La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirma en su informe, para la reunión de autoridades federales con los padres y madres de los 43 normalistas, que la información que ahora requieren no obra en los archivos del Ejército y que mejor se le pregunte directamente al integrante de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Gil, ahora testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), y líder del grupo criminal Guerreros Unidos.
El documento firmado por el secretario Luis Cresencio Sandoval González consta de 49 páginas con documentos anexados y está dirigido como carta “Para la fina atención del presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas”.
Se afirma que se “ha dado la máxima apertura” a la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) del gobierno federal, y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Agrega que esta apertura también ha sido para las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos “quienes accedieron personalmente a instalaciones militares, a los archivos disponibles y los que ellos mismos solicitaron”, por lo que “les debe constar a ellos que la documentación que ahora solicitan, no obra en los archivos de los organismos de esta Secretaría”.
Los documentos con los números CRFI/687, CRFI/695, CRFI/1194, CRFI/1363 y CRFI/1375 son los que los familiares de los 43 dicen que no recibieron, pero el Ejército afirma en la carta que sí, se anexan en la carta y son “La revisión de un taxi procedente del Estado de México por la Policía Estatal o Municipal de Iguala, Gro., identificando al conductor como oficial retirado del Ejército”; y “El alertamiento sobre detonaciones de arma de fuego en el área urbana del Municipio de Iguala, Gro”.
Los otros documentos son “Una presunta conversación entre personas desconocidas de actos de inseguridad en Iguala, Gro., probablemente por los hechos del 26 de septiembre de 2014”; y “Una presunta conversación donde se realizan comentarios relacionados con los hechos ocurridos en Iguala, Gro”.
El último documento del que la Sedena dice que sí entregó y los padres dicen que no es la “Información sobre un grupo de personas inconformes que llegaron a bordo de 4 autobuses a la Plaza Tamarindos en Iguala, Gro. y realizaron actos vandálicos”.
La carta del titular de la Sedena resalta que “la principal exigencia de dichos documentos versa sobre la necesidad de conocer de manera completa la conversación donde un miembro del grupo criminal “Guerreros Unidos” de nombre Gildardo López Astudillo, instruye al Subdirector de la Policía Municipal de Iguala, Gro. Francisco Salgado Valladares le haga entrega de 17 estudiantes en un lugar determinado”.
Entonces “se considera que el propio López Astudillo puede proporcionar mayor informa-ción, en virtud de las conver-saciones (Mensajes/Chats) proporcionadas por la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en ingles), en los cuales se advierte que López Astudillo fue uno de los orquestadores y autores materiales de la desaparición de los estudiantes”.
La carta enumera el acceso a los archivos durante las visitas del GIEI y la CoVAJ a diversas instalaciones de la Sedena, entre ellas la IX Región Militar, en Cumbres de Llano Largo, y la 27 Zona Militar en Pie de la Cuesta, ambas en Acapulco; también fueron al 50 Batallón de Infantería, en Chilpancingo y al 27 Batallón de Infantería en Iguala. En total son 18 mil 845 fojas revisadas.
También se informa que han comparecido 51 militares, entre ellos 8 Generales, 4 Jefes, 6 Oficiales y 33 elementos de tropa, ante la FGR. Además, el Ejército ha apoyado 96 planes de búsqueda en diferentes puntos de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco, Eduardo Neri, Cuautepec y San Miguel Totolapan.
En el documento se recuerda que en el informe de la CoVAJ señala como “presuntos responsables” de la desaparición de los 43 al General José Rodríguez Pérez, Capitán José Martínez Crespo, Subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, el soldado Eduardo Mota Esquivel y Teniente Francisco Macías Barbosa, de este último el juez no le emitió orden de aprehensión.
El 14 de septiembre de 2022 se cumplió una orden de aprehensión en contra de un General por delincuencia organizada, así como de un Oficial y uno de Tropa por delincuencia organizada y desaparición forzada, “el primero porque presuntamente según un testigo protegido tenía relación con miembros del grupo criminal”.
Los demás son presuntamente “omisos al no haber evitado la desaparición de los estudiantes, cuando encontrándose de servicio acudieron al hospital “Cristina” por la probable presencia de personas armadas, y por ningún motivo por haber participado directamente en los hechos en que desaparecieron los estudiantes; proceso que aún continúa hasta que se defina lo que conforme a derecho corresponda”.
Dos días después se cumplió otra orden de aprehensión en contra de un Oficial y el 20 de junio de 2023 se cumplió orden de aprehensión contra un oficial y 7 de tropa en activo por desaparición forzada por el mismo dato del hospital Cristina.
Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa insistieron que el Ejército “tuvo una participación directa e indirecta” en la desaparición de sus hijos el 26 de septiembre de 2014 en Iguala.
En un comunicado enviado a los medios de comunicación reclamaron que hasta el día de hoy no saben de sus hijos, y eso “lacera nuestras vidas”.
Dijeron que las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEl) y la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia (Covaj, han establecido que el Ejército tenía agentes encubiertos en la Normal, por lo tanto, sabían de sus movimientos. Ademas, un soldado (Julio César López Patolzin) estaba encubierto en la escuela y también fue desaparecido la noche del 26 de septiembre del 2014.
Los padres y madres reprocharon que los mandos militares tuvieron información en tiempo real de lo que le ocurría y no hicieron nada para rescatar a los estudiantes.
“Dos agentes militares estaban dirigiendo el C4 en Iguala, dando seguimiento a los estudiantes en tiempo real. Varias patrullas militares se desplegaron a los sitios donde los estudiantes eran agredidos y desaparecidos”, se lee en el documento.
Destacaron una conversación entre un jefe de la organización criminal Guerreros Unidos con uno de la policía de Iguala. En la misma refieren “que 17 estudiantes están siendo llevados a unas fosas fuera de la ciudad”.
“El último reporte del GIEl revela que esta información se encuentra en los archivos del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) del 27 Batallón de infantería de Iguala Guerrero. Pese a los requerimientos legales el instituto armado se niega a entregarla”.
Las madres y padres volvieron a exigir la entrega inmediata de la información en poder de los militares para dar con el paradero de los jóvenes.
Información que el Ejército se niega a entregar sobre el paradero de los 43:
1. La comunicación que habla que 17 estudiantes fueron trasladados a la
Brecha de los Lobos.
2. El dispositivo donde fue almacenada la comunicación intervenida.
3. La identidad del militar que hizo la intervención telefónica a fin de que aporte más datos.
4. Los números de teléfonos que fueron intervenidos a fin de hacerle estudios y análisis para que aporten una red de vínculos más amplia.
5. Las últimas comunicaciones de Julio César López Patolzin, agente militar encubierto en Ayotzinapa, hoy desaparecido.
6. Los últimos reportes de los agentes de inteligencia militar que dieron seguimiento a los estudiantes en Iguala.
7. Los últimos reportes del C4 que corresponden al momento de la desaparición de los estudiantes.
Padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos y sus abogados ingresan a Palacio Nacional Foto: Juan Luis Altamirano Uruñuela
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo ayer una reunión con los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, a seis días de la conmemoración del noveno aniversario de su desaparición.
Los padres llegaron aproximadamente a las 11 de la mañana al Palacio Nacional y salieron antes de las 2 de la tarde. En el encuentro estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez y el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra.
Al salir de la reunión, el abogado y representante legal de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, indicó que les presentaron un balance de lo que el gobierno ha hecho y los padres le pidieron a López Obrador la información que tiene el Ejército.
“Ellos nos presentaron un informe que es un balance de lo que ya han hecho. Los padres por su parte, estamos solicitando la entrega de una información que tiene en su poder el Ejército y que tiene que ver con el paradero de los 43 estudiantes”.
Señaló que tras la apertura que hizo López Obrador en 2021 de los archivos militares de la Novena Región Militar, la 35 Zona Militar y el Batallón de Infantería, pudieron conocer la información en posesión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Esta información que tiene en su poder hoy en día el Ejército mexicano, la pudimos conocer a través de la apertura que el propio presidente hizo de los archivos militares, ante una petición que nosotros hicimos en el año 2021”.
Concretamente hizo referencia que al acceder a la información, se consiguieron documentos en los que el Ejército detecta una intercepción telefónica donde se cuenta que la noche del 26 de septiembre de 2014, se llevaban a 17 estudiantes.
“Se obtuvieron varios documentos, esos documentos dan cuenta de cómo el Ejército mexicano intervino. Pero particularmente hay una intercepción telefónica que hizo el Ejército mexicano que da cuenta de que se están llevando 17 estudiantes el día 26 de septiembre a las 10 de la noche. Estamos interesados en que esa información faltante hoy en día se nos pueda entregar”.
El abogado dijo que López Obrador les afirmó que en lo concerniente al caso Ayotzinapa, ya se había entregado toda la información, cuestión que los padres y sus representantes negaron y consideran que hace falta.
“Nosotros lo que le estamos diciendo es que no, que hay información faltante. Si bien es cierto se abrieron esos archivos y se entregó esa información, es parcial. Falta mucho todavía que completar esa información”, dijo el abogado.
Señaló que solicitaron dicha información de forma escrita, además de verbal durante la reunión. Informó que el próximo lunes 25 de septiembre, sostendrán un nuev encuentro en el que no estará presente el presidente, sino la secretaria Luisa María Alcalde, en compañía de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario Encinas.
“Ese día dice que va a revisar y nos dará respuesta a este escrito que nosotros le entregamos. Él insiste que ya no hay información que entregar, él insiste y todo el tiempo en la reunión ese fue el tono, se mantuvo en esta afirmación de que ya no hay información, de que ya se entregó toda. Nosotros le hicimos ver que no”.
Vidulfo Rosales añadió que solamente se tiene una hoja referente a la intercepción telefónica mencionada y que solicitan la comunicación completa. Dijo que López Obrador revisará la petición y el lunes se les dará respuesta.
“Desconocemos porqué, nosotros tenemos datos objetivos, solicitudes muy concretas de números de folio y documentos que hacen falta por entregar el día de hoy y esto que estoy comentando es un ejemplo claro, a mí me entregan una hoja transcrita de una intervención telefónica que hicieron y que alguien transcribió y lo tiene en una hoja tamaño carta. ¿Qué necesito? Pues necesito el archivo electrónico”.
Salen padres insatisfechos de la reunión
Al concluir la reunión con el presidente, Mario González y Emiliano Navarrete, padres de Mario César González y José Ángel Navarrete, respectivamente, estudiantes normalistas desaparecidos, se mostraron insatisfechos.
“No, cómo vamos a estar contentos con algo que está cerrado en decir que no hay ya esa información y nosotros tenemos documentos a donde faltan varios de los folios, para nosotros es una negativa”, externó el señor Mario González.
Dijo que la reunión fue ríspida y pesada, porque el presidente López Obrador “no entiende razones”.
Añadió que están enfocados en lo que llegue a hacer falta en las investigaciones para que mantengan su curso y así puedan llegar al objetivo primordial, que es encontrar a sus hijos.
“Nosotros estamos en lo que nos hace falta, no nos fijamos en otra cosa más que en lo que nos hace falta para encontrar a nuestros hijos”.
Antes de subirse al camión que los transportaba se le gritó a Emiliano Navarrete si estaba contento con lo que les dijo López Obrador, simplemente movió su dedo índice y la cabeza en señal negativa. Posteriormente se acercó a medios de comunicación presentes para reafirmar la postura.
“Para nosotros no es nada sorprendente las actitudes o las posturas del gobierno, siempre hemos conocido una actitud no muy agradable”.
De igual forma, aseguró que el presidente “ha protegido mucho” a las Fuerzas Armadas y a sus integrantes, añadiendo que el gobierno los ha protegido “desde hace tiempo”.
Emiliano Navarrete dijo que de su parte no existe desilusión alguna respecto a lo expuesto por el gobierno federal, debido a que nunca tuvo una ilusión y que su deseo es saber dónde se encuentra su hijo.
“Desilusionados no, porque nunca tuve una. No soy fanático de nadie, de ningún político, no. Simplemente como mexicano exijo mis derechos de saber la verdad de dónde están nuestros hijos”.
El abogado Vidulfo Rosales confirmó que se mantienen las actividades de la jornada programadas con antelación con motivo del noveno aniversario de la noche de Iguala, donde desaparecieron los 43 estudiantes y tres fueron asesinados. Este jueves estarán realizando un plantón en la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.
Sólo queremos saber dónde están
Al concluir la reunión con el presidente, que duró casi 3 horas, Mario González y Emiliano Navarrete, padres de Mario César González y José Ángel Navarrete, estudiantes normalistas desaparecidos, se mostraron insatisfechos.
“(Nos fue) de la patada”, respondió Mario González, a los reporteros. Y agregó: “No, cómo vamos a estar contentos con algo que está cerrado en decir que no hay ya esa información y nosotros tenemos documentos a donde faltan varios de los folios, para nosotros es una negativa”, expresó.
Dijo que la reunión fue ríspida y pesada, porque el presidente López Obrador “no entiende razones”.
Añadió que están enfocados en lo que llegue a hacer falta en las investigaciones para que mantengan su curso y así puedan llegar al objetivo primordial, que es encontrar a sus hijos.
“Nosotros estamos en lo que nos hace falta, no nos fijamos en otra cosa más que en lo que nos hace falta para encontrar a nuestros hijos”.
Antes de subirse al camión que los transportaba se le gritó a Emiliano Navarrete si estaba contento con lo que les dijo López Obrador, simplemente movió su dedo índice y la cabeza en señal negativa. Posteriormente se acercó a medios de comunicación presentes para reafirmar la postura.
“Para nosotros no es nada sorprendente las actitudes o las posturas del gobierno, siempre hemos conocido una actitud no muy agradable”.
De igual forma, aseguró que el presidente “ha protegido mucho” al Ejército y a sus integrantes “desde hace tiempo”.
Emiliano Navarrete dijo que de su parte no existe desilusión alguna respecto a lo expuesto por el gobierno federal, debido a que nunca tuvo una ilusión y que su deseo es saber dónde se encuentra su hijo.
“Desilusionados no, porque nunca tuve una. No soy fanático de nadie, de ningún político, no. Simplemente como mexicano exijo mis derechos de saber la verdad de dónde están nuestros hijos”.
Los padres salieron del Palacio Nacional con una caja grande bajo el brazo, en la que llevaban el segundo informe de la Comiión Especial para el caso. y se dirigieron a la Sedena, donde tendrían una reunión privada.
El abogado Vidulfo Rosales confirmó que se mantienen las actividades de la jornada programadas con antelación con motivo del noveno aniversario de la noche de Iguala, donde desaparecieron los 43 estudiantes y otros tres fueron asesinados. Este jueves estarán realizando un plantón en la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.
Falso, que el Ejército no haya entregado toda la información sobre Ayotzinapa, sostiene AMLO
Hay avances en la investigación y espera que se haga pública para que no haya manipulación, dice el presidente. Afirma que no hay rompimiento con los padres de los 43 normalistas desaparecidos, y que respeta las manifestaciones por la presentación de sus hijos. “No hemos fallado ni vamos a fallar”, proclama
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, a su llegada a Palacio Nacional para la reunión con los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa Foto: Agencia Reforma
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que es falso que el Ejército no haya entregado toda la información del caso Ayotzinapa, y aseguró que se tienen avances en la investigación y espera que toda la información que se conjunte se haga pública.
Horas antes de sostener la reunión con los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, durante la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el presidente negó rotundamente que el Ejército no haya brindado toda la información requerida para continuar las investigaciones. Añadió que desea hablar con los padres para darles a conocer el estatus del caso y que se evite la manipulación.
“Todavía no terminamos, sigue la investigación y por eso quiero hablar con ellos, para informarles, para que no haya manipulación. Porque no es cierto que el Ejército no haya entregado toda la información, es falso, el Ejército entregó toda la información”.
Hizo referencia a la manifestación que encabezaron los padres en Iguala, frente al cuartel del 27 Batallón de Infantería, este lunes 18, donde en un mitin se denunció que el Ejército no entregó la información correspondiente, aunque López Obrador dijo que fue en Chilpancingo en lugar de Iguala.
“Ayer, antier hubo una manifestación en Chilpancingo en la Zona Militar y un abogado de los padres dijo ahí que la responsabilidad era del Ejército y no habían entregado información, de que no se había hecho nada, por eso yo quiero hablar con los papás, yo he estado pendiente”, aseguró.
De igual forma se le comentó que una de las razones por las que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), decidió no mantenerse en las investigaciones, fue que el Ejército no entregó documentos en específico, y López Obrador respondió que “pues no fue cierto, el Ejército entregó todo lo que tenía”.
Padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos y sus abogados ingresan a Palacio Nacional Foto: Juan Luis Altamirano Uruñuela
Al presidente se le preguntó sobre el encuentro que sostendría y si a poco más de un año de que termine su administración podrá cumplir con el compromiso de la resolución del caso.
“Tenemos mucho avance, hoy vamos a informar. Y una de las cosas que nos va a ayudar mucho a contrarrestar todas las calumnias, va a ser el que vamos a dar a conocer toda la información, todo lo que podamos, que no haya problemas de carácter legal, pero todo porque cuando se informa no puede haber inventos”.
López Obrador reiteró la importancia de que los padres de los 43 cuenten con toda la información del caso, recordando que es uno de los compromisos de su gobierno.
“Vamos a tener esa reunión para informarles, porque es muy importante que ellos tengan toda la información sobre lo que se está haciendo para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa, es un compromiso que hicimos y desde luego castigar a los responsables”.
El presidente afirmó que no existe rompimiento alguno con los padres y que su manifestación es entendible por la ausencia de sus hijos.
“No hemos fallado ni vamos a fallar. Independientemente de lo que puedan decir en este caso los padres, que tienen todo el derecho de manifestarse porque es mucho el dolor por la ausencia de sus hijos y eso es entendible, es muy humano, pero lo importante aquí es tener la conciencia tranquila”, recalcó.
Criticó que grupos opositores a su gobierno quieran descalificar el trabajo que han realizado en las investigaciones del caso y pidió que se ejemplificara un país en el cual se tiene a personas detenidas por un delito de desaparición como el que sucedió con los estudiantes.
“Nada más les preguntaría yo a estos seudo defensores de derechos humanos de la llamada sociedad civil o de las organizaciones no gubernamentales, entre comillas, que me dijeran: ¿en dónde se tiene a tantos presos por un delito de desaparición como este, en dónde hay dos generales presos, veinte oficiales del Ejército o soldados, un procurador de Justicia y como 120 detenidos? ¿Dónde, en qué país?”.
El Ejército oculta información de la noche
de Iguala, reiteran padres ante el presidente
Se refiere el abogado Vidulfo Rosales a una intercepción telefónica donde se cuenta que la noche del 26 de septiembre se llevaban a 17 estudiantes. “Estamos interesados en que esa información faltante se nos pueda entregar”, subraya. Salen insatisfechos del encuentro, dice el padre Emiliano Navarrete, y afirma que el presidente “ha protegido mucho” a las Fuerzas Armadas. Mario González dijo que la reunión fue pesada porque el presidente “no entiende razones”
Juan Luis Altamirano Uruñuela
Ciudad de México
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo ayer una reunión con los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, a seis días de la conmemoración del noveno aniversario de su desaparición.
Los padres llegaron aproximadamente a las 11 de la mañana al Palacio Nacional y salieron antes de las 2 de la tarde. En el encuentro estuvieron presentes la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez y el fiscal especial del caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez Piedra.
Al salir de la reunión, el abogado y representante legal de los padres, Vidulfo Rosales Sierra, indicó que les presentaron un balance de lo que el gobierno ha hecho y los padres le pidieron a López Obrador la información que tiene el Ejército.
“Ellos nos presentaron un informe que es un balance de lo que ya han hecho. Los padres por su parte, estamos solicitando la entrega de una información que tiene en su poder el Ejército y que tiene que ver con el paradero de los 43 estudiantes”.
Señaló que tras la apertura que hizo López Obrador en 2021 de los archivos militares de la Novena Región Militar, la 35 Zona Militar y el Batallón de Infantería, pudieron conocer la información en posesión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Esta información que tiene en su poder hoy en día el Ejército mexicano, la pudimos conocer a través de la apertura que el propio presidente hizo de los archivos militares, ante una petición que nosotros hicimos en el año 2021”.
Concretamente hizo referencia que al acceder a la información, se consiguieron documentos en los que el Ejército detecta una intercepción telefónica donde se cuenta que la noche del 26 de septiembre de 2014, se llevaban a 17 estudiantes.
“Se obtuvieron varios documentos, esos documentos dan cuenta de cómo el Ejército mexicano intervino. Pero particularmente hay una intercepción telefónica que hizo el Ejército mexicano que da cuenta de que se están llevando 17 estudiantes el día 26 de septiembre a las 10 de la noche. Estamos interesados en que esa información faltante hoy en día se nos pueda entregar”.
El abogado dijo que López Obrador les afirmó que en lo concerniente al caso Ayotzinapa, ya se había entregado toda la información, cuestión que los padres y sus representantes negaron y consideran que hace falta.
“Nosotros lo que le estamos diciendo es que no, que hay información faltante. Si bien es cierto se abrieron esos archivos y se entregó esa información, es parcial. Falta mucho todavía que completar esa información”, dijo el abogado.
Señaló que solicitaron dicha información de forma escrita, además de verbal durante la reunión. Informó que el próximo lunes 25 de septiembre, sostendrán un nuev encuentro en el que no estará presente el presidente, sino la secretaria Luisa María Alcalde, en compañía de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y el subsecretario Encinas.
“Ese día dice que va a revisar y nos dará respuesta a este escrito que nosotros le entregamos. Él insiste que ya no hay información que entregar, él insiste y todo el tiempo en la reunión ese fue el tono, se mantuvo en esta afirmación de que ya no hay información, de que ya se entregó toda. Nosotros le hicimos ver que no”.
Vidulfo Rosales añadió que solamente se tiene una hoja referente a la intercepción telefónica mencionada y que solicitan la comunicación completa. Dijo que López Obrador revisará la petición y el lunes se les dará respuesta.
“Desconocemos porqué, nosotros tenemos datos objetivos, solicitudes muy concretas de números de folio y documentos que hacen falta por entregar el día de hoy y esto que estoy comentando es un ejemplo claro, a mí me entregan una hoja transcrita de una intervención telefónica que hicieron y que alguien transcribió y lo tiene en una hoja tamaño carta. ¿Qué necesito? Pues necesito el archivo electrónico”.
Salen padres insatisfechos de la reunión
Al concluir la reunión con el presidente, Mario González y Emiliano Navarrete, padres de Mario César González y José Ángel Navarrete, respectivamente, estudiantes normalistas desaparecidos, se mostraron insatisfechos.
“No, cómo vamos a estar contentos con algo que está cerrado en decir que no hay ya esa información y nosotros tenemos documentos a donde faltan varios de los folios, para nosotros es una negativa”, externó el señor Mario González.
Dijo que la reunión fue ríspida y pesada, porque el presidente López Obrador “no entiende razones”.
Añadió que están enfocados en lo que llegue a hacer falta en las investigaciones para que mantengan su curso y así puedan llegar al objetivo primordial, que es encontrar a sus hijos.
“Nosotros estamos en lo que nos hace falta, no nos fijamos en otra cosa más que en lo que nos hace falta para encontrar a nuestros hijos”.
Antes de subirse al camión que los transportaba se le gritó a Emiliano Navarrete si estaba contento con lo que les dijo López Obrador, simplemente movió su dedo índice y la cabeza en señal negativa. Posteriormente se acercó a medios de comunicación presentes para reafirmar la postura.
“Para nosotros no es nada sorprendente las actitudes o las posturas del gobierno, siempre hemos conocido una actitud no muy agradable”.
De igual forma, aseguró que el presidente “ha protegido mucho” a las Fuerzas Armadas y a sus integrantes, añadiendo que el gobierno los ha protegido “desde hace tiempo”.
Emiliano Navarrete dijo que de su parte no existe desilusión alguna respecto a lo expuesto por el gobierno federal, debido a que nunca tuvo una ilusión y que su deseo es saber dónde se encuentra su hijo.
“Desilusionados no, porque nunca tuve una. No soy fanático de nadie, de ningún político, no. Simplemente como mexicano exijo mis derechos de saber la verdad de dónde están nuestros hijos”.
El abogado Vidulfo Rosales confirmó que se mantienen las actividades de la jornada programadas con antelación con motivo del noveno aniversario de la noche de Iguala, donde desaparecieron los 43 estudiantes y tres fueron asesinados. Este jueves estarán realizando un plantón en la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.
Sólo queremos saber dónde están
Al concluir la reunión con el presidente, que duró casi 3 horas, Mario González y Emiliano Navarrete, padres de Mario César González y José Ángel Navarrete, estudiantes normalistas desaparecidos, se mostraron insatisfechos.
“(Nos fue) de la patada”, respondió Mario González, a los reporteros. Y agregó: “No, cómo vamos a estar contentos con algo que está cerrado en decir que no hay ya esa información y nosotros tenemos documentos a donde faltan varios de los folios, para nosotros es una negativa”, expresó.
Dijo que la reunión fue ríspida y pesada, porque el presidente López Obrador “no entiende razones”.
Añadió que están enfocados en lo que llegue a hacer falta en las investigaciones para que mantengan su curso y así puedan llegar al objetivo primordial, que es encontrar a sus hijos.
“Nosotros estamos en lo que nos hace falta, no nos fijamos en otra cosa más que en lo que nos hace falta para encontrar a nuestros hijos”.
Antes de subirse al camión que los transportaba se le gritó a Emiliano Navarrete si estaba contento con lo que les dijo López Obrador, simplemente movió su dedo índice y la cabeza en señal negativa. Posteriormente se acercó a medios de comunicación presentes para reafirmar la postura.
“Para nosotros no es nada sorprendente las actitudes o las posturas del gobierno, siempre hemos conocido una actitud no muy agradable”.
De igual forma, aseguró que el presidente “ha protegido mucho” al Ejército y a sus integrantes “desde hace tiempo”.
Emiliano Navarrete dijo que de su parte no existe desilusión alguna respecto a lo expuesto por el gobierno federal, debido a que nunca tuvo una ilusión y que su deseo es saber dónde se encuentra su hijo.
“Desilusionados no, porque nunca tuve una. No soy fanático de nadie, de ningún político, no. Simplemente como mexicano exijo mis derechos de saber la verdad de dónde están nuestros hijos”.
Los padres salieron del Palacio Nacional con una caja grande bajo el brazo, en la que llevaban el segundo informe de la Comiión Especial para el caso. y se dirigieron a la Sedena, donde tendrían una reunión privada.
El abogado Vidulfo Rosales confirmó que se mantienen las actividades de la jornada programadas con antelación con motivo del noveno aniversario de la noche de Iguala, donde desaparecieron los 43 estudiantes y otros tres fueron asesinados. Este jueves estarán realizando un plantón en la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México.
Activistas protestan el pasado 26 de septiembre en la Ciudad de México para exigir justicia en el caso Ayotzinapa, frente a Palacio Nacional que fue cercado con un muro de metal Foto: Karina Tejeda
Emiliano Tizapa Lucena
Chilpancingo
En 2022 el gobierno federal presentó las conclusiones de sus investigaciones de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014, con el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (Covaj) que dio a conocer el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, pero de acuerdo con el abogado de los familiares de los estudiantes, Vidulfo Rosales Sierra, es una “investigación en paralelo”, incompleta y con inconsistencias.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recordó que la columna vertebral de ese informe son 467 capturas de pantalla de chats, que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) analizó y señaló que son endebles y no constituyen una prueba contundente que corrobore la hipótesis del gobierno federal.
En este 2023 y en la recta final del gobierno de López Obrador, Rosales Sierra advierte un panorama gris y un horizonte desalentador en el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, “creemos que ya en este gobierno muy poco se va a poder hacer y lo que presentaron a través del informe es para ellos la salida”.
En 2022 el caso de la desaparición de los 43 normalistas de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa vivió un parteaguas en las investigaciones de la actual administración del presidente morenista, Andrés Manuel López Obrador, luego de que el 18 de agosto el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez en conferencia de prensa en Palacio Nacional –luego de una reunión con el presidente y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos–, expuso las principales conclusiones de un informe elaborado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj).
Dicho informe concluyó que no existen indicios de que los 43 estén con vida, afirma que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) pudo evitar el desenlace contra los jóvenes, reitera que en los ataques y la desaparición de los estudiantes participaron autoridades de todos los niveles de gobierno, que los mandos militares no buscaron proteger ni buscar al soldado Julio César López Patolzin –uno de los 43 normalistas desaparecidos– quien informaba a la Sedena de lo que acontecía en la normal y sus movilizaciones.
Alejandro Encinas destacó que lograron obtener diversa documentación como 467 capturas de pantalla, 37 conversaciones y cinco teléfonos de donde se extrajeron los mensajes clave para el caso, y que la creación de la “Verdad Histórica” fue concertada por el aparato organizado del poder desde el más alto nivel de gobierno.
Asegura que se ocultó la verdad de los hechos, se alteraron las escenas del crimen y se ocultaron los vínculos de autoridades con el grupo delictivo Guerreros Unidos y la participación de agentes del Estado.
Al día siguiente de difundirse el informe fue detenido el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam al salir de su casa en Lomas de Chapultepec en Ciudad de México, acusado de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia como parte de la investigación del caso Ayotzinapa, es decir, por construir la llamada “Verdad Histórica” en el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El 22 de agosto el GIEI dijo que no participó en la redacción del informe de la Covaj y pidió tener acceso al informe completo, así como a los dispositivos desde donde se obtuvo la información y los mensajes extraídos.
La detención de Murillo no fue la única en 2022, el 15 de septiembre se informó de la detención del general José Rodríguez Pérez, por su responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas, quien era el comandante del 27 Batallón de Infantería en 2014.
También fueron detenidos otros dos integrantes del Ejército mexicano, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, quienes se sumaban al capitán José Martínez Crespo, quien estaba preso desde 2020.
El 24 de septiembre en el periódico Reforma se publicó una columna de la periodista Peniley Ramírez en la que dio a conocer el informe de la Covaj sin testar, y reveló que sostenía que casi todo los estudiantes fueron asesinados, descuartizados y enterrados la misma noche el 26 de septiembre, y seis jóvenes permanecieron durante cuatro días en una bodega en Pueblo Viejo, a las afueras de Iguala, porque según el informe, José Rodríguez Pérez ordenó su ejecución.
En esos mismos días se conoció que entre las 84 órdenes de aprehensión que un juez liberó estaban las de tres altos funcionarios del gobierno de Guerrero durante la administración de Ángel Aguirre Rivero por su presunta implicación con el grupo criminal Guerreros Unidos y la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa: del procurador general de Justicia, Iñaki Blanco Cabrera, del ex secretario Seguridad Pública del Estado, Leonardo Octavio Vázquez Pérez y de Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero y otros dos empleados del poder Judicial.
Pero el 27 de septiembre el presidente López Obrador admitió en su conferencia matutina que la Fiscalía General de la República (FGR) canceló 21 órdenes de aprehensión del caso Ayotzinapa porque los presuntos involucrados no estaban en el informe de la Covaj.
Ante los cuestionamientos públicos que trajo esta cancelación de las detenciones, Encinas Rodríguez afirmó que había una intensa campaña desde las viejas estructuras del poder para desacreditar las nuevas líneas de investigación planteadas por la Covaj.
El hecho trastocó a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa de la FGR, porque el titular Omar Gómez Trejo renunció ese 27 de septiembre, señaló que un área ajena a esta unidad fue la que se desistió sin su autorización de 20 órdenes de aprehensión contra implicados en el caso Ayotzinapa.
El presidente de la República respondió el 30 de septiembre que desde la FGR se trató de dinamitar el proceso que se derivó en el informe de la Covaj para impedir la detención del ex procurador, Jesús Murillo Karam y de los militares implicados.
No obstante, el 31 de octubre en conferencia de prensa el GIEI descartó la autenticidad de las 467 capturas de pantalla de conversaciones, y en los que se basó la nueva versión del gobierno federal para incriminar a los responsables.
El grupo argumentó que las capturas no podían considerarse una prueba digital porque no fueron extraídas de forma directa de los dispositivos que presuntamente fueron utilizados, y uno de los expertos, Carlos Martín Beristain dijo que se puso en riesgo el acceso a la verdad y a la justicia al presentar este informe.
Días antes, Alejandro Encinas Rodríguez reveló en una entrevista al periódico estadounidense The New York Times, que no se confirmó la autenticidad de un alto porcentaje de las capturas de pantalla de conversaciones entre criminales y militares que participaron en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Ante el análisis del GIEI, Andrés Manuel López Obrador respondió que Alejandro Encinas tenía toda su confianza y que se tenían todos los elementos para sostener la investigación, que continuarían las averiguaciones y que se haría justicia.
El gobierno federal mantuvo su respaldo al informe y el 28 de octubre, el ex secretario de seguridad pública de Guerrero, Leonardo Fabio Vásquez Pérez fue detenido en Nayarit, acusado de omisión en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre 2014 y delincuencia organizada.
El GIEI y los abogados de los familiares de los 43 normalistas exigieron públicamente al gobierno federal que el Ejército entregue la información necesaria y determinante en la investigación del caso, pero López Obrador declaró que los militares sí brindan información relevante, y consieró que las exigencias correspondían a una campaña de desprestigio contra el Ejército y su gobierno.
En 2022 naufragó la verdad
En entrevista, el abogado de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra consideró que en 2022 naufragó la verdad porque “se tenía una investigación grande, completa”, que explicaba cómo ocurrieron los hechos del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Vía telefónica precisó que se sabía qué actores intervinieron y daba cuenta de la confluencia de diversos actores estatales y no estatales, responsables de la desaparición de los 43.
Sin embargo, afirmó que el gobierno federal realizó una investigación en paralelo a través de la subsecretaría que encabeza Alejandro Encinas, que es incompleta y tiene inconsistencias, cuya columna vertebral son los chats que recibió de fuentes o testigos, y que como lo refirió el GIEI consideran endebles y no constituyen una prueba contundente que corrobore la hipótesis que dice tener el gobierno.
Rosales Sierra contó que la preocupación de las madres y padres de los 43 es que el gobierno de López Obrador con el informe de Alejandro Encinas construya una nueva verdad y constituya el cierre del caso Ayotzinapa, “por eso en reiteradas ocasiones el presidente de la República ha dicho que lo que esté en el informe es lo que tomarán en consideración para la investigación y lo que no está dentro del informe no cuenta”.
Reiteró que el Ejército mexicano aún no ha entregado información relevante de lo que pudo haber ocurrido, información que el GIEI verificó su existencia en el Centro Regional de Fusión de Información con sede en el Batallón 27 de Iguala, y que podría dar un giro distinto a las investigaciones, “pero hay una negativa” para entregarla.
Expuso que quedaron pendientes en 2022 las reactivaciones de 16 órdenes de aprehensión contra militares, y a la defensa le preocupa que signifique un pacto con el Ejército que busque castigar sólo a los cuatro militares detenidos, además a pesar del informe, falta conocer “dónde están los restos de los jóvenes estudiantes, cuál es el paradero, eso no lo tenemos hoy por hoy”.
El 2022 fue un año de una relación tensa y de mucha rispidez entre los familiares de los 43 y el presidente López Obrador, consideró el abogado de Tlachinollan.
Rosales Sierra manifestó que en la recta final del gobierno de López Obrador se está medrando el mecanismo para el conocimiento de la verdad del caso Ayotzinapa, porque se dio un manotazo a la Unidad Especial de Investigación y Litigación que encabezaba Omar Gómez Trejo, se violó la independencia de la FGR al retirar las órdenes de aprehensión, y se nombró unilateralmente a un fiscal especial sin tomar en cuenta a las madres y padres de los 43.
Afirmó que para este 2023 ven “un panorama gris, un horizonte desalentador en términos de esclarecimiento del caso Ayotzinapa, creemos que ya en este gobierno muy poco se va a poder hacer y lo que presentaron a través del informe es para ellos la salida”.
Añadió que las madres y los padres de los 43, y las organizaciones que los acompañan exigirán que la línea de investigación que toca al Ejército se siga impulsando, que se les investigue de manera exhaustiva porque no puede haber una instancia hermética que escape a los controles civiles, y si son responsables deben rendir cuentas ante autoridades civiles.
