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Advierte Vidulfo un panorama gris para el esclarecimiento del caso Ayotzinapa con AMLO

Activistas protestan el pasado 26 de septiembre en la Ciudad de México para exigir justicia en el caso Ayotzinapa, frente a Palacio Nacional que fue cercado con un muro de metal Foto: Karina Tejeda

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

En 2022 el gobierno federal presentó las conclusiones de sus investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, con el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) que dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, pero de acuerdo con el abogado de los familiares de los estudiantes, Vidulfo Rosales Sierra, es una “investigación en paralelo”, incompleta y con inconsistencias.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recordó que la columna vertebral de ese informe son 467 capturas de pantalla de chats, que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) analizó y señaló que son endebles y no constituyen una prueba contundente que corrobore la hipótesis del gobierno federal.
En este 2023 y en la recta final del gobierno de López Obrador, Rosales Sierra advierte un panorama gris y un horizonte desalentador en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, “creemos que ya en este gobierno muy poco se va a poder hacer y lo que presentaron a través del informe es para ellos la salida”.
En 2022 el caso de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa vivió un parteaguas en las investigaciones de la actual administración del presidente morenista, Andrés Manuel López Obrador, luego de que el 18 de agosto el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez en conferencia de prensa en Palacio Nacional –luego de una reunión con el presidente y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos–, expuso las principales conclusiones de un informe elaborado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).
Dicho informe concluyó que no existen indicios de que los 43 estén con vida, afirma que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pudo evitar el desenlace contra los jóvenes, reitera que en los ataques y la desaparición de los estudiantes participaron autoridades de todos los niveles de gobierno, que los mandos militares no buscaron proteger ni buscar al soldado Julio César López Patolzin –uno de los 43 normalistas desaparecidos– quien informaba a la Sedena de lo que acontecía en la normal y sus movilizaciones.
Alejandro Encinas destacó que lograron obtener diversa documentación como 467 capturas de pantalla, 37 conversaciones y cinco teléfonos de donde se extrajeron los mensajes clave para el caso, y que la creación de la “Verdad Histórica” fue concertada por el aparato organizado del poder desde el más alto nivel de gobierno.
Asegura que se ocultó la verdad de los hechos, se alteraron las escenas del crimen y se ocultaron los vínculos de autoridades con el grupo delictivo Guerreros Unidos y la participación de agentes del Estado.
Al día siguiente de difundirse el informe fue detenido el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam al salir de su casa en Lomas de Chapultepec en Ciudad de México, acusado de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia como parte de la investigación del caso Ayotzinapa, es decir, por construir la llamada “Verdad Histórica” en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El 22 de agosto el GIEI dijo que no participó en la redacción del informe de la Covaj y pidió tener acceso al informe completo, así como a los dispositivos desde donde se obtuvo la información y los mensajes extraídos.
La detención de Murillo no fue la única en 2022, el 15 de septiembre se informó de la detención del general José Rodríguez Pérez, por su responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas, quien era el comandante del 27 Batallón de Infantería en 2014.
También fueron detenidos otros dos integrantes del Ejército mexicano, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, quienes se sumaban al capitán José Martínez Crespo, quien estaba preso desde 2020.
El 24 de septiembre en el periódico Reforma se publicó una columna de la periodista Peniley Ramírez en la que dio a conocer el informe de la Covaj sin testar, y reveló que sostenía que casi todo los estudiantes fueron asesinados, descuartizados y enterrados la misma noche el 26 de septiembre, y seis jóvenes permanecieron durante cuatro días en una bodega en Pueblo Viejo, a las afueras de Iguala, porque según el informe, José Rodríguez Pérez ordenó su ejecución.
En esos mismos días se conoció que entre las 84 órdenes de aprehensión que un juez liberó estaban las de tres altos funcionarios del gobierno de Guerrero durante la administración de Ángel Aguirre Rivero por su presunta implicación con el grupo criminal Guerreros Unidos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: del procurador general de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera, del ex secretario Seguridad Pública del Estado, Leonardo Octavio Vázquez Pérez y de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y otros dos empleados del poder Judicial.
Pero el 27 de septiembre el presidente López Obrador admitió en su conferencia matutina que la Fiscalía General de la República (FGR) canceló 21 órdenes de aprehensión del caso Ayotzinapa porque los presuntos involucrados no estaban en el informe de la Covaj.
Ante los cuestionamientos públicos que trajo esta cancelación de las detenciones, Encinas Rodríguez afirmó que había una intensa campaña desde las viejas estructuras del poder para desacreditar las nuevas líneas de investigación planteadas por la Covaj.
El hecho trastocó a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la FGR, porque el titular Omar Gómez Trejo renunció ese 27 de septiembre, señaló que un área ajena a esta unidad fue la que se desistió sin su autorización de 20 órdenes de aprehensión contra implicados en el caso Ayotzinapa.
El presidente de la República respondió el 30 de septiembre que desde la FGR se trató de dinamitar el proceso que se derivó en el informe de la Covaj para impedir la detención del ex procurador, Jesús Murillo Karam y de los militares implicados.
No obstante, el 31 de octubre en conferencia de prensa el GIEI descartó la autenticidad de las 467 capturas de pantalla de conversaciones, y en los que se basó la nueva versión del gobierno federal para incriminar a los responsables.
El grupo argumentó que las capturas no podían considerarse una prueba digital porque no fueron extraídas de forma directa de los dispositivos que presuntamente fueron utilizados, y uno de los expertos, Carlos Martín Beristain dijo que se puso en riesgo el acceso a la verdad y a la justicia al presentar este informe.
Días antes, Alejandro Encinas Rodríguez reveló en una entrevista al periódico estadounidense The New York Times, que no se confirmó la autenticidad de un alto porcentaje de las capturas de pantalla de conversaciones entre criminales y militares que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Ante el análisis del GIEI, Andrés Manuel López Obrador respondió que Alejandro Encinas tenía toda su confianza y que se tenían todos los elementos para sostener la investigación, que continuarían las averiguaciones y que se haría justicia.
El gobierno federal mantuvo su respaldo al informe y el 28 de octubre, el ex secretario de seguridad pública de Guerrero, Leonardo Fabio Vásquez Pérez fue detenido en Nayarit, acusado de omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre 2014 y delincuencia organizada.
El GIEI y los abogados de los familiares de los 43 normalistas exigieron públicamente al gobierno federal que el Ejército entregue la información necesaria y determinante en la investigación del caso, pero López Obrador declaró que los militares sí brindan información relevante, y consieró que las exigencias correspondían a una campaña de desprestigio contra el Ejército y su gobierno.

En 2022 naufragó la verdad

En entrevista, el abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra consideró que en 2022 naufragó la verdad porque “se tenía una investigación grande, completa”, que explicaba cómo ocurrieron los hechos del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Vía telefónica precisó que se sabía qué actores intervinieron y daba cuenta de la confluencia de diversos actores estatales y no estatales, responsables de la desaparición de los 43.
Sin embargo, afirmó que el gobierno federal realizó una investigación en paralelo a través de la subsecretaría que encabeza Alejandro Encinas, que es incompleta y tiene inconsistencias, cuya columna vertebral son los chats que recibió de fuentes o testigos, y que como lo refirió el GIEI consideran endebles y no constituyen una prueba contundente que corrobore la hipótesis que dice tener el gobierno.
Rosales Sierra contó que la preocupación de las madres y padres de los 43 es que el gobierno de López Obrador con el informe de Alejandro Encinas construya una nueva verdad y constituya el cierre del caso Ayotzinapa, “por eso en reiteradas ocasiones el presidente de la República ha dicho que lo que esté en el informe es lo que tomarán en consideración para la investigación y lo que no está dentro del informe no cuenta”.
Reiteró que el Ejército mexicano aún no ha entregado información relevante de lo que pudo haber ocurrido, información que el GIEI verificó su existencia en el Centro Regional de Fusión de Información con sede en el Batallón 27 de Iguala, y que podría dar un giro distinto a las investigaciones, “pero hay una negativa” para entregarla.
Expuso que quedaron pendientes en 2022 las reactivaciones de 16 órdenes de aprehensión contra militares, y a la defensa le preocupa que signifique un pacto con el Ejército que busque castigar sólo a los cuatro militares detenidos, además a pesar del informe, falta conocer “dónde están los restos de los jóvenes estudiantes, cuál es el paradero, eso no lo tenemos hoy por hoy”.
El 2022 fue un año de una relación tensa y de mucha rispidez entre los familiares de los 43 y el presidente López Obrador, consideró el abogado de Tlachinollan.
Rosales Sierra manifestó que en la recta final del gobierno de López Obrador se está medrando el mecanismo para el conocimiento de la verdad del caso Ayotzinapa, porque se dio un manotazo a la Unidad Especial de Investigación y Litigación que encabezaba Omar Gómez Trejo, se violó la independencia de la FGR al retirar las órdenes de aprehensión, y se nombró unilateralmente a un fiscal especial sin tomar en cuenta a las madres y padres de los 43.
Afirmó que para este 2023 ven “un panorama gris, un horizonte desalentador en términos de esclarecimiento del caso Ayotzinapa, creemos que ya en este gobierno muy poco se va a poder hacer y lo que presentaron a través del informe es para ellos la salida”.
Añadió que las madres y los padres de los 43, y las organizaciones que los acompañan exigirán que la línea de investigación que toca al Ejército se siga impulsando, que se les investigue de manera exhaustiva porque no puede haber una instancia hermética que escape a los controles civiles, y si son responsables deben rendir cuentas ante autoridades civiles.

 

Aguirre debería ser prudente; hay una investigación abierta del caso de los 43 en la que está involucrado: Vidulfo Rosales

Los actores que están bajo investigación por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, como el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, deben tener “prudencia política”, dijo el abogado de los padres y madres de familia de los jóvenes, Vidulfo Rosales Sierra.
El domingo, luego del cierre de campaña del candidato a alcalde de Acapulco de la coalición Por Guerrero al Fente, Joaquín Badillo, Aguirre Rivero dijo que el próximo presidente de la República será el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y confió en que cumplirá la promesa que hizo en su visita a Iguala, de la creación de una Comisión de la Verdad para que investigue el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Además, recordó que una Comisión de la Verdad sólo puede crearse por decreto del Presidente de la República o por el Congreso, y por eso los procuradores del país se manifestaron en contra de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas.
Consultado vía telefónica, Rosales Sierra dijo que es válido que Aguirre Rivero ejerza su libertad de opinión pero hay una investigación abierta del caso en la que está involucrado y por ello debería ser prudente.
En cuanto a la Comisión de la Verdad señaló que el ex gobernador “es inexacto” pues la que ordenó el tribunal deviene de una sentencia y tiene que cumplirse en sus términos; “hay que diferenciar” la comisión a la que hizo alusión Aguirre Rivero, que debe aprobarse por decreto presidencial o bien, por intervención de los parlamentos o Congreso de Estado, se crea como un proceso de “justicia transicional” o cuando concluyen “conflictos políticos sociales”. Este tipo de comisiones se creó en Argentina, Guatemala y El Salvador, “ésas han sido las experiencias que hemos tenido en América Latina”.
Sin embargo, la comisión que ordenó el tribunal de manera extraordinaria es “de investigación” y será coordinada por el Ministerio Público, tendrá “contrapesos” y no es similar a las que se crean para resolver conflictos políticos sociales por eso “no requiere” de un decreto presidencial o de la aprobación del Congreso de la Unión.
Lo único que no definió el fallo del tribunal es la estructura de la comisión pero su creación no dependerá de un decreto, sólo de “la voluntad del Ejecutivo”, que la Presidencia de la República la respalde y apoye su diseño, conformación y funcionamiento, aunque en los hechos el gobierno presentó recursos, incidentes, porque “no tiene la más mínima voluntad de cumplir, lo que más desean es retrasar, dilatar el cumplimiento de la sentencia en lo que termina su mandato, nunca han tenido compromiso con la justicia, nunca lo tuvieron y no lo van a tener”.
Declaró que espera que el próximo gobierno tenga disposición para crear la comisión, así como un compromiso para resolver el caso Ayotzinapa; además “el próximo gobierno se va a enfrentar a los grandes temas de injusticia y de impunidad” y deberá abordar “ineludiblemente” el caso.
“Es un compromiso que debe tener el próximo gobierno de esclarecer una desaparición masiva de 43 estudiantes, asesinatos, hechos de graves violaciones ocurridas en nuestro país, no sabemos qué pasó y lo más grave, todavía no sabemos dónde están los normalistas”, puntualizó y añadió que el caso Ayotzinapa es un tema “de los más grandes de injusticia y de impunidad” que el próximo gobierno tiene que revertir.
Por otra parte, dijo que cuando los padres de familia y sus representantes legales pudieron hablar con López Obrador en Iguala, el candidato presidencial mostró disposición para resolver el caso y “está comprometido” con que expertos se hagan cargo de la investigación y espera que se mantenga en esas propuestas; recordó que también el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, apoyó la sentencia del tribunal y “con quien llegue, vemos nosotros una oportunidad” de resolver el caso, excepto con el candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña, quien no ha dado su postura al respecto, por ello “es preocupante para nosotros” que pudiera llegar a la Presidencia.

 

La tortura es una práctica generalizada, sistemática, permanente e impune, dice el Ccti

Los actores que están bajo investigación por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, como el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, deben tener “prudencia política”, dijo el abogado de los padres y madres de familia de los jóvenes, Vidulfo Rosales Sierra.
El domingo, luego del cierre de campaña del candidato a alcalde de Acapulco de la coalición Por Guerrero al Fente, Joaquín Badillo, Aguirre Rivero dijo que el próximo presidente de la República será el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y confió en que cumplirá la promesa que hizo en su visita a Iguala, de la creación de una Comisión de la Verdad para que investigue el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Además, recordó que una Comisión de la Verdad sólo puede crearse por decreto del Presidente de la República o por el Congreso, y por eso los procuradores del país se manifestaron en contra de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas.
Consultado vía telefónica, Rosales Sierra dijo que es válido que Aguirre Rivero ejerza su libertad de opinión pero hay una investigación abierta del caso en la que está involucrado y por ello debería ser prudente.
En cuanto a la Comisión de la Verdad señaló que el ex gobernador “es inexacto” pues la que ordenó el tribunal deviene de una sentencia y tiene que cumplirse en sus términos; “hay que diferenciar” la comisión a la que hizo alusión Aguirre Rivero, que debe aprobarse por decreto presidencial o bien, por intervención de los parlamentos o Congreso de Estado, se crea como un proceso de “justicia transicional” o cuando concluyen “conflictos políticos sociales”. Este tipo de comisiones se creó en Argentina, Guatemala y El Salvador, “ésas han sido las experiencias que hemos tenido en América Latina”.
Sin embargo, la comisión que ordenó el tribunal de manera extraordinaria es “de investigación” y será coordinada por el Ministerio Público, tendrá “contrapesos” y no es similar a las que se crean para resolver conflictos políticos sociales por eso “no requiere” de un decreto presidencial o de la aprobación del Congreso de la Unión.
Lo único que no definió el fallo del tribunal es la estructura de la comisión pero su creación no dependerá de un decreto, sólo de “la voluntad del Ejecutivo”, que la Presidencia de la República la respalde y apoye su diseño, conformación y funcionamiento, aunque en los hechos el gobierno presentó recursos, incidentes, porque “no tiene la más mínima voluntad de cumplir, lo que más desean es retrasar, dilatar el cumplimiento de la sentencia en lo que termina su mandato, nunca han tenido compromiso con la justicia, nunca lo tuvieron y no lo van a tener”.
Declaró que espera que el próximo gobierno tenga disposición para crear la comisión, así como un compromiso para resolver el caso Ayotzinapa; además “el próximo gobierno se va a enfrentar a los grandes temas de injusticia y de impunidad” y deberá abordar “ineludiblemente” el caso.
“Es un compromiso que debe tener el próximo gobierno de esclarecer una desaparición masiva de 43 estudiantes, asesinatos, hechos de graves violaciones ocurridas en nuestro país, no sabemos qué pasó y lo más grave, todavía no sabemos dónde están los normalistas”, puntualizó y añadió que el caso Ayotzinapa es un tema “de los más grandes de injusticia y de impunidad” que el próximo gobierno tiene que revertir.
Por otra parte, dijo que cuando los padres de familia y sus representantes legales pudieron hablar con López Obrador en Iguala, el candidato presidencial mostró disposición para resolver el caso y “está comprometido” con que expertos se hagan cargo de la investigación y espera que se mantenga en esas propuestas; recordó que también el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, apoyó la sentencia del tribunal y “con quien llegue, vemos nosotros una oportunidad” de resolver el caso, excepto con el candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña, quien no ha dado su postura al respecto, por ello “es preocupante para nosotros” que pudiera llegar a la Presidencia.

 

En Iguala participaron unos 40 funcionarios del Ejército y policías que pueden ser identificados: Anabel Hernández

 

La periodista Anabel Hernández presentó en la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzianapa su libro La verdadera noche de Iguala, donde destaca la participación del Ejército, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la Policía Ministerial, en los ataques a los normalistas el 26 y 27 de septiembre del 2014, cuando desaparecieron 43 estudiantes.
En este crimen participaron unos 40 funcionarios del gobierno que pueden ser claramente identificados y sometidos a procesos, incluso pocas horas después de los hechos, ante los dictámenes periciales de balística, videos, bitácoras del C-4 y testimonios de los sobrevinientes y de ciudadanos que presenciaron los hechos.
De esto dijo que se trata de autoridades de la 35 Zona Militar, del 27 Batallón de Infantería, la PGR, la SSP y la Policía Ministerial del estado, así como policías municipales de Iguala.
La periodista dijo que, durante los dos años que investigó para este libro no encontró ningún indicio de que los estudiantes estuvieran involucrados con el crimen organizado, como quiso mostrar el gobierno.
Anabel Hernández contó que a finales de 2014 inició su investigación, luego de que la PGR integró una averiguación manipulada, porque la intención de la autoridad desde un principio fue esconder la verdad, ocultar las pruebas periciales, forenses, las pruebas de balística que eran fundamentales, para encontrar incluso que soldados del 27 Batallón de Infantería del Ejército dispararon a los autobuses donde se transportaban los normalistas.
Comentó que el ejemplo de amor de los padres que emprendieron esta lucha fue el que la hizo desde el exilio involuntario en el que se encontraba, y al que la obligó el gobierno de México, regresar al país a investigar lo que realmente pasó la noche de ese 26 de septiembre.
Resaltó que durante este tiempo, el mismo gobierno ha querido dividir a la sociedad mexicana, y que entre algunos sectores lo ha logrado, y aunque localizar a los 43 normalistas es asunto de verdad y justicia, lo hace parecer solamente como un asunto ideológico y político.
“Para mí, que he hecho esta investigación durante más de dos años, y que llevo más de 23 siendo periodista de investigación –que he hecho muchas, muchas investigaciones muy complejas–, he dedicado los últimos 11 años de mi vida a investigar el crimen organizado en este país, cómo funciona, cuáles son los botones que lo detonan; les puedo decir que veo con absoluta claridad que el tema de los 43 estudiantes desaparecidos no es sólo un tema de 43 personas o de sus padres o de sus compañeros, es un tema que condena, que sintetiza lo que hoy es México, y nos involucra a todos”, dijo Anabel Hernández.
La periodista les leyó a los padres de los normalistas una reflexión que preparó para ellos, donde expuso que lo único que los normalistas buscaban era la transformación del país a través de la cultura y la democracia, y que, sin embargo, el Estado mexicano intentó criminalizar la protesta y dividió a la sociedad, haciendo ver las exigencias de los estudiantes como un tema de lucha ideológica y no de justicia social.
“Pareciera que el sistema político mexicano prefiere jóvenes sin educación, sin empleo, ni futuro, que engrosen las filas de la miseria y del crimen organizado, a que haya jóvenes educados como ustedes, que luchen por sus derechos y transformen a este país en una verdadera democracia”, leyó.
Agregó que “para comprender lo que pasó en Iguala y la impunidad de los crímenes había que entender que para el gobierno de México los estudiantes de esta escuela eran más peligrosos que los propios carteles de la droga, quizá porque con los carteles de la droga, el Estado mexicano siempre ha encontrado la maneras de convivir y encontrar intereses en común”.
Explicó que los hechos antes, durante y después de esa noche representan dos crímenes deleznables que pusieron a prueba al sistema político y de justicia de México.
El primero, dijo, fue el de los ataques perpetrados en la noche del 26 y 27 de septiembre, del que resultaron muertos seis civiles, entre ellos tres estudiante, 16 normalistas lesionados de armas de fuego y 43 desaparecidos.
El segundo crimen fue el que comenzó en el instante que inició la investigación de las autoridades para encontrar a los 43 y castigar a los responsables.
En este crimen y en su encubrimiento, las instituciones responsables de procurar justicia fabricaron culpables mediante torturas, manipulación y desaparición de pruebas, ejemplificó. Indicó que participaron funcionarios del más alto nivel en México, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Gobernación, la PGR, el Cisen e incluso la Presidencia de la República.
“A todos, periodistas, organizaciones sociales de derechos humanos y a la sociedad en general, nos corresponde que esta tragedia en México no sea una más, que los responsables de los hechos de esa noche y que quienes los han encubierto durante dos años y tres meses sean sometidos a juicio, no sólo por un derecho de los familiares de quienes fueron asesinados, desaparecidos, sino de toda la sociedad mexicana”, subrayó la periodista.
Añadió que el presidente de la República, Enrique Peña Nieto debería ser el primero en estar presente y honrar a los jóvenes de Ayotzinapa, haciendo que las instituciones encuentren y provean justicia, pero que no ha estado y ni estará.
Anabel Hernández subrayó que, “si el jefe del Ejecutivo no encuentra las condiciones para hallar a los estudiantes desaparecidos, dar verdad y justicia a la sociedad mexicana en este caso, debemos ayudarle y solicitar que se conforme un tribunal internacional especial en este caso que sancione a todos los responsables”.
Ahondó que, como periodista de investigación ha tratado de hacer su contribución, la búsqueda de verdad y justicia. Y que pudo separar la mentira histórica fabricada por el Estado de los hechos reales y que dio visibilidad a las víctimas y a los victimarios en esta historia.
“Hoy, entrego a ustedes el resultado de esta modesta colaboración, esperando sea útil y dé un poco de luz a los hechos que el gobierno de México pretendía ocultar en la obscuridad de la fabricación de la llamada verdad histórica”, dijo.

Hay documentos en los que se considera a los normalistas un problema de seguridad nacional, dice

Anabel Hernández contó que, en esta investigación tuvo acceso a un documento secreto del gobierno mexicano en el que considera a los normalista de Ayotzinapa un problema de seguridad nacional.
De los documentos a los que accedió y que dijo que han incomodado al gobierno, detalló que son investigaciones internas que hizo la Visitaduría General de la PGR. Una focalizada en el antiguo jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR Tomás Zerón de Lucio, en la que indica que con dolo sembró pruebas de que los estudiantes fueron asesinados e incinerados, y sus restos tirados al río San Juan.
El otro documento es de una auditoría que se hizo a los cientos de tomos que conforman la averiguación previa de lo que pasó en Iguala, un documento de más de mil páginas.
Dijo que uno de los documentos, de 177 fojas, ya está disponible en la página de internet www.laverdaderanochedeiguala.com, y que hará público el segundo documento en enero.

Los ataques pudieron ser para recuperar los autobuses que llevaban droga, indica

Durante la ronda de preguntas de los asistentes, el padre de uno de los normalistas preguntó si los dos autobuses de la Estrella de Oro que fueron atacados realmente llevaban heroína.
Anabel Hernández respondió que, de acuerdo con documentos que consultó en la investigación, entre ellos la denuncia penal que hizo la empresa tras la toma de los dos autobuses, está la hipótesis que el 22 de septiembre, cuando los normalistas tomaron al azar estos autobuses no se percataron del contenido, y se los llevaron a Iguala el 26 de septiembre; en el trayecto fueron monitoreados por el C-4, y sucede el ataque de soldados y policías para, supuestamente, recuperar los camiones.
Los padres agradecieron a la periodista su investigación y aportación en la búsqueda de la verdad y para poder dar con el paradero de sus hijos.
La editorial Grijalbo donó 43 libros para cada uno de los padres, que fueron dedicados por la periodista, que se comprometió a regresar si los padres se lo piden, después de leer el libro, para seguirle planteando sus dudas.

Comparece 7 horas en la SEIDO el director de la Normal de Ayotzinapa sobre temas académicos

Un año, un mes y nueve días después de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, la Procuraduría General de la República (PGR) interrogó durante casi siete horas a José Luis Hernández Rivera, director de la escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, quien fue cuestionado sólo de temas académicos, no por las imputaciones de narcotraficantes que lo vinculan con la organización criminal Los Rojos.
“Se me planteó como testigo, entonces lo que expuse fueron situaciones académicas y sobre eso fue lo que versó mi parte. Nada (de las imputaciones). Me preguntaron sobre la situación académica y de mi estancia en la escuela. Ninguna (acusación), nada de eso”, expuso.
“Ya expresé todo públicamente y hay pruebas y evidencias de los expertos que el narcotráfico y el crimen organizado no están relacionados con nosotros en la Normal”, dijo al salir de las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO).
En la investigación del caso Iguala integrantes de la banda delictiva Guerreros Unidos, incluidos sus líderes Sidronio Casarrubias Salgado y Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, señalaron a Hernández Rivera de permitir la infiltración de Los Rojos entre los estudiantes que fueron masacrados la noche del 26 de septiembre de 2014. Incluso, lo acusan de recibir un soborno de 300 mil dólares del grupo criminal.
Ayer a las 10:30 de la mañana, Hernández Rivera se presentó a declarar en la Subprocuraduría con el subdirector administrativo de la Normal, Rigoberto Barrera Urióstegui, quienes fueron acompañados por el abogado José Luis González Meza y el presidente de la asociación civil Comisión Nacional de Derechos Humanos Lázaro Cárdenas del Río.
Comparecieron en la averiguación SEIDO/UEIDMS/001/2015, a cargo de los fiscales federales Jorge García Valentín y Lourdes López Iturbe, quien los atendió personalmente. Los funcionarios sólo les hicieron 10 preguntas a cada uno de los testigos, quienes salieron de la SEIDO a las 5:15 de la tarde.