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Arman en Ayahualtempa a 15 niños y cinco niñas

La CRAC-PF incorporó a la autodefensa y presentó en la cancha de la comunidad del municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) a los menores que tienen entre 12 y 17 años, ante el asedio del crimen organizado y en defensa del territorio, luego de que suman 17 vecinos asesinados y siete desaparecidos, entre ellos cuatro integrantes de una familia de la que no se sabe desde el 19 de enero. Al esposo, la esposa y dos de sus hijos los tiene un grupo criminal en Tlanicuilulco, informa un familiar y pide la intervención del presidente López Obrador y de la gobernadora Evelyn Salgado para hallarlos con vida Foto: Lenin Ocampo Torres

 

 

Arman en Ayahualtempa a 15 niños y cinco niñas como parte de la CRAC-PF en defensa del territorio

Incorporan a los menores que tienen entre 12 y 17 años a la autodefensa ante el asedio del crimen organizado, y luego de que el 19 de enero fueron privados de su libertad integrantes de una familia, afirma la organización. El consejero Margarito Silva informa que a partir del 2018 han contabilizado 17 vecinos asesinados y siete desaparecidos por grupos criminales

Zacarías Cervantes

Ayahualtempa, Hueycantenango

Autoridades comunitarias y pobladores de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), presentaron este miércoles a 15 niños y cinco niñas y adolescentes que formarán parte de la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) para la defensa de su territorio y sus familias.
Los niños y adolescentes fueron incorporados a la autodefensa luego de que el 19 de enero fueron privados de su libertad integrantes de una familia, la pareja y dos de sus hijos, quienes hasta ayer seguían desaparecidos.
En una asamblea realizada en la cancha techada de la Comisaría municipal, los representantes de la CRAC-PF y del Consejo Tradicional del Gobierno Nahua tomaron la protesta a los menores, cuyas edades son de entre los 12 y 17 años.
-“¿Están dispuestos a defender los derechos de su pueblo?”, -preguntó uno de los coordinadores de la CRAC-PAF.
-¡Sí!, respondieron al unísono los 20 niños y adolescentes.
Los menores fueron formados a lo largo de la cancha techada, algunos empuñaban otates en lugar de armas de fuego, pero la mayoría sostenían rifles calibres .22, escopetas calibre 20, 16 y 410.
El consejero Margarito Silva Hernández, infor­­­mó que llevan varios días capacitándose en el manejo de las armas para la defensa de su territorio y sus familias, ante el asedio del crimen organizado.
Aclaró que los mayores se incorporarían a partir de ayer a las jornadas de búsqueda de los integrantes de la familia desaparecida, y los de menor edad se quedarán para resguardar al pueblo y no dejarlo indefenso ante la violencia del crimen organizado, que resurgió con la desaparición de los integrantes de la familia Teodoro Gaspar la semana pasada.
Silva Hernández informó que a partir del 2018 han contabilizado 17 vecinos asesinados y siete desaparecidos por el crimen organizado. Reconoció que durante el 2022 y 2023 disminuyeron las agresiones pero que este año resurgieron con la privación de la libertad de Cecilia Gaspar Hernández, su esposo José Teodoro Domingo, y sus hijos Roberto y Gaudencio Teodoro Gaspar, quienes fueron privados de su libertad el 19 de enero pasado en el punto conocido como Zacatepec, municipio de Chilapa.
Uno de los coordinadores de la CRAC-PF, denunció que el operativo que busca a la familia desaparecida, integrada por militares y agentes de la Policía del Estado y Ministerial recorre el territorio comunitario y en el sitio de donde se los llevaron, pero no va a donde les han indicado que podrían tenerlos.
Argumentó que ante la falta de resultados acordaron en asamblea el domingo pasado reforzar su Policía Comunitaria con la participación de los niños y adolescentes, para no desproteger al pueblo.
En esta comunidad, una de las más grandes del municipio de José Joaquín de Herrera, después de su cabecera municipal, Hueycantenango, se ha venido incorporando a niños y adolescentes a su autodefensa desde el 2019, ese año incorporó a 19 y en el 2021 a 35, informó el consejero Luis Morales.
Ayer se informó que aunque no se incorporaron a los operativos sí forman parte de la reserva que se queda en el pueblo ante alguna emergencia, “aunque la mayoría ya cumplió la mayoría de edad y se incorporó formalmente a nuestra policía”, dijo.
Los niños y adolescentes que se incorporaron ayer, realizaron una demostración y maniobras del manejo de su armamento frente a las autoridades comunitarias del pueblo, ante unos 500 pobladores, en su mayoría mujeres, y en presencia de reporteros que acudieron a su presentación. Los de menor edad blandieron hábilmente, en vez de armas de fuego, otates recién cortados.
La demostración apenas duró unos 10 minutos, enseguida, en fila, rifles y otates en ristre regresaron a la Comisaría municipal de donde habían salido para presentarse ante la asamblea.

“No nos dejan otra opción… los tres órdenes de Gobierno nos han abandonado”

Luis Morales Rojas argumentó que esto (la participación de los niños en la Policía Comunitaria) no es lo que quieren las autoridades ni los padres de los menores, “pero no nos dejan otra opción, las autoridades de los tres órdenes de Gobierno nos han abandonado, nos han dejado solos ante el crimen organizado”.
Aunque en las diversas intervenciones no mencionaron el nombre del grupo delictivo que los asedia, los pueblos vecinos fuera del territorio comunitario están bajo control de Los Ardillos.
Morales Rojas pidió a las autoridades que hagan su trabajo, que les garanticen seguridad y que intensifiquen la búsqueda de los cuatro ciudadanos que están desaparecidos.
“Ya basta de tanta violencia. Al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le advertimos que los niños siguen en pie para apoyar y resguardar el territorio comunitario”, dijo.
Expresó que es urgente que las autoridades atiendan su llamado, “hoy la población está aquí para exigir a nuestras autoridades de los tres niveles de Gobierno que ya no sigan ocurriendo estas desapariciones y esperamos que el Gobierno haga su trabajo y los rescate con vida”.
Clamó: “Entre los desaparecidos está una madre de familia, una señora de 52 años, y es un dolor muy grande que no sepamos de ella, por eso están aquí las señoras manifestándose, para que se rescate de manos de la delincuencia organizada, y si lo decimos así es porque tenemos el conocimiento de quién es el que nos está agrediendo en nuestros alrededores”.
El representante comunitario dijo que “en el pueblo de Ayahualtempa no vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a permanecer de pie manifestando todo lo que sea necesario, apoyándonos y coordinándonos autoridades y población”.
Dijo que la violencia es una preocupación de todos, “porque un día, que ni Dios lo quiera, otros más van a ser privados de su libertad o asesinados, y todos valemos lo mismo, hombre y mujeres”.
Otro consejero mandó un mensaje a los funcionarios de los tres órdenes de Gobierno. Les dijo que es muy triste lo que les está pasando en este pueblo, “y queremos justicia, que nos den el apoyo, que no nos dejen y que nos echen la mano, que nos defiendan, hoy queremos de su apoyo y su ayuda”.
Uno de los vecinos, a nombre de los pobladores, reprochó a las autoridades que sus vecinos llevan seis días desaparecidos “y el Gobierno no nos ha dado ninguna respuesta, y por esa razón estamos aquí, no estamos porque queremos, ni porque es nuestro gusto presentar a nuestros niños como policías, sino para que también el Gobierno vea que nos interesa encontrar a nuestros ciudadanos perdidos y que queremos justicia”.
También hizo un llamado a los grupos criminales, “que ya no nos perjudiquen, entre nosotros nos conocemos y sabemos que no andamos en malos pasos, cada quien anda en sus labores, en sus siembras, o en el campo cuidando nuestros animalitos, no andamos haciendo cosas indebidas”.
Insistió en que está seguro que nadie de los vecinos de aquí ha hecho mal a nadie, “no sé por qué ese grupo nos odia, todas las personas que entran a nuestro pueblo así salen, ninguna persona queda detenida y ahorita solamente estamos peleando por nuestros ciudadanos”.

Se amplió la búsqueda de la familia desaparecida, dice el Gobierno del estado

Por su parte, el Gobierno del estado informó en un boletín de prensa que como parte de los operativos encabezados por la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Fiscalía General del Estado, se ampliaron ayer las acciones de campo para localizar a las cuatro personas “que cuentan con reporte de desaparición en el municipio de José Joaquín de Herrera”.
Agregó que en el tercer día de búsqueda “las acciones implementadas por elementos de la Policía Ministerial Investigadora en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional, se extendieron a la localidad de Zacatepec en la región Centro de la entidad”.
Se informó que se realizan recorridos a pie y a bordo de vehículos oficiales desde la mañana del domingo.
Reiteró que el martes personal de la dependencia atendió a habitantes de la localidad de Ayahualtempa, de donde son originarias las personas desaparecidas, “con quienes se llevó a cabo una mesa de diálogo en donde se les informaron los avances de las indagatorias”.
La FGE puso a disposición el número de atención 7474919443 “para que en caso de tener información que ayude a dar con el paradero de las personas, pueda aportarla a esta dependencia”.
Las autoridades comunitarias informaron en la asamblea de ayer que en la reunión que tuvieron con las autoridades el martes, no les dieron ningún avance de las investigaciones y que los familiares de las víctimas y los pobladores les pidieron que no los busquen en el territorio comunitario, porque ahí ya los buscaron ellos, sino que vayan al territorio que controla el grupo delictivo que se los llevó.

Expresan su apoyo a Claudia Sheinbaum mujeres líderes nahuas de la Montaña

Conferencia de prensa el mediodía de este domingo en Chilapa donde mujeres de la región manifestaron su apoyo a Claudia Sheinbaum Foto: Luis Daniel Nava

Luis Daniel Nava / María Avilez Rodríguez

Chilapa / Chilpancingo

Mujeres líderes nahuas de Chilapa, Zitlala y José Joaquín de Herrera, integrantes de organizaciones sociales, expresaron su apoyo a la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum Pardo.
“Es momento de que nos represente una mujer. La continuidad de la 4T debe tener el rostro de mujer”, expresaron en Chilapa las mujeres nahuas.
A las 11 de la mañana, en el restaurante Casa Pilla, las mujeres nahuas dieron una conferencia de prensa, acompañadas de decenas de mujeres provenientes de la zona rural de la región.
Algunas portaron un sombrero con la leyenda “Adelitas”.
La conferencia de este domingo fue coordinada por Diana Itzel Hernández, hija de Ranferi Hernández y directora de gestión en el Instituto para la Atención de los Adultos Mayores.
Participaron Lucerito Capistrano Carrera, de la comunidad de Acatlán; Eustolia Pintor, de La Esperanza, municipio de Mártir de Cuilapan, y Yesenia Alejo Tomatzin, de Zitlala, y actual directora de Investigación de la Secretaría para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Alejo Tomatzin leyó un posicionamiento de apoyo para que Claudia Sheinbaum se convierta en coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.
También participó la consejera de Morena, Bernarda Leovigilda Chávez, así como Lorena Gúzman, regidora de Ahuacuotzingo; Pedro Soria Hernández, agente fiscal de la Secretaría de Finanzas; el consejero Marco Antonio Miranda y líderes de Morena de Chilapa.
Informaron que el 27 de agosto se levantará la encuesta en el estado.
Por separado, integrantes de organizaciones sociales realizaron el foro de análisis y balance: Perspectivas de lucha social ante el proceso electoral y la sucesión presidencial de 2024, donde acordaron apoyar a Claudia Sheinbaum para que sea la candidata de Morena.
El sábado, los integrantes de las organizaciones Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), de los damnificados del Nuevo Mirador, del Frente Democrático de trabajadores del IEEJAG, también Micaela Cabañas Ayala, hija de Lucio Cabañas, se reunieron en un hotel, en la capital, para el análisis.
En su participación el dirigente de la APPG, Nicolás Chávez Adame, informó que acordaron que se tiene que recuperar la esencia y precisar que el proyecto de la Cuarta Transformación es un movimiento que surge de la lucha social.
Chávez Adame dijo que hacen un llamado a todas las regiones de Guerrero, a organizarse para iniciar un proceso de democratización de las estructuras de Morena, “donde las cúpulas” se han apoderado de la toma de decisiones.
Detalló que proponen un brigadeo para organizar foros y asambleas generales, para llegar al primer congreso popular y elegir de manera democrática a sus representantes, de todos los niveles de participación electoral.
El dirigente manifestó que condenan categóricamente a los caciques y a todos los gobernantes que se han “coludido” con la delincuencia organizada y que pone en riesgo la vida de muchos inocentes.
Además, pidió a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que atienda y resuelva la demanda popular.
Manifestó que acordaron que Sheinbaum Pardo es la persona adecuada para darle continuidad al proyecto de nación de la Cuarta Transformación, porque ella surge del movimiento social, “en uno de los momentos más críticos de la historia de México. Es una de las personas más cercanas al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador”.
“Esta sucesión presidencial fortalece la democracia en México, porque es respetar la equidad de género en el proceso electoral, puesto que tendríamos la primer mujer presidenta de la historia”, enfatizó Chávez Adame.
Las organizaciones solicitaron que Claudia Sheinbaum retome las demandas más sentidas del movimiento social de Guerrero, entre ellas, la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y la liberación de los presos políticos.

Asesinan a un estudiante hijo de un comunitario de Hueycantenango, denuncia la CRAC-PF

El 6 de febrero de 2019 en Ayahualtempa niños de la CRAC-PF durante su entrenamiento, donde los lunes, miércoles y viernes les enseñaban a usar armas para defenderse Foto: Lenin Ocampo Torres

Zacarías Cervantes

Chilpancingo

El estudiante de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Justino Tapia Rosendo, originario de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), fue asesinado el domingo en la cabecera municipal.
El joven es hijo del policía comunitario de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de la Casa de Justicia de Ayahualtempa, Margarito Tapia.
De acuerdo con las autoridades de la localidad, los responsables del homicidio son miembros del grupo delictivo de Los Ardillos.
La CRAC-PF informó ayer que el cuerpo del joven Justino Tapia fue hallado la mañana del domingo en una comunidad cerca de la cabecera municipal.
Tapia Rosendo, de 19 años de edad, fue el sábado a la cabecera municipal, Hueycantenango, para trabajar como cada fin de semana en un mototaxi, su trabajo lo alternaba con sus estudios de ingeniería civil, en Chilpancingo.
De acuerdo con la CRAC-PF aproximadamente a las 2 de la tarde del sábado fue privado de la libertad mientras prestaba este servicio, por hombres armados y desde ese momento perdieron contacto con él.
Fue hasta la mañana del domingo cuando fueron notificados sus familiares del hallazgo del cuerpo sin vida en el poblado de San Marcos, ubicado cerca de la cabecera municipal.
El cuerpo del universitario fue recogido por personal del Servicio Médico Forense (Semefo) y trasladado a Chilpancingo.
Ayer, familiares de la víctima vinieron a cumplir con el reconocimiento del cuerpo y reclamarlo para darle sepultura.
La CRAC-PF ha denunciado que en los últimos dos años, el grupo delictivo Los Ardillos ha sido responsable de la desaparición de unas 12 personas entre hombres y mujeres de la comunidad de Ayahualtempa. De ellas al menos tres siguen desaparecidas y el resto han sido encontrados muertos.
El 11 de diciembre, fue levantado en la cabecera municipal el joven José Juan Reyes, lo que originó varias búsquedas por personal de la Guardia Nacional, Ejército y Policía estatal pero no ha sido localizado.
Por los constantes hechos de violencia la CRAC-PF y su Policía Comunitaria de Ayahualtempa han pedido a los gobiernos estatal y federal la instalación de tres filtros de seguridad en territorio comunitario con personal del Ejército o de la Guardia Nacional, sin embargo no ha tenido respuesta.

 

Ante nuevas amenazas del crimen maestros no vuelven a clases en cinco municipios

No vuelven a clases en escuelas de 5 municipios de la Montaña Baja ante la violencia y amenazas

Ayer tenían que reanudar labores en Atlixtac, José Joaquín de Herrera, Ahuacuotzingo, Zitlala y Chilapa. Los maestros toman la decisión de no asistir a sus centros de trabajo, y no puede obligarlos porque no tiene manera de garantizarles la seguridad, dice la jefa de sector primaria, Juana Pineda

Zacarías Cervantes

Chilapa

Los maestros de la región educativa Montaña Baja, que comprende cinco municipios, determinaron que no existen las condiciones para que regresen a sus centros de trabajo, este lunes no regresaron a sus labores y las escuelas de todos los niveles permanecieron cerradas.
Los profesores advirtieron a las autoridades que regresarán cuando haya garantías de seguridad, no para los maestros sino para los niños, ante las amenazas del crimen organizado y la violencia en general que ha ido en aumento en los últimos días en esta zona.
La que se conoce en el sector educativo como región Montaña Baja comprende los municipios de Atlixtac, José Joaquín de Herrera, Ahuacuotzingo, Zitlala y Chilapa. En estos cinco municipios hay 663 escuelas, 62 mil 300 alumnos, 3 mil 400 maestros y personal de apoyo.
Aún cuando existe un oficio de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SEG del 28 de octubre que notifica a los maestros que la cuarta prórroga de suspensión de labores para revisar las estructuras de las escuelas termina este lunes 6 de noviembre, ninguna autoridad garantiza que van a regresar a sus labores sin riesgos ante la violencia y las amenazas que han recibido.
La jefa de sector primaria, Juana Pineda quien tiene a su cargo 123 escuelas en los cinco municipios, reconoció que en su caso no puede determinar si hay o no condiciones para que sus compañeros regresen a sus labores, y dijo que garantizar la seguridad no corresponde a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), sino al gobierno del estado.
En un recorrido por Chilapa un día después de que fueron encontrados siete cuerpos en ocho bolsas negras de plástico en la colonia Las Margaritas, en la periferia de la ciudad, este lunes además de las escuelas cerradas se percibió un ambiente tenso en toda la cabecera municipal.
Las calles se vieron semivacías, la mayoría de los negocios permanecieron abiertos pero sin clientes, mientras que los transeúntes se mostraron desconfiados y huidizos ante personas sospechosas o desconocidas.

Hay toque de queda, los negocios cierran a las 7 de la noche y la gente se encierra

El secretario técnico del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Oivares Hernández dijo que en esta cabecera municipal hay un virtual toque de queda, porque los negocios redujeron sus horarios y comienzan a cerrar a partir de las 7 de la noche, cuando empieza a oscurecer, y la gente también a esa hora se encierra en sus casas, y únicamente sale por alguna necesidad o urgencia.
Y es que las bandas del crimen organizado que se disputan la plaza no sólo amenazan, actúan. El sábado circuló mediante las redes sociales un mensaje: “les pedimos otras 24 horas para seguir limpiando la plaza”, se dijo en el texto que circuló en redes, y a la mañana del domingo aparecieron los siete cuerpos en bolsas negras a las que les prendieron fuego.
Olivares se preguntó cómo pueden ocurrir estos crímenes espectaculares en una ciudad sitiada por militares y policías. A la salida hacia Chilpancingo y Ayahualulco están dos retenes, el de Los Arcos y el del crucero de Ayahualulco. Rumbo a Tlapa, Ahuacuotzingo y a la salida hacia Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, está otro retén ubicado en el punto conocido como Los Ajos, y rumbo a los pueblos del oriente de la cabecera municipal hay un retén más, cerca de la comunidad de San Ángel, por ese rumbo fueron encontrados el domingo los siete cuerpos.
La duda del director del Centro Morelos es la misma de los chilapeños, un transeúnte cuestionó que cómo entran o salen de la ciudad los integrantes de las bandas criminales después de cometer las ejecuciones, masacres, levantones, o balaceras. “O si no salen y se quedan en la población, ¿cómo es posible que no puedan ser localizados”.

Las amenazas en redes sociales

La jefa de sector de las escuelas del nivel primaria, Juana Pineda aseguró que la violencia no ha tocado a sus compañeros maestros, y que ninguno ha sido asesinado, extorsionado o amenazado de muerte directamente.
Consultada en sus oficinas en las que por temor a la violencia ha reducido su horario de las 9 a las 2 o 3 de la tarde, mientras que antes era de 8 a 5 de la tarde, informó que las amenazas son mediante las redes sociales, pero no puede decir si hay o no condiciones para que los maestros regresen a sus labores.
Aclaró que esta es una decisión que tomarán con sus supervisores, declaró que la autoridad educativa tampoco les puede garantizar seguridad porque le corresponde al gobierno.
Informó que en estos cinco municipios los maestros no han regresado a clases desde el 19 de septiembre, las dos primeras semanas porque las autoridades revisaron posibles daños a las instalaciones educativas. Informó que de las 123 de su sector resultaron con daños de diferente nivel 62 escuelas.
Después los profesores no regresaron por las amenazas que se difundieron mediante las redes sociales, por alguna de las bandas del crimen organizado.
Sin mencionar nombres dijo que no en toda la región se dan estas amenazas, mencionó que hay algunas comunidades del oriente y parte baja de la cabecera municipal, en donde hay gente de la delincuencia que dice a los maestros que regresen a clases, que ellos los van a cuidar y que les digan quiénes los amenazan para que lo arreglen.
Insistió en que son los propios maestros los que toman la decisión de no asistir a sus centros de trabajo, y que no puede obligarlos porque no tiene manera de garantizarles la seguridad.
A unos metros de la jefatura de sector está la escuela primaria José de San Martín, una de las más antiguas de la cabecera municipal, y como todas las de la ciudad permaneció cerrada este lunes. Afuera una pareja que recién acababa de tomar lugar en una jardinera, al notar la presencia de los reporteros disimuladamente se retiró. La misma actitud asumieron la mayoría de los vecinos durante el recorrido.
Como todas las escuelas primarias y de preescolar igual estuvieron cerradas las secundarias, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytec), los Conalep y la Preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), a pesar de que en un oficio el departamento de Asuntos Jurídicos de la SEG de fecha 28 de octubre notificó que la reanudación de labores sería este lunes 6 de noviembre, como también lo confirmó en entrevista en la mañana el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero.
Las oficinas administrativas estuvieron abiertas este lunes, aunque el personal labora en un ambiente de tensión y desconfiando de todo el que entra.
En la delegación de servicios educativos el reportero pidió hablar con el delegado Gerónimo Maurilio Morales, pero según su personal estaba en una reunión (aunque pudo ser un pretexto). En las instalaciones había decenas de maestros que esperaban hablar con él.
Un líder magisterial declaró a condición de mantener en el anonimato su identidad por seguridad, que los maestros de esa región se encuentran en una situación “no deseable”.
Aclaró que no tienen nada que ver en la suspensión de clases, “porque nuestra función es precisamente servirle a la sociedad, pero también queremos garantías de seguridad”.
Reprochó que el problema es que frente a la situación de violencia que se vive en la zona y ante las amenazas dirigidas al magisterio nadie de las autoridades se quiere hacer responsable.
“Hemos pedido que alguna autoridad de la región nos dé un documento en el que se hacen responsables, que digan quién está pidiendo que regresemos a clases, pero que sea alguna autoridad que representa la estructura de la SEG y del propio gobierno del estado porque también hay magisterio estatal”, dijo.
Expuso que demandan esta responsiva “porque desafortunadamente estamos viendo en Chilapa que se está dando una situación complicada, tan es así que después de los últimos acontecimientos que ha habido nos han mandado mensajes, además la inseguridad que prevalece es evidente”.
Dijo que no solamente buscan salvaguardar la integridad de los maestros, sino principalmente la de los niños y jóvenes que están a su cargo durante el horario escolar, “eso es lo más importante y, sobre todo eso es lo que tratamos de garantizar, la niñez y la juventud”.
Aseguró que los maestros están conscientes de que están afectando la educación de los niños y jóvenes, pero que tampoco los quieren exponer.
El dirigente magisterial reconoció que no ha habido agresiones directas hacia los maestros, “pero sí muchas amenazas a través de anónimos y que le corresponde a la autoridad investigar, además está implícita la inseguridad y violencia que se está acentuando en la zona, y somos parte de una sociedad que en general está lastimada por la violencia”.
Insistió que a los maestros les corresponde trabajar pero al gobierno brindarles la seguridad correspondiente, “lo que no queremos es que el día de mañana haya un mártir dentro del magisterio y hasta entonces las autoridades digan: pues sí, tenían razón los maestros”.
Informó que en el ambiente de violencia que se vive en su región lo que piden es que se resuelva el problema en general, que no se le dé seguridad nada más al magisterio, sino a los niños, “que es lo más preocupante, porque si llegara a ocurrir una situación lamentable, desafortunadamente a los primeros que van a culpar sería a los maestros, porque no advertimos y pedimos que mandaran a la escuela a los niños”.
El dirigente retó que si la situación de violencia y el riesgo no es real, “entonces que las autoridades de la región Montaña Baja no tengan miedo, que nos manden un escrito en el que nos digan que nos presentemos a trabajar, para que así si suceden las cosas, nosotros los maestros tengamos a quien responsabilizar en un momento dado”.

Son “unas setenta y tantas” escuelas sin labores en la Montaña Baja, dice el secretario de Educación

Asegura que el gobierno estatal ya sigue una estrategia en materia de seguridad. “Tampoco podemos obligar a los maestros a que vayan a una escuela cuando ha habido pruebas de las amenazas”, declara González de la Vega

Alina Navarrete Fernández

Chilpancingo

El titular de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), José Luis González de la Vega Otero, declaró que son “unas setenta y tantas” escuelas de educación básica las que pararon labores en la Montaña baja.
Consultado en el jardín de niños Leonor López Orellana, en el barrio de San Mateo, donde acompañó al gobernador Héctor Astudillo Flores para inaugurar un edificio, al respecto de la situación de las escuelas de nivel básico en la región Montaña baja, donde en los últimos días grupos de la delincuencia organizada han amenazado a maestros para que no se presenten a clases debido a posibles ataques, González de la Vega Otero aseguró que el gobierno estatal implementó una estrategia en materia de seguridad, pero no detalló en qué consiste.
Aseguró que según el delegado de Servicios Educativos de la región Montaña baja, Jerónimo Maulirio Morales, “en la última reunión que tuvimos” hace unos días, eran “setenta y tantas” las escuelas cerradas por la falta de seguridad en comunidades de Chilapa y Zitlala, contrario a lo que se publicó en medios de comunicación, donde se dijo que se trataban de 663 planteles, “no sé quién les dio esa cifra, de dónde la sacaron”.
En su edición del 31 de octubre pasado El Sur publicó que de acuerdo con información oficial, en la región educativa Montaña baja, que comprende los municipios de Chilapa, Zitlala, José Joaquín de Herrera, Ahuacuotzingo, Atlixtac, Acatepec y Zapotitlán Tablas, existen 663 planteles de preescolar formal e indígena; primaria formal e indígena; servicios estatales, así como secundarias generales y técnicas con más de 62 mil 300 alumnos, que son atendidos por alrededor de 3 mil 400 docentes y personal de apoyo.
Además, en este colapso del sector educativo se encuentran también las preparatorias 26 de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) y la privada José Vasconcelos, así como los planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guerrero (Cecyteg) y del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep); mientras que de nivel superior, están la Universidad Tecnológica y el Centro Universitario Aurora Meza.
González de la Vega sostuvo que el número de escuelas cerradas en la región no rebasa los 75 planteles, aunque “la danza de cifras” es imprecisa y los maestros se presentarían a laborar de manera normal este lunes, pues luego de las estrategias en materia de seguridad, la SEG considera que hay condiciones para que se reanuden las clases.
Dijo que en un principio las clases en la zona se suspendieron porque maestros y padres de familia solicitaron la revisión de las instalaciones, luego de los sismos de septiembre pasado, pero después comenzó el problema de transporte a las comunidades.
“Es un tema muy difícil, es un tema complejo, es un tema que no corresponde únicamente a Educación. No con esto quiero decir que no sea una responsabilidad de nosotros, ¿qué hacemos? Así como contribuimos para que (alumnos y trabajadores) no puedan entrar a una escuela dañada, tampoco podemos obligar a los maestros a que vayan a una escuela cuando ha habido pruebas de las amenazas”, dijo y añadió que las evidencias presentadas fueron mensajes de texto, principalmente mediante Whatsapp, donde se advierte que si comienzan las clases habría ataques.
Se le preguntó si las escuelas contarán con resguardo del Ejército, Policía Federal o estatal, así como de detalles de la estrategia de seguridad para la Montaña baja, pero contestó que no conoce a fondo las medidas, pues se trata de un tema que les compete a las autoridades en la materia.

Se requieren más de mil 400 millones para la reconstrucción

?En cuanto a la reconstrucción de escuelas dañadas por el sismo del 19 de septiembre pasado, González de la Vega Otero dijo que Guerrero necesita uno mil 400 millones de pesos para las obras, mismas que ya comenzaron en 61 planteles, en los que la pérdida de instalaciones fue total.
Precisó que en la capital ya comenzó la demolición de las primarias Fray Bartolomé de las Casas y Antonio A. Guerrero, pero aún faltan otras escuelas. El proceso se llevará a cabo durante este mes, para que el 6 de diciembre comiencen las obras de reconstrucción.
Añadió que 14 escuelas de Chilpancingo no fueron consideradas para recibir recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), pero se harán las gestiones pertinentes ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que los planteles que cuenten con los dictámenes correspondientes para la reconstrucción total reciban los apoyos. Esta situación también ocurrió en algunas escuelas de la región Costa Grande.
Dijo que hay 82 planteles con daños menores, más estéticos, que no requieren una inversión mayor a 200 mil pesos; por ello las autoridades crearon un semáforo para identificar las escuelas dañadas, en rojo se encuentran las de reconstrucción total; en amarillo están las que necesitan una reconstrucción parcial, que requieren cerca de un millón de pesos, y en verde son los planteles con afectaciones “no tan profundas”, que lo máximo que recibirán son 200 mil pesos del programa de reforma educativa.

Se reforzará la seguridad para el regreso a clases en Chilapa, ofrece el gobernador

No tiene el dato preciso de cuántas escuelas han cerrado ante la amenaza de la violencia, dice Astudillo. Evade el llamado del obispo Rangel a que el gobierno del estado y el crimen organizado detengan los crímenes
Anarsis Pacheco

Chilpancingo

El gobernador Héctor Astudillo Flores señaló que el interés del gobierno del estado en Chilapa es que se regrese a clases con las condiciones “que se requiere”, tras la suspensión realizada por maestros ante la amenaza de grupos criminales que operan en la zona.
Consultado al concluir el acto protocolario de honores a la bandera en Palacio de Gobierno, Astudillo Flores no detalló cómo se darían estas condiciones para el regreso a clases.
Desde el pasado 25 de septiembre más de 600 escuelas de la Montaña baja suspendieron labores por la amenaza realizada a través de redes sociales en contra de maestros.
“En Chilapa hay un operativo desde hace tiempo, lamentablemente los actos delictivos vuelven a aparecer y eso obliga por supuesto a reforzar cerca de un municipio, cerca de otra región, dependiendo dónde se vayan presentando, pero por supuesto el interés es que se regrese a clases con las condiciones que se requieran”, agregó.
Durante la consulta también se le preguntó sobre la postura del obispo de Chilpancingo-Chilpa, Salvador Rangel, quien ayer domingo exigió al gobierno y a los integrantes de la delincuencia organizada que detengan los crímenes. Respondió que no tenía ninguna opinión al respecto.
Insistió que en le tema de Chilpa, existe una situación “muy desafortunada”, por lo que se debe de reforzar toda la región.
Se le preguntó sobre el número exacto de las escuelas cerradas que registró su gobierno. Contó que el dato no estaba confirmado.
“No lo tengo de ese número, hay que esperar que podamos hacer una valoración”, detalló.
A pregunta expresa sobre la desaparición del sobrino del luchador social Efrén Cortés, Jorge Cortés Carmona, señaló que no tenia “información”, pero que la Fiscalía General del Estado daría un reporte más tarde.
Consultado por separado, el vocero en materia de Seguridad, Roberto Álvarez Heredia, señaló que después de Acapulco, Chilapa es el municipio con más violencia en el estado.
Inclusive detalló que en los últimos días los homicidios dolosos han aumentado en la región ante la confrontación de grupos de crimen organizado que están disputándose la región.
Insistió que en esa zona se ha aumentado el resguardo por parte del Ejército, y no únicamente en Chilapa, sino también en los municipios de Zitlala, José Joaquín Herrera, Ahuacotzingo y Tixtla.
“Chilapa ya ocupa el segundo lugar en el número de homicidios dolosos, este tema ya ha sido analizado por grupo de coordinación Guerrero”, agregó.
Ante esto se le preguntó si no han considerado cambiar la estrategia debido al aumento de los hechos violentos. Aseguró que la estrategia diseñada si está rindiendo “frutos”.
“Han disminuido los homicidios dolosos en Acapulco, en un número muy significativo. Chilpancingo que tenia un repunte delictivo prácticamente está frenado, y lugares como Iguala  que antes era el tercer municipio más violento del estado ahora está en el lugar numero 9”, aseguró.

No vuelven a clases en escuelas de 5 municipios de la Montaña Baja ante la violencia y amenazas



Los maestros de la región educativa Montaña Baja, que comprende cinco municipios, determinaron que no existen las condiciones para que regresen a sus centros de trabajo, este lunes no regresaron a sus labores y las escuelas de todos los niveles permanecieron cerradas.
Los profesores advirtieron a las autoridades que regresarán cuando haya garantías de seguridad, no para los maestros sino para los niños, ante las amenazas del crimen organizado y la violencia en general que ha ido en aumento en los últimos días en esta zona.
La que se conoce en el sector educativo como región Montaña Baja comprende los municipios de Atlixtac, José Joaquín de Herrera, Ahuacuotzingo, Zitlala y Chilapa. En estos cinco municipios hay 663 escuelas, 62 mil 300 alumnos, 3 mil 400 maestros y personal de apoyo.
Aún cuando existe un oficio de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la SEG del 28 de octubre que notifica a los maestros que la cuarta prórroga de suspensión de labores para revisar las estructuras de las escuelas termina este lunes 6 de noviembre, ninguna autoridad garantiza que van a regresar a sus labores sin riesgos ante la violencia y las amenazas que han recibido.
La jefa de sector primaria, Juana Pineda quien tiene a su cargo 123 escuelas en los cinco municipios, reconoció que en su caso no puede determinar si hay o no condiciones para que sus compañeros regresen a sus labores, y dijo que garantizar la seguridad no corresponde a la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), sino al gobierno del estado.
En un recorrido por Chilapa un día después de que fueron encontrados siete cuerpos en ocho bolsas negras de plástico en la colonia Las Margaritas, en la periferia de la ciudad, este lunes además de las escuelas cerradas se percibió un ambiente tenso en toda la cabecera municipal.
Las calles se vieron semivacías, la mayoría de los negocios permanecieron abiertos pero sin clientes, mientras que los transeúntes se mostraron desconfiados y huidizos ante personas sospechosas o desconocidas.

Hay toque de queda, los negocios cierran a las 7 de la noche y la gente se encierra

El secretario técnico del Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos), Manuel Oivares Hernández dijo que en esta cabecera municipal hay un virtual toque de queda, porque los negocios redujeron sus horarios y comienzan a cerrar a partir de las 7 de la noche, cuando empieza a oscurecer, y la gente también a esa hora se encierra en sus casas, y únicamente sale por alguna necesidad o urgencia.
Y es que las bandas del crimen organizado que se disputan la plaza no sólo amenazan, actúan. El sábado circuló mediante las redes sociales un mensaje: “les pedimos otras 24 horas para seguir limpiando la plaza”, se dijo en el texto que circuló en redes, y a la mañana del domingo aparecieron los siete cuerpos en bolsas negras a las que les prendieron fuego.
Olivares se preguntó cómo pueden ocurrir estos crímenes espectaculares en una ciudad sitiada por militares y policías. A la salida hacia Chilpancingo y Ayahualulco están dos retenes, el de Los Arcos y el del crucero de Ayahualulco. Rumbo a Tlapa, Ahuacuotzingo y a la salida hacia Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, está otro retén ubicado en el punto conocido como Los Ajos, y rumbo a los pueblos del oriente de la cabecera municipal hay un retén más, cerca de la comunidad de San Ángel, por ese rumbo fueron encontrados el domingo los siete cuerpos.
La duda del director del Centro Morelos es la misma de los chilapeños, un transeúnte cuestionó que cómo entran o salen de la ciudad los integrantes de las bandas criminales después de cometer las ejecuciones, masacres, levantones, o balaceras. “O si no salen y se quedan en la población, ¿cómo es posible que no puedan ser localizados”.

Las amenazas en redes sociales

La jefa de sector de las escuelas del nivel primaria, Juana Pineda aseguró que la violencia no ha tocado a sus compañeros maestros, y que ninguno ha sido asesinado, extorsionado o amenazado de muerte directamente.
Consultada en sus oficinas en las que por temor a la violencia ha reducido su horario de las 9 a las 2 o 3 de la tarde, mientras que antes era de 8 a 5 de la tarde, informó que las amenazas son mediante las redes sociales, pero no puede decir si hay o no condiciones para que los maestros regresen a sus labores.
Aclaró que esta es una decisión que tomarán con sus supervisores, declaró que la autoridad educativa tampoco les puede garantizar seguridad porque le corresponde al gobierno.
Informó que en estos cinco municipios los maestros no han regresado a clases desde el 19 de septiembre, las dos primeras semanas porque las autoridades revisaron posibles daños a las instalaciones educativas. Informó que de las 123 de su sector resultaron con daños de diferente nivel 62 escuelas.
Después los profesores no regresaron por las amenazas que se difundieron mediante las redes sociales, por alguna de las bandas del crimen organizado.
Sin mencionar nombres dijo que no en toda la región se dan estas amenazas, mencionó que hay algunas comunidades del oriente y parte baja de la cabecera municipal, en donde hay gente de la delincuencia que dice a los maestros que regresen a clases, que ellos los van a cuidar y que les digan quiénes los amenazan para que lo arreglen.
Insistió en que son los propios maestros los que toman la decisión de no asistir a sus centros de trabajo, y que no puede obligarlos porque no tiene manera de garantizarles la seguridad.
A unos metros de la jefatura de sector está la escuela primaria José de San Martín, una de las más antiguas de la cabecera municipal, y como todas las de la ciudad permaneció cerrada este lunes. Afuera una pareja que recién acababa de tomar lugar en una jardinera, al notar la presencia de los reporteros disimuladamente se retiró. La misma actitud asumieron la mayoría de los vecinos durante el recorrido.
Como todas las escuelas primarias y de preescolar igual estuvieron cerradas las secundarias, el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytec), los Conalep y la Preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), a pesar de que en un oficio el departamento de Asuntos Jurídicos de la SEG de fecha 28 de octubre notificó que la reanudación de labores sería este lunes 6 de noviembre, como también lo confirmó en entrevista en la mañana el secretario de Educación, José Luis González de la Vega Otero.
Las oficinas administrativas estuvieron abiertas este lunes, aunque el personal labora en un ambiente de tensión y desconfiando de todo el que entra.
En la delegación de servicios educativos el reportero pidió hablar con el delegado Gerónimo Maurilio Morales, pero según su personal estaba en una reunión (aunque pudo ser un pretexto). En las instalaciones había decenas de maestros que esperaban hablar con él.
Un líder magisterial declaró a condición de mantener en el anonimato su identidad por seguridad, que los maestros de esa región se encuentran en una situación “no deseable”.
Aclaró que no tienen nada que ver en la suspensión de clases, “porque nuestra función es precisamente servirle a la sociedad, pero también queremos garantías de seguridad”.
Reprochó que el problema es que frente a la situación de violencia que se vive en la zona y ante las amenazas dirigidas al magisterio nadie de las autoridades se quiere hacer responsable.
“Hemos pedido que alguna autoridad de la región nos dé un documento en el que se hacen responsables, que digan quién está pidiendo que regresemos a clases, pero que sea alguna autoridad que representa la estructura de la SEG y del propio gobierno del estado porque también hay magisterio estatal”, dijo.
Expuso que demandan esta responsiva “porque desafortunadamente estamos viendo en Chilapa que se está dando una situación complicada, tan es así que después de los últimos acontecimientos que ha habido nos han mandado mensajes, además la inseguridad que prevalece es evidente”.
Dijo que no solamente buscan salvaguardar la integridad de los maestros, sino principalmente la de los niños y jóvenes que están a su cargo durante el horario escolar, “eso es lo más importante y, sobre todo eso es lo que tratamos de garantizar, la niñez y la juventud”.
Aseguró que los maestros están conscientes de que están afectando la educación de los niños y jóvenes, pero que tampoco los quieren exponer.
El dirigente magisterial reconoció que no ha habido agresiones directas hacia los maestros, “pero sí muchas amenazas a través de anónimos y que le corresponde a la autoridad investigar, además está implícita la inseguridad y violencia que se está acentuando en la zona, y somos parte de una sociedad que en general está lastimada por la violencia”.
Insistió que a los maestros les corresponde trabajar pero al gobierno brindarles la seguridad correspondiente, “lo que no queremos es que el día de mañana haya un mártir dentro del magisterio y hasta entonces las autoridades digan: pues sí, tenían razón los maestros”.
Informó que en el ambiente de violencia que se vive en su región lo que piden es que se resuelva el problema en general, que no se le dé seguridad nada más al magisterio, sino a los niños, “que es lo más preocupante, porque si llegara a ocurrir una situación lamentable, desafortunadamente a los primeros que van a culpar sería a los maestros, porque no advertimos y pedimos que mandaran a la escuela a los niños”.
El dirigente retó que si la situación de violencia y el riesgo no es real, “entonces que las autoridades de la región Montaña Baja no tengan miedo, que nos manden un escrito en el que nos digan que nos presentemos a trabajar, para que así si suceden las cosas, nosotros los maestros tengamos a quien responsabilizar en un momento dado”.

“Hay buena relación”, dicen Astudillo y Evodio al inaugurar obras en el centro

El gobernador Héctor Astudillo Flores y el alcalde Evodio Velázquez Aguirre inauguraron juntos la remodelación de dos tramos de calles del centro de la ciudad y ambos aseguraron que mantienen una buena relación.
Durante el recorrido hubo porras y matracas para el gobernador y porras para el alcalde. El corte de listón inaugural fue sustituido por uno blanco en lugar del amarillo y no se permitió la colocación de una lona en agradecimiento al alcalde.
En su intervención, el gobernador dijo que entiende que su función debe ser solidaria con los municipios del estado y con Acapulco, que “es la ventana más hermosa que tiene Guerrero para México y para el mundo”.
Se refirió a Velázquez Aguirre como “estimado presidente”, le dijo que toma con entusiasmo que estado y municipio trabajen en coordinación. Ofreció respeto al alcalde y a los vecinos de Acapulco.
“Yo no tengo ningún problema con nadie, porque soy el gobernador y entiendo mi papel, ya me tocó ser presidente municipal, cuando fui presidente municipal entendí cuál es el papel del presidente municipal y hoy entiendo cuál es el papel del gobernador. No tengo confusiones, soy gobernador no me creo presidente de la República, porque en la medida que el gobernador tenga los pies puestos sobre la tierra, el gobernador va a poder caminar con mas certeza y brindará mas confianza a todos”.
Al alcalde le dijo le daba un saludo fraterno y le sugirió que ejerza sus funciones a plenitud como presidente municipal, al igual que él hace su trabajo, “usted presidente municipal, yo soy el gobernador”.
Al final, se le preguntó al gobernador cuál era el estatus de su relación con el alcalde, respondió: “Es una relación institucional y de enorme colaboración. Él está trabajando y tiene que seguir haciendo lo que tiene que hacer en beneficio de Acapulco”.
En su discurso el alcalde expresó que sentía “mucho gusto” de que juntos hubieran acudido a entregar esas obras. “Siempre es satisfactorio para los ciudadanos ver que sus gobernantes se ponen de acuerdo, se coordinan en esfuerzos”.
El alcalde ofreció ser aliado del trabajo en beneficio de Acapulco, “que vayamos dejando de lado lo que nos divide, que vayamos dejando de lado lo que no suma”.
Velázquez Aguirre recordó que buscó ayuda del gobierno del estado para la remodelación de la zona tradicional del puerto, el gobernador ofreció remodelar la zona de Sinfonía del Mar y el municipio empezó con la remodelación de las calles del centro de la ciudad “lo que hicimos es complementar y no andar con ideas vagas, ni especular en lo que debe de hacerse, hoy aquí están los resultados, aquí estamos dando cuentas al pueblo de Acapulco”.
Agregó que se han colocado 10 mil metros cuadrados de pavimento nuevo en el centro de la ciudad, conexiones de drenaje, agua potable, de fachadas de comercios y casas.
Destacó que la remodelación del centro de la ciudad debiera considerarse como un “día histórico” porque se recupera el corazón de la ciudad y de los acapulqueños.
El alcalde dijo que la remodelación mejora el valor de las propiedades y permite reactivar los comercios en la zona, ofreció dar facilidades en el pago de impuestos, permisos y licencias para reactivar esa parte de la ciudad.
Al final del acto, al alcalde se le preguntó sobre el mensaje del gobernador, respondió que considera que fue un llamado a que cada quien haga lo propio y que cada quien hace lo que le corresponde por el bien de Acapulco y Guerrero.
Agregó que el mensaje final es de fortaleza y trabajo institucional, consideró que el mensaje fue claro, porque ninguno de los dos invade las funciones del otro. “Lo único que puedo decir es que me siento contento, que nos acompañó a una gira de trabajo y estamos haciendo cada quien nuestro esfuerzo”.
Indicó que seguirán las obras en coordinación con el gobierno del estado en la remodelación de la zona tradicional del puerto.
A pregunta sobre si el recorrido con el gobernador fue la consumación de la reconciliación entre ambos, Velázquez Aguirre respondió que no está en su idea politizar temas, sino cooperar para que Acapulco salga adelante.

El recorrido

El gobernador y el alcalde recorrieron juntos la calle Adolfo López Mateos y un tramo de la calle Teniente José Azueta, seguidos por unas 200 personas ente funcionarios estatales y municipales, algunos coreaban porras y otros buscaban trabajosamente ir al frente junto al gobernador.
La caminata del alcalde y el gobernador fue un desorden, el equipo de prensa de ambos, los reporteros y curiosos registraban en video o en fotografía el recorrido les bloquean el paso y la vista completamente, los guardaespaldas de ambos intentaban controlar el espacio al frete de sus jefes y tras de ellos las porras.
Los vecinos que salieron a sus balcones o a las puertas de sus casas para ver pasar la comitiva de funcionarios, no tuvieron oportunidad de saludar debido a la muchedumbre que seguía al gobernador y al alcalde.
El recorrido por las calles fue breve, solo hicieron una parada para cortar el listón inaugural de la Plaza de los Periodistas y después junto a una mesa donde pidieron degustar un poco de ceviche cortesía del restaurante El Amigo Miguel.
El recorrido fue a las 2 de la tarde con un sol intenso y una temperatura de 31 grados y una sensación térmica de 38 grados.
Antes de que llegaran los protagonistas del recorrido, se establecieron condiciones de que el listón con el que se simbolizaría la inauguración de la obra no sería amarillo sino blanco, las guarniciones también fueron pintadas de blanco y no de amarillo.
Otra condición fue que no permitieron lonas, de acuerdo con una versión que contaron trabajadores del municipio, cuando unos vecinos de la calles Adolfo López Mateos intentaban colocar un lana sobre la calle para agradecer al alcalde, trabajadores del gobierno les dijeron que no podían colocarla.
Los equipos del gobernador y alcalde se mantuvieron distantes mientras ambos esperaban a sus respectivos jefes, para hacer el recorrido, ambos se mantuvieron en las banquetas en los escasos espacios con sombra que hay sobre la calle Inalámbrica y entronque con Adolfo López Mateos.
Los partidarios del gobierno municipal afuera de la tienda Cirkle y los del gobierno del estado en la contraesquina en afuera de la tienda Oxxo.
El primero en llegar fue el alcalde Evodio Velázquez Aguirre y de inmediato comenzaron las porras, encabezadas por el director de Vía Pública, Jaime Soria, Villa y el coordinador de Zonatur, Jesús Rangel Hernández, y comenzó a tocar la banda de música de viento y así siguió hasta que concluyó el acto.
Minutos después llegó el gobernador y entonces los priistas empezaron con las porras y gritos de Astudillo, “Astudillo” y a mover las matracas, fue entonces que evodistas y astudillistas integraron un solo contingente y caminaron atrás de sus jefes, gritando porras para uno y para otro. Los priistas fueron reforzados por los transportistas de la Organización de Transportistas Independientes del Estado de Guerrero (OTIEG).

Las obras

El alcalde y el gobernador caminaron por la calle Adolfo López Mateos en el tramo que estaba pendiente después de que se hizo la primera remodelación a principios de año y por un tramo de la calle Teniente José Azueta.
La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Luz María Meraza Radilla, informó que la obra del municipio fue la pavimentación de 2 mil metros cuadrados de pavimento de calle y 400 metros cuadrados de banquetas, la pintura de 3 mil 500 metros cuadrados de pintura de fachadas.
Agregó que se hicieron nuevas tomas de agua potable, se hizo la infraestructura para el cableado subterráneo eléctrico y de telefonía fija y la remodelación de la plaza Los Periodistas, en el tramo se invirtieron 7 millones de pesos.
El gobierno del estado hizo la pavimentación de la calle Teniente José Azueta, en el tramo que va de las oficinas de la CAPAMA al restaurante El Amigo Miguel. El secretario de Obras Públicas, Rafael Navarrete Quezada, informó que se invirtieron casi 19 millones de pesos en la pavimentación de 160 metros lineales, se renovaron las conexiones de drenaje y agua potable y se hicieron las adecuaciones para que el cableado sea subterráneo.
Agregó que también se harán intervenciones en las calles La Quebrada, Jesús Carranza e Ignacio de la Llave, que la inversión que ha hecho el gobierno del estado en Acapulco asciende a casi 2 mil millones de pesos.
Meraza Radilla indicó que la siguiente etapa es completar la remodelación de las calles La Paz y la calle Benito Juárez y la calle Almirante Bretón donde se desarrollará el proyecto del Barrio Marisquero, la cual en algunos horarios será peatonal para permitir que los vecinos de la calle puedan ofrecer sus menús a los paseantes.
En el recorrido estuvieron los diputados priistas Julieta Fernández, Pilar Vadillo, Rosaura Rodríguez, Rossana Agraz; los secretarios de Finanzas, Héctor Apreza Patrón; de Salud, Carlos de la Peña Pintos; los regidores Luis Miguel Terrazas Irra y Vicky Trani.
Del municipio estuvieron el síndico Ilich Lozano Herrera; el secretario general Daniel Meza Loeza; de Finanzas del municipio, Hansel Mariano Patricio Abarca; de Turismo, Alejandro González Molina, y de Seguridad, Max Lorenzo Sedano Romano.

Marcha la CRAC de los Pueblos Fundadores en la capital para que les cancelen 70 órdenes de aprehensión

Unos 400 integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata marcharon de la Autopista del Sol a Palacio de Gobierno, para exigir la cancelación de órdenes de aprehensión contra 55 indígenas, el desistimiento de otras 15 que están por girarse y la detención de los responsables del asesinato de cinco integrantes de esa organización en San Jerónimo Palantla, municipio de Chilapa.
A las 11:30 de la mañana comisarios, representantes de Papaxtla, Paraíso de Tepila, Rincón de Chautla, Acahuhuetlán, Terrero 1, Xicotlán, Zacapexco, Ayahualtempa, Amatitlán, Tierra Blanca, Buena Vista, Tepozonalco, Alcozacán, Xolotepec, Tula, además de coordinadores regionales de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de los Pueblos Fundadores de Chilapa y José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), que son parte del Congreso Nacional Indígena (CNI), se reunieron en el parque Margarita Maza de Juárez.
Hombres y mujeres vestidas con sus trajes típicos, amplias faldas con listones de distintos colores vistosos y encajes marcharon y demandaron justicia para sus comunidades.
Los manifestantes portaron mantas y pancartas en las que se leía, “exigimos respeto a la Casa de Justicia de los pueblos fundadores (CRAC-PC) de Chilapa de Álvarez”, “Los asesinos de San Jerónimo Palantla son Constantino y su gente”, “El asesino de mi mamá es Constantino Calvario Merino. El gobierno no lo encarcela”.
El 8 de febrero de 2015 hubo un enfrentamiento entre la CRAC de Rincón de Chautla y el Frente de Defensa Popular (FDP) que encabezan Efraín Torres Fierro y Clemencia Guevara, donde hubo cinco muertos. El 24 de noviembre del 2015 cuatro personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque a una Urvan del servicio público cerca de Atzacoaloya, del que culpan al FDP.
Cerca de la una de la tarde luego de su llegada a Palacio de Gobierno, los comisarios y el integrante del CNI Cirino Plácido Valerio fueron recibidos por el asesor del gobernador, César Flores Maldonado, y por un representante de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Al término de la reunión de poco más de 2 horas Plácido Valerio expuso que hablaron del ataque de febrero, e insistió en fue una emboscada que preparó el FDP en colusión con la banda delictiva Los Rojos.
“Efraín Torres no puede andar haciéndose la víctima, que su gente es inocente, porque han asesinado, se ha dedicado a difamar diciendo que yo Cirino Plácido defiendo a asesinos, yo no defiendo a nadie, ni la Casa de Justicia defiende a nadie; luchamos por la justicia, quien la debe que la pague”, manifestó.
Pidió que se investigue y dijo que no es justo que se hayan girado las órdenes de aprehensión contra la gente de la CRAC, “¿no será que el gobierno del Estado está jugando, está solapando o está jugando porque le conviene porque se desaparezca la Casa de Justicia?”.
Dijo que acordaron otra reunión, que la FGE va a revisar las órdenes de aprehensión y presentará evidencias para mostrar su inocencia.

Marchan comunitarios en Xicotlán, Chilapa; exigen que se cancelen 60 órdenes de aprehensión en su contra

Policías comunitarios de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC-PC) de los pueblos fundadores marcharon este miércoles en esta comunidad. Al final las autoridades llamaron a la paz, a la justicia y al gobierno del estado a que retire todas las 67 averiguaciones previas y cancele las 60 órdenes de aprehensión en contra de sus miembros.
Al mediodía unos 500 vecinos de 15 comunidades de los municipios de Chilapa y de José Joaquín de Herrera (Hueycantenango) se concentraron en esta comunidad y después marcharon del crucero de Mexcaltepec a la cancha de Xochitlán. La marcha fue encabezada por civiles de las comunidades donde tiene presencia esta Policía Comunitaria. Atrás caminaron policías armados.
En la marcha los manifestantes gritaron consignas como: “Unidad de los pueblos por la paz”, “Ya no queremos más violencia”, “Unidad, unidad, unidad…” exigieron.
Los policías comunitarios de los pueblos que acudieron de estos dos municipios de la parte baja de la región Montaña, están adscritos a la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, al final de la manifestación desmintieron acusaciones en su contra, que dijeron, les ha hecho Constantino Calvario Merino “y su grupo delictivo de la comunidad de San Jerónimo Palantla de Chilapa”.
En las acusaciones, denunciaron, los responsabilizan de los enfrentamientos con la gente de San Jerónimo Palantla, pero se deslindaron de este caso ocurrido el año pasado.
En su pronunciamiento recordaron que este lunes se reunieron los coordinadores de la CRAC, consejeros, presidentes de comisariados de bienes comunales, delegados, comisarios municipales y que tomaron acuerdos con respecto a la emboscada que sufrieron en San Jerónimo Palantla, encabezada por Domingo Orgin Calvario, Constantino Calvario Merino, Antonio Bolaños Calvario, Apolinar Calvario Tlatempa y Alfonso Orgin Castro.
Manifestaron a los tres niveles de gobierno que no están de acuerdo en que “nos sigan fabricando delitos para discriminarnos ante la sociedad, porque somos una institución regida por nuestras costumbres y por comunidades”.
Denunciaron que ellos se han encargado de brindar la seguridad a los pueblos pero que el grupo de San Jerónimo Palantla les han fabricado muchos delitos como los del 8 de febrero del 2015, cuando les prepararon una emboscada cuando iban al diálogo para liberar a sus compañeros de la Policía Comunitaria, Isaías Xochitempa Chautla y Rufino Orgin Calvario.
El coordinador agregó que esa vez ellos encontraron cascajos de armas de diferentes calibres, pero que después les interpusieron demandas en las que el agente del Ministerio Público “se prestó al chantaje sabiendo que hay documentos firmados por los tres niveles de gobiernos y la CRAC en los que nos exculpan”.
“La CRAC-PC de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla siempre ha respetado los acuerdos que se firmaron el 1 y el 11 de febrero del 2015, se elaboró una acta de conciliación en donde se acordó que nadie, ni el comisario municipal ni el comisario suplente encauzaron a los ciudadanos de nuestras comunidades, ni tampoco a la CRAC”, recordó el consejero.
Dijo que los directivos informaron que en marzo del 2016 se pactó que la casa de Rincón de Chautla asumió un acuerdo en el que se comprometió a liberar a los detenidos que estaban en proceso de reeducación, Alfonso Orgin Castro, Apolinar Calvario Tlatempa, Heladio Díaz Calvario y Francisco Hernández Tepetate.
Mientras tanto los de San Jerónimo Palantla encabezados por el comisario municipal Francisco Chautla Cicinteco y Constantino Calvario Merino, Antonio Bolaños Calvario y más de 25 ciudadanos que participaron en la reunión se comprometieron a retirar las denuncias que interpusieron ante el Ministerio Público en contra de los policías comunitarios y autoridades de la CRAC de Rincón de Chautla, “pero ellos no espetaron los acuerdos, mucho menos retiraron las demandas”.
Demandaron a las autoridades federales, estatales y municipales que respeten la estructura de esta organización, y se declararon independientes de cualquier otro grupo que opera en el estado.

De septiembre a noviembre el Consejo de Jornaleros registró 3 mil 613 migrantes; mil 665 son mujeres

En la temporada de alta de migración, de septiembre a noviembre salieron 3 mil 613 jornaleros agrícolas de la Montaña, a trabajar a los campos agrícolas de estados del norte del país en la cosecha de verduras como jitomate, chile y pepino, informó el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña.
De los migrantes mil 665 son mujeres y mil 948 son hombres, según los registros con los que el organismo contaba ayer.
El integrante del Consejo de Jornaleros, Flores Sánchez Crescencio informó que los municipios con mayor expulsión son Tlapa, Metlatónoc, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Atlixtac, Atlamajalcingo del Monte, Iliatenco, Acatepec, Alpoyeca, y Malinaltepec.
Pero también se registraron en la Casa del Jornalero vecinos de San Luis Acatlán, José Joaquín de Herrera (Hueycantenango), Chilapa, Ayutla, Acapulco, Chilpancingo y Tixtla.
Informó que los estados a donde irán a trabajar a los cortes de verduras y hortalizas son Sinaloa, Michoacán, Chihuahua, Baja California Norte y Sur, Nayarit, Jalisco, Aguascalientes y Morelos.
Detalló que este año bajó el número de registros pero que eso no quiere decir que la gente no se vaya del estado a trabajar, sino que está saliendo por cuenta propia y no pasaron a la Casa del Jornalero, porque hubo días que no contaban con nada de despensas para entregarles a las familias.
Hasta el momento continúan saliendo en su mayoría se van todos los integrantes de sus familias, se observó que muchas se llevan costales de maíz, calabazas y sus utensilios de cocina, mismos que les servirá para preparar sus alimentos porque las despensas que les entregan se las terminan durante el camino.
También se observó que estaba una manta colgada que se leía “Las jornaleras y jornaleros de la montaña exigimos al gobierno del estado un trato digno y respetuoso de nuestros derechos”.

El gobierno no ha atendido la petición del alcalde para que el Ejército permanezca en Zitlala, se queja síndica

Los gobiernos federal y estatal han desatendido el llamado de las autoridades de este municipio que desde el 8 de diciembre solicitaron por escrito la presencia permanente del Ejército mexicano, y de las policías federal y estatal para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La síndica municipal, Rocío Guadalupe Salazar Chavelas informó que desde el 8 de diciembre pasado, el presidente municipal priista de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, solicitó mediante un oficio al secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes, apoyo para la seguridad, sin embargo hasta ayer no había recibido respuesta.
En el oficio número PM/072/2015, el alcalde Zapoteco Castro solicitó resguardo, sobre todo para la cabecera municipal.
Mediante el documento, las autoridades municipales piden que se “brinde seguridad al municipio de Zitlala, en especial a la cabecera municipal, ya que el día 07 del presente mes y año como entre las 15:15 y 15:30 se suscitó una balacera  entre individuos desconocidos observándose sólo  un coche de la marca Tida y una Urvan cerrada, esto sucedió en el barrio de San Francisco”.
Mientras tanto ayer, después de la irrupción de un grupo armado en la comunidad de Quetzalcoatlán de las Palmas, que ejecutó a seis personas, las autoridades municipales demandaron “con urgencia” a los gobiernos federal y estatal la instalación de un destacamento militar permanente en este municipio.
El Ayuntamiento difundió un comunicado dirigido a la opinión pública a través de su página de internet, en el que informa de los hechos de violencia ocurridos en esa comunidad y su petición a los gobiernos federal y estatal.
El comunicado dice: “El Gobierno municipal informa a la ciudadanía del municipio de Zitlala que lamentablemente hoy a las 8:30 de la mañana se nos informó que en la comunidad  de Quetzalcoatlán de las Palmas aparecieron seis cuerpos  sin vida, ante ésta situación de inseguridad se pide con urgencia al Gobierno del estado  y al Gobierno federal un destacamento militar permanente en nuestro municipio para salvaguardar la integridad física de todos los zitlaltecos”.
Y luego, a manera de reproche, el comunicado agrega: “esta petición se viene haciendo desde el 8 de diciembre del año pasado. El H. Ayuntamiento ha estado cumpliendo con su deber realizando las gestiones pertinentes ante la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública”.
Mientras tanto, en declaraciones a El Sur, el alcalde Roberto Zapoteco Castro hizo un llamado al estado y a la federación para que “atienda este problema (de violencia) que es muy grave para nuestro municipio”.
Informó que tras estos nuevos actos de violencia en Quetzalcoatlán de las Palmas, se trasladó a la capital del estado en busca de una audiencia con el gobernador Héctor Astusillo Flores para plantearle el problema de violencia que vive ese municipio y demandarle el apoyo para garantizar la seguridad a los ciudadanos.
“Tuvimos la oportunidad de dar a conocer el  incidente ocurrido en nuestro municipio (pero no precisó si lo hizo directamente al gobernador), y nos informan que nos van a dar el apoyo, de hecho hoy ya se encuentran aquí los militares y la Policía Estatal brindándonos el apoyo”.
Sin embargo agregó que lo que solicitan es que la presencia del operativo sea permanente en el municipio, “para lograr la estabilidad y alcanzar la tranquilidad que necesitamos aquí en nuestro municipio de Zitlala”.

Lo que se vive el municipio es lo misma que viven el estado y la república

Mientras tanto, la síndica municipal, Rocío Guadalupe Salazar Chavelas matizó la preocupación del alcalde, pues declaró que la situación que se vive en este municipio es la misma que se vive en el estado e incluso en la República mexicana. Pero dijo que, “nuestro presidente está muy preocupado por esta situación”, y por eso ha girado oficios tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, “para que atiendan este asunto”.
Sin embargo añadió que hasta ayer sólo habían logrado que se realizaran rondines policiacos de militares, y de policías federales y estatales, pero añadió que se trata de un operativo insuficiente.
Explicó que incluye 35 soldados , “y unas patrullas de federales y estatales”. Agregó que los soldados y policías no solamente se encargan de la seguridad en el municipio de Zitlala, sino que  también son los que recorren los municipios de Chilapa, Atlixtac, José Joaquín de Herrera y Mártir de Cuilapan.
La síndica añadió que la Policía Municipal es insuficiente para atender la violencia, pues el municipio cuenta sólo con 17 policías para atender las 23 comisarías y cinco delegaciones, así como la cabecera municipal.
Declaró que por eso han enviado oficios a las autoridades federales y estatales para que no solamente se hagan estos recorridos, sino que se instale un destacamento permanente en este municipio para que se garantice la seguridad de los ciudadanos.