Las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) condenaron ayer en un comunicado “el crimen atroz”, que se cometió en contra del fundador de esa institución comunitaria y de la Unión de Pueblos y Comunidades del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio y exigieron su oportuno esclarecimiento.
Informaron que este 19 de octubre se reunieron las cinco casas de justicia: San Luis Acatlán, Espino Blanco del municipio de Malinaltepec, Zitlaltepec del municipio de Metlatónoc, El Paraíso del municipio de Ayutla y Caxitepec-Las Juntas, municipio de Acatepec para analizar “la situación de violencia que prevalece en nuestro estado”.
Informaron que, en esa reunión, “reivindicamos el aporte al Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria que realizó en su momento el compañero indígena na’ savi Bruno Plácido Valerio, quien formó parte de este Sistema de Seguridad, Justicia y Reeducación que se creó en 1995”.
Las autoridades de la CRAC exponen en su documento: “Nuestro Sistema ha sido una respuesta ante la ineficacia del sistema de seguridad y justicia del estado, donde lamentablemente en lugar de revertir los crímenes que se han suscitado contra la población en general y en contra de los defensores y luchadores sociales en particular, vemos el fracaso de este sistema del Estado, por lo que exigimos el respeto a nuestro sistema comunitario que ha hecho frente a esta situación”.
Recordaron que Bruno Plácido participó en la CRAC-PC hasta el año 2011, “fecha en que creó la UPOEG, organización de la que él mismo fue líder y creada para responder a las necesidades relacionadas con las altas tarifas eléctricas, y que no correspondían al mandato de la CRAC-PC”.
Explicaron que ello propició que en el 2013, en el municipio de Ayutla, cuando convocó a realizar operativos de seguridad con grupos de autodefensa, “siguió su propio rumbo al margen de la CRAC-PC y marcó la diferencia con nuestro sistema de justicia, cuestión que en su momento hicimos pública, ya que la CRAC-PC es un sistema integral de prevención, investigación, impartición de justicia y reeducación basado en las asambleas comunitarias”.
Las cinco casas de justicia de la CRAC, plantean que a pesar de estas diferencias, “condenamos y lamentamos el crimen atroz cometido en contra de defensores de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, líderes comunitarios e indígenas y gestores sociales como lo fue Bruno Plácido Valerio, así como también el asesinato en contra de su chofer quien lo acompañaba en el momento de los hechos”.
La CRAC exigió mediante su escrito a la Fiscalía General del Estado (FGE) que realice una investigación pronta, exhaustiva e imparcial para el esclarecimiento de los hechos, y se detenga a los responsables y no haya impunidad, para que exista justicia.
La agrupación con la que estaba distanciada el dirigente de la UPOEG y su organización, envió sus “más sinceras condolencias y solidaridad para su familia y amistades” del dirigente indígena asesinado.
Ya se investiga el crimen de Bruno Plácido, dice AMLO; critica creación de autodefensas
El de brindar la seguridad “no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado”, y recuerda que hubo casos de infiltración por el crimen organizado. Aunque en Guerrero por ley se les reconoce, éstas ya estaban descontroladas, sostiene el presidente
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
Efectivos de la Policía del Estado resguardan la carroza donde fue trasladado cuerpo de Bruno Plácido Valerio hacia la localidad de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo escuetamente en cuanto al asesinato de Bruno Plácido, dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), que se está realizando la investigación.
Durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, López Obrador sostuvo que considera un error la creación de los grupos de autodefensas en estados como Guerrero, señalando que el Estado es quien está obligado a garantizar la seguridad.
“En el caso de este lamentable caso de asesinato de Guerrero, pues se está haciendo la investigación. Yo creo que fue un error en su momento, lo de la creación de las autodefensas, eso no es un asunto de particulares, es un asunto del Estado. El Estado está obligado a garantizar la seguridad de la gente, eso que hicieron (crear las autodefensas) fue un acto muy irresponsable”, comentó a pregunta sobre el asesinato del dirigente de la UPOEG.
López Obrador aseguró que en el caso particular de Guerrero, en la ley se establecían las autodefensas, afirmando que grupos de la delincuencia organizada se infiltraron en los grupos
“Incluso en Guerrero ya existía por ley lo de las autodefensas antes de lo de Michoacán, lo que pasa es que proliferó y se empezaron a formar grupos y se descontroló que ya habían bandas de la delincuencia que se infiltraban en estas policías o grupos de autodefensas, estuvo mal desde un inicio”.
Este martes, el dirigente fundador del Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana (SSJC), Bruno Plácido Valerio, fue asesinado a balazos en Chilpancingo afuera de las oficinas centrales de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud del estado.
Según un familiar de la víctima, Bruno Plácido se encontraba amenazado por los grupos de la delincuencia organizada, particularmente por Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos, que se pelean por las plazas del Valle del Ocotito, Tecoanapa y Ayutla.
La delincuencia organizada ya seguía a Bruno Plácido, y el gobierno estatal fue omiso en protegerlo
Recuerda su sobrino Jesús Plácido Galindo que previamente habían acordado “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”. Con resguardo de militares, la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la CRAC y de la UPOEG fue trasladado a Buenavista, San Luis Acatlán
Zacarías Cervantes
Chilpancingo
Policías comunitarios de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, durante guardia de honor alrededor del féretro de Bruno Plácido Valerio, quien fue velado en su domicilio, en la localidad de Buenavista, San Luis Acatlán Foto: Jesús Eduardo Guerrero
Con resguardo de militares, agentes de la Guardia Nacional y policías estatales, el cuerpo del fundador de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio fue trasladado ayer a Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, donde será sepultado este jueves.
En declaraciones antes de que se lo llevaran, su sobrino, el dirigente del Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero-Emiliano Zapata (Cipog-EZ), Jesús Plácido Galindo exigió justicia y culpó del asesinato “por omisión” al gobierno del estado, y a los grupos delictivos de Los Ardillos y Los Rusos, de su asesinato.
En tanto que la Fiscalía General del Estado (FGE) hasta ayer, un día después del asesinato del dirigente de la UPOEG, emitió un breve boletín de prensa en el que informó que se inició la Carpeta de Investigación, “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
El cuerpo de Plácido Valerio salió a las 10 y media de la mañana de ayer de la funeraria Santa Cruz, donde fue velado unas horas, sólo con el acompañamiento de un reducido grupo de sus familiares, uno de ellos su sobrino, el dirigente del Cipog-EZ, Plácido Galindo.
El dirigente indígena denunció que el gobierno estatal sabía de las amenazas del crimen organizado en contra de su tío y se negó a darle protección y que, incluso, Bruno tuvo que recurrir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que respaldara su petición pero que, igual, se la negaron.
“Lo que pasó ayer (el miércoles) fue un acto de cobardía por parte de la delincuencia organizada”, declaró a un lado del ataúd con los restos del dirigente del primer grupo de autodefensa en Guerrero.
Explicó que supone que ya lo venían siguiendo, debido a que a raíz del asesinato de Carlos González Olivar el domingo en San Marcos, se reunieron el martes en Marquelia en donde acordaron “alzar la voz otra vez en la Costa Chica en contra del crimen organizado que está operando desde Acapulco hasta Ometepec y Pinotepa, Oaxaca”.
Plácido Galindo indicó que se entiende que el gobierno sabía de esa reunión, “igual que como sabe quiénes son los grupos de la delincuencia organizada en Guerrero”.
Contó que a pesar de su padecimiento de diabetes que ya le estaba restando visibilidad, Bruno vino el miércoles con el comisario municipal de Buenavista para gestionar en la Secretaría de Salud medicamentos para el Centro de Salud que está en el Ejido y para que se reparara el techo por el que se filtra el agua.
Informó que también andaba con los integrantes del Comité de Padres de Familia las escuela primaria y de la secundaria, porque les hacen falta maestros.
Informó que saben que el primer atentado que estaba dirigido hacia él fue el ocurrido después del medio día afuera del centro comercial donde está la tienda Mega Soriana, donde murió el trabajador de la Secretaría de Salud, Hugo Miguel Morales Sánchez.
“Ese era un atentado contra él, es una confirmación que se equivocaron, tenían la camisa y el pantalón parecidos, y como no lo pudieron matar en ese momento lo volvieron a perseguir, y más tarde lo mataron”, dijo.
El dirigente del Cipog-EZ dijo que la intención del gobierno es desarticular y descabezar a la UPOEG desde cuando replegaron a la Policía Comunitaria en la Costa Chica, “pero vimos que se replegó y asumió el control del Gobierno del estado, pero no hizo nada, se incrementó la violencia”.
Denunció que por lo menos “por omisión” el gobierno es responsable del asesinato del dirigente, además porque desde que llegó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda le retiraron las medidas cautelares, como la camioneta blindada y el resguardo policiaco.
Incluso dijo que después de que el Gobierno estatal le negó reponerle la protección, Plácido Valerio acudió a la CNDH para que a través del organismo se solicitaran de nuevo las medidas de protección, pero igual se las negaron.
Plácido Galindo añadió que el mensaje del asesinato de Bruno a los pueblos indígenas es que se sigan organizando ante la violencia e inseguridad, “lamentablemente el gobierno sabe dónde opera cada grupo del crimen organizado, cómo se mueven, pero no hace nada para detenerlos, por el contrario siguen matando a defensores sociales y en el gobierno se hacen los sordos, como si nada pasara”.
Agregó que ante el vacío de poder del gobierno del estado son los pueblos los que se deben organizar para defenderse, porque ahora la violencia no sólo está en la capital, sino que está llegando a las comunidades.
Informó que Plácido Valerio le había comentado que había recibido muchas amenazas de grupos del crimen organizado, una de ellas en el municipio de Ayutla por el grupo delictivo de Los Ardillos, “que está entrando a la Costa Chica”, dijo.
Recriminó las declaraciones del Secretario General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez, respecto a que si sabe que el asesinato fue por la disputa de los grupos del crimen organizado por qué no actúa el gobierno y detiene a los responsables.
Investiga el crimen, dice la Fiscalía
La mañana de ayer la FGE informó que inició una carpeta de investigación “en contra de quien o quienes resulten responsables, por el delito de homicidio por arma de fuego, cometido en agravio de Bruno “N” y Abad “N”, por los hechos ocurridos en Chilpancingo de los Bravo”.
La dependencia agregó que agentes de la Policía Investigadora Ministerial y Servicios Periciales acudieron al lugar de los hechos, para llevar a cabo los actos de investigación correspondientes, que permitan obtener los datos de prueba necesarios para esclarecer el ilícito.
El Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) condenó el asesinato del líder mixteco Plácido Valerio y pidió esclarecer el homicidio.
“El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas condena enérgicamente el asesinato de Bruno Plácido Valerio, indígena mixteco, originario de San Luis Acatlán, líder comunitario y dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, UPOEG”, manifestó la dependencia federal en un comunicado de prensa.
Recordó que el dirigente caminó y trabajó por la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, “e hizo grandes aportes al fortalecimiento regional en materia de seguridad comunitaria”.
Agregó: “Este Instituto exige a la instancia de procuración de justicia del estado, a efecto de que se lleve a cabo una exhaustiva y diligente investigación con el firme propósito de identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales de este crimen, además de implementar acciones de apoyo y protección a familiares de la víctima”.
Asimismo, repudió “cualquier asesinato o crimen cometido contra personas indígenas”, y planteó su compromiso de trabajar por los derechos e “impulsar un Estado pluricultural, justo e incluyente, para que estos lamentables hechos nunca más sean parte de la realidad cotidiana que se vive en las comunidades”.
El INPI añadió que el asesinato de Plácido Valerio, “es aún más condenable pues ocurrió mientras realizaba gestiones para mejorar las condiciones de salud de las comunidades de la Sierra de Guerrero y la instalación de más clínicas en municipios de la Costa Chica”.
Hizo un llamado a la UPOEG a continuar la lucha por la autonomía y la justicia, “siempre por los caminos de la paz, el diálogo y la construcción de acuerdos”.
“No podemos tener un policía en cada esquina”: secretario de seguridad Pública
Jacob Morales Antonio
El secretario de Seguridad Pública del Estado, Evelio Méndez Gómez, afirmó que “no podemos tener un policía en cada esquina” para vigilar y que la dependencia colabora con la fiscalía en la investigación por el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio.
En declaraciones luego de asistir a la conferencia del Air Show 2023, en el Aeropuerto Internacional de Acapulco, el secretario respondió que la dependencia está coadyuvando con la Fiscalía General del Estado (FGE) en las investigaciones.
Méndez Gómez precisó que se están revisando todas las imágenes de las cámaras de videovigilancia que están conectadas al C4 en Chilpancingo, para ser entregadas a la fiscalía y que ayuden a esclarecer el caso.
Al mando se le preguntó si luego de este asesinato, ocurrido afuera de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, entre Casa Guerrero, el Congreso y la sede del Ejecutivo, tendría que cambiarse la estrategia de seguridad, respondiendo que “hay la seguridad, la tenemos en el área”.
Abundó: “No podemos tener un policía en cada esquina, pero la seguridad la hay y está la gente. El cazador siempre está buscado el momento de cazar a su víctima
– ¿Y el policía?– se le preguntó.
– Los policías estamos dando la seguridad, tanto se está llevando a través de la videovigilancia. Las policías, que están haciendo los rondines en los diferentes sectores de la ciudad, tanto con la Guardia Nacional y con la Sedena.
El secretario expresó que de acuerdo con los tiempos de la fiscalía, se detendrán a los objetivos prioritarios y generadores de la violencia, “nosotros coadyuvamos en ese aspecto con la información que tenemos, que día a día tenemos en campo, a través de nuestras patrullas, nuestros recorridos y la información que las células de proximidad social obtienen, tanto en Chilpancingo, Iguala y Zihuatanejo y esa información se entrega para que podamos coadyuvar”.
Méndez Gómez indicó que desconocía si Bruno Plácido tenía amenazas por parte de grupos criminales. Informó que tampoco solicitó medidas de protección y recordó que en algún momento el dirigente indígena tuvo medidas de protección, pero que éstas concluyeron.
El funcionario informó que la Policía Estatal está apoyando en el reforzamiento de la seguridad en el municipio de Benito Juárez, (San Jerónimo) luego del ataque armado que, según información que recibió de la misma alcaldesa morenista Glafira Meraza Prudente, fue contra la casa de un sobrino y no de ella, la madrugada del lunes, pero no quiso abundar al respecto.
Pese al informe que da otros datos en el estado,
la violencia rebasó al gobierno, dicen PRI y PRD
Reprocha el perredista Alberto Catalán, que a 24 horas del crimen del dirigente de la UPOEG, las autoridades “todavía no tienen ni siquiera una idea del por qué ocurrió”, y suponen que pueden estar involucrados grupos de la delincuencia. Hay una sensación de impotencia tras los atentados a autoridades y dirigentes sociales, dice. El priista Alejandro Bravo pide a las autoridades asumir su responsabilidad tras los hechos de violencia en la entidad
Daniel Velázquez
Los dirigentes estatales del PRI, Alejandro Bravo Abarca, y del PRD, Alberto Catalán Bastida, lamentaron el asesinato del dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) Bruno Plácido Valerio y el ataque a la casa de alcaldesa morenista de Benito Juárez (San Jerónimo) Glafira Meraza Prudente. Ambos coincidieron en que no han visto el informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda sobre seguridad, y aunque hable de delitos a la baja señalaron que los hechos de violencia siguen ocurriendo en la entidad.
La madrugada del lunes fue atacada a balazos la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo Glafira Meraza, y el martes por la tarde, afuera de las oficinas de la Secretaría de Salud fue asesinado el líder de la UPOEG, Bruno Plácido Valerio.
Catalán Bastida y Bravo Abarca fueron consultados por teléfono por separado, pero sus posturas en torno al problema de inseguridad en la entidad fueron similares.
El presidente de la Dirección Ejecutiva Estatal del PRD, Alberto Catalán, lamentó el asesinato de Bruno Plácido, pero puso énfasis en el contexto en que se dio el crimen, a plena luz del día, en una plaza comercial y afuera de una oficina del gobierno estatal: “eso habla de la inseguridad que se vive en la capital del estado”.
Criticó que ha 24 horas de haber ocurrido el asesinato ninguna autoridad, ni la Fiscalía, la gobernadora o la Secretaría de Seguridad Pública hayan emitido una postura sobre ese homicidio, “fue una persona conocida en el ambiente político y social del estado”.
Opinó que las declaraciones del secretario de Gobierno Ludwig Marcial Reynoso muestran que “todavía no tienen ni siquiera una idea del porqué ocurrió” el asesinato y suponen que pueden estar involucrados grupos delincuenciales.
Del ataque a la casa de la alcaldesa morenista de San Jerónimo, Catalán Bastida opinó que es parte de la violencia que ocurre en el estado, “es muy lamentable, es el clima de incertidumbre que se vive en el Estado de Guerrero y una sensación de impotencia ante estas circunstancias, atentan contra dirigentes sociales, atentan contra autoridades municipales, es algo muy lamentable y muy penoso que las autoridades no den la cara”.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Bravo, lamentó el asesinato de Plácido Valerio: “fue un luchador social, con el que al menos yo encontré mas coincidencias que diferencias. Es muy lamentable que se sigan dando este tipo de hechos, siguen evidenciando la necesidad de una correcta coordinación de las autoridades responsables”.
Del ataque a la casa de Glafira Meraza, también lamentó ese hecho: “la conozco, le guardo respeto a mi paisana de la Costa Grande, es lamentable que se estén dando ese tipo de cuestiones ahora en la Costa Grande”, y se unió al llamado de la alcaldesa morenista de que se hagan las investigaciones por ese atentado, “lo único que yo sumaría es que ojalá se tengan resultados”.
Informe
El pasado domingo el secretario general de gobierno Ludwig Marcial Reynoso entregó en el Congreso local el segundo informe de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda en el que informa que de acuerdo con reportes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en la entidad han reducido diversos delitos como homicidios, robo de vehículo, robo a comercios, feminicidios y trata de personas.
Catalán Bastida opinó: “Quizá pudiera hablar de que disminuyeron a lo mejor los asaltos, los robos de vehículos, pero lo que sí tenemos claro es que han aumentado los asesinatos y la percepción de inseguridad es algo latente y no se necesita hacer una encuesta o recabar información especializada, basta salir a la calle y preguntarles a los ciudadanos si se sienten mas seguros o no. Hoy, creo que se les ha salido de las manos el problema de la inseguridad y hacer una contención a los actos de violencia que estamos viviendo todos los días”.
Por separado, Bravo Abarca opinó: “lo que sigue siendo muy lamentable es que en homicidios vamos en aumento y que a pesar de los despliegues y anuncios que se hacen de medidas de seguridad seguimos con ese tipo de crímenes como el de Bruno Plácido”.
Añadió que cada semana ocurren hechos de violencia en la entidad por lo que las autoridades deben asumir la responsabilidad.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) rechazó que la institución comunitaria de la casa de justicia de las Juntas de Caxitepec, municipio de Acatepec, haya despojado de un terreno a una familia, como se denunció a través de las redes sociales.
El vocero de la organización, Raúl de Jesús Cabrera, declaró por teléfono que esperan que la familia que se dice afectada presente la denuncia y los documentos que la acrediten como propietaria, ante las autoridades agrarias.
La familia Felipe Cano, de Las Juntas, anexo de Caxitepec, municipio de Acatepec, denunció en las redes sociales que el 25 de agosto, unas 250 personas encabezadas por policías comunitarios y sus coordinadores, así como comisarios municipales de varios lugares llegaron a su casa portando machetes, armas de fuego, motosierras y maquinaria pesada, donde con palabras “altisonantes” les pidieron que se salieran y en seguida entraron al predio, destruyeron su vivienda, corrales de chivos, criadero de peces, árboles frutales, plantas “y todo lo que encontraban a su paso”.
La familia culpó a la policía comunitaria, a sus coordinadores y comisarios municipales y al comisariado de Bienes Comunales, Martín Sánchez, y denunció que actuaron por órdenes del diputado local del PRD, Raymundo García Gutiérrez.
En declaraciones por teléfono, el coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán y vocero de la CRAC, de Jesús Cabrera, informó que el lunes pasado fue convocada una reunión con la familia, supuestamente afectada, para resolver la situación pero no se presentaron.
Explicó que de acuerdo con los coordinadores de la CRAC de Caxitepec, no es tal como lo ha estado denunciado la familia y que el terreno fue donado desde hace cuatro años por el comisariado de Bienes Comunales de Acatepec, para la construcción de la casa de justicia de Juntas de Caxitepec.
Aseguró que fueron alrededor de 14 mil ejidatarios los que aprobaron la donación del predio y que los coordinadores de la CRAC tienen en su poder el acta de asamblea y de donación.
Explicó que incluso por acuerdo de los comisarios municipales y del Comisariado de Bienes Comunales reubicaron a la familia que estaba dentro del predio, que incluso le construyeron su casa, con cocina y una galera para sus chivos, sin embargo, declaró que la jefa de familia ahora está desconociendo los acuerdos.
Añadió que el día que la señora dice que fueron a desalojarla los policías comunitarios, intervino porque uno de los integrantes de la familia sacó un machete e intentó agredir a las autoridades comunitarias.
De Jesús Cabrera informó que actualmente las autoridades comunitarias están en espera de que los integrantes de la familia se presenten ante las autoridades agrarias, para que acrediten con documentos la propiedad del predio, y ellos llevarán los que tienen, para evitar que se agrave el problema.
El vocero informó que los integrantes de la familia están mal asesorados para afectar a la CRAC, pero aseguró que van a proceder por la vía legal para acreditar la propiedad del terreno.
El comisario de Yoloxochitl, municipio de San Luis Acatlán, Eduardo Guadalupe Eduviges, ayer en entrevista Foto: Rosendo Betancourt Radilla
Rosendo Betancourt Radilla
Yoloxóchitl, San Luis Acatlán
El comisario de esta comunidad, Eduardo Guadalupe Eduviges informó que hacen falta medicamentos, médicos y enfermeras en su centro de salud, además de aulas para atender a niños y jóvenes de primaria y secundaria.
En entrevista ayer en esta comunidad expuso que “hay muchas carencias, tenemos muchas necesidades hablando de obras, no hay empleos”.
En cuanto al servicio de salud dijo que la comunidad de 5 mil habitantes carece de medicamentos y personal, “en educación ahí la llevamos, los maestros acuden, tenemos cinco jardines de niños, dos primarias, una secundaria y un Colegio de Bachilleres.
“Nos hacen falta aulas en las escuelas, para los niños, en la secundaria hace falta al menos un aula, en las primarias faltan más, tenemos una comunidad grande”, dijo.
Indicó que en cuanto a apoyo al campo se ve una mejoría debido a que la localidad está dentro del programa federal Sembrando Vida.
“Nosotros somos productores de maíz, calabaza, jícama y con este programa van a empezar a sembrar árboles frutales y maderables”, expuso.
Afirmó que lo más urgente es el servicio de salud, porque en la temporada de lluvias se disparan las enfermedades, “brotan todas las enfermedades, por eso pedimos al gobierno que nos ayude en ese tema”.
Afirmó que la violencia se ha reducido, “no hay mucho que digamos, ahorita ha disminuido, ya no está como antes que se puso más fuerte la violencia”.
Apenas el 31 de marzo fue hallada la joven Maricruz García Margarito en los límites entre Yoloxóchitl y Cuanacuaxtitlán, quien estuvo desaparecida 4 días.
El caso fue muy sonado debido a que familiares y amigos bloquearon la carretera para exigir a los tres órdenes de gobierno su presentación con vida.
Esta comunidad a pesar de estar a sólo 15 minutos en auto de la cabecera municipal, San Luis Acatlán, donde está la Casa de Justicia matriz de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), no está integrada a ese sistema de justicia y no se le permite a la Policía Comunitaria transitar por ahí.
Ayer en una actividad del programa Sembrando Vida el comisario acudió con tres policías de la comisaría, armados con escopetas.
Con la presencia del delegado del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Manuel Vásquez Quintero, de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Luz Fabiola Matildes Gama y de presidentes municipales, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), comenzó a distribuir su reglamento interno en una asamblea regional realizada el sábado en San Luis Acatlán.
El reglamento fue consultado en asambleas que comenzaron el 14 de octubre y aprobado el 17 de diciembre, y por primera vez en 28 años de la creación de la CRAC y su Policía Comunitaria fue impreso en un libro.
Entrevistado por teléfono, el coordinador de la casa de justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, informó que de las cinco casas de la CRAC sólo la de Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc no han recibido sus respectivos ejemplares debido a que no se han renovado los coordinadores por falta de quórum.
Informó que las otras casas de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, Las Juntas de Caxitepec, municipio de Acatepec, El Paraíso, municipio de Ayutla y la casa matriz de San Luís Acatlán hicieron sus propias asambleas por separado para entregar los ejemplares a los comisarios municipales, coordinadores, comandantes y policías comunitarios.
Informó que se imprimieron mil ejemplares con recursos de un proyecto del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) que además utilizaron para convocar a las reuniones, para la gasolina de quienes asistieron a las asambleas, alimentación, “papeleo”, y para el pago de los abogados que se encargaron de la redacción y la impresión.
Informó que en la asamblea de la casa matriz del sábado en San Luis Acatlán, estuvo como invitado el delegado del INPI, Manuel Vásquez Quintero y la consejera presidenta del IEPC, Matildes Gama, en respuesta a una petición de la consejera de que fuera invitada en una de sus asambleas por la CRAC.
“La consejera nos dijo con anticipación que si la invitábamos a una mesa de reunión asistiría con gusto”, explicó de Jesús Cabrera.
Informó que también asistieron el presidente municipal de Cochoapa, Bernardo Ponce García y el de Atlamajalcinco del Monte, Camilo Cano Guzmán. Así como el subsecretario para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos Pánfilo Sánchez Almazán.
El coordinador de la casa matriz de San Luis Acatlán recordó que la consulta para la reforma del reglamento interno de la CRAC comenzó el 14 de octubre como parte de los festejos por el 27 aniversario de la fundación de la institución comunitaria en San Luis Acatlán y fue aprobado el 17 de diciembre.
Dijo que los ejemplares fueron entregados a mediados de enero y el sábado comenzaron a distribuirse, en el caso de la casa de San Luis Acatlán a los comisarios de las 33 comunidades, de las que en la asamblea del sábado asistieron 28 comisarios municipales, así como comisariados ejidales y comunales.
El vocero de la casa matriz informó que lo destacable del reglamento reformado, son los cambios que se hicieron al artículo 34 en el que se establecen los tipos de casos que puede resolver la CRAC y su Policía Comunitaria.
Explicó que en este apartado se modificó que la CRAC ya no va a tener la intervención en los asuntos de deudas, es decir ya no van a recibir las quejas de los prestamistas parar que mediante la Policía Comunitaria se hagan los requerimientos de pagos, “porque nos han generado conflictos”, dijo.
Informó que también se modificó (ya estaba establecido pero se hicieron ajustes) con respecto a la prohibición de la venta de menores. En este caso se agregó que el castigo será severo tanto para el que compre como para el que venda.
Además, hubo ajustes con respecto al tipo de armamento que utilizará la Policía Comunitaria. Ahora se establece “claramente” que los policías comunitarios sólo utilizarán armas de bajo calibre, es decir el que está permitido por la ley.
Pero se agrega en el nuevo reglamento que “sólo en casos especiales”, como cuando las comunidades, la coordinadora, o los comités de enlaces tengan amenazas del crimen organizado, se convocará a una reunión para que se usen “calibres altos”.
“Nos parece que hubo bastantes avances gracias a que se pudo recorrer la mayoría de las comunidades para discutir el contenido. No fue en una sola reunión, o que sólo estuvieron algunos en una mesa discutiéndolos, se discutieron artículo por artículo para que se pudieran llegar a este tipo de conclusiones”, aseguró el coordinador de San Luis Acatlán.
Asimismo, destacó que por primera vez el reglamento de la CRAC se imprime en un texto.
Mencionó que el primer intentó de reformar el reglamento fue en 2017 y 2018, pero que tuvieron diferencias porque no hubo mayoría para aprobarlo, “pero en esta ocasión tuvimos mayoría y se aprobó sin discusión y de manera unánime.
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) no reconoce a ningún grupo de la policía comunitaria en Olinalá, tampoco cuenta con comités de enlace ni con casa de justicia en ese municipio, aclaró vía telefónica el vocero de la organización, Raúl de Jesús Cabrera.
Reconoció que coordinadores de la casa de justicia de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec, acudieron a esa cabecera municipal el sábado, para revisar una solicitud que hizo un grupo de ciudadanos que quiere incorporarse a la CRAC, pero aclaró que para ello tienen que cumplir con el reglamento y los requisitos de la organización.
De Jesús Cabrera explicó que tampoco el otro grupo, del que informó que se formó en 2012, a expensas de la ahora senadora Nestora Salgado, está reconocido por la CRAC.
El Sur informó, en su edición de este lunes, que vecinos y el alcalde morenista de Olinalá, Miguel Reyes Patrón, rechazaron la toma de protesta clandestina de una nueva policía comunitaria, a la que calificaron de grupo armado con actividades ilícitas, que se haría el sábado y que, en cambio, ratificaron a la policía comunitaria que surgió con la ahora senadora Nestora Salgado.
El vocero de la CRAC informó que hay una comunidad de ese municipio que ha querido ingresar al Sistema de Seguridad y Justicia y que planteó la solicitud a la casa de justicia de Espino Blanco.
Explicó que derivado de ello, los coordinadores Zeferino Lorenzo de Jesús y Raciel Marín Sánchez fueron el sábado a verificar la información y a verificar los antecedentes de las personas que están haciendo la solicitud, para ver si cumplen con los requisitos para su integración al sistema.
Insistió en que deben cumplir con los requisitos, que van a revisar la lista y los antecedentes de los policías comunitarios que dicen que ya fueron nombrados, “porque sabemos que en esa zona hay muchas personas que tienen antecedentes (penales), incluso hay personajes que tienen órdenes de aprehensión”.
Adelantó que si este es el caso de quienes están haciendo la solicitud, “no se les va a permitir su ingreso”. Añadió que este es un proceso que debe cumplir todo grupo que solicita su ingreso y que los coordinadores de Espino Blanco fueron precisamente a verificar si cumplen con el reglamento y los requisitos, para darles respuesta, pero no a tomarles la protesta.
Aclaró que ni siquiera hay una casa de enlace, porque apenas plantearon la solicitud y que en dado caso de que llegaran a cumplir con los requisitos, pertenecerían a la casa de Espino Blanco, “pero hasta este momento no han sido aceptados y no se ha confirmado su integración, porque estamos esperando los resultados de los antecedentes de cada uno de ellos, para no caer en el error de estar protegiendo a personajes con antecedentes”.
De Jesús Cabrera precisó que la CRAC tampoco reconoce al otro grupo, que informó surgió en 2012 con el aval de la ahora senadora Nestora Salgado.
Recordó que antes tenían una casa de enlace en Huamuxtitlán, que agrupaba a la policía comunitaria de Olinalá, pero que después se desintegró esa casa de enlace y ya no le dieron seguimiento a la incorporación del grupo de Olinalá, “por lo tanto, no tienen el respaldo. A menos de que se activen y cuenten con sus actas de asamblea y sus nombramientos, pero mientras no exista esto, no pueden decir que son ellos los legítimos. Se tiene que decidir por asamblea”.
Con respecto a que ese grupo de 30 miembros, que vienen funcionando desde 2012 y que cuenta con el respaldo del alcalde Miguel Reyes Patrón, el vocero dijo que para la CRAC el presidente municipal no tiene nada que ver en el reconocimiento de las autoridades comunitarias ni de la CRAC, “eso (el reconocimiento) ya son cuestiones políticas. Él llegó a través de un partido político y representa a la Policía Municipal. A quien corresponde nombrar y reconocer a los policías comunitarios son los comisarios, en asamblea de cada comunidad”.
Insistió que la policía comunitaria y la CRAC no están bajo las órdenes de ningún presidente municipal ni de funcionarios de gobierno, “nos regula la asamblea y es la que decide qué es lo que se tiene que hacer, porque nuestro reglamento está aprobado por la asamblea, no por los ayuntamientos”.
Informó que hay en algunos municipios donde sí hay coordinación con los presidentes municipales, pero es una coordinación sólo para cuestiones de seguridad, “pero no con respecto al reconocimiento de nuestra legitimidad”.
El asesor de la CRAC, Valentín Hernández Chapa habla mientras lo escucha el ex preso político Arturo Campos Herrera, el 15 de octubre en Ayutla en el 23 aniversario de la Policía Comunitaria cuando criticó que se ha invitado al asesor del gobernador César Flores Maldonado .Foto: Rosendo Betancourt Radilla
El asesor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), Valentín Hernández Chapa afirmó que está dispuesto a presentarse ante una asamblea regional para resolver su situación y la inconformidad de un grupo de ocho consejeros encabezados por el vocero, Sábas Aburto Espinobarros, y el coordinador de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Julián Cortés Flores.
Consultado por teléfono el asesor sostuvo que no hay duda de la intervención del gobierno del estado para dividir a la CRAC, porque no hay un señalamiento contundente en su contra, sino varios y distintos, lo que resulta contradictorio por parte de los consejeros y el coordinador que impulsan su detención, del que desconoce si existe una orden de aprehensión y por qué delito.
Hernández Chapa, indicó que el martes pasado lo trataron de detener policías comunitarios, pero como no existía una orden de aprehensión se desistieron.
El asesor indicó que el conflicto viene de la protesta contra el asesor del gobernador Héctor Astudillo, César Flores Maldonado, en el 23 aniversario de la CRAC en la Ayutla.
Afirmó que está dispuesto a presentarse en una asamblea regional de la organización –que solicitó el miércoles pasado– y que sea la asamblea la que decida su situación, porque él no realiza acciones indebidas, y recordó que durante su participación en la campaña como síndico en San Luis Acatlán se ausentó de la organización.
El integrante de la CRAC señaló que detrás del nuevo conflicto está uno de los tres coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Julián Cortés Flores, y el vocero Sábas Aburto Espinobarros, quien dijo también participó en el proceso electoral de hace tres años, sin embargo no tiene problemas.
Dijo que el 29 de septiembre participó en una asamblea de consejeros, a solicitud de uno de los integrantes para rendir un informe del proceso de la reforma Constitucional al Artículo 14 y la Ley 701, pero ahí no se acordó ninguna orden de aprehensión en su contra, “la reunión de consejeros se ha reducido a un grupo de siete u ocho personas cercanas a Sábas, y otros 30 que no han sido citados”.
El ex coordinador consideró que se debe de encausar el proyecto en un sistema autonómico e integral de la región, donde los pueblos tengan la decisión de construir el desarrollo, “nunca nos hemos planteado ser una dependencia del gobierno”, y dijo que el conflicto parte del acercamiento al gobierno y el presupuesto que destina a la CRAC, “ese es el punto donde se está generando una diferencia, pero no se puede hacer a punta de pistola, persecución y encarcelamiento.”
“Por esta divagación en las causales que se han manejado para mi detención nosotros creemos que así se maneja el gobierno, cooptando gente, hoy sabemos que el gobierno del estado aportó un dinero para el aniversario, que fue muy pobre, sin mesas de trabajo, sin un posicionamiento político, como el tema de los presos políticos, los asesinatos de los compañeros del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa la Parota”.
Comandantes y policías denuncian irregularidades
En una llamada telefónica a la redacción, un comandante regional de la CRAC de San Luis Acatlán que prefirió omitir su nombre por temor a ser encarcelado, a nombre de sus compañeros policías comunitarios dijo que están en contra de las arbitrariedades que ocurren en la Casa de Justicia, y no sólo contra Hernández Chapa.
Dijo que un grupo de ocho consejeros y un coordinador están tomando las decisiones que se deben de discutir en asamblea, e incluso los policías comunitarios han detenido a delincuentes y por causas que desconoce han sido absueltos, sin ser presentados en una asamblea.
Afirmó que por estas mismas irregularidades y a pesar de la advertencia de los consejeros y el coordinador de ser detenidos por incumplir órdenes, sus compañeros policías no quisieron detener al asesor de la CRAC, Hernández Chapa.
Responsabilizó a Sabás Aburto y Juan Horta como dos de los autores del conflicto que se vive, y se pronunció en contra de que sigan en el sistema porque ambos no pertenecen a comunidades donde la CRAC tenga presencia.
Se informó que este domingo fue suspendida una asamblea de consejeros porque sólo se presentaron nueve de 38, y se informó que posiblemente el 18 de noviembre se realice una asamblea regional, donde se discuta y se exponga el conflicto de Hernández Chapa.
Se marcó por la tarde al teléfono a Aburto Espinobarros pero no respondió a las llamadas.
Los cinco coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán elegidos en febrero, fueron sustituidos en la asamblea regional del 23 de julio porque incumplieron el reglamento y no dieron cuentas de sus reuniones con el representante del gobierno del estado y de los fondos que administran, informó el vocero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Sabás Aburto Espinobarros.
En consulta telefónica confirmó que no concluye la integración de la nueva coordinación, pues en la asamblea anterior sólo eligieron a tres integrantes, uno del pueblo me’phaa y dos del pueblo mestizo. Falta el representante del pueblo na’ savi y de una mujer.
Explicó la intempestiva separación de los coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, conocida como Casa Matriz de la CRAC. Aseguró que no aplicaron el reglamento interno, no convocaron a asambleas, no rindieron informes de los detenidos ni informaron de sus reuniones con el fiscal regional y con el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, en tres ocasiones.
De manera extraoficial se supo que los consejeros regionales esperaban un informe sobre la detención de los priistas acusados de comprar votos y que fueron detenidos por la Policía Comunitaria.
Aburto Espinobarros añadió que los ex coordinadores tampoco rindieron cuentas de los fondos que aporta el gobierno municipal de San Luis Acatlán, ni de la cooperación por adeudos recuperados de personas físicas y morales.
Indicó que debido a que no rectificaron su conducta se aplicó el reglamento que señala la remoción de una autoridad en cualquier momento si existen elementos de peso. (Lourdes Chávez / Chilpancingo).
El preso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC.P), Gonzalo Molina González, informó que en un mes y días obtendrá el auto de libertad, pues la siguiente semana cierra la causa en la que lo acusan de terrorismo, robo agravado y lesiones, y aunque hay otra por la misma razón al resolverse la primera se resuelve la segunda.
Llamó a las organizaciones sociales y de derechos humanos y al sistema de justicia comunitario a estar atentos, y mencionó que su liberación nunca ha estado sujeta a negociación.
En un enlace telefónico mediante el Comité por la Libertad de los Presos Políticos, Molina González quien lleva más de cuatro años preso, manifestó que le pusieron trabas para alargar su proceso jurídico y mantenerlo recluido.
“Ya estoy cerrando esta semana, ahorita acabo de hablar con mi abogado… no hay nada que hacer en la causa 59/13 que está en el juzgado de distrito… terminamos el proceso”, puntualizó.
Dijo que cerrando esta causa en una semana solicitaría su audiencia de vista, finalizaría y en mes y días le estarían entregando auto de libertad, pues se desahogaron todas las pruebas que lo señalan inocente.
Agregó que resolviéndose esa causa se resuelva la otra que queda, la 47/2017, porque la ley dice que no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.
Dijo que en mayo este proceso tenía que haberse resuelto, sin embargo el juzgado Séptimo expuso que había audiencias que desahogar, entre ellas un peritaje cultural, pero se desistió de todas las audiencias.
Abundó que considera con su abogado que las pruebas que tienen son suficientes para echar abajo los delitos de los que lo acusan.
Molina González manifestó a las autoridades que esta lucha que ha llevado “con dignidad”, es la lucha de las comunidades y pueblos indígenas, y que siempre ha dicho que su libertad no está en negociación.
Agregó que tiene siete causas penales y en todas está absuelto, sólo le quedan esas dos pero tampoco hay delito que perseguir, y tiene que salir en libertad.
“Desde este lugar quiero hacer un llamado a los compañeros para que estén pendientes de mi salida, esta salida, esta libertad no se la debemos a nadie más que a las personas, compañeros que me han apoyado siempre, que han estado cerca conmigo y que gracias a eso he aguantado toda esta injusticia que se ha cometido en mi persona, lo hago por el bien de los niños principalmente, lo hago por la lucha que han llevado nuestros pueblos y comunidades indígenas de más de 500 años resistiendo el saqueo, la explotación, la discriminación y el exterminio, por eso Gonzalo se ha mantenido firme”, expuso.
Resaltó que está contento porque pronto estará en libertad y saldrá con la frente en alto. (Beatriz García / Chilpancingo).
La Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (Conami) y Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA) respaldaron a la ex comandanta de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), y candidata a senadora por Morena, Nestora Salgado García, “ante la violencia política ejercida por el candidato a la presidencia Antonio Meade de señalarla como secuestradora”.
En un comunicado integrantes de las organizaciones levantaron la voz en defensa de la candidata, para manifestar su apoyo y respaldo.
Abundaron que es sabido y está demostrado que Nestora Salgado es inocente, que así lo han demostrado los juicios a los cuales fue sometida, así como recomendaciones de instancias nacionales e internacionales de derechos humanos.
Indican que les preocupa el actuar del candidato porque demuestra, “su voracidad, indolencia y falta de ética”, porque no le importa que al desacreditar al candidato a la presidencia de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ponga en riesgo la seguridad de ella, además de también desacreditarla.
Exponen que Meade Kuribreña no conoce los procesos organizativos en México y que la CRAC de la Montaña y Costa Chica opera bajo el marco legal establecido en el artículo 2 constitucional, el Convenio 169 de la OIT y la Ley 701, además de que no conoce los derechos de las mujeres indígenas.
Exigieron al candidato priista una disculpa pública “por su decir y proceder y que retire la propaganda presente en los distintos medios de comunicación que reiteran sus difamaciones, lo hacemos responsable de las agresiones y violencia que pueda sufrir la compañera Nestora y los integrantes de la CRAC”. (Beatriz García / Chilpancingo).
