Hay mucha gente en México que verdaderamente se ha especializado en materia de desapariciones forzadas y que ha seguido el tema desde muchos años. Entre otros, destaco a Santiago Corcuera, Jacobo Dayán, Sergio Aguayo, Karla Quintana, Miriam Morales, y varios otros nombres que sólo alargarían esta lista. A ellos les corresponde determinar si el campamento de Teuchitlán fue de reclutamiento y muerte, de exterminio, y cuántos desaparecidos en realidad perdieron la vida ahí, o fueron llevados ahí traídos de otra parte. Huelga decir que la opinión de personalidades como estas, y de muchas más, va a revestir un mayor peso que lo que puedan decir las autoridades, tanto las estatales como las federales y en particular la fiscalía. Conviene recordar que la presidenta de hoy no es el presidente de ayer, pero el fiscal de hoy sí es el fiscal de ayer. Por lo tanto, si le hemos de creer ahora, y aceptamos el principio de su autonomía, debemos de creer lo que decía antes. Y si no le creíamos antes, y seguimos convencidos de su autonomía, no existiría ninguna razón para creerle ahora.
Pero sin tener ni remotamente la pericia o la experiencia de las personas que mencioné ni de muchas otras más, hay dos ideas que llevan años circulando y que conviene recordar. La primera es una que me comentó José Miguel Vivanco, exdirector para las Américas de Human Rights Watch, y que conoce bien la situación de los derechos humanos en México desde hace muchos años. A principios del gobierno de López Obrador me confesó que, en su opinión, que no era más que una corazonada, los únicos desaparecidos que le interesaban a AMLO en ese momento eran los 43 de Ayotzinapa.
Los demás desaparecidos de los sexenios anteriores, es decir, básicamente de los de Peña Nieto y Calderón –y los corresponsales extranjeros podrían tener un poco más de cuidado al hablar de 1962: a partir de entonces se cuentan, pero la inmensa mayoría de las desapariciones en México sucedieron después de 2008– a López Obrador simplemente no le interesaban. Se vio obligado a tomar en cuenta la tragedia de Ayotzinapa porque le había costado enormemente a su predecesor, y porque él mismo la había utilizado muy hábilmente entre 2014 y 2018 para ganar puntos entre su base y los demás mexicanos. Pero nunca le tuvo la menor empatía a los desaparecidos en general y nunca trató realmente de atender el reto, más allá de querer obligar a Quintana a modificar la metodología de cálculo de cifras, y después de despedirla e insultarla en la mañanera. Afortunadamente, Karla ya no tiene por qué temer la persecución del Estado mexicano; ahora busca desaparecidos en Siria, donde hará sin duda una magnífica labor.
La segunda idea tiene que ver con algo muy sencillo que varios peritos en la materia subrayaron desde principio del sexenio de López Obrador. En México contábamos en ese momento –y todavía contamos, sólo que los números se han disparado– con dos universos más o menos bien conocidos y contabilizados. El primero es el de los nombres de personas que no aparecen –missing– por cualquiera de muchos motivos: deceso, expatriación, cambio de nombre o domicilio por “n” razones, simplemente haber sido borrados de la existencia. No puede haber demasiados cuya desaparición obedezca a otros motivos, pero en todo caso existe un universo de nombres.
Por otro lado, disponemos de una horrorosa suma de cadáveres o restos humanos no identificados, a lo largo y ancho de toda la República. Ciertamente dicho universo va creciendo con cada hallazgo de fosas colectivas o de cadáveres aislados. Pero, en todo caso, ese universo existe y está bajo resguardo de las autoridades. De exactamente cuántos se trata es difícil saber, pero en algún momento circuló ampliamente la cifra de alrededor de 50 mil. Es mucha gente.
Entonces, la faena que debía haber llevado a cabo el gobierno de López Obrador y que podría empezar a realizar mañana el de Claudia Sheinbaum, es hasta cierto punto relativamente sencilla. Se trata del llamado “matcheo”, que viene del inglés match, es decir, atribuirle un nombre a cada resto o cadáver, o una realidad física a cada nombre. Las técnicas forenses de utilización de ADN y de otros instrumentos existen en el mundo entero y México, o cuenta con ellas o puede disponer de ellas. Se trata de un proceso largo, complejo y caro: en otros países donde se han llevado a cabo esfuerzos comparables, los resultados tardan mucho en aparecer y, efectivamente, el costo es elevado. Parece ser que durante el sexenio de López Obrador no se hizo absolutamente nada en esta materia: no hubo “matcheo” alguno, de nada con nadie, y de nadie con nada. De no ser así, sería muy sencillo para el gobierno actual demostrar que sí se hizo algo en el mandato de su predecesor y que se logró tal número de identificaciones. Me da la impresión de que nada de eso sucedió.
Ahora bien, dejemos el pasado y miremos hacia adelante. Muy bien. En este caso, lo que le toca hacer a estas nuevas autoridades es eso exactamente, no complicarse la vida con mil tareas diferentes o, en todo caso, realizar los gestos que quieran, pero concentrarse en el “matcheo”. Faltan nombres, sin duda, y faltan restos o cadáveres sin duda, pero se puede empezar con estos dos universos que no son menores. El problema desde luego es el costo y a quién se le encarga la tarea. Como no van a traer a Karla Quintana de vuelta porque el Peje no lo permitiría, se le tiene que encargar a gente de un prestigio equivalente, pero sobre todo se le tiene que dotar de un presupuesto suficiente y de un horizonte en el tiempo también prolongado. No se logra esto en meses, ni mucho menos. Amistad que no se refleja en la nómina, no es amistad, reza el sabio dicho mexicano… es mucho más válido y cierto a propósito de las prioridades nacionales.

 

Todo mexicano con calle conoce la vulgar y homófoba expresión de “me la m… pero se la c…”. Parece ser la consigna de la 4T frente a Donald Trump, traducida al idioma forense: si nos agreden, se darán un balazo en el pie. Olvidan que la expresión mexicana es altamente reprobable por muchas razones, y que Trump tiene zapatos blindados.
Me cuesta mucho trabajo entender por qué el gobierno en su conjunto, y la presidenta en particular, insisten en responder a las amenazas de aranceles, o de catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, o a las posibles decisiones de empresas multinacionales de salir de México, con esta filosofía. Repiten hasta la saciedad que todo eso daña más a Estados Unidos que a México o, en todo caso, que también lastima enormemente al vecino del norte. Una y otra vez nos explican cómo los hipotéticos aranceles que impondría Trump a México y Canadá, o los que ya impuso a China, o los que ya impuso al acero y al aluminio, elevarían los precios en Estados Unidos, conducirían a la pérdida de empleos norteamericanos, y dañarían el orden internacional de comercio, que a quien más beneficia es justamente a Estados Unidos, el fundador de dicho orden. El hecho de que en ocasiones los canadienses hagan algo parecido –que, por cierto, ya es paradójico: sabemos que lo que más le gusta a la 4T es diferenciarse de Canadá, y sin embargo en esto las posiciones de ambos gobiernos se parecen bastante– me confunde aún más. Y ya ni digo cómo me desconcierta que la presidenta Sheinbaum ahora le dé lecciones de administración de empresas a Nissan, supongo que pensando que ella sabe más de su negocio que el CEO y el consejo de administración en Japón.
Las razones por las cuales pienso que este razonamiento o línea argumentativa es ociosa, en el mejor de los casos, y contraproducente en el peor de ellos, son las siguientes. En primer lugar, el gobierno de Estados Unidos tiene a su alcance instrumentos econométricos, análisis macroeconómicos, investigaciones económicas profundas y detalladas de economistas del sector público y de las universidades privadas que le aportan toda la información necesaria sobre las consecuencias de tal o cual medida de política comercial, en este caso. Todo esto que las autoridades mexicanas muestran en las mañaneras, o que Sheinbaum proclama a diestra y siniestra en los pueblos más recónditos del país, es muy conocido por el gobierno de Estados Unidos. No necesitan ni a los muy buenos economistas mexicanos, formados en las mismas universidades que los norteamericanos, ni a los funcionarios región 6 de algunas dependencias mexicanas para que les dicten cátedra. Si Trump y sus asesores, como Peter Navarro, o antes Robert Lighthizer, y muchos más, no hacen caso a todas las sugerencias e insistencias de economistas norteamericanos, es porque no están de acuerdo, no porque ignoren las tesis de sus especialistas. Las conocen y simplemente no las comparten. En todo caso, allá ellos.
Una segunda razón que me hace dudar de la eficacia de este método didáctico o discursivo es que normalmente a los norteamericanos les choca que uno los sermonee. Toda actitud paternalista o condescendiente con ellos suele ser rechazada o volverse objeto de silencio indignado o indiferente. A ningún gobierno le complace que sus pares le “expliquen” –no sé cómo se traduciría el mansplaining del feminismo norteamericano al lenguaje geopolítico mexicano; podría ser mexplaining. Pero en todo caso, un poco más de medio siglo de conocer bien a los norteamericanos, de estudiarlos, analizarlos, vivir entre ellos, dar clases sobre ellos en Estados Unidos y fuera de ese país, me ha llevado a pensar que este no es un método propicio para lograr el convencimiento de los estadunidenses.
En tercer lugar, la argumentación de la 4T refleja el resentimiento y los complejos de muchos mexicanos, como lo señala justamente el dicho mencionado al principio de esta nota. Sí, nos va a ir mal a nosotros, pero a ellos también. En realidad, debiera tratarse de que si les va bien o mal a ellos es muy su asunto; al gobierno de México le pagamos para que intente que nos vaya bien a nosotros o, que en todo caso, no nos vaya tan mal. Las consecuencias de tal o cual decisión por parte de otro país –Estados Unidos, Cuba, Rusia, China– debieran resultarnos intramuscular. Nos debiera dar enteramente igual si les conviene o no les conviene una decisión u otra, a un país u otro. De la misma manera que seguramente reaccionaría el gobierno de Claudia Sheinbaum con irritación o enojo si Trump un buen día le dijera: “Oye, a México no le conviene esto o lo otro”. Ella le respondería posiblemente que ese no es asunto suyo, y que en todo caso los mexicanos sabemos muy bien que nos conviene o no. Y sin embargo este discurso domina claramente todas las respuestas mexicanas a las agresiones de Trump.
No digo que sea fácil encontrar una retórica eficaz y aceptable para México frente a Trump. Todos los países del mundo se encuentran hoy buscando cómo hacerle. Algunos tal vez se vean más afectados que nosotros por las barbaridades del nuevo ocupante de la Casa Blanca, pero son pocos. Por eso quizás convendría consultar a fuentes confiables, conocedoras y amigas de México en Estados Unidos sobre cuál podría ser un discurso más eficaz. Este, creo yo por lo menos, que no soy ni una fuente confiable ni conocedora, pero sí amiga de México, no lo es.

Entre los proyectos más delirantes de las primeras dos semanas del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca figura su intención de jibarizar, o de plano eliminar, a la Agencia Internacional de Desarrollo de los Estados Unidos, comúnmente llamada USAID. Sostienen Trump y Elon Musk –el encargado de achicar el gobierno– que ha sido dirigido por una bola de lunáticos de izquierda, de gastar dinero del contribuyente de manera absurda, de apoyar a organizaciones de medios, de derechos humanos, de migración, que han dañado profundamente los intereses de Estados Unidos. Busca despedir a casi la totalidad de los diez mil y pico de empleados de la agencia, y en el mejor de los casos sólo conservar unos cuantos centenares que se ocupen de los casos más extremos de combate a algunas enfermedades.
USAID fue fundada por John F. Kennedy en 1961en la estela de la creación de la Alianza para el Progreso –en respuesta a la revolución cubana– y al Cuerpo de Paz, como consecuencia de su deseo de buscarle una vocación más humanitaria a los jóvenes norteamericanos. Durante buena parte de su existencia, la agencia ha sido acusada por sectores de izquierda dentro de Estados Unidos y en el mundo entero, pero sobre todo en América Latina, de ser un instrumento encubierto de la CIA y de otras instancias de inteligencia del gobierno de Estados Unidos. A su vez, la derecha norteamericana casi desde un principio sostuvo que la mera idea de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) constituía un gasto inútil de recursos norteamericanos, y que cualquier apoyo al desarrollo por parte del país más rico del mundo debía canalizarse a través de la inversión privada.
En tiempos recientes, los recursos de USAID se han dirigido, por ejemplo, al combate al sida en África, al apoyo a misiones humanitarias en materia de migración y alimentación, y a distintas causas de defensa de derechos humanos, o de denuncia de violaciones a los derechos humanos. No sorprende que Trump y Musk, y la extrema derecha norteamericana, quieran destruir a USAID; sí puede extrañar a algunos que en esto se haya acercado de manera inusual al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Algunos lectores recordarán cómo López Obrador, a lo largo de su sexenio, haya desplegado múltiples esfuerzos, de todo tipo, legítimos e ilícitos, lógicos y aberrantes, para combatir a USAID en México. Pero no la combatió en general, es decir, buscando recortar los fondos de USAID que se canalizaban al Ejército o a la Marina, o incluso a ACNUR y a la OIM, para contribuir a mejorar las abominables condiciones de estancia de nacionales de otros países en México, sin que Estados Unidos sufragara directamente estos costos. Lo que hizo López Obrador fue atacar, denigrar, mentir y llegar a extremos impensables en su fobia contra organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impu-nidad, creada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que efectivamente recibía recursos de USAID.
López Obrador insistía en que MCCI era una organización de oposición, no de simple crítica a su gobierno. Denunciaba la manera en que MCCI investigaba la corrupción sólo en su gobierno, sin tomar en cuenta lo que todo el mundo sabía, es decir, que MCCI reveló una gran cantidad de casos de corrupción durante el gobierno de Peña Nieto. Incluso fue víctima de distintos golpes mediáticos y de auditoría durante ese sexenio.
Las preguntas que conviene plantearse son: uno, si un organismo como USAID debe existir y si corresponde al interés de Estados Unidos. Y dos, si debe apoyar actividades como las de MCCI, o ACNUR, u OIM, o el esfuerzo forense en el estado de Coahuila en búsqueda de desaparecidos, o si debe limitarse exclusivamente a ayuda alimentaria durante crisis humanitarias o ciertos apoyos a la salud.
La discusión es apasionante, y no permite puntos de vista maniqueos o absolutos. En mi opinión, los países ricos, es decir, Japón, Europa occidental, Estados Unidos y Canadá, deben canalizar el mayor volumen posible de recursos en materia de AOD a los países que fueron recién descolonizados en África en los años cincuenta y sesenta, a muchos en Asia también, y a los países más pobres de América Latina, por ejemplo, a Haití hoy. Creo que corresponde al interés nacional de Estados Unidos hacer eso, pero que también contribuye a tratar de suprimir o reducir obstáculos reales para el desarrollo en los países pobres: la corrupción, el autoritarismo, la violación a los derechos humanos, la falta de libertad de prensa, la debilidad de las instituciones, la falta de independencia del Poder Judicial, etcétera. Y creo que ese apoyo, desde luego de Estados Unidos, pero también de muchos otros países –los escandinavos, Países Bajos, Bélgica, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y España, entre otros– debe canalizarse también a la defensa de la democracia en esas naciones.
En muchas ocasiones el tra-bajo de grupos como este, o como las fundaciones Ford, Rockefeller, Carnegie, MacArthur, etcétera, van a ser vistas por los gobiernos de los países donde operan como agentes de intromisión, o incluso de subversión, que buscan derrocar a regímenes más o menos dictatoriales, y más o menos conservadores o dizque revolucionarios. En Cuba y en Venezuela funcionarios de USAID han sido detenidos durante mucho tiempo y canjeados por presos de esos mismos países en Estados Unidos, por ejemplo.
Pero esta es una discusión que merece ser llevada a cabo tanto en Estados Unidos como en México y en todos estos países. ¿Existe la responsabilidad de los países ricos de cooperar para el desarrollo de los países pobres? ¿El desarrollo de los países pobres será más factible, más rápido y más equitativo si son democráticos, respetuosos de los derechos humanos y honestos? ¿Los países ricos deben contribuir a esas causas también? Son las preguntas que, a su manera extremista y hasta cierto punto aberrante, Donald Trump ha puesto en la mesa, junto con Andrés Manuel López Obrador.

 

Ya disponemos de algunos elementos para analizar las consecuencias de los anuncios de Trump en materia de comercio. Sabemos que el primero de febrero decidirá qué tipo de aranceles les aplica a qué países, y tal vez durante cuánto tiempo. Asimismo, a principios de abril, le informarán el Representante Especial para Comercio (USTR) y el secretario de Comercio, qué países cumplen con las disposiciones de los acuerdos de libre comercio ya vigentes, y si Washington debe mantener su participación en ellos. También ya podemos partir del supuesto que la revisión/renegociación del T-MEC con México y Canadá arrancará antes de lo previsto, este mismo año y probablemente con audiencias del Congreso en primavera.
Lo cual nos lleva a intentar descifrar las intenciones de Trump en lo tocante al tratado y, sobre todo, si se trata de una simple revisión, como lo sostiene el gobierno de México, o de una renegociación mayor, como parece sugerir el nuevo gobierno de Estados Unidos. El documento no incluye una disposición que defina explícitamente en qué consiste cada una de las alternativas. Juan Carlos Baker explica esto en su capítulo del libro –muy útil– de Rafael Fernández de Castro y Roberta Lajous, Pender de un hilo. En términos muy generales, se podría inferir que si la negociación que pronto arrancará entre los tres gobiernos entraña modificaciones de sustancia, será una “renegociación”. En cambio, si se limita a cambios cosméticos, o de redacción, o en todo caso, meramente administrativos, por ejemplo, representará una simple “revisión”. Aun esta diferencia es compleja, sin embargo. Un veterano negociador mexicano sostiene que un cambio en las reglas de origen para la industria automotriz, de 70 por ciento de contenido de América Latina a 75 por ciento, constituiría un cambio de sustancia. Otro negociador, igual de experimentado, cree lo contrario: elevar el porcentaje no implicaría una modificación sustanciosa.
Por todo ello, la mejor manera de dilucidar si se tratará de una revisión o de una renegociación radica en la forma en que los tres países (pero obviamente más en el caso de Canadá y Estados Unidos) resolverán el dilema de la aprobación legislativa. Como se sabe, en Estados Unidos, el T-MEC (al igual que el TLCAN) es un acuerdo, no un tratado, y debió ser ratificado por mayoría simple en ambas cámaras. La prueba del añejo (o de ácido, para quienes no recuerdan el icónico anuncio de John Gavin para Bacardí), yace en el procedimiento. Si Trump y el próximo primer ministro en Ottawa se ven obligados a obtener una nueva autorización para negociar, y una nueva ratificación para aprobar, significará que hubo renegociación. A la inversa, si la versión 3.0 del NAFTA no requiere de validación por los poderes legislativos, entonces los cambios habrán sido menores. Huelga decir que las dos cámaras mexicanas harán lo que el Ejecutivo les ordene.
El problema estriba en que si hay nueva aprobación legislativa, el proceso se va a alargar y enredar. Tanto en Canadá como en Washington, el Ejecutivo todavía dispondrá el año entrante de mayorías propias. En Estados Unidos, Trump contará con una mayoría adecuada en el Senado (donde no se ubican realmente los obstáculos) pero muy exigua en la Cámara baja. Existe allí una fracción de la bancada del Partido Republicano que es virulentamente antilibre comercio, y otra, del Partido Demócrata, que lo es también. Al final, es probable que Trump logre asegurar los votos necesarios. Pero tomará tiempo, y tendrá que realizar importantes concesiones para alcanzar su cometido.
Todo esto para concluir que es probable que el proceso de revisión/renegociación tome tiempo. Un ingrediente más de incertidumbre, gracias a Trump.

 

Trump le hizo un gran favor a Claudia Sheinbaum al no invitarla a su toma de posesión el 20 de enero. Se hubiera encontrado en compañía de Milei, Meloni, Bukele, Orbán, y quizás incluso de Eduardo Verástegui. Pero ello no quita que sorprende un poco que, con la excepción de López Obrador, la actual presidenta haya sido la primera desde los años sesenta del siglo pasado, en no encontrarse con un presidente electo norteamericano, siendo presidenta ella o siendo presidenta electa como lo fue entre junio y el 1 de octubre. La pregunta que me hago es si esta novedad o excepción se debe a que los mexicanos no quisieron que ella se encontrara con Trump, o que su equipo se reuniera con el nuevo mandatario norteamericano; o al contrario, si la parte mexicana buscó activamente un encuentro, por lo menos de altos funcionarios, y los norteamericanos se negaron a ello.
Conviene recordarlo, en noviembre de 2012, el presidente electo Enrique Peña Nieto se reunió con Barack Obama en Washington. En noviembre de 2006, el presidente electo Felipe Calderón se reunió con George W. Bush también en Washington. En agosto de 2000, el presidente electo Fox se reunió con el presidente en funciones Bill Clinton, en Washington, y con el candidato que sería vencedor, George W. Bush, en Dallas. En 1994, el presidente electo Ernesto Zedillo se reunió con el mismo Clinton. Los presidentes electos Carlos Salinas y George H. W. Bush se reunieron en Houston en 1988. En 1982 el presidente electo Miguel de la Madrid se entrevistó con el presidente en funciones Ronald Reagan en Tijuana y en San Diego; y, como algunos recordarán, el presidente en funciones López Portillo saludó con un abrazo al presidente electo Ronald Reagan en la línea fronteriza entre Ciudad Juárez y El Paso en 1981. La lista es larga, y sin que se trate ni de un protocolo ni de una regla no escrita, los motivos de estos encuentros son evidentes. Quizás el equipo actual prefirió no continuar con esta tradición, o tal vez lo intentaron y fracasaron.
Tengo entendido que hubo un contacto en Washington hacia finales de diciembre entre la embajada de México y el recién designado subsecretario de Estado Christopher Landau, donde aparentemente el estadunidense informó a los mexicanos que tendrían que esperar hasta después del 20 de enero para cualquier contacto adicional. También me he enterado que el gobierno francés invitó a Claudia Sheinbaum a la reapertura de la catedral de Notre Dame, en París, a la cual acudió Donald Trump, y en ocasión de la cual él se reunió con varias personalidades, incluyendo desde luego al presidente Macron y, por cierto, hasta el príncipe William. Es posible –y no sería insensato– que los mexicanos hayan resuelto que era preferible esperarse hasta que ya estuviera instalado en la Casa Blanca el propio Trump para buscar algún tipo de encuentro.
Obviamente la explicación no radica en la repetición un poco pueril de Sheinbaum en el sentido de que aún no han sido ratificados varios de los funcionarios de Trump. En primer lugar, algunos de ellos, como por ejemplo Michael Waltz, el consejero de seguridad nacional; o Tom Homan, el supuesto zar de la frontera, no requieren de ratificación. En segundo lugar, varios de los funcionarios designados de Trump, empezando por el nuevo secretario de Comercio, Howard Lutnik, se han reunido en todo caso con sus pares canadienses. Pero no habría sido una decisión absurda el desear postergar el mal trago que significará el encuentro, contrariamente al dicho de “al mal paso darle prisa”.
Pero me parece más factible que hayan sido los norteamericanos quienes optaron por posponer cualquier contacto hasta más adelante. Y veo una razón para ello. El 20 de enero, cuando Trump pase a ser presidente, ha prometido firmar un centenar de órdenes ejecutivas o decretos sobre una gran cantidad de temas. Algunos de esos temas afectarán directamente a México. Menciono tres posibles, ni siquiera digo que probables, pero que han estado en la agenda. En primer lugar, la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO), algo que encierra un valor simbólico más que material o jurídico, pero que incomoda enormemente al gobierno actual de México. En segundo lugar, sería el inicio de deportaciones, ya sea de mexicanos –con antecedentes penales o no– ya sea de otras nacionalidades enviadas a México, ya sea de una combinación de ambos. Es altamente probable, aquí sí, que esto suceda, aunque no necesariamente en las magnitudes que se han comentado. En tercer lugar, la imposición de aranceles a importaciones mexicanas dirigidas a Estados Unidos. De nuevo, no necesariamente aranceles muy elevados a todos los productos mexicanos sino quizás aranceles menores sobre algunas manufacturas nacionales.
En los tres casos, el hecho de que entren en vigor estas medidas el 20 de enero, coloca automáticamente a Washington en una posición de fuerza ante México para la próxima negociación. De haberse dado un encuentro entre Sheinbaum y Trump, o entre los equipos, antes del 20 de enero, los mexicanos hubieran podido tratar de evitar la puesta en práctica de estas medidas –y otras más– con o sin éxito, pero colocando la entrada en vigor de las mismas como tema de negociación. En cambio, si el encuentro se produce en febrero, por ejemplo, o entre funcionarios a finales de enero, ya los mexicanos se verían enfrentados a hechos consumados. Por lo tanto, la negociación comenzaría no sobre si sí o no se aplicarán estas medidas sino bajo qué condiciones se eliminarán.
Seguramente en los próximos días sabremos más sobre cuál de las dos respuestas a la pregunta de por qué no hubo contacto entre los presidentes de México y Estados Unidos por primera vez desde 1981, con la excepción de López Obrador. ¿Fueron los mexicanos o fueron los estadunidenses los responsables de esta excepción?

Ante las posibles e inminentes deportaciones de mexicanos y de ciudadanos de otras nacionalidades a México, las autoridades han hecho gala del arma que constituyen nuestros consulados en Estados Unidos. Tienen razón, hasta cierto punto. Las representaciones mexicanas en más de 50 ciudades norteamericanas sólo pueden proteger a mexicanos dentro de la ley, u ofrecerles asistencia jurídica cuando la violan. Difícilmente pueden pedir que sean deportados. Pero, además, los consulados han vivido en un estado de falta de orientación política y de mendacidad de recursos desde hace años. Carecen de los vínculos con la sociedad estadunidense –a diferencia de la comunidad mexicana– que serían necesarios para defender los intereses de México en su conjunto y no sólo de los mexicanos radicados allá, con o sin papeles, ante las amenazas que se ciernen sobre el país. Reproduzco a continuación un texto que publiqué hace más de 35 años en Nexos sobre lo que debió haber sido la definición y actuación de los consulados en Estados Unidos. Salvo algunos momentos –durante los años de Fernando Solana en la cancillería, de Jesús Reyes Heroles en la embajada de México en Washington, de mi propia titularidad en la SER, y de la de Luis Videgaray– poco se hizo al respecto. Hoy padeceremos esta pasividad y falta de conducción.
“Si en efecto toda política en Estados Unidos es local, entonces México dispone de una arma diplomática invaluable: 11 consulados generales, 40 consulados en total, esparcidos a lo largo y a lo ancho de la Unión Americana, sin mayores cortapisas para su desempeño que la mediocridad de buena parte del personal que ocupa –existen, por supuesto, admirables excepciones– y el pavor del gobierno de México de darles un carácter político. Como se sabe. no es que estas representaciones del país no hagan nada. Cumplen, con mayor o menor asiduidad, sus funciones burocráticas –indispensables y en condiciones de extrema dificultad– de protección a ciudadanos mexicanos en apuros y de trámite (expedición de constancias, pasaportes, tarjetas de turismo etc). Pero carecen enteramente de cualquier misión política. Las órdenes que tienen los cónsules de no hacer olas son redundantes: no sabrían cómo hacerlas, ni tampoco se atreverían.
Muchos países sufren limitaciones legales al número de oficinas consulares que pueden montar dentro de Estados Unidos; México no es uno de ellos. La revisión radical de nuestra política a este respecto sentaría las bases para una verdadera regeneración a largo plazo de la postura mexicana en Estados Unidos.
El esquema es relativamente sencillo. Los cónsules generales o los embajadores acreditados como tales ganan más de seis mil dólares mensuales –con gastos rebasan los siete mil– y con esos sueldos en los tiempos que corren es más que factible atraer a muchos de los mejores cuadros jóvenes –y ya no tan jóvenes– que tiene el país. El tipo de funcionario que se requiere posee un retrato hablado sencillo: más bien joven, de 35 a 45 años, que reúna dos requisitos. Por un lado debe ser gente de servicio público, aunque no necesariamente del sector público, identificado con el país y con su política. Pero también es obligado para este fin que conozcan bien los Estados Unidos, hablen inglés y sepan manejarse con norteamericanos. Si se tratara de Paquistán, esto podría parecer una exigencia desorbitada, pero se trata de México, el país en el mundo con más intercambio de todo tipo con Estados Unidos. Además, sería imprescindible una sólida formación universitaria y política, así como una fuerte dosis de audacia y comportamiento independiente, para no tener que consultar cada gesto y cada palabra con México.
Con otros funcionarios que se ocuparan del trámite y de la protección de los mexicanos que viven en Estados Unidos –ambas funciones de gran importancia, indispensables, pero cuyo cumplimiento mejoraría al subir de nivel la representación nacional– el cónsul ya no sería un burócrata de ventanilla, sino un “mini-embajador” de México en cada ciudad importante de Estados Unidos. Y se dedicaría a hacer política, como suelen –y deben– hacer los embajadores. Hablaría en cada foro, respondería a cada pregunta, contestaría cada crítica, aceptaría cada debate. Se convertiría en el representante de México en la comunidad ante la cual está acreditado, dejando de ser el gestor de los paisanos que de vez en cuando pasan por tal o cual ciudad de Estados Unidos.
La uniformización de la vida norteamericana desde los años cincuenta ha desembocado en una pesadilla estética y existencial pero también en un paraíso diplomático: todas las ciudades norteamericanas son idénticas, no sólo en su arquitectura y configuración, sino en su composición y funcionamiento político. Todas tienen uno o dos periódicos, de renombre regional, con una junta directiva y una página editorial. Todas tienen de tres a seis estaciones locales de televisión, repetidoras de las tres grandes cadenas y a veces, de la cadena pública, de la cuarta cadena privada en inglés o de la cadena mexicana SIN. En cada cadena hay un noticiero local, mañana, tarde y noche, y un programa político local los fines de semana. Tampoco habría que olvidar las estaciones de radio: todo norteamericano que se respeta pasa varias horas al día en su automóvil recorriendo los “periféricos” de su localidad y esas horas son de radioescucha.
Cada ciudad tiene sus autoridades municipales –alcalde, jueces, policías, etc.– pero en esas comunidades urbanas conservan sus despachos los diputados federales de la región, donde ocupan buena parte de su tiempo. En todas las aglomeraciones hay dos o tres universidades, aunque en algunas –Boston, Chicago, Miami, Philadelphia, San Francisco– hay muchas más. Cada una tiene un programa de estudios latinoamericanos, otro de estudios internacionales y cada uno representa un foro importante para México. Quizás no para secretarios de estado, pero sí para un cónsul dinámico y emprendedor. También existe casi siempre un “Committee on Foreign Relations” afiliado al Council on Foreign Relations de Nueva York o un “Committee on World Affairs”, foros integrados por los principales empresarios, periodistas, profesores universitarios y abogados de la ciudad y con interés por los asuntos internacionales: allí se reúne la élite del poder local, y allí puede México dirigirse directamente a estos sectores, sin pasar por el prisma deformante de la prensa o televisión de carácter nacional de la república norteamericana.
Nuestro cónsul tendría que volverse invitado sempiterno de todas estas instancias, no sólo como ponente u orador, sino incluso como simple asistente. También sería partícipe obligado de las demás instituciones locales: Cámara de Comercio, asociación de banqueros, Club de Rotarios, Kiwanis, Leones, Caballeros de Colón y diversas barbaridades que han inventado los norteamericanos para sobrevivir el tedio de su provincia.
Por último, la red de representaciones de alto nivel, arraigadas localmente y altamente motivadas, fungiría sin duda como sistema de información –para no decir de inteligencia– del ambiente para México en Estados Unidos. El Distrito Federal se enteraría a tiempo de cambios de opinión importantes, de nuevas posturas estatales o legislativas; no supondríamos u opinaríamos si el PAN recibe dinero o apoyos de grupos mexicanos emigrados o de empresarios norteamericanos híperreaccionarios del Sureste: lo sabríamos a ciencia cierta.
¿Qué pasaría si pudiéramos hacer todo esto en las quince o veinte principales ciudades de Estados Unidos? A la larga, con trabajo, paciencia y un poco más de dinero, aunque no en exceso, nos ganaríamos a la “opinión local” por el mero hecho de atenderla, de hacerle caso, en una palabra, de “cachondearla”. Enseguida contaríamos con la simpatía y quizás con el apoyo de sus representantes en el Congreso, tal vez en el Senado, y de las entidades nacionales que de alguna manera dependen de organismos locales. Sobre todo, cada vez que tuviéramos problemas de “campañas contra México” o que pretendiéramos movilizar voluntades a favor de algo –Contadora, por ejemplo– o en contra de algo (Simpson-Rodino, por ejemplo) dispondríamos de representantes conocidos en cada comunidad, que en principio gozarían de la confianza y del respeto de las fuerzas políticas y económicas locales. A veces lograrían lo que queremos, a veces no, pero siempre podrían dar la pelea y plantear nuestra posición. No es, ni mucho menos, el caso en este momento”.

Con la postulación de Ronald Johnson como embajador de Estados Unidos en México ya contamos con muchos elementos para saber más o menos qué va a suceder con el enfoque de la próxima administración norteamericana hacia México. Como ya se ha dicho en varias columnas, la designación de Johnson corresponde a un diseño: el currículum es el mensaje. No tanto porque sea un hombre de trayectoria militar y de inteligencia, ni tampoco por su conservadurismo acentuado, sino porque se trata de una idea con claras connotaciones diplomáticas.
Johnson carece por completo de experiencia en asuntos económicos, comerciales o financieros. No viene a México a eso. De la misma manera que la amenaza de Trump de imponerle aranceles de 25 por ciento a las exportaciones mexicanas a Estados Unidos no proviene de consideraciones económicas. Johnson fue propuesto porque Trump, y en particular su nuevo número dos del Departamento de Estado, Christopher Landau, quien coincidió con Johnson como embajadores y que probablemente fue sugerido por él, ven a México como un país en crisis. Un país devastado por la violencia, la corrupción, el crimen organizado, la pobreza, y una especie de Estado fallido, por lo menos en ciertas regiones de la nación. La lógica de un nombramiento de esta naturaleza es esa: es el embajador para un país centroamericanizado, en plena crisis de seguridad, y como una amenaza para Estados Unidos.
Pero Johnson arrastra otras características, que para algunos pueden ser virtudes y para otros serias adversidades con México. Como también ya se explicó en distintas notas informativas, es casado con cubanoamericana. Pero eso no es lo esencial. Johnson es parte del microcosmos de Miami, por su cónyuge, pero también por distintos cargos que tuvo, por ejemplo, en el Comando Sur. Tiene fama de ser agradable, simpático, mucho menos acartonado y fanfarrón que su predecesor inmediato, pero con convicciones ideológicas muy claras y contundentes. Esto es lo que viene.
Ahora bien, con todos estos nombramientos de Trump –Marco Rubio como secretario de Estado, Christopher Landau como subsecretario del ramo, Ronald Johnson como embajador en México, Michael Waltz como consejero de seguridad nacional, y seguramente a quienes más adelante designen como encargado de América Latina en dicho Consejo– pareciera evidente que México debe empezar ya con la estrategia que fuera para responder a los enormes retos que representa la próxima administración Trump. Los temas también ya son ampliamente conocidos: migración, crimen organizado, revisión/renegociación del T-MEC, China, Cuba y Venezuela.
Desde luego que los consulados mexicanos serán de gran importancia, así como los abogados y consultores que se puedan contratar en muchos estados de la Unión Americana. Pero lo esencial van a ser los apoyos que México pueda conseguir dentro de Estados Unidos para resistir a la embestida trumpiana. Dichos apoyos deben ser de varias índoles: desde luego republicanos y conservadores que tengan la escucha de Trump, a través de empresarios mexicanos que por una razón u otra ya disponen de vínculos estrechos con el próximo presidente estadunidense. Pero también va a ser preciso reforzar lazos con amplios sectores demócratas y progresistas en Estados Unidos, en parte para que nos compartan su análisis y su visión de lo que sucede en ese país, en parte también para fortalecer la resistencia en los márgenes: en la Cámara de Representantes, en la de Senadores, y en una gran cantidad de tribunales dentro de Estados Unidos.
Por eso resulta por lo menos perpleja la demora en nombrar al nuevo embajador de México en Washington, o a ratificar a Esteban Moctezuma, que ya se encuentra ahí. Cualquiera que sea la decisión que el gobierno de Sheinbaum tome al respecto, no parece haber motivo alguno para posponerla. Era lógico evitar cualquier nombramiento antes de las elecciones en Estados Unidos, pero ya han pasado casi seis semanas. El embajador en Washington no va a participar en las negociaciones: eso prácticamente nunca sucede. Pero es la cabeza de todo el esfuerzo de cabildeo, de difusión, de explicación, de construcción de contactos y alianzas en todo Estados Unidos. Yo preferiría a uno de los cuatro o cinco cuadros del Servicio Exterior Mexicano que hoy se encuentran en disponibilidad, o jubilados pero que fácilmente podrían volver. Pero si la desconfianza de las autoridades hacia el SEM es tan grande como parece, pues entonces que se consigan a un empresario o a un político con experiencia diplomática, pero a quien sea, lo más pronto posible. Es una pieza clave para todo lo que viene.

Desde que Calderón desató la guerra del narco en diciembre de 2006, y durante todo su sexenio, el gobierno hizo gala de capturas de capos, vivos o muertos, y de decomisos de diversas drogas. Obvio, nunca supimos si García Luna, el Ejército o la Marina, presentaban los mismos cargamentos de cocaína o de metanfetaminas repetidamente, o si quemaban los mismos paquetes varias veces. Pero se supuso que mediáticamente, el anuncio de grandes triunfos contra los cárteles, verificados con trofeos humanos o de estupefacientes –o incluso armas– permitía generar en la opinión pública, y a partir del encuentro con Bush en Mérida en 2007, en Washington, la sensación de avance en la guerra. Supimos después como terminó todo eso.
Peña Nieto perseveró en la misma guerra de Calderón, pero sin reflectores. Una decisión ingeniosa, pero que no alteraba el fondo de la ecuación guerrera, ni redujo la fuerza de los cárteles o los niveles de violencia en el país. El anuncio del “decomiso más grande de la historia” de fentanilo hace un par de días en Sinaloa debe ser valorado en este contexto, y con estos antecedentes. No puedo más que compartir el escepticismo de varios analistas, destacadamente de Sergio Sarmiento y David Saucedo, citado el jueves en Reforma.
No es evidente que el decomiso de 800 o mil 100 kilos de fentanilo y/o químicos precursores haya sido producto de un largo esfuerzo de investigación. Más bien, parece que proviene ya sea de un golpe de suerte –las autoridades perseguían a unos maleantes, y se toparon con el tesoro– o de alguna combinación de las siguientes hipótesis, varias de ellas mencionadas por los analistas citados.
Primero, a nadie sorprendería que si, como lo afirma Reforma, el acervo de fentanilo pertenecía a la facción de Los Chapitos dentro del cártel de Sinaloa, hayan sido Los Mayitos quienes los echaran de cabeza, dándole un pitazo al gobierno estatal o federal. O, como sugiere Saucedo, Los Chapitos pueden haber realizado una “entrega pactada” de la tonelada y pico de fentanilo, para reducir la presión del gobierno sobre ellos, o de Estados Unidos sobre ellos. Ya habían colgado mantas hace tiempo advirtiendo que no iban a seguir produciendo fentanilo en Culiacán: son perfectamente capaces de jugar en las ligas mayores. O, como se entendería muy bien en vista de la guerra civil que se abatió sobre Sinaloa un par de meses después de la extracción del Mayo Zambada, es posible que en la “neblina de la guerra” alguien más (¿Rocha?) haya buscado quedar bien con un bando u otro, o con el gobierno federal o con García Harfuch en particular, para obtener beneficios posteriores.
El acierto del gobierno de Claudia Sheinbaum no consistiría entonces en haber, al cabo de un largo trabajo de inteligencia desde el sexenio pasado, logrado detectar los millones de pastillas de fentanilo, sino en presentar el hallazgo como emanado de su propio esfuerzo. Mostraron mayor agilidad mediática que otros antes. Conviene, sin embargo, comprender que una cosa es engañar a la prensa mexicana o a la comentocracia nacional, o al empresariado, y otra a Estados Unidos. Es lógico que se busque la explicación del suceso en un supuesto intento de Sheinbaum de mostrarle a los norteamericanos que le está echando ganitas al asunto del fentanilo. Que se la crean, o peor aún, que Sheinbaum crea una versión de esa índole, es harina de otro costal. A estas alturas, todo es posible, incluyendo la clásica maña del colaborador de presentarle al jefe una visión color de rosa de lo que acontece en el ámbito de su responsabilidad. No tiene nada de malo tratar de manipular a los medios en México; lo malo es creerse sus propios inventos. Sale caro.

Hace mucho que México carece de una agenda propia con Estados Unidos. Existió en el gobierno de Salinas, a través de la búsqueda del TLCAN, que fue una idea original de Bush padre, pero que el mexicano captó al vuelo. Pero la hubo también, durante parte del sexenio de Fox, a través de la búsqueda de un acuerdo migratorio con Estados Unidos que legalizara a los seis millones de mexicanos sin papeles en aquel país, y ampliara los flujos futuros de migrantes mexicanos y en su caso centroamericanos. Bajo Calderón, Peña y López Obrador, la postura mexicana frente a Estados Unidos fue esencialmente reactiva, aunque Calderón buscó apoyo de Bush hijo para su guerra contra el narco, y Peña Nieto trató de vender sus reformas estructurales del Pacto por México a distintos sectores del vecino del norte.
López Obrador desde luego jamás tuvo agenda, aunque sus planteamientos abstractos en materia migratoria, a los que nunca les prestó mucha atención, encerraban cierto sentido: legalizar a los mexicanos en Estados Unidos, ampliar de manera significativa el número de visas H2A y H2B para mexicanos y centroamericanos, y canalizar recursos norteamericanos –nunca se entendió si públicos o privados, y además jamás se materializaron– para las regiones altamente generadoras de migración.
Ciertamente no es sencillo diseñar una agenda propia con Washington, y además esto toma tiempo, reflexión, estudio, nada de lo cual es muy típico de la 4T. Pero en el golpeteo día a día con Trump, y muy próximamente con todo su equipo, un instrumento indispensable para el lado mexicano va a ser el contar con un programa que no sea puramente reactivo o, si es reactivo, sea algo que nosotros proponemos en lugar de una respuesta a lo que ellos exigen.
El tema más obvio en esta materia es el migratorio. Desde principios de 2019 el gobierno de López Obrador cedió a las presiones –ciertamente aplastantes– de Trump y aceptó el estatus de Tercer País Seguro de facto, a través del sistema llamado Permanecer en México. Recibimos desde antes, y sobre todo a partir de esa fecha, a una gran cantidad de deportados de Estados Unidos que no eran mexicanos. Esto siguió durante el gobierno de Biden, aunque formalmente el nombre del esquema dejó de ser Remain in Mexico. No se aceptaban las deportaciones de todos los países involucrados, y se obtuvo hasta cierto punto un intercambio de visas provisionales para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Lo que nunca se hizo fue, como mucha gente ya lo ha dicho desde hace años, exigir la aportación de una cantidad importante de recursos para atender realmente –y no sólo extorsionar, incinerar, violar, estafar– a los migrantes que permanecían en México. El modelo era obviamente el de Turquía con la Unión Europea en 2015.
Como se recordará, en aquel momento, ante el flujo masivo de refugiados procedentes de Siria y de Afganistán, la Unión Europea entregó más de 6 mil millones de euros al gobierno de Erdogan para financiar el alojamiento, la alimentación, la educación y la salud de los casi tres millones de refugiados que arribaron a Turquía en ese momento. Por razones de machismo absurdo y de nacionalismo ramplón, López Obrador nunca quiso solicitar recursos a Estados Unidos a cambio de recibir a toda la gente que nos enviaba.
Hoy se abre la oportunidad para abandonar esa postura aberrante, y hacer lo que muchos países del Mediterráneo, además de Turquía, han ido negociando con distintos gobiernos de la Unión Europea.
En vista de que no va a ser posible resistir la amenaza de los aranceles planteados por Trump, y que efectivamente vamos a tener que aceptar un número mucho mayor de deportados de Estados Unidos; mexicanos, pero también venezolanos, nicaragüenses, salva-doreños, guatemaltecos, hondureños y ecuatorianos –probablemente los cubanos no–, tendría mucho sentido presentar la contrapropuesta mexi-cana. No será fácil, pero en todo caso un gobierno de extrema dere-cha, con mayoría republicana en ambas Cámaras, se encontrará más susceptible en Estados Unidos de aceptar un intercambio de este tipo.
La alternativa es seguir haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos en México a cambio de nada, sobre todo en dimensiones mucho mayores que antes. Los migrantes seguirán llegando a México, aunque posiblemente se haya estabilizado el flujo en nuestra frontera norte. Sheinbaum se verá obligada a desplegar un mayor número de efectivos de todas las fuerzas armadas para cazarlos, y también tendrá que recibir a un mayor número de deportados no mexicanos desde Estados Unidos. Ni siquiera menciono la necesidad de dedicar recursos a recibir a los deportados mexicanos. Por lo menos en ese caso habrá familias, comunidades, amistades, entornos que ayudarán en esa materia.
No es fácil lograr nada de esto, y se nos avecina un periodo sumamente adverso. Pero conviene disponer de propuestas no solamente reactivas ante las exigencias de Trump. Esta es una de ellas, hay muchas más.

 

Existen múltiples explicaciones de la victoria de Trump e innumerables análisis ya de lo que significa para México. No quisiera repetir lo que varios ya han escrito o dicho, ni tampoco abrumar a nadie con largos pasajes sobre estos temas. Me limito a un par de reflexiones sobre la elección misma y otro par sobre las implicaciones para nosotros.
Trump ganó, entre muchas otras razones, por el aumento en su proporción del voto hispano en general y de los varones latinos en particular. En 2016 la diferencia entre el porcentaje de votos hispanos que obtuvo Hillary Clinton y el que alcanzó Trump fue de 32 puntos; en 2020 entre Biden y Trump de 23 puntos; esta vez de sólo 12 puntos. El abultado margen de antes se esfumó. Entre los hombres latinos el cambio es aún más dramático: Trump superó a Kamala Harris por un poco más de 10 por ciento. Esta única modificación no hubiera bastado para que Trump ganara, pero contribuyó a su triunfo. ¿A qué se debe?
Abundan de nuevo las explicaciones; me limito a dos, que no son necesariamente las más importantes, pero quizás las más interesantes. Lo que en el mundo entero se llama el wokismo, en Estados Unidos ha llegado a extremos. Empezó hace tiempo ya con el movimiento Black Lives Matter, con la corriente académica del Critical Race Theory, y en general con la política identitaria que ya es dominante en ese país. En esta elección hubo múltiples manifestaciones de dicho wokismo en las posturas de los demócratas en general, y de la candidata Kamala Harris en particular, pero un spot de Trump en contra de ella por su wokismo fue, en mi opinión, de una eficacia bárbara en muchos sectores, entre otros, los hombres hispanos que, conviene recordarlo, son obviamente ciudadanos norteamericanos.
Se trata de una toma de Harris de 2019 afirmando que las cirugías transgénero para presos en Estados Unidos deben ser financiadas con el dinero de los contribuyentes. En sí mismo esto no tiene nada de extraño: era la política del primer gobierno de Trump y, por ejemplo, lo que permitió Obama en el caso de Chelsea Manning, el autor de WikiLeaks. Pero la afirmación explícita de la postura, las tomas de varios personajes trans, y el remate del spot fueron devastadores: “Harris is for they/them. Trump is for us” (Harris está con ellos/ellas. Trump está con nosotros). Resultó aberrante para los millones de norteamericanos que vieron dicho spot que un tema tan legítimo, pero a la vez tan marginal, pareciera importante para Harris.
Segunda reflexión: Los hispanos que conozco más o menos bien, a saber, los cubanos de Miami y los mexicano-americanos de Texas, se resistieron al extremo, en mi opinión, en votar por una mujer, y en particular por una mujer afroamericana. Simplemente no era algo factible. No sé si la tercera, cuarta o quinta generación de estos latinos es más o menos racista y machista que la primera. Pero me parece difícil descartar la idea de que esto sencillamente no era viable. No se entiende un cambio tan grande en la votación a favor de Trump de los hispanos, y especialmente de los varones hispanos, sin este elemento explicativo.
Veo dos peligros mayores para México en la llegada de Trump a la Casa Blanca por segunda vez. El primero es que, a diferencia de 2017, la amenaza de deportaciones masivas en esta ocasión, sin excluir a los mexicanos sin papeles en Estados Unidos, va a incluir a una gran cantidad de nacionales oriundos de otros países, pero que desde hace años nos obligan en México a recibir. Biden le extendió el estatuto TPS a medio millón de venezolanos, y a través de las visas bajo perdón humanitario, a más de un millón de cubanos, haitianos, nicaragüenses y también venezolanos. Una gran cantidad de salvadoreños, guatemaltecos y hondureños también han llegado a Estados Unidos durante los últimos ocho años. Por decreto presidencial, Trump puede cancelar el TPS y el humanitarian parole, para más de un millón y medio de ciudadanos de otros países, pero que difícilmente pueden ser deportados a sus propios países. Lo serán, en todo caso, a México. Peña Nieto y López Obrador se vieron obligados a aceptar bajo distintas fórmulas estas depor-taciones, que ningún país normal admite. Sheinbaum probable-mente haga lo mismo, pero las dimensiones del fenómeno son muy diferentes.
Segundo peligro: El tema chino. Trump –al igual en parte que Biden– se ha manifestado repetidamente contra la utilización de territorio mexicano para la triangulación de exportaciones procedentes de China, y en menor medida –porque aún no es realmente el caso– de inversiones chinas en México para producir bienes que sean exportados a Estados Unidos, principalmente automó-viles. No hay nada que permita ni que impida esta exigencia norteamericana. Es simplemente un asunto de correlación de fuerzas.
En un mundo ideal, México recibiría con los brazos abiertos cualquier inversión china –hay muy poca hasta ahora, a pesar de los esfuerzos ya de dos sexenios– y Estados Unidos no vería con malos ojos –ni aprobaría tampoco– dichas inversiones. En el mundo real de hoy, le estará exigiendo al gobierno de México que no autorice inversiones chinas que puedan generar decenas de miles de empleos en distintas partes de México. Ni podemos aceptar tal imposición, ni estamos en condiciones de rechazarla: los instrumentos de presión de Trump contra México son demasiado peligrosos y eficaces. Cuando leo o escucho a voceros empresariales mexicanos decir que no vamos a ser víctimas del conflicto entre China y Estados Unidos, sino más bien beneficiarios del mismo, me pregunto en qué planeta viven.