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Los datos que oculta el Ejército revelarían más de lo que hoy se sabe de los 43: Melitón Ortega

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El vocero de las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos, Melitón Ortega, afirmó que la información que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) oculta del soldado Julio César López Patolzin, daría a conocer más de lo que hoy se sabe.
También el padre del normalista desaparecido Alfonso Rodríguez, Clemente Rodríguez Moreno, expuso que las líneas de investigación que se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, están “atoradas, no han avanzado”, además que el Ejército “tiene que aportar esa información” que dicen que es clasificada, deben darla porque sólo así podrán saber “dónde están los 43 o qué pasó realmente con ellos”.
Como informó El Sur, la Sedena se negó a proporcionar información relacionada con López Patolzin, quien es uno de los 43 alumnos de Ayotzinapa que fueron víctimas de desaparición forzada el 26 de septiembre de 2014 en Iguala y quien de acuerdo al informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotizinapa (Covaj), efectuaba algunas funciones para el Ejército dentro de la normal.
El Sur mediante la Plataforma Nacional de Transparencia solicitó a la Sedena copias de los informes o documentos que se elaboraron a partir de la información brindada por el soldado Julio César López Patolzin, así como copias de la trayectoria o currículum del teniente de infantería Francisco Macías Barbosa del 27 Batallón de Infantería, quien era el mando inmediato de López Patolzin.
Además, se solicitó copias de los reportes que elaboro? Maci?as Barbosa o su equipo a partir de la informacio?n que les brindo? Lo?pez Patolzin; precisar cargo y rango actual de Maci?as Barbosa, y facilitar copias de sus recibos de no?mina, sin embargo, el Ejército argumentó que no encontró la documentación o está clasificado como confidencial.
Ayer consultado al respecto vía telefónica, el padre de Alfonso Rodríguez (uno de los 43 estudiantes desaparecidos), Clemente Rodríguez Moreno argumentó que el primer cuestionamiento debería ser a los padres de López Patolzin, “deberían decir si ya lo sabían (que era infiltrado de la Sedena)”.
Opinó que López Patolzin si “estaba aportando información de la normal, quiero pensar que prácticamente está involucrado (en la desaparición de sus compañeros) por que si él ya sabía cómo estaba la situación en Iguala, para qué arriesgar a los chavos de desaparecerlos, y hasta él no aparece”.
Aseguró que la Sedena tiene la obligación de aportar toda la información, “porque si ellos tenían un filtrado, les corresponde aportar toda la información de este joven, dónde está y dónde están sus compañeros”.
Mencionó que al presidente Andrés Manuel López Obrador, en las reuniones en las que han sostenido, “yo le he recalcado muchas veces, si la Sedena, como se dice no nada más lo tenía a él, sino que había más estudiantes infiltrados dentro de la normal, se debe investigar al Ejército, si es que tenía sus infiltrados que los investiguen”.
Reprochó que en la anterior administración del priista Enrique Peña Nieto, el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, en lugar de investigar dónde estaban sus hijos los comenzó a investigar a ellos, “incluso mandaba gente del gobierno a nuestras casas para saber cómo vivíamos”, cuando nosotros mandamos a nuestros hijos a la escuela a estudiar.
Sostuvo que la Sedena está involucrada en la desaparición de sus hijos, y recordó que cuando los padres iniciaron la búsqueda en Iguala, “la misma gente nos decía investiguen, pregúntenle al Ejército, al 27 Batallón, en ese entonces nosotros no creíamos cómo el Ejército podría, si estaba para cuidarnos y conforme fue pasando el tiempo nos fuimos dando cuenta de tantas cosas”.
“De la corrupción tanto de jueces como de militares, de altos mandos involucrados con el crimen organizado, que van caminando de la mano, y todo eso se le ha dicho al gobierno, que investigue a la Sedena y a la Marina, ellas estuvieron en ocurrido”, dijo.
Clemente Rodríguez, vecino del municipio de Tixtla, informó que aún no saben cuándo se reunirán con López Obrador, “pero creo que pronto tendremos una reunión con el gobierno y no tanto para pedir sino ya como un reclamo de por qué las investigaciones están atoradas”.
“Un 2 de diciembre de 2018 (el presidente de la República) firmó un decreto, de que iniciaban las cuatro líneas de investigación y esas cuatro están atoradas, no han avanzado y creo que en la próxima reunión se le va a cuestionar porque no actuado, en más detenciones porque hay nombres y apellidos”.
Afirmó que el Ejército tiene que aportar la información de López Patolzin, que no deben clasificar ni ocultar nada, tienen que darlo “porque también así podremos saber dónde están los 43 o qué pasó realmente con ellos”.
También consultado por teléfono, el vocero de los padres de los 43, Melitón Ortega sostuvo que el ocultamiento de información es preocupante para los familiares de los normalistas desaparecidos, porque ya han señalado que la Sedena “no aporta información que tiene en su poder, que está escondiendo, está reservando a fin de no saber el vínculo y la responsabilidad y toda actuación de la Sedena” en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Mencionó que esa queja la han expuesto con el gobierno federal, además de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que indicaron puntualmente que hay información “que hasta el día de hoy no se ha entregado ni a la Fiscalía General de la República (FGR) ni a ellos, lo que retrasa el avance de las investigaciones, es una preocupación de los padres que el Ejército se niega y el gobierno por más que lo plantea hay un distanciamiento, no hay un acuerdo y ni esa voluntad de la Sedena”.
Añadió que en la segunda semana de enero se reunieron con el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, y les planteó que próximamente tendrán una reunión con el presidente López Obrador y están a la espera de que les diga una fecha.

 

Pretende el Ejército borrar a los 43 del “mapa de la existencia”, denuncia Melitón Ortega

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, en oración junto a la estela en memoria de Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava en la esquina de Periférico Norte y la calle Juan Álvarez de Iguala, en la conmemoración de los 99 meses de los ataques Foto: El Sur

Alejandro Guerrero

Iguala

El vocero de las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Melitón Ortega, alertó ayer en esta ciudad que a toda costa se pretende “borrarlos del mapa de la existencia” y se intenta ocultar la verdad de los hechos con mentiras, con amenazas y agresiones en contra de quienes luchan para llegar a la verdad de los hechos.
Al conmemorarse 99 meses de las agresiones en contra de los estudiantes, en su última protesta de este 2022 en Iguala, donde ocurrieron los ataques contra normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador, ante la falta de resultados para esclarecer la desaparición de los 43 alumnos.
Asimismo, el vocero de los padres reiteró la exigencia al Ejército, la Fiscalía General de la República (FGR) y el gobierno federal para que entreguen toda la información que hace falta para que se llegue a la verdad y haya justicia, para saber lo que sucedió, se conozca el paradero de los estudiantes y se castigue a los autores materiales e intelectuales de este crimen.
En su intervención, dijo que para las familias de los 43 jóvenes desaparecidos “no hay Navidad ni año nuevo porque nos falta un ser querido en la casa, nos faltan 43 y otros 10 que han sido asesinados (en distintas administraciones de gobierno)”, y advirtió que seguirán en lucha hasta que haya justicia.
A la una de la tarde de este martes, una comisión de madres y padres de los jóvenes desaparecidos portando carteles con las fotografías de sus hijos, acompañados de alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y de sus representantes, llegaron a bordo de 2 autobuses, y junto a miembros del Bloque Democrático de Iguala conmemoraron la fecha como lo han hecho cada día 27 desde hace 8 años y 3 meses.
Colocaron coronas de flores y rezaron en las estelas colocadas en memoria de los normalistas asesinados. El primero, Julio César Mondragón Fontes, El Chilango, fue hallado torturado y desollado del rostro en Ciudad Industrial; los otros dos, Julio César Ramírez Nava y Daniel Solís Gallardo fueron encontrados la medianoche del 26 de septiembre asesinados a balazos en la esquina del Periférico Norte y la calle Juan Álvarez.
En los dos actos hubo mítines con intervenciones de las madres, de los padres y de sus representantes, así como de normalistas y del representante del Bloque Democrático, todas con la reiterada exigencia de justicia, presentación con vida de los 43 normalistas y castigo para todos los implicados, entre ellos policías de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco y Huitzuco, soldados del Ejército y funcionarios públicos municipales y estatales que tuvieron alguna responsabilidad.
Durante su participación Melitón Ortega destacó que Iguala, “para nosotros es un lugar de terror, de desgracia, una acción del Estado mexicano contra de la vida de los estudiantes”, sin embargo, advirtió que mientras no aparezcan los 43 normalistas seguirán regresando a este municipio que calificó como “un lugar aislado donde el gobierno no nos escucha, y entre más alejados estemos de los oídos del gobierno, para ellos sería mejor”.
El vocero de los padres sostuvo una vez más la exigencia al gobierno federal, a la FGR, y a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que contribuyan y entreguen toda la información que hace falta con la que se esclarecerá el caso.
Criticó que ahí está la Sedena, “que no han querido entregar la información, pretenden a toda costa borrarnos del mapa de la existencia, pretenden a toda costa ocultar la verdad con su mentira, con sus amenazas, con las agresiones contra los que luchamos para llegar a la verdad, empezando con los del grupo de expertos, GIEI, empiezan a atacar a los abogados, a los propios padres de familia y al movimiento de Ayotzinapa a fin de que no levantemos la voz”.
Subrayó que el gobierno federal “dice que no quiere impunidad de los casos graves de muchos que hay en México, pero en especial del caso Ayotzinapa que ha dicho que no quiere impunidad y que hay un gobierno diferente, que no tolera la impunidad y que no deja las cosas a la ligera, pero vemos que en la realidad es lo contrario y prueba clara es nuestro caso, el de Ayotzinapa”.
Aun así, dijo, seguirán levantando la voz y exigiendo al Estado mexicano que quieren la verdad, “queremos saber dónde están los 43, queremos saber que sean sancionados los responsables tanto materiales como intelectuales de la desaparición de los estudiantes, por eso andamos aquí porque queremos de regreso a los jóvenes”.
El vocero de los padres y las madres reconoció a las organizaciones, a las personas independientes, a los medios de comunicación y a las redes sociales, que es como han podido difundir su lucha, la exigencia de justicia y la demanda de encontrar a los 43 estudiantes desaparecidos.
En sus intervenciones, el señor Bernabé, padre de uno de los 43 desaparecidos, reclamó que el gobierno federal anterior y el actual “nos ha mentido” y advirtió “como padres no vamos a parar hasta saber la verdad, saber qué pasó con nuestros hijos y que se haga justicia. Mientras que otro de los papás, el señor Estanislao, lamentó que “ya son 99 meses de engaños” sin que sus hijos aparezcan.

 

Decomisan Ejército y Ayuntamiento media tonelada de juguetería pirotécnica en Iguala

 

Alejandro Guerrero

Iguala

Efectivos del Ejército en coordinación con agentes municipales de Reglamentos y Protección Civil de Taxco, confiscaron el lunes poco más de media tonelada de juguetería pirotécnica de una bodega en el que se almacenaba y vendía de forma clandestina en la calle Nueva junto al mercado municipal Tetitlán, en el centro de la ciudad.
El operativo se realizó cerca del mediodía en la calle Luis Montes de Oca o calle Nueva, que es el acceso principal al mercado municipal, como parte de un dispositivo ordenado por el gobierno estatal, según informó el director municipal de Protección Civil, Jaime Quiroz Millán.
En declaraciones que dio a la prensa local, dijo que el decomiso se hizo en apego a la Ley General de Explosivos y Armas de Fuego que emite la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), luego de que en lo que va de diciembre se han registrado 3 incendios (en una casa, un carro y un pastizal), por juguetería pirotécnica de las luces llamadas cebollitas.
El decomiso de poco más de media tonelada de pirotecnia tanto de luces como explosivos, se realizó en un almacén en el que se vendía sin regularización y de forma clandestina en una zona de alta concentración de personas.
En el dispositivo participaron efectivos del Ejército y de la Policía Municipal, agentes de reglamentos, de Gobernación y Protección Civil, quienes luego de incautar la mercancía la subieron en camionetas y les arrojaron agua con una bomba aspersor para neutralizarlos y evitar que fueran a explotar.
El producto decomisado fue trasladado al basurero municipal a cielo abierto y depositado en una zanja donde se le arrojó agua con una pipa para su destrucción.
Quiroz Millán explicó que la medida se realiza para que el producto no sea utilizado ni vendido y para que no se preste a interpretaciones de que ellos se quedan con el producto.

En Iguala participaron unos 40 funcionarios del Ejército y policías que pueden ser identificados: Anabel Hernández

 

La periodista Anabel Hernández presentó en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzianapa su libro La verdadera noche de Iguala, donde destaca la participación del Ejército, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Ministerial, en los ataques a los normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes.
En este crimen participaron unos 40 funcionarios del gobierno que pueden ser claramente identificados y sometidos a procesos, incluso pocas horas después de los hechos, ante los dictámenes periciales de balística, videos, bitácoras del C-4 y testimonios de los sobrevinientes y de ciudadanos que presenciaron los hechos.
De esto dijo que se trata de autoridades de la 35 Zona Militar, del 27 Batallón de Infantería, la PGR, la SSP y la Policía Ministerial del estado, así como policías municipales de Iguala.
La periodista dijo que, durante los dos años que investigó para este libro no encontró ningún indicio de que los estudiantes estuvieran involucrados con el crimen organizado, como quiso mostrar el gobierno.
Anabel Hernández contó que a finales de 2014 inició su investigación, luego de que la PGR integró una averiguación manipulada, porque la intención de la autoridad desde un principio fue esconder la verdad, ocultar las pruebas periciales, forenses, las pruebas de balística que eran fundamentales, para encontrar incluso que soldados del 27 Batallón de Infantería del Ejército dispararon a los autobuses donde se transportaban los normalistas.
Comentó que el ejemplo de amor de los padres que emprendieron esta lucha fue el que la hizo desde el exilio involuntario en el que se encontraba, y al que la obligó el gobierno de México, regresar al país a investigar lo que realmente pasó la noche de ese 26 de septiembre.
Resaltó que durante este tiempo, el mismo gobierno ha querido dividir a la sociedad mexicana, y que entre algunos sectores lo ha logrado, y aunque localizar a los 43 normalistas es asunto de verdad y justicia, lo hace parecer solamente como un asunto ideológico y político.
“Para mí, que he hecho esta investigación durante más de dos años, y que llevo más de 23 siendo periodista de investigación –que he hecho muchas, muchas investigaciones muy complejas–, he dedicado los últimos 11 años de mi vida a investigar el crimen organizado en este país, cómo funciona, cuáles son los botones que lo detonan; les puedo decir que veo con absoluta claridad que el tema de los 43 estudiantes desaparecidos no es sólo un tema de 43 personas o de sus padres o de sus compañeros, es un tema que condena, que sintetiza lo que hoy es México, y nos involucra a todos”, dijo Anabel Hernández.
La periodista les leyó a los padres de los normalistas una reflexión que preparó para ellos, donde expuso que lo único que los normalistas buscaban era la transformación del país a través de la cultura y la democracia, y que, sin embargo, el Estado mexicano intentó criminalizar la protesta y dividió a la sociedad, haciendo ver las exigencias de los estudiantes como un tema de lucha ideológica y no de justicia social.
“Pareciera que el sistema político mexicano prefiere jóvenes sin educación, sin empleo, ni futuro, que engrosen las filas de la miseria y del crimen organizado, a que haya jóvenes educados como ustedes, que luchen por sus derechos y transformen a este país en una verdadera democracia”, leyó.
Agregó que “para comprender lo que pasó en Iguala y la impunidad de los crímenes había que entender que para el gobierno de México los estudiantes de esta escuela eran más peligrosos que los propios carteles de la droga, quizá porque con los carteles de la droga, el Estado mexicano siempre ha encontrado la maneras de convivir y encontrar intereses en común”.
Explicó que los hechos antes, durante y después de esa noche representan dos crímenes deleznables que pusieron a prueba al sistema político y de justicia de México.
El primero, dijo, fue el de los ataques perpetrados en la noche del 26 y 27 de septiembre, del que resultaron muertos seis civiles, entre ellos tres estudiante, 16 normalistas lesionados de armas de fuego y 43 desaparecidos.
El segundo crimen fue el que comenzó en el instante que inició la investigación de las autoridades para encontrar a los 43 y castigar a los responsables.
En este crimen y en su encubrimiento, las instituciones responsables de procurar justicia fabricaron culpables mediante torturas, manipulación y desaparición de pruebas, ejemplificó. Indicó que participaron funcionarios del más alto nivel en México, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Gobernación, la PGR, el Cisen e incluso la Presidencia de la República.
“A todos, periodistas, organizaciones sociales de derechos humanos y a la sociedad en general, nos corresponde que esta tragedia en México no sea una más, que los responsables de los hechos de esa noche y que quienes los han encubierto durante dos años y tres meses sean sometidos a juicio, no sólo por un derecho de los familiares de quienes fueron asesinados, desaparecidos, sino de toda la sociedad mexicana”, subrayó la periodista.
Añadió que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto debería ser el primero en estar presente y honrar a los jóvenes de Ayotzinapa, haciendo que las instituciones encuentren y provean justicia, pero que no ha estado y ni estará.
Anabel Hernández subrayó que, “si el jefe del Ejecutivo no encuentra las condiciones para hallar a los estudiantes desaparecidos, dar verdad y justicia a la sociedad mexicana en este caso, debemos ayudarle y solicitar que se conforme un tribunal internacional especial en este caso que sancione a todos los responsables”.
Ahondó que, como periodista de investigación ha tratado de hacer su contribución, la búsqueda de verdad y justicia. Y que pudo separar la mentira histórica fabricada por el Estado de los hechos reales y que dio visibilidad a las víctimas y a los victimarios en esta historia.
“Hoy, entrego a ustedes el resultado de esta modesta colaboración, esperando sea útil y dé un poco de luz a los hechos que el gobierno de México pretendía ocultar en la obscuridad de la fabricación de la llamada verdad histórica”, dijo.

Hay documentos en los que se considera a los normalistas un problema de seguridad nacional, dice

Anabel Hernández contó que, en esta investigación tuvo acceso a un documento secreto del gobierno mexicano en el que considera a los normalista de Ayotzinapa un problema de seguridad nacional.
De los documentos a los que accedió y que dijo que han incomodado al gobierno, detalló que son investigaciones internas que hizo la Visitaduría General de la PGR. Una focalizada en el antiguo jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR Tomás Zerón de Lucio, en la que indica que con dolo sembró pruebas de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados, y sus restos tirados al río San Juan.
El otro documento es de una auditoría que se hizo a los cientos de tomos que conforman la averiguación previa de lo que pasó en Iguala, un documento de más de mil páginas.
Dijo que uno de los documentos, de 177 fojas, ya está disponible en la página de internet www.laverdaderanochedeiguala.com, y que hará público el segundo documento en enero.

Los ataques pudieron ser para recuperar los autobuses que llevaban droga, indica

Durante la ronda de preguntas de los asistentes, el padre de uno de los normalistas preguntó si los dos autobuses de la Estrella de Oro que fueron atacados realmente llevaban heroína.
Anabel Hernández respondió que, de acuerdo con documentos que consultó en la investigación, entre ellos la denuncia penal que hizo la empresa tras la toma de los dos autobuses, está la hipótesis que el 22 de septiembre, cuando los normalistas tomaron al azar estos autobuses no se percataron del contenido, y se los llevaron a Iguala el 26 de septiembre; en el trayecto fueron monitoreados por el C-4, y sucede el ataque de soldados y policías para, supuestamente, recuperar los camiones.
Los padres agradecieron a la periodista su investigación y aportación en la búsqueda de la verdad y para poder dar con el paradero de sus hijos.
La editorial Grijalbo donó 43 libros para cada uno de los padres, que fueron dedicados por la periodista, que se comprometió a regresar si los padres se lo piden, después de leer el libro, para seguirle planteando sus dudas.

El gobierno no ha atendido la petición del alcalde para que el Ejército permanezca en Zitlala, se queja síndica

Los gobiernos federal y estatal han desatendido el llamado de las autoridades de este municipio que desde el 8 de diciembre solicitaron por escrito la presencia permanente del Ejército mexicano, y de las policías federal y estatal para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
La síndica municipal, Rocío Guadalupe Salazar Chavelas informó que desde el 8 de diciembre pasado, el presidente municipal priista de Zitlala, Roberto Zapoteco Castro, solicitó mediante un oficio al secretario de Seguridad Pública del estado, Pedro Almazán Cervantes, apoyo para la seguridad, sin embargo hasta ayer no había recibido respuesta.
En el oficio número PM/072/2015, el alcalde Zapoteco Castro solicitó resguardo, sobre todo para la cabecera municipal.
Mediante el documento, las autoridades municipales piden que se “brinde seguridad al municipio de Zitlala, en especial a la cabecera municipal, ya que el día 07 del presente mes y año como entre las 15:15 y 15:30 se suscitó una balacera  entre individuos desconocidos observándose sólo  un coche de la marca Tida y una Urvan cerrada, esto sucedió en el barrio de San Francisco”.
Mientras tanto ayer, después de la irrupción de un grupo armado en la comunidad de Quetzalcoatlán de las Palmas, que ejecutó a seis personas, las autoridades municipales demandaron “con urgencia” a los gobiernos federal y estatal la instalación de un destacamento militar permanente en este municipio.
El Ayuntamiento difundió un comunicado dirigido a la opinión pública a través de su página de internet, en el que informa de los hechos de violencia ocurridos en esa comunidad y su petición a los gobiernos federal y estatal.
El comunicado dice: “El Gobierno municipal informa a la ciudadanía del municipio de Zitlala que lamentablemente hoy a las 8:30 de la mañana se nos informó que en la comunidad  de Quetzalcoatlán de las Palmas aparecieron seis cuerpos  sin vida, ante ésta situación de inseguridad se pide con urgencia al Gobierno del estado  y al Gobierno federal un destacamento militar permanente en nuestro municipio para salvaguardar la integridad física de todos los zitlaltecos”.
Y luego, a manera de reproche, el comunicado agrega: “esta petición se viene haciendo desde el 8 de diciembre del año pasado. El H. Ayuntamiento ha estado cumpliendo con su deber realizando las gestiones pertinentes ante la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública”.
Mientras tanto, en declaraciones a El Sur, el alcalde Roberto Zapoteco Castro hizo un llamado al estado y a la federación para que “atienda este problema (de violencia) que es muy grave para nuestro municipio”.
Informó que tras estos nuevos actos de violencia en Quetzalcoatlán de las Palmas, se trasladó a la capital del estado en busca de una audiencia con el gobernador Héctor Astusillo Flores para plantearle el problema de violencia que vive ese municipio y demandarle el apoyo para garantizar la seguridad a los ciudadanos.
“Tuvimos la oportunidad de dar a conocer el  incidente ocurrido en nuestro municipio (pero no precisó si lo hizo directamente al gobernador), y nos informan que nos van a dar el apoyo, de hecho hoy ya se encuentran aquí los militares y la Policía Estatal brindándonos el apoyo”.
Sin embargo agregó que lo que solicitan es que la presencia del operativo sea permanente en el municipio, “para lograr la estabilidad y alcanzar la tranquilidad que necesitamos aquí en nuestro municipio de Zitlala”.

Lo que se vive el municipio es lo misma que viven el estado y la república

Mientras tanto, la síndica municipal, Rocío Guadalupe Salazar Chavelas matizó la preocupación del alcalde, pues declaró que la situación que se vive en este municipio es la misma que se vive en el estado e incluso en la República mexicana. Pero dijo que, “nuestro presidente está muy preocupado por esta situación”, y por eso ha girado oficios tanto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como a la Secretaría de Seguridad Pública del estado, “para que atiendan este asunto”.
Sin embargo añadió que hasta ayer sólo habían logrado que se realizaran rondines policiacos de militares, y de policías federales y estatales, pero añadió que se trata de un operativo insuficiente.
Explicó que incluye 35 soldados , “y unas patrullas de federales y estatales”. Agregó que los soldados y policías no solamente se encargan de la seguridad en el municipio de Zitlala, sino que  también son los que recorren los municipios de Chilapa, Atlixtac, José Joaquín de Herrera y Mártir de Cuilapan.
La síndica añadió que la Policía Municipal es insuficiente para atender la violencia, pues el municipio cuenta sólo con 17 policías para atender las 23 comisarías y cinco delegaciones, así como la cabecera municipal.
Declaró que por eso han enviado oficios a las autoridades federales y estatales para que no solamente se hagan estos recorridos, sino que se instale un destacamento permanente en este municipio para que se garantice la seguridad de los ciudadanos.

En siete meses ninguna autoridad halló pistas de los 57 desaparecidos en Chilapa

Durante los últimos siete meses del año que culmina, ni las autoridades federales ni las de dos administraciones locales y estatales dieron noticias del paradero de al menos 57 desaparecidos en Chilapa a sus familiares, ni del asesinato de un padre que exigía la presentación con vida de sus tres hijos.
El 9 de mayo de 2015, a la ciudad ingresaron unos 300 civiles armados provenientes del sur del municipio, quienes dijeron que venían en busca de criminales que habían causado daño en sus localidades.
Dos días después, vecinos de Chilapa marcharon en la cabecera municipal y encararon a los hombres armados, a los que acusaron de haberse llevado a unos 30 pobladores frente a policías y militares, quienes siguen desaparecidos.
El 14 de mayo, los civiles armados salieron de la ciudad después de una reunión con representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y con la condición de que el Ejército detuviera a un líder criminal vinculado al grupo criminal de Los Rojos.
El número de vecinos organizados para reclamar a sus desaparecidos comenzó a disminuir, sólo quedaron familiares de 14 de ellos, aunque después se sumaron otros dos que continúan exigiendo la presentación con vida de sus desaparecidos.
Las familias vincularon a los responsables de las desapariciones con el grupo delictivo Los Ardillos, que mantienen una disputa con Los Rojos, aunque negaron vínculos de sus desaparecidos con cualquiera de los dos grupos.
El comisario ejidal de Xiloxuchicán, José Apolonio manifestó que sí retuvieron a los familiares y aseguró que los habían entregado a la Gendarmería, pero los familiares no aceptaron la declaración, y en cambio han hecho llamados a las autoridades federales, estatales y municipales para que coadyuven en la búsqueda de sus desaparecidos.
En mayo la administración municipal estaba en manos del priista Francisco Javier García Gonzáles, quien pocos días después de la salida de los civiles armados y en presencia de representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (Codehum) afirmó que apoyaría a las familias que quedaron desamparadas durante el proceso de búsqueda, pues supo que en la mayoría de los desaparecidos eran jefes de familia. Esto no ocurrió.
Ahora preside el Ayuntamiento de Chilapa el también priista Jesús Parra García, cuya administración tampoco ha cubierto las necesidades básicas de las familias.

No hay avance pese a los compromisos de los gobiernos federal y estatal

El 20 de mayo, a la ciudad arribó el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, quien informó a los familiares de desaparecidos que la dependencia coadyuvaría en la búsqueda de sus parientes y que tomaría el control de seguridad del municipio para trabajar en la contención de la delincuencia organizada. Ese día, los familiares retomaron la esperanza de recuperar a sus familiares.
También, los familiares solicitaron la presencia del entonces gobernador, Rogelio Ortega Martínez, a quien le reprocharon haberse reunido con los pobladores del sur de Chilapa, pero no con los de la cabecera municipal que reclamaban a sus familiares desaparecidos.
Fue hasta el 24 de mayo cuando Ortega Martínez se reunió con los familiares en Chilapa. Durante el encuentro, familiares de un desaparecido el 30 de marzo, Gilberto Abundis, reprocharon al alcalde y al gobernador la desaparición de su familiar, a quien el 23 de mayo identificaron en una foto de un periódico de nota roja que consignaba el hallazgo de cuerpos en la comunidad de Nejapa, municipio de Chilapa. La seña con la que lo distinguieron sus familiares fue un tatuaje en la espalda.
Conforme pasaron los días, a esta lista de desaparecidos se sumaron más, de antes del 9 y de después del 14 de mayo.
En tres ocasiones ha acudido a la ciudad el equipo multidisciplinario de la Procuraduría General de la República (PGR), que incluye peritos en genética, criminalística y derechos humanos, y a agentes del Ministerio Público federal, para que las familias interpusieran su denuncia.
La mayoría tenía desconfianza del Misterio Público del fuero común para interponerla ahí, pero tampoco confiaban en que las autoridades investigaran.

Familias desamparadas

Además de la búsqueda de los desaparecidos, las familias han sumado demandas como la recuperación de sus pérdidas materiales, y el financiamiento para pagar deudas que suman unas 900 mil 400 pesos, contraídas para sobrevivir. Además de apoyos para cubrir las necesidades básicas diarias de cada familia.
A pesar de la presencia de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el DIF estatal, durante estos siete meses no se han resuelto las demandas de las familias.
El vocero de los desaparecidos, José Díaz Navarro en julio previó: “Esto ya se olvidó, un caso más de impunidad lo definiría ya, como los cientos de casos que hay de homicidios y desapariciones, y de secuestros que no se investiga nada, esto pinta para ser un caso más”.
Terminó el año, sin la localización de 57 desaparecidos que se acercaron al comité de familiares Siempre Vivos AC, de los que sólo 38 han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público federal; los demás esperan a que regrese para denunciar.
Pero Díaz Navarro denunció que no son sólo 57 desaparecidos en la región, sino 200, y 200 asesinatos que, en su mayoría, las familias no se atreven a denunciar.
También terminó el año con el padre de tres desaparecidos en mayo que exigía su presentación con vida, Bernardo Carreto, quien también era hermano del ex director de Seguridad Pública municipal, Silvestre Carreto, destituido del cargo “por no resultar confiable”.