México, al igual que las demás repúblicas latinoamericanas, nunca adoptó el sistema de jurados para la administración de justicia en materia penal o civil. Con la excepción de las excolonias británicas y francesas, de la Argentina para algunas provincias y de Brasil para algunos delitos, la región entera participa del legado ibérico, y no del anglosajón.
Los países anglosajones, así como la mayoría de las naciones europeas, recurrieron casi todos a alguna forma del sistema de jurados, con matices importantes, desde luego. Se pueden discutir eternamente las ventajas y los defectos de dicho sistema –la justicia en manos del pueblo, pero el pueblo dice y piensa, en ocasiones, muchas pendejadas; convertir los juicios en concursos de popularidad, pero la popularidad se obtiene convenciendo a la gente, etc. Pero una de las exigencias de dicho sistema consiste en salvaguardar la imparcialidad del jurado, incluso hasta su encierro, para evitar influencias o injerencias indebidas.
Esto es particularmente significativo en la época de los medios masivos de comunicación, y de jefes del poder ejecutivo que gozan de gran aprobación en el seno de sus sociedades. En los países con jurados, la intervención pública del jefe de Estado o de gobierno en un juicio, en un sentido o en otro, suele ser motivo suficiente para invalidar el juicio y mantener la inocencia del acusado; el costo de proceder de esa manera es demasiado oneroso, y pocos líderes se atreven a correr ese riesgo. Ni siquiera los más cínicos o muy pagados de sí mismos (Nixon, De Gaulle, Adenauer, etc.).
En la zona iberoamericana, la intromisión del ejecutivo en procesos judiciales tampoco se permite, principalmente por motivos basados en la separación de poderes. Aún en aquellas naciones con un poder judicial independiente, como Brasil, Chile o Uruguay, y a diferencia de México, se considera que jueces que tienen en sus manos el destino de un acusado no deben padecer las presiones de presidentes populares o abusivos.
Todo esto viene a colación, junto con la presunción de inocencia que depende en buena medida de la autonomía y el libre albedrío de jurados o jueces, por el caso de Ernesto Ruffo. No es necesario repetir todas las críticas y denuncias ya expresadas: preso político, justicia selectiva, audiencias cerradas al público, trato con saña indebida a una persona de su historia y edad, maniobra distractora, prisión preventiva oficiosa, etc. Pero tratándose de una jueza de acordeón, los pronunciamientos de la Presidenta son especialmente perniciosos y graves: se trata de una intervención del poder ejecutivo en los procesos judiciales, que viola el principio de independencia del poder judicial, así como la presunción de inocencia.
Van las citas de la mañanera, el viernes de la semana pasada, y este lunes: “La empresa, que es la que importa ese combustible, de esa empresa que importa ese combustible, es socio mayoritario el exgobernador, es así de directa. Y de ahí se hacen una serie de investigaciones… Si el exgobernador tiene –obviamente, en el marco de la ley– toda la documentación para demostrar que es inocente, pues actuará el sistema de justicia… Entonces este es el caso particularmente del exgobernador de Baja California… Repito, si él demuestra que no estaba involucrado en esto, pues actuarán los jueces y tienen que hacerlo de manera imparcial… Lo importante es que es una investigación con fundamento jurídico y con pruebas que tiene la Fiscalía… Y la empresa que los importa es Ingemar, o sea, no tiene… es directo… Y tienen… hay muchísimas pruebas, muchísimas pruebas, no es menor”.
Como se ve, Claudia Sheinbaum opina sobre la empresa, sobre Ruffo, sobre las pruebas, sobre el accionista mayoritario de la empresa. Peor aún, afirma que Ruffo debe probar su inocencia, cuando justamente la fracción I del apartado B del artículo 20 constitucional (reformado en 2008) señala que toda persona imputada tiene derecho “a que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa”. El Estado, a través de la Fiscalía, debe demostrar la culpabilidad del acusado; el acusado no tiene que demostrar nada. Que en México esto nunca se respete no obsta para que sea la ley, y la propia Constitución, a la que Sheinbaum le rinde constante y fastidiosamente pleitesía.
Contra Ruffo se emplean los instrumentos jurídicos del Estado policiaco, tan bien descritos en el artículo con ese título, del mes de agosto de Nexos, por Pedro Salazar y Sergio López Ayón. Jueces electos y obedientes, prisión preventiva oficiosa por delitos definidos de manera tan amplia que todo cabe allí, como en un jarrito de Tlaquepaque, intromisión del ejecutivo en todas las actuaciones del Estado, control de los medios (al no permitir su asistencia a las audiencias). ¿Qué no es para tanto, ni para todos? No le apostaría.

 

 

Se pueden entresacar varias enseñanzas de la actual escalada en las tensiones del gobierno de Claudia Sheinbaum con Estados Unidos. Una, obvia, es que México no es ni remotamente el único país que ha sido objeto de distintas formas de hostilidad, ataques, mentiras y verdades dolorosas por parte de la actual Casa Blanca. Otra lección consiste en pensar que no existe alguna fórmula mágica para contrarrestar este tipo de ofensivas, y ningún país del mundo, salvo tal vez China, ha encontrado la manera de lidiar con Trump simultáneamente defendiéndose y no enfrentándose demasiado. Y una tercera conclusión provisional es que no parecen tener fin los enfrentamientos entre Estados Unidos y una serie de países, incluyendo a México, por distintos motivos, o las mismas razones, en cada ocasión. La aplicación de nuevos aranceles a Brasil el día de ayer muestra cómo, a pesar de encuentros personales de Lula con Trump y de la “buena vibra” que allí se produjo, la agresividad norteamericana sigue en pie.
Una reflexión a la que sí se puede llegar en el caso específico de México es, sin embargo, de otra naturaleza. Si consideramos las últimas declaraciones de Terry Cole, jefe de la DEA, sobre la conexión estrecha entre los cárteles mexicanos y el gobierno de México; si contemplamos las últimas afirmaciones de Jamison Greer, representante de Comercio, en el sentido de que el creciente superávit comercial mexicano con Estados Unidos deberá reducirse como parte de las revisiones del T-MEC; si sopesamos la posibilidad de que muchas de las versiones que circulan sobre distintos gobernadores, –de Baja California, de Sonora, de Tamaulipas– y de otros altos funcionarios mexicanos provienen de filtraciones deliberadas de distintas agencias del gobierno de Estados Unidos; si tomamos en cuenta la posibilidad de que tanto en materia de seguridad, como de comercio, migración y la situación de mexicanos en Estados Unidos, de las dificultades de la indigna solidaridad con Cuba, de las amenazas de cerrar consulados mexicanos dentro de Estados Unidos, etcétera, forman parte de una estrategia más o menos coherente y holística, se impone una conclusión evidente.
En lugar de que las tensiones con Trump hayan disminuido a lo largo del año y medio que lleva en la Casa Blanca, y que cada vez haya más fluidez y ecuanimidad en la relación con Estados Unidos, la escalada es casi cotidiana. Es obvio que los mecanismos empleados por el gobierno de México no han dado resultados, o en todo caso se han agotado. Llevar a cabo concesiones por adelantado –por ejemplo, el arancel de 50 por ciento a las importaciones chinas a México, o enviar 10 mil efectivos militares a la frontera norte para detener la migración a Estados Unidos– junto con la comunicación telefónica recurrente, sin encuentros personales entre los dos presidentes, y contestando a todos los ataques desde Estados Unidos en la mañanera, ya no funciona, si es que alguna vez funcionó. Seguir insistiendo en los mismos métodos, las mismas tácticas, los mismos sermones presidenciales –la DEA debiera ocuparse de la droga en Estados Unidos– sólo puede llevar, en el mejor de los casos, a los mismos resultados: el caos actual. En el peor de los casos, puede contribuir a un deterioro mayor.
México cuenta con instrumentos de alto riesgo para responder a este conjunto de agresiones procedentes de Washington. Es posible que el gobierno ya haya recurrido a alguno de ellos, y que simplemente no lo haya hecho público. Incluyen principalmente la amenaza mexicana de suspender o limitar nuestra cooperación en materia migratoria, de seguridad, de medio ambiente, de relaciones fronterizas, e incluso en foros internacionales. Se ha utilizado esto antes en varias ocasiones. Recordemos dos casos: el de Carlos Salinas cuando el secuestro de Humberto Álvarez Machain entre 1990 y 1992; y el de López Obrador cuando la detención del general Cienfuegos en Estados Unidos por la propia DEA. En ambos casos, parece que la amenaza surtió efecto.
Circulan las versiones, en los medios norteamericanos principalmente, de que Sheinbaum ya ha empezado a recurrir a estos instrumentos, principalmente a través de García Harfuch. Se sospecha que el secretario de Seguridad ha viajado en varias ocasiones recientes a Washington, donde ha compartido con sus contactos en el gobierno de Trump de que están tensando demasiado la liga, y que Sheinbaum llegue a suspender la cooperación en materia de combate al crimen organizado si Estados Unidos pasa a otras medidas más agresivas. En un artículo de hace un par de días, Tim Golden de ProPublica (y antes de The New York Times en México) comenta que altos funcionarios mexicanos han compartido este punto de vista con sus homólogos en Washington, y que existe un grupo de colaboradores de Trump que efectivamente temen que eso pueda suceder. Piensan que presionar, por ejemplo, cada vez más en el caso Rocha Moya simplemente no vale la pena.
Existen desde luego otras opciones. El encuentro personal con Trump siempre encierra riesgos, pero obviamente evitarlo sistemáticamente ha llegado a su límite. No es imposible que una buena alternativa al método ya agotado de Sheinbaum radique en un encuentro personal con Trump a solas, donde ella le pueda decir abiertamente a su interlocutor que es indispensable que cesen las declaraciones tipo Terry Cole, así como otras filtraciones y presiones, ya que en el caso contrario no va a contar con el espacio político necesario para mantener una cooperación con Estados Unidos que el propio Trump ha elogiado en varias ocasiones.

 

Estoy razonablemente seguro que la mentira de un embajador en funciones no viola la Carta de San Francisco (por si la Fiscal no sabe, es la de la ONU). Por otro lado, Ken Salazar mintió sin cesar durante su estancia en México, 99 por ciento del tiempo a favor de López Obrador y de la 4T, empezando por las barbaridades que compartió con varios interlocutores a propósito del supuesto fraude de 2006. No tengo por qué creerle nada, sobre todo sobre la participación de su gobierno en el operativo de extracción/secuestro del Mayo Zambada. Obviamente, tampoco le tengo la menor confianza a la Fiscalía o al gobierno de Sheinbaum: mienten como respiran.
Por lo tanto, resulta difícil determinar si efectivamente el FBI diseñó, organizó y ejecutó el operativo, solo porque personas citadas por Pie de Nota así lo revelan, o porque la avioneta fue prestada a un museo por el FBI, o porque Luis Chaparro afirma que cuenta con fuentes que lo confirman. Por cierto, como ya lo han explicado varios columnistas, ambas cosas pueden ser ciertas simultáneamente. Es posible que Washington haya preferido no informarle a Salazar del operativo, ya sea por haberle perdido la confianza como pelele de AMLO, ya sea por “plausible deniability”. Y al mismo tiempo, me parece perfectamente factible que el FBI y HSI hayan armado todo.
También es posible que a la 4T se les haya perdido el famoso piloto en todo esto, o que haya sido deportado de Estados Unidos a México por razones incomprensibles, y luego devuelto ilegalmente por México a Estados Unidos, donde actualmente coopera con las autoridades. Se nota que la Presidenta, su Canciller y su Fiscal se hicieron bolas con el asunto. Pero, en cualquier caso, el gobierno de México debe poder llegar a una conclusión definitiva sobre el asunto, aunque sea con dos años de retraso. De ser así, su reacción posee de antemano un cauce evidente, más allá de acusar a Don Sombrero –así lo apodaban sus numerosos malquerientes en la Embajada de Reforma– de ser un vil mentiroso (violador del derecho internacional y seguramente también de los Diez Mandamientos y de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos y de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América).
En 1992, Humberto Álvarez Machain fue secuestrado en México por bounty hunters norteamericanos a sueldo de la DEA. Lo acusaban de haber participado en la tortura y asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA, en Guadalajara en 1985. El gobierno de Salinas reaccionó furioso, primero con el secuestro, luego en 1992, con el fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos aceptando que Álvarez Machain podía ser juzgado en ese país a pesar de haber sido secuestrado ilegalmente.
Salinas amenazó con expulsar a la DEA de México, y exigió una serie de concesiones norteamericanas, la mayoría de índole cosmética, salvo una, que no se consiguió: la devolución de Álvarez Machain. Bush envió una carta personal a su homólogo mexicano donde se comprometía a desistir de cualquier acción futura equivalente; se acordó revisar el Tratado de Extradición de 1978; Washington entregaría una lista de los agentes de la DEA asignados a México, con nombre y apellido, lista que permanecería bajo sigilo en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
El FBI abrió su primera oficina en el extranjero en México, en 1940. Su objetivo consistía en vigilar a los espías y colaboradores nazis en nuestro país, cuando era ya evidente que en algún momento Estados Unidos entraría a la Segunda Guerra Mundial. A partir de dicha entrada, en 1942, serían designados como “legal attachés” o agregados jurídicos. El número y la identidad suelen ser públicos, y la SRE cuenta con toda la información al respecto. Si Sheinbaum concluye que el FBI participó en el secuestro del Mayo, simplemente puede expulsar a la docena –más o menos– de agentes del FBI de México. Sería una represalia proporcional, pertinente, y mesurada. Y dejar en paz al pobre Don Sombrero, que anda promoviendo su librito.

 

Para entender las implica-ciones a mediano y largo plazo de la no renovación del T-MEC por parte de Estados Unidos, conviene recordar un poco de historia. Lo que sigue se basa en especulación mía y hechos relatados por personajes claves de aquella época. Hacia finales de 1988, Carlos Salinas y George Bush, ambos presidentes electos, se reunieron en Houston para trazar las líneas de entendimiento entre sus dos nuevas administraciones. Bush comenzó la conversación pidiéndole a Salinas una disculpa por haberse manifestado durante su campaña a favor de un acuerdo de libre comercio de América del Norte que incluyera a México y a Canadá, sin haber consultado antes ni con el presidente De la Madrid ni con el candidato Salinas. Bush prosiguió que no volvería a tocar el tema sin que hubiera un acuerdo previo al respecto, pero que si en algún momento a Salinas y su equipo les interesaba la propuesta, las puertas estaban abiertas. Salinas respondió que lo tomaría muy en cuenta y que agradecía el gesto.
Un poco más de un año después, una vez que se supo con detalle el resultado de la renegociación de la deuda externa mexicana y de dos viajes de Salinas a Europa –uno al aniversario 200 de la Revolución Francesa, otro al Foro de Davos– los mexicanos entendieron que no habría recursos externos disponibles para el desarrollo mexicano en cantidades suficientes, a pesar de lo que se consideró –exageradamente– como una renegociación favorable de las condiciones de pago de la deuda. La única manera de canalizar ahorro externo a la economía mexicana consistía, en esa perspectiva, en atraer inversión extranjera directa, principalmente estadunidense, al país. Se necesitaba por lo menos duplicar el porcentaje del PIB de inversión extranjera de un poco menos de 2 a 3 y pico por ciento, si no es que más. Para ello resultaba lógico e indispensable asegurarle a inversionistas garantías sobre la continuidad de las políticas económicas puestas en práctica por De la Madrid y luego por Salinas, algún tipo de seguridad jurídica más allá del maltrecho Estado de derecho mexicano, y un acceso garantizado al mercado norteamericano, en vista de que inversiones exclusivamente dirigidas al mercado interno mexicano no alcanzarían para generar tasas más elevadas de desarrollo. Salinas envió a sus principales colaboradores a Washington para informarle a Brent Scowcroft y a James Baker, los dos colaboradores más cercanos de Bush, que ahora sí estaban listos para tomarle la palabra al presidente estadunidense a propósito de un acuerdo de libre comercio.
Cuando en 2017 empiezan las pláticas con el equipo de Trump, a propósito de una renegociación del TLCAN, los mexicanos entendían que lo principal para el país era conservar las características esenciales del acuerdo de 1994: garantías de continuidad de política económica, seguridad jurídica para las inversiones norteamericanas, y acceso asegurado al mercado de Estados Unidos. Lograron una parte de esos objetivos, pero con restricciones. No fue posible amarrar la reforma energética de 2014 en el nuevo acuerdo por la insistencia de López Obrador de incluir un párrafo sobre el tema, que si bien no agregaba nada sustancioso, tampoco permitía perpetuar dicha reforma. La seguridad jurídica se vio amenazada por los propios norteamericanos: Robert Lighthizer no solo no quería profundizar la seguridad jurídica en México, sino al contrario, prefería que las inversiones norteamericanas por venir se mantuvieran dentro de Estados Unidos y que algunas inversiones, sobre todo en el sector automotriz, ya realizadas en México, volvieran a Estados Unidos. En cuanto al acceso a mercado, se mantuvo lo principal, pero obviamente no se pudo –era imposible– garantizar que algún día Trump no recurriera a aranceles violatorios del acuerdo si así lo deseaba. Pudieron evitar un sunset clause total, pero los mexicanos se vieron obligados a aceptar este esquema confuso y un poco abstracto que actualmente se aplica sobre los seis primeros años del T-MEC, luego los siguientes diez o los siguientes dieciséis.
La no renovación del T-MEC por parte de Estados Unidos, con sus revisiones anuales y su vigencia por ahora, vienen a complicar el panorama original de 1994. Lo poco que había de continuidad de las políticas macroeconómicas mexicanas, se acaba. México puede hacer más o menos lo que quiera en la medida en que Estados Unidos también lo hace y en la medida en que no hay tal continuidad imaginable. En cuanto a seguridad jurídica, es evidente que en las revisiones por venir cada día habrá más presión de Estados Unidos para canalizar inversiones hacia ese país, devolver las que se encuentran en México también a ese país y a, por ejemplo, aumentar el contenido estadunidense de la industria automotriz instalada en México. Sobre todo, en cuanto a acceso al mercado norteamericano para nuevas inversiones en México, tanto de Estados Unidos como de Europa y Japón –ni hablemos de China– no queda absolutamente nada. Es bien sabido que Trump mantendrá los aranceles que ya ha colocado a las importaciones estadunidenses procedentes de México, y posiblemente las extienda a otras actividades. Si le tumban algunas de estas medidas por ser anticonstitucionales, encontrará otra vía para imponerlas.
En conclusión, aunque siempre nos hubiera podido ir peor –yo creo que habría que inscribir esto en la Constitución General de la República, porque nada resume mejor la mexicanidad que eso– poco queda de lo que se buscaba en 1991-1993. Lo que queda es la incertidumbre, la indefinición, y la espera de que concluya el gobierno de Trump y que su sucesor no adopte las mismas actitudes. Good luck with that.

 

 

Un buen número de columnistas dignos y fieles integrantes de la comentocracia mexicana han analizado el nuevo giro a la derecha en varios países de América Latina. Las elecciones recientes –o en todo caso desde hace un par de años– en Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Perú y ahora Colombia, sin olvidar a Costa Rica, han arrojado resultados favorables no sólo a candidatos de derecha –que algunos denominan de ultraderecha– sino contendientes con muchos puntos comunes entre ellos, y con posiciones que sí son más extremas que las de una cierta derecha tradicional que dominaba una parte del espectro ideológico y político de estos países.
Kast aspira a ser mucho más radical que Piñera lo fue en Chile, aunque no es seguro que lo pueda lograr. De la Espriella pretende ser mucho más draconiano en su lucha contra el narco y su alineamiento con Estados Unidos de lo que fue Iván Duque hace poco, y desde luego Juan Manuel Santos –que nunca ha pertenecido realmente a la derecha colombiana– o incluso Álvaro Uribe. Y si bien Keiko Fujimori busca en ocasiones enfatizar el legado más social y centrista de su padre, ella también ha asumido posturas más virulentas que la derecha tradicional peruana.
Otra característica común que tienen estos candidatos convertidos en gobernantes es su clara afinidad o simpatía por Donald Trump. Muchos de ellos recibieron el apoyo explícito del presidente estadunidense: Milei, Noboa, De la Espriella, Kast. Han empezado ya, o se han comprometido a hacerlo muy pronto, a participar en el Escudo de las Américas, el frente militarista y antinarco que Trump y Rubio han echado a andar. En este sentido, también, quizás estos nuevos líderes de derecha son diferentes de las corrientes tradicionales conservadoras en América Latina, que no todas eran ciegamente proamericanas. Y por si no bastara buscar cercanía con MAGA en Estados Unidos, algunos de los mandatarios ya mencionados procuran asimismo acercarse a fuerzas de derecha –o de extrema derecha– en Francia, en Alemania, en Inglaterra y en España, y en menor medida en Italia.
Esta tendencia representa un gran reto para los países que, por lo pronto, constituyen excepciones ante esta marea conservadora, a la que no podemos aplicarle una etiqueta de color, aunque algunos, como The Economist, se han atrevido a pintarla de naranja, más por el color del pelo de Donald Trump que por las revoluciones en Europa del este. En primer lugar, gobiernos como los de México, Brasil y Uruguay hoy se encuentran mucho más aislados en la región que antes. Y esto, aunque probablemente no llegue a afectar el resultado electoral brasileño hacia finales de año –Lula parece poder ser la excepción ante la marea naranja– sí dificulta enormemente el que sigan sosteniendo posturas pro cubanas, pro nicaragüenses, antiimperia-listas, anti Israel, y de cierta neutralidad ante la invasión rusa de Ucrania.
El reto se agudiza cuando uno incorpora al análisis el probable resultado de las elecciones que tendrán lugar en España antes de la primavera de 2027, donde el PSOE, agobiado por escándalos de corrupción que han empañado su buena conducción económica, –el mejor desempeño de la Unión Europea– y puede perder el poder ante el PP, con o sin el apoyo tácito o explícito de Vox. Si nos vamos a la Cumbre de Barcelona, a la que asistió Claudia Sheinbaum, de los varios mandatarios ahí presentes, es posible que para el año entrante solo sigan en el poder ella y Lula en Brasil, y quién sabe.
El segundo reto ya se ha señalado por muchos analistas desde hace tiempo. Consiste en el tema central que ha llevado a la marea naranja al poder en estos países de América Latina: la seguridad. Con o sin razón, –en Chile y en Argentina es evidente que hay exageraciones– los electorados de estos países han entrado en un verdadero pánico ante la percepción y la realidad de un auge en la delincuencia, la criminalidad, la fuerza del crimen organizado, y la seducción de modelos aberrantes como el de Bukele en El Salvador.
Esto ha dejado desamparada a buena parte de la izquierda latinoamericana que, como dice Pérez Ricart en Reforma, prefirió siempre hablar de las causas profundas de la violencia. Pero, además –y esto no se menciona lo suficiente– no ha sabido disociar la necesidad de políticas de seguridad democráticas, eficaces y contundentes de los antecedentes represivos innegables en América Latina. Gente como Lucía Dammert en Chile, o Lisa Sánchez en México, han mostrado cómo a la izquierda latinoamericana le da urticaria la idea de una política de seguridad democrática (el término que utilizó Uribe) para tranquilizar a los electorados, tanto a los que realmente tienen motivo para sentir miedo y a los que simplemente se histerizan por noticias que no necesariamente reflejan una realidad más compleja.
A Sheinbaum le pasa un poco lo que a algunos otros en esta materia. Obviamente, le tiene pavor a la represión, aunque al mismo tiempo ha mandado detener a decenas de miles de personas en menos de dos años de su presidencia, la inmensa mayoría todavía sin juicio ni sentencia. Pero lo vimos con la Coordinadora y las Madres Buscadoras antes del Mundial. Los recuerdos del 68, del 71 y de otros momentos de la historia moderna de México le impiden aplicar la ley. Se entiende. Pero esto innegablemente abre el flanco a posturas como las que han surgido y han vencido en los demás países de América Latina que hemos mencionado. Se trata de algo que habrá que seguir con cuidado.

Gracias a Carlos Elizondo Mayer-Serra, dispongo de un magnífico paralelo entre Donald Trump e Irán, por un lado, y Claudia Sheinbaum y la monarquía española, por el otro. Parece extraño, pero impera una gran afinidad entre ambos temas.
Trump ha celebrado su acuerdo con la teocracia iraní por muchos motivos, pero el más sobresaliente se centra en la reapertura del estrecho de Ormuz. Como se sabe, a partir del bombardeo norteamericano-israelí, que comenzó el 28 de febrero, dicho paso marítimo se cerró a la navegación. Por allí transita la quinta parte del petróleo y el gas natural consumido en el mundo, y una proporción semejante de los fertilizantes, de urea y de amoniaco.
La interrupción se explicó por varios factores: la voluntad de Teherán de cerrar el estrecho, amenazando a buques en tránsito con minas, drones y lanchas rápidas; la reticencia de las empresas de transporte marítimo de correr riesgos; y la renuencia de las aseguradoras en Londres de proteger a buques que se atrevieran a atravesar el estrecho.
El llamado acuerdo de paz de Trump reabre el estrecho; no se alcanzaron, por lo menos en esta fase, ninguno de los demás objetivos estadunidenses. En otras palabras, el pacto restablece el status quo ante: volvemos exactamente a la situación que prevalecía antes de la guerra. Guerra provocada por Trump. Sin ninguna necesidad, sin provocación iraní, sin urgencia, y en plena negociación de Washington con Teherán a través del gobierno de Omán. Al cabo de miles de muertos, miles de millones de dólares de gasto militar, un encarecimiento significativo de los precios de la energía y una posible hambruna en África, Trump triunfa al borrar el efecto de una causa que él inventó sin ninguna necesidad. Es el cuento del rabino y el chivo que he relatado en varias ocasiones. Sus corifeos en Fox News y las redes sociales lo celebran, lo alaban y el resto del mundo no sabe si reír o llorar.
A principios de 2019, López Obrador inició un pleito con España innecesario, absurdo, carente de cualquier justificación, y en ausencia de cualquier provocación de parte del gobierno español, o del jefe de Estado ibérico. Exigió una disculpa por las atrocidades cometidas según él por los conquistadores del siglo XVI, por los colonizadores de los dos siglos subsiguientes, y por todos los españoles de aquella época (que no eran españoles). Enseguida escaló el conflicto al divulgar la existencia y parte del contenido de la carta entregada a Pedro Sánchez en México, y siguió exacerbando el enfrentamiento con otras supuestas ofensas incurridas. Entre ellas, la (falsa) inexistencia de una respuesta de Felipe VI, la obcecación de los españoles de no atender su exigencia y, por último, la declaración de una “pausa” (whatever that means), de las relaciones entre México y España.
Huelga decir que el capricho de López Obrador no revistió el precio del de Trump. Al final, no importó mayormente, salvo por el costo de oportunidad. Durante seis años, un interlocutor privilegiado en potencia de México en Europa fue despreciado; un aliado ideológico fue desatendido; y el oso mexicano fue objeto de burlas y penas ajenas en toda Iberoamérica.
Sheinbaum siguió adelante con la confrontación, al negarse a invitar al rey a su toma de posesión, provocando la previsible reacción española: o el rey, o nadie. De nuevo, nada muy grave, pero más vergüenzas. Hasta que paulatinamente se enfrió el pleito, más por los españoles que por México, sin que surgiera el famoso perdón, pero gracias a un “reconocimiento” de los abusos contra los pueblos originarios que tanto Felipe VI como su padre mencionaron y condenaron en múltiples ocasiones desde 1992.
Ahora, con el encuentro de Sheinbaum y el rey durante la visita de este último a México para presenciar el partido entre España y Uruguay, se cierra todo el sainete. Y los corifeos de la 4T –la comentocracia quedabien y los medios afines, como Milenio, El País, etc.– celebran ya, y festejarán –tal vez en el Ángel– la hazaña de México. Después de una gran labor diplomática y cultural, de un esfuerzo paciente y ecuánime, la presidenta con cabeza fría resolvió el problema, o la crisis.
¿Cuál problema o crisis? Pues el que ella y su predecesor crearon, igual que Trump. Volvemos al status quo ante, y nada más. Porque nadie pedirá perdón, nadie dirá algo nuevo, ella podrá seguir glorificando a los pueblos originarios, y Felipe VI repetirá que sí se produjeron abusos. Ocho años de tonterías habrán sido superados, sin ningún beneficio para nadie, pero la 4T podrá festejar llegar al quinto partido (que en realidad es el equivalente del cuarto de antes), y sus corifeos, al igual que los de Trump, salvarán la cara, o por lo menos los muebles.

 

No opinaré sobre la calidad del futbol que lució ayer la selección, porque sé poco del asunto. Sí creo que los sudafricanos harían bien en dedicarse al rugby; no les puede ir peor. Tampoco me interesa mayormente, como a tantos colegas, la pasión de los connacionales, ni la efímera desaparición de nuestras polarizaciones políticas, y menos aún la altura –o mediocridad– del show de la FIFA en el Azteca. Pienso que la 4T salió tablas, a secas: pudo celebrarse el partido, se llenó el estadio, hubo escasos desmanes el jueves, pero la presidenta no pudo acudir ni a la inauguración, ni al Zócalo.
No obstante, un pequeño ejercicio contrafactual puede ayudarnos a aquilatar la magnitud de la oportunidad perdida, y el nivel de tensiones que predominan entre los tres países sede. En el mundial, se acostumbra que los jefes de Estado o de gobierno de las selecciones con las que arranca el torneo acudan al primer partido. En Qatar asistió el Emir Tamim bin Hamad y el vicepresidente de Ecuador. En Moscú, Putin y MBS, el verdadero dirigente del reino de Arabia Saudita. En Brasil, Dilma Rousseff e Ivo Josipovic de Croacia. En Sudáfrica, Calderón y Zuma. Y así sucesivamente. En la única otra Copa del Mundo con múltiples anfitriones –Japón y Corea del Sur en 2002– presenciaron la inauguración en Tokio el presidente coreano Kim Dae-Jung y el primer ministro japonés Koizumi.
Cuando en 2018, la FIFA optó –por votos, se supone, aunque fueron como los del PRI de antaño– por la triple sede que hoy disfrutamos, las relaciones entre los tres países eran correctas, y entre sus tres líderes, regulares. Peña Nieto iba de salida, llegaba López Obrador; Trump ya era presidente, y Justin Trudeau llevaba poco tiempo como primer ministro. Pero ya prácticamente se había concluido la renegociación del TLCAN para convertirlo en T-MEC, y se suponía que en verano del 2026 ninguno de los tres seguiría ocupando el cargo.
De tal suerte que no parecía descabellado pensar que si la inauguración fuera en México, junto con el líder del contrincante del Tri, acudirían al Azteca los presidentes de México y Estados Unidos, y el primer ministro canadiense. Hubiera sido lógico y deseable: una muestra de amistad, de integración regional, de buena vibra, en plena ratificación por 16 años más del T-MEC. Sabemos que no fue el caso.
Obviamente la ausencia de los tres –Sheinbaum, Trump y Carney– no es culpa de la mexicana. O en todo caso, sólo la suya lo es. Y en vista de la complicada relación entre Carney y Trump, y el vínculo extraño entre Sheinbaum y Trump, probablemente no hubiera sido una gran idea reunir a los “three amigos” (expresión detestable). Pero Trump no le teme a las rechiflas –como la que le tocó en el Madison Square Garden hace unos días– y la señal habría tranquilizado a los poderes fácticos y a las sociedades de las tres naciones. Obviamente no tengo la menor idea si Sheinbaum lo intentó –le correspondía a ella– pero el hecho es que no se produjo la reunión, y su inexistencia refleja el estado de las relaciones en América del Norte. Qué lejos estamos de las múltiples juntas trilaterales desde San Antonio en febrero de 1992 entre Salinas, Bush y Mulroney: entre un tipo y otro, unas quince.

 

No hay manera de evitar el comentario sobre la carta de López Obrador. Con el tiempo se le va a ir desgastando la dosificación de sus intervenciones en la plaza pública, pero por ahora sigue revistiendo un enorme interés todo lo que dice, aunque no necesariamente una inmensa importancia. Es el caso siempre de los caudillos, en retiro, en la travesía del desierto, o en el ocaso del patriarca.
Veo un par de características que conviene subrayar. La primera es la completa identificación, el total alineamiento de la argumentación de López Obrador y de la de la presidenta Sheinbaum el domingo, y sobre todo el lunes pasado. Ambos buscan la manera de denunciar a Estados Unidos, es decir, al gobierno yanqui; es decir, al imperialismo; es decir, a Washington, sin comprometer o atacar directamente a Donald Trump. Ella lo hizo tácitamente el domingo al no mencionarlo por su nombre en el discurso del Monumento a la Revolución, el lunes al ser explícita y decir que no creía que él fuera el responsable de los ataques de la ultraderecha contra su gobierno. Él contrasta el Trump primero con el Trump segundo, el Trump que lidió con él y el Trump que lidia con ella, y el tipo de relación que México tuvo con Estados Unidos, según AMLO, entre 2018 y 2020, con el que ha padecido Sheinbaum desde hace un año y medio.
Es evidente, para mí, que se pusieron de acuerdo, de una manera o de otra. O lo hablaron ellos, o sus equipos, o por ósmosis entendieron la una y el otro que ese era el camino más apropiado para enfrentar un reto que probablemente ningún presidente de México ha tenido que presenciar, en todo caso desde Miguel de la Madrid, y probablemente más atrás. Creo que ambos se equivocan en cuanto a los hechos, como ahora explicaré, pero la táctica defensiva puede resultar útil, sobre todo para propósitos internos. No estoy seguro que Trump llegue a darse por enterado, pero en todo caso esto sirve para la militancia de Morena y los “quedabienes” de la comentocracia. Les permite seguir denunciando al imperialismo sin pelearse con Trump, por lo menos personal y retóricamente. Se parece enormemente al razonamiento de Nicolás Maduro en noviembre y diciembre del año pasado, cuando deslindaba al presidente norteamericano de su secretario de Estado cubanoamericano, pintando al primero como el bueno y al segundo como el malo.
En segundo lugar, resulta difícil de entender la evidente falsedad del razonamiento. Existen diferencias entre Trump uno y Trump dos, pero no son las que dice López Obrador. Los contrastes principales son dos. En primer lugar, Trump uno se rodeó, por necesidad, por facilidad, por inclinación, por pereza mental, de un equipo de colaboradores razonablemente sensatos y experimentados. Sus jefes de oficina de la presidencia, sus secretarios de Estado, sus consejeros de seguridad nacional, sus secretarios de Homeland Security fueron, en la mayoría de los casos, personas con experiencia de política exterior y/o de defensa y administración pública, con largas trayectorias burocráticas, militares, o académicas. En cambio, en esta ocasión, Trump ya no ha escogido a un equipo de esa naturaleza. Marco Rubio fue un senador con cierta experiencia en el Comité de Relaciones Internacionales, pero no proviene de ese ámbito. Todos los demás son personajes afines a Trump, afines al Proyecto 2025 de la Heritage Foundation, a MAGA, pero carentes de cualquier currículum de experiencia o sensatez. No conforman un muro de contención para él, al contrario: magnifican, amplifican, potencian, su propio extremismo. Lo hemos visto en el caso de Venezuela, en el caso de Irán, de Europa, y hasta cierto punto con México.
En segundo lugar, Trump uno buscaba la reelección. Sabía que ciertas cosas no eran compatibles con su lógico afán reeleccionista. Trump dos sabe, a pesar de las payasadas, que no existe la posibilidad de volver a la Casa Blanca después de 2028. Por lo tanto, los filtros, las restricciones, las limitaciones que impone todo intento de perpetuación en el poder se desvanecen. Eso hace que sea, en efecto, diferente, pero no lo que dice López Obrador. Trump es el mismo. El de la escalera mecánica del Trump Tower en 2015 denunciando a los violadores y drogadictos mexicanos, y el de la intervención en Venezuela o el bombardeo de Irak. Buscar la manera de diferenciar a Trump de sus colaboradores hoy en día probablemente resulte un esfuerzo fútil. Ni él se va a deshacer de ellos, ni ellos se van a alejar de él.
Por todo ello, puede uno suponer que la estrategia de Sheinbaum y AMLO –la misma– consiste en dirigirse a la opinión pública mexicana, y en particular a la base de la 4T. Ni AMLO ni Sheinbaum le hablan a Estados Unidos. Buscan consolidar su apoyo en México para lo que obviamente ven como un conflicto callejero mayúsculo. No estoy seguro que les alcance.

La 4T no quiere demasiado a los cubanos que se encuentran fuera de la isla. Leonel Godoy, uno de los más sensatos portavoces de Morena, los trató hace poco de “gusanos”, un término que ni siquiera la dictadura isleña sigue utilizando. Se entiende: para el provincianismo morenista, los que salieron de Cuba son ricos, cobardes o derechosos que solo sueñan con disfrutar de las mieles del imperialismo (junto con millones de mexicanos, entre otros). ¡Muera la gusanera!
Por otra parte, el gobierno de Claudia Sheinbaum, al igual que el de López Obrador y en alguna medida el de Peña Nieto, le ha hecho el trabajo sucio a Donald Trump, y a Washington en general, en materia migratoria. Peña envió tropas a la frontera sur en 2014 cuando se lo pidió Obama; AMLO aceptó ser tercer país seguro de facto; y Sheinbaum despachó a diez mil efectivos militares a la frontera norte para impedir la salida de decenas de miles de migrantes ya presentes en territorio mexicano, y para desalentar a cientos de miles más que preparaban su viaje.
Por lo tanto, no debe sorprendernos que México adopte una actitud especialmente hostil, miserable y odiosa ante los seis mil y pico de cubanos expulsados de Estados Unidos hacia nuestro país. La dictadura castrista no los acepta, según ellos porque poseen antecedentes penales; Washington suprimió hace tiempo la llamada excepción cubana; México los abomina. Los tres gobiernos no hallaron mejor manera de atender el desafío que convertir a nuestro país en el basurero donde avientan a la “escoria”. Así les decía Fidel a los llamados marielitos de 1980.
Todo esto lo afirma Human Rights Watch (HRW) en su informe “Nos abandonan aquí a morir”, de setenta páginas, sobre las deportaciones desde Estados Unidos a México de cubanos y otros nacionales de terceros países. Eran más de trece mil hasta marzo de este año, y alrededor de seis mil de origen cubano hasta el día de hoy. Según HRW, “Ni Estados Unidos ni México han hecho público el acuerdo o entendimiento en virtud del cual se están llevando a cabo estas deportaciones”.
HRW denuncia y deplora las condiciones bajo las cuales los entrevistados fueron detenidos en Estados Unidos y trasladados a México. Pero subraya el terrible trato que reciben una vez ya reubicados: “Una vez en México, las vías para regularizar su estancia se limitan en gran medida a solicitar refugio. Diversos obstáculos dificultan considerablemente el acceso efectivo al sistema de refugio mexicano para las personas deportadas. Entre ellos figuran la falta de teléfonos o cuentas de correo electrónico, las demoras para obtener citas y dificultades prácticas para cumplir con los requisitos establecidos, como citas periódicas ante las autoridades”. Aquí entra la responsabilidad del régimen de la 4T: “El gobierno mexicano aceptó admitirlas sabiendo que Cuba se había negado a permitir su retorno. Las autoridades mexicanas no deberían ahora dejarlas en un limbo legal donde la única opción para regularizar su situación es solicitar y obtener refugio. Por el contrario, México debería, como mínimo, establecer una vía de acceso a la residencia permanente. La alternativa es condenar a muchos de los cubanos a un estado de limbo legal permanente con consecuencias graves para el ejercicio efectivo de sus derechos”.
El mal trato proviene de las leyes mexicanas, pero también de la manera en que las autoridades las aplican: “Las personas que inician una solicitud de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) deben permanecer en el estado donde la presentaron. En la práctica, esto deja a las personas deportadas atrapadas y sin apoyo en ciudades donde enfrentan altos riesgos en materia de seguridad y donde la presencia del crimen organizado es significativa. Tapachula es un conocido punto de tránsito migratorio donde las personas migrantes son frecuentemente objeto de extorsión, secuestro y trata de personas. Villahermosa ha registrado una escalada de violencia vinculada a disputas entre grupos del crimen organizado y se ha ubicado, en los últimos años, como uno de los estados con una de las tasas de homicidio más altas del país.”
En realidad, la situación ha empeorado en comparación con López Obrador. Él logró conseguir, en parte sigilosamente, algo de dinero de Estados Unidos vía el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR): 46 millones de dólares en 2023 y 50 millones de dólares en 2024; este dinero se canalizaba a la Comar. Los recortes en el apoyo de Washington a ACNUR redujeron la capacidad de la Comar desde principios de 2025. En 2025, Estados Unidos solo contribuyó con 8 millones de dólares. ACNUR solía aportar más del doble de los recursos que el gobierno destinó a la Comar.
Trump ha presionado a muchos países para que reciban a no-nacionales deportados, a lo cual ninguno está obligado legalmente. Entre ellos han figurado Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Panamá, junto con varias naciones africanas, como Eswatini, Ruanda, Sierra Leona, Uganda y Sudán del Sur (quizás el país más violento del mundo). México es el que más ha recibido, y el mayor porcentaje de los “nuestros” son cubanos. ¡Que puta vergüenza figurar en esta compañía!

 

La revolución cubana terminó hace mucho tiempo. Según algunos, en 1968, cuando Fidel apoyó la invasión soviética de Checoslovaquia. De acuerdo con otros, en 1970, con el fracaso de la zafra de los diez millones. Para otros más, la conclusión se produjo en 1989 con el fusilamiento de Arnaldo Ochoa y de Tony de la Guardia, dos colaboradores cercanos de Castro cuya única culpa fue haber hecho lo que él les decía. La dictadura castrista, sin embargo, ha sobrevivido ya 67 años. Más de lo que cualquiera hubiera esperado. Ahora sí parece que empiezan a soplar los vientos de su desgracia, como hubiera dicho García Márquez, que mucho contribuyó a perpetuarla.
La imputación jurídica del gobierno de Estados Unidos a Raúl Castro carece, desde luego, de cualquier fundamento legal. Independientemente de dónde fueron derribadas las avionetas de los llamados Hermanos al Rescate –en aguas internacionales o en aguas territoriales cubanas– el hecho es que, efectivamente, como lo comprueban documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos, los cubanos le avisaron a Bill Clinton en múltiples ocasiones –parece que veinticinco– que no podían seguir esos vuelos y que un día los iban a interrumpir por la fuerza. Pero eso es lo de menos, de la misma manera que es obvio que Raúl Castro nunca comparecerá ante una corte estadunidense. No tengo la menor duda de que tiene consigo, o a su lado, los medios necesarios para terminar su vida antes de ser llevado a Brooklyn como Maduro.
Pero todo ello no quita que nos aproximamos a un desenlace. A mí, por lo menos, me resulta imposible vaticinar los detalles del mismo. No sé si será una invasión norteamericana recibida por aclamación en el malecón de La Habana, o por una resistencia feroz de un pequeño sector armado de las FARC y del pueblo cubano. Tampoco sé, por supuesto, si habrá un final negociado, donde terminará la persistencia del régimen económico actual, mas no del andamiaje político. Y menos aún tengo manera de prever si se tratará de una operación de extracción como la de Maduro, que fracasará.
Pero sí sé que todo esto era evitable, por lo menos desde 1989, cuando concluyó la era del apoyo soviético al régimen cubano, que sólo fue sustituido a partir de 1999, y sobre todo de 2003, por el chavismo venezolano. Fidel hubiera podido, como lo sugerí en aquel año fatídico, aceptar los mismos cambios que sucedieron en la Unión Soviética y en los países de Europa Oriental. Él, y todos sus fanáticos, seguidores, acólitos, y empleados en la izquierda mexicana, latinoamericana e incluso europea, aplaudieron que no lo hiciera. Sólo condenó al pueblo cubano a treinta y cinco años más de sufrimiento, sin jamás preguntarle si estaba de acuerdo o no.
Cuando terminó la dirección del hermano mayor del gobierno cubano, y comenzó la del hermano menor, a partir de 2006, hubiera podido suceder lo mismo. De nuevo, el castrismo, familiar, se negó. Le impuso al pueblo cubano otros veinte años de sufrimiento, sin preguntarle si aceptaba ese cambalache o no: una supuesta soberanía e independencia, y antiamericanismo, a cambio de una dictadura feroz y represiva, de escaseces, privaciones y miseria, como pocos países han padecido.
Echarle la culpa a Estados Unidos es un absurdo: desde 1961 ese era un dado, un “given”. Desde Kennedy, en efecto, Estados Unidos se opuso con virulencia a la existencia misma del régimen cubano, de la misma manera que amplios sectores palestinos se han opuesto a la existencia misma del Estado de Israel. Ni unos ni otros tenían ni tienen razón, pero son hechos incontrovertibles. El castrismo decidió que valía la pena pagar costos exorbitantes para mantenerse en el poder, y supuestamente mantener una independencia nacional que nunca existió ante la Unión Soviética y que tampoco existió con Venezuela, aunque obviamente quienes mandaban eran los Castro, y no Chávez ni Maduro.
No sé si la dictadura cubana tenga los días contados. Es posible que sí. Muchos han perdido hasta la camisa apostando a su debacle. No soy uno de ellos. Pero tampoco puedo negar que a estas alturas lo menos que debiera suceder en Cuba, al igual que terminó sucediendo en muchos países de América Latina, es que se le pregunte a la gente si quiere seguir pagando el costo de una supuesta soberanía. Muchos amigos míos me dicen que si Cuba aceptara el fin de su régimen autoritario, se volvería Puerto Rico. No sé si eso sucedería; tampoco estoy seguro que fuera el peor de los destinos, es el país más rico de América Latina, si se le considera como tal. Pero aun suponiendo que fuera una desgracia, la sociedad cubana debe tener el derecho de decidir si quiere seguir así, sin luz, sin agua, sin transporte, sin gasolina, sin comida, sin nada, o ser Puerto Rico. Que los dejen escoger y ya veremos qué deciden.