
A los agraviados y denunciantes se les preguntó qué entendían por secuestro, y todos dijeron que es cuando privan de la libertad a alguien contra su voluntad, sin agregarle que esto es a cambio de dinero, por lo que el concepto se quedó a medias.
Se contrastaron sus comentarios en visitas a familiares en la Casa de Justicia de El Paraíso, donde los detenidos estaban custodiados por policías comunitarios uniformados; Petra Pérez dijo que, “había un grupo de pistoleros apuntándote con sus armas”.
Siguió el padre de Dulce Rubí, quien declaró que le pidieron 5 mil pesos, y que la voz era de Nestora Salgado, pero no mencionó a Arturo Campos, “al señor no lo conocí, sólo vi a dos personas las dos veces que fui; no me acuerdo de él”. Arturo Campos también dijo que esa era la primera vez que veía al declarante.
Siguió la señora Antonia Salmerón, madre de Pedro Salmerón, quien dijo que llegó a ver algunas veces a Arturo Campos, “no tengo nada en contra de usted, ni me hizo nada, no lo conozco y a mí no me pidieron nada de dinero”, dijo.
En el mismo sentido declararon Alejandro Nájera Nájera y Javier Rodríguez Ortega, retenidos por la Policía Comunitaria de Huamuxtitlán, quienes dijeron que era la primera vez que veían a Campos Herrera y no tenían nada que decirle, ya que no estuvo cuando fueron detenidos ni liberados por el Ejército, que irrumpió en la Casa de Justicia de El Paraíso.
El abogado Rogelio Téliz dijo que los careos con los agraviados han demostrado que no hay delito de secuestro, porque todos han negado conocer a Campos Herrera y que les haya pedido dinero para liberarlos, a ellos o a sus familiares; además de que los detenidos en la Casa de Justicia de El Paraíso reconocen que fueron retenidos por policías comunitarios uniformados, tanto en Olinalá como en Huamuxtitlán, “eso no es secuestro, la CRAC está reconocida en la ley 701 e instrumentos internacionales”, precisó el abogado.
Dijo que los agraviados fueron retenidos por diversas faltas administrativas del reglamento de la CRAC-PC que funcionaba en sus comunidades, y no son secuestradores, como pretendió acusarlos el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, igual que a Nestora Salgado y a Gonzalo Molina, entre otros policías comunitarios.
El abogado consideró que hay elementos para que el juez dicte auto de libertad a Arturo Campos, ante todas las pruebas aportadas, y porque con las declaraciones de los agraviados y denunciantes, el delito de secuestro se desvanece al no reconocer al inculpado estando frente a frente, “es un asunto del gobierno por mantenerlo encerrado sólo por organizarse para dar seguridad a su pueblo”, dijo.
Al concluir el careo, Arturo Campos reiteró estar orgulloso de pertenecer a la CRAC-PC y de organizarse para combatir la inseguridad, que avanza sin que el gobierno haga nada para frenarla.
A quienes confían en él les dijo que se va a demostrar que es inocente y que están del lado del pueblo, y que los luchadores sociales o quien se organiza siempre van a la cárcel, mientras los delincuentes son diputados o gobernadores.
Agregó que al salir seguirá en su comunidad apoyando a la gente.
Este lunes fue la última audiencia de vista en el juzgado Séptimo de Distrito para resolver la causa penal 61/2013 por portación de arma sin licencia que mantiene en la cárcel desde hace más de tres años al policía comunitario de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez.
El abogado Rogelio Téliz García argumentó durante la audiencia que el arma que portaba el detenido es propiedad de la comunidad que lo designó policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) con fundamento en la Ley 701, de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Agregó que su actuación se fundamenta en el artículo 2 de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La audiencia para desahogar el caso estaba programada para las 11 de la mañana pero a esa hora personal del juzgado informó a la defensa que se aplazaría porque no pudo ser notificada la solicitud para el perito traductor debido a que la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado se encuentra cerrada por manifestantes, lo que generó un retraso hasta las 12:30.
El abogado Téliz García solicitó la autorización de un traductor externo y al final la audiencia se pudo llevar a cabo.
Sería sólo para la ratificación de las conclusiones de inculpabilidad a favor de Samuel Ramírez que fueron presentadas el 8 de diciembre del año pasado en las que él y sus compañeros policías comunitarios, Catalino Maldonado Mendoza, Santiago de Jesús Gálvez y Jorge Ortega García expusieron por qué estaban armados el día que fueron detenidos.
Ramírez Gálvez fue detenido el 6 de octubre del 2013 junto con 13 policías comunitarios de Zitlaltepec. De ellos 7 obtuvieron su libertad absoluta y cinco fueron consignados. Sin embargo cuatro obtuvieron su libertad bajo fianza y solamente Samuel Ramírez fue consignado y sigue preso.
En la última audiencia para desahogar el proceso y que determinará la sentencia que se emitirá, el abogado Téliz García solicitó que sean tomadas en consideración por la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales “el criterio nuestro que debe ser absolutoria la sentencia”.
El abogado expuso que la defensa ha demostrado que Samuel Ramírez pertenece a una institución comunitaria amparada en la Ley 701, y que el delito que presuntamente cometió y que se le imputa (portación de arma) no lo cometió porque fue electo policía comunitario por el pueblo y pertenece a la Casa de Justicia de Zitlaltepec.
Incluso, explicó que el arma por la que fue sujeto a proceso pertenece a la comunidad, “razón por la cual debe quedar eximido de responsabilidad, porque simplemente realizaba un servicio comunitario y en términos del artículo 2 de la Constitución Federal y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas las comunidades tienen en todo momento el derecho de decidir de manera libre con base a sus usos y costumbres la forma de organizarse, cuidarse y convivir como pueblos indígenas”.
Tras la audiencia de ayer la jueza tendrá que resolver la sentencia a más tardar en tres meses, y con ella también se resolverá la situación jurídica de los otros cuatro policías comunitarios que fueron liberados bajo fianza, informó.
En este juzgado estaba programada una audiencia para resolver la causa penal 59/2013 que se le sigue al promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, sin embargo la audiencia se aplazó debido a que el juzgado no pudo solicitar un traductor.
El abogado de Gonzalo Molina, Hegel Mariano González informó que entre ayer y hoy miércoles el juez determinaría una nueva fecha para la comparecencia.
Familiares de los presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarios (CRAC) Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Samuel Ramírez Gálvez exigieron su libertad inmediata durante la presentación de la brigada infantil comunitaria Mi Patria Es Primero de la CRAC, con base en El Fortín en Tixtla.
La reunión se convirtió en un foro de denuncia y asistieron padres de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa quienes declararon que a casi dos años del ataque a los normalistas sigue la impunidad, y que las investigaciones para localizar a sus hijos se mantienen en cero.
Al encuentro también asistió una comisión de la Policía Comunitaria de Olinalá encabezada por Geovani Torres Salgado, padres de los 43 normalistas encabezados por Emiliano Navarrete, además de Beatriz Gálvez Macario madre de Samuel Ramírez Gálvez quien es policía comunitario de la Casa de Justicia de Zitlaltepec y está detenido en el penal de Chilpancingo, y la esposa del promotor de la CRAC de Ayutla, Arturo Campos Hernández, Agustina García de Jesús.
En el encuentro fue presentada la brigada infantil comunitaria que está compuesta por niñas y niños y que tiene el objetivo de “empezar de nuevo el proyecto comunitario, ante el escenario adverso en que se encuentra la organización comunitaria”, explicó el auxiliar del proceso educativo, Carlos Hernández.
El acto comenzó con honores a la bandera los cuales estuvieron a cargo de las 30 niñas y niños de entre 5 y 16 años que integran dichas brigadas, fue en la explanada del barrio de El Fortín, que sirve de base para la CRAC-PC.
Después, Gonzalo Molina González, promotor y fundador de la CRAC-PC en Tixtla y actualmente preso en el penal de Chilpancingo, mandó un mensaje vía telefónica desde la cárcel y celebró la formación de la brigada infantil comunitaria, “debemos estar contentos porque hoy se le da formalidad a la brigada infantil comunitaria”, dijo.
Molina González es el impulsor del proyecto de la brigada infantil.
Explicó que la intención es que “los niños se formen con otra forma de ver las cosas, con valores que les permitan alcanzar el nivel más alto del ser humano, y de esta manera honrar la memoria de nuestros compañeros caídos que murieron por defender a su pueblo”.
Desde el penal, Gonzalo Molina convocó a los asistentes a retomar el proyecto de seguridad y justicia comunitaria, la salud, la educación, la comunicación y la producción, con la idea de trabajar en la construcción del poder popular.
A los ciudadanos les pidió que no dejen solos a los comunitarios, “recuerden que los policías comunitarios defienden al pueblo y el pueblo defiende a su Policía Comunitaria”.
El promotor de la CRAC saludó a los padres de los 43 normalistas de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos y a los maestros que luchan por echar abajo la reforma educativa.
Si no luchamos ni hablamos, nadie lo hará por nosotros
La esposa de Arturo Campos Herrera, Agustina García de Jesús acusó que el gobierno quiere cansarlos para que dejen de luchar por la libertad de los presos y por la presentación de los 43 normalitas de Ayotzinapa, “quiere que nos cansemos de luchar, de hablar y de ver lo que está pasando en nuestro estado” manifestó.
Convocó a los asistentes a seguir luchando, “si no lo hacemos ¿quién va a luchar por nosotros? Si no hablamos ¿quién va a hablar por nosotros? Nadie va a venir a hablar de afuera porque no conoce la situación que estamos viviendo”, dijo.
Expresó que el gobierno está equivocado al encarcelar a los luchadores sociales, “que mal están (los del gobierno) cuando se supone que están preparados. Ellos hablan de educación, pero donde está la educación de ese gobierno corrupto, que encarcela a las personas que luchan por su pueblo y por el bienestar de su comunidad”, se quejó.
Planteó que a ella le da coraje que tengan presa a la gente que lucha por la comunidad, “que coraje y que lástima me da ese pinche gobierno corrupto que siga tratando así a la gente de las comunidades indígenas”, expresó.
Preguntó que hasta cuando los indígenas van a tener tranquilidad y paz, “nosotros estamos muy lejos de alcanzar la tranquilidad y la paz, porque nos siguen golpeando y asesinando”, denunció.
En su intervención, la madre de Samuel Ramírez Gálvez, Beatriz Gálvez Macario aclaró que la tarea de la Policía Comunitaria no se acaba cuando el gobierno mete a un comunitario a la cárcel.
Explicó que antes, en la Montaña, los delincuentes podían matar y violar y que por eso ella y su esposo promovieron la creación de la Policía Comunitaria y que a raíz de esa lucha tiene a su hijo preso en el penal de Chilpancingo, de quien reclamó su libertad.
Criticó que en esa lucha hay gente que se vende y mencionó a quienes encabezan la Casa Matriz de San Luís Acatlán. Recordó que ellos, en el anterior gobierno de Rogelio Ortega Martínez, firmaron un convenio que también querían que lo firmaran los comunitarios de la casa de Zitlaltepec.
Detalló que el convenio consistía en recibir apoyo económico, cartuchos y uniformes a cambio de que entregaran a los que detuvieran.
Dijo que ellos se negaron a firmar porque la CRAC es autónoma y tiene su propio Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria y los detenidos son sometidos a un proceso de reeducación, “mientras que ellos (los del gobierno) venden la justicia y sus policías le dan seguridad al presidentes municipales y al gobernador nada más, no al pueblo”.
Emiliano Navarrete, representante de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos dijo que a casi dos años del ataque a los normalistas en Iguala no han encontrado justicia y que las investigaciones para encontraros siguen en cero.
Agradeció el apoyo que ha recibido el movimiento de los 43 por agrupaciones como la CRAC-PC de El Fortín y la de Olinalá.
Expresó que en estos dos años han visto el apoyo de mucha gente, aunque reconoció que en este camino “también hemos visto gente que se ha aprovechado de nuestra situación”, acusó sin precisarlo.
Añadió que ante la falta de resultados en las investigaciones, los padres han sabido dar la cara a un gobierno que “ha resultado ser una pinche porquería”.
Por su parte, el comandante de barrio de la Policía Comunitaria de Olinalá, Geovani Torres Salgado exigió la libertad de los tres miembros de la CRAC que siguen presos; Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez. Exigió que los detenidos obtengan su libertad de manera incondicional.
Aclaró que les dio gusto que salieran libres los seis policías comunitarios que estaban presos en Ayutla, pero que estos fueron liberados bajo fianza y que actualmente siguen sujetos a proceso.
La brigada infantil
El auxiliar del proceso educativo, Carlos Hernández explicó que con la brigada infantil comunitaria se trata de evitar la división que ocurrió con los que formaron la casa de Santa Cruz del Rincón (Malinaltepec, los llamados Pueblos Fundadores), cuando abandonaron la CRAC de la Casa Matriz de San Luis Acatlán.
Detalló que la idea es comenzar el proceso de refundación y reeducación desde abajo, desde los niños.
Manifestó que “ante lo que viene”, se pretende entrar a un proceso para lograr una comunidad más armoniosa y orgánica mediante talleres de reeducación en los que se retroalimenten los niños y los adultos.
Explicó que esta fue una propuesta de Gonzalo Molina.
El Frente Popular Francisco Villa bloqueó un carril de la avenida Ignacio Ramírez, en el Ayuntamiento, unas tres horas tras el llamado de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a movilizarse para rechazar las reformas estructurales.
Posteriormente, los inconformes bloquearon 20 minutos el acceso principal del Ayuntamiento para exigir que sea justo el cobro del predial a algunos de sus miembros, solución al problema de abasto de agua en su oficina y para que les devolvieran una camioneta que les retuvieron.
A las 10 de la mañana, unos 30 integrantes de la organización bloquearon un carril de la avenida, portaron banderas color rojo y una lona con la leyenda, “Por la defensa de la tierra, el territorio”.
En el lugar pidieron cooperación a los choferes que circulaban en la avenida Ignacio Ramírez, para costear los gastos de alimentación de quienes permanecen en plantón en el Zócalo, junto con maestros.
En consulta, la coordinadora estatal del Frente, Clemencia Guevara Tejedor manifestó que la protesta fue para apoyar a las movilizaciones del magisterio en rechazo a las reformas estructurales.
Dijo que rechazan que haya otro Nochixtlán, y que no quieren más muertos como en Aguas Blancas o El Charco.
Guevara Tejedor dijo que la organización también exige la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y la liberación de los promotores de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina y Arturo Campos.
Pidió que no se les criminalizara cuando se organizan y salen a las calles a protestar, pues de inmediato, dijo, los involucran con el crimen organizado.
Exigen una audiencia con el alcalde para dialogar sobre demandas del Frente
Más tarde, la organización pidió una audiencia con el alcalde priista Marco Antonio Leyva Mena para dialogar sobre sus demandas, pero los policías que resguardan la entrada del Palacio municipal les cerraron el paso; permanecieron en la entrada del edificio durante 20 minutos, mientras que los trabajadores del Ayuntamiento salieron por una puerta alterna.
Detalló que el diálogo con el alcalde sería sobre la falta de agua en sus oficinas, servicio con el que no cuentan pese a que pagan el servicio cada mes.
También le querían plantear el cobro del predial que les están haciendo a miembros del Frente que viven en Chilpancingo, expuso que les están cobrando como si en los predios tuvieran una construcción, cuando son “terrenos rústicos”. Ningún funcionario salió a atenderlos.
Dijo que anteriormente les informaron que el cobro es así porque realizaban protestas, aunque reprochó que eso no tiene nada que ver.
Después acudieron a las oficinas de la Subsecretaría de Tránsito y Vialidad, porque les retuvieron una camioneta en la que transportaban a los inconformes rumbo al sitio donde se manifestarían, y solicitaron que se las devuelvan; dijo que les pidieron pagar 2 mil pesos para liberarla, pero se negaron a hacerlo, y finalmente negociaron que fueran 200 pesos, y después de hacer el pago les devolvieron la camioneta.
