Considera el CCE que la reforma a la ley minera es contraria al desarrollo del país

Agencia Reforma

Ciudad de México

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) alertó por dos iniciativas presentadas por el Ejecutivo al ser contrarias a la Constitución y a tratados comerciales como el T-MEC.
Se trata del conjunto de reformas a diversas leyes en materia administrativa que se vinculan tanto a contrataciones en el rubro de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, así como el paquete de reformas en materia minera.
El organismo empresarial pidió que se abra una discusión en la Cámara de Diputados que los incluya.
“Manifestamos que las iniciativas presentadas contienen normas contrarias al marco constitucional, tratados internacionales como el T-MEC y otros instrumentos comerciales, y que incluso, atentan contra las libertades individuales y los derechos humanos”, dijo en un comunicado.
Sobre la reforma a Ley Minera, comentó que va en sentido contrario a lo que se requiere para impulsar el mayor desarrollo de esta industria y de la infraestructura pública, en perjuicio del país.
“Nuestra posición se sustenta en análisis jurídicos y técnicos de especialistas de nuestros organismos, en experiencias que como actores, hemos tenido en ambos campos de la vida económica y en escenarios por venir tanto en materia de extracción minera, así como de la infraestructura que México necesita”, expuso.
Por su parte, S&P Global Market Intelligence afirmó que a aprobación de ambos proyectos implicarán un impacto negativo en la seguridad jurídica de las empresas.
“El uso discrecional por parte del gobierno de las nuevas herramientas legales propuestas con fines políticos implicaría un aumento significativo en la incertidumbre contractual y es probable que dicho riesgo se extienda más allá del mandato presidencial actual de seis años en México”, refirió.

 

Tres sorpresas (no Tres regalos de Los Diamantes)

Tengo la impresión de que el nuevo gobierno resolvió, hace varios meses, evitar a toda costa cualquier dificultad internacional en sus primeros meses o incluso años, para concentrarse en su agenda interna. Con algo de razón: ni al presidente le interesan los temas externos, ni son fáciles de entender para su base electoral y militante, ni repercuten de manera directa en el bienestar de la inmensa mayoría de la gente. No era una decisión, o un deseo, absurdos.
Sí resultaron deseos ilusos, ingenuos o fútiles. Ni siquiera mencionaré el desplome de la bolsa de Nueva York ayer, ni la inminente y repetida alza de la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Me limitaré a hablar de tres retos de gran magnitud que hoy debe enfrentar López Obrador, y que nadie hubiera previsto hace un par de meses.
El primero ya lo hemos mencionado en estas páginas: la caravana de hondureños, que llevó al Secretary-Designate de Relaciones Exteriores (como lo tituló el Departamento de Estado el domingo) a viajar a Washington el primer día del nuevo gobierno, en un “bomberazo” evidente y necesario. Pienso que el nuevo gobierno se verá obligado a aceptar algún tipo de arreglo de hacerse cargo de los centroamericanos, y de sellar, hasta donde sea posible, la frontera sur o el Istmo de Tehuantepec, y que por supuesto buscará disimular sus concesiones, probablemente inevitables, a Trump. Pero evitar un enfrentamiento costará más de lo previsto, y esperado.
Segunda sorpresa: las dificultades del nuevo TLCAN o T-MEC. Trump anunció de regreso de Buenos Aires a Washington que pensaba invocar el artículo 2205 del viejo tratado, y echar a andar el reloj de seis meses de salida del acuerdo. Lo hizo con una “buena” intención, a saber, amenazar a los Demócratas en la Cámara de Representantes –mayoritarios a partir de enero– que si no aprobaban el USMCA (las siglas en inglés), Estados Unidos se quedaría sin nada: ni el TLCAN, ni el T-MEC.
Solo que recurrir a una amenaza “termonuclear”, es decir, de vida o muerte, o cara o corona, revela una preocupación real. Trump debe pensar (es un decir) que las dificultades venideras con una mayoría opositora en la Cámara baja pueden dar al traste con la aprobación. De allí su recurso a un chantaje hábil, pero basado en la incertidumbre. De creer que la ratificación constituía un asunto resuelto, no hubiera recurrido a un arma tan peligrosa. Y ahora López Obrador deberá dedicar muchos recursos, una buena dosis de capital político, y sobre todo una gran cantidad de concesiones adicionales, al cabildeo en Washington para lograr una aprobación más complicada de lo que muchos vaticinaban.
Tercero, el dilema de los bonos aeroportuarios. La gente de AMLO hizo bien la tarea, y se adelantó a las demandas que algunos tenedores de MEXCAT o Texcoco podrían interponer por la cancelación del NAIM. La propuesta de recompra de bonos o de consentimiento al traslado a Santa Lucía es inteligente y viable. El precio –95 centavos por dólar reales, si se opta por esta vía pronto, o un premio también si se otorga el puro consentimiento– es razonable. Pero lo último que deseaban los financieros del nuevo equipo era tener que lidiar con fondos “buitre”, que contratar al carísimo bufete de abogados Cleary en Nueva York, o estar pendientes de la aceptación –o del rechazo– de su oferta, por parte de los tenedores originales de bonos. La operación puede salir bien –creo que así será– pero va a costar. Costar dinero, esfuerzo, tiempo y angustia.
Nada de esto debe sorprender. Así son las cosas. Zedillo no se imaginó jamás que tres semanas después de su toma de protesta le reventaría la economía y México caería en una de las peores crisis económicas de su historia. Fox nunca pensó que a los nueve meses de haber iniciado su sexenio se produciría el ataque a las Torres Gemelas. Salinas no pudo prever que al año del arranque de su gobierno, caería el muro de Berlín y desaparecería el bloque socialista. Pero AMLO se ve obligado hoy a lidiar con tres sorpresas, o acontecimientos imprevistos e imprevisibles, que ocuparán el principio de su mandato. Pues sí.