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El lunes se cierra el caso del preso Gonzalo Molina; pide Arturo Campos que sea liberado

El caso del preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Tixtla, Gonzalo Molina González, se cierra este lunes, a partir de ahí quedan 15 días para dictarle sentencia, y se espera que reciba su libertad.
La representante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Enriqueta Chávez López pidió a las organizaciones estar atentas, pues en el caso del ex policía comunitario preso Samuel Ramírez Gálvez informaron de su salida horas antes, para que nadie fuera a recibirlo.
Ayer el ex preso de la CRAC Arturo Campos manifestó que Gonzalo Molina debe salir en libertad porque no cometió ningún delito, y demandó a las autoridades su libertad.
En una llamada la representante del Comité y Arturo Campos celebraron el cierre del caso de Molina González, y esperan su libertad inmediata.
Arturo Campos expuso que espera que ya se otorgue la libertad a su compañero, porque no hay pruebas para dictarle una condena, que debe obtener la libertad absoluta pues ya aguantó que el gobierno lo tenga más de cuatro años preso sin haber cometido algún delito.
Agregó que hay certeza de que pronto saldrá en libertad, y que seguramente después de salir se incorporará al movimiento por los derechos de los pueblos.
De la aprobación a la reforma al Artículo 14 de la Constitución del estado que desaparece la figura de policía comunitaria, señaló que no pueden hostigarlos más porque ya lo han hecho, y aclaró que este sistema de justicia nació en 1995, sin la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero.
Añadió que existe el Artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otros tratados internacionales que los protegen.
Agregó que han trabajado por los pueblos y han combatido la delincuencia, pero cuando el gobierno es parte de la delincuencia entonces les perjudica el trabajo de la Policía Comunitaria.
“Nosotros vamos a seguir con la Ley 701, nosotros lo único que queremos es el respeto, no necesitamos más leyes… no estamos en contra del sistema… lo único que hacemos es combatir la inseguridad en nuestro territorio”, recalcó.
Añadió que en las comunidades donde está la CRAC lo único que quieren es paz, y exigió al gobierno libertad para Gonzalo Molina, y para el representante del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Envía Gonzalo Molina un mensaje de apoyo a Ayotzinapa; a su salida pedirá justicia, dice

El preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina González, envió un mensaje a la Normal Rural de Ayotzinapa, de que en cuanto salga de prisión luchará por exigir el esclarecimiento de la desaparición de los 43 y justicia por los asesinados.
Además, pidió a los padres de los 43 normalistas desaparecidos que continúen en la lucha y que no reciban dinero del gobierno, porque si no, será como decirles “adiós” a sus hijos.
La semana pasada, el preso declaró a El Sur que en un mes y días podría estar en libertad, al comprobarse que no cometió delito alguno, después de casi cinco años.
En un audio difundido por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero, manifestó que los gobiernos han querido desaparecer a la normal.
“Me incorporé a la lucha y a la defensa de esta gloriosa escuela normal y hasta el momento sigo en su defensa. Desde esa fecha han venido dándose una serie de asesinatos de estos jóvenes por parte del gobierno. Recuerdo que una de las generaciones más combativas, con la que hubo mucho acercamiento fue la generación Lucio Cabañas Barrientos”, recordó.
Prosiguió diciendo que antes de que cayera preso había una buena relación entre la policía comunitaria y la generación que estaba en ese entonces en Normal Rural de Ayotzinapa, porque ambos se defendían.
Dijo que la policía hacia rondines y los protegía de los sicarios, y los jóvenes defendían a la policía comunitaria.
“Recuerdo cuando intentaron desarmarnos en la carretera federal, frente al internado de Tixtla, para exigir la libertad de Nestora Salgado, persona que después traicionaría los principios que rigen el sistema comunitario. Estos jóvenes estuvieron con nosotros y juntos logramos abrir una mesa de diálogo con el gobierno estatal”, señaló.
El preso político expresó a los jóvenes estudiantes que nunca los ha dejado, que dentro del penal sigue en la defensa de la normal de Ayotzinapa y los desaparecidos, y que les enviaba un abrazo.
Respecto a los 43 desaparecidos, abundó que para él están vivos, que lo siente en su corazón y los tiene presentes en su pensamiento, que tuvieran por seguro que en cuanto salga de la cárcel, una de sus primeras actividades será visitar las butacas vacías que hay en su memoria.
Resaltó que cuando salga del penal luchará por exigir el esclarecimiento de su desaparición y justicia por los asesinados. A los papás de estos jóvenes les pidió que no desmayen, que se mantengan firmes y con dignidad, que no reciban ningún dinero del gobierno, porque sería como decirle adiós a sus hijos.
A las organizaciones sociales las invitó a unir esfuerzos y seguir organizándose siempre, poniendo por delante el eslogan de “el respeto por nuestros derechos será justicia”. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

En “un mes y días” obtendrá su libertad, confía el preso de la CRAC Gonzalo Molina

El preso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC.P), Gonzalo Molina González, informó que en un mes y días obtendrá el auto de libertad, pues la siguiente semana cierra la causa en la que lo acusan de terrorismo, robo agravado y lesiones, y aunque hay otra por la misma razón al resolverse la primera se resuelve la segunda.
Llamó a las organizaciones sociales y de derechos humanos y al sistema de justicia comunitario a estar atentos, y mencionó que su liberación nunca ha estado sujeta a negociación.
En un enlace telefónico mediante el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Molina González quien lleva más de cuatro años preso, manifestó que le pusieron trabas para alargar su proceso jurídico y mantenerlo recluido.
“Ya estoy cerrando esta semana, ahorita acabo de hablar con mi abogado… no hay nada que hacer en la causa 59/13 que está en el juzgado de distrito… terminamos el proceso”, puntualizó.
Dijo que cerrando esta causa en una semana solicitaría su audiencia de vista, finalizaría y en mes y días le estarían entregando auto de libertad, pues se desahogaron todas las pruebas que lo señalan inocente.
Agregó que resolviéndose esa causa se resuelva la otra que queda, la 47/2017, porque la ley dice que no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
Dijo que en mayo este proceso tenía que haberse resuelto, sin embargo el juzgado Séptimo expuso que había audiencias que desahogar, entre ellas un peritaje cultural, pero se desistió de todas las audiencias.
Abundó que considera con su abogado que las pruebas que tienen son suficientes para echar abajo los delitos de los que lo acusan.
Molina González manifestó a las autoridades que esta lucha que ha llevado “con dignidad”, es la lucha de las comunidades y pueblos indígenas, y que siempre ha dicho que su libertad no está en negociación.
Agregó que tiene siete causas penales y en todas está absuelto, sólo le quedan esas dos pero tampoco hay delito que perseguir, y tiene que salir en libertad.
“Desde este lugar quiero hacer un llamado a los compañeros para que estén pendientes de mi salida, esta salida, esta libertad no se la debemos a nadie más que a las personas, compañeros que me han apoyado siempre, que han estado cerca conmigo y que gracias a eso he aguantado toda esta injusticia que se ha cometido en mi persona, lo hago por el bien de los niños principalmente, lo hago por la lucha que han llevado nuestros pueblos y comunidades indígenas de más de 500 años resistiendo el saqueo, la explotación, la discriminación y el exterminio, por eso Gonzalo se ha mantenido firme”, expuso.
Resaltó que está contento porque pronto estará en libertad y saldrá con la frente en alto. (Beatriz García / Chilpancingo).

 

Dice Gonzalo Molina que las acusaciones se han ido desvaneciendo; espera su libertad en dos meses

El promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla preso en el penal de Chilpancingo, Gonzalo Molina González dijo que podría recobrar su libertad en breve, porque solamente le quedan pendientes dos causas penales y las acusaciones en su contra se han ido desvaneciendo.
Vía telefónica desde una caseta telefónica pública del interior del penal, Molina González informó que las causas penales son la 47/2014 radicada en el juzgado Segundo de Primera Instancia de Chilpancingo y la 59/2013 en el Séptimo de Distrito.
Informó que este fin de mes se va a cerrar su caso y que en días el juez podría dictar el auto que, dijo está seguro, será de libertad porque ha presentado las pruebas suficientes “y yo creo que voy a salir absuelto”.
Agregó que hay documentación y declaraciones que ha presentado a su favor, incluso dijo que quienes lo acusaban ya están declarando que fueron obligados, otros dicen que les falsificaron sus firmas, como la diputada local Erika Alcaraz Sosa, quien fungía como regidora del PRD en el municipio de Tixtla cuando el Ayuntamiento presentó la denuncia en su contra.
Aseguró que también los policías municipales que habían presentado la denuncia comparecieron y reconocieron su firma, pero no el contenido del documento.
“Yo siento que máximo en dos meses estaré saliendo libre, porque ya no hay más señalamientos”, declaró.
Las acusaciones en contra de Molina González están relacionadas con las protestas del 26 de agosto del 2013, cuando policías comunitarios llegaron a manifestarse frente el Palacio Municipal de Tixtla en demanda de la libertad de Nestora Salgado García, promotora de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Olinalá.
Los delitos por los que se le acusan son terrorismo, robo agravado, privación de la libertad personal y lesiones.
Molina González aseguró que “ya se demostró que no hubo tales delitos, entonces automáticamente voy a salir absuelto”, vaticinó.
En otro tema dijo que le preocupa que algunos integrantes de la CRAC se estén promoviendo a cargos de elección popular.
Según el promotor de la Policía Comunitaria, uno de los que aspiran es el ex asesor de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Valentín Hernández Chapa, quien ha argumentado que fue la CRAC la que lo propuso a Morena como candidato a síndico para el municipio de San Luis Acatlán.
Dijo que la CRAC es una institución que se sustenta en la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero, que establece la autodeterminación de los pueblos y que pueden participar en la elección de sus autoridades pero bajo el principio de usos y costumbres, no a través de las urnas ni de los partidos.
Sin embargo en este caso, “parece que hay intereses personales al estar buscando candidaturas en los partidos y eso no puede ser”.
Añadió que en todo caso quienes sean de la CRAC y quieran participar en el proceso electoral deben salirse de la organización para buscar esos puestos de elección popular a través de los partidos, “pero no como propuesta de la CRAC, eso sería aberrante”.

 

Cancelan otra vez la audiencia de Samuel Ramírez; no se presentó el perito de química forense

La penúltima audiencia que se tenía programada en el juzgado Séptimo de Distrito del preso de la Coordinadora Regional de autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Samuel Ramírez Gálvez, se canceló por segunda vez, ahora porque el perito de química forense no se presentó.
Mientras que el también  preso de la CRAC de El Fortín, Gonzalo Molina González exigió a las autoridades se agilice el proceso de su compañero del sistema comunitario para que salga con “libertad absolutoria”.
En un comunicado, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero informó de las audiencias programadas para el policía comunitario y la cancelación de la de ayer.
Expone que se suspendió debido a que el perito de química forense no se presentó en el juzgado, que  son cuatro peritajes los que se van a efectuar durante su proceso, de los cuales ya se hicieron dos, el primero que se llevó acabo fue el de Tecnología y el segundo de Grafoscopía.
Agrega que el jueves 18 de enero se espera el cuarto de los peritajes, el de Dactiloscopía, y que por lo tanto como se suspendió el de ayer se tendrá que solicitar la nueva fecha este miércoles.
“Cabe señalar que el juez está obligado a presentar a dichos peritos incluso por medio de la fuerza pública. Así es como lo marca la ley, del debido proceso… Esta es la segunda ocasión que estos profesionales judiciales no se presentan a desahogar los puntos litigiosos que son materia de su dictamen, y retrasan en tiempo de esta manera el juicio de Samuel Ramírez”, señala.
Por su parte Molina González dijo “en este momento urge que el compañero salga, pero no queremos que salga por salir sino absuelto,  como debe de ser porque no hay delito que perseguir, hay pruebas suficientes que echan abajo todo porque sí se reconoce a la CRAC como institución, entonces todo eso más los jueces que han liberado a nuestros compañeros, pues ya es justo que Samuel salga”, expresó.
Recalcó que con su encarcelamiento y el de Ramírez Gálvez y los ataques en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, a la Policía Comunitaria, está demostrado que hay un gobierno fallido y autoritario, que trata de implementar a través de la fuerza militar los proyectos que van a beneficiar a las grandes empresas, no al pueblo de Guerrero ni a México.

Entregan al gobierno en Cdmx 40 mil firmas para exigir la libertad de Arturo Campos

Abogados y activistas, así como su esposa Agustina García entregaron en la oficina representación del gobierno de Guerrero casi 40 mil firmas recabadas en la campaña electrónica de Avaaz, en cuya petición se exige la liberación del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera quien está preso desde hace cuatro años pese a que ha demostrado su inocencia.
Acudieron al encuentro con el titular de la oficina ubicada en Polanco, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el abogado de la misma organización a cargo de la defensa del comunitario, Rogelio Téliz, junto a Agustina, así como los actores Daniel Giménez Cacho, Ofelia Medina y el activista Mardonio Carballo, y Ángel García García, un ex preso político de la CRAC.
El hijo del ex gobernador y actual subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, René Juárez Albarrán recibió alrededor de las 11 al grupo encabezado por Agustina García, quien a cuatro años de distancia pese a estar enferma de la columna y manteniendo a sus cuatro hijas e hijo tras el encierro de su esposo, acudió a la ciudad.
Rogelio Téliz quien lleva el caso de Arturo Campos preso en el penal de Ayutla, explicó que durante la campaña se lograron reunir 34 mil firmas, por la socialización de varios activistas. Ahí demandan al juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos en Tlapa, a agilizar el caso y dictar sentencia lo más pronto posible, así como tomar en cuenta las pruebas ofrecidas y decretar su libertad inmediata.
Juárez Albarrán aseguró que no conocía el caso y que Arturo Campos, así como otros comunitarios de la CRAC que fueron apresados en 2013 durante el gobierno del defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero, como el de la ex comandanta de Olinalá Nestora Salgado y el promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina González encarcelado en Chilpancingo, pero se comprometió a llevar su caso y las firmas al poder Judicial de Guerrero.
Rogelio Téliz informó que le entregaron las firmas por escrito y de manera electrónica, “para poderle exigir por su conducto puedan a la brevedad dictar una sentencia, platicamos con él para que le haga llegar la información al poder Judicial y agilizar el tema. Le expusimos que el proceso está cerrado, el viernes fue la última audiencia, el expediente está con el juez y éste está en condiciones de dictar sentencia, no esperarse hasta los 15 días que establece la ley”.
Arturo Campos está preso desde el 1 de diciembre de 2013 acusado de secuestro, robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla y delincuencia organizada, ha quedado absuelto de tres causas penales pero está pendiente el delito de secuestro, por un expediente radicado en Tlapa.
Detalló que el único proceso que seguía vigente en su contra por secuestro en la causa penal 196/2013-1 ya fue desahogado.
Agustina García le dijo a Juárez Albarrán que no confían en el gobierno de Guerrero y pidió que no le fabriquen más delitos.
También preocupa a sus abogados, según dijo Téliz, “que la Fiscalía (General del Estado) no tenga otro expediente oculto, que pudiera sacarlo cuando ya esté en libertad o vaya a salir de la cárcel”.
Pidió que durante este proceso le puedan resarcir el daño causado a él y a su familia, “y hasta que esté libre sabremos si hubo voluntad política… Él no tiene ninguna culpabilidad, la gente que lo acusaba no logró mantener firme esa acusación, el gobierno nunca ha agilizado estos procesos pese a que tenemos expedientes completamente cerrados”.
Recordó que tanto Nestora Salgado como Bernardino García y otros cinco comunitarios presos por secuestro fueron absueltos por jueces de Guerrero, confía que esos criterios puedan emplearse en el caso de Arturo Campos y la sentencia salga antes dos semanas.
Mencionó que la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, mantiene pendiente una propuesta de punto de acuerdo para que el Senado se pronuncie a favor de su liberación bajo los mismos criterios jurídicos que en el caso de Nestora Salgado García, apresada en agosto de 2013 y quien recuperó su libertad en abril de 2016, porque se reconoce a la CRAC como un sistema de impartición de justicia y a sus integrantes como autoridades.
Durante la reunión el activista Mardonio Carballo consideró que el gobierno de Guerrero, “debe asumir los derechos indígenas en tratados internacionales y legislación interna para reconocer a la Policía Comunitaria en el marco de la configuración multicultural de México. Es paradójico que como en el caso de los 43 a Arturo también lo acusen el mismo número de personas en el Estado. La Policía Comunitaria salvó al pueblo ante la inseguridad”.

Llevan 33 mil 416 firmas por la libertad de Arturo Campos

El abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz, la actriz Ofelia Medina, el director de Tlachinollan Abel Barrera, el titular de la Oficina de la Representación del gobierno de Guerrero en la Ciudad de México, René Juárez Albarrán, la esposa de Arturo Campos Herrera, Agustina García, el ex preso de la CRAC, Ángel García, el activista Mardonio Carballo y el actor Daniel Giménez Cacho luego de que entregaron las firmas para exigir la libertad del promotor de la Policía Comunitaria en Ayutla, Arturo Campos Herrera, preso desde 2013. Foto: Cuartoscuro
El abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz, la actriz Ofelia Medina, el director de Tlachinollan Abel Barrera, el titular de la Oficina de la Representación del gobierno de Guerrero en la Ciudad de México, René Juárez Albarrán, la esposa de Arturo Campos Herrera, Agustina García, el ex preso de la CRAC, Ángel García, el activista Mardonio Carballo y el actor Daniel Giménez Cacho luego de que entregaron las firmas para exigir la libertad del promotor de la Policía Comunitaria en Ayutla, Arturo Campos Herrera, preso desde 2013. Foto: Cuartoscuro

 

Entregan al gobierno en Cdmx 40 mil firmas
para exigir la libertad de Arturo Campos

Abogados y activistas, así como su esposa Agustina García entregaron en la oficina representación del gobierno de Guerrero casi 40 mil firmas recabadas en la campaña electrónica de Avaaz, en cuya petición se exige la liberación del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera quien está preso desde hace cuatro años pese a que ha demostrado su inocencia.
Acudieron al encuentro con el titular de la oficina ubicada en Polanco, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, el abogado de la misma organización a cargo de la defensa del comunitario, Rogelio Téliz, junto a Agustina, así como los actores Daniel Giménez Cacho, Ofelia Medina y el activista Mardonio Carballo, y Ángel García García, un ex preso político de la CRAC.
El hijo del ex gobernador y actual subsecretario de Gobernación, René Juárez Cisneros, René Juárez Albarrán recibió alrededor de las 11 al grupo encabezado por Agustina García, quien a cuatro años de distancia pese a estar enferma de la columna y manteniendo a sus cuatro hijas e hijo tras el encierro de su esposo, acudió a la ciudad.
Rogelio Téliz quien lleva el caso de Arturo Campos preso en el penal de Ayutla, explicó que durante la campaña se lograron reunir 34 mil firmas, por la socialización de varios activistas. Ahí demandan al juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos en Tlapa, a agilizar el caso y dictar sentencia lo más pronto posible, así como tomar en cuenta las pruebas ofrecidas y decretar su libertad inmediata.
Juárez Albarrán aseguró que no conocía el caso y que Arturo Campos, así como otros comunitarios de la CRAC que fueron apresados en 2013 durante el gobierno del defenestrado gobernador Ángel Aguirre Rivero, como el de la ex comandanta de Olinalá Nestora Salgado y el promotor de la CRAC en Tixtla, Gonzalo Molina González encarcelado en Chilpancingo, pero se comprometió a llevar su caso y las firmas al poder Judicial de Guerrero.
Rogelio Téliz informó que le entregaron las firmas por escrito y de manera electrónica, “para poderle exigir por su conducto puedan a la brevedad dictar una sentencia, platicamos con él para que le haga llegar la información al poder Judicial y agilizar el tema. Le expusimos que el proceso está cerrado, el viernes fue la última audiencia, el expediente está con el juez y éste está en condiciones de dictar sentencia, no esperarse hasta los 15 días que establece la ley”.
Arturo Campos está preso desde el 1 de diciembre de 2013 acusado de secuestro, robo de armas en agravio del Ayuntamiento de Ayutla y delincuencia organizada, ha quedado absuelto de tres causas penales pero está pendiente el delito de secuestro, por un expediente radicado en Tlapa.
Detalló que el único proceso que seguía vigente en su contra por secuestro en la causa penal 196/2013-1 ya fue desahogado.
Agustina García le dijo a Juárez Albarrán que no confían en el gobierno de Guerrero y pidió que no le fabriquen más delitos.
También preocupa a sus abogados, según dijo Téliz, “que la Fiscalía (General del Estado) no tenga otro expediente oculto, que pudiera sacarlo cuando ya esté en libertad o vaya a salir de la cárcel”.
Pidió que durante este proceso le puedan resarcir el daño causado a él y a su familia, “y hasta que esté libre sabremos si hubo voluntad política… Él no tiene ninguna culpabilidad, la gente que lo acusaba no logró mantener firme esa acusación, el gobierno nunca ha agilizado estos procesos pese a que tenemos expedientes completamente cerrados”.
Recordó que tanto Nestora Salgado como Bernardino García y otros cinco comunitarios presos por secuestro fueron absueltos por jueces de Guerrero, confía que esos criterios puedan emplearse en el caso de Arturo Campos y la sentencia salga antes dos semanas.
Mencionó que la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, mantiene pendiente una propuesta de punto de acuerdo para que el Senado se pronuncie a favor de su liberación bajo los mismos criterios jurídicos que en el caso de Nestora Salgado García, apresada en agosto de 2013 y quien recuperó su libertad en abril de 2016, porque se reconoce a la CRAC como un sistema de impartición de justicia y a sus integrantes como autoridades.
Durante la reunión el activista Mardonio Carballo consideró que el gobierno de Guerrero, “debe asumir los derechos indígenas en tratados internacionales y legislación interna para reconocer a la Policía Comunitaria en el marco de la configuración multicultural de México. Es paradójico que como en el caso de los 43 a Arturo también lo acusen el mismo número de personas en el Estado. La Policía Comunitaria salvó al pueblo ante la inseguridad”.

Se reúnen afuera del penal de la capital y piden la liberación de Gonzalo que cumplió 4 años preso


Al cumplirse cuatro años de la detención del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Gonzalo Molina González, integrantes de organizaciones sociales hicieron un mitin afuera del penal de la capital para exigir a las autoridades estatales su libertad.
Además demandaron la liberación del consejero de la CRAC de la Casa de Justicia de El Paraíso preso en Ayutla, Arturo Campos Herrera y del policía comunitario, Samuel Ramírez Gálvez quien también se encuentra en el penal de Chilpancingo.
Gonzalo Molina fue detenido el 6 de noviembre del 2013 en un retén en la carretera federal Chilpancingo-Chilapa enfrente del internado Adolfo Cienfuegos y Camus en Tixtla, fue acusado de varios delitos como terrorismo, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, secuestro, delincuencia organizada, lesiones y despojo.
Familiares, normalistas de Ayotzinapa, integrantes del Comité por la Libertad de los Presos Políticos en Guerrero,  la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación (CETEG), habitantes de la comunidad indígena Emperador Cuauhtémoc y de la organización Movimiento Social Democrático  se congregaron fuera del penal donde se encuentran presos el promotor junto con el policía comunitario.
Policías estatales de la cárcel cercaron con una valla metálica el edificio para impedir que los manifestantes se acercaran a la entrada del lugar.
El mitin inició con las consignas “¡Libertad, libertad a los presos por luchar!”, “¡Gonzalo amigo el pueblo está contigo!”.
Además portaron pancartas y lonas que decían, “Una sola voz! Un sólo sentir! Libertad incondicional!!- Gonzalo Molina-Arturo Campos- Samuel Ramírez ¡¡¡El respeto a nuestros derechos será justicia!!! Presos políticos de la CRAC”, “Libertad inmediata e incondicional a los presos políticos de la Policía Comunitaria CRAC”, “06 de noviembre ¡No se olvida! Gonzalo Molina CRAC-PC a 4 años exigimos ¡Libertad!”.

Se comprobó que Gonzalo es inocente pero no lo liberan

En su participación, la esposa de Gonzalo, Ausencia Honorato expuso que el promotor lleva cuatro años preso injustamente y que es acusado de delitos que no cometió.
“El gobierno sabe muy bien que ellos son luchadores sociales que han luchado por la gente, que han luchado por su pueblo y el día de que hoy que se cumplen cuatro años encerrado en este reclusorio, donde él está sufriendo las consecuencias, donde él está sufriendo enfermedades a causa del encierro, a causa del gobierno ¿Por qué lo decimos? Porque el gobierno lo tiene encerrado injustamente a pesar de que nosotros hemos comprobado que todos nuestros compañeros de la Coordinadora Regional son inocentes”, sostuvo Ausencia Honorato.
Manifestó que al gobierno no le gusta que se manifiesten, que se defiendan, que defiendan sus derechos que es por eso que se encuentran encarcelados.
Resaltó que a Samuel Ramírez le violaron sus derechos humanos porque fue encarcelado injustamente antes de los 18 años, así como a Arturo Campos.
Exigió a las autoridades los liberen, que ya se comprobó que no han cometido delito, que su único delito es defender a su pueblo, a la gente pobre y humilde que más necesita, por los que el gobierno nunca ha hecho nada.
Dijo que mientras ellos están presos los delincuentes están libres, asesinando, secuestrando y desapareciendo, situación que se está viviendo en el estado todos los días.
“Nosotros le hemos comprobado al gobierno que las partes que acusaban a mi esposo y  a todos los compañeros hoy se han desistido, hoy han dicho que no tienen nada en contra de nuestros compañeros, porque el mismo gobierno sabe y las mismas autoridades que ellos no hacen nada malo, ellos no se dedican a la delincuencia, no se dedican a hacer ningún mal”, señaló.
“Como dice mi esposo, yo encerrado mis ideas, mi corazón y mi pensamiento siempre están afuera y nunca me voy a hacer para atrás, voy a seguir en la lucha”.
Los manifestantes recalcaron que el 21 de agosto del 2013 detuvieron a la comandante  Nestora Salgado en Olinalá, que ese día empezó la represión del ex gobernador, Ángel Aguirre Rivero.

Su delito fue organizarse y defenderse de la delincuencia organizada

Por otra parte, el comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Geovanni Torres Salgado abundó que quieren que se libere a los compañeros y que el único delito que cometieron fue organizarse para protegerse de la delincuencia organizada cuando el gobierno era incapaz de dar seguridad, porque los estaban asesinando, los policías (municipales) protegían a los delincuentes y no hacían nada por el pueblo.
“Está comprobado que el gobierno no nos dará seguridad y que va a ser necesario que nos organicemos como pueblo, porque todos somos pueblo y solamente el pueblo va a defender al pueblo, es la única forma compañeros, también seguimos exigiendo al gobierno que respete nuestra institución, que respete a la CRAC”, manifestó.
Al pueblo le pidió que no espere a que le desaparezcan o encarcelen un familiar para unirse a la lucha.

Mi hijo no es delincuente, sólo ha luchado por su pueblo

El padre de Gonzalo, Heliodoro Molina expuso que su hijo no es un delincuente, que sólo ha luchado por su pueblo. “Yo quiero que urgentemente lo dejen en libertad, es lo que pido porque él no ha cometido los errores que le achacan… porque yo conozco a mijo y no sólo yo, todo el pueblo”.
Un grupo de manifestantes de distintas organizaciones gestionó una visita a Gonzalo Molina y Samuel Ramírez.
Al término del mitin la comisión visitadora contó que entregaron los víveres que les llevaron a los detenidos y conversaron con ellos. “Los encontramos en buena salud, primero un poco retraído noté a Gonzalo, de antemano no están en una fiesta, posiblemente lo estén torturando psicológicamente y carecen de muchas cosas, compañeros, cualquier reo en estos días debe tener descanso, debe tener su trabajo, debe tener la lectura. Ahorita nos acaban de decir que no les permiten que les ingresen revistas ni periódicos”, dijo uno de los activistas.

Pide Gonzalo Molina a los diputados detener la reforma de Astudillo para las comunitarias

 

El preso político de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Gonzalo Molina González demandó a los diputados del Congreso local detener la reforma al artículo 14 de la Constitución estatal, que envió el gobernador Héctor Astudillo Flores, donde no está incluida la figura de policía comunitaria ni de policía rural.
El gobernador envió al Congreso esta iniciativa que si se aprueba, las policías comunitarias estarían en las leyes secundarias de la reforma al artículo 14, con el argumento de que los órganos de los pueblos indígenas no son parte de los poderes del estado.
En una visita al penal de la capital, donde se encuentra recluido desde hace tres años y medio, el promotor de la Policía Comunitaria con base en El Fortín en Tixtla, manifestó su desacuerdo.
Vestido con una playera gris y gorra roja, el preso político se acercó a los locutorios que dividen una maya por donde puede dialogar con sus visitantes.
De inmediato dijo que no es correcto reformar la ley como lo propone Astudillo Flores, al igual que la Ley 701 de derechos y cultura indígena, que lo importante es armonizarla entre los pueblos y las comunidades.
Dijo que la reforma al artículo 14 es una falta de respeto y violación a los derechos de los pueblos, que al querer hacer estos cambios no se toma en cuenta a los pueblos, principalmente a la CRAC, sin importar la Casa de Justicia a la que pertenezcan.
Pidió a las autoridades “llamar a los pueblos originarios que están haciendo seguridad y justicia, principalmente a la CRAC”.
Llamó a los diputados del Congreso a detener esa iniciativa, pues dijo que se tiene que legislar algo que sirva.
Subrayó que se debe de consultar a los pueblos originarios para hacer esos cambios, discutirlos en foros con la participación de los conocedores de la seguridad y justicia, la CRAC y organismos de derechos humanos.
Dijo que el sábado en la actividad del dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, supo que a nombre de la CRAC de Tixtla estaba su hermana Esther Molina, pero dijo que eso no fue cierto, que este proyecto de seguridad y justicia no está con los partidos políticos.
Agregó que como está próxima la contienda electoral hay políticos que quieren abanderar la lucha de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos y de los presos políticos, cuando en su caso va para cuatro años que está encarcelado y no ha recibido apoyo.
Pidió a la CRAC que se movilice y defienda la Ley 701, pida su respeto y que si se respeta él saldría libre de inmediato.
Dijo que después de la operación a la que se sometió por una hernia que tenía, aún no es dado de alta pero ya trabaja dentro del penal, pintando cuadros al óleo, haciendo loncheras, cuadernos, bolsas tejidas y huaraches que pueden ser adquiridos por compradores directamente en la cárcel, y con el dinero que recauda apoya el proceso jurídico al que está sometido.

Cancelan audiencias a Gonzalo Molina; el traductor no certificó que conocía sus usos y costumbres

Beatriz García

Chilpancingo

Este viernes, dos audiencias que tenía programadas el preso político Gonzalo Molina González en el Juzgado Séptimo de Distrito se cancelaron, una de ellas por segunda ocasión, ya que al traductor que presentaron le faltó un documento que acreditara que conoce los usos y costumbres de Tixtla, municipio del que es originario el promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
El abogado de Molina González, Hegel Mariano González informó que, a las 11 de la mañana estaba programada la primera audiencia para seguir el proceso de la causa penal 59/2013 por portación de arma de fuego sin licencia, y la segunda audiencia, a las 12:15 del día, para la causa penal 67/2013, por terrorismo, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, la Marina y Fuerza Aérea, cometidos contra servidores públicos.
Agregó que el 7 de febrero tenía programada la audiencia para presentar a dos testigos de los hechos ocurridos en una confrontación entre policías comunitarios y policías municipales de Tixtla en 2013, sin embargo no se llevó a cabo porque el juzgado no solicitó un traductor.
Ayer estaba programada la audiencia, y la defensa del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla llevó a una traductora, pero no la aceptó el juzgado porque no estaba certificada por las autoridades.
Mariano González informó que se trasladó a la Secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicanas (SAICA) para solicitar un intérprete, y minutos después del mediodía llegó al juzgado con el traductor certificado de la SAICA, pero la primera audiencia fue cancelada porque ya había pasado la hora programada.
También les informaron que no se podía llevar a cabo la segunda audiencia porque el traductor certificado por la SAICA no llevaba el documento que acreditara que conocía los usos y costumbres del lugar de origen del preso.
El abogado del preso político de la CRAC informó que les interesa probar, antes de que termine el proceso, la fama pública de Gonzalo Molina González, para mostrar que la Policía Comunitaria en Tixtla surgió en un contexto de inseguridad, y para dar fe de que las actividades del promotor siempre han sido en el marco de la lucha y la gestión social.
Agregó que esperarán a que les notifiquen nuevas fechas para las audiencias.