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Se reúnen padres de los 43 con la Covaj; exigen reactivar las 21 órdenes de aprehensión

Emiliano Tizapa Lucena

Chilpancingo

El abogado Vidulfo Rosales Sierra informó ayer que el pasado martes se reunieron las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala en 2014 con la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa (Covaj), donde exigieron al fiscal especializado, Rosendo Gómez Piedra, reactivar las 21 órdenes de aprehensión canceladas en septiembre pasado, como condición para “darle el voto de confianza”.
También contó que en la reunión el debate central fue la falta de información del Ejército mexicano que está requiriendo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de los centros regionales de fusión de información, “hay datos de pruebas de gran relevancia” y que “pueden dar una ruta diferente a las investigaciones”.
Este miércoles el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez en un informe en la Ciudad de México dijo que se han incorporado 40 nuevas evidencias para fortalecer el proceso contra el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam por el caso Ayotzinapa.
Consultado al respecto vía telefónica, Rosales Sierra contó que esa información se les dio a las madres y los padres el pasado martes en una reunión ordinaria con la Covaj.
“Ahí se nos dio a conocer esa información que hizo pública el licenciado Encinas, fue una reunión complicada después de varios desencuentros con el gobierno federal por la reactivación de las órdenes de aprehensión, y de la Fiscalía (General de la República), de la renuncia obligada del fiscal Omar Gómez (Trejo, en septiembre pasado). En ese contexto se da la reunión y ellos lo que nos informaron fue de las búsquedas que se están haciendo, las diligencias que se realizan en las investigaciones”, reveló.
Agregó que uno los avances que les presentaron fue que dentro del proceso contra Murillo Karam, quien está en la etapa del proceso penal acusatorio o de investigación complementaria, han logrado reunir estas 40 evidencias que serán llevadas a la acusación y al juicio en su contra, “dentro del proceso que está enfrentando por los delitos de desaparición forzada de tortura y contra la administración de la justicia”.
Consideró que las 40 evidencias fortalecen la acusación y es un avance importante de esa investigación, pero mencionó que “el debate en la reunión con la Covaj se centró en la falta de información del Ejército, que está requiriendo el GIEI de los centros regionales de fusión de información”.
“Ahí hay datos de prueba de gran relevancia que el Ejército se ha negado hasta el día de hoy a dar al GIEI, y dentro de esa información, hay datos de suma relevancia que pueden dar una ruta diferente a las investigaciones”, consideró.
Afirmó que el Ejército se niega a otorgar dicha información y fue una exigencia y un debate fuerte en la reunión, agregó que la reactivación de las 21 órdenes de aprehensión también se debatió, “es más los padres pusieron como condición al nuevo fiscal (Rosendo Gómez Piedra) para sentarse a dialogar, para darle un voto de confianza, que él reactive las 21 órdenes de aprehensión”.
En septiembre pasado se informó que la Fiscalía General de la República (FGR) se desistió de 21 órdenes de aprehensión, entre ellas las que habían sido libradas el 19 de agosto contra el ex procurador de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, la ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, el ex juez de barandilla en Iguala, José Ulises Bernabé García, así como contra 16 militares de los 27 y 41 batallones de infantería.
Se le preguntó al abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, cuáles son las inconsistencias halladas en la cancelacio?n de estas o?rdenes de aprehensio?n, y contestó que ese “es el argumento que dio el fiscal Rosendo Gómez Piedra, pero se contradice con lo que el presidente de la República, (Andrés Manuel López Obrador) públicamente dijo en sus (conferencias) mañaneras en varias ocasiones, que como no aparecía en el informe de la Covaj Ayozinapa, en el informe de Alejandro Encinas no aparecía el listado de las personas responsables”.
“Por eso él dio la instrucción para que se cancelaran esas órdenes, eso fue lo que dijo el presidente y lo que nos está informando el fiscal Gómez Piedra es que la visitaduría de la FGR hizo un revisión de los expedientes, y que revisó esta carpeta de investigación donde estan las 83 órdenes de aprehensión y que encontró inconsistencias respecto de estas 21 órdenes de aprehensión, y recomendó la visitaduría general cancelar las órdenes para fortalecerlas”.
Agregó que para las madres y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa ese argumento es contradictorio porque el presidente de la República, “dio una justificación pública y ahora el fiscal especializado está dando otra justificación, pero bueno, más allá de esos debates, para superarlos, la exigencia de los padres y darle el voto de confianza a Gómez Piedra será necesario que reactive las órdenes de aprehensión”.
Rosales Sierra añadió que se volverán a reunir con la Covaj el próximo domingo 18 de diciembre. Agregó que el GIEI tiene prevista la extensión de su estancia en el país hasta enero, “ya después se verá”.

 

Aguirre debería ser prudente; hay una investigación abierta del caso de los 43 en la que está involucrado: Vidulfo Rosales

Los actores que están bajo investigación por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, como el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, deben tener “prudencia política”, dijo el abogado de los padres y madres de familia de los jóvenes, Vidulfo Rosales Sierra.
El domingo, luego del cierre de campaña del candidato a alcalde de Acapulco de la coalición Por Guerrero al Fente, Joaquín Badillo, Aguirre Rivero dijo que el próximo presidente de la República será el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y confió en que cumplirá la promesa que hizo en su visita a Iguala, de la creación de una Comisión de la Verdad para que investigue el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Además, recordó que una Comisión de la Verdad sólo puede crearse por decreto del Presidente de la República o por el Congreso, y por eso los procuradores del país se manifestaron en contra de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas.
Consultado vía telefónica, Rosales Sierra dijo que es válido que Aguirre Rivero ejerza su libertad de opinión pero hay una investigación abierta del caso en la que está involucrado y por ello debería ser prudente.
En cuanto a la Comisión de la Verdad señaló que el ex gobernador “es inexacto” pues la que ordenó el tribunal deviene de una sentencia y tiene que cumplirse en sus términos; “hay que diferenciar” la comisión a la que hizo alusión Aguirre Rivero, que debe aprobarse por decreto presidencial o bien, por intervención de los parlamentos o Congreso de Estado, se crea como un proceso de “justicia transicional” o cuando concluyen “conflictos políticos sociales”. Este tipo de comisiones se creó en Argentina, Guatemala y El Salvador, “ésas han sido las experiencias que hemos tenido en América Latina”.
Sin embargo, la comisión que ordenó el tribunal de manera extraordinaria es “de investigación” y será coordinada por el Ministerio Público, tendrá “contrapesos” y no es similar a las que se crean para resolver conflictos políticos sociales por eso “no requiere” de un decreto presidencial o de la aprobación del Congreso de la Unión.
Lo único que no definió el fallo del tribunal es la estructura de la comisión pero su creación no dependerá de un decreto, sólo de “la voluntad del Ejecutivo”, que la Presidencia de la República la respalde y apoye su diseño, conformación y funcionamiento, aunque en los hechos el gobierno presentó recursos, incidentes, porque “no tiene la más mínima voluntad de cumplir, lo que más desean es retrasar, dilatar el cumplimiento de la sentencia en lo que termina su mandato, nunca han tenido compromiso con la justicia, nunca lo tuvieron y no lo van a tener”.
Declaró que espera que el próximo gobierno tenga disposición para crear la comisión, así como un compromiso para resolver el caso Ayotzinapa; además “el próximo gobierno se va a enfrentar a los grandes temas de injusticia y de impunidad” y deberá abordar “ineludiblemente” el caso.
“Es un compromiso que debe tener el próximo gobierno de esclarecer una desaparición masiva de 43 estudiantes, asesinatos, hechos de graves violaciones ocurridas en nuestro país, no sabemos qué pasó y lo más grave, todavía no sabemos dónde están los normalistas”, puntualizó y añadió que el caso Ayotzinapa es un tema “de los más grandes de injusticia y de impunidad” que el próximo gobierno tiene que revertir.
Por otra parte, dijo que cuando los padres de familia y sus representantes legales pudieron hablar con López Obrador en Iguala, el candidato presidencial mostró disposición para resolver el caso y “está comprometido” con que expertos se hagan cargo de la investigación y espera que se mantenga en esas propuestas; recordó que también el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, apoyó la sentencia del tribunal y “con quien llegue, vemos nosotros una oportunidad” de resolver el caso, excepto con el candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña, quien no ha dado su postura al respecto, por ello “es preocupante para nosotros” que pudiera llegar a la Presidencia.

 

La tortura es una práctica generalizada, sistemática, permanente e impune, dice el Ccti

Los actores que están bajo investigación por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, como el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, deben tener “prudencia política”, dijo el abogado de los padres y madres de familia de los jóvenes, Vidulfo Rosales Sierra.
El domingo, luego del cierre de campaña del candidato a alcalde de Acapulco de la coalición Por Guerrero al Fente, Joaquín Badillo, Aguirre Rivero dijo que el próximo presidente de la República será el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y confió en que cumplirá la promesa que hizo en su visita a Iguala, de la creación de una Comisión de la Verdad para que investigue el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Además, recordó que una Comisión de la Verdad sólo puede crearse por decreto del Presidente de la República o por el Congreso, y por eso los procuradores del país se manifestaron en contra de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas.
Consultado vía telefónica, Rosales Sierra dijo que es válido que Aguirre Rivero ejerza su libertad de opinión pero hay una investigación abierta del caso en la que está involucrado y por ello debería ser prudente.
En cuanto a la Comisión de la Verdad señaló que el ex gobernador “es inexacto” pues la que ordenó el tribunal deviene de una sentencia y tiene que cumplirse en sus términos; “hay que diferenciar” la comisión a la que hizo alusión Aguirre Rivero, que debe aprobarse por decreto presidencial o bien, por intervención de los parlamentos o Congreso de Estado, se crea como un proceso de “justicia transicional” o cuando concluyen “conflictos políticos sociales”. Este tipo de comisiones se creó en Argentina, Guatemala y El Salvador, “ésas han sido las experiencias que hemos tenido en América Latina”.
Sin embargo, la comisión que ordenó el tribunal de manera extraordinaria es “de investigación” y será coordinada por el Ministerio Público, tendrá “contrapesos” y no es similar a las que se crean para resolver conflictos políticos sociales por eso “no requiere” de un decreto presidencial o de la aprobación del Congreso de la Unión.
Lo único que no definió el fallo del tribunal es la estructura de la comisión pero su creación no dependerá de un decreto, sólo de “la voluntad del Ejecutivo”, que la Presidencia de la República la respalde y apoye su diseño, conformación y funcionamiento, aunque en los hechos el gobierno presentó recursos, incidentes, porque “no tiene la más mínima voluntad de cumplir, lo que más desean es retrasar, dilatar el cumplimiento de la sentencia en lo que termina su mandato, nunca han tenido compromiso con la justicia, nunca lo tuvieron y no lo van a tener”.
Declaró que espera que el próximo gobierno tenga disposición para crear la comisión, así como un compromiso para resolver el caso Ayotzinapa; además “el próximo gobierno se va a enfrentar a los grandes temas de injusticia y de impunidad” y deberá abordar “ineludiblemente” el caso.
“Es un compromiso que debe tener el próximo gobierno de esclarecer una desaparición masiva de 43 estudiantes, asesinatos, hechos de graves violaciones ocurridas en nuestro país, no sabemos qué pasó y lo más grave, todavía no sabemos dónde están los normalistas”, puntualizó y añadió que el caso Ayotzinapa es un tema “de los más grandes de injusticia y de impunidad” que el próximo gobierno tiene que revertir.
Por otra parte, dijo que cuando los padres de familia y sus representantes legales pudieron hablar con López Obrador en Iguala, el candidato presidencial mostró disposición para resolver el caso y “está comprometido” con que expertos se hagan cargo de la investigación y espera que se mantenga en esas propuestas; recordó que también el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, apoyó la sentencia del tribunal y “con quien llegue, vemos nosotros una oportunidad” de resolver el caso, excepto con el candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña, quien no ha dado su postura al respecto, por ello “es preocupante para nosotros” que pudiera llegar a la Presidencia.

 

Jueces se negaron a recibir la petición de PGR para consignar a policías por la desaparición de los 43

Jueces del sistema penal tradicional y del sistema penal acusatorio se negaron a recibir la solicitud de la Procuraduría General de la República para consignar a policías implicados en la desaparición forzada de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, denunció el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica, indicó que en una reunión privada de los padres y abogados de los estudiantes desaparecidos, con los funcionarios de la delegación mexicana en el marco de las sesiones públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Lima, Perú, sólo abordaron un tema: el avance en tres de nueve líneas de trabajo sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, hasta el 30 de junio de 2017.
De vuelta al país, indicó que de acuerdo con el cronograma firmado con la CIDH, para esa fecha, el viernes, el gobierno iba a presentar resultados sobre la telefonía celular, sobre el quinto camión y sobre la consignación de los policías municipales de Huitzuco.

Telefonía, trasiego de drogas y Huitzuco

Respecto a la telefonía, como se dijo en la sesión pública, el abogado indicó que los funcionarios sólo informaron de dos teléfonos nuevos integrados a la investigación, además de los siete que ya estaban en análisis, pero aún no hay nada de las conversaciones y mensajes de estas líneas, en el tiempo que se mantuvieron activos, después de la desaparición forzada de los normalistas.
Del quinto autobús, que en la tesis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, (GIEI), pudo contener un cargamento ilegal, y que la probable intervención en el trasiego de droga motivó el ataque indiscriminado y violento contra los normalistas, las autoridades aseguraron que ya se hicieron los peritajes y se confirmó la autenticidad del vehículo (que los expertos estimaron que pudo ser cambiado), y que no encontraron compartimentos ocultos.
Otra cuestión fue la ruta del autobús, ya que el chofer, la empresa y los estudiantes señalaron trayectorias diferentes; la PGR determinó que la ruta correcta es la que declararon los alumnos de Ayotzinapa.
Rosales Sierra dijo que en este punto, los padres cuestionaron a los funcionarios por qué no han investigado la razón de que los representantes de la empresa y el chofer del quinto camión mintieron sobre la ruta del autobús, sin llegar a ningún avance.
Pero aclaró que el quinto autobús ya no representa mucho en el caso, porque hay otros elementos más sólidos para señalar que el trasiego de droga existe, y cualquiera de los autobuses que llevaban los estudiantes podía llevar un cargamento droga.
Sobre la consignación de los policías que se llevaron a un grupo de los 43 estudiantes hacia Huitzuco, según testimonios  “con el jefe”, Rosales explicó que el argumento es que ni juez del sistema penal tradicional ni el oral, los aceptan como parte de sus competencias, “ahí está detenido el proceso”.
Aclaró que los padres señalaron que ese es un problema que el Estado debe resolver, “nosotros queremos resultados ya”.
Relató que esta reunión fue más tirante y más específica que la que se tuvo en la sesión pública de la CIDH que se transmitió el viernes, pues de acuerdo con el programa de trabajo, el gobierno mexicano se comprometió a dar resultados sustanciales en estas tres líneas de trabajo.
En este escenario, confirmó que hay pocas expectativas para la reunión de seguimiento prevista en la Ciudad de México en agosto.
Anunció que la próxima visita del mecanismo de seguimiento de la CIDH será el 30, 31 de agosto y primero de septiembre

La Gavia

Confirmó que en esta reunión exigieron que se investigue una versión que trascendió en la prensa, de que un grupo de estudiantes fue entregado a la banda de Los Tequileros, y llevados a hacia La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, en la región Tierra Caliente.
Aclaró que dentro de las investigaciones nunca se mencionó ni a Los Tequileros ni a La Gavia, si embargo, hubo comentarios esporádicos los primeros días después de los ataques, de gente que nos decía que probablemente los sacaron por Tierra Caliente, pero así llegaron cientos de rumores, de que se los llevaron a Carrizalillo, a Taxco, o que los tenían trabajando en la Sierra de Tlacotepec.