Jueces del sistema penal tradicional y del sistema penal acusatorio se negaron a recibir la solicitud de la Procuraduría General de la República para consignar a policías implicados en la desaparición forzada de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, denunció el abogado Vidulfo Rosales Sierra.
En consulta telefónica, indicó que en una reunión privada de los padres y abogados de los estudiantes desaparecidos, con los funcionarios de la delegación mexicana en el marco de las sesiones públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Lima, Perú, sólo abordaron un tema: el avance en tres de nueve líneas de trabajo sobre los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, hasta el 30 de junio de 2017.
De vuelta al país, indicó que de acuerdo con el cronograma firmado con la CIDH, para esa fecha, el viernes, el gobierno iba a presentar resultados sobre la telefonía celular, sobre el quinto camión y sobre la consignación de los policías municipales de Huitzuco.

Telefonía, trasiego de drogas y Huitzuco

Respecto a la telefonía, como se dijo en la sesión pública, el abogado indicó que los funcionarios sólo informaron de dos teléfonos nuevos integrados a la investigación, además de los siete que ya estaban en análisis, pero aún no hay nada de las conversaciones y mensajes de estas líneas, en el tiempo que se mantuvieron activos, después de la desaparición forzada de los normalistas.
Del quinto autobús, que en la tesis del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, (GIEI), pudo contener un cargamento ilegal, y que la probable intervención en el trasiego de droga motivó el ataque indiscriminado y violento contra los normalistas, las autoridades aseguraron que ya se hicieron los peritajes y se confirmó la autenticidad del vehículo (que los expertos estimaron que pudo ser cambiado), y que no encontraron compartimentos ocultos.
Otra cuestión fue la ruta del autobús, ya que el chofer, la empresa y los estudiantes señalaron trayectorias diferentes; la PGR determinó que la ruta correcta es la que declararon los alumnos de Ayotzinapa.
Rosales Sierra dijo que en este punto, los padres cuestionaron a los funcionarios por qué no han investigado la razón de que los representantes de la empresa y el chofer del quinto camión mintieron sobre la ruta del autobús, sin llegar a ningún avance.
Pero aclaró que el quinto autobús ya no representa mucho en el caso, porque hay otros elementos más sólidos para señalar que el trasiego de droga existe, y cualquiera de los autobuses que llevaban los estudiantes podía llevar un cargamento droga.
Sobre la consignación de los policías que se llevaron a un grupo de los 43 estudiantes hacia Huitzuco, según testimonios  “con el jefe”, Rosales explicó que el argumento es que ni juez del sistema penal tradicional ni el oral, los aceptan como parte de sus competencias, “ahí está detenido el proceso”.
Aclaró que los padres señalaron que ese es un problema que el Estado debe resolver, “nosotros queremos resultados ya”.
Relató que esta reunión fue más tirante y más específica que la que se tuvo en la sesión pública de la CIDH que se transmitió el viernes, pues de acuerdo con el programa de trabajo, el gobierno mexicano se comprometió a dar resultados sustanciales en estas tres líneas de trabajo.
En este escenario, confirmó que hay pocas expectativas para la reunión de seguimiento prevista en la Ciudad de México en agosto.
Anunció que la próxima visita del mecanismo de seguimiento de la CIDH será el 30, 31 de agosto y primero de septiembre

La Gavia

Confirmó que en esta reunión exigieron que se investigue una versión que trascendió en la prensa, de que un grupo de estudiantes fue entregado a la banda de Los Tequileros, y llevados a hacia La Gavia, municipio de San Miguel Totolapan, en la región Tierra Caliente.
Aclaró que dentro de las investigaciones nunca se mencionó ni a Los Tequileros ni a La Gavia, si embargo, hubo comentarios esporádicos los primeros días después de los ataques, de gente que nos decía que probablemente los sacaron por Tierra Caliente, pero así llegaron cientos de rumores, de que se los llevaron a Carrizalillo, a Taxco, o que los tenían trabajando en la Sierra de Tlacotepec.