La Comisión Operativa estatal de Movimiento Ciudadano (MC), nombró a la ex alcaldesa de Iliatenco, Ruperta Nicolás Hilario, como presidenta del Comité Técnico de Organización Electoral del Distrito 05 federal.
Es el primero de los ocho comités que nombrará MC en cada uno de los distritos federales del estado. Será el reaponsable de organizar la estructura electoral de ese partido en la región de la Montaña para el proceso electoral de 2024.
En conferencia de prensa en las oficinas de MC en Acapulco, se destacó el activismo de Ruperta Nicolás en la lucha contra la violencia política en razón de género, motivo por el que se anuló la eleccion de 2021 en Iliatenco.
El presidente del Comité Tecnico Estatal de Organizacion Electoral, Sebastián de la Rosa Peláez, explicó que se decidió empezar en ese distrito porque La Montaña es un emblema para MC, pues es la región que le dio mas votos en el pasado proceso electoral.
Con Ruperta Nicolás en el Comité están Julio César Naranjo Jiménez como secretario, Teresa de Jesús Camacho Acevedo como primer vocal, Israel Mijangos como segundo vocal y Erinco Herrera Reyes.
En su mensaje, Ruperta Nicolás pidió acompañamiento, herramientas, comunicación y capacitación para fortalecer a MC en La Montaña, pues recordó que cada región es diferente y en una zona con población indigena la forma de hacer política también es diferente.
El presidente del Comité Tecnico Nacional Electoral de MC, Gustavo Flores Llamas, dijo que su responsabilidad será defender el voto, tener representantes en todas las casillas para tener las actas de votación de cada casilla porque solo con eso se puede demostrar si hubo anomalías y solo así se pueden acreditar los votos emitidos por los ciudadanos.
Unos 150 civiles de la comunidad de Arroyo San Pedro, municipio de Iliatenco, armados con pistolas, machetes y palos irrumpieron la mañana de ayer en la localidad de Renacimiento, municipio de San Luis Acatlán, y golpearon a unas 30 personas, se llevaron privadas de su libertad a seis, algunas de ellas heridas, y saquearon viviendas y una tienda de las que robaron dinero y artículos diversos, denunciaron ayer vía telefónica los afectados.
Los agresores se llevaron a los hermanos Félix, Roberto y Javier Barrera Ignacio, así como a Alexis y Alfonso Barrera González y a Juan Santiago Laureano, a quienes sometieron a varillazos y a algunos se los llevaron visiblemente lesionados, según la fuente.
También pretendían llevarse al delegado municipal Gregorio Giro Francisco, e inicialmente sus familiares creyeron que estaba entre los retenidos, pero se les escapó por una barranca la tarde de ayer y fue con sus vecinos a presentar la denuncia ante la agencia del Ministerio Público de San Luis Acatlán.
Los pobladores de Arroyo San Pedro llegaron a Renacimiento poco después de las 5 de la mañana, después de las 9 algunos se llevaron a los seis a su pueblo, otros se quedaron en Renacimiento bloqueando los accesos afuera de algunas casas.
Los habitantes de Renacimiento informaron que abandonaron la localidad después de las 3 de la tarde, y que en la noche mantenían un bloqueo a la entrada de Arroyo San Pedro para prevenir que fueran a rescatar a los detenidos.
El director de la primaria encabezó la agresión
Entre los agresores había hombres y mujeres encabezados por el director de la escuela primaria de Arroyo San Pedro, Ausencio Santos García, quien en horas de trabajo participó en la agresión y fue quien se llevó a los detenidos en su camioneta, denunciaron los vecinos de Renacimiento.
También encabezaron a los agresores Bartolo Claudio Santos, Antonio Merino Claudio, Raúl de Jesús Cabrera, Miguel Solano Santa, Albertano Giro Cortés, Salomón de Jesús Oropeza y Macario Merino Claudio.
Se informó que en su irrupción a Renacimiento golpearon a unas 30 personas, entre éstos a los seis que se llevaron detenidos, además se metieron a varias casas y a una tienda de las que se llevaron dinero, mercancía y objetos diversos.
Uno de los vecinos contó que el problema surgió porque desde abril pasado se independizaron del municipio de Iliatenco y pasaron a formar parte de San Luis Acatlán.
Declaró que la gente de Renacimiento se desprendió de Iliatenco porque en una reunión de Coplademun el 29 de mayo del 2017 la ahora ex presidenta municipal Eugenia Cantú Galvez, les manifestó que Renacimiento ya no está dentro de su territorio y que no le corresponde darles obras.
“Ese fue el motivo de que la localidad de Renacimiento buscó pertenecer al municipio de San Luis Acatlán”, expuso.
Informó que ayer recibirían de parte del Ayuntamiento de San Luis Acatlán el sello de la Comisaría, porque además de que dejaron de pertenecer al municipio de Iliatenco, la comunidad dejó de ser delegación y se convirtió en Comisaría municipal.
Dijo que esa fue la inconformidad de los pobladores de Arroyo San Pedro y que por eso entraron para llevarse a los dirigentes, quienes organizaban la celebración con motivo de que su pueblo se convirtió de delegación a Comisaría.
Denunció que incluso un grupo de los agresores se mantuvieron hasta las 3 de la tarde de ayer afuera de la casa de Félix Barrera Ignacio, uno de los que se llevaron, y en donde harían la comida para el festejo.
Los habitantes de Renacimiento fueron sometidos porque son minoría, según uno de los vecinos no son más de 110 habitantes entre adultos y niños, mientras que los de Arroyo San Pedro son de entre 500 a 800. Dijo que sólo los que entraron eran aproximadamente 150 adultos entre mujeres y hombres.
Uno de los vecinos que la tarde de ayer acudió a presentar la denuncia en la agencia del Ministerio Público de San Luis Acatlán, informó que este jueves los habitantes de Renacimiento bloquearon la entrada a ese municipio, a la altura del Centro de Estudios de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CEBTA), para exigir la liberación de sus vecinos y familiares que están detenidos en la Comisaría municipal de Arroyo San Pedro.
La confrontación entre los pobladores de Renacimiento y Arroyo San Pedro se agravó desde abril del año pasado, cuando los del primer pueblo solicitaron que fueran reconocidos como pueblo de San Luis Acatlán, puesto que como ejido pertenecen a esta demarcación, pero como pueblo pertenecían a Iliatenco.
Sin embargo, los pobladores de Arroyo San Pedro no aceptan el cambio debido a que son anexo del ejido de Renacimiento, y si éstos pasan a formar parte como ejido y pueblo de San Luis Acatlán, se verán afectados como ejidatarios.
El proceso de separación de Renacimiento de Iliatenco se aceleró luego de que el 29 de mayo de 2017 en una reunión de Coplademun en la comunidad de Aserradero, la entonces alcaldesa Eugenio Cantú Galvez les dijo a los de Renacimiento que ya no recibirían obras del Ramo 33, porque ya no aparecían en el padrón de beneficiarios.
“Fue por eso que tomamos la decisión de cambiar nuestras credenciales y venir a formar parte de nuestro municipio de manera legal, todo con la finalidad de no pelear con la presidenta de Iliatenco, ya que no tiene caso, de todos modos los beneficios que se lleguen a lograr en San Luis Acatlán y que van a ir a Renacimiento, también van a ser para Arrollo San Pedro, ya que también son ejidatarios aquí de Renacimiento, “desgraciadamente ellos lo interpretan de otra manera”, declaró uno de los vecinos.
El policía municipal de Iliatenco, Evaristo Olivera Cortés quien fue despedido en el año 2012 de manera injustificada pidió la intervención del gobernador, Héctor Astudillo Flores y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Guerrero (Codehum), Ramón Navarrete Magdaleno, para que les paguen sus salarios a él y a otros compañeros al haber ganado un juicio laboral.
El policía me’phaa dijo que es el representante de 54 policías y administrativos que laboraron durante el periodo priista de 2012-2015 y fueron despedidos por Ismael Romero Sierra quien asumió la presidencia de manera injustificada, por lo que interpusieron un juicio laboral en la sala regional de lo Contencioso Administrativo con sede en Tlapa y cuyo juicio ganaron el 2013.
Sin embargo el Ayuntamiento que ahora preside la alcaldesa perredista, Eugenia Cantú no lo ha aceptado y no les han pagado desde esa fecha y por estar en un juicio no pueden buscar empleo en otra institución, además que los empleos escasean en la región.
Recordó que hay muchas familias sin sustento pues no hay fuentes de empleo suficientes en el municipio y la mayoría de la población se sostiene del campo y el café, pero este último ingreso disminuyó por las plagas que lo han afectado.
Pidió que el gobernador y el titular de derechos humanos revisen su caso y les resuelvan porque ya son cinco años que no tienen un trabajo remunerado y sólo se apoyan del campo.
Ismael Romero Sierra fue denunciado en el 2014 por su escolta y chofer, Abel Espinobarros Ramos por despido injustificado luego de solicitar vacaciones porque trabajaba jornadas de 15 horas diarias, sin derecho a descanso.
Lo señaló de no darle vacaciones ni el pago de las mismas, aguinaldo, ni seguridad social como lo establece la ley y que de su salario notificado de 7 mil le quitaban 2 mil.
En el segundo foro abierto intercomunitario, Mujeres indígenas movilizadas por la defensa de sus derechos individuales y colectivos, se pidió respeto a la voz de los pueblos plasmada en la iniciativa popular de Ley Indígena (Ley 701) y en la iniciativa de reforma integral a la Constitución Política del Estado de Guerrero en materia de Derechos Indígenas y Afromexicanos.
Activistas emplazaron al Congreso del Estado a que apruebe inmediatamente la legislación diseñada por los pueblos indígenas.
El foro este domingo, en la cabecera municipal de Iliatenco fue con la finalidad de promover la participación activa de las mujeres indígenas con perspectiva de género, y un debate para conocer sus demandas en la esfera comunitaria.
Participaron amas de casa, profesoras, estudiantes, académicas, ex regidoras, ex comisarias municipales, consejeras de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) quienes coincidieron en que se debe erradicar la violencia, compartir los trabajos domésticos en los hogares para que las mujeres incrementen su participación en el ámbito público, ya que en lo privado tienen muchas tareas.
Invitaron a las mujeres a que si les ofrecen un cargo en la estructura comunitaria lo tomen y no digan que no saben, porque todo se aprende, y al negarse les dan la razón a los hombres, también pidieron que participen en el proceso electoral.
Demandaron la libertad de los presos políticos como Gonzalo Molina, Samuel Ramírez, Arturo Campos y que se les dé respuesta a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, y castigo a los autores materiales e intelectuales del asesinato del activista de Tlapa, Antonio Vivar.
Se habló de la importancia de la educación en las mujeres y de que esta sea emanada desde las comunidades, quienes siempre están en los movimientos sociales motivando y preparando los alimentos.
De la Liga por la Defensa de los Derechos Humanos, Elsa Arista González dijo que la lucha no ha sido fácil, y que se vive dentro de una sociedad que limita a las mujeres en varios ámbitos.
Dijo que las mujeres hacen doble trabajo al estar en el hogar y en las asambleas, donde les dicen que deben estar en su casa padeciendo discriminación.
Dijo que son pocas las que salen a estudiar, que no hay apertura política representativa y quienes la tienen es debido a su condición económica privilegiada.
Agregó que se sigue promoviendo el papel de que son cuidadoras del hogar y no de generadoras capaces de organizar.
Expuso que se busca la equidad y conocer los derechos desde el ámbito local, nacional e internacional como indígenas, el derecho a conservar las instituciones, las tierras, sus recursos, a la salud, y a la medicina tradicional.
Agregó que si no se conocen los derechos colectivos, individuales y económicos, que ya están en el marco legal local, nacional e internacional, no pueden exigirse.
Del Frente Popular de Tlapa la ama de casa Rosamar García Tirado dijo que le hubiera gustado que los hombres llevaran a sus esposas, les pidió respeto y que no las violenten como a ella que sufrió violencia de su esposo, de quien se separó porque la hacía menos.
En la participación pidió que se compartan los trabajos en el hogar y el cuidado de los hijos, ya que las madres son las que los educan y llevan por todos lados, y los hombres sólo proveen el dinero.
Dijo que no deben obligar a las mujeres a tener relaciones sexuales porque eso es una violación.
De la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG), Benita de Jesús dijo que en su organización la mayoría son mujeres que luchan por sus derechos en sus comunidades, y lamentó que no se pueda participar en todos los espacios.
Comentó que las mujeres son el pilar de la familia por lo que se debe enseñar el respeto hacia ellas, y que los hombres no les dejen todo a las mujeres porque lavan la ropa, hacen la comida, los llevan a la escuela y terminan siendo las culpables si los hijos caen en malos pasos.
Las ex comisarias de la Unión de las Peras del municipio de Malinaltepec, Laurentina Bruno y Carmela Bruno Candia hablaron de su experiencia al frente del poblado donde la gestión es fundamental, sobre todo en afectaciones como las que dejó la tormenta tropical Manuel en el 2013, y que recibieron críticas y poca atención por ser mujeres.
De la CRAC-PC Felícitas Martínez mencionó que para exigir derechos deben de estar organizadas, y que esperaba que los resolutivos fueran difundidos y efectivos para que se hagan.
El Frente de Comunidades por la Defensa los Derechos Colectivos (Frecoddec), Claudia Basurto dijo que el gobierno les niega sus derechos a las mujeres, en la educación no hay becas y tienen que trabajar si buscan alcanzar alguna profesión, además de que son acosadas.
La asistente Yulma Lara García mencionó que las niñas y las mujeres indígenas son las más vulnerables y las que menos tienen acceso a la salud y educación, y son propensas a casarse a temprana edad y ser madres.
Dijo que las acciones sociales pueden modificarse porque la misma sociedad las construye y las puede cambiar, y así se puede cambiar el pensamiento de que las mujeres son para obedecer y los hombres para mandar.
Se propuso que el siguiente encuentro sea en San Luis Acatlán para que participen afromexicanos, con na savi, y ñomndaa de la Costa Chica.
Lamentaron que no estuviera la presidenta municipal perredista de Iliatenco, Eugenia Cantú Galvez.
Estuvo el me’phaa Saúl Moran Oropeza y su hija con canciones de resistencia en su lengua.
Convocaron el Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña, Frecoddec, El colectivo El Grito, El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), el Frente Popular de Tlapa (FPT) y la Organización Popular Independiente de Guerrero (OPIG), y la hermana de Antonio Vivar, Veneralda.
Trabajadores de la unidad médica urbana del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)-Prospera de Tlapa, concluyeron su paro laboral el jueves 27 de abril, tras acordar con sus superiores los pagos de sus salarios y viáticos.
Este viernes se reincorporaron a sus labores y, de manera escueta se supo que en 15 días les pagarán los honorarios y viáticos pendientes, así como la reparación de las camionetas y camiones que usan para atender a pacientes en las comunidades.
Los 10 trabajadores que se negaron a identificarse por miedo a represalias, sólo dijeron que su paro, iniciado el lunes 24 de abril, era porque no les habían pagado salarios ni viáticos desde octubre de 2016.
La unidad médica se encuentra dentro de las instalaciones de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos indígenas (Cdi).
Recientemente, la Secretaria de Salud del estado informó que IMSS-Prospera atenderá con sus unidades móviles a 11 municipios, ante los recortes al presupuesto en 2017, entre los que están Malinaltepec, Atlixtac, Olinalá, Zapotitlán, Acatepec, Metlatónoc, Alcozauca e Iliatenco.
Derechohabientes na savi, me’phaa y nahuas se inconformaron y exigieron atención e información luego de que suspendieron el programa de caravanas de la Salud sin avisarles. (Antonia Ramírez / Tlapa).
El consejo regional de Apicultores de la Montaña Alta se reunió en la comunidad de Ojo de Agua, municipio de Malinaltepec, para hablar de sus necesidades y requerimientos sobre el envasado y comercialización de la miel, y se quejaron de la falta de apoyo de los ayuntamientos de la Montaña a su proyecto productivo.
Los productores del dulce resaltaron que un problema que tiene la apicultura en la región es la alimentación de las abejas, porque hay carencia de flores a causa de los frecuentes incendios forestales, por lo que pidieron la intervención de las autoridades agrarias, comunales y ejidales, y de las instituciones de gobierno, como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), para enfrentarlos.
Los 120 apicultores en la región conforman 14 organizaciones constituidas legalmente, en los municipios de Iliatenco, Malinaltepec, Tlacoapa y San Luis Acatlán, y en su encuentro destacaron la importancia de gestionar un seguro para apicultores.
El presidente del Consejo Regional de Apicultores, el campesino me’phaa Quirino Ramírez Poblano invitó a los apicultores a evitar caer en la desesperanza ante la falta de apoyos o porque algo va mal, ya que “ahora hay un poco más de acompañamiento que cuando yo inicie”, dijo.
Dijo que no ha contado con ningún apoyo de la autoridad municipal desde que inició el proyecto de apicultura en la región, y pidió tolerancia a sus compañeros en los proyectos que se tengan que hacer, para buscar recursos que se inviertan en las necesidades de la apicultura, y recordó que hace días les entregaron más de 300 colmenas a productores de miel orgánica de las comunidades de Tapayoltepec, Colombia de Guadalupe y Tierra Colorada .
Contó que ahora, como Consejo Regional se están organizando para acceder a los recursos institucionales que aún no tienen, y por eso se hallaron ahí para platicar con el presidente municipal de Malinaltepec, Sebastián Ramírez Hernández, y funcionarios de la Sagarpa.
Por su parte, Ramírez Hernández dijo que la reunión fue para escuchar y delinear los trabajos para 2017 con las demandas de los apicultores y las propuestas de la Sagarpa.
Agregó que su administración apoyará a los apicultores para que lleguen los recursos para que se pueda hablar de una industria de apicultores indígena, donde se envase la miel con etiqueta y se comercialice en el mercado internacional; en las medicinas para las farmacéuticas y no se descuide el mercado interno en las comunidades.
Adelantó que pedirá a sus homólogos de Iliatenco, Tlacoapa y San Luis Acatlán, donde están los apicultores, que avalen el proyecto de gestión para el diagnóstico, para generar empleos y frenar la migración a otros estados y a Estados Unidos, que cada día aumenta en la zona ante la falta de trabajo.
De la Sagarpa estuvieron el responsable de la dependencia en Malinaltepec, Eugenio Torres Flores, y el jefe de distrito en la región, Rogelio Garnelo Cortés, quienes coincidieron en que es necesario impulsar un programa estratégico y funcional, porque “se dan los proyectos y no aplican los recursos, y por eso ahora hay candados para acceder a los incentivos”.
Indicaron que se requieren varios documentos, como un padrón único de beneficiados, clave única o la Unidad de Producción Pecuaria (UPP), para que se ponga chapeta a las colmenas, deben contar con figura jurídica, luego presentar el proyecto, un programa de trabajo anual del consejo, presentar fotografías, huellas y voz, y que ya está abierta la ventanilla.
Luego, trabajaron en mesas en las que abordaron el manejo, alimentación, reproducción y sanidad de las abejas.
Estuvieron en la reunión, también, la presidenta del DIF, María Teresa Tapia; la síndica procuradora, Lidia Martínez Martínez; el regidor de Desarrollo Rural, Damián Gálvez Bello y el director de Desarrollo Rural, Rodrigo Franco Blanco.
En la temporada de alta de migración, de septiembre a noviembre salieron 3 mil 613 jornaleros agrícolas de la Montaña, a trabajar a los campos agrícolas de estados del norte del país en la cosecha de verduras como jitomate, chile y pepino, informó el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña.
De los migrantes mil 665 son mujeres y mil 948 son hombres, según los registros con los que el organismo contaba ayer.
El integrante del Consejo de Jornaleros, Flores Sánchez Crescencio informó que los municipios con mayor expulsión son Tlapa, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Atlixtac, Atlamajalcingo del Monte, Iliatenco, Acatepec, Alpoyeca, y Malinaltepec.
Pero también se registraron en la Casa del Jornalero vecinos de San Luis Acatlán, José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), Chilapa, Ayutla, Acapulco, Chilpancingo y Tixtla.
Informó que los estados a donde irán a trabajar a los cortes de verduras y hortalizas son Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Baja California Norte y Sur, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Morelos.
Detalló que este año bajó el número de registros pero que eso no quiere decir que la gente no se vaya del estado a trabajar, sino que está saliendo por cuenta propia y no pasaron a la Casa del Jornalero, porque hubo días que no contaban con nada de despensas para entregarles a las familias.
Hasta el momento continúan saliendo en su mayoría se van todos los integrantes de sus familias, se observó que muchas se llevan costales de maíz, calabazas y sus utensilios de cocina, mismos que les servirá para preparar sus alimentos porque las despensas que les entregan se las terminan durante el camino.
También se observó que estaba una manta colgada que se leía “Las jornaleras y jornaleros de la montaña exigimos al gobierno del estado un trato digno y respetuoso de nuestros derechos”.
Vecinos de la comunidad Tierra Colorada del municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco) damnificados por la tormenta Manuel recorren el predio donde se construyen las casas donde serán reubicados . Foto: Jesús Eduardo Guerrero
A tres años de la tormenta tropical Manuel, que dejó en Tierra Colorada, municipio de Leonardo Bravo, cuatro muertos y destruyó más de 70 casas, el gobierno federal no les ha entregado sus viviendas a los damnificados de esta localidad.
Además, les construyó un puente vehicular en un lugar donde no lo pidieron ni lo necesitan, en tanto que la construcción de la telesecundaria está abandonada, y la escuela primaria, el kínder y el centro de salud están abandonados, a pesar de que aparentemente las construcciones están concluidas.
Las viviendas para la reubicación de los damnificados se construyen en un lugar en condiciones de riesgo, sin acceso, en una zona inestable, y no tienen servicios públicos.
También, a pesar de que aparentemente están terminadas las escuelas primarias, el kínder y el centro de salud, no han sido entregadas a los habitantes. Mientras tanto, la obra de la telesecundaria se encuentra suspendida desde a finales del año pasado.
La comunidad de Tierra Colorada se encuentra en una zona inhóspita de la sierra del municipio de Leonardo Bravo, a la que se llega en tres horas y media de recorrido desde Chilpancingo. La carretera es una brecha intransitable y de terracería que comienza después de la comunidad de Omiltemi, al poniente de la capital.
Ayer en un recorrido con el reportero de El Sur, los vecinos de la comunidad denunciaron que el gobierno, además de que no ha cumplido con ninguna de las obras prometidas, no tomó en cuenta la opinión del pueblo ni de sus autoridades, sobre a las obras que se construyen arbitrariamente.
Agrede verbalmente el representante de la constructora al comisario y le pohibe entrar al predio
Al final del recorrido, cuando los vecinos y el comisario municipal, Saturnino Castro Leyva, todavía estaban reunidos en la cancha del pueblo, donde comentaban las deficiencias de las obras, llegó el encargado de la empresa que construye las viviendas, a quien sólo identifican como Manuel, quien acompañado por otros dos trabajadores amenazó al comisario municipal, a quien le exigió que no se meta con su trabajo. El representante de la empresa se molestó porque el comisario y los damnificados recorrieron las casas en construcción.
“¿Qué es lo que se le ofrece comisario?”, le espetó envalentonado y retador el representante de la empresa, frente a unos seis testigos que acompañaban a Castro Leyva. Cuando el comisario comenzaba a explicarle que estaban inconformes primero con un puente que no fue construido en el lugar donde lo necesitan, el encargado de los trabajos lo interrumpió, y le advirtió, “ya me tienes hasta la madre con los chismes y lo que andas diciendo allá en Sedatu, eres el único comisario que no ha querido trabajar de acuerdo con nosotros”.
El comisario le respondió que solamente ha dicho la verdad, pero el encargado de la obra le advirtió que cuando quiera entrar a las zona donde se construyen las casas, primero le pida permiso a él.
Quienes acompañaban al comisario salieron en su defensa, y le pidieron que citara al representante de la constructora para una reunión en la comisaría, porque le estaba faltando al respeto en la calle. Sólo hasta entonces el representante de la constructora se retiró, pero antes le insistió al comisario que debe pedirle permiso para entrar a la zona donde se construyen las casas.
Antes, los damnificados, acompañados por el comisario municipal habían recorrido el fraccionamiento donde se siguen construyendo las casas en una zona de terreno inestable y con riesgos de deslaves. Otra parte donde se construyen las casas es relleno, incluso una barda de contención de unos 15 metros de largo ya se vino abajo, y de acuerdo con los damnificados esa es una muestra de que el terreno está en falso y de la frágil estructura de los muros de contención.
Por otro lado, el fraccionamiento carece de accesos, y para llegar a las casas se tiene que cruzar el cauce de un río de unos 15 metros de ancho, en un lugar donde no hay puente.
Uno de los damnificados declaró que la mayoría de los habitantes sugirieron a la Sedatu y a la empresa constructora que las viviendas se construyeran en un lugar al que conocen como El Limoncito, frente a lo que ahora es Tierra Colorada, al otro lado del río.
Pero dijo que la empresa constructora y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), acordaron construir las casas en ese lugar porque el terreno se los vendió Virginio Jacobo León, quien es el padre del entonces comisario municipal, Apolinar Jacobo Alonso, y del ex regidor de Leonardo Bravo, Aníbal Jacobo.
Construyeron un puente a kilómetro y medio de la comunidad, donde no les sirve, lamentan
La zona en donde se siguen construyendo las casas es un bordo que da a un voladero de unos 20 metros de profundidad con caída al río, y por el otro extremo hay una barraca que en la temporada de lluvias deja la zona aislada.
El fraccionamiento está dividido en tres bloques separados por barrancas, y para llegar a los tres hay que atravesar el amplio río que corta la zona donde actualmente se encuentra asentada la población.
Ante la falta de un puente para atravesar ese río, por lo menos dos bloques de casas que se construyen están incomunicadas, ahí sólo se pude llegar cruzando el río a pie, cuando no está crecido.
Debido a las fallas de las casas que se construyen y el difícil acceso, 15 familias damnificadas construyeron por su cuenta sus viviendas con tablas y lámina de cartón o galvanizadas, en El Limoncito.
El fraccionamiento donde se construyen las casas no tiene servicios de agua, luz ni drenaje. Las obras son lentas debido a la falta de trabajadores, pues ya nadie quiere trabajar con la empresa constructora de la que desconocen su razón social. La empresa tiene deudas con más de 70 personas de la comunidad que fueron empleados, algunos de ellos les adeuda hasta 7 meses de salario.
Los habitantes denunciaron que los trabajadores, ante la falta de pago de los representantes de la constructora, tampoco han pagado los alimentos que consumieron. Algunas familias denunciaron que la deuda por cada trabajador ha crecido hasta a 10 mil pesos.
Mientras tanto, 85 familias que perdieron sus viviendas reclamaron al gobierno federal que les entregue sus casas, sin importar las condiciones en que se encuentren, porque viven alojados con sus parientes o vecinos de la misma localidad.
Algunas de estas familias son las de Georgina Rodríguez Salgado, Abraham Alonso Morales, Constantina Castro León, Faustino Castro Alonso, Alejandra Catalán Lorenzo y Sabino Rodríguez Salgado.
En la orilla de la zona donde se construyen las casas, también están abandonadas, aunque ya terminadas, la primaria Juan N. Alvarez y el jardín de niños. A las instalaciones educativas les faltan los servicios de energía eléctrica, agua y drenaje. Los niños de los seis grupos siguen recibiendo clases en la comisaría, en la iglesia y en carpas improvisadas en la explanada de la comisaría municipal.
También se construyó allí, al lado de la primaria, el jardín de niños, y aunque la obra parece en buenas condiciones y terminada, un paredón de la parte trasera comienza a derrumbarse.
En la misma zona se encuentra el centro de salud, que aunque ya está terminado es difícil llegar a él porque se tiene que cruzar una barranca, “¿imagínese, como van a pasar por aquí los pacientes?”, preguntó uno de los damnificados.
Al frente del centro de salud está también un área descampada en donde les anunciaron que se construiría la telesecundaria, pero en el área solamente hay material de construcción abandonado y señales de que se comenzaba a construir.
La actual telesecundaria está aislada porque las lluvias de septiembre de 2013 ampliaron el cauce del río El Zapote, que divide al pueblo con la escuela, y los estudiantes tienen que cruzar ese río.
Los vecinos contaron que la semana pasada se suspendieron las clases debido a que este río estuvo crecido ante las lluvias del fin de semana pasada, y los alumnos y maestros no pudieron cruzar el cauce para ir a la escuela.
Los habitantes denunciaron que, en este tramo, estaba programado el puente Tierra Colorada, que sustituiría al que se llevó el agua en 2013. Este puente serviría para llegar a la escuela y para cruzar hacia Jaleaca de Catalán.
Informaron que en el proyecto estaba considerado aquí la construcción del puente, que fue construido un kilómetro y medio abajo, en donde no les sirve.
El comisario Castro Leyva denunció que el puente no se construyó porque el dinero fue desviado para beneficiar a los habitantes de Jaleaca, tras la intervención de la diputada federal Beatriz Vélez Adame, originaria de esa localidad, y por “políticos encumbrados con influencias en el gobierno”.
Consideró que los recursos de este puente fueron desviados para construir el puente un kilómetro y media hacia abajo porque actualmente se construyen una carretera que comienza en Omiltemi, municipio de Chilpancingo, y pasa por Chocomanatlán y Chautipan hasta llegar a Jaleaca. Dijeron que el puente que les robaron a los de Tierra Colorada forma parte de ese proyecto carretero.
El comisario dijo que, incluso, en la lámina que fue colocada en el puente que se construyó un kilómetro y media abajo está rotulado: “Se construye el puente Tierra Colorada”, pero insistió que allí ya no pertenece a su comunidad y que no les sirve de nada el puente.
Hallan a un hombre asesinado a navajazos y con huellas de tortura en una colonia de Iguala
El miércoles fue localizado el cuerpo de un hombre asesinado a navajazos, con huellas de tortura en todo el cuerpo y con la cabeza cubierta con una bolsa de plástico negro, en la orilla de la carretera hacia la colonia Fermín Rabadán, al sur de la ciudad.
Según fuentes policiacas una llamada anónima cerca de las 11 de la noche reportó que en ese lugar estaba un hombre en la orilla de la carretera, cerca de la zona en la que los primeros minutos del mismo día fue hallado un joven ejecutado a balazos, con las manos atadas a la espalda y con huellas de tortura.
Al lugar llegaron agentes de la Policía Estatal y de la Federal quienes confirmaron el hallazgo y acordonaron la zona.
La víctima tenía entre 35 y 40 años, se le apreciaban puñaladas en el estómago al parecer producidas por una navaja, tenía la cabeza cubierta con una bolsa negra y según fuentes ministeriales tenía quemaduras de cigarro en las manos, el pecho y la cara, y golpes producidos al parecer con una tabla en las piernas, glúteos y espalda.
Según fuentes policiacas el hombre fue asesinado en otro lugar y su cuerpo fue abandonado en esa carretera.
Peritos en criminalística y agentes del Ministerio Público llegaron al lugar de los hechos para las diligencias de ley, y el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) de esta ciudad cerca de la media noche.
En esta semana se registraron tres ejecuciones, una de las víctimas es un hombre que fue hallado desmembrado en dos bolsas de plástico, y con éste el número de homicidios en este municipio incrementó a 47. (Alejandro Guerrero / Iguala).
Asesinan a balazos en San Luis Acatlán a un taxista desaparecido en Iliatenco
El miércoles fue encontrado asesinado un joven taxista que fue reportado como desaparecido en el municipio de Iliatenco, el cuerpo estaba en la orilla de la comunidad Pascala del Oro, San Luis Acatlán.
Según reportes oficiales el comisario de la comunidad avisó a las autoridades que en la carretera a Mexcaltepec estaba un hombre y la mitad de su cuerpo había sido devorado por animales. Según el reporte, el cuerpo tenía dos balazos en el cráneo.
Al lugar acudieron policías municipales de San Luis Acatlán, policías ministeriales y trabajadores de Protección Civil.
El cuerpo del taxista Efraín Gerónimo Silva de 21 años estaba entre los matorrales, era originario de la comunidad de Aserradero, Iliatenco.
El taxista fue identificado por su padre y su esposa, quienes indicaron que el 12 de mayo lo último que supieron es que el joven hizo un viaje especial a un grupo de hombres.
El asesor de la organización de caficultores de la unión de ejidos La Luz de La Montaña, Sabás Aburto Espinobarros, dijo que desde hace cuatro años la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) propuso un plan nacional de acciones contra la plaga de la roya y la broca, pero las autoridades federales y del estado hicieron caso omiso.
El martes pasado productores de café de la Costa Chica-Montaña mostraron un panorama desolador, y dijeron que en este año están cosechando el 10 por ciento del café que obtenían antes, a causa de la plaga de la roya.
En los municipios de San Luis Acatlán, Iliatenco, Malinaltepec, Tlacoapa, Metlatónoc y Acatepec, hay 10 mil 500 productores que trabajan alrededor de 9 mil hectáreas de plantas de café, en donde hace tres años eran cosechados entre 50 y 65 mil quintales, cada quintal pesa 92 kilos de café seco y molido.
En la cosecha de 2015 los productores sólo produjeron 25 mil quintales. Los productores venden el café seco y molido alrededor de 19.50 pesos.
El asesor indicó que la plaga de la roya y las lluvias fuera de temporada de finales del año pasado complicaron la cosecha de la semilla y al igual que los productores del municipio de Atoyac, en la región de la Costa Chica y Montaña hay riesgo de hambruna.
Indicó que desde hace cuatro años la CNOC que aglutina a más de 50 organizaciones de caficultores del país, entregó a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) un plan de acciones de combate de la plaga, pero la dependencia hizo caso omiso.
Explicó que la siembra de café para las comunidades ubicadas a unos mil 500 metros de altura sobre el nivel del mar representa lo mismo que cultivar maíz, grano que compran con el dinero obtenido de la venta del café, y calificó de grave la situación de los campesinos de los municipios considerados de alta pobreza.
En declaraciones, Aburto Espinobarros dijo que desde 1984 los productores han sabido lidiar con las plagas de la roya, pero la plaga de la broca también mantiene preocupados a los caficultores de la región. La broca es un coleóptero curculiónido, un gorgojo, que mide de .7 a 2.2 milímetros de largo y corroe las semilla del café.
El 80 por ciento de los cultivos de café de la región, que es la más afectada por la plaga de la roya, se ubican por debajo de los mil 500 metros sobre el nivel del mar, el 20 por ciento está por arriba de esa altura, y no fue tan afectada por la plaga; sin embargo, la pronta maduración de la semilla y las lluvias atípicas acabaron por tirar la producción.
Llamó a las autoridades federales y del estado a realmente atender el problema que enfrentan los caficultores en la región de la Costa Chica y Montaña, así como de los productores de las otras regiones, y entregar los apoyos económicos a las familias que viven de la cosecha del café, porque su situación de pobreza podría empeorar.
Se unió a la exigencia de la declaratoria de emergencia para recuperar sus sembradíos.
