Ramón Gracida Gómez
Acapulco
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) afirma en su informe, para la reunión de autoridades federales con los padres y madres de los 43 normalistas, que la información que ahora requieren no obra en los archivos del Ejército y que mejor se le pregunte directamente al integrante de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, El Gil, ahora testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR), y líder del grupo criminal Guerreros Unidos.
El documento firmado por el secretario Luis Cresencio Sandoval González consta de 49 páginas con documentos anexados y está dirigido como carta “Para la fina atención del presidente de la República y comandante supremo de las Fuerzas Armadas”.
Se afirma que se “ha dado la máxima apertura” a la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República (FGR), a la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ) del gobierno federal, y al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Agrega que esta apertura también ha sido para las madres y los padres de los estudiantes desaparecidos “quienes accedieron personalmente a instalaciones militares, a los archivos disponibles y los que ellos mismos solicitaron”, por lo que “les debe constar a ellos que la documentación que ahora solicitan, no obra en los archivos de los organismos de esta Secretaría”.
Los documentos con los números CRFI/687, CRFI/695, CRFI/1194, CRFI/1363 y CRFI/1375 son los que los familiares de los 43 dicen que no recibieron, pero el Ejército afirma en la carta que sí, se anexan en la carta y son “La revisión de un taxi procedente del Estado de México por la Policía Estatal o Municipal de Iguala, Gro., identificando al conductor como oficial retirado del Ejército”; y “El alertamiento sobre detonaciones de arma de fuego en el área urbana del Municipio de Iguala, Gro”.
Los otros documentos son “Una presunta conversación entre personas desconocidas de actos de inseguridad en Iguala, Gro., probablemente por los hechos del 26 de septiembre de 2014”; y “Una presunta conversación donde se realizan comentarios relacionados con los hechos ocurridos en Iguala, Gro”.
El último documento del que la Sedena dice que sí entregó y los padres dicen que no es la “Información sobre un grupo de personas inconformes que llegaron a bordo de 4 autobuses a la Plaza Tamarindos en Iguala, Gro. y realizaron actos vandálicos”.
La carta del titular de la Sedena resalta que “la principal exigencia de dichos documentos versa sobre la necesidad de conocer de manera completa la conversación donde un miembro del grupo criminal “Guerreros Unidos” de nombre Gildardo López Astudillo, instruye al Subdirector de la Policía Municipal de Iguala, Gro. Francisco Salgado Valladares le haga entrega de 17 estudiantes en un lugar determinado”.
Entonces “se considera que el propio López Astudillo puede proporcionar mayor informa-ción, en virtud de las conver-saciones (Mensajes/Chats) proporcionadas por la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en ingles), en los cuales se advierte que López Astudillo fue uno de los orquestadores y autores materiales de la desaparición de los estudiantes”.
La carta enumera el acceso a los archivos durante las visitas del GIEI y la CoVAJ a diversas instalaciones de la Sedena, entre ellas la IX Región Militar, en Cumbres de Llano Largo, y la 27 Zona Militar en Pie de la Cuesta, ambas en Acapulco; también fueron al 50 Batallón de Infantería, en Chilpancingo y al 27 Batallón de Infantería en Iguala. En total son 18 mil 845 fojas revisadas.
También se informa que han comparecido 51 militares, entre ellos 8 Generales, 4 Jefes, 6 Oficiales y 33 elementos de tropa, ante la FGR. Además, el Ejército ha apoyado 96 planes de búsqueda en diferentes puntos de Iguala, Cocula, Tepecoacuilco, Eduardo Neri, Cuautepec y San Miguel Totolapan.
En el documento se recuerda que en el informe de la CoVAJ señala como “presuntos responsables” de la desaparición de los 43 al General José Rodríguez Pérez, Capitán José Martínez Crespo, Subteniente Fabián Alejandro Pirita Ochoa, el soldado Eduardo Mota Esquivel y Teniente Francisco Macías Barbosa, de este último el juez no le emitió orden de aprehensión.
El 14 de septiembre de 2022 se cumplió una orden de aprehensión en contra de un General por delincuencia organizada, así como de un Oficial y uno de Tropa por delincuencia organizada y desaparición forzada, “el primero porque presuntamente según un testigo protegido tenía relación con miembros del grupo criminal”.
Los demás son presuntamente “omisos al no haber evitado la desaparición de los estudiantes, cuando encontrándose de servicio acudieron al hospital “Cristina” por la probable presencia de personas armadas, y por ningún motivo por haber participado directamente en los hechos en que desaparecieron los estudiantes; proceso que aún continúa hasta que se defina lo que conforme a derecho corresponda”.
Dos días después se cumplió otra orden de aprehensión en contra de un Oficial y el 20 de junio de 2023 se cumplió orden de aprehensión contra un oficial y 7 de tropa en activo por desaparición forzada por el mismo dato del hospital Cristina.