Se abrirán a los padres dos meses los archivos de Ayotzinapa del gobierno incluido el Ejército

En una carta, el subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina Padilla, dice a los padres que por instrucciones del presidente López Obrador, se atiende su demanda de ampliar la búsqueda de información sobre los 43 normalistas desaparecidos

Juan Luis Altamirano Uruñuela

Ciudad de México

La Secretaría de Gobernación por medio de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj) anunció que de enero a marzo todos los archivos gubernamentales, incluidos los del Ejército, estarán abiertos a los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos.
“Comprometido con los principios de verdad, memoria y justicia, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024 el Gobierno de México abrirá el acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa en posesión del Estado mexicano, a las madres y los padres de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos”, se informa.
Se argumenta que el plazo de dos meses se debe a que “es importante que los procesos no se alarguen por tiempo imndefinido”.
En un comunicado de prensa, se mostró el contenido de una carta enviada por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, a los padres de los normalistas.
Dice en la misiva: “ustedes han manifestado la exigencia de que el gobierno federal entregue información que refieren no se ha entregado, así como de ampliar las búsquedas concernientes en diversos archivos, entre ellos, de la Secretaría de la Defensa Nacional”.
Añade que la administración federal ha actuado de forma transparente y ha entregado toda la información requerida y señaló que en el periodo señalado, se abrirá el plazo de entrega de información, además de la disponibilidad de entablar conversaciones.
Manifiesta su disposición al “diálogo directo” con los padres.
“Ante las reiteradas solicitudes de información el señor presidente, quien dirige personalmente los trabajos de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, instruyó comunicarles que atenderemos sin demora su petición de información y de apertura inmediata de los archivos que consideren necesarios y contribuyen al avance de las investigaciones y la localización de sus hijos”, se lee.
En la comunicación se aclara que debido que no se pudo realizar una reunión ni el 24 de noviembre ni el 15 de diciembre, se optó por informarles mediante la carta, y que el compromiso es con los padres y con el objetivo de localizar a los normalistas.
Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos reclaman al Ejército la falta de disposición para abrir archivos que resultaban relevantes para saber lo que ocurrió con los estudiantes en Iguala y su paradero.

Es un llamado tramposo, sorpresivo, no da tiempo de organizarnos: Vidulfo Rosales

Busca el presidente aislar a los padres de sus asesores, dice su abogado. En la convocatoria a revisar expedientes se les deja en indefensión porque son documentos técnicos, señala el defensor de Tlachinollan. Los padres han solicitado documentos concretos, con número de folio y fechas precisas, y no se les han entregado, y ahora el gobierno pretende que se revise lo que quiera para que diga que no apareció nada, explica el asesor jurídico

Rosendo Betancourt Radilla

Chilpancingo

El abogado de los padres y madres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Vidulfo Rosales Sierra, advirtió que si no hay una reunión previa con el gobierno federal para diseñar el proceso de revisión de documentos que propone la Presidencia de la República sobre el caso, los familiares de los normalistas van a desconocer ese proceso y la convocatoria.
Ayer se publicó un comunicado del gobierno federal en el que dice que dará acceso a todos los archivos del caso Ayotzinapa a madres y padres de los estudiantes desaparecidos, del 4 de enero al 4 de marzo de 2024.
Consultado al respecto, Vidulfo Rosales, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expuso que es una decisión unilateral, que no se convoca a los representantes jurídicos de los padres y que probablemente ya incluso hay un proceso diseñado.
Expuso que para aceptar la convocatoria sería necesario que antes del 4 de enero se celebre una reunión con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), y diseñar el proceso de revisión, cuál será el mecanismo y quiénes van a participar, pero tendrían que estar quienes conocen el caso; es decir, representantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).
Explicó que querer hacer a un lado a las organizaciones que han acompañado y dado asesoría jurídica a los padres, es dejarlos en indefensión porque son documentos técnicos los que se tienen que revisar y requieren de asesoría técnica y jurídica, “los padres tienen derecho a estar asesorados”.
Afirmó que el llamado del gobierno además es tramposo porque los padres ya han solicitado documentos concretos, con número de folio y fechas precisas, y no se les han entregado.
“Dice que se van a abrir los archivos, pero no dice quiénes van a participar. Es una instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador, es una decisión importante, pero es una decisión ambigua y sorpresiva, no nos da tiempo de organizarnos”, expuso.
El documento menciona que los padres y madres de los 43 faltaron a dos reuniones, el abogado precisó que a la primera no pudieron asistir porque el subsecretario Arturo Medina venía llegando tras la salida de Alejandro Encinas, y no hubo ni siquiera la intención de presentarlo para informar que sería con él con quien se iba a trabajar.
“Esperábamos una reunión con el presidente para que nos dijera quién era el nuevo subsecretario, pero no, renuncia Encinas y se nos convoca a una reunión, nos pareció grosero, además los padres venían de una reunión con la CIDH en la que se les maltrató, la respuesta del Estado parecía una respuesta de los militares, no de autoridades civiles, por eso no se fue a esa reunión”.
De la segunda reunión de la Covaj a la que no asistieron, informó que fue por un problema de logística, no pudieron conseguir autobuses.
Consideró que la apertura de los documentos debe de ser un proceso en el que se convoque a los padres de familia, pero “es una clara acción de ventaja que está tomando el gobierno federal para abrir archivos, pero qué archivos”.
“Vemos que es con el propósito de que se revise lo que ellos quieran y que ya no aparezca nada en los documentos, que digan que no hay nada o que ya hayan sido manipulados, rasurados”, advirtió.
Cuestionó por qué el gobierno federal no convocó a una reunión, “por qué no se acordaron los términos y ya hay un plazo sin una reunión previa para prepararse, cuando son cientos de documentos”.
Dijo que el presidente López Obrador trata de adelantarse para dejar fuera a la representación y asesores jurídicos y no está claro el procedimiento, “debería de participar la parte técnica, además se da en un contexto en el que el presidente viene golpeando a las organizaciones sociales, desprestigiando, medrando nuestra presencia en el proceso”.
Insistió en que el proceso debe de ser “un proceso bilateral, construido con los padres de familia, y si no se hace de esa manera será desconocido el llamado”.