A 21 años de la conformación de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y su Policía Comunitaria (CRAC-PC), es un proyecto inacabado y corresponde a todos mejorar lo que no se ha hecho bien, dijo el consejero de la institución, Sabás Aburto Espinobarros, quien con el también consejero Juan Horta Cruz, son autores del libro El origen de la Policía Comunitaria-Montaña y Costa Chica y fundadores de la organización.
El texto fue presentado la tarde de este jueves en el Palacio de la Cultura, en donde hubo reclamos y la exigencia de la libertad de los presos de la CRAC Gonzalo Molina González, Arturo Campos Herrera y Samuel Ramírez García.
Además de los autores el libro también fue comentado por el representante del senador perredista Armando Ríos Piter, Mario Hernández Herrera.
Los autores explicaron que en el texto retoman el proceso que vivió la institución indígena desde su formación en octubre de 1995 a 1998, aunque también se incluyen dos de las crisis más fuertes que ha vivido, la del 2002 durante la primera “embestida” por el gobernador René Juárez Cisneros, cuando integró averiguaciones previas y liberó órdenes de aprehensión en contra de las autoridades comunitarias, así como la del 2013 cuando del gobernador Ángel Aguirre Rivero, quien intervino para dividir a la CRAC-PC mediante Eliseo Villar Castillo, ahora preso.
Juan Horta explicó que el libro “es un bebé que fue deseado desde el 2015”, cuando comenzaron a concebirlo, aunque aclaró que ya había habido muchos intentos, que tres veces estuvo a punto de abortar, pero que afortunadamente nació sano.
Sabás Aburto explicó que en el libro está el contenido “del por qué de los por qué” surgió la Policía Comunitaria, después de varios intentos y reuniones con el procurador de justicia y el secretario de Seguridad Pública, sin que se hubiera logrado.
Aclaró que no fueron esas reuniones con los funcionarios las que ayudaron a la formación de la Policía Comunitaria, sino las prolongadas asambleas de los pueblos que buscaban acabar con la inseguridad, los robos, asaltos, violaciones a las mujeres y asesinatos en el corredor Montaña-Costa Chica.
Añadió que después se vinieron acontecimientos como la masacre de Aguas Blancas, los asesinatos del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, el asesinato del ex gobernador José Francisco Ruíz Massieu y la masacre de El Charco, en el municipio de Ayutla, “todo eso nos empujó a la organización, y si no fuera por esos acontecimientos la Policía Comunitaria no hubiera surgido”, reconoció.
Detalló que también fue fundamental la participación de las organizaciones sociales, como Los de la Montaña, 500 Años de Resistencia Indígena, las Triple S y los Consejos Comunitarios de Abasto de Diconsa. Todo eso se conjuntó “para que la semilla de la Policía Comunitaria germinara”.
Juan Horta destacó que los logros de 1995 a 1998 fueron el desmantelamiento de las bandas delincuenciales, algunas de hasta 50 criminales, la disminución de la inseguridad, la desaparición de la Policía Motorizada que fue la responsable de la masacre del vado de Aguas Blancas, así como el reconocimiento a la CRAC-PC por el Gobierno, cuando se reconoció que la Policía Comunitaria no se trataba de una guerrilla como se le acusaba.
Sin embargo añadió que 21 años después, la defensa de la CRAC-PC sigue porque los embates del gobierno continúan, “todavía hay algunos funcionarios que nos siguen llamando ilegales porque desconocen el marco legal, o lo interpretan a su manera y conveniencia.
Frente a estas circunstancias, explicó que los retos son la defensa de la CRAC-PC ante los ataques extornos e internos, que sea reconocida dentro de la Constitución Política del Estado porque en la última reforma, “casi nos ponen un freno y nos hacen a un lado”.
Asimismo dijo que otro reto es concientizar para que no se siga confundiendo a la CRAC-PC con otros grupos que también se dicen policías comunitarias, pero que no cuentan con un reglamento y no tienen como base las asambleas.
Otro de los comentaristas, el representante del senador Armando Ríos Piter, Mario Hernández explicó que el proyecto deja un aprendizaje para replicarlo en todo el estados, “es el mejor ejemplo que existe en el estado del poder popular”, definió.
Agregó que este modelo está afianzado en las asambleas comunitarias y que por eso ha funcionado muy bien, a diferencia del sistema gubernamental en el que ya no hay confianza y la inseguridad está a la orden del día.
En la etapa de preguntas el presidente del Colegio de abogados de Chilpancingo, Rubén Cayetano García manifestó que ya hacía falta un documento de este tipo.
Asimismo de entre el público surgieron inquietudes y cuestionaron a los autores y consejeros de la CRAC-PC, cosas como la falta de autonomía al recibir recursos de los ayuntamientos, reunirse con funcionarios del gobierno del estado y aceptar la credencialización de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Yo me quedo con lo que era antes la CRAC, que su esencia era su autonomía y que se regía por sus usos y costumbres”, dijo por ejemplo, Maricela Juárez Ocampo, de la colonia Comunidad Emperador Cuauhtémoc.
Roberta Campos Adame integrante de la CRAC-PC La Patria es Primero de El Fortín, criticó que hayan recurrido para la edición del libro al senador perredista Armando Ríos Piter, “que ha aprobado leyes en contra del pueblo, ¿dónde está esa autonomía?, preguntó y luego cuestionó al senador que se quiera montar en el prestigio de la CRAC.
Otro de los asistentes preguntó la postura de los consejeros y autores del libro de los presos. Gonzalo Molina, Arturo Campos y Samuel Ramírez García, para entonces algunos de los asistentes comenzaron a desplegar y a alzar pancartas: “Libertad a Gonzalo Molina, preso político de la CRAC”, “Atención médica a Gonzalo Molina”, “Libertad a Samuel Ramírez García”, “Respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas”, se leyó en algunas de las cartulinas.
En respuesta a las críticas Sabás Aburto dijo que el camino de la CRAC no tiene fin, “nos vamos a ir nosotros a descansar y la CRAC-PC va a seguir porque es un proyecto inacabado, y con el esfuerzo de todos debemos mejorar lo inacabado y lo que no se hizo bien”.
Luego dijo que la autonomía es un proceso que se va construyendo poco a poco, pero precisó que la CRAC-PC es apartidista y que no está sometida a algún partido político, y menos a algún candidato, “lo que nos une es el problema de la inseguridad” y explicó que tienen que recurrir a representantes populares como al senador, a los presidentes municipales porque es un derecho acudir ante ellos.
Aclaró que la CRAC no es apéndice del gobierno ni de ningún partido, “pero no podemos ni debemos permanecer como en una isla, necesitamos mantener relaciones buenas o malas”. Aseguró que la libertad de los presos la tratan mediante la defensa jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, pero que no se sabe de su intervención, “porque poco nos gusta salir en los medios de comunicación”.
Aclaró que en 2013 se dio la credencialización de los policías comunitarios “por las prácticas desviadas” del entonces coordinador de la casa matriz con sede en San Luis Acatlán, Eliseo Villar Castillo, debido a la intervención del gobernador Ángel Aguirre.
Subrayó que el ahora ex coordinador, (actualmente preso por homicidio), recibió el apoyo del gobernador para desmantelar a la CRAC-PC y con ello frenar a la institución, porque su función no es sólo velar por la seguridad, sino también evitar que avancen los proyectos mineros en la Montaña y Costa Chica.
Preció que a la Policía Comunitaria no se le respeta por las armas, sino por el respaldo con el que cuenta, “así carguen sólo un machete, cuentan con el poder popular”, y denunció que por eso ha habido muchos intentos de destruirla.