Pues no hubo crisis constitucional. La ponencia de González Alcántara, a pesar de su inútil búsqueda de un iluso acuerdo con el gobierno, no logró el apoyo de los ocho ministros necesarios. Apoyo que representaba la única justificación de su existencia. En la votación de procedimiento, donde se jugó el fondo, a saber, si se requerían seis u ocho votos para resolver la inconstitucionalidad, el bloque opositor perdió dos votos más, adicionales al que perdió en la votación de procedencia. Se puede discutir si la responsabilidad de la derrota opositora recae solo en Pérez Dayán, o también en Aguilar y Pardo Rebolledo. Pero, en cualquier caso, al final de cuentas, la Corte no pudo/no quiso/no se atrevió a desechar por inconstitucional una reforma al Poder Judicial que elimina la independencia del mismo. Lo siento por todos aquellos que esperaban un guiño de la presidenta en dirección de los ministros, señalando su acuerdo con el acuerdo. Y lo siento también por aquellos que no han entendido que este gobierno, al igual que el anterior, no juega a perder. Va con todo, por todo.
Ahora no solo tenemos reforma judicial, sino también “supremacía” que, como tantos lo han dicho, permite hasta el infinito. Ya no existe, aun sin las modificaciones iniciales al Artículo 1 de la Constitución, límite al alcance reformador del Congreso. No se puede descartar, por cierto, que para disipar cualquier ambigüedad, pronto se reintroduzca una nueva versión que supedite los tratados internacionales a la Constitución. Quienes piensan que en México no somos capaces de aprobar leyes o modificaciones constitucionales que violen derechos fundamentales desconocen la historia de otras violaciones de dichos derechos, en otros países y en otros momentos.
¿Por qué no resistió la Corte? Difícil saber, ya que se trata no solo de una institución, sino también de las personas que la conforman. Ya vimos que en otras instancias –el Consejo del INE, el Tribunal Electoral, el Senado– hay pocos héroes, como es natural en un país donde no hay muchos. Es cierto que en México, desde tiempos inmemoriales, si uno no tiene cola que le pisen, de todas maneras le inventan una. Pero es más fácil doblar a alguien cuando sí la tiene, y es preferible, teniéndola, declinar ciertos cargos. El hecho es que ayer concluyó la larga lucha de López Obrador por conquistar al Poder Judicial, que empezó con la renuncia forzada de Eduardo Medina Mora. La victoria es completa.
Las consecuencias para la democracia mexicana probablemente sean más graves que para la justicia. Esta última seguirá siendo igual de defectuosa, lenta, corrupta y elitista que antes; en otras palabras, no cambiará gran cosa. Pero el último muro de contención al poder absoluto que era la Suprema Corte sí se derrumba. No sufre tanto la justicia como la democracia. Los partidarios de esta reforma, o todos aquellos que guardaron silencio ante ella, podrán conformarse o resignarse con varios razonamientos. Era inevitable, desde que la oposición no supo evitar las mayorías calificadas de Morena. No es tan grave, Estados Unidos evitará que nos volvamos Venezuela. La reforma judicial es el tributo que Claudia Sheinbaum se vio obligada a entregarle a López Obrador para llegar al poder; a partir de ahora ya será la técnica, moderada, sensata y conciliadora que siempre fue. Con la puesta en práctica de la mecánica, de los Comités de Evaluación, de los centristas del gobierno, no habrá puros juzgadores morenistas. Puras tonterías. Pero el fallo de la Corte posee una ventaja: la reforma es de ellos, enterita.
México no se acaba con una aberración; aguanta un piano. Pero sí le estamos cargando la mano. Sobre todo, estamos condenando al país a otro largo rato de mediocridad, en casi todos los frentes. Y eso es una lástima, principalmente para los más afectados: los pobres, por los que tanto reza Morena.

Se entrevén tres desenlaces posibles ante el connato de crisis constitucional en la que el gobierno y su mayoría en el Congreso han hundido al país. El martes que viene, el mismo día en que los norteamericanos elegirán tal vez a Donald Trump como presidente por segunda vez, la Suprema Corte en México deliberará sobre la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. Claudia Sheinbaum decidirá entonces si acata el fallo de la Corte, o no.
El primer desenlace posible es improbable. La Corte votaría en contra de la ponencia del ministro González Alcántara, o no habría ocho votos para decretar la inconstitucionalidad de la reforma judicial. Al contrario: se afirmaría la constitucionalidad de la misma, y desaparecería el conflicto entre el Poder Judicial y los otros dos poderes. El gobierno habría visto pasar la bala de cerca, pero nada más. Yo pensé hace algunas semanas que esta hipótesis era la más verosímil, pero parece que no será el caso.
La segunda posibilidad radica en la aprobación por ocho votos de la ponencia de González Alcántara, es decir, de invalidar la elección por el sufragio universal de los jueces y magistrados de todo el país, aceptando la de los ministros de la Corte y del nuevo Tribunal de Disciplina. No comparto varias de las tesis que justifican el contenido de dicha ponencia, pero si resulta que se trataba de la única posibilidad de lograr el acuerdo del bloque de ocho ministros, ni hablar. En este caso, después del fallo de la Corte, el Ejecutivo se allanaría a la propuesta salomónica de González Alcántara y todo quedaría por la paz. Me parece altamente improbable este escenario. Los gobiernos de la 4T no reculan, y Sheinbaum no retrocederá sobre esta reforma (ni sobre las demás del famoso Plan C).
El tercer resultado hipotético consiste en la misma aprobación de la ponencia de invalidación parcial, acompañada del desacato por parte del gobierno y de Morena. La 4T sostendría que la Corte carece de la facultad o competencia de pronunciarse sobre la constitucionalidad de reformas constitucionales, tanto antes como después de la aprobación de la “supremacía constitucional”. Aprobación que en todo caso incluye un transitorio de virtual retroactividad, inhabilitando a la actual Corte para tomar cualquier decisión de esta naturaleza.
Este desenlace, que considero el más viable, hundiría al país en una crisis constitucional y de litigios infinitos. El Ejecutivo se encontraría en franco desacato de un fallo del Poder Judicial; ocho de once ministros con la renuncia presentada habrían revertido una modificación constitucional debidamente aprobada; el oso internacional se antojaría mayúsculo.
Pero sobre todo, a partir de junio de 2025, cuando serán electos –ilegalmente, según la Corte– centenares de jueces y magistrados, se producirá un verdadero tsunami de amparos ante cualquier decisión, fallo o sentencia de los nuevos integrantes del Poder Judicial. Los abogados de todos los “perdedores” en todos los juicios en los cuales participó un “nuevo” juzgador, alegarán que éste último no tiene facultades para emitir fallo alguno, ya que su existencia misma fue declarada ilegal por la Suprema Corte. A la larga, los amparos se caerán, por una razón u otra, pero mientras, reinará un caos jurídico en el país.
No tiene mucho sentido preguntarse si el nuevo gobierno debió haber evitado semejante calamidad política, jurídica y económica, en víspera de la revisión del T-MEC. Desde el 5 de febrero, cuando López Obrador presentó sus reformas del Plan C, era evidente que si Morena lograba, por angas o por mangas, una mayoría calificada en ambas cámaras, no habría negociación o marcha atrás alguna. Ya veremos si se trata de un proceder que se repetirá a propósito de todas las reformas del Plan C, o sólo de esta. Pero de ésta, no creo que pueda haber duda alguna. Como decía la canción de Carlos Puebla, “la Reforma Agraria va, de todas maneras va”. O como le preguntó Castro a Cienfuegos: “¿Voy bien Camilo?”. Para que respondiera: “Vas bien, Fidel”.

 

Todos los integrantes de Cortes Supremas y/o constitucionales, en todos los países democráticos, hacen política. La realizan entre ellos, ante los otros poderes, y frente a la opinión pública y publicada. A nadie debe extrañar que nuestros ministros –los de la 4T y los ocho salientes– actúen así. Es normal, y sano.
Obviamente, como todos, en ocasiones aciertan en sus acciones políticas, y a veces no. Es el caso de Norma Piña, en sus roces con López Obrador, y de Juan Luis González Alcántara, con su ponencia sobre la invalidez, por anticonstitucional, de la reforma del Poder Judicial. El ministro entregó su ponencia sobre la constitucionalidad de dicha reforma, e incluye entre muchas otras cosas –y 366 páginas– dos consideraciones claramente políticas, aunque descansan sobre sólidas bases jurídicas. La primera es la invalidez de la elección por el sufragio universal de jueces y magistrados; la segunda acepta la elección de ministros de la Suprema Corte.
Detecto tres posibles explicaciones de esta aparente contradicción, o incongruencia. La primera, muy verosímil, se basaría en un hecho político: el denominador común más elevado que encontró González Alcántara entre sus siete colegas opuestos a la reforma en su conjunto fue justamente esta decisión salomónica, es decir partir al bebé, pero ya no a la mitad sino al estilo narco, la cabeza de un lado, todo lo demás del otro. Porque si bien la reforma contiene una infinidad de aberraciones, la más grave, a mi juicio, radica en la elección de la Corte. Pero se entiende: si solo así se aseguraban los ocho votos necesarios, ni modo.
La segunda posible justificación se antoja más ingenua. Se trataría de buscar –y en su caso encontrar– un punto de acuerdo con el gobierno sobre la reforma. La Corte aceptaría la elección de ministros, y a cambio el régimen se resignaría ante la no-elección de jueces y magistrados, así como ante la competencia de la Corte para opinar sobre la constitucionalidad de la reforma. De esa manera se evitaría la crisis o el enfrentamiento constitucional e institucional que parece casi inevitable a estas alturas. Creo que esta posibilidad sólo cabe en la mente de quienes no han entendido ni a AMLO, ni a Sheinbaum, ni a la 4T. Es absolutamente inimaginable que reculen en una parte de su reforma, que negocien con la Corte, que admitan cualquier cambio en su reforma. No va a suceder, cualquiera que sea el ofrecimiento que se les haga. Si esa fuera la motivación de González Alcántara, se equivocaría por completo.
El tercer razonamiento –el más probable– se reduce a lo que se ha llamado el autosacrificio o la “autocontención”. Para que “no digan” que los ministros sólo se proponían defender sus intereses, la Corte se abstiene de impugnar la elección de sus futuros o actuales miembros, y en realidad no se pierde nada. Pero se pone en evidencia el carácter intransigente del oficialismo, si no llegara a aceptar el quid pro quo, algo evidentemente inevitable. De todas maneras el gobierno va a desacatar la decisión de la Corte; mejor mostrarse altruista y desinteresada, y subrayar el contraste con la 4T. En mi opinión, se trata de una argumentación falsa.
Sí se pierde algo, y mucho: la defensa de lo correcto, de lo legal, de lo consecuente, ganando o perdiendo. Con esta ponencia, basada en esta tesis, la Corte avala la elección de ministros. El gobierno le va a restregar en la cara dicha aceptación de aquí a la eternidad. Si les preocupa “qué dirán”, pues deben saber lo que dirán: que hasta los mismos ministros reconocieron que la elección por el sufragio universal constituía una buena idea, y que para ser consistentes, debieron admitir lo mismo para los jueces y magistrados. Jamás el gobierno le reconocerá a la Corte saliente la más mínima buena voluntad, decencia o sentido del Estado.
Comprendo la lógica de quienes intentan a toda costa evitar la confrontación con Sheinbaum. Recibió el voto de 60 por ciento de los mexicanos que votamos, y eso vale oro, y justifica muchos retrocesos, abdicaciones y hasta traiciones. Es entendible también la tentación de descubrirle a cada rato una pizca de moderación al régimen, y de esperar que adopte posiciones mesuradas, de conciliación y de búsqueda de consenso: algo que cada quien pueda apoyar. No tiene nada de grave contarse cuentos o intentar inventos. Pero eso son: nada más.

 

Anadie debe extrañar que la dictadura cubana culpe al “bloqueo” estadunidense por el apagón generalizado que duró casi cuatro días en la isla y que no ha terminado. Tampoco puede sorprendernos que el órgano oficial de la 4T, es decir, La Jornada, haga lo mismo. Y si uno de estos días algún vocero del gobierno mexicano también responsabiliza a Washington del naufragio de la economía y sociedad cubanas, no habrá por qué asombrarse ante tales aberraciones. Pero nada de eso explica lo que sucede en Cuba.
Todos los que quieren saberlo entienden que no hay tal “bloqueo”. Desde 1961, Estados Unidos ha prohibido el comercio de bienes, servicios y financiamiento entre ese país y Cuba. En los años ‘90 dicho embargo, originalmente un decreto presidencial, se transformó en un acto del Congreso, que solo puede ser derogado por el poder legislativo. No obstante, la ley permite compras cubanas de múltiples productos norteamericanos, sobre todo alimentos y medicinas, al grado que, como lo señala Rubén Cortés, el comercio isleño con Estados Unidos supera el de La Habana con México. Asimismo, Cuba puede comerciar con el resto del mundo, entre países ricos –Europa, Canadá, Japón– y amigos –Brasil, Venezuela, Rusia y China. Hay tanto intercambio con Estados Unidos, que los cubanos de la nomenklatura compran huevos orgánicos por internet a empresas estadunidenses en Miami que los entregan dos días después. Huelga decir que en Cuba, junto con las demás escaseces de todo, no hay huevos.
Se sabe también que el apagón total, a la par de todos los apagones parciales casi cotidianos, se debe en buena medida a la obsolescencia de las centrales generadoras cubanas, a la falta de mantenimiento, al crudo cubano que consumen en parte, pesado y con alto contenido de azufre, y al exceso de demanda en ciertos momentos, a pesar de la salida de casi dos millones de cubanos de la isla desde 2022, una sangría de más de 20 por ciento de la población.
Pero la explicación de fondo del apagón, según todos los relatos de los medios internacionales y de los expertos fuera de Cuba, radica en la falta de combustible, es decir de petróleo. Y aquí es donde se complica la cosa. Cuba consume unos 120 mil barriles diarios de crudo, y produce unos 40 mil. Los 80 mil barriles diarios restantes provenían, a partir del año 2000, de la Venezuela de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro, a cambio de médicos, instructores de educación física y agentes de seguridad e inteligencia cubanos. Solo que en los últimos tiempos, por razones aún desconocidas, el suministro venezolano se redujo casi a la mitad. México y Rusia absorbieron el déficit, en ambos casos, probablemente, gratis.
Pero también por razones indescifrables con información pública, tanto México –que surtía unos 20 mil barriles diarios– como Rusia –otros 30 mil– dejaron de hacerlo, o redujeron su aporte en tiempos recientes. Lo cual abre varias interrogantes.
En primer lugar, ¿por qué Cuba no adquiere crudo con sus amigos exportadores, como Brasil, Colombia, Angola, o Irán, o con proveedores neutros, como los demás del Golfo Pérsico? Petróleo sobra en el mundo hoy, a precios elevados, ciertamente, pero menores que en otros momentos. La respuesta es muy sencilla: La Habana no tiene con qué pagar sus compras, y nadie les vende a crédito, porque nunca pagan sus deudas (son peores que los argentinos). De allí una segunda pregunta: ¿Por qué no pueden pagar su combustible para generar electricidad? Por una sencilla razón: no tienen dinero, porque no producen nada exportable, el turismo se desplomó desde la pandemia, las remesas de Miami han disminuido, y el envío de “médicos” a otros países –antes la principal fuente de divisas– también ha caído. Para dar un ejemplo, la zafra de azúcar este año fue de apenas 850 mil toneladas, la décima parte de la famosa y fracasada zafra de los diez millones de 1970 de Fidel Castro. Obvio en ese año, también había embargo estadunidense, y se dislocó por completo la economía cubana, pero “sí se pudo”. Cuba hoy no tiene divisas porque no tiene con qué conseguirlas.
La siguiente pregunta es más enigmática. ¿A qué se debe que los amigos petroleros de Cuba ya no le envíen petróleo gratuito? Rusia, México, Brasil y Colombia, sin hablar de Venezuela, son todos exportadores de crudo, y todos son gobernados por regímenes afines a la dictadura castrista. ¿A poco se agotó la generosidad solidaria, o el internacionalismo proletario? No hay necesariamente la misma respuesta para cada uno de los países. Es posible que unos, por razones que tienen que ver con mercados internacionales o con Estados Unidos –por ejemplo, Petrobras se cotiza en la bolsa de Nueva York– no pueden regalarle petróleo a Cuba; otros quizá enfrenten dificultades internas, como Colombia, que impiden el abastecimiento gratuito a Cuba. Algunos, probablemente como México, podrían ofrecer financiamiento, para que con ello los cubanos pagaran y no apareciera un regalo en las cuentas de Pemex, que se tienen que presentar a la SEC, en vista de la deuda de Pemex con bancos norteamericanos.
Pero no todas las explicaciones se aplican a todos al mismo tiempo. Lo que resulta a estas alturas evidente es que a Díaz-Canel se le acabó el veinte. No parece haber nadie en el mundo que siga queriendo cargar con el paquete cubano de gorra. Y no habrá, sino dentro de mucho tiempo, bienes o servicios que Cuba pueda vender que le permitan comprar por su cuenta el combustible que necesita. De la misma manera, todos los planes, anuncios y programas de transición energética a eólica o solar en Cuba tardarán años, al igual que cualquier aumento en la producción nacional de crudo. Parece que la solidaridad, en efecto, sí se agotó.
La última pregunta, esa sí la de los 64 mil barriles de petróleo, es si este apagón, o los que sigan, van a generar protestas que ya no pueda controlar la dictadura. Se sabe que ha habido caceroleo nocturno en muchas zonas de la isla, incluyendo La Habana, y que alguna gente sale a la calle a manifestarse en la noche también. Pero todo parece indicar que no va a producirse un nuevo estallido como el 11 de julio. Aunque, en efecto, nunca se sabe. Lo más probable es que la única solución que encuentren los cubanos de a pie para vivir en ese infierno sea irse, de preferencia a Estados Unidos, si no a España. Y uno que otro a México, donde podrían tratar de ir a ver a los altos funcionarios del gobierno de la 4T para pedir explicaciones de por qué ya no les regalan petróleo, ya no impiden los apagones, ya no les permiten seguir viviendo de prestado toda la vida. Pero probablemente los altos funcionarios de la 4T sólo les contesten con lugares comunes y retórica rimbombante.

 

 

A principios de 2010, es decir, apenas tres años después de que Felipe Calderón asumiera la presidencia, Rubén Aguilar y yo publicamos El narco: la guerra fallida. Se trató de un pequeño libro sin grandes pretensiones que aspiraba a mostrar cómo la famosa guerra del narco de Calderón descansaba en premisas falsas y estaba condenada al fracaso. Intentamos mostrar las bases endebles o francamente erróneas de dicha guerra: como la droga no “llegaba a tus hijos”; como la violencia no había aumentado entre los años anteriores al 2007; como el tema de las armas procedentes de Estados Unidos no explicaba la extensión de los cárteles; y como no disminuía ni el volumen de drogas entrando a México procedente de otros países, ni saliendo de México con destino a Estados Unidos, y tampoco la guerra alteraría los precios de dicha droga en el mercado norteamericano. Escribimos todo eso Aguilar Valenzuela y yo cuando pocos todavía habían concluido que la guerra de Calderón no iba a ningún lado; entre esos pocos recuerdo, más o menos en las mismas fechas, ensayos de Eduardo Guerrero y de Fernando Escalante en la revista Nexos.
Obviamente Rubén y yo no teníamos la menor sospecha de que la guerra estaba siendo conducida, o en todo caso codirigida, por quien mucho tiempo después sería sentenciado a 38 años de cárcel en Estados Unidos: Genaro García Luna. Sí sabíamos que el nombramiento de García Luna como secretario de Seguridad había sido objeto de cierto escepticismo, incluso por parte de quienes lo formaron. Recuerdo una cena en Nueva York, en compañía de Luis Téllez y Jorge Tello, donde este último, mentor de García Luna en el mejor sentido de la palabra, manifestó sus dudas sobre la idoneidad de García Luna, no como policía pero sí como secretario de Estado. Vemos hoy con el desempeño del alcalde de Nueva York, Eric Adams, ex policía también, acusado de corrupción, que en efecto no siempre es una buena idea sacar a un policía de su trabajo y encargarle otra tarea… Pero sí pensábamos Rubén y yo que algo estaba mal en toda esa guerra.
Estuvimos conscientes de los distintos asesores que alentaban la guerra de Calderón, procedentes de México y del extranjero, que se reunían con él desde antes de la toma de posesión, con el procurador –con quien García Luna terminaría enfrentado– Eduardo Medina Mora, y del escaso análisis e investigación que se llevó a cabo antes de tomar la decisión de lanzarse a la guerra a principios de 2007. Sobre todo, cuestionamos entonces, y sigo cuestionando ahora, la supuesta solicitud formulada por Lázaro Cárdenas, a la sazón gobernador de Michoacán, de que Calderón enviara al Ejército a su estado. A pesar de que toda la comentocracia repite y repite que fue debido a dicha solicitud que se inició la guerra, nadie ha podido encontrar un solo testimonio escrito –entrevista, artículo, ensayo, libro, carta, email, etcétera– de que Cárdenas efectivamente hubiera formulado este pedido.
Por todo ello, me congratulo de la detención de García Luna, de que el jurado lo haya hallado culpable por unanimidad, y que ahora haya sido sentenciado, de hecho, a prisión vitalicia. A su edad, 38 años es una eternidad. No le tengo ningún tipo de rencor, lo vi una sola vez en mi vida. Salvo el caso ignominioso de la detención y el montaje de Florence Cassez, no tenía antecedentes del desempeño de García Luna encabezando la AFI durante el sexenio de Fox. Creo que si algo demuestra la terrible equivocación que cometió Calderón al iniciar su guerra es el destino de García Luna.
El problema es que la guerra no ha terminado. Tanto Peña Nieto, como López Obrador, y ahora Claudia Sheinbaum, todos reniegan de la guerra de Calderón, pero la han seguido librando. Peña Nieto lo hizo en silencio y sin faramallas; López Obrador declaró una especie de tregua unilateral, pero la violencia siguió y el ejército se mantuvo en las calles, en las carreteras, en zonas enteras del país, sin que nada de eso haya tenido el menor efecto sobre el poderío y la riqueza de los cárteles. En todo caso, esta guerra, que lleva ya casi dos décadas, lo único que ha hecho es haber obligado a los cárteles a extender sus actividades a otros ámbitos como la extorsión, el tráfico de personas, de órganos, de niños y niñas, y de todo tipo de otros bienes y servicios.
Como lo dice Carlos Pérez Ricart en su columna de ayer en Reforma, el precio de la cocaína en Estados Unidos no ha variado; la extensión de la siembra de hoja de coca en Colombia, en Perú y en Bolivia ha aumentado dramáticamente; el modelo de negocio del fentanilo, producido en México con precursores químicos procedentes de la China y de la India, es mucho más difícil de combatir que los esquemas de otras drogas; y sobre todo, la violencia en México, en términos comparativos con lo que existía antes de la guerra de Calderón, es decir, en los sexenios de Fox y de Zedillo, no ha menguado.
Desde luego no tengo cómo saber si García Luna efectivamente se coludió con el cártel de Sinaloa. Los testigos presentados en Brooklyn son todos cuestionables. No hay pruebas físicas de su culpabilidad. El sistema de jurados de Estados Unidos tiene muchas virtudes, pero también defectos: los miembros de un jurado pueden verse influenciados por la reputación de un país, de una organización, de un partido político, etcétera. Pero en todo caso, García Luna es culpable de haber codirigido esa guerra, haberle aconsejado a Calderón que la iniciara y la mantuviera, y de introducir una serie de tácticas y estrategias que condujeron a más violencia a lo largo de los años. De eso sí es culpable, y si termina su vida en una prisión Supermax por esto o por complicidad con el Chapo Guzmán, me da más o menos lo mismo. Qué bueno que lo condenaron; qué lástima que no haya sido en México.

Trump anunció el jueves en Detroit que “Al asumir el cargo notificaré a México y Canadá mi intención de invocar las disposiciones de renegociación del T-MEC que yo introduje, que fue lo más difícil de conseguir. Ellos no querían. Quisieron hacerlo mal pero yo quería hacerlo porque siempre hay pequeños trucos que quieren jugar. Yo dije: No, quiero poder renegociar en seis años, de lo contrario, no vamos a hacer el trato.” Como siempre con él, la jerga es confusa y el manoseo de la verdad es grosero, pero detrás de todo ello yace un reto severo para México, y en mucho menor medida para Canadá.
Ya lo han dicho funcionarios del actual gobierno y del anterior. No hay renegociación, sino revisión, y en cualquier caso, la sunset clause del acuerdo, si alguna de las partes decidiera denunciarlo, tardaría diez años en aplicarse. Pero la interpretación de Trump puede convertirse, o ser ya, la de varios legisladores en ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos, en un poderoso argumento a favor de una modificación profunda del tratado. No necesariamente exigiría una nueva aprobación por parte del poder legislativo norteamericano, pero sí podría volverse un instrumento de chantaje o extorsión: si México no acepta tal o cual cambio, se echa a andar la dinámica de la prescripción. Veo dos vías por las cuales esto podría suceder.
La primera tiene que ver con China, aunque de manera eufemística se hable de Asia, o de “otros países”. Trump –y quizás Harris también– busca limitar las reexportaciones chinas de México a Estados Unidos –suponiendo que existan– y en su caso (BYD), restringir las inversiones chinas en México para exportación a Estados Unidos. No sé –seguramente los negociadores del T-MEC sí lo entienden– cómo se regula eso en un documento, y hasta qué punto cualquier impedimento resultaría contrario a las reglas de la OMC. Pero no hay que subestimar a Trump, ni confiarse en que el tipo de cambio no se movió debido a una u otra declaración del candidato republicano. China constituye un grave reto para la convivencia de México con Estados Unidos.
En segundo término, hay buenas razones para pensar que Trump intentará introducir, a instancias del Congreso y de él mismo, disposiciones más eficaces –o coercitivas– para la solución de controversias, cuando estas involucren a empresas estadunidenses. Trátese de energía, maíz, compañías expropiadas en opinión de ellos (Vulcan), para un hipotético gobierno suyo la falta de respuestas expeditas, contundentes y favorables por parte de las autoridades mexicanas resulta inaceptable, e insuficiente en la redacción actual. De qué forma presentará esta exigencia o inconformidad el nuevo equipo de la Casa Blanca es difícil de saber, pero todo indica que lo harán.
Además, es imposible descartar que en el ánimo transaccional de Trump, procure vincular la reconducción del T-MEC a otra demanda de Estados Unidos, a saber la migración, el fentanilo o alguna otra reivindicación. México podrá quejarse que no es conveniente mezclar las cosas, pero él ya las ha mezclado con México… con éxito. Entiendo los motivos del nuevo gobierno de moderar los temores de muchos en relación al T-MEC y su revisión en el 2026, pero si gana Trump, pronto se verá que no será un día de campo. Este equipo, al igual que el anterior, seguramente conducirá el proceso solo, pero haría bien en ser menos orgulloso y fanfarrón y consultar con los negociadores del T-MEC (la gente de Peña Nieto), así como con los de Zedillo que negociaron el acuerdo con la Unión Europea, y con los de Salinas, que negociaron el TLCAN. ¿Sueños guajiros? Sin duda. Pero la esperanza es lo que muere al último.

 

Se ha dicho hasta la saciedad: la popularidad de un gobierno o de un presidente no se encuentra siempre vinculada ni es dependiente de su éxito como gobernante. Nadie puede discutir las altas tasas de aprobación de López Obrador, aunque son muy parecidas a las de Zedillo, Fox y Calderón a finales de su mandato. Asimismo, el refrendo en las urnas, a través del triunfo abrumador de Claudia Sheinbaum, muestra que, por una razón u otra, el electorado, es decir la parte de la sociedad mexicana que asume sus deberes cívicos y que cuenta, aplaudió la gestión pejista y pidió más de lo mismo. Pero como se ha demostrado en varias tribunas –académicas, periodísticas, internacionales, conservadoras o incluso progresistas– los resultados propiamente tales del sexenio de AMLO son en el mejor de los casos mediocres –crecimiento, reducción de la pobreza, desarrollo del sureste– o catastróficos –salud, educación, seguridad, vivienda, infraestructura. Supongo que los cercanos colaboradores y asesores de la próxima presidenta entienden esto, y saben que su sexenio será juzgado de la misma manera ambivalente: por su éxito en las encuestas y en las urnas, y por su gestión de la realidad.
Por desgracia, las cosas no arrancan por un buen camino. Ya hasta los más devotos partidarios serios de la 4T aceptan que el esquema de distribuir sin crecer es insostenible y fútil. Los miserables salarios e ingresos del período anterior –1996-2018– le permitieron a AMLO repartir dinero y elevar los sueldos y las entregas de recursos no contributivos en proporciones notables y en cantidades muy apreciadas por quienes los recibían, pero nunca bastaron para generar una demanda interna que jalara a la economía. Ésta, además, ya está demasiado abierta para que el puro consumo interno la arrastre. Pero sobre todo, ni las finanzas públicas, ni la situación de las empresas permiten seguir aumentando los salarios mínimos y promedio, o las pensiones para adultos mayores, el único programa social que realmente surtió efectos populares y electorales.
Por otro lado, sin crecimiento, resulta imposible reducir en serio la informalidad, y por lo tanto aumentar la productividad en toda la economía, la única forma de incrementar los salarios a mediano y largo plazo. De la misma manera, sin crecimiento del presupuesto educativo y de salud, el bienestar de los mexicanos no mejorará, y no hay vía para subir el gasto en estos rubros sin una reforma fiscal, que a su vez es inviable sin crecimiento de la economía en su conjunto. Cierto: a Morena le repugna la idea de cualquier reforma fiscal, pero realizarla en plena recesión o letargo económico le horroriza más. Y eso es lo que se perfila en el horizonte.
La desaceleración de la economía mexicana ya es un hecho. Dos factores van a profundizarla el año que viene, por lo menos: el enfriamiento de la actividad económica en Estados Unidos, y el ajuste –o si se prefiere, el eufemismo de “consolidación fiscal”– en México. Aún con un “aterrizaje suave”, los norteamericanos vivirán una cuasi-recesión en 2025, que ya se resiente en varias ramas económicas. Y aunque el ajuste mexicano no llegue –es imposible– a los tres puntos del PIB anunciados –sería igual al de Milei en Argentina– algo se tendrá que hacer para que las infames corredurías no se espanten con un nuevo déficit superior a los cinco puntos del producto.
El único deus ex machina que podría surgir en la mente de los especialistas que trabajan con Sheinbaum es el nearshoring, el nuevo espejismo que ha venido a obnubilar a los analistas eternamente optimistas de la vida mexicana. A estas alturas todos ya sabemos que no habrá ningún boom de relocalización, aunque unos y otros sigan queriendo vendernos cuentas de vidrio. Ante todo, si alguna esperanza aún sobrevivía, las reformas constitucionales en curso la han neutralizado. Sin reforma fiscal que financie la inversión pública; sin seguridad jurídica que tranquilice a la inversión extranjera; sin otra actitud frente al empresariado nacional, el sexenio que viene repetirá, en el mejor de los casos, el mismo curso mediocre que el que termina. He allí el verdadero reto para la próxima presidenta, no Venezuela, ni Cuba, ni el paraíso.

 

Lo primero que debemos recordar cuando intentemos evaluar las consecuencias de la reforma del Poder Judicial que en principio será aprobada la semana que viene por el Senado, es que se trata de una reforma “Hecha en México”, no en Dinamarca, Japón o Texas. En esto, personajes de gran inteligencia política, que por desgracia no se quieren mucho, como Ricardo Anaya y Aurelio Nuño, tienen toda la razón. La elección de jueces y magistrados, y sobre todo de ministros de la Suprema Corte, no es lo esencial de la reforma. Al contrario: el pueblo no va a elegirlos; el gobierno los va a escoger. Para bien o para mal.
En otras palabras, si los entiendo bien –Nuño en un artículo en Reforma, Anaya en una entrevista de radio– la composición de la Corte –para limitarnos a lo más importante en el corto plazo– no dependerá de cómo votemos los mexicanos, sino de cómo Morena, es decir el gobierno de la 4T, es decir Claudia Sheinbaum, con o sin López Obrador, escogerá unilateralmente a los ministros. Las tres listas –de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial– serán elaboradas por el oficialismo. En el caso del Ejecutivo y del Legislativo, es obvio: manda la presidenta. Para el Judicial, a reserva de algún cambio en el Senado, con la sustitución de Luis María Aguilar por una clone de Lenia Batres en noviembre, se impondrá por lo menos una lista donde la mitad de los integrantes le reporte a Morena (se supone que el pleno de la Corte actual nombrará a los diez can-didatos del Poder Judicial, por mayoría simple). En otras palabras, los nueve nuevos ministros que en teoría elegirá el “pueblo”, ya vendrán palomeados. Todos, o una gran proporción de los que aparezcan en la boleta para integrar la Suprema Corte, habrán sido preseleccionados y aprobados por la presidenta, lideresa real de los legisladores y del gobierno. No hay manera, en teoría nuevamente, que se cuele un indeseable. O en todo caso, que se infiltren cinco, lo cual haría que Morena perdiera la mayoría que hoy no posee y que aún después de noviembre tampoco tendrá. No es una elección; es una selección presidencial, a la vieja usanza. Aunque por supuesto, desde la reforma de Zedillo, todos los presidentes designaron a ministros afines, o que creían ingenuamente que les serían leales (ver Zaldívar con Calderón, Ríos-Farjat y Alcántara con AMLO), para luego equivocarse.
Aquí entra la mexicanidad. Si la elección es una simple pantomima, la selección también lo puede ser. Es cierto que en 2025 Morena contará con las mayorías necesarias para armar las listas de candidatos a la Suprema Corte como se le pegue su regalada gana. Pero también es cierto que todo gobierno –en México y en China– suele verse obligado a negociar algunos aspectos de su gobernanza, aunque solo fuera para taparle el ojo al macho (casi siempre extranjero, este último), o para resolver conflictos internos recurriendo a un externo. En otras palabras, la lista va a ser construida a la mexicana, con favores a unos y otros, con vetos y apoyos, con cabildeo y cochupos, en fin, como se hacen las cosas en nuestro país desde tiempos inmemoriales.
Por eso, desconfío un poco de las tesis que auguran el final de la democracia en México con un Poder Judicial y una Suprema Corte construidos de esta manera. Todo se arreglará desde antes, como sucede con los juegos de azar en la calle (¿dónde quedó la bolita?), pero el arreglo no será un simple dedazo, sino un mecanismo más complejo. ¿Sería preferible el mecanismo actual, de dos ternas y luego la imposición? Probablemente. ¿Resultaría mejor una fórmula más sencilla, a la norteamericana, donde el presidente no envía una terna, sino a un candidato, y el Senado lo aprueba o lo rechaza, aunque en ocasiones se baja antes de una votación? Me parece que sí, para evitar las simulaciones de las ternas (el relleno y la “presencia” del “bueno”).
Lo mismo puede decirse del resto de la reforma del Poder Judicial. Antes de espantarse demasiado, conviene recordar un hecho fundamental: esto es México, y México es así.

 

A lo largo de casi quince años, he bromeado con frecuencia sobre los millones de televidentes que prenden La Hora de Opinar los lunes, en sitios tan lejanos y dispares como Uzbekistán y las Islas Fiji. A partir de hoy en la noche, dichos espectadores se quedarán con las ganas de seguirnos, a Aguilar Camín y a mí. A principios de mes, nos informó Leo Zuckermann, nuestro conductor, que se había tomado la decisión de poner fin a nuestra participación. Junto con Denise Dresser, Luis de la Calle, Pablo Majluf y Paula Sofía Vázquez, fuimos despedidos. Ya no apareceremos en la barra de las 22:30, hora del centro, ni en Nmas.com. Con un poco de hybris, se anuncia que continuarán los debates “inteligentes y civilizados”. Veremos.
Agradezco a Televisa el privilegio de haber participado en más de setecientos programas. En todo ese tiempo, los mínimos incidentes de censura se refirieron a temas sin mayor importancia. Se respetó, en mi caso y creo que en el de mis colegas de los lunes, la libertad de expresión. No es poca cosa.
Las explicaciones que recibí de parte de Leo Zuckermann se centran en su deseo de “renovar el cuadro”; sin duda por eso se anuncia el regreso de una programación “renovada”. Aguilar Camín y yo éramos demasiado “veteranos”, tanto en longevidad al aire, como en edad. Pero ya que Leo verbalizó las razones de nuestro destierro, confieso que más allá de mi vanidad –nunca ausente– la argumentación me pareció un poco simple, tratándose de una relación –con Televisa– que se remonta a los años noventa del siglo pasado. La excesiva “antigüedad” puede ser un principio válido en abstracto, pero en estas circunstancias no pasa la prueba del añejo.
La explicación resulta insostenible frente a una serie de hechos. ¿Veteranos en La Hora de Opinar, Aguilar Camín y yo? Muy posiblemente, pero ni un día más ni un día menos que el propio Leo o Javier Tello, con quien arrancamos el programa en 2009, y que seguirán, para fortuna de ellos, indefinidamente. ¿Veteranos de edad, Aguilar Camín y yo? Sin duda, pero además de especular sobre lo que diría el Conapred al respecto, los hechos nuevamente desmienten a los autores de la explicación. Los demás despedidos —Dresser, De la Calle, Majluf y Vázquez— tienen entre diez y treinta años menos que yo. Desconozco los motivos de su separación , pero dudo que la edad pueda ser una de ellas, ya que varios de los otros cesados son menores que los sobrevivientes.
De la misma manera que Televisa no ofreció mayores explicaciones cuando me invitó, no tiene por qué darlas ahora que me corre: una empresa privada puede contratar o despedir a quien quiera. Abundan las opiniones sobre lo que es censura, y lo que no lo es. Bajo el régimen cada vez más autoritario que padecemos, múltiples ejemplos –incluyendo el mío en la radio y la prensa– se pueden interpretar de una manera u otra. En este caso, algunos considerarán que se trata de una simple casualidad que todos los despedidos resultan ser, en una medida u otra, críticos del gobierno. Otros pensarán que constituye una mera coincidencia que la purga se produzca semanas antes del cambio de gobierno, y en pleno conflicto público entre López Obrador y Televisa.
Yo considero que el despido simultáneo de seis colaboradores críticos del gobierno en La Hora de Opinar constituye un acto de censura, una cortapisa a la libertad de expresión, y un indicio ominoso de lo que viene. No tengo cómo saber si fue por iniciativa de Televisa, de Leo, o a pedido del poder. Da más o menos lo mismo. Ante lo que viene, es una señal. Una mala señal.

Nicolás Maduro obviamente les está tomando el pelo a los gobiernos de Brasil, Colombia y México. Se trata de una estrategia muy aceitada por él, a la que recurrió frente a otros esfuerzos de mediación a lo largo de los últimos años. La puso en práctica con Leonel Fernández, ex presidente de República Dominicana, un hombre bien intencionado pero ingenuo; con Rodríguez Zapatero, ex presidente del gobierno español, un hombre mal intencionado y cínico; con los noruegos, dotados de una larga experiencia pero sin capacidad de represalias por incumplimiento de parte de Maduro; y con Biden, altamente vulnerable debido al flujo migratorio venezolano en vísperas de elecciones presidenciales. A todos les dio atole o arepas con el dedo, y todos terminaron por cansarse, aburrirse y rendirse.
Los presidentes de los tres países, por ahora están cayendo en el mismo garlito que los ya mencionados. Maduro no presenta las actas electorales, a diez días de los comicios; inventa subterfugios legales como la supuesta entrega de documentación al Tribunal Supremo de Justicia, y deja correr el tiempo. Sabe que la oposición ve cada día más mermada su capacidad de movilización en la calle, gracias al desgaste y a la represión. Entiende que el resto de la comunidad internacional ya echó su resto y que puede sobrevivir a la reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos, y en menor medida por la Unión Europea. Su único desafío es Lula, y en menor escalaColombia. México no importa mucho, y además ya invitó a Maduro a la toma de posesión del 1 de octubre.
Su apuesta es sencilla. Cree que los tres presidentes, Lula, Petro y AMLO, no se atreverán a ponerle un ultimátum: o presenta las actas oficiales en un plazo determinado, o desconocen el resultado, aceptan la victoria de Edmundo González, y para todos fines prácticos se suspenden relaciones con Venezuela. Piensa Maduro que ninguno de los tres se atreverá a hacerlo, o que el plazo que le ofrezcan sea suficientemente largo como para que todo el mundo se olvide de Venezuela, y la represión surta efecto en el seno de la oposición, o le de tiempo para falsificar las actas, reto que parece no poder superar, ni siquiera con semanas o meses de trabajo.
El dilema entonces para los tres mediadores radica en las tácticas dilatorias de Maduro, y en la ausencia de una solución viable. Se habla de una fórmula de compartir el poder: un gobierno de transición con ministros de ambos polos, mientras se convocan a nuevas elecciones dentro de un par de años. Se habla de una nueva elección ahora, en la que no participaría Maduro, y un puente de plata para el y sus colaboradores más cercanos. Se habla de una negociación entre la oposición y Maduro, pero sin María Corina Machado. Good luck with that.
Conociendo a dos de los tres presidentes y a sus colaboradores en esta materia, me parece lógico que le atribuyan más valor a mantener abiertos los canales de comunicación y a la posibilidad de mediar, que a adoptar una posición de principio semejante a la de Gabriel Boric, de Chile. Pero sólo tiene sentido buscar una mediación si se conoce el desenlace que uno busca. No dan la impresión ni Lula ni AMLO de saber exactamente qué pretenden: que Maduro legitime su elección, que la oposición se resigne y espera otra oportunidad, o que Maduro se vaya en condiciones aceptables para él. Mientras, el dictador sigue allí, el tiempo transcurre, y la oposición se desgasta y se atemoriza, con toda razón. Ojalá los tres compadres se atrevan al ultimátum y a invocar simultáneamente la Carta Democrática Iberoamericana en la OEA: es lo único que tal vez pueda funcionar.