No solucionan conflicto agrario de Zitlaltepec y Buena Vista; aumenta el riesgo de violencia

Sin acuerdos terminó ayer una reunión de representantes de los núcleos agrarios de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, y Buena Vista, de San Luis Acatlán, convocada por autoridades federales y estatales para resolver un conflicto agrario entre las dos comunidades que surgió hace más de 80 años.
Tras el fracaso de las negociaciones, el riesgo de violencia entre los comuneros de los dos núcleos agrarios aumentó, toda vez que los representantes de Buena Vista rechazaron la propuesta de una indemnización a cambio de las 488 hectáreas en conflicto, y amenazaron que las van a recuperar a costa de lo que sea.
La reunión en las instalaciones de la Procuraduría Agraria (PA) estuvo encabezada por el subsecretario de Asuntos Agrarios, Jesús Francisco Corral Palomera; el sub secretario de Asuntos Agrarios del gobierno del estado, Fernando Jaimes Ferrel, y el subdelegado jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), Jorge Marcial Rarilla.
Por parte de la comunidad de Buena Vista encabezó la comisión el comisariado de Bienes Comunales, Juan Carranza Martínez, en tanto que de parte de Zitlaltepec fue el comisariado de Bienes Comunales Miguel Santiago Lorenzo.
El abogado de Zitlaltepec, Luis Jerónimo Zavala informó que el conflicto surgió hace más de 80 años entre los núcleos agrarios de Buena Vista, municipio de San Luis Acatlán y Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, quienes se disputan 488 hectáreas de tierra que han provocado varios enfrentamientos entre los comuneros.
El abogado Jerónimo Zavala informó que, en julio de 2015 el Tribunal Unitario Agrario (TUA) número 12 de Chilpancingo emitió una resolución a favor de Zitlaltepec, en la que asentó que de las 488 hectáreas, sólo 57 corresponden a Buena Vista y el resto a Zitlaltepec.
Sin embargo, el abogado declaró que la resolución del TUA 12 no se ha ejecutado ante la oposición de los comuneros de Buena Vista.
Dijo que, en la reunión de ayer las autoridades federales y estatales propusieron que los comuneros de Buena Vista reciban una contraprestación económica a cambio de las 488 hectáreas, pero que los representantes de ese núcleo agrario se negaron a aceptar, con el argumento que no sería avalado por los comuneros de su localidad.
Jerónimo Zavala informó que el presidente de los Bienes Comunales de Buena Vista, Juan Carranza Martínez solicitó un plazo de dos meses para someter a consenso entre los comuneros de su localidad la propuesta, pero adelantó que estaba seguro de que no la aceptarán porque quieren las tierras que están en posesión de Zitlaltepec.
El abogado explicó que, hace unos 80 años los comuneros de Buena Vista le reclamaban a los de Zitlaltepec una superficie de 488 hectáreas, “porque se decían ser dueños, como también se consideran propietarios los de Zitlaltepec”.
Añadió que, como nadie cedía se presentó la demanda ante el Tribunal Unitario Agrario de Chilpancingo, que mediante sentencia, en julio del 2015 determinó que Buena Vista y sus anexos únicamente son dueños de 57 hectáreas y no las 488 que reclaman.
El abogado explicó que los comuneros de Buena Vista ya no interpusieron ningún recurso legal, y que los de Zitlaltepec supusieron que habían quedado conformes con la sentencia.
Añadió que, como ya no hubo ningún recurso, Zitlaltepec comenzó a exigir que se ejecute la sentencia, porque las 488 hectáreas, incluidas las 57 que el TUA 12 resolvió que eran de Buena Vista, están en posición de Zitlaltepec.
Dijo que, sin embargo, Buena Vista no ha querido recibir las 57 hectáreas que el TUA 12 resolvió que son suyas, argumentando que les corresponden las 488 hectáreas.
Añadió que, con el fin de destrabar el conflicto, los comuneros de Buena Vista se acogieron al programa de Conflictos Sociales del Medio Rural (Cosomer) para que fueran indemnizados por las 488 hectáreas.
Informó que, en la reunión de ayer las autoridades federales y estatales, así como los representantes de los comuneros de Zitlaltepec, iban con la idea de que los representantes de Buena Vista aceptaría ya la indemnización a cambio de las tierras, pero que el comisariado de Bienes Comunales rechazó el ofrecimiento, argumentando que no sería aceptada la propuesta por sus representados.
El abogado añadió que el conflicto sigue entrampado como al principio, porque no creen que los comuneros de Buena Vista acepten la indemnización como adelantó su representante.
Recordó que el conflicto agrario es uno de los considerados como “foco rojo”, y que ha sido motivo de varios enfrentamientos entre los comuneros en disputa.
Informó que el riesgo de violencia sigue latente, porque los comuneros de Buena Vista han amenazado que van a recuperar las tierras a costa de lo que sea, pues insisten en que les pertenecen.

 

 

Liberan al policía comunitario Samuel Ramírez; seguirá luchando para que se le declare inocente, dice

El policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez salió en libertad después de 4 años 6 meses preso en el penal de esta capital.
Obtuvo su libertad porque cumplió la condena que le impusieron de 4 años 100 días de prisión, pero no fue considerado inocente de portación de arma de uso exclusivo del Ejército.
No pudo ser recibido por las organizaciones sociales ni por su familia, pues les informaron de la notificación de libertad dos horas después de que ésta se emitió, y no alcanzaron a llegar.
El 6 de octubre del 2013 el comunitario fue detenido junto con tres policías más, acusados de portación de arma de fuego; de los cuatro, Samuel fue acusado por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, por eso sus compañeros alcanzaron libertad bajo fianza y él no.
A las 4:35 de la tarde de ayer, por la puerta de acceso al penal, Ramírez Gálvez salió en libertad. Vestido con pantalón de mezclilla, playera azul marino con verde, con tres cajas de ajedrez en mano que hizo dentro del penal, que tenían la leyenda de “Samuel Ramírez Gálvez Preso Político CRAC-PC”, y una bolsa de plástico con sus pertenencias.
Fuera de las instalaciones se quitó la playera y quedó con una color gris que decía “Libertad, no son los rebeldes los que causan los problemas del mundo son los problemas del mundo los que crean a los rebeldes. La rebeldía es la vida la sumisión es la muerte”.
En consulta fuera del penal Samuel Ramírez expuso: “salí como culpable (…) vamos a pelear duro porque no me sacaron con libertad absolutoria, y vamos a seguir luchando”.
Dijo que le sorprendió la notificación de su libertad, pues estaba programada para la siguiente semana, luego de la audiencia de vista que tuvo la semana pasada.
Resaltó que antes de su salida, el preso político de la CRAC de la base del Fortín en Tixtla, Gonzalo Molina González, que también está en el penal de la capital, le dijo que no le gustó cómo salió.
Recordó que cuando lo aprehendieron tenía 18 años, y cuatro años seis meses estuvo en prisión por portar un arma “viejita, ni funcionaba”.
Samuel Ramírez manifestó que seguirá luchando en la CRAC porque Molina González está encerrado y tiene que salir.
Durante su prisión el policía comunitario hizo deportes como futbol, basquetbol y jugaba ajedrez, además aprendió el oficio de hacer balones y bolsas que su familia vendía en su comunidad.
La salida del preso estaba programada para que asistieran organizaciones sociales, como los normalistas de Ayotzinapa, la comunidad indígena Emperador Cuauhtémoc, la CRAC del Fortín en Tixtla, de Zitlaltepec, organizaciones de la Ciudad de México y Oaxaca, y el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero, quienes acompañaron su proceso, pero no fue posible pues su liberación fue repentina y se les complicó llegar a tiempo.
Al lugar sólo alcanzaron a llegar dos habitantes de la comunidad Emperador para recibirlo.
“Ya sabíamos que estaba en término de estos días, pero nos avisaron hace dos horas que lo iban a soltar pero hace un rato nos volvieron a decir que hasta en la noche, entonces hay descoordinación con las organizaciones sociales. Pues qué bueno, nos da mucho gusto verlo libre”, señaló el vecino de la comunidad Indígena Roberto Juárez.
Dijo que la forma en que las autoridades decidieron su libertad es parte del actuar del Estado, que no querían que las organizaciones estuvieran presentes en su liberación.
Añadió que está pendiente la liberación de Gonzalo Molina, que es similar al proceso de Ramírez Gálvez y que muchos delitos que le imputaron se han desvanecido; ya es cosa de días para que definan su sentencia y le den la libertad.
En una llamada telefónica la representante del Comité por la Libertad de los Presos, Enriqueta Chávez López lamentó que no pudieron llegar sus integrantes a recibir al preso, pues se encontraban en Oaxaca.
“Estamos haciendo el balance, y creo que todo fue como un tipo contubernio muy perverso, porque yo hablé con el director (del penal) y el director ya debería de comunicar un día antes, entonces él nos comentó que con 24 horas nos iba también a avisar y que el procedimiento tarda hasta 8 horas (para liberarlo)…a Samuel lo sacaron en una hora 40 minutos”, remarcó Enriqueta Chávez.
Dijo que esta situación sucede porque se vive en un país de impunidad, que con ello se demuestra que no hay respeto a la Ley 701 de Guerrero, y que por ende es una afrenta grande a los pueblos originarios que se rigen por sus usos y costumbres.
La representante recalcó que se buscará comprobar que no hay un delito qué perseguir, pues el juez determinó que es culpable por haber portado un rifle que le fue entregado por la comunidad junto con una licencia acreditada, y que la CRAC es una institución legal y legítima.
Abundó que les mintieron diciendo que el caso iba “muy bien”, que los documentos que se habían aportado garantizaban un proceso justo, pero que no le sorprende porque saben cómo trabaja el régimen, además de que finalmente sí les comentaron que no querían que hubiera organizaciones.
En abril del año pasado, el policía comunitario fue sentenciado a 4 años y 100 días y su condena terminaría en octubre, o también se podía conmutar, sin embargo, la familia y el preso decidieron apelar y buscar la libertad absolutoria, la cual no fue posible.
Apenas el 14 de diciembre también fue puesto en libertad el promotor de la CRAC de Ayutla, Arturo Campos Herrera, después de 4 años y 13 días en prisión, uno de ellos en un penal de máxima seguridad, pero todavía falta la liberación del promotor de la base del Fortín Gonzalo Molina.

 

 

Ampara la Ley 701 al comunitario Samuel Ramírez, destaca su abogado en la última audiencia del caso

Este lunes fue la última audiencia de vista en el juzgado Séptimo de Distrito para resolver la causa penal 61/2013 por portación de arma sin licencia que mantiene en la cárcel desde hace más de tres años al policía comunitario de la Casa de Justicia de Zitlaltepec, Metlatónoc, Samuel Ramírez Gálvez.
El abogado Rogelio Téliz García argumentó durante la audiencia que el arma que portaba el detenido es propiedad de la comunidad que lo designó policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) con fundamento en la Ley 701, de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Agregó que su actuación se fundamenta en el artículo 2 de la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La audiencia para desahogar el caso estaba programada para las 11 de la mañana pero a esa hora personal del juzgado informó a la defensa que se aplazaría porque no pudo ser notificada la solicitud para el perito traductor debido a que la Secretaría de Asuntos Indígenas del estado se encuentra cerrada por manifestantes, lo que generó un retraso hasta las 12:30.
El abogado Téliz García solicitó la autorización de un traductor externo y al final la audiencia se pudo llevar a cabo.
Sería sólo para la ratificación de las conclusiones de inculpabilidad a favor de Samuel Ramírez que fueron presentadas el 8 de diciembre del año pasado en las que él y sus compañeros policías comunitarios, Catalino Maldonado Mendoza, Santiago de Jesús Gálvez y Jorge Ortega García expusieron por qué estaban armados el día que fueron detenidos.
Ramírez Gálvez fue detenido el 6 de octubre del 2013 junto con 13 policías comunitarios de Zitlaltepec. De ellos 7 obtuvieron su libertad absoluta y cinco fueron consignados. Sin embargo cuatro obtuvieron su libertad bajo fianza y solamente Samuel Ramírez fue consignado y sigue preso.
En la última audiencia para desahogar el proceso y que determinará la sentencia que se emitirá, el abogado Téliz García solicitó que sean tomadas en consideración por la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales “el criterio nuestro que debe ser absolutoria la sentencia”.
El abogado expuso que la defensa ha demostrado que Samuel Ramírez pertenece a una institución comunitaria amparada en la Ley 701, y que el delito que presuntamente cometió y que se le imputa (portación de arma) no lo cometió porque fue electo policía comunitario por el pueblo y pertenece a la Casa de Justicia de Zitlaltepec.
Incluso, explicó que el arma por la que fue sujeto a proceso pertenece a la comunidad, “razón por la cual debe quedar eximido de responsabilidad, porque simplemente realizaba un servicio comunitario y en términos del artículo 2 de la Constitución Federal y del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas las comunidades tienen en todo momento el derecho de decidir de manera libre con base a sus usos y costumbres la forma de organizarse, cuidarse y convivir como pueblos indígenas”.
Tras la audiencia de ayer la jueza tendrá que resolver la sentencia a más tardar en tres meses, y con ella también se resolverá la situación jurídica de los otros cuatro policías comunitarios que fueron liberados bajo fianza, informó.
En este juzgado estaba programada una audiencia para resolver la causa penal 59/2013 que se le sigue al promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla, Gonzalo Molina González, sin embargo la audiencia se aplazó debido a que el juzgado no pudo solicitar un traductor.
El abogado de Gonzalo Molina, Hegel Mariano González informó que entre ayer y hoy miércoles el juez determinaría una nueva fecha para la comparecencia.

Sólo con la CRAC los pueblos indígenas tienen seguridad, dice la madre del comunitario preso

 

A doña Beatriz Gálvez Macario le cambió la vida cuando organizó a la gente de Zitlaltepec en contra de la violencia que mantenía a raya a ese y a otros pueblos de la Montaña.
Ella formó la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en el 2013. Eso le trajo como consecuencia que a su hijo Samuel Ramírez Gálvez lo encarcelaran.
Después su marido la dejó porque la culpó del encarcelamiento de su hijo, y el año pasado la metieron 17 días a la cárcel tras de que los familiares de su esposo la acusaron de asesinarlo, sin que se haya encontrado su cadáver.
Ella supone que su marido huyó para no enfrentar el problema de su hijo preso.
A punto de salir libre Samuel, un na savi como ella, Beatriz dice que no se arrepiente de su participación en la CRAC y que seguirá en la Policía Comunitaria porque es la única manera de tener la seguridad que no garantiza el gobierno a los pueblos indígenas.
Entrevistada después de la audiencia de su hijo Samuel el mediodía de este martes, la mujer indígena contó que en 1997 la gente de su pueblo, Zitlaltepec, no podía vivir tranquila “porque estaba muy complicada la situación, no podíamos salir a comprar a Tlapa porque en el camino había de todo, secuestro, violaciones a las mujeres, asaltos y eso fue lo que hizo que comenzáramos a organizarnos en la comunidad para darnos seguridad nosotros mismos”.
Ese pueblo se encuentra a 8 horas caminando a Metlatónoc, la cabecera municipal, en vehículo llegan en dos a Tlapa.
Dijo que la única alternativa en ese tiempo fue formar su policía comunitaria, “porque nuestra comunidad es una de las más apartadas de la montaña, y tenemos que pasar por lugares muy solitarios, escabrosos y peligrosos”.
Beatriz Gálvez fue una de las más activas para formar la Policía Comunitaria, incluso a ella le deben los habitantes de varios municipios en la Montaña que la Casa de Justicia de la CRAC se haya instalado en Zitlaltepec, “allí comenzamos a dar el servicio de seguridad y muchos pueblos vecinos se incorporaron”.
Uno de los primeros que se enrolaron en la Policía Comunitaria para cuidar al pueblo fue su hijo Samuel Ramírez Gálvez, “él así lo quiso, pero la gente también así lo decidió”, dijo la mujer entrevistada en las instalaciones del juzgado Séptimo de Distrito, minutos después de que Samuel asistiera a la última audiencia de vista en la que su defensa ratificó los argumentos de descargo para que la jueza emita una sentencia a su favor.
Por su activismo doña Beatriz fue nombrada en el 2013 coordinadora de la CRAC, “estaba yo prestando ese servicio cuando detuvieron a mi hijo sólo porque estaba interesado en dar seguridad a su comunidad. Él estaba convencido que era la única forma de que viviéramos con tranquilidad y que no hubiera robos, asaltos, que pudiéramos salir sin que nos pasara nada”, declaró.
Recordó que Samuel entró de voluntario en la Policía Comunitaria cuando apenas había entrado a los 18 años, en 2012. Iba para dos años en la organización cuando lo detuvieron.
“Yo veo muy mal que lo hayan detenido, porque empezando desde el municipio el estado y el gobierno federal no nos dan seguridad, pero todos están en contra de los comunitarios. No sé por qué están en contra de nosotros cuando nos protegemos entre los mismos paisanos. Ellos quieren quedar bien pero no hacen las cosas como debe de ser, no nos dan la seguridad. Los policías municipales cuidan la cabecera municipal, el Palacio, pero no dan seguridad a las comunidades que pertenecen al municipio, mucho menos los policías estatales y federales, no van para allá a ver si estamos bien o mal, ellos están en las ciudades”, se quejó.
Denunció que, sin embargo, cuando las comunidades indígenas se organizan para formar su propia policía, “se quejan de que les estorbamos y nos detienen como si fuéramos delincuentes, secuestradores, pero no es cierto, estamos para defender a los pueblos y si hacemos algunas actividades sólo es para detener a los que están maleados, y al detener a los policías comunitarios se ve que el gobierno está del lado de los malos”, dijo.
–Usted contribuyó a resolver el problema de la inseguridad en su pueblo, pero por el otro se creó problemas en su familia. Detuvieron a su hijo, la dejó su esposo, la acusaron de homicidio y la detuvieron por esa causa, ¿está arrepentida?- se le preguntó.
–No, no estoy arrepentida. Yo formo parte del Comité de la Carta de los Derechos de la Mujer. Yo siempre he estado en contra de los hombres. He visto muchos casos de mujeres golpeadas, discriminadas, golpeadas y no pueden hablar porque no hay gobierno que las defienda, porque se cree que la mujer nació para atender a su marido.
“Yo he participado en reuniones y conozco los derechos para defender a la muer, estoy consciente, por eso no me arrepiento de lo que estoy haciendo porque sé que estoy haciendo algo bueno para mi comunidad y para las demás mujeres, que necesitan despertar para saber que no pueden estar humilladas ante el hombre”, expuso.
–Pronto va a resolverse la situación legal de su hijo Samuel, en caso de que salga libre y decide seguir siendo policía comunitario, ¿usted lo respaldará?
–Sí, sí lo respaldo porque yo sé que él no está haciendo nada malo, está defendiendo al pueblo y no me arrepiento de que él esté dando su servicio, aunque el gobierno esté en contra de él y de la Policía Comunitaria.
“El gobierno saca a la luz lo que le conviene, y lo que no lo hecha debajo de su mesa, y eso creo que no se vale, pero mientras el pueblo esté organizado y haga lo que más le convenga estoy de acuerdo en participar”, agregó.
Beatriz Gálvez aceptó que después del encarcelamiento de Samuel se retiró un rato por falta de recursos, “yo soy madre de familia, tengo una familia que mantener y tengo que visitar a mi hijo y es un problema bien fuerte para mi. A parte de eso estoy mal de salud”.
Y es que dos años después de que cayó en la cárcel su hijo, su esposo Raúl Ramírez Onofre la abandonó, al acusarla de ser la responsable de que lo hayan detenido porque ella era coordinadora de la CRAC cuando se lo llevaron.
Después de que su esposo la abandonó en 2015 los familiares de Raúl la acusaron del homicidio de éste, sin que se haya encontrado el cuerpo. Sin embargo estuvo encarcelada 17 días, “pero yo sé, tengo testigos que el señor se fue, me abandonó pero para culparme a mi sus familiares planearon que estaba muerto para encarcelarme, pero mientras yo no tenga culpa no me da pena, no me deprime porque sé que no soy culpable de lo que se me acusa”.