Sigue la discusión suscitada por la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, y como es lógico, siguen los puntos de vista encontrados. Los partidarios del régimen insisten en los aspectos positivos –innegables– de la encuesta y, sobre todo, de la evolución entre 2020 y 2022 y, en menor medida, entre 2018 y 2022. Los críticos de la 4T aducen argumentos y datos que, si bien no anulan ni neutralizan los elementos subrayados por los simpatizantes de López Obrador, sí los relativizan o los contradicen en algunos aspectos. Yo quisiera detenerme en un aspecto en particular que mencioné hace unos días. Viene a colación el magnífico ensayo de Santiago Levy y Luis Felipe López-Calva, publicado en la edición impresa de agosto de Nexos, y en una versión más desarrollada, en formato online.
Como muchos han señalado, el ingreso promedio de los hogares mexicanos no se modificó entre 2016 y 2022, se mantuvo en 63 mil pesos trimestrales en pesos constantes de 2022. Aquí hay dos elementos significativos. El primero es la rigidez de las cifras. El segundo es la terrible mediocridad del ingreso en términos absolutos: 63 mil pesos al trimestre son 250 mil al año, para un hogar de 3.5 personas, significa 20 mil al mes o 6 mil y pico por persona. Son, por cierto, los famosos 6 mil de Ernesto Cordero en 2012.
La gran pregunta es, entonces ¿por qué no aumenta el ingreso de los mexicanos? O, en términos de Levy y de López-Calva ¿qué falló entre 1990 y 2018 en cuanto al proyecto neoliberal, o salinista, o modernizador de crecimiento en una economía abierta, con conclusión y con modernidad? Levy y López-Calva, en la versión larga de su ensayo, revisan diversas hipótesis como la falta de inversión, la mala calidad de la educación, la desigualdad entre norte y sur del país, y algunas más, pero concluyen que si bien cada una de estas explicaciones encierra algunos elementos de verdad, no son concluyentes. Su conclusión altera incluso la secuencia causal de otra explicación más socorrida, la de la baja productividad. Es un hecho que la productividad total de factores en México a lo largo de los últimos cuarenta años ha aumentado sólo de manera marginal y que eso incide mucho en el magro crecimiento. Pero la razón de ese incremento mínimo, según Levy y López-Calva radica en las dimensiones del sector informal de la economía mexicana, del mercado laboral, de las leyes laborales y de protección social, y del régimen fiscal.
Este no es el lugar para describir con mayor precisión la argumentación sofisticada y compleja de Levy y de López-Calva. Basta decir que si 60 por ciento de la población está ocupada en el sector informal de la economía, y 50 por ciento de esta última se encuentra en situación informal, es lógico que la productividad sea también baja y que no crezca, de la misma manera que es muy explicable entonces por qué los ingresos mexicanos no crecen, y no crecerán mientras exista este obstáculo por ahora insuperable ante una mejora significativa en el nivel de vida de los mexicanos.
Lo que conviene también subrayar, que Levy y López-Calva enfatizan, es que no ha habido ningún cambio importante en el enfoque de la 4T y el de los cinco gobiernos anteriores en lo que se refiere a este reto, el más importante de todos. No ha habido nada en la caja de herramientas del gobierno de López Obrador que sea distinto a lo que había en las respectivas cajas de Peña Nieto, Calderón, Fox, Zedillo, e incluso Salinas, para atender este enorme desafío de la informalidad. López Obrador y su equipo han hecho exactamente lo mismo, es decir nada, para realmente atacar este freno al crecimiento mexicano.
Quizás la discusión sobre los datos de la ENIGH podría centrarse un poco más en este aspecto, que hasta cierto punto es menos polarizante. Ni los gobiernos neoliberales –según la 4T– ni López Obrador han logrado mejorar el ingreso promedio de los mexicanos. Otros gobiernos, junto con el de López Obrador, pudieron lograr incrementos en los ingresos de los más pobres, y no es poca cosa, pero no es tampoco algo permanente ni transformador de los grandes rasgos de la sociedad mexicana. La ENIGH y la campaña presidencial podrían ser una ocasión propicia para enfrentar este dilema, que es el dilema del crecimiento mexicano, que es el verdadero mexican dilemma (dixit Raymond Vernon).

 

El proceso de judicialización de una ofensiva política contra Xóchitl Gálvez, descrito minuciosamente por Aguilar Camín anteayer en Milenio, incluye un corolario indispensable. A diferencia de Rosario Robles, de Ricardo Anaya, de Jorge Lavalle y otros, Gálvez tiene fuero.
Para destruir a Gálvez, o en todo caso para derrumbar su posible candidatura a la presidencia, López Obrador cuenta con muchos instrumentos. Abundan ya, y proliferarán, los insultos, las mentiras, el acoso, las filtraciones, y todo aquello a lo que nos ha acostumbrado la 4T en sus pleitos con adversarios. Pero es posible, incluso probable, que no baste para descarrilar una candidatura con ángel, por lo menos hasta ahora. Por ello viene la judicialización.
Esta se traduce en dos denuncias penales, una ante la Fiscalía General de la República, otra ante la Fiscalía de la Cdmx. Ya se han descrito ampliamente, pero las implicaciones jurídicas en el caso particular de Gálvez se han comentado con menor detalle. Para vincularla a proceso, una vez formalizada la denuncia ante el Ministerio Público y un juez, primero debe realizarse un juicio de procedencia en la Cámara de Diputados. Este se consuma por mayoría simple de los presentes, mayoría de la que dispone Morena. No es automática. Primero el tema se ventila en la Sección Instructora, una instancia compuesta por cuatro diputados, caso por caso. Hoy en día, oposición y Morena se encuentran empatadas: dos y dos. Pero en la Comisión de la Cámara que elige a los integrantes de la instructora, Morena cuenta con mayoría, lo cual le permite designar a una nueva Sección Instructora para Gálvez, con tres morenistas versus un opositor. Con esa correlación de fuerzas, López Obrador lograría enviar la moción de desafuero al pleno, y allí se podría aprobar.
Ahora bien, hecho eso, Xóchitl sería citada por un juez, y el MP solicitaría la vinculación a proceso. De ser otorgada, resultaría suficiente para suspender sus derechos políticos, e inhabilitarla como candidata. No es necesaria ni el auto de formal prisión, ni mucho menos la sentencia, para ello. Con la simple vinculación a proceso basta, como lo señala el artículo 38 (párrafo II) de la Constitución, en una de sus posibles interpretaciones.
Ciertamente, ella se puede amparar, solicitando, por así decirlo, la suspensión de la suspensión. Y la gestión puede prosperar, ya que existen precedentes a favor (y también en contra). Posiblemente el asunto se dirimiría en la Suprema Corte, donde las circunstancias actuales se antojan favorables a un fallo que ponga fin a un atropello de esta magnitud. Pero nunca se sabe, y la distracción y el estrés que todo esto le traería a Xóchitl resultarían tal vez suficientes para neutralizar su candidatura.
¿Que López Obrador jamás se atreverá a ir tan lejos? ¿Que la reacción de la sociedad civil, del empresariado, de Estados Unidos, sería gigantesca? ¿Que la maniobra no prosperaría en los tribunales? ¿Que AMLO no tiene necesidad de recurrir a tanta perversidad, dada la enorme ventaja que Sheinbaum ya tiene en las encuestas? ¿Que se le revertiría el “compló” y sólo fortalecería a su contrincante? ¿Really? Yo creo que nunca hay que subestimar la maldad de López Obrador, ni su absoluta obcecación por no perder la continuidad de su proyecto (cualquiera que este sea).
No se necesita creer que Xóchitl va a ganar –no existen las condiciones hoy que lo sustenten– para entender que López Obrador se espantó. Él dispone de encuestas serias, casi cotidianas, que seguramente muestran la tendencia, no la foto fija. Sabe que si no la derriba pronto, después puede ser demasiado tarde. Prefiere hacerlo con una ofensiva puramente verbal, de redes, de chismes. Pero la judicialización es un arma demasiado potente para dejarla a un lado. Va con todo. Conste.

Las quejas y críticas de múltiples protagonistas y comentócratas al método aprobado por los partidos de oposición y los grupos de la sociedad civil se centran en un tema: demasiada influencia de los partidos, escasa presencia de los ciudadanos. No estoy seguro que tengan razón Lilly Téllez, Germán Martínez, Sergio Aguayo, editorialistas de Milenio y El Financiero, y muchos más, pero no dudo de su buena fe. Sin embargo, siento que hay un mal entendido en sus reclamos, y sobre todo en los de mucha gente de a pie sinceramente hastiada por uno u otro de los partidos de oposición.
Fue justamente para permitir la participación de ciudadanos en los procesos electorales sin pasar por el filtro de los partidos que muchos luchamos durante años por las candidaturas independientes. No fue culpa nuestra, ni de los ciudadanos, que la legislación de 2013-2014 haya sido terriblemente restrictiva, ni que algunas experiencias (El Bronco) hayan resultado desastrosas. Tampoco es culpa del concepto que en 2018 el desenlace fuera lamentable: uno cayó al bote por utilizar recursos públicos para juntar un número imposible de firmas, otro declinó al comprobar que no había manera de juntarlas sin trampas, y de la otra mejor ni hablamos.
Lilly Téllez y Germán Martínez, más los que se acumulen en estos días por no sentirse cómodos con el método resuelto, pueden presentarse como candidatos independientes (Germán, valiente y rápidamente apoyó a Xóchitl). El millón de firmas es más difícil de obtener que 150 mil, obviamente, pero hay más tiempo, y más recursos. El camino que tratamos de abrir nunca fue para sustituir a los partidos, sino para darle al electorado la opción de una alternativa, si le repugnan los partidos existentes. Asimismo, muchos han abogado a favor de un procedimiento mucho más sencillo y accesible para formar un partido, y a la vez dotarlo de un umbral más elevado para lograr representación legislativa y financiamiento público devuelto después de una elección. ¡Aviéntense!
Quienes acepten el método adoptado y se inscriban en el proceso –hasta ahora, si entiendo bien, Beatriz Paredes, Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid, Santiago Creel, José Ángel Gurría, Claudia Ruiz Massieu entre otros– enfrentan sus propios retos. Más allá de los detalles que por ahora pertenecen a una negociación de éxito, pero inconclusa, los candidatos que se queden en el camino –por definición serán todos, salvo tres– deberán pensar con mucho cuidado a favor de quien se pronuncian. La amistad, la lealtad de partido, el género, la convergencia ideológica, constituirán indudablemente criterios importantes. Pero la competitividad, es decir, la capacidad de ganar, podría ser un factor determinante. Insisto en lo que afirmé aquí hace unos días: por ahora, y subrayo, como Hugo Chávez en 1992, por ahora, me parece que los tres finalistas serán De la Madrid, Creel y Xóchitl. Si el padrón lo componen los millón y medio de mexicanos que habrán firmado por la totalidad de los aspirantes, y las firmas de cada uno de los tres permanecen en el bando de sus preferidos, habrá alrededor de un millón de votantes no comprometidos en la primaria. A menos de que se pueda uno inscribir para votar, sin haber firmado; no lo sé. Si Creel y Xóchitl se disputan y se dividen los votos de inclinación panista, De la Madrid tiene buenas posibilidades de ganar la votación y la encuesta (entre población abierta). Creo saber que Enrique así ve las cosas.
Por último, una nota sobre Morena. Salvo la encuesta outlier de GEA, todas las demás (El Financiero, De las Heras, Buendía) dan una amplia ventaja a Sheinbaum sobre Ebrard. Pero, sobre todo, a casi dos semanas de iniciado el proceso de Morena, la aguja no parece moverse. Dirán unos que entre un robot de Corea del Norte y un imitador de López Obrador con relojes que me dan una enorme envidia (mi padre tuvo siempre un Patek Philippe, que “nunca es del todo suyo… suyo es el placer de custodiarlo hasta la siguiente generación”), no está fácil que se mueva. Aunque el Lord Relojes haría bien en preocuparse por Fernández Noroña, que le está pisando los talones.

 

Se entiende que la oposición, excluyendo a Movimiento Ciudadano, esté preocupada por la manera en que escogerá a su candidato o candidata a la presidencia. Frente al descarado dedazo de López Obrador en Morena, y ante la imposibilidad jurídica y logística, y probablemente política, de organizar verdaderas primarias con o sin el INE, los tres partidos y los grupos de la sociedad civil que dialogan con ellos busquen fórmulas intermedias que cumplan con una serie de requisitos en ocasiones contradictorios, si no incompatibles.
Se entiende también que las conversaciones entre todos ellos han transcurrido a lo largo de meses, durante los cuales, como dijo Jorge Suárez Vélez ayer en Reforma, las circunstancias han ido cambiando paulatinamente. Me parece que quien quiera criticar la solución que finalmente encuentren partidos y activistas, académicos y expertos para cuadrar el círculo, debe tomar en cuenta que ellos, o todos, se encuentran o nos encontramos, ante un dilema sin fácil solución. Este es un buen punto de partida para analizar lo que en principio se va a anunciar este lunes.
La lógica de la oposición radica en una premisa: el método debe legitimar la candidatura. Hasta cierto punto tiene razón. En ausencia de primarias institucionales, como en Estados Unidos, Argentina o Chile, y en vista de un relativo empate entre todas las candidaturas que se habían presentado hasta hace poco, donde la mayoría son excelentes figuras políticas, pero ninguna despuntaba, reviste enorme importancia el disponer de un método no sólo que contraste con el de Morena, sino que intrínsecamente sea democrático, transparente, vendible y factible. Hasta aquí es difícil reclamarle mucho a esta posición.
Pero si el método puede legitimar una candidatura, la inversa también puede ser válida. En distintos momentos, y en distintos países, diversas candidaturas han legitimado métodos que podrían haber parecido poco democráticos, transparentes, vendibles y factibles. En distintas coyunturas, en distintos momentos y países, personalidades de gran valor histórico, o de situaciones institucionales particulares, han competido por la presidencia de sus respectivos países y nadie ha cuestionado el método gracias al cual contendieron. Un ejemplo evidente es el que vemos hoy en el Partido Demócrata de Estados Unidos, el candidato será el presidente saliente, Joe Biden, porque es el presidente saliente. Y porque nadie, salvo Robert Kennedy Jr., con posiciones aberrantes, se propone retarlo en primarias que, o bien no tendrán lugar, o carecerán por completo de interés y de participación. La candidatura de Biden legitimará el método, que en el fondo será por aclamación. Esto ha sucedido –repito– en otros casos, pero también ha acontecido en México.
En 1999, cuando Vicente Fox llevaba ya casi dos años de haber lanzado su candidatura a la presidencia, el PAN vio, quizás con algún desconcierto, cómo otros posibles aspirantes, como Diego Fernández de Cevallos, Carlos Medina Plascencia y Carlos Castillo Peraza, entre otros, declinaron conforme comprobaban que Fox se volvía poco a poco imbatible. Fox, en los hechos, fue postulado por el PAN por aclamación. El método era discutible, sobre todo en un partido que ya había celebrado contiendas internas para sus puestos de elección popular. Pero la candidatura de Fox fue tan eficaz, tan potente, y sobre todo tan exitosa, que fue ella la que legitimó un método que muchos hubieran podido haber cuestionado. Esto es lo que quizás los partidos de oposición y los grupos de la sociedad civil debieran hoy ir contemplando. Si encuentran una candidatura competitiva y consensual –e insisto en los dos atributos: sin ambos no funciona– esa candidatura puede terminar por legitimar prácticamente cualquier método.
Los tiempos son complicados. Antes del 5 de septiembre, cuando inicia el proceso electoral, la ausencia de regulación permite la simulación en la que ha incurrido Morena y todos sus candidatos. Es una buena razón para que la oposición se apresure. Pero disputarle los reflectores a Morena durante estos dos meses y medio, cuando el gobierno y su partido disponen de recursos ilimitados para visibilizar su contienda interna, puede parecer temerario. Hay una lógica para esperar hasta septiembre y, cuando Morena termine, la oposición arranque. Salvo que se habrán perdido setenta y pico de días frente a López Obrador. De nuevo, no hay buena solución. Por cierto, si alguien tiene un método genial que cumpla con todos los requisitos que se han mencionado aquí y en otras partes, sería muy bueno conocerlo. No parece haber surgido en una infinidad de discusiones, aunque desde luego varias propuestas son particularmente ingeniosas e innovadoras. Ojalá sean tomadas en cuenta.

 

Jorge G. Castañeda  

El pasado miércoles se cumplió un año de haber comenzado un movimiento ciudadano que, ante los diferentes retos que enfrenta el país y la persistencia de sus problemas, decidimos llamar Ideas del Cambio. Esta iniciativa responde a las inquietudes de mucha gente que, fuera de las estructuras políticas tradicionales y sin pertenecer necesariamente a una corriente particular, siente la necesidad de participar en un proyecto que, tras el análisis de las diferentes alternativas, plantea los conceptos y los principios sobre los cuales se podría construir una nueva realidad nacional. Se trata, por lo tanto, de una propuesta esencialmente ciudadana en el mejor sentido de la palabra, a saber, de una iniciativa emprendida por personas que, al margen de cualquier oficialismo, pretenden simplemente ejercer sus derechos y dar cauce a sus propuestas luego de observar el agotamiento de las estructuras políticas tradicionales.

A lo largo de estos 365 días me he dedicado a viajar por todo el país para promover precisamente esas ideas del cambio. Me he reunido así con habitantes de colonias populares, mujeres, pequeños y grandes empresarios, estudiantes, obreros, migrantes y campesinos; he realizado 45 giras y visitado 42 ciudades en 31 estados de la República; en el Distrito Federal he realizado 28 encuentros ciudadanos en las delegaciones de Iztapalapa, Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc.

En estas reuniones de análisis y discusión han participado cerca de 80 mil personas, en 46 foros realizados en universidades, 53 reuniones con empresarios, 35 con mujeres, 26 con dirigentes populares, 28 con intelectuales y cinco con migrantes. Realizamos 12 foros ciudadanos e impartí igualmente 20 conferencias magistrales. Todo esto nos lleva a un total de 225 encuentros.

Ha sido una actividad ciertamente agotadora pero con buenos resultados. Los ciudadanos han reaccionado favorablemente al ofrecimiento de propuestas concretas y al planteamiento de ideas nuevas.                           El debate planteado ha logrado trascender una coyuntura política marcada mayormente por lo anecdótico, las especulaciones prematuras y, sobre todo, la ausencia de contenidos. Las ideas del cambio, en efecto, constituyen un principio de agenda nacional que, de manera deliberada, hemos reducido a algunos temas esenciales porque –lo he dicho varias veces– cuando se intenta resolverlo todo se termina no arreglando prácticamente nada.

Es fundamental, para empezar, que en México logremos instaurar una verdadera seguridad jurídica para las personas, los bienes y las transacciones. Mientras un ciudadano no pueda salir a caminar tranquilamente por la calle, mientras el dueño de un terreno no esté seguro de que nadie se lo va a quitar o a expropiar, mientras un pequeño empresario no sepa que el contrato que firmó con un proveedor se va a cumplir, este país no contará con las condiciones necesarias para tener el crecimiento económico que requiere y crear los empleos que reclaman los mexicanos. De manera paralela, es necesario emprender una revolución educativa para lograr que los mexicanos tengan un verdadero acceso al mundo de la información y que participen activamente en la sociedad del futuro. Con el fin de alcanzar estos propósitos –acompañados de propuestas concretas como la celebración de juicios orales, la ampliación de la jornada escolar o la unificación de los diferentes Códigos Penales– he planteado que se lleve a cabo una reforma institucional en nuestro país (que, a su vez, con medidas como la reelección de diputados y senadores, el establecimiento de una segunda vuelta en las elecciones presidenciales y legislativas, la instauración del plebiscito o la creación de la figura de un primer ministro, propiciaría la eventual viabilidad de esas reformas estructurales actualmente empantanadas en el Congreso) y, en lo que se refiere a la necesaria financiación de estos proyectos, que explotemos de manera                           racional nuestros recursos petroleros.

Los anteriores puntos han sido expuestos en los diferentes encuentros realizados en todo el país y lo menos que puedo decir es que la respuesta ciudadana a estos planteamientos ha sido muy positiva. Mas aún, los resultados trascienden claramente mi impresión personal de las cosas –necesariamente                           subjetiva– y comienzan a reflejarse en cifras proporcionadas por varias encuestas, en especial las que dos importantes medios de comunicación publicaron recientemente. Naturalmente, la actual coyuntura política ha llevado a situar dichos resultados dentro de la contienda electoral del 2006 y en comparación con otros posibles candidatos. Pero, de cualquier manera, nos encontramos frente a una clara expresión de aceptación pública considerando además que Ideas del Cambio es un movimiento substancialmente ciudadano que no opera con los fondos públicos destinados por ley a los partidos políticos.

La semana pasada, CNI                           Canal 40 dio a conocer un sondeo de GEA-ISA en el que la población nos asigna 6 por ciento de la intención de voto. Y, en la encuesta publicada el pasado lunes por el diario Reforma, partiendo de que los candidatos participantes fueran Santiago Creel, Roberto Madrazo y Andrés Manuel López Obrador, aparece formulada la siguiente pregunta: “¿Qué pasaría si esos tres posibles candidatos enfrentaran también a un cuarto aspirante? La encuesta revela que el apoyo de alrededor de 6 por ciento para Jorge G. Castañeda le restaría votos a los candidatos del PAN y del PRI, pero no afectaría al actual jefe de Gobierno capitalino. Además, la encuesta también indica que el apoyo a Castañeda “se duplicó en los últimos tres meses (antes era de 3 por ciento), atrayendo apoyos del electorado independiente”. Los resultados de esta encuesta realizada por Reforma son especialmente significativos porque la información no fue obtenida por vía telefónica sino que fue levantada en vivienda, siendo que la mayor parte de nuestros esfuerzos, en esta primera etapa, se habían dirigido más bien a la población que dispone de un teléfono en casa.

A la vista de esta respuesta ciudadana, que he encontrado luego de doce meses de actividad, tomaré en un futuro no demasiado lejano la decisión sobre la posibilidad de que este movimiento ciudadano deba, en efecto, ser parte del proceso electoral del 2006. Será un reto mayor, pero los resultados obtenidos, luego de un año de activismo, permiten augurar un escenario propicio donde, por lo pronto (y ésa será realmente la circunstancia condicionante), vamos a ofrecer una competencia efectiva y una alternativa ciudadana real.