Sólo con la CRAC los pueblos indígenas tienen seguridad, dice la madre del comunitario preso

 

A doña Beatriz Gálvez Macario le cambió la vida cuando organizó a la gente de Zitlaltepec en contra de la violencia que mantenía a raya a ese y a otros pueblos de la Montaña.
Ella formó la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en el 2013. Eso le trajo como consecuencia que a su hijo Samuel Ramírez Gálvez lo encarcelaran.
Después su marido la dejó porque la culpó del encarcelamiento de su hijo, y el año pasado la metieron 17 días a la cárcel tras de que los familiares de su esposo la acusaron de asesinarlo, sin que se haya encontrado su cadáver.
Ella supone que su marido huyó para no enfrentar el problema de su hijo preso.
A punto de salir libre Samuel, un na savi como ella, Beatriz dice que no se arrepiente de su participación en la CRAC y que seguirá en la Policía Comunitaria porque es la única manera de tener la seguridad que no garantiza el gobierno a los pueblos indígenas.
Entrevistada después de la audiencia de su hijo Samuel el mediodía de este martes, la mujer indígena contó que en 1997 la gente de su pueblo, Zitlaltepec, no podía vivir tranquila “porque estaba muy complicada la situación, no podíamos salir a comprar a Tlapa porque en el camino había de todo, secuestro, violaciones a las mujeres, asaltos y eso fue lo que hizo que comenzáramos a organizarnos en la comunidad para darnos seguridad nosotros mismos”.
Ese pueblo se encuentra a 8 horas caminando a Metlatónoc, la cabecera municipal, en vehículo llegan en dos a Tlapa.
Dijo que la única alternativa en ese tiempo fue formar su policía comunitaria, “porque nuestra comunidad es una de las más apartadas de la montaña, y tenemos que pasar por lugares muy solitarios, escabrosos y peligrosos”.
Beatriz Gálvez fue una de las más activas para formar la Policía Comunitaria, incluso a ella le deben los habitantes de varios municipios en la Montaña que la Casa de Justicia de la CRAC se haya instalado en Zitlaltepec, “allí comenzamos a dar el servicio de seguridad y muchos pueblos vecinos se incorporaron”.
Uno de los primeros que se enrolaron en la Policía Comunitaria para cuidar al pueblo fue su hijo Samuel Ramírez Gálvez, “él así lo quiso, pero la gente también así lo decidió”, dijo la mujer entrevistada en las instalaciones del juzgado Séptimo de Distrito, minutos después de que Samuel asistiera a la última audiencia de vista en la que su defensa ratificó los argumentos de descargo para que la jueza emita una sentencia a su favor.
Por su activismo doña Beatriz fue nombrada en el 2013 coordinadora de la CRAC, “estaba yo prestando ese servicio cuando detuvieron a mi hijo sólo porque estaba interesado en dar seguridad a su comunidad. Él estaba convencido que era la única forma de que viviéramos con tranquilidad y que no hubiera robos, asaltos, que pudiéramos salir sin que nos pasara nada”, declaró.
Recordó que Samuel entró de voluntario en la Policía Comunitaria cuando apenas había entrado a los 18 años, en 2012. Iba para dos años en la organización cuando lo detuvieron.
“Yo veo muy mal que lo hayan detenido, porque empezando desde el municipio el estado y el gobierno federal no nos dan seguridad, pero todos están en contra de los comunitarios. No sé por qué están en contra de nosotros cuando nos protegemos entre los mismos paisanos. Ellos quieren quedar bien pero no hacen las cosas como debe de ser, no nos dan la seguridad. Los policías municipales cuidan la cabecera municipal, el Palacio, pero no dan seguridad a las comunidades que pertenecen al municipio, mucho menos los policías estatales y federales, no van para allá a ver si estamos bien o mal, ellos están en las ciudades”, se quejó.
Denunció que, sin embargo, cuando las comunidades indígenas se organizan para formar su propia policía, “se quejan de que les estorbamos y nos detienen como si fuéramos delincuentes, secuestradores, pero no es cierto, estamos para defender a los pueblos y si hacemos algunas actividades sólo es para detener a los que están maleados, y al detener a los policías comunitarios se ve que el gobierno está del lado de los malos”, dijo.
–Usted contribuyó a resolver el problema de la inseguridad en su pueblo, pero por el otro se creó problemas en su familia. Detuvieron a su hijo, la dejó su esposo, la acusaron de homicidio y la detuvieron por esa causa, ¿está arrepentida?- se le preguntó.
–No, no estoy arrepentida. Yo formo parte del Comité de la Carta de los Derechos de la Mujer. Yo siempre he estado en contra de los hombres. He visto muchos casos de mujeres golpeadas, discriminadas, golpeadas y no pueden hablar porque no hay gobierno que las defienda, porque se cree que la mujer nació para atender a su marido.
“Yo he participado en reuniones y conozco los derechos para defender a la muer, estoy consciente, por eso no me arrepiento de lo que estoy haciendo porque sé que estoy haciendo algo bueno para mi comunidad y para las demás mujeres, que necesitan despertar para saber que no pueden estar humilladas ante el hombre”, expuso.
–Pronto va a resolverse la situación legal de su hijo Samuel, en caso de que salga libre y decide seguir siendo policía comunitario, ¿usted lo respaldará?
–Sí, sí lo respaldo porque yo sé que él no está haciendo nada malo, está defendiendo al pueblo y no me arrepiento de que él esté dando su servicio, aunque el gobierno esté en contra de él y de la Policía Comunitaria.
“El gobierno saca a la luz lo que le conviene, y lo que no lo hecha debajo de su mesa, y eso creo que no se vale, pero mientras el pueblo esté organizado y haga lo que más le convenga estoy de acuerdo en participar”, agregó.
Beatriz Gálvez aceptó que después del encarcelamiento de Samuel se retiró un rato por falta de recursos, “yo soy madre de familia, tengo una familia que mantener y tengo que visitar a mi hijo y es un problema bien fuerte para mi. A parte de eso estoy mal de salud”.
Y es que dos años después de que cayó en la cárcel su hijo, su esposo Raúl Ramírez Onofre la abandonó, al acusarla de ser la responsable de que lo hayan detenido porque ella era coordinadora de la CRAC cuando se lo llevaron.
Después de que su esposo la abandonó en 2015 los familiares de Raúl la acusaron del homicidio de éste, sin que se haya encontrado el cuerpo. Sin embargo estuvo encarcelada 17 días, “pero yo sé, tengo testigos que el señor se fue, me abandonó pero para culparme a mi sus familiares planearon que estaba muerto para encarcelarme, pero mientras yo no tenga culpa no me da pena, no me deprime porque sé que no soy culpable de lo que se me acusa”.

 

Denuncia la esposa de Gonzalo Molina que no le dan atención médica en la cárcel

La esposa del preso político Ausencia Honorato denunció que después de que operaron en un hospital de Iguala a su esposo,el promotor de la Policía Comunitaria en Tixtla, Gonzalo Molina González, y fue trasladado al penal de la capital ningún médico ni enfermera lo ha revisado, quien le hace las curaciones es ella.
El 10 de diciembre el promotor fue dado de alta del hospital general Jorge Soberón Acevedo de esa ciudad, después de que se le practicó una ureterolitotomía del uréter derecho por laparoscopía, que es un procedimiento para extraer cálculos del uréter que es el conducto del riñón a la vejiga.
Consultada telefónicamente la esposa del coordinador reprochó que desde que dieron de alta a Molina González en el penal no lo ha revisado un médico o una enfermera, que sólo ella ha estado pendiente de él haciéndole las curaciones pertinentes.
Mencionó que en el hospital de Iguala no le dieron un buen trato, pues dijo que el 2 de diciembre le intentaron extraer los cálculos renales, pero se complicó porque los médicos no le hicieron estudios previos, usaron estudios de meses antes.
Agregó que después de ese intento de extraer los cálculos le dijeron que lo darían de alta y que ingresaría nuevamente el 7 de diciembre para hacerle estudios, y ahora sí operarlo definitivamente, sin embargo dijo que la familia alegó para que no lo sacaran hasta que terminaran las cirugías definitivas, “porque lo trajimos para llevárnoslos bien”. Finalmente se quedó internado para la operación quirúrgica.
El 7 de diciembre operaron a Gonzalo Molina y el 10 de diciembre lo dieron de alta y regresó al penal.
“Está tranquilo, está recuperándose, pues nosotros vemos nuevamente aquí la mala atención que dan aquí en el Cereso (Centro de Readaptación Social), porque yo digo desde que él llegó no lo ha revisado ninguna enfermera, ningún médico, ahí yo estoy sirviendo como enfermera porque ahí yo estoy curando las heridas”, relató sobre su recuperación.
También se quejó que cuando el promotor estuvo en el hospital de Iguala “se portaron muy mal las enfermeras, jamás le limpiaron las heridas, jamás lo curaron, pues ahí también la hice de enfermera”.
Agregó que hubo ocasiones que el suero se le tapaba y tenía que llamarle a las enfermeras, dijo no era la atención médica que esperaba.
Expuso que probablemente este jueves lo lleven al Hospital General porque ya le toca que le retiren los puntos de la cirugía.
Además manifestó que le dejaron un catéter dentro, debido a la extracción de los cálculos, y que le programarán una cita para la revisión que no saben aún cuando.

Pide el promotor de la CRAC Arturo Campos al gobernador que pare la violencia

El preso político y promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Arturo Campos Herrera llamó al gobernador Héctor Astudillo Flores desde la cárcel a que pare la delincuencia o renuncie, y sostuvo que el modelo de la Policía Comunitaria es el mejor y debe de seguir avanzando en las comunidades del estado y del país.
En un pequeño espacio que ocupa una oficina en la cárcel de Ayutla, Arturo saludó y abrazó unos 20 minutos a los representantes de las organizaciones sociales y de derechos humanos que lo visitaron ayer. Después un grupo de reporteros entró para charlar con él.
Vestía una playera blanca del equipo Los Pumas y un pantalón de mezclilla. Se veía fuerte a pesar de lo difícil que ha sido estar encerrado tres años en condiciones precarias, la falta de medicamentos y de doctores.
“Si el gobernador quiere a su estado, que pare la violencia, si no que renuncie”, soltó el promotor de la CRAC, y recriminó lo dicho por el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, el martes, de que la violencia bajó en el estado, “sigue habiendo muertos”, además de que siguen los secuestros, cobros de cuotas y asesinatos.
El preso político dijo que “puede haber muchas leyes pero mientras no se respeten seguirá la violación de los derechos humanos” en el estado y el país. Culpó a los malos gobernantes de la  “mala” situación del estado.
Señaló la incapacidad del gobierno de dar seguridad a las comunidades, y dijo que la CRAC es la única esperanza para la paz en el estado, “el modelo de la Policía Comunitaria es mejor, se tiene que copiar el modelo para seguir avanzando en las demás comunidades del estado”.
Campos Herrera expresó que “los pueblos tienen que hacer la reforma (a la Ley 701), se tiene que mejorar” y reclamó el presupuesto que se debe de dar a la Policía Comunitaria por el estado, que sigue gastando el dinero en una estrategia que ha fallado.
Expresó que “libertad sería justicia total, que no haya pobreza, corrupción”. Dijo que él afuera no se sentiría seguro y como todos tiene miedo, “pero si nos toca morir por una buena causa la lucha seguirá”, porque pese a los asesinatos de los integrantes de la CRAC, la única esperanza es la organización de los pueblos, donde la inconformidad crece.

Visitan padres de los 43, Tlachinollan, ex presos políticos y la CRAC a Arturo Campos en la cárcel

 

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, una comisión de padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, seis ex presos políticos y coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso acudieron al reclusorio de Ayutla, a visitar al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera para mostrarle su solidaridad y explicarle su situación jurídica actual.
Además le informaron que el 1 de diciembre arrancará una campaña para exigir su libertad, a tres años de que fue encarcelado.
En consulta telefónica su abogado Rogelio Téliz García recordó que el 1 de diciembre de 2013 detuvieron en Chilpancingo a Arturo Campos, cuando a los 12 días por la libertad de los presos políticos en Chilpancingo fue detenido y llevado al penal de Acapulco, después al del Altiplano, y el año pasado lo regresaron a Ayutla por un amparo que se promovió.
Informó que acudieron al reclusorio a visitarlo unas 3 horas junto al director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, coordinadores y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Dijo que fueron a recordarle su solidaridad, que están pendientes de su proceso penal y que el pasado 9 de noviembre el Juzgado Sexto de Distrito en Acapulco se celebró la audiencia constitucional del amparo 7462016, que promovió en contra de la resolución que emitió la Sala Penal, donde se confirma el auto de formal prisión por secuestro.
Resaltó, “recordemos que el Juzgado Séptimo de Distrito en Acapulco fue el mismo que concedió un amparo a favor de Bernardino Francisco y los otros compañeros, donde hace un estudio minucioso y reconoce la función de la policía comunitaria. Y además precisamente dice que la policía en si no puede cometer ni el delito de privación ilegal de la libertad y el delito de secuestro. Y recordemos que esta misma resolución sirviera de base para que Nestora se acogiera a la misma y pudiera obtener su libertad junto con la causa penal de Tlapa y de Ayutla”.
Téliz García agregó que entonces el juzgado ya tiene un precedente de que hay antes una resolución que emitió, por lo que dijo se confía en que Arturo ganará un amparo y va a obtener su libertad.
Añadió que si gana ganaría con el proceso penal de Ayutla. Sin embargo aún está el de Tlapa donde se siguen desahogando pruebas, y donde el 7 de diciembre habrá un careo con los agraviados.
El abogado recordó que en Tlapa está acusado de secuestro contra 43 agraviados en la causa penal 1962012 del Juzgado Segundo Penal, mientras que en Ayutla es en el expediente 592015 y que esta es la resolución que tiene el juzgado, donde a partir del 9 de noviembre entró en estudio.
Manifestó que confía en que se resuelva antes de vacaciones de diciembre y que si no es así en los primeros días de enero.
Téliz García sostuvo que en Tlapa se promovió un incidente de libertad y la jueza de manera “dolosa e irresponsable” y respondiendo a intereses políticos negó el incidente de libertad, argumentando que no era procedente, porque las resoluciones de Juzgado de Distrito, incluso la propia resolución para la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García no le favorece a Arturo Campos, algo que no comparten porque por lógica y por cuestiones legales tendría que beneficiar al promotor de la CRAC, ya que son los delitos de los que se les acusa, los mismos agraviados y las mismas consideraciones que le dieron la libertad a la dirigente.
“Le tienen que dar su libertad, Arturo no es secuestrador, Arturo es un defensor comunitario que lo único que hizo fue organizarse con las comunidades, frenar la delincuencia que el Estado no ha podido hacer”, explicó.
Contó que esta visita que hicieron Arturo no cambia su convicción de que el día que obtenga su libertad seguirá organizando y participando en la Policía Comunitaria.
“Él no claudica, en el tema de continuar defendiendo los derechos él dice yo estoy aquí y no cometí secuestro, yo sé que soy un preso político, que el Estado me mantiene aquí por intereses más políticos que legales”, recalcó el defensor.
Además dijo que mostró su respaldo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos y pidió que se respete la Ley 701 que el estado pretende derogar o adecuar al nuevo Sistema Penal Acusatorio. También solicitó a las comunidades que estén pendientes de alguna movilización o protesta para defender la ley. En cuanto a su salud aseguró que está estable.
Por otro lado los visitantes informaron al promotor que “el primero de diciembre va a arrancar una campaña de exigencia de libertad hacia su persona. La campaña va a consistir en que ese día organizaciones harán acto de presencia fuera del penal y visitarlo para arrancar la campaña, justo en el marco de los tres años de estar privado de la libertad”.