Recibió la impugnación a las tres nuevas órdenes de aprehensión contra Nestora Salgado, informa el TSJ

 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado (TSJ), Robespierre Robles Hurtado confirmó que el órgano recibió los recursos de impugnación a tres órdenes de aprehensión que existen en contra de la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García, pero declaró que desconoce los detalles y el plazo en que deberán resolverse, “porque no es el juez de la causa”.
En consulta después de una reunión al mediodía de ayer con los padres de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en el auditorio del Tribunal, en el centro de la ciudad, Robles Hurtado dijo que la información que tiene es que los jueces de Tlapa solamente resolvieron al auto de libertad de una de las tres causas penales que tiene.
Después justificándose en la independencia que tienen los jueces aseguró que carece de información respecto a la situación legal de Nestora Salgado.
Explicó que el caso “va bien en el sentido de que se están respetando todos sus derechos y se están siguiendo todas y cada una de las actuaciones de manera formal y de manera jurídica”.
Agregó que de las tres causas penales que tenía en su contra Salgado García, “al parecer hubo un movimiento en el sentido de que ya tenía una boleta de libertad, yo vi que se tomó una foto con su boleta, pero también después vimos que llegaron tres averiguaciones previas con tres órdenes de aprehensión suscritas por la Fiscalía”.
–¿Cuándo se vence el plazo para decretar el auto de formal prisión o de libertad y para que se resuelvan las otras tres órdenes de aprehensión?–, consultó un reportero.
–No lo sé porque tendría que checar la fecha en que fue notificado–, respondió.
Dijo también que tiene conocimiento de que la defensa de Nestora presentó un recurso de impugnación en contra de las tres órdenes de aprehensión, “porque toda la gente puede interponer recursos para impugnar”.
–¿Pero cuándo se resuelven?
–Es que yo no soy el juez de la causa y no tengo la información, tenemos más de 80 jueces y yo no puedo estar al pendiente de todas las casusas penales, es imposible físicamente hablando–.
–Pero este caso es especial–.
–Todos los casos son especiales para nosotros, porque toda la gente merece un especial trato en lo que se trata de la administración de justicia–.
Según la defensa de Salgado García, el martes fue absuelta de tres causas penales que estaban a cargo de los juzgados primero y segundo del ramo penal con sede en Tlapa por secuestro.
Sin embargo esperaban que le fueran notificadas otras tres averiguaciones previas para las que ya habían promovido los recursos de impugnación, pero hasta ayer continuaban pendientes de resolverse, situación de la que el magistrado presidente del TSJ desconocía, según argumentó, “porque yo no soy el juez de la causa”.

Los cuatro detenidos no están en alguna Casa de Justicia, denuncia en la Fiscalía el FDP

 

La dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Clemencia Guevara Tejedor, dijo que sus cuatro compañeros detenidos por presuntos policías comunitarios de Rincón de Chautla no se encuentran en ninguna Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Rincón de Chautla en Chilapa y José Joaquín de Herrera.
A las 11 de la mañana, unos 15 integrantes del FDP acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para ampliar sus declaraciones sobre la detención de cuatro de sus compañeros el 26 de noviembre del 2015 por presuntos policías comunitarios, en la averiguación previa con número de expediente DGI/0271/2015 por privación ilegal de la libertad de cuatro personas.
“Al principio pensábamos que era la CRAC pero con los testimonios que hemos recabado están usurpando el nombre de los comunitarios, pero la verdad son grupos delictivos, los cuatro compañeros los tienen detenidos en Ayahualtempa en José Joaquín de Herrera, ahí se los llevaron, (ahí) no hay Casa de Justicia y no tienen nada que ver con la Policía Comunitaria”, indicó la líder de la organización.
Guevara Tejedor comentó que eran cinco los retenidos: el comisario de San Jerónimo Palantla, Alfonso Orgín Castro, Apolinar Calvarillo Tlatempa, Francisco Hernández Tepetate, Eladio Díaz Calvario y Claudio Diego Cortés, quien salió en libertad después de pagar 3 mil pesos.
Recordó que el 26 de noviembre de 2015, presuntos policías comunitarios del Rincón de Chautla, en Chilapa, detuvieron a cinco hombres, entre ellos al comisario de San Jerónimo Palantla, luego del ataque armado a una Urvan en el que fue asesinado un consejero de la CRAC y tres mujeres en Chilapa.
Comentó que en las declaraciones de los testigos, los cuatro detenidos no tuvieron nada que ver en el  ataque de la Urvan porque se encontraban en el campo trabajando.
Asimismo exigió el esclarecimiento de las cinco muertes que hubo en San Jerónimo Palantla, Chilapa donde “llegaron presuntos policías comunitarios, mataron cinco personas (y) que ocurrió el 8 de febrero”.
Por último comentó que tras la denuncia intervendrán las autoridades de Chilapa y el gobierno del estado para atender las demandas de la organización y la inseguridad en Chilapa.

Se plantan vecinos de Palantla, Chilapa, en Palacio de Gobierno para que la CRAC libere a detenidos

Habitantes de la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa, e integrantes del Frente de Defensa Popular (FDP) se plantaron cinco horas en Palacio de Gobierno para exigir al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que intervenga para que policías comunitarios de Rincón de Chautla, perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), liberen a cinco campesinos detenidos “de manera irregular”, entre ellos el comisario Alfonso Orjil Castro, y otorgue seguridad a las comunidades.
A las 11:30 de la mañana, 50 vecinos de San Jerónimo Palantla y del FDP llegaron a Palacio de Gobierno, donde colocaron una lona para cubrirse del sol y una manta en la que se leía, “La comunidad de San Jerónimo municipio de Chilapa, exige la liberación de nuestros compañeros que se encuentran secuestrados, que se detengan las amenazas a todos nuestros compañeros, exigimos justicia y paz en nuestro pueblo”.
El integrante del FDP, Efraín Torres Fierro solicitó una audiencia con el gobernador para hablar sobre la seguridad en las comunidad de San Jerónimo Palantla y la liberación de sus cinco compañeros detenidos en la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, porque los policías comunitarios los acusan del asesinato de cuatro vecinos de la comunidad de Atzacolaya.
El 24 de noviembre, cuatro personas fueron asesinadas, entre ellas Isaac Xochitempa Chautla de 43 años, quien era consejero de seguridad de la Policía Comunitaria de Rincón de Chautla, y tres más resultaron heridas en un ataque a balazos contra una Urvan del transporte público en las inmediaciones de la comunidad de Atzacoaloya.
Por su parte, un vecino de San Jerónimo Palantla, Florencio Salgado Tlatempa relató que después de los asesinatos de los cuatro vecinos en Atzacoaloya, los policías comunitarios de Rincón de Chautla irrumpieron en la comunidad San Jerónimo Palantla y detuvieron al comisario Alfonso Orjil Castro, a Francisco Hernández Tepetate, Apolinar Calvario Tlatempa, Eladio Díaz Calvario y Claudio Diego Cortez.
Otros cinco huyeron y se refugiaron en Chilpancingo por temor a que los policías comunitarios los detengan de manera arbitraria.
Salgado Tlatempa, los pobladores han recibido amenazas de detención e irrupción en sus viviendas, “porque, según dicen, estamos cubriendo a delincuentes, lo cual es mentira; en mi caso, abrieron la puerta de mi casa y me robaron 7 mil pesos”.
Pidió una audiencia con el gobernador Héctor Astudillo Flores, porque los habitantes huyen de sus comunidades ante el temor de que atenten contra de su integridad física, “amenazaron a las compañeras, (les dijeron) que las van a quemar porque participaron en la protesta”.
Dijo que ya interpusieron las demandas ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) por estos hechos, pero aún no tienen respuesta.
Consultado por teléfono, el dirigente del Frente de Defensa Popular (FDP), Efraín Torres Fierro informó que fueron atendidos por la Subsecretaría de Asuntos Políticos, con la que acordaron que intervendrán para que hoy los cinco detenidos, entre ellos el comisario de San Jerónimo Palantla, sean liberados.
Dijo que los cinco desplazados que se encuentran en Chilpancingo tendrán seguridad personal para trasladarse a su comunidad.
A las 4: 30 de la tarde los inconformes se retiraron de Palacio de Gobierno.

Convoca la CRAC a una asamblea el 23 en San Luis Acatlán para defender la Ley 701

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) convocó a una asamblea microrregional el 23 de diciembre en San Luis Acatlán, para tratar como único punto del orden del día la defensa de la Ley 701, que sería reformada por mandato constitucional a más tardar el 29 de abril de 2016, informó la Casa de Justicia de San Luis Acatlán.
En los artículos transitorios de la Constitución Política del estado de Guerrero, aprobada en 2014, se señaló un plazo máximo de 24 meses, contados a partir de la entrada en vigor del decreto “para hacer concordar las leyes locales con las nuevas disposiciones constitucionales”.
En este caso se encuentra la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura indígena que se aprobó al final el sexenio del gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, que reconoce la existencia del sistema de justicia indígena de la Costa-Montaña, del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias y la Policía Comunitaria, como un cuerpo de seguridad.
La Ley 701 establece que los órganos del poder público y los particulares deben respetar sus actuaciones en el ejercicio de sus funciones “como actos de autoridad”, y que el Consejo Regional de Autoridades Comunitarias y la Policía Comunitaria formarán parte del Sistema Estatal de Seguridad Pública.
Incluso, dice que “la autoridad competente podrá remitir a la custodia del Consejo, a los indígenas sentenciados por delitos del fuero común para que cumplan su condena y se rehabiliten socialmente conforme a las normas que para tal efecto ha establecido el Consejo y que tutela el Código Penal del Estado”.
Coordinadores de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán aseguraron que no van a permitir que se derogue o acote la legislación que concede facultades amplias a la CRAC. No obstante, reconocieron que esta asamblea se programó para el domingo 6 de diciembre y se pospuso para el 23, por falta de quórum.
En consulta telefónica sobre la asamblea, insistieron en que el Estado ha lanzado varias embestidas a la CRAC para destruir cualquier referente de organización de los pueblos, particularmente durante la administración de Ángel Aguirre Rivero, para imponer los proyectos mineros autorizados en la región Costa-Montaña.
Se precisó que el punto único es la defensa de la Ley 701, pero de manera extraoficial se sabe que, a nivel interno se discute la posibilidad de cambiar a los coordinadores de la Casa Matriz, que cubrieron a los primeros electos en asamblea, entre ellos Eliseo Villar Castillo, separados de los cargos el año pasado, en medio de una fuerte confrontación interna.
La reunión microrregional, se informó, es de preparación para la asamblea regional que se celebrará a mediados de enero de 2016.