Consejeros de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), exigieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que pida el cumplimiento de sus propias recomendaciones a los poderes Ejecutivo y Legislativo del estado, así como a la Fiscalía General, que evaden su responsabilidad en la armonización de la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena con las instituciones.
En un documento sobre la Ley 701, informaron que llevaron una queja formal al organismo nacional -registrada bajo el folio 91993/2016-, porque hay indicios y pruebas de que en Guerrero no sólo se escamotea, sino se conculcan los derechos de los pueblos originarios y el afromexicano plasmados en leyes internacionales y nacionales, por las autoridades estatales.
Aseguraron que hay un riesgo inminente de que llegado el momento el Congreso local apruebe una reforma regresiva de la ley, que conculquen los derechos ya reconocidos en leyes supremas.
Por referencia señalaron el artículo 14 de la nueva Constitución que textualmente dice, “el Estado reconoce y garantiza las acciones de seguridad pública y prevención del delito; de su sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que no constituyan ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado y que implementen los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas dentro de sus localidades, de acuerdo a sus prácticas tradicionales, cuyo seguimiento de acción se dará a través de su Policía Comunitaria o Rural, integradas por los miembros de cada comunidad y designados en Asamblea Popular o General, y con sujeción a la Ley de Seguridad Pública y su reglamento interno de esta entidad”.
“Dichas policías tendrán una estrecha vinculación, colaboración y coordinación con el Sistema Estatal de Seguridad Pública en lo que hace a su registro, control, supervisión, asesoría, capacitación y evaluación”.
Aclararon que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los pueblos de aplicar sus propias normas para la regulación de sus conflictos internos, y el Convenio 169 -en su artículo 9-, establece que deberán respetarse los métodos a los que los pueblos recurren para la represión de los delitos cometidos, “por sus miembros”.
La Ley 701 amplía el sentido de este derecho para reconocer que incluso sus métodos se aplican a terceros dentro de su jurisdicción. Sin embargo la actuación de las autoridades de Guerrero “muestra que aún no ha permeado en las instituciones del gobierno el respeto a los usos y costumbres y al sistema de seguridad pública y justicia de la CRAC”, por el contrario, niegan y desconocen la naturaleza y los alcances de los sistemas normativos indígenas.
Ante las controversias del derecho penal y la justicia comunitaria aclararon que corresponde a las autoridades jurisdiccionales resolver sobre “esa aparente dicotomía entre legislación, texto constitucional estatal, Ley 701 y Convenio 169”.
Destacaron que la 701 no únicamente incluye los derechos del Sistema Comunitario de Seguridad, Justicia y Reeducación conocido como la CRAC o Policía Comunitaria, sino los derechos del conjunto de los pueblos náhuatl, mee pha, na savi, ñomnda y afromexicano, por lo tanto es necesaria una gran alianza de todas las organizaciones y representantes de dichos pueblos, para asegurar que la reforma a esa ley sea “progresiva”, es decir que se perfeccione aún más para garantizar a las nuevas generaciones un instrumento jurídico que ampare sus derechos hasta hoy no reconocidos a plenitud.
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La CRAC es un proyecto inacabado y hay que mejorarlo, dicen dos consejeros
A 21 años de la conformación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su Policía Comunitaria (CRAC-PC), es un proyecto inacabado y corresponde a todos mejorar lo que no se ha hecho bien, dijo el consejero de la institución, Sabás Aburto Espinobarros, quien con el también consejero Juan Horta Cruz, son autores del libro El origen de la Policía Comunitaria-Montaña y Costa Chica y fundadores de la organización.
El texto fue presentado la tarde de este jueves en el Palacio de la Cultura, en donde hubo reclamos y la exigencia de la libertad de los presos de la CRAC Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Samuel Ramírez García.
Además de los autores el libro también fue comentado por el representante del senador perredista Armando Ríos Piter, Mario Hernández Herrera.
Los autores explicaron que en el texto retoman el proceso que vivió la institución indígena desde su formación en octubre de 1995 a 1998, aunque también se incluyen dos de las crisis más fuertes que ha vivido, la del 2002 durante la primera “embestida” por el gobernador René Juárez Cisneros, cuando integró averiguaciones previas y liberó órdenes de aprehensión en contra de las autoridades comunitarias, así como la del 2013 cuando del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien intervino para dividir a la CRAC-PC mediante Eliseo Villar Castillo, ahora preso.
Juan Horta explicó que el libro “es un bebé que fue deseado desde el 2015”, cuando comenzaron a concebirlo, aunque aclaró que ya había habido muchos intentos, que tres veces estuvo a punto de abortar, pero que afortunadamente nació sano.
Sabás Aburto explicó que en el libro está el contenido “del por qué de los por qué” surgió la Policía Comunitaria, después de varios intentos y reuniones con el procurador de justicia y el secretario de Seguridad Pública, sin que se hubiera logrado.
Aclaró que no fueron esas reuniones con los funcionarios las que ayudaron a la formación de la Policía Comunitaria, sino las prolongadas asambleas de los pueblos que buscaban acabar con la inseguridad, los robos, asaltos, violaciones a las mujeres y asesinatos en el corredor Montaña-Costa Chica.
Añadió que después se vinieron acontecimientos como la masacre de Aguas Blancas, los asesinatos del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, el asesinato del ex gobernador José Francisco Ruíz Massieu y la masacre de El Charco, en el municipio de Ayutla, “todo eso nos empujó a la organización, y si no fuera por esos acontecimientos la Policía Comunitaria no hubiera surgido”, reconoció.
Detalló que también fue fundamental la participación de las organizaciones sociales, como Los de la Montaña, 500 Años de Resistencia Indígena, las Triple S y los Consejos Comunitarios de Abasto de Diconsa. Todo eso se conjuntó “para que la semilla de la Policía Comunitaria germinara”.
Juan Horta destacó que los logros de 1995 a 1998 fueron el desmantelamiento de las bandas delincuenciales, algunas de hasta 50 criminales, la disminución de la inseguridad, la desaparición de la Policía Motorizada que fue la responsable de la masacre del vado de Aguas Blancas, así como el reconocimiento a la CRAC-PC por el Gobierno, cuando se reconoció que la Policía Comunitaria no se trataba de una guerrilla como se le acusaba.
Sin embargo añadió que 21 años después, la defensa de la CRAC-PC sigue porque los embates del gobierno continúan, “todavía hay algunos funcionarios que nos siguen llamando ilegales porque desconocen el marco legal, o lo interpretan a su manera y conveniencia.
Frente a estas circunstancias, explicó que los retos son la defensa de la CRAC-PC ante los ataques extornos e internos, que sea reconocida dentro de la Constitución Política del Estado porque en la última reforma, “casi nos ponen un freno y nos hacen a un lado”.
Asimismo dijo que otro reto es concientizar para que no se siga confundiendo a la CRAC-PC con otros grupos que también se dicen policías comunitarias, pero que no cuentan con un reglamento y no tienen como base las asambleas.
Otro de los comentaristas, el representante del senador Armando Ríos Piter, Mario Hernández explicó que el proyecto deja un aprendizaje para replicarlo en todo el estados, “es el mejor ejemplo que existe en el estado del poder popular”, definió.
Agregó que este modelo está afianzado en las asambleas comunitarias y que por eso ha funcionado muy bien, a diferencia del sistema gubernamental en el que ya no hay confianza y la inseguridad está a la orden del día.
En la etapa de preguntas el presidente del Colegio de abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García manifestó que ya hacía falta un documento de este tipo.
Asimismo de entre el público surgieron inquietudes y cuestionaron a los autores y consejeros de la CRAC-PC, cosas como la falta de autonomía al recibir recursos de los ayuntamientos, reunirse con funcionarios del gobierno del estado y aceptar la credencialización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Yo me quedo con lo que era antes la CRAC, que su esencia era su autonomía y que se regía por sus usos y costumbres”, dijo por ejemplo, Maricela Juárez Ocampo, de la colonia Comunidad Emperador Cuauhtémoc.
Roberta Campos Adame integrante de la CRAC-PC La Patria es Primero de El Fortín, criticó que hayan recurrido para la edición del libro al senador perredista Armando Ríos Piter, “que ha aprobado leyes en contra del pueblo, ¿dónde está esa autonomía?, preguntó y luego cuestionó al senador que se quiera montar en el prestigio de la CRAC.
Otro de los asistentes preguntó la postura de los consejeros y autores del libro de los presos. Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez García, para entonces algunos de los asistentes comenzaron a desplegar y a alzar pancartas: “Libertad a Gonzalo Molina, preso político de la CRAC”, “Atención médica a Gonzalo Molina”, “Libertad a Samuel Ramírez García”, “Respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas”, se leyó en algunas de las cartulinas.
En respuesta a las críticas Sabás Aburto dijo que el camino de la CRAC no tiene fin, “nos vamos a ir nosotros a descansar y la CRAC-PC va a seguir porque es un proyecto inacabado, y con el esfuerzo de todos debemos mejorar lo inacabado y lo que no se hizo bien”.
Luego dijo que la autonomía es un proceso que se va construyendo poco a poco, pero precisó que la CRAC-PC es apartidista y que no está sometida a algún partido político, y menos a algún candidato, “lo que nos une es el problema de la inseguridad” y explicó que tienen que recurrir a representantes populares como al senador, a los presidentes municipales porque es un derecho acudir ante ellos.
Aclaró que la CRAC no es apéndice del gobierno ni de ningún partido, “pero no podemos ni debemos permanecer como en una isla, necesitamos mantener relaciones buenas o malas”. Aseguró que la libertad de los presos la tratan mediante la defensa jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, pero que no se sabe de su intervención, “porque poco nos gusta salir en los medios de comunicación”.
Aclaró que en 2013 se dio la credencialización de los policías comunitarios “por las prácticas desviadas” del entonces coordinador de la casa matriz con sede en San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, debido a la intervención del gobernador Ángel Aguirre.
Subrayó que el ahora ex coordinador, (actualmente preso por homicidio), recibió el apoyo del gobernador para desmantelar a la CRAC-PC y con ello frenar a la institución, porque su función no es sólo velar por la seguridad, sino también evitar que avancen los proyectos mineros en la Montaña y Costa Chica.
Preció que a la Policía Comunitaria no se le respeta por las armas, sino por el respaldo con el que cuenta, “así carguen sólo un machete, cuentan con el poder popular”, y denunció que por eso ha habido muchos intentos de destruirla.
Visitan padres de los 43, Tlachinollan, ex presos políticos y la CRAC a Arturo Campos en la cárcel
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, una comisión de padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, seis ex presos políticos y coordinadores de la Casa de Justicia de El Paraíso acudieron al reclusorio de Ayutla, a visitar al promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) Arturo Campos Herrera para mostrarle su solidaridad y explicarle su situación jurídica actual.
Además le informaron que el 1 de diciembre arrancará una campaña para exigir su libertad, a tres años de que fue encarcelado.
En consulta telefónica su abogado Rogelio Téliz García recordó que el 1 de diciembre de 2013 detuvieron en Chilpancingo a Arturo Campos, cuando a los 12 días por la libertad de los presos políticos en Chilpancingo fue detenido y llevado al penal de Acapulco, después al del Altiplano, y el año pasado lo regresaron a Ayutla por un amparo que se promovió.
Informó que acudieron al reclusorio a visitarlo unas 3 horas junto al director de Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, coordinadores y padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Dijo que fueron a recordarle su solidaridad, que están pendientes de su proceso penal y que el pasado 9 de noviembre el Juzgado Sexto de Distrito en Acapulco se celebró la audiencia constitucional del amparo 7462016, que promovió en contra de la resolución que emitió la Sala Penal, donde se confirma el auto de formal prisión por secuestro.
Resaltó, “recordemos que el Juzgado Séptimo de Distrito en Acapulco fue el mismo que concedió un amparo a favor de Bernardino Francisco y los otros compañeros, donde hace un estudio minucioso y reconoce la función de la policía comunitaria. Y además precisamente dice que la policía en si no puede cometer ni el delito de privación ilegal de la libertad y el delito de secuestro. Y recordemos que esta misma resolución sirviera de base para que Nestora se acogiera a la misma y pudiera obtener su libertad junto con la causa penal de Tlapa y de Ayutla”.
Téliz García agregó que entonces el juzgado ya tiene un precedente de que hay antes una resolución que emitió, por lo que dijo se confía en que Arturo ganará un amparo y va a obtener su libertad.
Añadió que si gana ganaría con el proceso penal de Ayutla. Sin embargo aún está el de Tlapa donde se siguen desahogando pruebas, y donde el 7 de diciembre habrá un careo con los agraviados.
El abogado recordó que en Tlapa está acusado de secuestro contra 43 agraviados en la causa penal 1962012 del Juzgado Segundo Penal, mientras que en Ayutla es en el expediente 592015 y que esta es la resolución que tiene el juzgado, donde a partir del 9 de noviembre entró en estudio.
Manifestó que confía en que se resuelva antes de vacaciones de diciembre y que si no es así en los primeros días de enero.
Téliz García sostuvo que en Tlapa se promovió un incidente de libertad y la jueza de manera “dolosa e irresponsable” y respondiendo a intereses políticos negó el incidente de libertad, argumentando que no era procedente, porque las resoluciones de Juzgado de Distrito, incluso la propia resolución para la comandanta de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado García no le favorece a Arturo Campos, algo que no comparten porque por lógica y por cuestiones legales tendría que beneficiar al promotor de la CRAC, ya que son los delitos de los que se les acusa, los mismos agraviados y las mismas consideraciones que le dieron la libertad a la dirigente.
“Le tienen que dar su libertad, Arturo no es secuestrador, Arturo es un defensor comunitario que lo único que hizo fue organizarse con las comunidades, frenar la delincuencia que el Estado no ha podido hacer”, explicó.
Contó que esta visita que hicieron Arturo no cambia su convicción de que el día que obtenga su libertad seguirá organizando y participando en la Policía Comunitaria.
“Él no claudica, en el tema de continuar defendiendo los derechos él dice yo estoy aquí y no cometí secuestro, yo sé que soy un preso político, que el Estado me mantiene aquí por intereses más políticos que legales”, recalcó el defensor.
Además dijo que mostró su respaldo a los padres de los 43 normalistas desaparecidos y pidió que se respete la Ley 701 que el estado pretende derogar o adecuar al nuevo Sistema Penal Acusatorio. También solicitó a las comunidades que estén pendientes de alguna movilización o protesta para defender la ley. En cuanto a su salud aseguró que está estable.
Por otro lado los visitantes informaron al promotor que “el primero de diciembre va a arrancar una campaña de exigencia de libertad hacia su persona. La campaña va a consistir en que ese día organizaciones harán acto de presencia fuera del penal y visitarlo para arrancar la campaña, justo en el marco de los tres años de estar privado de la libertad”.
Exige la esposa de Gonzalo Molina que Astudillo ordene que sea operado en un hospital privado
La esposa del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) preso en Chilpancingo, Gonzalo Molina González, Ausencia Honorato Vázquez denunció que las autoridades del sistema penitenciario insisten en que su esposo sea atendido en un hospital público, y que este miércoles intentaron nuevamente trasladarlo al hospital general Raymundo Abarca Alarcón.
Consultada luego de que visitó al promotor de la CRAC, Ausencia Honorato informó que este miércoles policías del reclusorio nuevamente quisieron trasladar a Gonzalo Molina al hospital general Raymundo Abarca para que le controlaran los dolores, debido a que toda la noche tuvo la presión alta.
“Fue controlado con una pastilla que le dieron las enfermeras que están en la enfermería del reclusorio, además tenía dolor en los riñones por los cálculos renales”, indicó.
Dijo que las autoridades penitenciarias quisieron trasladar a Gonzalo Molina para aplicarle una inyección para el dolor, sin embargo no lo permitieron debido a que “sólo lo están controlando, yo quiero que ya sea operado pero con un médico particular que las organizaciones sociales han propuesto”.
Mencionó que este lunes fue trasladado al hospital general de Chilpancingo para que fuera internado, pero el promotor de la CRAC se negó a ser atendido porque tiene miedo a que lo maten, por lo que tuvieron que hablar con el director del hospital para que no lo internaran.
La esposa del promotor de la CRAC exigió al gobernador priista Héctor Astudillo Flores que ordene que su esposo sea atendido en un hospital privado.
Resaltó: “lo único que le estoy pidiendo a las autoridades es que autorice que mi esposo sea operado por un médico privado, las organizaciones sociales se harán cargo de los gastos, ya tenemos al especialista que lo va a operar, ya no quiero que sólo le den medicamento para que se le pase el dolor”.
Difieren el careo de Arturo Campos porque las autoridades no lo trasladaron a Tlapa
El careo procesal del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), Arturo Campos Herrera, fue diferido porque el subdirector operativo de Seguridad, Custodia y Traslado de Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado no acató la solicitud hecha el 7 de septiembre, de trasladarlo al penal de Atlamajac en esta ciudad.
Campos Herrera está acusado de secuestro agravado en la causa penal 196/2013-I en agravio de Víctor Cid Cisneros y otros, que son cerca de 20 personas, de las cuales sólo acudieron tres que quedaron apercibidos que de no presentarse al careo el 7 de diciembre a las 10 de la mañana, serían presentados por la fuerza pública.
Campos Herrera se encuentra recluido en la cárcel de Ayutla que depende del juzgado Mixto del centro penitenciario de Allende, su defensa solicitó su traslado al penal de Atlamajac para el desahogo de las diligencias sin que el subdirector operativo de Seguridad y Custodia y Traslado de Internos cumpliera, como se lo ordenó un juez.
También pide a la Dirección General de Seguridad que acate el mandato o de lo contrario se le pondrá una multa de 20 días de salario mínimo.
Acudieron a la diligencia en el juzgado segundo de primera instancia en materia penal del distrito judicial de Morelos tres abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, a cargo de Rogelio Téliz, quien consultado en el penal dijo que la responsabilidad de que no se hiciera el proceso, fue el director de Traslados que no acató la orden del traslado de la que estaba enterado hace más de un mes y medio.
Agregó que se entorpece el proceso jurídico a Campos Herrera con la intención de que no recupere su libertad, porque hay elementos suficientes para hacerlo.
Dijo que no es la primera vez que se difiere una audiencia, el 13 de octubre en Acapulco el Ministerio Público adscrito a la Cuarta Sala Penal no se presentó, y eso fue una forma de retrasar la justicia y ahora “se entorpece el desahogo de tres agraviados que estuvieron presentes y parece que el Estado entorpece las cosas”, dijo
Agregó que acudieron tres de los 23 agraviados que fueron citados a comparecer y que también se retiraron molestos por la suspensión.
Exhortó a las autoridades a que garanticen el traslado de Campos Herrera para que continúe el proceso
Vía telefónica Arturo Campos consideró que el que no los trasladaran a esta ciudad fue debido a un asunto político del gobierno, que lo quiere mantener en la cárcel, pues tiene todo en sus manos para agilizar los trámites y no lo hace pese a que está informado formalmente mediante oficio y por un juez.
Dijo que en donde está escucha que la gente se sigue organizando y eso está bien para seguir combatiendo la inseguridad que según el gobierno ataca, pero hay muertos constantemente en Acapulco, Chilpancingo y el estado en general.
Remarcó que en los territorios donde está la Policía Comunitaria la delincuencia es menor, no ha entrado, que esa organización es más eficiente porque emana del pueblo, de los saberes de los ancianos, de los sabios y que está comprobado que es más eficiente aunque no le guste al gobierno.
Agregó que está sustentada en los tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT, la declaración de la ONU sobre Pueblos Indígenas, la Constitución y en la Ley 701 del estado de Guerrero.
De su salud dijo que se encuentra bien.
Es albañil, futbolista y tlacololero; a los 32 años, con su esposa embarazada y un hijo, entró a la Normal de Ayotzinapa
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José Ángel Campos Cantor
Lourdes Chávez
Tixtla
26 de diciembre de 2015
Con 32 años, su esposa embarazada y un hijo, José Ángel Campos Cantor, decidió estudiar en la Normal Rural de Ayotzinapa; contó con el apoyo de su papá, Bernardo Campos, que se comprometió a ayudar en la manutención de su familia que vivía en la casa materna. Se dedicaba a la albañilería.
Después de los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, sus padres, su esposa cargando en brazos a una niña de dos meses de nacida y un hijo se convirtieron en decididos activistas del movimiento por los 43, y están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias para dar con su paradero.
Particularmente el señor Bernabé, que no falta a una reunión, hace guardias constantes por las tardes en la escuela donde con otros padres esperan noticias de los estudiantes.
Son originarios de Tixtla, y en una manifestación por los 43 en la cabecera municipal, habló de cuánto le gustaba el futbol, que era danzante de los Tlacololeros en las fiestas de todos los barrios de la cabecera municipal, y de niño se iba a tocar con las bandas de música de chile frito las tarolas y redoblantes, unas especies de tambores.
Dijo que es un joven serio, sin vicios, al que le gusta reír. Son vecinos del barrio de El Fortín, sede de la Policía Comunitaria de la Casa de Justicia La Patria es Primero perteneciente a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Esta comunidad encabezó algunas manifestaciones en la ciudad en los primeros meses de la desaparición forzada de los estudiantes de Ayotzinapa.
Su papá recordó que él mismo lo animó a entrar a la Normal, porque el trabajo de campo y la construcción son muy pesados, y los jóvenes aún tienen la oportunidad de cambiar el rumbo de sus vidas.
“Yo le dije, los rayos del sol son pesados, hablaba yo y les hacía ver las cosas, nosotros ya estamos impuestos, pero ustedes son jóvenes”, decía.
Un buen día, José Ángel le dijo que quería que lo apoyara con su familia para estudiar la Normal, se enteró por otros estudiantes que la edad no sería limitante. Dos de sus cuñados son maestros egresados de la Normal Rural. Recordó que desde antes lo apoyaba, y sólo le pidió que le echara ganas.
José Ángel estudió la preparatoria abierta para terminar el bachillerato y en el ciclo escolar 2014-15 participó en la convocatoria de nuevo ingreso a la Normal de Ayotzinapa, con la que también se accede a una beca de alimentos y hospedaje.
“Yo le dije a su mamá, a este muchacho le va a hacer los mandados la semana de prueba”, un periodo de adaptación a cargo de los estudiantes, donde los alumnos de nuevo ingreso realizan ejercicios físicos, trabajo de campo y lecturas de teoría socialista.
Recordó que el día que informó a su familia que fue aceptado en la escuela, que era domingo, volvió a su casa temprano porque les dieron un descanso, estaban todos muy contentos.
La noche de la tragedia, escucharon que en un automóvil vocearon que los estudiantes estaban en peligro en Iguala. No sabían de los muertos, horas después se hablaba de más de 70 desaparecidos.
A las 10:30 de la mañana del 27 de septiembre, llegaron los primeros autobuses con estudiantes a la Normal, “corrimos con el ansia de ver a nuestros hijos y él no aparece, no llegaron, pensamos que lo tenían en otro lado, nadie imaginó llegar a este tiempo”.
Jugaba con el equipo de Los Vaqueros de El Fortín, aún estando casado, y obtuvo dos trofeos de goleador en torneos regionales..
Nueve días antes de las fiestas patronales que se acostumbran en Tixtla, iba a bailar a los barrios y un día antes de la fiesta patronal, iba al encuentro de danzas con su traje de tlacololero, una costumbre tixtleca.
El normalista desaparecido es el segundo de cinco hijos. El señor Bernardo aseguró que los hermanos son muy unidos y en particular siempre pensó que la escuela de Ayotzinapa era un espacio de desarrollo para los hijos de las familias pobres, porque observó hace varias décadas, como albañil en la construcción de uno de los dormitorios, que los estudiantes recibían uniformes, chamarras, botas, pero ya no es igual.
Consideró que si reducen los materiales, los estudiantes deben manifestarse por la falta de presupuesto. “Antes no había mucho mitin como ahora, los alumnos protestan porque cada vez son menos los recursos, y (ahora) claro que tenemos que protestar, por lo que ha pasado, por nuestros hijos”.
A 15 meses de la desaparición forzada, consideró que aún existe una esperanza de encontrarlos porque los extranjeros del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes (GIEI), les han dicho que si no hay indicios de dónde pueden estar, ellos (el gobierno) los tienen.
Repondrán procedimiento de Gonzalo Molina por “violación flagrante” al debido proceso
El abogado del promotor de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) en Tixtla Gonzalo Molina González, quien se encuentra recluido en la cárcel de Chilpancingo, Hegel Mariano Ramírez informó que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJ) determinó reponer el procedimiento a partir de la declaración preparatoria de su cliente, porque se cometió en su perjuicio una “violación flagrante a las garantías de adecuada defensa y debido proceso”.
En un boletín el abogado precisa que se dio al resolver el recurso de apelación que Gonzalo y su defensa interpusieron en contra del auto de formal prisión que le decretó el juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en Chilpancingo.
Dentro de la causa penal 157/2013-II que se tramita ante el juez Avimael Rodríguez Nava se instruye un proceso penal en contra de Gonzalo Molina por lesiones agravadas, privación de la libertad personal, robo específico y terrorismo.
Acusan al dirigente a raíz de una confrontación entre policías comunitarios y municipales ocurrida el 26 de agosto del 2013, cuando los primeros hacían un mitin frente al Ayuntamiento de Tixtla para exigir la liberación de la coordinadora Nestora Salgado García, detenida por marinos días antes.
Inconforme con el auto de formal prisión, Gonzalo y su defensa interpusieron el recurso de apelación, el cual se turnó a la Primera Sala Penal del TSJ.
Mariano Ramírez informó que el 4 de febrero del 2016 se celebró la audiencia de vista en la cual la defensa presentó los agravios del auto de formal prisión que le decretó el juez Cuarto Penal.
Al emitir su resolución, misma que le fue notificada a Gonzalo y a su defensa este jueves, la Primera Sala Penal determinó que lo procedente es reponer el procedimiento a partir de la declaración de Gonzalo Molina González, debido a que dentro del plazo constitucional de 72 horas el juez omitió admitir y desahogar las pruebas que ofrecieron el inculpado y su defensa.
Las pruebas son: los careos con quienes lo acusan, el entonces director de Seguridad Pública Rubén Reyes Cepeda, los policías municipales Raúl Castejón Temelo, Gabriel Morales Ramírez, Martín Cebrero Martínez, Rosendo Morales Demetrio, Bonifacio García Portillo y el entonces síndico municipal David Martínez Valadez; el interrogatorio que la defensa formulará a los denunciantes y presuntos agraviados, testimonios a favor de Molina González y algunas documentales de buena conducta y de su pertenencia a la CRAC.
Por lo tanto ordena al juez penal a que admita y desahogue las pruebas referidas y dentro del plazo de 72 horas vuelva a resolver la situación jurídica de Molina González, que además de éste enfrenta otros tres procesos penales.
El abogado manifestó que con la resolución de la sala y los términos en que debe reponerse el procedimiento, es una oportunidad para aportar mayores elementos probatorios al juez que desvirtúen los señalamientos dolosos en contra de Gonzalo, “debido a que la Policía Comunitaria siempre ha actuado con espíritu de servicio al pueblo, no con actos terroristas ni con fines delincuenciales”.
Agregó que es una oportunidad política para que las autoridades propicien un acercamiento con los actores que intervinieron en estos hechos, para buscar canales de diálogo y reconciliación, en lugar de judicializar los conflictos sociales que motivan procesos absurdos como el que enfrenta el promotor comunitario y otros integrantes de la CRAC, de modo que cuando resuelvan su situación jurídica le decreten la libertad, pero al mismo tiempo se creen las condiciones para que el sistema comunitario deje de ser criminalizado a capricho de los gobernantes en turno.
Confirman libertad de Aurora Molina
Por otro lado, dentro del Toca Penal I-38/2016, la misma Primera Sala Penal confirmó el Auto de libertad que con fecha 25 de marzo de 2014, el juez Cuarto Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Bravo, dictó a favor de Aurora Molina González, hermana de Gonzalo, dentro del expediente 157/2013-II, por los mismo delitos por los que se procesa a Gonzalo.
No hay voluntad del gobierno para liberar a otros presos de la CRAC, dice el abogado de Gonzalo
El abogado del promotor de la Policía Comunitaria de Tixtla Gonzalo Molina González, Hegel Mariano Ramírez, declaró ayer que los gobiernos estatal y federal no muestran la misma voluntad política que tuvieron con Nestora Salgado a los otros ocho presos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Aseguró que hay una intención de los gobiernos federal y estatal de mantener en prisión a los otros miembros de la CRAC que fueron detenidos después de Nestora Salgado, que tienen acusaciones por los mismos delitos que ella pero que se los han reclasificado, en otros casos han retrasado la resolución de amparos o han dilatado la resolución de la sentencia más allá del plazo establecido legalmente.
A Gonzalo Molina le han acumulado 12 delitos en cuatro causas penales, dos de ellas del fuero federal y dos del fuero común, lo que dificulta su defensa, y el procesado carece de recursos hasta para sacar copias de su expediente.
El abogado que lleva el caso de dos de las cuatro causas penales de Molina González informó que una de ellas, la 76/2013 por delincuencia organizada es por la que fue absuelta la comandante de la Policía Comunitaria de Olinalá, Nestora Salgado, por el Segundo Tribunal Unitario del 21 Circuito, con sede en Chilpancingo.
Informó que otra causa penal es la 196/2013 que lleva el Juzgado Segundo del Ramo Penal de Tlapa por secuestro agravado, por el que también fue absuelta Nestora.
La otra causa es la 157/2013 que lleva el Juzgado Cuarto Penal de Chilpancingo por terrorismo, robo agravado, privación ilegal de la libertad y lesiones agravadas, por acusaciones del síndico de Tixtla, el director de la Policía Municipal, el secretario general del Ayuntamiento y cinco policías municipales.
Otro proceso penal en contra de Gonzalo Molina es el 59/2013 que lleva el Juzgado Séptimo de Distrito federal por terrorismo, portación de arma de uso exclusivo del Ejército, portación de arma sin licencia, y delitos contra servidores públicos.
Asimismo existe en su contra la 678/2013 que lleva el Juzgado Séptimo de Distrito por portación de arma de fuego sin licencia.
Derivado de todos estos procesos penales que enfrenta en la cárcel de Chilpancingo Gonzalo Molina, otros 14 integrantes de la CRAC tienen órdenes de aprehensión en su contra, aunque algunos de ellos enfrentan los procesos en libertad.
La mayoría de estas causas penales se integraron contra los policías comunitarios luego de que el 26 de agosto del 2013 protestaron frente al Ayuntamiento de Tixtla, para exigir que el gobierno diera a conocer la detención de Nestora Salgado.
Hegel Mariano señaló que tras la resolución que la semana pasada dictaron los jueces penales de Tlapa, Huamuxtitlán y Ayutla, que absuelven a Nestora Salgado de secuestro y por lo cual sale en libertad, se espera que en los próximos días el resto de los comunitarios presos también sean beneficiados con esta resolución.
Dijo que también se prevé que cuando menos ocho miembros de la CRAC, entre ellos Arturo Campos Herrera (quien está preso en el penal de Ayutla) y Gonzalo Molina, salgan en libertad aunque el 29 de diciembre se les reclasificó el delito de secuestro agravado por privación ilegal de la libertad personal.
Reconoció que el caso de Gonzalo Molina es más complicado jurídicamente porque enfrenta causas penales del fuero común y otra por el fuero federal.
Aunque Hegel Mariano consideró que si las autoridades jurisdiccionales toman en cuenta la resolución que dictó en el 2014 el Juez 6 de Distrito de Acapulco que dejó en libertad a varios comunitarios de Ayutla, estableciendo que la Policía Comunitaria es una institución protegida por la Ley 701 de usos y costumbres de los pueblos originarios en Guerrero, Gonzalo tiene que abandonar la cárcel.
En opinión del abogado la detención de los policías comunitarios durante la administración del gobernador Ángel Aguirre Rivero, fue una estrategia para desaparecer a este sistema de justicia de los pueblos originarios.
No descartó que en Tixtla, Ayutla y Olinalá la delincuencia organizada haya presionado al gobierno para detener el avance de las policías comunitarias, porque afectaba sus intereses económicos.
El abogado declaró que esta hipótesis de complicidad es porque durante la administración de Aguirre Rivero los procesos judiciales de los comunitarios presos eran demasiado lentos.
“Como que veíamos que había mala fe de los jueces para una serie de trámites, e incluso era muy complicado realizar audiencias porque los presos estaban en cárceles de máxima seguridad en distintos estados del país”, recordó.
Indicó que si bien durante el mandato interino de Rogelio Ortega a los comunitarios se les trasladó a penales de Guerrero (en el caso de Nestora Salgado a la cárcel femenil de Tepepan, en la Ciudad de México desde Nayarit) de todos modos los procesos penales van en forma lenta.
Agregó que desde hace más de dos años la Primera Sala Penal del Poder Judicial que es integrada por los magistrados Vicente Rodríguez, Miguel Barreto Sedeño y Julio Jáuregui siguen sin dictar una resolución sobre una apelación sobre el auto de formal prisión que dictó el juez penal de esta ciudad, Abimael Rodríguez en contra de Gonzalo Molina acusado de diversos delitos del fuero común.
Bloquean organizaciones la cárcel de Ayutla por la libertad del ex comandante de la CRAC
Autoridades comunitarias de El Timbre, municipio de Ayutla, bloquearon la entrada de la cárcel de Ayutla en demanda de la libertad del ex comandante de la Policía Comunitaria Antonio Leobardo Galeana, detenido el viernes en Chilapa.
La comunidad El Timbre forma parte de la Casa de Justicia de El Paraíso de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).
Unos 50 integrantes del Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) respaldados por el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), y el comisario de El Timbre Arturo Mendoza Regina demandaron una reunión con el asesor del gobierno del estado, César Flores Maldonado, para resolver el caso de Leobardo Galeana.
La protesta empezó a las 10 de la mañana y los inconformes dijeron que permanecerán en el lugar hasta que sean atendidos.
En la cárcel, por ser día de visita, los manifestantes sólo permitieron ingresar a los familiares que van a ver a algún interno, e impiden la salida de los guardias de seguridad y del director del penal.
El coordinador del FODEG, Hoguer Morales Miranda, Antonio Leobardo fue detenido el viernes a las 8 de la mañana en Chilapa, después fue llevado a Chilpancingo, luego a Tierra Colorada, después a Las Mesas y finalmente encarcelado en Ayutla a las 6 de la tarde, acusado de los delitos de privación de la libertad y de obstaculizar la vía pública.
En la tarde se buscó a Morales Miranda para conocer si hubo acuerdos para la liberación de Antonio Leobardo pero no fue posible localizarlo.
Con la detención el gobierno busca desgastar a la CRAC y a los pueblos, considera Tlachinollan
El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández condenó la detención del ex comandante de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de El Paraíso, Antonio Leobardo Galeana, detenido este viernes en Chilapa.
Dijo que las autoridades estatales y federales se colocan en una postura de confrontación a los policías comunitarios para seguir desgastando la relación de los pueblos y la CRAC.
Consultado vía telefónica mencionó que la Ley 701 reconoce al sistema de los policías comunitarios, y consideró que de nada sirven las leyes y compromisos que se asumen con las autoridades cuando se tienen reuniones regionales, entre la Policía Comunitaria, jueces y agentes de los ministerios públicos, porque en los hechos siempre existe una postura de sometimiento, de no reconocimiento y de criminalización contra quienes trabajan a favor de la comunidad.
Manifestó que es preocupante que las autoridades tengan una postura ambigua, que digan una cosa y hagan otra, “las autoridades no son coherentes con lo que dicen y hacen, es lo que ha dañado y desgastado al movimiento social”.
Agregó que “en estos momentos que se logró la libertad de Nestora Salgado y que se cometió una injusticia por parte de las mismas autoridades, quienes hicieron la investigación y dictaron la orden de aprehensión, haya consigna política, es desafiar al movimiento y lucha legítima de la Policía Comunitaria, es como decir que el gobierno tiene el control de la ley y que no va a reconocer y a ceder a las conquistas que han logrado los pueblos indígenas”.
Indicó que las autoridades echan por la borda los esfuerzos de la Policía Comunitaria, por lo que las autoridades se colocan en una postura de confrontación para seguir desgastando la relación con los pueblos y la CRAC.
Expuso que con la detención de Leobardo Galeana “se está viviendo más de lo que se conquistó este viernes, del gran triunfo que se obtuvo del caso de Nestora”.
Su liberación ayudaría a allanar el camino para establecer una nueva ruta de diálogo y de búsqueda de acuerdos, dentro del marco legal y procedimientos jurídicos pero con voluntad política, indicó.
Aseveró que no hay voluntad de las autoridades, ya que hay una postura de fuerza y de intolerancia, que no se quiere abonar para que haya un ambiente de distención y que las autoridades deben de reconocer las conquistas y avances de la sociedad, y la detención no abona para que la autoridad adquiera ese reconocimiento y legitimidad que se necesita.
El defensor reiteró que lo que sucedió con la liberación de Nestora marca un momento clave para demostrar que la Policía Comunitaria está haciendo un trabajo ejemplar, “ya quisiéramos que eso hicieran los policías de los tres niveles, pero estamos viendo que son los mismos policías municipales y estatales los que están violentando los derechos de la población”.
Dijo que las violaciones de los policías municipales y estatales está demostrado como en el caso Ayotzinapa, donde se utilizaron policías para reprimir a la población, por lo que el gobierno debe entender que se debe cambiar la política que no funciona.
El director agregó que las autoridades tienen que terminar con el pacto de impunidad que prevalece para proteger a los policías municipales y estatales, y por otro lado darle el reconcomiendo y respeto a la Policía Comunitaria.
Sin embargo la manera en la que actúa el gobierno es mediante el uso de la fuerza y la detención de los defensores, pero no de los delincuentes, criticó.