La mentira y la restauración de Luis XVIII

 

Habría tantos aspectos de lo sucedido en México a lo largo del último par de días que podríamos escribir páginas interminables al respecto. Pero como unos y otros van a decir más o menos lo mismo, me centraré en dos temas: uno, sobre el cual nadie hablará, otro evidente pero imposible de silenciar.
El primer párrafo del discurso en la Cámara de Andrés Manuel López Obrador contiene una gran mentira. Por enésima vez desde el 1 de julio, repite que le agradece a Enrique Peña Nieto no haber intervenido en las elecciones de este año. Es falso: Peña intervino de manera tan abierta –o más descarada– que Fox y Calderón, sólo que no en contra de AMLO. Utilizó toda la fuerza del Estado mexicano, y en particular a la PGR, el SAT, Notimex, y la propia Presidencia, contra el candidato del Frente.
El supuesto escándalo de Barreiro y la bodega de Querétaro golpearon severamente a la campaña de Ricardo Anaya. ¿Cuánto? Imposible saber. Pero sí es un hecho que todo fue inventado por el gobierno de Peña, presentado ante la prensa con la ayuda del gobierno, en los momentos más delicados de la campaña (cuando no se podía responder con spots), y cuando ya era evidente que la aspiración del PRI de ocupar el segundo lugar era absurda. Los medios más afines al gobierno hicieron la tarea; los columnistas pagados, también. Surgió una acusación de corrupción basada en nada, en hechos inexistentes, todo ello urdido por Peña Nieto.
No conozco a un solo observador del proceso electoral que no admita en privado que así fue. El debate es sobre la habilidad –o falta de la misma– de Anaya para responder, y cuanto se modificó el resultado de la elección. Pero la mejor prueba de la inexistencia del caso de corrupción, y del carácter electoral del escándalo, reside en el absoluto silencio al respecto a partir del 1 de julio. Peña no presentó expediente alguno contra Anaya, ni contra Barreiro; la PGR no volvió a abrir la boca; los medios tan obsesionados por el tema antes del 1 de julio no hablaron nunca más del asunto. En un diario se informó que se extinguió la acusación contra Barreiro porque renunció a recuperar su bodega; algunos me han dicho que Peña ya se la devolvió. El ex presidente sí intervino en el proceso electoral, y AMLO miente.
El segundo comentario se refiere al contenido de ambos discursos del nuevo presidente. Detalles más detalles menos, reproduce casi con exactitud el espíritu y la letra de su libro, La salida, publicado a principios de 2017. El análisis, el diagnóstico, la historia, las propuestas, su justificación, son idénticas a lo dicho el sábado en su toma de protesta.
Algunos celebrarán la congruencia argumentativa, la continuidad programática, la fidelidad a las tesis. Parte hay de cierto en esto: AMLO dice lo que hace y hace lo que dice. A la pregunta de ¿qué va a hacer? La mejor respuesta siempre ha sido: lo que dijo. Pero existen motivos para preocuparse de tal perseverancia conceptual.
Significa en el fondo que nada de lo que vivió López Obrador durante estos dos años le hizo cambiar de opinión, salvo la militarización de la policía a través de la Guardia Nacional. Un año y medio de campaña, con innumerables entrevistas, encuentros, debates con candidatos o con columnistas, corresponsales, empresarios, visitantes extranjeros, no bastaron para modificar sus puntos de vista. Cinco meses como presidente-electo, de estudio, discusión, negociación y una perspectiva única en México, resultaron insuficientes para rectificar errores obvios, descartar propuestas aberrantes, o abrazar nuevas ideas. Lo que ha sucedido en México y en el mundo en estos dos años, tampoco.
En pocas palabras, o bien Andrés Manuel se siente tan convencido de todo lo que escribió en 2017, como hoy, casi al comenzar 2019, o bien nada de lo vivido este tiempo le sirvió para aprender algo que a su entender valiera la pena. Después de la derrota definitiva de Napoleón y la restauración de la monarquía francesa en 1815, se atribuyó a Luis XVIII la frase memorable, probablemente de Talleyrand: “Rien appris, rien oublié”. Nada aprendido, nada olvidado.

 

Aguirre debería ser prudente; hay una investigación abierta del caso de los 43 en la que está involucrado: Vidulfo Rosales

Los actores que están bajo investigación por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, como el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, deben tener “prudencia política”, dijo el abogado de los padres y madres de familia de los jóvenes, Vidulfo Rosales Sierra.
El domingo, luego del cierre de campaña del candidato a alcalde de Acapulco de la coalición Por Guerrero al Fente, Joaquín Badillo, Aguirre Rivero dijo que el próximo presidente de la República será el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y confió en que cumplirá la promesa que hizo en su visita a Iguala, de la creación de una Comisión de la Verdad para que investigue el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Además, recordó que una Comisión de la Verdad sólo puede crearse por decreto del Presidente de la República o por el Congreso, y por eso los procuradores del país se manifestaron en contra de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas.
Consultado vía telefónica, Rosales Sierra dijo que es válido que Aguirre Rivero ejerza su libertad de opinión pero hay una investigación abierta del caso en la que está involucrado y por ello debería ser prudente.
En cuanto a la Comisión de la Verdad señaló que el ex gobernador “es inexacto” pues la que ordenó el tribunal deviene de una sentencia y tiene que cumplirse en sus términos; “hay que diferenciar” la comisión a la que hizo alusión Aguirre Rivero, que debe aprobarse por decreto presidencial o bien, por intervención de los parlamentos o Congreso de Estado, se crea como un proceso de “justicia transicional” o cuando concluyen “conflictos políticos sociales”. Este tipo de comisiones se creó en Argentina, Guatemala y El Salvador, “ésas han sido las experiencias que hemos tenido en América Latina”.
Sin embargo, la comisión que ordenó el tribunal de manera extraordinaria es “de investigación” y será coordinada por el Ministerio Público, tendrá “contrapesos” y no es similar a las que se crean para resolver conflictos políticos sociales por eso “no requiere” de un decreto presidencial o de la aprobación del Congreso de la Unión.
Lo único que no definió el fallo del tribunal es la estructura de la comisión pero su creación no dependerá de un decreto, sólo de “la voluntad del Ejecutivo”, que la Presidencia de la República la respalde y apoye su diseño, conformación y funcionamiento, aunque en los hechos el gobierno presentó recursos, incidentes, porque “no tiene la más mínima voluntad de cumplir, lo que más desean es retrasar, dilatar el cumplimiento de la sentencia en lo que termina su mandato, nunca han tenido compromiso con la justicia, nunca lo tuvieron y no lo van a tener”.
Declaró que espera que el próximo gobierno tenga disposición para crear la comisión, así como un compromiso para resolver el caso Ayotzinapa; además “el próximo gobierno se va a enfrentar a los grandes temas de injusticia y de impunidad” y deberá abordar “ineludiblemente” el caso.
“Es un compromiso que debe tener el próximo gobierno de esclarecer una desaparición masiva de 43 estudiantes, asesinatos, hechos de graves violaciones ocurridas en nuestro país, no sabemos qué pasó y lo más grave, todavía no sabemos dónde están los normalistas”, puntualizó y añadió que el caso Ayotzinapa es un tema “de los más grandes de injusticia y de impunidad” que el próximo gobierno tiene que revertir.
Por otra parte, dijo que cuando los padres de familia y sus representantes legales pudieron hablar con López Obrador en Iguala, el candidato presidencial mostró disposición para resolver el caso y “está comprometido” con que expertos se hagan cargo de la investigación y espera que se mantenga en esas propuestas; recordó que también el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, apoyó la sentencia del tribunal y “con quien llegue, vemos nosotros una oportunidad” de resolver el caso, excepto con el candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña, quien no ha dado su postura al respecto, por ello “es preocupante para nosotros” que pudiera llegar a la Presidencia.

 

La tortura es una práctica generalizada, sistemática, permanente e impune, dice el Ccti

Los actores que están bajo investigación por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, como el ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, deben tener “prudencia política”, dijo el abogado de los padres y madres de familia de los jóvenes, Vidulfo Rosales Sierra.
El domingo, luego del cierre de campaña del candidato a alcalde de Acapulco de la coalición Por Guerrero al Fente, Joaquín Badillo, Aguirre Rivero dijo que el próximo presidente de la República será el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, y confió en que cumplirá la promesa que hizo en su visita a Iguala, de la creación de una Comisión de la Verdad para que investigue el caso de los 43 normalistas desaparecidos. Además, recordó que una Comisión de la Verdad sólo puede crearse por decreto del Presidente de la República o por el Congreso, y por eso los procuradores del país se manifestaron en contra de la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas.
Consultado vía telefónica, Rosales Sierra dijo que es válido que Aguirre Rivero ejerza su libertad de opinión pero hay una investigación abierta del caso en la que está involucrado y por ello debería ser prudente.
En cuanto a la Comisión de la Verdad señaló que el ex gobernador “es inexacto” pues la que ordenó el tribunal deviene de una sentencia y tiene que cumplirse en sus términos; “hay que diferenciar” la comisión a la que hizo alusión Aguirre Rivero, que debe aprobarse por decreto presidencial o bien, por intervención de los parlamentos o Congreso de Estado, se crea como un proceso de “justicia transicional” o cuando concluyen “conflictos políticos sociales”. Este tipo de comisiones se creó en Argentina, Guatemala y El Salvador, “ésas han sido las experiencias que hemos tenido en América Latina”.
Sin embargo, la comisión que ordenó el tribunal de manera extraordinaria es “de investigación” y será coordinada por el Ministerio Público, tendrá “contrapesos” y no es similar a las que se crean para resolver conflictos políticos sociales por eso “no requiere” de un decreto presidencial o de la aprobación del Congreso de la Unión.
Lo único que no definió el fallo del tribunal es la estructura de la comisión pero su creación no dependerá de un decreto, sólo de “la voluntad del Ejecutivo”, que la Presidencia de la República la respalde y apoye su diseño, conformación y funcionamiento, aunque en los hechos el gobierno presentó recursos, incidentes, porque “no tiene la más mínima voluntad de cumplir, lo que más desean es retrasar, dilatar el cumplimiento de la sentencia en lo que termina su mandato, nunca han tenido compromiso con la justicia, nunca lo tuvieron y no lo van a tener”.
Declaró que espera que el próximo gobierno tenga disposición para crear la comisión, así como un compromiso para resolver el caso Ayotzinapa; además “el próximo gobierno se va a enfrentar a los grandes temas de injusticia y de impunidad” y deberá abordar “ineludiblemente” el caso.
“Es un compromiso que debe tener el próximo gobierno de esclarecer una desaparición masiva de 43 estudiantes, asesinatos, hechos de graves violaciones ocurridas en nuestro país, no sabemos qué pasó y lo más grave, todavía no sabemos dónde están los normalistas”, puntualizó y añadió que el caso Ayotzinapa es un tema “de los más grandes de injusticia y de impunidad” que el próximo gobierno tiene que revertir.
Por otra parte, dijo que cuando los padres de familia y sus representantes legales pudieron hablar con López Obrador en Iguala, el candidato presidencial mostró disposición para resolver el caso y “está comprometido” con que expertos se hagan cargo de la investigación y espera que se mantenga en esas propuestas; recordó que también el candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, apoyó la sentencia del tribunal y “con quien llegue, vemos nosotros una oportunidad” de resolver el caso, excepto con el candidato de la coalición Todos por México a la Presidencia, José Antonio Meade Kuribreña, quien no ha dado su postura al respecto, por ello “es preocupante para nosotros” que pudiera llegar a la Presidencia.